El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros. La decisión fue adoptada luego de que distintos bloques aliados manifestaran su rechazo a la iniciativa, poniendo en riesgo la aprobación del resto del paquete legislativo previsto para su tratamiento en el Senado.

La modificación permitirá que la Cámara alta continúe este jueves con el debate del proyecto, retomando el cuarto intermedio dispuesto el 16 de julio. El temario mantendrá los artículos vinculados con el régimen de desalojos, las expropiaciones y los cambios propuestos a la Ley del Fuego, mientras que la cuestión de la propiedad de tierras será analizada más adelante en una iniciativa independiente.

Desde el oficialismo consideran que esa estrategia facilitará la búsqueda de consensos con el denominado “grupo de los 44”, integrado por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de fuerzas provinciales.

El punto más cuestionadoEl apartado finalmente retirado proponía ampliar al 25 por ciento el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras y eliminar restricciones vigentes, entre ellas el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y las limitaciones para la adquisición de inmuebles ubicados en áreas de frontera o próximas a recursos hídricos.La propuesta encontró una fuerte resistencia por parte de varios gobernadores y legisladores provinciales. Entre quienes expresaron públicamente su rechazo estuvieron los mandatarios Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa, este último al sostener que su provincia no acompañará iniciativas que favorezcan la extranjerización de la tierra.

Continúa el tratamiento del resto del proyectoA pesar de la eliminación de ese capítulo, el proyecto mantiene otros cambios impulsados por el Ejecutivo. Entre ellos figuran la agilización de los procesos de desalojo mediante procedimientos sumarísimos, modificaciones en el régimen de indemnizaciones por expropiaciones y la flexibilización de la normativa que regula el uso de campos afectados por incendios.

El Gobierno apuesta a conseguir la aprobación de este texto reducido luego de varios intentos frustrados para reunir los votos necesarios en el Congreso. En paralelo al debate parlamentario, organizaciones sindicales y movimientos sociales anunciaron movilizaciones frente al Congreso para expresar su rechazo a distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo.