Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl impulsan una propuesta en el Congreso para que los huevos frescos y ovoproductos sean contemplados en la normativa que redujo la alícuota que grava las carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos al 10,5%.La iniciativa plantea la “igualdad tributaria para proteínas” estableciendo: “ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al inciso a) del cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, el siguiente punto: 10. Huevos frescos y ovoproductos, incluidos los productos obtenidos a partir del contenido de los huevos, despojados -o no- de sus cáscaras, cualquiera fuere su forma comercial (huevo líquido, yema o albúmina líquida y sus derivados deshidratados, con presentaciones, en polvo o en escamas, etc.)”.En los fundamentos del proyecto se explica que “mediante el artículo 96 de la ley 27.430 -Reforma Fiscal del año 2017- se incorporó una modificación al apartado 1º del inciso a) del artículo 28 de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en consecuencia, se redujo la alícuota que grava las carnes de pollo, conejos, porcinos, camélidos y caprinos al valor de la alícuota reducida del 10,5% (equivalente al 50% de la alícuota general de 21%)”.El objetivo de esta reforma fue igualar tributariamente la alícuota de todas las carnes con la carne bovina y, de esta manera, que las principales proteínas queden alcanzadas por la mencionada alícuota reducida. Sin embargo, la reforma olvidó equiparar tributariamente el huevo y sus subproductos a pesar de ser también fuente destacada de proteína animal”.Asimismo, se apunta que “del ‘Informe Productivo 2025’ elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. El alza se dio gracias al aumento del 8,68% del parque productivo. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año”, publicó Dos Florines.

Los legisladores manifiestan que se trata de “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”. En ese sentido, sostienen que “resulta conducente implementar esta equiparación tributaria para competir con igualdad de condiciones impositivas en la canasta de estos productos fundamentales en la dieta de los argentinos”.

El Gobierno Nacional envió al Senado un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego.El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo, y es la primera que se envía al Congreso como parte del paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de LLA pudo armar una sólida mayoría de unos 40 votos, que le permitieron sancionar con amplio margen las leyes de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y reforma de ley de Glaciares, y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

EXPROPIACIONES

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del titulo, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también reforma elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.“Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”, señaló el Gobierno.Destaca que “la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración.Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida”.

Un proyecto de ley ingresó este martes a la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de impulsar una actualización integral del Código Rural provincial, una normativa que se mantiene vigente desde el 28 de noviembre de 1892. La iniciativa fue presentada por el diputado Sergio Castrillón y cuenta con el acompañamiento de Laura Stratta, Enrique Cresto y Silvia Moreno.

La propuesta plantea la creación de una Comisión Bicameral que tendrá la tarea de elaborar un nuevo marco legal para el sector rural. Según los autores del proyecto, el código actual fue concebido bajo condiciones sociales y económicas propias del siglo XIX, por lo que consideran necesario revisarlo para adaptarlo a los cambios productivos, tecnológicos y ambientales del presente.El objetivo, señalan, es contar con una legislación moderna que aporte mayor seguridad jurídica y responda a las demandas actuales del sector agropecuario.

Integración de la comisiónEl texto establece la conformación de la Comisión Bicameral para el Estudio y Reforma del Código Rural de Entre Ríos, que estará integrada por cinco senadores y cinco diputados, con el propósito de asegurar una representación política plural dentro del proceso de análisis y redacción de la nueva normativa.Entre sus funciones estará la elaboración de un proyecto de reforma integral que contemple las transformaciones jurídicas, productivas y ambientales que atraviesa el ámbito rural.

Participación de instituciones y especialistasLa iniciativa también prevé que la comisión pueda recibir aportes de organismos públicos, universidades, colegios profesionales, entidades del sector agropecuario y otros actores vinculados a la actividad rural.Asimismo, se habilita la posibilidad de incorporar colaboradores externos para tareas de asesoramiento técnico. El proyecto establece que dichas funciones serán ad honorem, es decir, sin generar gastos para el Estado provincial.

