En el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, el Gobierno nacional avanzó con una nueva definición clave para el sistema ferroviario: el destino de los fondos generados por la venta de material rodante. La medida, oficializada en el Decreto 282/2026 publicado en el Boletín Oficial, se inscribe dentro de una estrategia más amplia de reorganización del transporte de cargas y financiamiento de infraestructura.El eje central de la normativa establece que los ingresos obtenidos por la venta de material rodante que forme parte de los contratos de concesión serán asignados a un fideicomiso específico. Este instrumento, ya existente dentro del esquema del Sistema de Infraestructura de Transporte, tendrá como destino principal el financiamiento y pago de obras sobre las vías ferroviarias que serán concesionadas.Desde una perspectiva logística, la medida busca alinear los flujos financieros con las necesidades de inversión en infraestructura, un aspecto crítico para mejorar la capacidad operativa del sistema ferroviario. La asignación de recursos al fideicomiso permite establecer un mecanismo directo entre la monetización de activos y la ejecución de obras, reforzando la sostenibilidad del modelo de concesiones.Además, el decreto contempla que parte del material rodante podrá integrarse directamente en los procesos de licitación de las vías. Esta decisión tiene un impacto relevante en la estructura de negocio de los futuros concesionarios, ya que les permitirá contar con una fuente adicional de ingresos durante la etapa inicial de operación, contribuyendo a la viabilidad económica de los proyectos.Este punto resulta clave en el contexto de transición hacia un esquema de acceso abierto a la red ferroviaria, donde la coordinación entre infraestructura, operación y financiamiento define la eficiencia del sistema logístico.Otro aspecto central del decreto es la instrucción al Ministerio de Economía para determinar el precio de venta del material rodante. Para ello, se establece como referencia mínima la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que introduce un criterio técnico en la valorización de los activos.Este mecanismo busca ordenar el proceso de transferencia de activos, evitando distorsiones en los valores y asegurando que los recursos generados mantengan coherencia con el objetivo de financiar infraestructura ferroviaria.En paralelo, la Secretaría de Transporte deberá incorporar en los pliegos licitatorios la identificación del material rodante que será incluido en las concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Esta definición impacta directamente en la configuración de las futuras operaciones, ya que condiciona la planificación logística y la estructura de servicios que podrán ofrecer los concesionarios.Desde el punto de vista del transporte y la logística, el decreto introduce un cambio relevante en la forma en que se articulan los activos, la infraestructura y los flujos de inversión dentro del sistema ferroviario.La integración entre venta de material rodante, concesión de vías y financiamiento de obras configura un esquema donde cada componente del sistema cumple un rol específico dentro de la cadena de transporte. Este enfoque busca mejorar la eficiencia general, reducir cuellos de botella y fortalecer la capacidad de respuesta del ferrocarril como modo clave para el movimiento de cargas.En este contexto, la medida también refuerza el rol del fideicomiso como herramienta de gestión financiera, permitiendo canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura con impacto directo en la competitividad logística.

El Gobierno nacional oficializó este martes la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, enfocada específicamente en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. La medida, dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, busca garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos ante la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas de Vaca Muerta a los centros de consumo.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete reconoce que las obras de ampliación de gasoductos “recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”, lo que obliga al país a seguir dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda residencial y la generación eléctrica.La normativa introduce un cambio drástico en la operatoria de comercio exterior: el Estado busca retirarse como importador directo a través de ENARSA y ceder ese rol al sector privado.El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a realizar un concurso competitivo para seleccionar a un comercializador privado que se encargue de importar el GNL y regasificarlo utilizando la terminal de Escobar (la única operativa actualmente). El Ejecutivo argumentó que la intervención estatal previa “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”.Sin embargo, ante la existencia de una única terminal de ingreso (monopolio natural), el DNU establece un “precio máximo” para la venta de ese gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. Este tope se calculará en base a un marcador internacional más los costos logísticos, para evitar abusos de posición dominante por parte del futuro operador privado.Cuello de botella: existe una falta de capacidad de transporte para llevar el gas desde la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) hacia Buenos Aires y el Litoral.Dependencia del GNL: sin la importación de barcos metaneros, “la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha en los días más fríos”.Plan B: si fracasa la licitación para que un privado se haga cargo de la importación, ENARSA deberá asumir nuevamente la responsabilidad de garantizar el suministro.

La primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta Entre Ríos y Santa Fe.La Etapa I está conformada por más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay y, además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico. Según consignó Economía en el comunicado, “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.Los sobres económicos de las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14 —la llamada “Ruta del Mercosur”— fueron abiertos a principios de noviembre de 2025.Para el Tramo Oriental, sobre las rutas nacionales 12 y 14, el Gobierno planteó una tarifa de referencia de $3700 y un tope de $4300. “La ganadora fue Autovía Construcciones y Servicios, con una oferta de $3563,45, por debajo del valor indicativo oficial. Detrás quedaron Rovella Carranza, Paolini y Benito Roggio e Hijos, todas ellas firmas con trayectoria en el ecosistema de la obra pública”, se precisó entonces.Autovía Construcciones y Servicios forma parte del grupo José Cartellone, una de las constructoras que deberá dividir sus días entre las audiencias de la causa Cuadernos y la administración de una de las rutas más importantes de la Argentina. En el Tramo Conexión, que abarca el puente Rosario-Victoria, la licitación repitió la liturgia: tres oferentes y una adjudicación que refuerza el mapa tradicional del sector. El cuadro nuevamente iluminó a un conocido: Obring SA, con una tarifa de $3385,80 frente a un tope oficial de $4050 y una referencia de $3300. La segunda fue Cosyser, y la tercera, otra vez, Autovía Construcciones.Al momento de la adjudicación, fuentes oficiales dijeron que los ganadores de la licitación tomarían posesión de los tramos “a mediados de diciembre”, pero finalmente los plazos se extendieron unas semanas y “la entrega de la llave” a las constructoras se realizó casi un mes más tarde.

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que se trata de los Tramos Oriental y Conexión que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. Según manifestó, “facilitan” el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos “estratégicos”.A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario. Esto -según el funcionario- “potenciará las exportaciones y la logística”.“Se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.Por último, agregó que desde el Ejecutivo continúan trabajando “para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.En noviembre, la administración libertaria había realizado la apertura de las ofertas correspondientes a la Etapa I.La primera etapa de la Red Federal de Concesiones se lanzó en enero del 2025 y cerró el 5 de agosto de ese año. Incluye, principalmente, a las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria y 3 pasos fronterizos.

Control de los tramosEn virtud de lo comunicado por la cartera que maneja Caputo, el manejo de los tramos quedará dispuesto de la siguiente manera. A partir del miércoles 7 de enero, las empresas adjudicatorias comenzarán con la gestión.Tramo Oriental: la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes). Tramo Conexión: la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

El Gobierno dio este jueves 7 de noviembre un paso clave en su plan de reconfiguración del sistema hidroeléctrico nacional: dio conocer las nueve empresas oferentes para operar durante los próximos 30 años las cuatro represas más importantes del Comahue -Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita-, que juntas representan cerca del 15% de la generación eléctrica de la Argentina.Según informó oficialmente la Secretaría de Energía de la Nación, la licitación tiene por objeto la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que operan cada una de las represas, marcando un paso decisivo hacia un “modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada”.Si bien hubo avances en eficiencia energética globalmente, en Argentina el estancamiento de la actividad económica y la lenta progresión de las energías limpias explican que las emisiones CO2 no hayan descendido.“El proceso generó un alto interés: durante el período de consultas de los pliegos se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas por parte de potenciales oferentes nacionales e internacionales. El diseño de la licitación se elaboró en coordinación con los gobiernos de Neuquén y Río Negro. En esta nueva etapa, el proceso continuará con el análisis de la calificación técnica y luego con la apertura y análisis del sobre económico”, remarcaron desde la oficina de María del Carmen Tettamanti.Con esta medida, el Gobierno afirmó que continúa “avanzando en la transformación del sector energético, retirando al Estado del rol de operador para dejar que el capital privado lidere las inversiones, con reglas claras, transparencia y competencia en la gestión de los recursos estratégicos del país”.Según pudo saber Energy Report, nueve empresas presentaron sus ofertas, tanto de los actuales operadores como nuevos jugadores: ENEL Generación S.A.; AES Argentina Generación; Central Puerto S.A.; IPS Renewal S.A. (propuesta IPS Renewal); Central Costanera S.A;  Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (consorcio formado por Genneia, Aluar, Futaleufú); BML Inversora SAU (propuesta del Conjunto Económico); Pampa Energía S.A.; Edison Inversiones S.A. (porpuesta Poseidón)El proceso prevé adjudicar los complejos antes de fin de año, tras una revisión técnica y de antecedentes que pondrá especial atención en el historial judicial de las compañías.

