Luego de la estrepitosa caída del proyecto de Ficha Limpia en mayo del año pasado en el Senado, en medio de hipótesis sobre conspiraciones secretas entre el oficialismo y el peronismo, la presidente del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó un nuevo proyecto para impedir que personas condenadas con doble conforme por delitos graves puedan acceder a cargos electivos nacionales. La iniciativa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece la inhabilitación cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aún sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después. El proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y amplía el alcance de los delitos o los causales de inelegibilidad que inhabilitan a ser candidato. Según se especifica en el texto presentado, no podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. También incorpora como causal de inelegibilidad y supuesto de inhabilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.La Justicia Electoral verificará todos estos requisitos al momento de oficializar candidaturas, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.“Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza”, sostuvo Scaglia.“En Santa Fe lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución Provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, agregó.La iniciativa retoma una demanda social de ética e integridad pública que viene siendo impulsada desde hace varios años por el movimiento de Ficha Limpia, liderado por Ignacio Marra, que llegó a sumar más de 490.000 firmas de ciudadanos. El proyecto se basa en los artículos 16 de la Constitución Nacional que establece el principio de idoneidad, el artículo 37 que garantiza los derechos políticos, y el artículo 36 que establece la inhabilitación para quienes cometan delitos graves contra el Estado.En los fundamentos del proyecto, Scaglia sostiene que “en una democracia representativa, quienes aspiran a ejercer cargos públicos electivos no sólo deben reunir las condiciones legales para ser elegidos, sino también demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad, la integridad pública y el respeto por los derechos fundamentales”. “En este marco, resulta necesario destacar que el derecho a ser elegido no reviste carácter absoluto, sino que admite reglamentaciones razonables cuando se encuentra en juego la idoneidad para el ejercicio de la función pública”, señala. En países como Brasil, Italia y España existen normas de Ficha Limpia como la que propone Scaglia.“Estas experiencias evidencian que la protección de la calidad institucional constituye un objetivo legítimo que habilita restricciones razonables al acceso a cargos públicos”, indica la diputada opositora.Por otra parte, señala que “la exigencia de condena confirmada por tribunal de alzada garantiza el debido proceso y evita la utilización política del sistema penal”. Sobre la inhabilitación de deudores alimentarios morosos, es decir, de “quien incumple de manera deliberada con el deber básico de proveer alimentos a sus propios hijos o personas a su cargo”, Scaglia explica que “no se trata únicamente de una cuestión de índole privada, sino de una conducta que refleja un déficit de responsabilidad incompatible con el ejercicio de funciones públicas”. “Resulta razonable exigir que quienes aspiran a representar a la ciudadanía cumplan, en primer término, con las obligaciones más básicas e ineludibles que impone la ley. En efecto, quien no cumple con el deber esencial de garantizar la subsistencia de sus hijos difícilmente pueda ser considerado idóneo para asumir responsabilidades públicas que impliquen la toma de decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad”, insiste. El proyecto de Scaglia lleva también las firmas de sus pares de Provincias Unidas María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.En mayo del año pasado, contra todo pronóstico, la iniciativa de Ficha Limpia consensuada entre el oficialismo y el PRO, que contaba con media sanción de Diputados, naufragó en el Senado al obtener 35 votos negativos y 36 afirmativos (se requerían 37 para la aprobación).

Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026. En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura. “La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, señala la declaración.Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”. Además, remarcaron que el nuevo reglamento refuerza la confianza pública y mejora la calidad institucional del Poder Judicial, en línea con el mandato fundacional de la Constitución Nacional de afianzar la justicia.El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial. “Su aprobación en forma integral permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz”, sostuvieron, y advirtieron que ello evitará soluciones parciales que puedan afectar la coherencia y los objetivos de la reforma.Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia. “Avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia”, concluye el texto.La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de La Plata, Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

Consejo de la MagistraturaEl Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada 4/2026 -firmada el 25 de marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales. El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción. Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su respaldo general al proyecto de reforma laboral de 180 artículos, pero planteó objeciones puntuales sobre cinco puntos específicos.La entidad sostiene que, si bien la actualización de los convenios es necesaria, los cambios propuestos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 podrían generar inestabilidad en el sector productivo.Uno de los ejes centrales de la advertencia es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.Según el presidente de la entidad, Ricardo Diab, “estos convenios, si bien hay que retocarlo o mejorarlo o actualizarlo, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.En diálogo con Radio Rivadavia, que siguió Agencia Noticias Argentinas, Diab consideró que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.En particular, el titular de CAME se refirió al artículo 128 sobre la quita de obligatoriedad de los aportes patronales.El dirigente señaló que esta medida dejaría a las cámaras en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical.Según su visión, el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.La entidad remarcó que la falta de estos recursos afectaría los programas de formación profesional que imparten en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el directivo.Por otro lado, advirtió que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 “puede traer conflictos legales futuros”, según el análisis de sus asesores jurídicos.Ante este escenario, representantes de la confederación ya han mantenido reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de diversos gobernadores.El objetivo de estas gestiones es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la norma.