Necesidad de actualizaciónLos legisladores sostienen que el paso del tiempo, el avance tecnológico y las nuevas políticas vinculadas al cuidado del ambiente exigen un marco normativo actualizado. En ese sentido, advierten que la legislación vigente presenta limitaciones para abordar temas como la gestión sostenible de los recurso

s naturales, el ordenamiento territorial y la regulación de nuevas prácticas productivas.De aprobarse la iniciativa, la comisión contará con un plazo de un año para elaborar el anteproyecto de reforma.

El proyecto también contempla la posibilidad de una prórroga extraordinaria de tres meses para completar el trabajo y elevar el texto definitivo a la Legislatura provincial.

La propuesta fue presentada por la diputada Silvia Moreno (PJ), quien sostuvo que el propósito es otorgar mayor previsibilidad a trabajadores que se desempeñan bajo modalidades contractuales y que, según indicó, están siendo desvinculados sin aviso previo ni compensación.En los fundamentos del proyecto, la legisladora advirtió sobre una práctica que —según señaló— se viene repitiendo en la administración pública provincial: la decisión de no renovar contratos como forma de desvinculación laboral. Moreno planteó que, más allá de la denominación utilizada, el resultado es equivalente al despido, ya que trabajadores con años de servicio pierden su empleo y quedan en situación de desempleo.La iniciativa aclara que no busca equiparar todos los regímenes laborales ni obligar al Estado a incorporar personal sin criterios, sino brindar protección a quienes, pese a tener antigüedad y desempeñar tareas habituales en la administración pública, continúan bajo esquemas contractuales precarios.En ese sentido, la diputada sostuvo que muchos agentes se encuentran en una situación de dependencia económica y funcional con el Estado, lo que, a su entender, debería ser tenido en cuenta al momento de evaluar las desvinculaciones.

Moreno también señaló que el contexto actual muestra señales de precarización laboral dentro del propio Estado, con pérdida de puestos de trabajo que, según afirmó, no está siendo abordada mediante herramientas excepcionales de protección.

De aprobarse, la declaración de emergencia permitiría establecer límites a la rescisión anticipada, baja o no renovación de contratos vigentes sin una justificación fundada, con el objetivo de resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores contratados en la administración pública provincial.

Las sesiones extraordinarias se desarrollarán del 2 al 27 de febrero, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 24/2026, que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

¿Qué proyectos se tratarán en sesiones extraordinarias?

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto. La estrategia, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias encabezadas por Javier Milei el domingo 1 de marzo.

El Congreso tendrá sesiones extraordinarias en febrero: qué se discutirá

El decreto estableció un temario de cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero. Integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay; el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. 

La junta militar que actualmente gobierna Burkina Faso ha presentado un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte en el país, focalizada en delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje.El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo de Ministros y constituye uno de los principales cambios jurídicos impulsados por el Gobierno de transición, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré.El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, indicó que la iniciativa forma parte de una reforma global del sistema judicial, con el objetivo de atender “profundas aspiraciones del pueblo” de Burkina Faso, de acuerdo con los canales oficiales del Ejecutivo.La propuesta plantea modificar el Código Penal actual, que desde 2018 excluía la pena capital entre sus sanciones.Sin embargo, la entrada en vigor dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa de Transición, que reemplazó a la Asamblea Nacional después del golpe de Estado de 2022. Según un informe de Human Rights Watch, la última ejecución en el país ocurrió en 1988.La abolición oficial de la pena de muerte en Burkina Faso se estableció en mayo de 2018, cuando la Asamblea Nacional, bajo el mandato del expresidente Roch Marc Christian Kaboré, decidió eliminar esta sanción máxima.Human Rights Watch destacó que aquel avance respondió a recomendaciones internacionales que impulsan la moratoria global sobre la pena capital.El nuevo proyecto de ley responde a un escenario de persistente inseguridad. Representantes del sistema judicial y miembros de la sociedad civil, consultados por medios locales, sostuvieron que el principal argumento para la restauración radica en el incremento de delitos vinculados al terrorismo.Desde 2016, las fuerzas armadas de Burkina Faso han enfrentado a grupos islamistas relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico en el Gran Sahara.Durante este periodo, la ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) registró más de 26.000 muertes, con especial aumento tras la instauración del régimen militar en septiembre de 2022, etapa en la que hubo aproximadamente 15.500 víctimas fatales.La iniciativa de restablecer la pena capital se inscribe en un proceso de endurecimiento legislativo. En septiembre de este año, la Asamblea Legislativa de Transición aprobó de manera unánime una ley que castiga prácticas homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, en consonancia con medidas recientes adoptadas por otros países africanos. Actualmente, cerca de 30 países del continente mantienen la homosexualidad como delito.Desde la perspectiva de organizaciones de derechos humanos, la medida de la pena de muerte representa un retroceso en la protección de garantías fundamentales.Con este debate, Burkina Faso enfrenta una compleja encrucijada legal y política y se suma a otros países que han endurecido las penas en contextos de conflicto interno armado. (Con información de Europa Press)