Cómo es el proceso de privatización de las represasEl proceso, impulsado por la Secretaría de Energía y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del programa de privatizaciones iniciado este año bajo la administración de Javier Milei. La intención oficial es renovar los contratos vencidos en 2023, bajo un esquema que combine participación privada, mayor control estatal y la incorporación de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.El atractivo económico es significativo: el Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos, todos activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio del sistema interconectado nacional. Los nuevos concesionarios deberán abonar un canon a las provincias por el uso del agua y destinar un porcentaje de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Avanzan auditorías por otras siete represas hidroeléctricasMientras tanto, Energía avanza en paralelo con una segunda fase del proceso: la preparación de la licitación para otras siete represas cuyos contratos están por vencer entre fines de 2025 y mediados de 2026. Se trata de los complejos Cabra Corral, El Tunal, Futaleufú, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, todos actualmente bajo la órbita de ENARSA.Para ello, la empresa estatal lanzó una licitación internacional para realizar una auditoría técnico-económica que permitirá evaluar el estado operativo, la vida útil de los equipos y las inversiones necesarias para garantizar su mantenimiento y modernización. Esa tarea será clave para definir los pliegos de la nueva ronda de concesiones, que podría publicarse en 2026.El plan se apoya en el Decreto 67/2025, que habilitó la desintegración vertical de las empresas hidroeléctricas y la apertura a capitales privados. La norma divide los activos en tres unidades de negocio: material rodante (a rematarse en lotes), vías e inmuebles (a concesionar) y talleres ferroviarios (también bajo concesión). A través de la Resolución 1049/2025, el Ministerio de Economía fijó además un plazo de doce meses para concretar el proceso, con el objetivo de garantizar eficiencia, seguridad y continuidad operativa.Desde el Gobierno defienden la medida como un paso hacia la modernización y la sustentabilidad del sistema hidroeléctrico argentino. “La participación privada permitirá asegurar inversiones, mejorar la gestión y reducir la carga fiscal del Estado, sin perder el control estratégico del recurso”, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda.El proceso del Comahue es apenas el primer capítulo de un rediseño más amplio del mapa hidroeléctrico argentino. Con la vista puesta en un futuro de mayor demanda energética y de exportaciones eléctricas regionales, la administración nacional apuesta a que el capital privado sea motor de la próxima etapa de desarrollo de la infraestructura energética del país.AF.

Las empresas, que pertenecen a ENARSA (98%) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (2%), se venderán antes de fin de año, completando así una de las privatizaciones más relevantes dentro del programa oficial.Con la publicación del decreto 590/2025, el Ejecutivo autorizó formalmente la venta de las acciones de las hidroeléctricas y facultó al Ministerio de Economía a establecer las pautas del concurso, incluyendo el esquema de remuneración de los futuros concesionarios.En agosto, el Ministerio de Economía había lanzado la convocatoria, aprobando el pliego de condiciones y habilitando a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a realizar aclaraciones y modificaciones al documento.De acuerdo con la resolución, se incorpora ajustes y precisiones al pliego y sus anexos, en respuesta a consultas realizadas por los interesados en el proceso.Las empresas fueron recuperadas por el Estado nacional en abril de 2024, cuando vencieron las concesiones otorgadas a las empresas privadas en la década de 1990. Desde entonces, el Gobierno buscó garantizar la continuidad operativa de los complejos y definir un nuevo esquema de administración.En agosto de 2024, mediante el decreto 718, se otorgaron las nuevas concesiones a las sociedades conformadas por ENARSA y NASA, que quedarían en manos de los futuros adjudicatarios una vez concluido el proceso licitatorio.