La iniciativa, que tiene lugar en Vaca Muerta, llega para cambiar el mapa energético regional y generar impacto económico, industrial y social a mediano y largo plazo.El foco está puesto en el desarrollo integral de gas natural licuado (GNL), conocido internacionalmente como LNG (por sus siglas en inglés). Este elemento constituye una alternativa eficiente para el transporte y almacenamiento del gas natural.Mediante un proceso de enfriamiento a -162°C, este recurso reduce su volumen unas 600 veces, lo que habilita su traslado a largas distancias y facilita contar con energía flexible donde y cuando se la necesita.El GNL, además, ofrece una alta versatilidad de uso: resulta clave para la generación eléctrica, la industria, el transporte marítimo y terrestre. A medida que la digitalización y el avance de la inteligencia artificial incrementan la demanda energética -especialmente en centros de datos y plataformas digitales-, se vuelve una solución estratégica para ofrecer un suministro seguro y competitivo a escala mundial.Cabe destacar que la demanda internacional de gas natural continúa en ascenso. Según estimaciones del sector, podría duplicarse hacia 2050, impulsada por factores como, la electrificación de la economía y la necesidad de fuentes de energía seguras y confiables.En este escenario dinámico, YPF impulsa el primer desarrollo de licuefacción de gas natural a gran escala en la historia: el proyecto Argentina LNG. Se trata de una propuesta integral que conecta la producción en Vaca Muerta con la transformación, almacenamiento y exportación del recurso desde Sierra Grande, en la provincia de Río Negro.La iniciativa se diseñó con el objetivo de monetizar el gas excedente de la cuenca neuquina mediante la exportación a mercados de alto consumo como Europa y Asia. Al hacerlo, se prevé generar la mayor inversión privada registrada en el país y que este sea uno de los emprendimientos energéticos más relevantes de América Latina.Argentina LNG se destaca por abarcar toda la cadena de valor: desde el pozo hasta la entrega del producto en barcos metaneros, con infraestructura de última generación que incluye tanto gasoductos dedicados como unidades flotantes de licuefacción.La travesía comienza en los yacimientos de Neuquén, donde la producción de gas ya supera la demanda interna. El material extraído se transportará a través de un gasoducto especialmente construido hasta la localidad rionegrina de Sierra Grande.Esta zona, ubicada sobre el Atlántico, fue seleccionada como punto estratégico para el emplazamiento del polo de licuefacción y embarque. Allí confluyen ventajas logísticas y geográficas: la cercanía al yacimiento acorta la distancia de los gasoductos, mientras la profundidad natural del Golfo San Matías permite operar grandes buques sin grandes obras de dragado, lo que significa menor impacto ambiental y menores tiempos de obra. Una de las principales características del esquema es la incorporación de terminales flotantes (FLNG, Floating Liquefied Natural Gas), que habilitan procesar, licuar y almacenar el gas natural en alta mar. Este enfoque genera flexibilidad operativa y optimiza el eslabón exportador, permitiendo contar con una infraestructura escalable para responder a la demanda de los mercados internacionales.En la primera etapa, a través del consorcio Southern Energy, el proyecto contempla la puesta en marcha de dos unidades flotantes, con capacidad para procesar tres millones de toneladas de GNL por año cada una. La segunda fase liderada por YPF junto a socios estratégicos, prevé sumar tres plataformas adicionales -de 6 millones de toneladas anuales cada una- que incrementarán exponencialmente la capacidad de producción y exportación argentina.La magnitud de Argentina LNG se refleja en su potencial para generar hasta 10.000 millones de dólares anuales en exportaciones durante dos décadas, un flujo de ingresos que resultará central para apuntalar la macroeconomía y fortalecer las reservas del país. El desarrollo prevé la creación de 50.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con oportunidades para proveedores, logística, servicios e industrias conexas.Al consolidarse como proveedor global, la Argentina podrá garantizar el abastecimiento energético a Europa y Asia, dos regiones en busca de alternativas confiables y sostenibles ante la reconfiguración internacional del mercado del gas.La escala y complejidad de la iniciativa requiere reglas claras y seguros para atraer inversión estratégica. Por eso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aporta estabilidad tributaria, aduanera y regulatoria por 30 años, además de acceso competitivo a divisas y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en caso de controversias.De esta manera, con recursos naturales de primer orden, condiciones logísticas diferenciales y un proyecto de escala mundial en marcha, la Argentina se encamina a ocupar un rol protagónico en la transición energética global.A medida que el mundo demanda energías más flexibles, diversas y seguras, el gas natural licuado argentino está llamado a aportar un diferencial concreto, posicionando al país en el centro del mapa energético internacional.

“Este proyecto no busca castigar”, fundamentó la autora, sino “proteger a las infancias en su derecho de vestirse, comer e ir a la escuela”. El expediente fue votado por unanimidad por todos los bloques políticos.

En su artículo 1º, el texto establece que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la Provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios”.

Con ese fin, los municipios que se adhieran a la ley informarán a los organizadores de los eventos de este requisito, quienes deberán solicitar al registro la información pertinente.

Esta exclusión se sumará, una vez aprobado el proyecto de ley, a otras consignadas en el registro, tales como la imposibilidad de ser proveedores del Estado provincial, la prohibición para ser concesionarios o funcionarios públicos, entre otras.

Este miércoles la Comisión de Educación llevó a cabo el segundo encuentro para analizar la creación de Educación del Consejo Interuniversitario Provincial, proyecto presentado por el legislador Martín Oliva.

En dicho debate se logró dictamen favorable a la iniciativa que tiene como la finalidad de articular y coordinar acciones entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y las Universidades Provinciales y Nacionales con sede en su territorio, sean de gestión estatal o privada.

Cabe indicar que en caso de aprobarse, este Consejo estará compuesto por un representante titular y un suplente del Poder Ejecutivo provincial propuesto por el Ministro de Gobierno y Trabajo.

Además un representante titular y un suplente de la Cámara de Senadores así como también en Diputados que serán  propuestos por el o la presidente/a de las respectivas Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología de cada Cámara, o las que en un futuro las reemplacen.

Del lado de las Universidades, habrá un representante titular y un suplente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Asimismo, un representante titular y un suplente de cada una de las Universidades Nacionales Públicas y Privadas, con sede administrativa en el en la provincia, quienes harán su adhesión de forma voluntaria.