El proyecto pertenece diputada Julia Ester Calleros Arrecous y tiene como objetivo “garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura, el respeto por cada paciente que acude por una necesidad de atención a su salud y confía fielmente a cada una de las recomendaciones y lineamientos del profesional médico que lo atiende”.

La Comisión de Salud Plública comenzará a tratar el proyecto de ley de la diputada Julia Ester Calleros Arrecous que propone la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.797, sancionada el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín oficial el 8 de octubre del presente año.

El encuentro está pactado para este jueves a las 13:30. Cabe recordar que la iniciativa ingresó a la Cámara baja el 21 de octubre y tomó estado parlamentario el 5 de este mes.La Ley lleva ese nombre en honor a Nicolás Deanna, joven de 24 años que falleció en el 2017 a causa de una meningitis bacteriana, no diagnosticada a tiempo. Tras el trágico suceso, su Madre Gabriela Covelli fue la impulsora del proyecto pidiendo una legislación que mejorase la trazabilidad de los errores médicos e incremente las penas en los casos de negligencia grave.

El objetivo final de la ley Nicolás, destacó la diputada, es “el de garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura, el respeto por cada paciente que acude por una necesidad de atención a su salud y que se entrega y confía fielmente a cada una de las recomendaciones y lineamientos del profesional médico que lo atiende”.

Uruguay legalizó la eutanasia tras la votación que resultó en la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores.Fueron más de diez horas de debate durante las cuales los legisladores del partido oficialista, Frente Amplio, se expresaron a favor, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y el Partido Nacional.El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, expresa el texto.Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación. Asimismo, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia”.Dicha comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General. NA.

Los diputados provinciales, Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, autor; Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; y Mauro Godein, de la Alianza Juntos por Entre Ríos, presentaron este jueves un proyecto de ley que tiene por objeto “asegurar que quienes ejercen la función pública lo hagan con plenas facultades, libres de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales, a fin de preservar el adecuado desempeño de sus responsabilidades, la transparencia institucional, la integridad, idoneidad y responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”.El proyecto “establece la obligatoriedad para los funcionarios públicos mencionados en el artículo 3º de la presente ley de realizar exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales en el ejercicio de sus funciones. Además, se invita a los poderes del estado no enunciados, a adherirse a esta ley”. Los funcionarios mencionados en el artículo 3º como “Sujetos obligados” a la “obligatoriedad de los exámenes establecidos en la presente ley: a) Los legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo”.

Promover la transparencia, responsabilidad y compromiso institucionalLos legisladores consideraron que “es importante destacar que este proyecto no busca sancionar de manera punitiva, sino promover la transparencia, la responsabilidad institucional y el compromiso con una gestión pública libre de condicionamientos derivados del consumo de sustancias ilegales”.Además, indicaron que “la invitación al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, municipios y comunas a adherir a esta normativa busca extender los beneficios de la medida a todos los niveles del Estado en la provincia, fortaleciendo la confianza ciudadana en sus instituciones”.

Funcionarios libres de adiccionesLos legisladores fundamentaron el proyecto que “tiene como finalidad establecer la obligatoriedad de la realización de controles de detección de consumo de sustancias psicoactivas ilegales a todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, iniciando por el Poder Legislativo”.Entendieron que “la sociedad entrerriana demanda de manera creciente que quienes ejercen responsabilidades institucionales y funciones públicas lo hagan con plena aptitud física y psíquica, libres de adicciones que puedan condicionar la toma de decisiones o el ejercicio de sus funciones”. Así, expresaron que “la ejemplaridad y transparencia en la conducta de los servidores públicos constituye una exigencia ética y democrática de primer orden. La implementación de los controles de sustancias psicoactivas con vigencia anual permitirá contar con un mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado, previniendo el consumo de estupefacientes en los ámbitos de gobierno y garantizando que los funcionarios y agentes públicos se encuentren en condiciones plenas para cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía les delega”.