Nucleoeléctrica Argentina lleva adelante la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno.“Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente USD 2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada”, señaló el gobierno en un comunicado. El portavoz adelantó que el decreto para formalizar el proceso se publicará en los próximos días y afirmó que la decisión está contemplada en la Ley Bases.Por medio de esa ley se autorizó el pase de la compañía a manos privadas pero manteniendo el control mayoritario del Estado.Según explicó Adorni, el plan consiste en vender el 44% de las acciones de la empresa en un solo bloque a través de una licitación pública que será tanto nacional como internacional.Adicionalmente, se implementará un Programa de Propiedad Participada que reservará hasta un 5% del capital accionario para los trabajadores de la compañía.Desde la Secretaría de Energía, comunicaron que esta iniciativa busca “la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario” de la empresa.Nucleoeléctrica Argentina es una pieza clave del sector energético nacional, responsable de la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. NA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó a través de su cuenta oficial de X que el Gobierno avanzará con la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales, dentro de un esquema de concesiones que busca atraer inversión privada y mejorar la infraestructura vial. En su anuncio detalló que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, que incluye los tramos de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174. En tanto, los 8.384 kilómetros restantes –que forman parte de las etapas 2 y 3– serán licitados a nivel nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar en los próximos días.“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, afirmó Caputo.

Ajuste y señales al mercadoEl anuncio vial se dio en paralelo a una aparición pública del ministro en un canal de streaming, donde participó junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Allí aseguraron que el Gobierno se encamina a suavizar el “súper apretón monetario”, que generó tensiones en la actividad.Según Bausili, “la semana pasada se cortó totalmente la oferta de divisas, pero ahora se están operando volúmenes normales, por lo que no fue necesario que intervinieran ni el Tesoro ni el Banco Central”. Y agregó: “El fuerte apretón era transitorio, ahora vamos hacia una situación más normal. Es cierto que muchas empresas enfrentaron complicaciones por las tasas y la falta de pesos”.

El plan de concesiones, sumado a la promesa de distender la política monetaria, apunta a recuperar confianza en los mercados y reactivar la economía, en un contexto de fuerte presión social y política tras los últimos resultados electorales.

Lo hizo a través de la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.La empresa, ahora en manos del Estado, administra los siguientes tramos:I        RN 34 y RN 9 (Santa Fe–Santiago del Estero)      327,11 kmII       RN 188 (Pergamino–Empalme RN 7) 90,01 kmIII      RN 12 y RN 16 (Empalme RN 123–Posadas)       464,85 kmIV      RN 8, RN 36 y A005 (Pilar–Villa Mercedes) 665,96 kmV       RN 19 y RN 34 (Santo Tomé–Río Primero) 280,20 kmVI      RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012    214,52 kmVII     RN 3, RN 226 y RN 205 (Ezeiza–Cañuelas) 245,26 kmVIII    RN 7 (Luján–Límite Córdoba/San Luis)         590,74 kmIX      Acceso Ricchieri & Ezeiza–Cañuelas 13,86 kmX       RN 5 (Pascual Simone–Santa Rosa, La Pampa) 538,65 km

El decreto 97/2025 autorizó la privatización total de Corredores Viales SA. La modalidad aprobada para esta privatización incluye la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, Tramo VI y Tramos VII a X, asignados a Corredores Viales SA.La propuesta de privatización no prevé el otorgamiento de preferencias ni la aplicabilidad de un programa de propiedad participada.Para la implementación de este proceso, se han instruido diversas acciones a entidades específicas:A la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía se le ha encomendado:• Realizar el inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Ministerio de Economía.• Elaborar el documento de extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión, que procederá una vez perfeccionados los nuevos contratos.• Proponer la conformación de los tramos de la red vial nacional, pudiendo excluir o incluir nuevos tramos según resulte oportuno para su concesión.• Efectuar un relevamiento del estado actual de los tramos a concesionar y de las obras de infraestructura, con facultad para requerir la rescisión de contratos no prioritarios.• La elaboración y tramitación de la documentación licitatoria, técnica y contractual respectiva, con intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” deberá:• Coordinar las medidas necesarias para la concesión de los tramos de la red vial nacional en un plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la resolución.• Posteriormente, proceder a la disolución y liquidación de Corredores Viales SA.• Solicitar a un organismo del Sector Público Nacional la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la concesión de obra pública por peaje.• Requerir a Corredores Viales SA y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la confección del inventario de bienes que constituyen el patrimonio de la empresa.• Solicitar la tasación de los bienes de Corredores Viales SA al Tribunal de Tasaciones de la Nación o a un organismo del Sector Público Nacional, de forma previa a su disolución y liquidación.Todos los procedimientos objeto de esta medida serán llevados a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, según lo dispuesto por el decreto 416/2025