En la reunión de Comisión también hubo  dictamen favorable al proyecto por el que se declara Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la provincia de Entre Ríos el casco histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino, sito en calle Lestonnac N° 1350 de la ciudad de Gualeguaychú.

En este sentido, el senador Benedetti explicó a sus pares que se trata de un proyecto surgido del Senado Juvenil de este año, y que cuenta con el acompañamiento de la comunidad educativa de la institución.

El encuentro se realizará el jueves 13 de noviembre a las 20:00 hs en el Gazebo de la Plaza 25 de Mayo, siendo libre y gratuito a toda la comunidad.Intrecciare, que en italiano significa “entrelazar”, es un proyecto que surgió de un encuentro fortuito en Málaga en 2023 y que se transformó en canciones que fusionan influencias del Mediterráneo y del Río de la Plata. En su formato acústico, el espectáculo propone un recorrido íntimo de voz y guitarra, cargado de emoción, poesía y raíces compartidas, y permitirá a la audiencia vivir una experiencia donde la música se convierte en un verdadero puente entre culturas.“Desde la Subsecretaría valoramos profundamente esta iniciativa que, a través de la música, promueve el encuentro de distintas culturas y lenguas. La articulación con el Consulado del Uruguay y el Instituto Italiano de Montevideo refuerza nuestro compromiso de generar espacios culturales de calidad, accesibles para toda la comunidad.”, mencionó el Subsecretario, Prof. Carlos Gatto.El Intrecciare Tour forma parte de una gira que recorre ocho ciudades de Uruguay en 2025, con el respaldo del Instituto Italiano de Cultura en Uruguay y otras instituciones, y representa un verdadero intercambio cultural entre Europa y América.La Municipalidad de Concordia invita a vecinos de todas las edades a ser parte de este espectáculo único, que celebra la diversidad y el encuentro a través de la música.

El Gobierno Nacional suspendió el proyecto que pretendía llevar adelante China con el fin de instalar un observatorio espacial, en la localidad de El Leoncito, en la provincia de San Juan, denominado Radiotelescopio Argentino-Chino (CART).La cancelación de esta iniciativa sucedió debido a que el convenio que permitía su construcción caducó en el mes de junio y no fue renovado; el radar era impulsado por la Academia de Ciencias de China en conjunto con el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET.Este observatorio formaba parte de una red global para el monitoreo del espacio y, con un reflector de 40 metros, tenía un alcance superior al de la antena que China opera en Neuquén. La inversión estimada era de 350 millones de dólares.La cancelación del radar está vinculada al giro que pretende mostrar Milei hacia política exterior y su preponderancia a respaldar a Donald Trump y los Estados Unidos. Por su parte, la Universidad Nacional de San Juan, se pronunció en contra de la decisión del Gobierno Nacional . debido a que el proyecto estaba basado en un trabajo cooperativo “genuino” que mostraba el resultado de más de 30 años de labor científica entre Argentina y China.La planificación inicial surgió en el año 2015, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, en conjunto con el CONICET, la gobernación de la provincia de San Juan y la Academia China de Ciencias. En diciembre de 2024, la gestión actual decidió detener el ingreso de equipamiento enviado desde China para la base en San Juan por presuntas “irregularidades” en la documentación que los acompañaban.El único radar chino que permanece en el país es el que se encuentra situado en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, que también tuvo una solicitud de inspección por parte de Nación. NA.

La reforma presentada por el Intendente Francisco Azcué en la reunión de gabinete realizada este miércoles 16 de septiembre, se basa en un plan de acción con tres partes interconectadas: Una Funcional: para hacer foco en los objetivos considerados prioritarios: la obra pública y servicios esenciales. Orgánica: se reestructuran las áreas para alinear las responsabilidades, optimizar procesos y agilizar la toma de decisiones evitando duplicidad de tareas. Y por último la Presupuestaria: de manera de asignar los recursos de forma inteligente para lograr los objetivos.

Estas modificaciones apuntan a continuar con el fortalecimiento institucional que se viene implementando, asegurando que la inversión que se haga desde el Municipio, se traduzca en un beneficio directo para los vecinos.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA MUNICIPALEntre los cambios más significativos previstos en la nueva ordenanza estará la separación de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Obras Públicas y Servicios Públicos: Con el fin de lograr una mayor eficiencia, se conformarán dos independientes.

La Secretaría de Obras Públicas, que estará a cargo del Arq. Fernando Esquibel, se enfocará en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura urbana y rural, urbanización y vivienda. El nuevo funcionario se formó como Arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba y como maestro mayor de obras egresado de la ENET Nº 1 de Concordia. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el diseño, desarrollo y dirección de proyectos de envergadura en el sector público y privado. Fue socio fundador de estudios de arquitectura y representante técnico de empresas constructoras, liderando obras civiles, habitacionales, comerciales e industriales en la región.Con amplia experiencia en planificación urbana, manejo de contratistas y ejecución de licitaciones públicas, suma además antecedentes en docencia y participación en proyectos comunitarios, lo que respalda su designación al frente de la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Esta nueva secretaría tendrá dos ejes bien marcados: la obra pública y el mantenimiento de obras viales.En tanto, la Secretaría de Servicios Públicos, que estará a cargo del Arq. Alejandro López, actual Secretario de Desarrollo Urbano, se concentrará en los servicios esenciales como recolección de residuos, limpieza, alumbrado y gestión de cementerios y la agenda ambiental del municipio.Otro de los cambios previstos es que las áreas de Innovación y Economía del Conocimiento se trasladarán a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda, promoviendo un enfoque transversal para el desarrollo tecnológico de Concordia.