Comisión EvaluadoraTambién entendieron como positivo que “a su vez, se prevé un sistema de alternancia entre los poderes del Estado para la aplicación de las pruebas, a fin de asegurar independencia, objetividad e imparcialidad en los procedimientos, evitando conflictos de interés y resguardando la credibilidad del sistema. Esto lo genera la Comisión Evaluadora, que estará integrada por un representante de cada poder”.Los legisladores señalaron que “el proyecto contempla la realización de protocolos confiables, bajo la supervisión de la autoridad sanitaria provincial, respetando la confidencialidad de las personas, la integridad de las muestras y los derechos fundamentales. En caso de resultados positivos, se establece un proceso de confirmación y posterior adopción de medidas administrativas o disciplinarias según corresponda, con más el acompañamiento del Estado para tratar esta adicción”.  

Este viernes el Poder Ejecutivo de la provincia ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone crear “la Agencia de Desarrollo de la Provincia de Entre Ríos como un organismo descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo Provincial” cuya naturaleza jurídica será como “entidad de derecho público con autarquía funcional, administrativa, financiera y técnica, dotada de plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos públicos y privados, con patrimonio y presupuesto propio”.

Fines y objetivosSe determinó que “para el cumplimiento de sus fines y objetivos, desarrollará actividades relativas a la administración de sus recursos, la ejecución de su presupuesto, la gestión de su personal, y la determinación de sus políticas y programas de acción, sin más limitaciones que las establecidas expresamente por la presente ley y las leyes generales aplicables”.Entre los objetivos específicos se propuso “incrementar la competitividad de los productos y servicios provinciales en mercados internacionales; fomentar y facilitar la llegada de inversiones nacionales e internacionales a la provincia; simplificar y optimizar el marco regulatorio para favorecer el desarrollo y formalización del sector privado, en particular de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)”.A la hora de definir los objetivos y funciones se indicó que tendrá “por objetivo general promover el desarrollo económico y social de la Provincia de Entre Ríos mediante la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria para favorecer el crecimiento del sector privado, con énfasis en las Mipymes”.

RolEl rol de la Agencia será actuar como “articulador entre el sector público y privado, promotor de estrategias de desarrollo productivo y facilitador de los procesos de exportación, inversión y simplificación regulatoria”.  

FuncionesSerán funciones de la Agencia “diseñar e implementar estrategias para incrementar las exportaciones provinciales; diseñar e implementar estrategias para incrementar las inversiones productivas; desarrollar programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios para las empresas; diseñar programas específicos de fomento, aceleración y asistencia para emprendimientos innovadores, nuevas empresas tecnológicas y sectores de la economía del conocimiento”.También lo será “diseñar estrategias sectoriales para las cadenas de valor clave de la provincia de Entre Ríos; desarrollar sus funciones en coordinación con las distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial, los municipios, organismos nacionales e internacionales, y el sector privado; suscribir convenios de cooperación técnica, asistencia financiera, intercambio de información y ejecución conjunta de proyectos, conforme a la normativa vigente”.Asimismo comprenderá “diseñar y ejecutar programas de cooperación técnica y financiamiento internacional en las áreas de promoción de exportaciones, atracción de inversiones y simplificación regulatoria; promover al territorio provincial como destino estratégico para inversiones productivas y de servicios; proporcionar asistencia técnica y capacitación a las MIPYMES para fortalecer su competitividad; realizar estudios de mercado y generar información estratégica para los sectores productivos; y facilitar la coordinación intergubernamental para potenciar las exportaciones, inversiones y simplificación regulatoria” entre otras.

Recursos financierosLos recursos financieros para el funcionamiento de la Agencia surgirán de las asignaciones presupuestarias del Gobierno Provincial; donaciones, legados, convenios y contribuciones de organismos nacionales e internacionales; recursos generados por servicios, iniciativas y/o actividades propias. d. Demás asignaciones presupuestarias que correspondan o se determinen por el Poder Ejecutivo provincial”. 