Durante su visita a Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio negó de manera categórica la posibilidad de privatizar Enersa o la represa binacional Salto Grande, afirmando que no existe viabilidad jurídica ni política para avanzar en ese sentido.En paralelo, destacó la puesta en marcha de programas sociales nacionales como Centros de Familia y Ver para ser libres, que ya alcanzan a miles de familias y estudiantes entrerrianos.Sobre la situación financiera, subrayó que su administración trabaja para reducir la deuda heredada y refinanciar compromisos, con el objetivo de dejar una provincia ordenada, con obras y crecimiento.Respecto al escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, aseguró que “es saludable que la Justicia avance con rapidez y transparencia”. 

El Gobierno se aseguró un paso indispensable para avanzar en la reprivatización de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue y abrirá en los próximos días el proceso de licitación nacional e internacional para operarlas por 30 años.Tras meses de negociaciones, la gestión de Javier Milei logró llegar a un acuerdo con Neuquén y Río Negro, donde están ubicadas las represas, sobre la administración de los recursos hídricos y el canon que recibirán esas jurisdicciones por la generación de energía eléctrica de las centrales.El convenio era el paso obligado para que se conozcan los pliegos de bases y condiciones de una licitación en la que el Gobierno espera recaudar unos US$500 millones, según calculó el ministro de Economía, Luis Caputo.Según pudo saber TN, en el sector energético esperan que este lunes 18 de agosto se oficialice el llamado a licitación y se conozcan los pliegos para avanzar en el proceso de concesión de las sociedades hidroeléctricas Alicurá-que opera AES Argentina-; El Chocón -grupo Enel- ; Cerros Colorados-grupo Orazul- y Piedra del Águila, ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro.Esas centrales, que están ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro, representan el 10% de la generación de energía del país y son clave por ser de producción limpia y porque el costo es menor que las que utilizan combustibles fósiles para operar (las centrales térmicas).

El acuerdo que destrabó la puesta en marcha de la reprivatización de cuatro represas claveEn el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años, según destacaron desde los distritos provinciales.También se acordaron criterios para la distribución de regalías sobre la totalidad de los ingresos por la generación eléctrica y un canon específico por el uso del agua.Además, se fijaron plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, con compromisos de las concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas preventivas.

El proceso hacia la privatización de las represas del ComahueLas cuatro sociedades hidroeléctricas que el Gobierno avanzará en privatizar son: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.Esas empresas fueron creadas por Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a través del decreto 718/2024 para privatizar, luego de que en agosto de 2023 se vencieran los plazos de concesión de 30 años.El gobierno de Alberto Fernández negociaba con las provincias la creación de un ente estatal para administrarlas, sin la intervención de privados, pero extendió la operatoria en manos de los concesionarios vencidos en agosto de 2023.En la gestión de Javier Milei, mientras se negociaba con las provincias, se prorrogaron en siete oportunidades los plazos de la operación, incluida la nueva extensión que rige desde este 8 de agosto.La última prórroga se extenderá hasta que el 30 de diciembre de 2025 o hasta que culmine el proceso de licitación, que el Gobierno buscará poner en marcha en los próximos días. (TN)