El área de Descentralización pasará a la Secretaría de Desarrollo Humano, con el propósito de fortalecer las áreas operativas en los barrios para acercar más el municipio a cada vecino y brindar mayor rapidez y calidad de los servicios públicos esenciales.

Asimismo, las áreas de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, Infraestructura de Datos Espaciales y Dirección de Financiamiento y Planificación Estratégica se trasladan a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda con el propósito de integrar todas las áreas vinculadas con la modernización de la administración del estado municipal en el marco de un cambio de paradigma de gestión pública basado en datos y evidencias para mejorar la toma de decisiones de gobierno, las prestaciones de servicios  y la gestión de reclamos de los ciudadanos.

NUEVAS DESIGNACIONES Y CAMBIOS EN ALGUNAS ÁREASOtro punto central dentro de la reestructuración que se está llevando a cabo es la elaboración de un proyecto de ordenanza de reforma del InVytam. La propuesta es darle una nueva figura al Instituto que pasaría a denominarse “Instituto de Hábitat de la Ciudad de Concordia”. De esta manera, se busca afianzar y potenciar la dinámica al trabajo que esta gestión viene desarrollando sobre las cuatro principales líneas de gestión del Instituto: mejoramiento barrial, relocalización, desarrollo urbano y regularización dominial.Además, las modificaciones contemplan una articulación más estrecha con la nueva Secretaría de Obras Públicas, potenciando la dinámica de gestión ya en marcha.También, durante la reunión de gabinete se informó que Guliano Rossi presentará su renuncia al frente del InVyTAM por cuestiones de índole personal, quien continuará colaborando con la gestión asesorando en proyectos estratégicos. Rossi, será reemplazado por el Dr. Matías Dupleich abogado egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, con posgrado en Magistratura en la Universidad Nacional de Rosario y amplia formación en derecho civil, laboral y ambiental. Se desempeña en la actividad privada y ha ocupado cargos de representación en el Colegio de la Abogacía de Concordia.

También, se proponen cambios en la subsecretaría de Ambiente donde el Ing. Joaquín Gobetto asumirá como responsable aportando su experiencia técnica y de gestión para fortalecer las políticas ambientales del municipio en reemplazo de Constanza Montoreano, quien continuará como responsable de los programas de educación ambiental. Gobetto, quien venía desempeñándose en el EDOS, cuenta con amplia trayectoria en gestión pública y privada en temas de sostenibilidad y desarrollo territorial y ha trabajado en proyectos vinculados a la planificación ambiental, energías renovables y uso eficiente de los recursos. 

 La propuesta, que se llevó a cabo en el Cine Odeón, comprende una serie de actividades que se extenderán hasta el próximo viernes.Durante la presentación, el Intendente Francisco Azcué destacó la importancia de trabajar en forma articulada entre los distintos niveles del Estado y con organizaciones de la sociedad civil. “Este programa tiene una serie de componentes: formamos un equipo con el gobierno provincial, construyendo un proyecto político y de gestión conjunta. Si bien la educación formal es competencia del gobierno provincial, nosotros también tenemos un rol desde lo no formal. Sostenemos que la educación es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos”, expresó.“Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, que incluye áreas como Deportes, Desarrollo Social, Educación y Cultura, llevamos adelante programas y políticas públicas que buscan ofrecer herramientas reales para el crecimiento y el desarrollo, corriéndonos de la lógica asistencialista que tanto daño ha hecho. Este camino es más difícil, lleva más tiempo y más recursos, pero creemos que es el camino correcto”, remarcó Azcué.Además, subrayó el rol de las instituciones intermedias y la participación activa de la ciudadanía, valorando que “ponemos los problemas sobre la mesa, especialmente el consumo de alcohol, y trabajamos con todos los sectores para encontrar soluciones. A los jóvenes les digo que son lo más importante que tenemos: el presente y el futuro de Concordia. Este compromiso lo asumimos con seriedad”.El Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide remarcó el valor preventivo del proyecto, manifestando que es “es un orgullo lanzar esta propuesta. El tema que nos convoca es preocupante, pero lo estamos enfrentando. Lo importante de esta iniciativa es que no espera a que las consecuencias nos obliguen a actuar, sino que apuesta a la prevención. Esta propuesta disruptiva, no convencional, ha tenido impacto en otras comunidades y queremos que también transforme Concordia. Esperamos que nuestros jóvenes la aprovechen y que juntos podamos empezar a construir nuevos caminos”.Por su parte, el director Departamental de Escuelas José Luis Ferrari afirmó que “en Argentina, el consumo de alcohol es una de las principales problemáticas que afecta a adolescentes y jóvenes, siendo una de las principales causas de muerte prematura. Esta situación se ve agravada en distintos eventos sociales y la Fundación Crear Vale la Pena propone un enfoque transformador: arte para la concientización, educación y participación activa. Es una invitación a reflexionar sobre los riesgos del consumo desde un lugar creativo y comprometido”.El proyecto fue declarado de Interés por el Consejo General de Educación, por la Dirección Departamental de Escuelas y por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad.Estuvieron presentes el Subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto; el Subsecretario de Desarrollo Social; la Subsecretaria de Deportes; las concejales Verónica del Boca y Silvina Ovelar; estudiantes de escuelas secundarias y docentes. 

La oposición logró avanzar en la Cámara de Diputados con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley que redistribuye con las provincias lo recaudado por el impuesto a los combustibles de la mano de la eliminación de una serie de fondos fiduciarios. Al finalizar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía, que había sido emplazado por la oposición, se pasó a la firma de los dictámenes y el de mayoría, con 46 rúbricas, resultó el que suscribieron los representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.Por su lado, La Libertad Avanza, el PRO, un sector de la UCR y Producción y Trabajo (San Juan) firmaron un dictamen de minoría que busca coparticipar ese impuesto.De esta forma, el proyecto que recibió media sanción del Senado con el impulso de los gobernadores queda listo para convertirse en ley en la Cámara de Diputados, aunque hay dudas sobre si la oposición será capaz de resistir un eventual veto presidencial, ya que el grupo dialoguista de mandatarios provinciales respaldó una contrapropuesta del Gobierno que va en línea con el dictamen de minoría presentado por LLA y el PRO.El dictamen de mayoría aspira a repartir lo recaudado por el tributo a los combustibles de la siguiente manera: un 14.29% para el Tesoro Nacional, un 52.02% para las provincias y un 28.69% para el Sistema Único de Seguridad Social.De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.Hasta ahora, el 10.4% va a las provincias, el 28.69% a la Anses, y el 24.29% al Tesoro; y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que se eliminan con la presente propuesta (de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda), con lo cual esos recursos quedarían en manos de la Nación.El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Manuel Pedrini destacó que “esta decisión no es la mejor, pero sin lugar a dudas la más acertada”. El chaqueño explicó que esta “es una ley de transición” y anticipó que la verdadera norma surgirá en el próximo gobierno con “una verdadera política de Estado” para resolver la cuestión de las obras de vialidad en cada una de las provincias.La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz apuntó a la “responsabilidad del presidente” Javier Milei en el “mantenimiento de la red vial” y criticó fuertemente la desinversión en obra pública, en especial en rutas y caminos.Por su parte, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, pidió el compromiso del conjunto de la oposición para aprobar el proyecto en el recinto.“Hay que empujar para que las cosas sucedan. Nada de lo que hacemos los que estamos aquí se logra por obra del Espíritu Santo. Somos nosotros los que tenemos que tener la voluntad política de construir recintos que nos permitan saltear el cepo y el cerrojo a las comisiones que plantea el oficialismo en la Cámara de Diputados”, arengó el santafesino.La diputada del PRO Germana Figueroa Casas explicó que, a diferencia de la iniciativa opositora, el dictamen de minoría del oficialismo “en lugar de aplicar porcentajes, (lo recaudado) se manda a la masa coparticipable y se distribuye como cualquier otro impuesto”. (Noticias Argentinas)

Gobernadores de todas las fuerzas políticas se unen contra el Gobierno y presentan proyectos en el Senado de leyes para reformar la coparticipación de los impuestos a los combustibles y de ATN y así recuperar fondos que señalan que le corresponden a las provincias.Los gobernadores decidieron unirse contra el Gobierno luego de fracasar todas las negociaciones con los funcionarios para acordar un nuevo régimen de distribución de los recursos.La propuesta de los mandatarios está plasmada en dos iniciativas presentadas en la noche del miércoles por senadores del PJ, la UCR, y legisladores provinciales que buscarán avanzar con rapidez en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto.Los proyectos fueron firmados por los presidentes de los bloques peronistas, José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio, de la UCR, Eduardo Vischi, del PRO Alfredo De Angeli, la rionegrina Mónica Silva, Edith Terenzi de Despierta Chubut y de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola.También lo hicieron el jefe del radicalismo Martin Lousteau y la senadora correntina de Convicción, Carolina Moises.Uno de los proyectos propone reforma la distribución del impuesto a los combustibles para repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.De acuerdo a esa iniciativa los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.Además elimina los fondos fiduciarios  de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y  Nacional de la Vivienda.La mayoría de estos fondos habían sido eliminados por el Gobierno pero no habían distribuido entre las provincias los recursos afectados a esos organismos de fideicomisos.En los argumentos del proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”Al defender la iniciativa señalan que “no impacta en otros destinos específicos que hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que general el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.“Este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas”, señalan los senadores..En cuanto a los ATN propone un cambio en la ley de Presupuesto para se incorporen a la masa coparticipable y se distribuyan de acuerdo a la ley de coparticipación en forma automática y todos los días.En los fundamentos de este proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que ei cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.“La modificación que se plantea es la relacionada con el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional, propiciando su distribución automática mediante su incorporación a la normativa establecida en la Ley Permanente de Presupuesto nº 11.672”, agregaLos senadores señalan que “sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el Fondo prevé “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”. NA.

La iniciativa propone que el Argentum sea equivalente a $1.000 actuales y que la centésima parte se denomine centavo. De esta manera, se avanzaría en una quita de tres ceros a la moneda en curso.Al respecto, el diputado expresó en los fundamentos del proyecto que “la eliminación de ceros no cambia el poder adquisitivo de la moneda ni implica una reforma económica profunda, pero sí ordena, simplifica y da mayor claridad a las transacciones y registros contables”.La nueva moneda, que se representa por el símbolo “AG”, empezaría a tener efecto legal en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2026, misma fecha en la que se produciría el cese del curso legal del peso.Sin embargo, el comienzo del año próximo no significaría la caducidad inmediata del peso, ya que el proyecto también contempla que los billetes y monedas actuales podrían seguir utilizándose durante los primeros seis meses del nuevo calendario.En caso de prosperar la iniciativa, se dispone que a partir del primer día del año que viene, las entidades financieras deberán reconvertir los saldos bancarios de pesos a Argentum. Lo mismo sucede con la atención de las órdenes de pago, los cheques y las obligaciones de dar sumas de dinero, incluidas las remuneraciones del personal en relación de dependencia y las prestaciones previsionales.Al respecto, el proyecto remarca que todo esto “no implicará modificación de las convenciones entre partes, salvo en lo relativo a la moneda de pago y siempre que estas hayan sido fijadas en pesos”.El objetivo principal de cambiar la moneda se centra en eliminar ceros y costos para facilitar las operaciones diarias. Al respecto, se expone como argumentación que “la utilización cotidiana de cifras con múltiplos de mil o millones para expresar precios, remuneraciones, presupuestos y operaciones comerciales complejiza innecesariamente las transacciones, los registros contables, los sistemas informáticos y la comunicación pública”.En relación a los gastos que se buscan ahorrar al quitar tres ceros a la moneda, López Murphy le reveló a iProfesional que “es un cambio nominal que baja sustancialmente los costos tanto en impresión (de billetes) como en la parte digital”.