Este canon será obligatorio para los camiones que no tributen el Impuesto a los Automotores en Entre Ríos, y que transiten por las rutas provinciales. Los vehículos registrados en la provincia estarán exentos de cualquier cargo adicional.“El intenso tránsito de camiones deteriora nuestras rutas y termina siendo un riesgo para la vida de los entrerrianos. Con esta ley, quienes no tributan en la provincia, pero usan nuestras rutas deberán aportar para su mantenimiento. ‘‘Necesitamos de manera urgente rutas más seguras, más empleo en la construcción y más desarrollo para Entre Ríos”, advirtió Rossi.Por su parte, el candidato a senador por Entrerrianos Unidos Héctor Maya, impulsor de la iniciativa ciudadana que dio origen al proyecto, sostuvo: “Este proyecto consagra un principio que Entre Ríos debe defender: el que rompe, paga. Los entrerrianos ya hemos hecho nuestro aporte, ahora deben contribuir quienes se benefician con la utilización de nuestra infraestructura”.De los recursos obtenidos se destinará el 75% a la reparación y modernización de las rutas provinciales y el 25% a los municipios. La iniciativa apunta a mejorar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y garantizar que quienes más utilizan la red vial contribuyan a su sostenimiento.

La legisladora de Concordia impulsa una reforma al Código Procesal Penal de Entre Ríos para limitar el uso del juicio abreviado en casos de corrupción cometidos por funcionarios en ejercicio de sus cargos.La iniciativa plantea modificar los artículos 391° y 479° de la Ley Provincial N.º 9.754, estableciendo que delitos como cohecho, tráfico de influencias, peculado, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito no puedan resolverse mediante abreviados cuando los acusados sean funcionarios con responsabilidades directivas o jerárquicas.El proyecto también prevé que solo quienes aporten información que permita esclarecer los hechos y responsabilizar a superiores jerárquicos puedan acceder a este mecanismo, con el objetivo de investigar a las máximas autoridades involucradas.Laner citó como antecedente el caso del exministro de Trabajo y expresidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, quien cerró un acuerdo abreviado en la denominada “Causa Coimas”, con una pena condicional de dos años y ocho meses e inhabilitación para ejercer cargos públicos.En su fundamentación, la diputada señaló que los delitos contra la administración pública tienen un alto impacto institucional y deben ser juzgados en procesos orales y públicos. “El juicio abreviado no puede ser una vía para evitar investigaciones profundas ni para impedir la recuperación de lo robado”, sostuvo.Laner destacó que la política debe enviar señales claras frente a la corrupción y garantizar que las sanciones sean efectivas y ejemplares. “Es indispensable castigar con severidad a quienes traicionan la confianza ciudadana”, concluyó.

El texto tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara Baja. La iniciativa determina que será el Poder Ejecutivo “la autoridad concedente en todas las concesiones, obras o servicios cuya ejecución, prestación o administración, corresponda a entes u organismos autárquicos o descentralizados”.

Las concesiones “podrán ser a plazo fijo o variable, totales o parciales, sobre obras, infraestructuras y servicios, nuevos o existentes; y se otorgarán para la ejecución, conservación, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los mismos, mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”, determina el proyecto. Además, se establece que “podrán otorgarse también con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras, que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con la concesionada, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario”.

Por otro lado, se establece que las concesiones “podrán ser a plazo fijo o variable, totales o parciales, sobre obras, infraestructuras y servicios, nuevos o existentes; y se otorgarán para la ejecución, conservación, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los mismos, mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”.

Además, se establece que la tarifa, peaje o remuneración, “compensará la ejecución, modificación, ampliación o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva”.

Por otro lado, se autorizará al Poder Ejecutivo a “establecer exenciones impositivas a favor de la concesionaria, por plazo determinado, que podrá extenderse como máximo desde la suscripción del contrato de concesión hasta la fecha de finalización”.

