Tras la reunión de la mesa política, el Gobierno anunció que impulsará un nuevo paquete de leyes al Congreso Nacional: van desde Discapacidad hasta la modificación en el Código Penal y la propiedad privada.El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre los cambios que buscarán aprobar en el Legislativo y excluyó la reforma política de los proyectos prioritarios.En esa línea, Adorni detalló que el primer proyecto será la modificación del Código Penal, “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”. También se incluirán leyes sobre propiedad privada: la ley de Expropiaciones, Ley de Tierras, Ley de Fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.Además, explicaron desde la Casa Rosada, se avanzará con la Ley de Glaciares, la modificación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento universitario “para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.El paquete de leyes que enviarán al Congreso fue definido hoy en una reunión de la mesa política en la Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.También formaron parte el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la senadora Patricia Bullrich. A estos encuentros se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.La reunión buscó establecer el orden de prioridades legislativas del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Según el esquema que se analiza en el oficialismo, el primer proyecto que se impulsaría sería la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril.El objetivo del encuentro es definir el cronograma de envío de iniciativas y acordar la estrategia de negociación con los bloques aliados y con los gobernadores, clave para reunir los votos necesarios en el Congreso. (TN)

La propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y debe ser defendido sin titubeos. Solicitamos que el Poder Judicial actúe con celeridad en estos casos y tome decisiones para restituir la confianza y defender el Estado de derecho. A las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, solicitamos que planteen en forma pública una posición clara en defensa de la Constitución y la legalidad.

El país atraviesa una crisis económica difícil y, como ya ha manifestado el CEER con anterioridad, la actividad privada deberá cumplir un rol central en la recuperación. Para ello es fundamental la seguridad jurídica y la confianza de los argentinos en el rumbo del país. Entre Ríos debe generar un clima favorable para las inversiones, la producción y la generación de empleo formal privado si quiere avanzar hacia el desarrollo. Este es el único camino capaz de dar bases sólidas a las soluciones de sus problemas estructurales. Las violaciones a la propiedad privada, por lo tanto, son un problema muy grave que compromete el futuro de la provincia.

La legalidad y los derechos de todos los argentinos deben ser respetados. Una actitud ambigua del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre las usurpaciones alimentaría la incertidumbre y minaría las bases de la paz social. Estas situaciones exigen mensajes claros y esfuerzos para defender el Estado de derecho y las garantías constitucionales. Cualquier diálogo debe comenzar por un principio de convivencia elemental, que es el respeto a la Constitución Nacional.