AntecedentesEl texto presentado al cuerpo legislativo repasó los diferentes cambios que ha tenido la moneda de curso legal a lo largo de la historia en Argentina. En este sentido, hace referencia al “peso moneda nacional” que se estableció en 1881 y fue reemplazado por el “peso ley 18.188” que entró en vigor en 1970 y le quitó dos ceros al anterior.A esa denominación le siguió el “peso argentino”, creado en 1983 quitando cuatro ceros al anterior, después se introdujo el “Austral” en 1985 que eliminó tres ceros y luego apareció el peso actual fijado en 1991 que eliminó cuatro ceros. NA.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución 735/2025 publicada del Ministerio de Economía publicada este martes en el Boletín Oficial.El proyecto es titularidad de la empresa Rincón Mining, está localizado en el Salar de Rincón, departamento Los Andes, en la provincia de Salta, y abarca una extensión de 84.687 hectáreas de propiedades mineras.El “Proyecto Rincón” tiene como objetivo principal la producción de 53.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería, utilizando Tecnología de Extracción Directa.El decreto señala que según la presentación de la empresa, existe el potencial de alcanzar las 60.000 toneladas por año a mediano o largo plazo.La inversión total declarada para el proyecto, a partir de la entrada en vigencia del RIGI, asciende a dos mil setecientos cuarenta US$ 2.744 millones de los cuáles la inversión en activos computables será US$ 2.299 millones.El desarrollo del proyecto se prevé en dos etapas. La primera etapa demandará una inversión de US$ 1.653 millones y se ejecutará entre julio de 2024 y diciembre de 2027. La segunda etapa, con una inversión estimada de US$ 646 millones se ejecutará entre los años 2026 y 2029.La fecha límite comprometida por RMPL para cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de junio de 2029. NA.

Para ello está prevista la llegada a nuestra ciudad de Susana Edjang, Directora para Argentina de CAF (Corporación Andina de Fomento) y Eduardo Amadeo, Presidente de la Asociación Civil Observatorio Social. Acompañará Giuliano Rossi, Presidente del Instituto de Vivienda y Tierras Autárquico Municipal (InVyTAM).La rúbrica de este convenio adquiere un valor importante ya que se trata del único ANR que ha aprobado la Corporación Andina de Fomento en la actual gestión del Gobierno Nacional.La agenda de actividades comprende una mesa de trabajo durante el día de hoy entre el Gabinete Municipal y la Asociación Civil Observatorio Social, que tiene entre sus acciones, apoyar al sector público a mejorar la administración de sus programas sociales, con presencia en países latinoamericanos, provincias y municipios de la Argentina.Además, está prevista una visita para mañana a la zona noroeste donde se ejecutó la construcción de 131 soluciones habitacionales conjuntamente entre la Municipalidad, el Gobierno Provincial y la Fundación TECHO, también la relocalización de familias que vivían en situación de emergencia socio ambiental, acción que se realizó con recursos propios de la Municipalidad de Concordia y planes de mejoramiento barrial, entre otras actividades y programas que se han diagramado y aplicado en el sector.

Se postularon más de 20 proyectos, que fueron evaluados en una primera instancia. Los seleccionados para ser parte del laboratorio gratuito son: “El río sabe mi nombre”, de Ana Lucía Vergara; “Eloísa”, de Catalina Cerafia; “Rumores”, de Mateo Osorio; “Memoria del Viento”, de Faustino Sosa; “Cinema Paraná”, de Sara Van Dembroucke; “Viene mamá”, de Victoria de Michele; “Después de la maldición, los milagros”, de Yamila Cabrera; “2008, Entre Ríos”, de Memi Bustamante; y “Alfredo el arte de las formas”, de María Ángeles Terraza Córdoba.Herzog explicó que la convocatoria “surge de un plan integral del Iaaer, cuyos puntos fuertes este año son el fomento y la formación”. En ese sentido, el laboratorio es “una primera experiencia de encuentro entre realizadores de proyectos en desarrollo con quienes podemos acompañarlos para llegar al Foro del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) de este año con proyectos más sólidos que tengan una oportunidad de intercambio con productoras para desarrollar su camino”, sostuvo.Con respecto a los perfiles, de quienes se presentaron, el cineasta comentó que le sorprendió el panorama de los proyectos que se postularon, la diversidad en términos de lenguaje, documentales, de ficción, otros más experimentales, animación, multiplicidad de género, drama, comedia, documentales más autorales, ficciones más riesgosas. Y consideró que el criterio de selección estuvo puesto en el estado de desarrollo de los proyectos.