La iniciativa alcanza a microempresas, cooperativas, fábricas recuperadas y a la agricultura familiar, ofreciendo beneficios tributarios, laborales, financieros y comerciales con el fin de proteger, impulsar y consolidar al sector más dinámico y vulnerable de la economía argentina.“Las MicroPymes son el corazón de la economía real. Frente a un modelo que promueve privilegios para grandes capitales extranjeros, necesitamos un Estado que sostenga a quienes generan empleo, producción e innovación en todo el país”, afirmó Bordet.“El régimen RIGI y la apertura indiscriminada están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo en nuestras economías regionales. Este proyecto es una respuesta federal y justa para cuidar lo nuestro”, resaltó el ex gobernador entrerriano.

Principales beneficios del FOMIPYMES:Exención de aportes patronales para los primeros dos trabajadores y reducción al 50% para el tercero y cuarto.Alivio fiscal estructural, que incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias al 20%, la eliminación de anticipos, retenciones y percepciones, la exención del impuesto al débito y crédito bancario, y el diferimiento por 6 meses del pago de IVA y Monotributo, Facilidades de acceso al crédito, con flexibilización de requisitos bancarios y promoción de tasas preferenciales.Regulación comercial, con garantía de góndola para productos elaborados por MicroPymes, y topes a comisiones y plazos de acreditación por ventas electrónicas.Bordet remarcó que el proyecto “busca dar previsibilidad y herramientas reales a quienes todos los días sostienen la producción nacional con esfuerzo y creatividad. No se trata de discursos, sino de medidas concretas que favorecen el arraigo, la inclusión y el trabajo argentino”.

La propuesta invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse para profundizar el acompañamiento estatal a estas unidades productivas, muchas veces relegadas por la concentración del capital y las políticas regresivas.

La iniciativa permitiría que cualquier persona actúe como intermediario sin límites geográficos, sin estar inscripto en registros profesionales y negociando libremente sus honorarios.El proyecto también propone quitar a los colegios profesionales la facultad de sancionar a quienes ejerzan sin matrícula, argumentando que estas entidades mantienen un “monopolio” que restringe la competencia. Bongiovanni sostiene que la intermediación inmobiliaria debe considerarse una actividad comercial y no una profesión regulada.La Cámara Inmobiliaria Argentina rechazó la propuesta, alertando sobre posibles consecuencias negativas como el aumento de fraudes, informalidad y deterioro del servicio. En respuesta, presentó una alternativa que moderniza el sistema sin eliminar controles, incluyendo un Registro Nacional, colaboración entre agencias y nuevas figuras profesionales bajo supervisión.La iniciativa se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que ya había anticipado su intención de simplificar el mercado inmobiliario para facilitar el ingreso de nuevos operadores.

Peronistas y radicales emitieron un dictamen en favor del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, con el fin de actualizar las prestaciones y las pensiones, lo que implica un nuevo traspié para el oficialismo que rechaza esta iniciativa.La iniciativa fue debatida en la comisión de Población y Desarrollo Humano, que preside la legisladora k Stefanía Cora, y logró el respaldo de 8 firmas de Unión por la Patria y 3 de la UCR con disidencias parciales.De todos modos, el proyecto debe ser tratado en la comisión de Presupuesto, que preside el libertario Ezequiel Atauche, que se resiste a convocar a ese organismo como pidieron en una nota los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y  la legisladoras de Provincias Unidas, Alejandro Vigo, del PRO Guadalupe Tagliaferri.Si el oficialismo no abre la comisión de Presupuesto, la oposición pedirá una sesión especial para tratarla sobre tablas junto con el aumento de las jubilaciones la próxima semana.La iniciativa fue aprobada en diputados por 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones.El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

El diputado provincial Enrique Cresto presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de contrataciones públicas de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en las compras y contrataciones del Estado.La iniciativa, acompañada por las diputadas Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Mariel Avila, Silvina Decco, Silvia Moreno y Andrea Zoff, y el diputado Yari Seyler, establece como requisito obligatorio que las empresas que aspiren a contratar con el Estado provincial acrediten al menos dos años de actividad efectiva y comprobable en el rubro específico para el que se presentan. La exigencia alcanza a licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y compras directas.