Luego de presentar ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que el tribunal suspenda la entrega del 51% de las acciones en manos estatales de YPF, Argentina se comprometió a entregar información a los beneficiario del fallo vinculada a la privatización de empresas estatales.Así lo informó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. “Este acuerdo y otros, forman parte del proceso de discovery de activos del estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia. El 29 de Julio habrá una reunión con la Jueza Preska para destrabar ciertos temas pendientes sobre este discovery”, comunicó.El conocedor del caso explicó que Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, tanto aquellas sobre las que hay “rumores” como las que ya están en camino de pasar a manos privadas. Argentina quiere dar detalles únicamente sobre estas últimas. Por eso, en los últimos días se publicaron varios decretos que hacen avanzar los procesos. Es el caso de Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.“Se está discutiendo porque los beneficiarios quieren todo lo vinculado a las privatizaciones: comunicaciones privadas, no privadas, públicas, no públicas. Whatsapps entre los funcionarios, mensajes, discusiones internas, valuaciones todo eso es parte del discovery para conocer la información sobre los activos argentinos pueden ser embargados”, precisó Maril.Los beneficiarios se harían de las divisas en caso de que alguna empresa estatal sea vendida a alguna firma. Para ello, piden esos detalles.En paralelo, Argentina busca que la suspensión se mantenga de manera definitiva y sin condiciones, sin ofrecer garantías de ningún tipo. Aspira a que se extienda hasta que la misma corte —conformada por otros tres jueces que aún no se pronunciaron— resuelva la “cuestión de fondo”: si la Argentina incurrió en una expropiación indebida de la empresa en 2012 y debe pagar una indemnización que, según el fallo de primera instancia firmado por la jueza Loretta Preska en 2023, ya supera los USD 17.500 millones.En el medio, el gobierno de EE.UU presentó un amicus curiae para apoyar el pedido del país, e incluyó fuertes críticas al fondo Burford.Entre los argumentos de Argentina, se encuentra que el fallo interpretó mal la ley del Estado de Nueva York y que no respeta lo que se conoce como comity, o principio de cortesía internacional; que se viola la inmunidad soberana del país; y que las acciones de la empresa no están depositadas en Estados unidos.Además, consideraron que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de “disipación” de los activos.Tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. “El Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”, indicaron desde la Procuración del Tesoro, la cual lleva adelante el caso.En tanto, el próximo 5 de agosto, detalló Maril, la Corte de Apelaciones decidirá si acepta, suspende o rechaza la apelación de la ONG RA4ARG de anular el fallo y si recomienda al Departamento de Justicia iniciar una investigación sobre la manera en la cual fueron adquiridas las acciones de YPF entre el 2008 y 2011.Está decisión ocurrirá el día después que Argentina y los beneficiarios del fallo, presenten sus escritos sobre el tema corrupción.Sucede que dicha ONG sostiene que existieron maniobras corruptas en la adquisición de acciones antes de la nacionalización de la empresa, lo que, a su criterio, invalida la sentencia adversa dictada. Infobae.

El Gobierno nacional llamó a licitación pública para concesionar las rutas nacionales que conectan con Brasil y Uruguay, avanzando con el proceso de privatización, mediante la Resolución 29/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.La convocatoria a participar de la licitación está dirigida a empresas nacionales e internacionales que busquen ocuparse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.Los caminos viales que se van a concesionar están agrupados en el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, ambos del proyecto denominado “Red Federal de Concesiones - Etapa 1”, que suman un total de 741 kilómetros, dentro de los más de 9.000 que conforman el sistema.El Tramo Oriental está compuesto por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y 3 pasos fronterizos que unen el país con Brasil y Uruguay. Mientras que el Tramo Conexión lo compone el Puente Rosario-Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.Con respeto al Tramo Oriental, el texto oficial destacó que “es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.Asimismo, remarcó que “el tramo Conexión resulta de importancia estratégica a nivel regional, y para el desarrollo económico, social y logístico del país en general”.Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en el sistema Compr.ar hasta el 5 de agosto de 2025 a las 12.00 horas, mientras que el mismo día se llevará a cabo la apertura del Sobre N° 1 a través del portal CONTRAT.AR.Desde el Gobierno destacaron que “el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales”.Asimismo, recordaron que “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.A su vez, aclararon que “Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial”. NA.