Se indicó que “el padrinazgo escolar no debe interpretarse como un mecanismo de sustitución del rol del Estado, sino como una herramienta complementaria para ampliar las oportunidades y potenciar el desarrollo educativo en conjunto con las Asociaciones Cooperadoras que tanto trabajan para brindar el mejor acompañamiento hacia nuestros alumnos y alumnas”.Un proyecto de ley que ingresó este martes a la Cámara de Diputados de la provincia, propone crear “el régimen de ‘Padrinazgo Escolar’ en la Provincia de Entre Ríos, con el objetivo de fomentar la participación del sector privado en el fortalecimiento de la educación pública, mediante el financiamiento de obras de infraestructura, provisión de equipamiento, becas, capacitación docente y otras iniciativas que contribuyan a la mejora del sistema educativo”.El proyecto es autoría de la diputada peronista Lorena Arrozogaray. También dispone que “serán beneficiarias del régimen todas las instituciones educativas de gestión estatal de los niveles inicial, primario, secundario y terciario, dependientes del Consejo de Educación”.La autoridad de aplicación, de ser aprobado, será “el organismo que el Poder Ejecutivo establezca”. También sostiene que “podrán ser padrinos de establecimientos educativos personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que suscriban convenios con la Autoridad de Aplicación para la realización de aportes en el marco de la presente ley”.

ContribuciónArrozogaray señaló que “los padrinos podrán contribuir con: 1. Financiamiento total o parcial de obras de infraestructura escolar. 2. Provisión de equipamiento tecnológico, mobiliario y material didáctico. 3. Otorgamiento de becas estudiantiles y capacitaciones docentes. 4. Implementación de programas de conectividad digital. 5. Otros aportes que contribuyan a la mejora de la calidad educativa”.

BeneficiosEl proyecto propone que “las personas humanas y jurídicas que participen en el Régimen de Padrinazgo Escolar podrán acceder a los siguientes beneficios impositivos: 1. En el caso de inversiones en obras de infraestructura escolar el contribuyente podrá deducirse del impuesto determinado, el 50% de la contribución realizada. No pudiendo dicha deducción superar el 20% del impuesto determinado. En caso que lo supere el contribuyente podrá trasladar la deducción a los ejercicios siguientes, hasta lograr completar el porcentaje del 50%”.También indicó que “para la provisión de equipamiento, becas, capacitación docente y otras iniciativas que contribuyan a la mejora del sistema educativo, el contribuyente podrá deducir del impuesto determinado, el 20% de la contribución realizada. No pudiendo dicha deducción superar el 5% del impuesto determinado. En caso que lo supere el contribuyente podrá trasladar la deducción a los ejercicios siguientes, hasta lograr completar el porcentaje del 20%”.En otro punto sostuvo que la “certificación de ‘Padrino Educativo’, otorgada por la Autoridad de Aplicación, que podrá ser utilizada en comunicaciones institucionales y campañas de responsabilidad social empresarial, sin incluir publicidad en establecimientos educativos”.

CondicionesPara ser parte del Régimen de Padrinazgo Escolar, los interesados deberán: “1. Suscribir un convenio con la Autoridad de Aplicación, especificando el objeto del padrinazgo y el aporte comprometido. 2. Presentar comprobantes de las inversiones o donaciones efectuadas, con la documentación respaldatoria correspondiente que la Autoridad de Aplicación establezca por reglamentación. 3. No poseer deudas fiscales ni antecedentes de incumplimiento en programas de padrinazgo previos. 4. No ser proveedores del Estado provincial con contratos vigentes en el área educativa, a fin de evitar conflictos de interés”.Arrozogaray fundamentó que “en el contexto actual de crecientes desafíos presupuestarios y ante la gran necesidad de fortalecer los establecimientos educativos, resulta fundamental explorar mecanismos innovadores que permitan complementar la inversión estatal sin comprometer la gratuidad y equidad del sistema educativo”.Añadió que “en ese sentido, históricamente, la colaboración entre el sector público y privado ha demostrado ser un factor clave en la generación de mejoras estructurales en diversas áreas. En materia educativa, experiencias nacionales e internacionales han evidenciado que la articulación con empresas, organizaciones y particulares comprometidos con el desarrollo social puede traducirse en mejoras sustanciales en infraestructura, acceso a tecnología, capacitación docente y calidad educativa”.

El contrato se firmó el jueves durante la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Camboya, parte de una gira por el sudeste asiático que incluyó también escalas en Vietnam y Malasia. Xi regresó a China el viernes.El proyecto, paralizado desde poco después de la ceremonia de inauguración celebrada el 5 de agosto, ha sido calificado por el primer ministro camboyano Hun Manet como una prioridad nacional. “El canal se construirá cueste lo que cueste”, dijo entonces, al destacar su importancia para la “prestigio nacional, la integridad territorial y el desarrollo de Camboya”.El acuerdo firmado corresponde a un contrato de asociación público-privada. Por parte del gobierno camboyano firmó el vice primer ministro Sun Chanthol, mientras que el socio privado, Funan Techo Coastal-Inland Waterways Company Ltd., estuvo representado por Ieng Sunly. El esquema financiero contempla una participación mayoritaria camboyana del 51?%, con un 49?% en manos de inversores chinos.La obra, desarrollada bajo el modelo de construir-operar-transferir, incluye la excavación del canal y la construcción de esclusas, así como infraestructura logística y de navegación. Permitirá el tránsito de embarcaciones de hasta 3.000 toneladas de peso muerto.Según el anuncio del viernes, el canal “creará un nuevo corredor fluvial-marítimo interior”, capaz de reducir significativamente los costes logísticos nacionales. Wang Tongzhou, presidente de la empresa estatal China Communications Construction Company (CCCC), afirmó que la infraestructura será “un nuevo motor para el crecimiento económico nacional” y facilitará la transición industrial de Camboya hacia segmentos de mayor valor añadido.CCCC es la matriz de China Road and Bridge Corporation, empresa encargada de la construcción del canal entre el río Bassac y la provincia costera de Kep. La compañía ha sido objeto de críticas por su implicación en escándalos financieros y figura en una lista negra de Estados Unidos por colaborar en la construcción y militarización de islas artificiales en el mar de China Meridional.El canal, una vez completado, se estima que generará “hasta 50.000 empleos directos e indirectos” en Camboya, según la agencia estatal.Diversos sectores han expresado preocupación por el posible impacto ecológico del proyecto. Los críticos advierten que podría alterar los patrones naturales de inundación del río Mekong, agravando las sequías y reduciendo la llegada de sedimentos fértiles al delta del Mekong en Vietnam, una región crucial para la producción arrocera y la seguridad alimentaria regional.La agencia gubernamental señaló en el comunicado que se llevó a cabo una “rigurosa Evaluación de Impacto Ambiental con 48 especialistas”, la cual concluyó que el proyecto tendría un impacto ambiental “mínimo”. Añadió que el diseño del trazado evita “comunidades densas y sitios culturales”, y que se ha iniciado un proceso de compensación y consulta con las poblaciones afectadas. (Con información de AP)