En los fundamentos, el proyecto advierte que la medida busca evitar situaciones recientes en las que “empresas creadas poco tiempo antes fueron contratadas sin trayectoria ni capacidad técnica comprobada”, lo que vulnera principios de igualdad, publicidad, eficiencia, legalidad y responsabilidad en la administración pública.

Sin embargo, el texto contempla excepciones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con domicilio fiscal en Entre Ríos y para aquellas personas o empresas cuya producción o servicios se realicen íntegramente en la provincia.

La acreditación de la antigüedad podrá realizarse mediante contratos anteriores con sectores público o privado, facturación de los últimos dos años, certificaciones de organismos oficiales, gremios o cámaras del sector, o declaraciones juradas respaldadas por documentación contable y registros fiscales.

Por último, la propuesta prevé que la Unidad Central de Contrataciones y el Tribunal de Cuentas sean responsables de auditar el cumplimiento de la norma, debiendo publicar un informe anual con datos sobre los proveedores contratados, su trayectoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

La iniciativa fue rechazada por legisladoras entrerrianas que integran el bloque de Unión Por la Patria. “No vamos a convalidar una agenda que criminaliza la pobreza y abandona a quienes más necesitan la presencia del Estado”, criticó Gaillard.Luego de semanas de postergación, el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda se reunió este martes para dictaminar el proyecto de ley que propone modificar el Régimen Penal Juvenil. Finalmente, la propuesta es que la edad de imputabilidad en adolescentes pase de 16 a 14 años.El despacho final se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; por el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.El despacho final contó con la adhesión de 77 firmas.

El rechazoUna vez finalizada la reunión, las diputadas hicieron públicas sus críticas a través de X (ex Twitter):Blanca Osuna: “Adolescentes y niños/as no son responsables de los delitos que se cometen en el país. La incidencia de su participación es mínima. Si en la Argentina de hoy se está cometiendo un delito gravísimo es el desfinanciamiento de políticas públicas que acompañan su educación, el cuidado de su salud y las posibilidades de vivienda y trabajo de su familia. Hacerlos cargo, disminuyendo la edad de ser punibles, es una burla”.Carolina Gaillard: “Entendemos que legislar en materia penal juvenil exige seriedad, conocimiento jurídico y una perspectiva de derechos humanos. No vamos a convalidar una agenda que criminaliza la pobreza y abandona a quienes más necesitan la presencia del Estado”.

El proyectoLa modificación al Régimen Penal Juvenil establece la aplicación a las personas adolescentes de 14 a 18 de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.La persona adolescente imputada gozará de los principios, derechos y garantías judiciales vinculados a la legalidad; necesidad, proporcionalidad e idoneidad de las medidas que restrinjan derechos; debido proceso legal y derecho de defensa en juicio; in dubio pro reo e interpretación pro minoris; el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización; dignidad humana y prohibición de discriminación; plazo razonable de juzgamiento, brevedad y celeridad procesal; y tutela juvenil. Las penas privativas de libertad podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento, conforme a los parámetros de esta ley.Además, la declaración de inimputabilidad del niño, niña o adolescente no implicará en ningún caso la suspensión de la investigación, que deberá continuar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias del hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas.Sobre la detención, el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

El proyecto de ley busca instituir como feriado nacional el 21 de abril de cada año, fecha del fallecimiento del primer Sumo Pontífice argentino de la Iglesia Católica. Además, los firmantes destacan que Francisco fue “el argentino más importante de la historia”.El proyecto además busca que el Poder Ejecutivo realice “actividades específicas relacionadas con el feriado nacional instituido”. Los fundamentos, los diputados dicen que buscan “honrar la vida y obra de quien, como líder mundial, trabajó en defensa de los pobres, las mujeres, los migrantes y las diversidades; y luchó por la justicia social y la defensa del medio ambiente”; agregando que “¡”no es menor que el primer papa del sur global, el primer papa no europeo desde el año 741, y el primer papa jesuita, haya sido argentino”.Los diputados resaltaron la trayectoria del papa Francisco, en particular sus ideas y acciones en favor de los grupos más vulnerables. Los fundamentos del proyecto también hacen mención a las encíclicas “Laudato Sí” (2015) y “Fratelli Tutti” (2020).