El proyecto fue presentado por las firmas PCR y Acindar, que planean construir un parque eólico en el país.“Nuevo RIGI presentado”, escribió Caputo, sobre la nueva propuesta que recibió el Gobierno en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos (baja del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada de IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros) para las empresas que planteen desembolsos superiores a los US$ 200 millones en proyectos en áreas como la forestoindustria, la minería, la energía, la tecnología, la infraestructura o la siderurgia, entre otras.La nueva iniciativa estará a cargo de PCR, una empresa especializada en hidrocarburos, energías renovables y la producción de cemento, y Acindar, fabricante de aceros largos en el país, e involucra el desarrollo de un parque eólico en Olavarría.El proyecto había sido anunciado formalmente en noviembre, y comprende instalaciones que alcanzarán unos 180MW de potencia.Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas (51% y 49%, respectivamente) en la empresa GEAR 1 S.A. (Generación Eléctrica Argentina Renovable I), que es titular y opera el parque eólico y solar San Luis Norte.Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia total de 112,5MW.Días atrás, antes de Navidad, el comité evaluador del RIGI, dependiente del Ministerio de Economía, aprobó formalmente el primer proyecto en ese marco. Se trata del parque solar Mendoza a cargo de YPF Luz, según lo confirmó el ministro Caputo. La carpeta se había presentado el 25 de octubre.La reglamentación del RIGI dispuso que este comité dispone de un plazo de 45 días desde que se presenta el proyecto para evaluar las condiciones y aprobar o descartar su adhesión.Hasta acá hay una decena de proyectos presentados, que esperan su aprobación, en los sectores minero, gasífero y siderúrgico.La que más dólares promete es la de PAE. Se trata de la instalación de un buque de licuefacción de gas en Río Negro, para exportar, en modo de GNL (gas licuado), las moléculas extraídas de Vaca Muerta.Esta inversión necesitará US$ 2.900 millones en dos etapas, aunque los montos pueden ascender a US$ 7.000 millones después del año 2035. La firma de los Bulgheroni no está sola en este proyecto.La presentación formal la hizo Southern Energy, una firma recientemente constituida de la cual son accionistas PAE y Golar LNG, la compañía noruega dueña del buque que llegará al país en tres años.La segunda inversión más grande que se encuentra en la gatera del RIGI es la de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, con unos US$ 2.900 millones comprometidos. Si bien YPF ha encabezado, en términos públicos, las presentaciones de este proyecto, un consorcio de empresas la acompañan: son PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina.En San Juan concentrará sus trabajos la empresa Minas Argentinas, que presentó su proyecto por unos US$ 1.000 millones para desarrollar “Carbonatos Profundos” y casi cuadruplicar su actual producción de oro durante un período no menor a 17 años.El litio también recibió iniciativas en el marco del RIGI. Posco anunció una inversión de US$ 1.000 millones para desarrollar su proyecto en Salta.En tanto, la empresa australiana Galan Lithium también anunció una inversión de US$ 200 millones para avanzar con el proyecto Hombre Muerto Oeste, en Catamarca.Otro proyecto presentado para el RIGI es el de Sidersa, con una planta de acero verde en la provincia de Buenos Aires. Según informó la compañía, el proyecto demandará una inversión de US$ 300 millones. NA.

En días anteriores, se llevaron a cabo las entregas en otras instituciones educativas de la ciudad, como la Escuela Secundaria N°9 “Intendente Gerardo Yoya”, la Escuela Secundaria N°27 “Dr. Domingo Santo Liotta” y la Escuela Secundaria N°35 “Cabo Sendrós”.El proyecto, impulsado por la Municipalidad de Concordia, tiene como objetivo principal la formación de los jóvenes en los principios del cooperativismo y la economía social, fomentando su participación activa y el desarrollo de habilidades que fortalezcan su futuro profesional y personal.En la entrega realizada en la Escuela Secundaria N°9 “Intendente Gerardo Yoya”, participó además la Presidenta de TEKOA COOP. para la Educación, Prof. Silvina M. Carmarán, quien compartió con los presentes la importancia del trabajo cooperativo en la formación educativa de los jóvenes.A lo largo de las ceremonias, estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer; el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui; el Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; y la Coordinadora del proyecto, Andrea Popelka.Durante el evento, Ariel Gorostegui destacó: “Este tipo de proyectos son fundamentales porque acercan a los jóvenes al cooperativismo, promoviendo valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la responsabilidad social. Es una manera de brindarles herramientas prácticas y teóricas que podrán aplicar en el futuro para construir una sociedad más inclusiva y colaborativa”.Por su parte, la Coordinadora del proyecto, Andrea Popelka, agregó: “El entusiasmo y compromiso de los estudiantes nos demuestra que este tipo de iniciativas realmente marcan la diferencia. No solo logran transmitir conocimientos, sino que fortalecen la participación activa de los jóvenes en temas de desarrollo social y económico, preparándolos para un futuro con más oportunidades”.