Los diputados argumentan que “Laudato Sí” “posicionó a Francisco como una voz líder en la defensa del planeta, instando a gobiernos, empresas y ciudadanos a asumir la responsabilidad de preservar la ‘casa común’”.También que “Fratelli Tutti” “Francisco insiste en que ‘nadie se salva solo’ y propone un modelo de convivencia que priorice a los más vulnerables, resonando con los principios de justicia social que son pilares de la identidad argentina”. 

Según lo que pudo saber Infobae, la iniciativa está siendo trabajada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Casa Rosada y todavía requiere del aval final del presidente Javier Milei, que respaldó en las últimas horas a Patricia Bullrich, la funcionaria a cargo del operativo de ayer. De acuerdo a lo que trascendió de fuentes oficiales, la iniciativa tiene varios aspectos centrales: la declaración de las barras bravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de esos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones.Respecto del primer punto, la declaración de las barras bravas como asociación ilícita implica que las penas se asemejen a los distintos tipos delictivos que están en el Código Penal de la Nación, que van de un mínimo de tres años de prisión a los 20 años, como máximo.En el Gobierno resolvieron apurar este endurecimiento de las penas después que ayer quedó expuesta la vinculación entre esos grupos con sectores políticos que impulsaron una protesta contra el Gobierno, que derivó en incidentes, destrozos y enfrentamientos con la Policía. El caso más grave es el de Pablo Grillo, un fotógrafo que fue herido por un impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza y que actualmente lucha por su vida.“Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer: la generalización de la violencia. Esta marcha estuvo organizada al grito de que se vayan todos, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, aseguró Guillermo Francos en declaraciones periodísticas.Desde el Ministerio de Seguridad Nacional evitaron dar precisiones sobre el contenido del proyecto de ley que se presentará en los próximos días, pero Infobae pudo acceder de fuentes del gobierno con algunos detalles del borrador sobre los que trabaja el Ejecutivo.Entre esas definiciones está que se sancionará no solo a aquellos barras que operen dentro de los estadios de fútbol, sino que también alcanzará a los que actúen fuera de las canchas en relación con esos grupos delictivos. Uno de los ejemplos típicos que serán alcanzados por la iniciativa son los denominados “trapitos”, que cobran por estacionar los vehículos afuera de los estadios.También, recogerá la normativa publicada esta semana por el Gobierno en el Boletín Oficial que sanciona a los hinchas de fútbol caracterizados que cometan actos violentos en la vía pública contra la autoridad o que impiden el libre tránsito. De todos modos, una de las “novedades” que trae el proyecto es que se aplicarán sanciones y penas a los dirigentes de los clubes que suministren entradas a estos grupos violentos. La idea es evitar que, mediante la distribución de tickets de protocolo, provistos por los dirigentes, generen ingresos para sostener la estructura delictiva de esas bandas. Además, en el borrador se otorga al Gobierno la facultad para disponer la inhabilitación administrativa para ingresar a los estadios, que será automática cuando haya un proceso abierto por violación a esta “Ley Antibarras”.De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los barrabravas que sean condenados podrían tener prohibido entrar a las canchas por tiempo indeterminado, mientras que los organizadores de espectáculos deportivos podrán ser sancionados si facilitan o permiten el ingreso de armas frías o armas de fuego. “La clave es que con este proyecto se va a tratar a las barras bravas como organizaciones criminales”, explicaron las fuentes.En las últimas sesiones extraordinarias se aprobó y luego se promulgó la denominada “Ley Antimafia”, que incorpora una serie de cambios para perseguir el delito complejo y la actuación de bandas criminales, que incluyen desde la duplicación de las penas, los decomisos de bienes y dinero de los delincuentes y la detención por hasta un plazo máximo de 30 días por averiguación de delitos.Otra de las claves -que también podría tomarse en la “Ley Antibarras”- es responsabilizar a todos los integrantes de la organización criminal del delito más grave cometido por cualquier de sus miembros. “Si un chofer de un narco es detenido, podrá ser acusado de los asesinatos que haya cometido el capo y sus cómplices”, explicaron días atrás a este medio.Finalmente, en el Ejecutivo aclararon que la iniciativa está todavía en instancia de borrador y que se presentará públicamente cuando el presidente Milei le dé su aval definitivo. (Infobae)