Además, se informó que a Bolsonaro se le prohíbe salir de su domicilio durante la noche y los fines de semana, utilizar redes sociales, comunicarse con su hijo Eduardo y acercarse a embajadas.El Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en una causa en la que está procesado por un supuesto entramado golpista, de acuerdo con la información del sitio France 24.El exmandatario de extrema derecha y siete de sus antiguos colaboradores están siendo investigados por el máximo tribunal por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.Esta etapa del proceso ha estado marcada por las críticas de Donald Trump, quien considera que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y amenazó al gobierno brasileño de imponer aranceles del 50% a las importaciones que Estados Unidos realiza desde el país sudamericano.Desde entonces, la familia Bolsonaro insistió que en que la única alternativa para que Trump no avance con esa política arancelaria sería que el Congreso de Brasil determine una amnistía contra el expresidente, que ya fue inhabilitado a ejercer cargos públicos en otra causa a cargo de la justicia electoral.“Solo existe ese camino” [el de la amnistía], señaló el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario que está desde marzo pasado en Estados Unidos abogando ante el Gobierno de Trump por “justicia” para su padre y se atribuye haber influido en la amenaza del líder republicano en torno a los aranceles para presionar a Lula da Silva.Tendrá que estar bajo arresto domiciliario desde la noche hasta la mañana (desde las 19hs a las 7hs), y también los fines de semana, precisa el sitio del canal francés.Bolsonaro fue llevado a la PF para que le colocaran el dispositivo en el tobillo, informaron medios locales.El máximo tribunal de Brasil aún no definió una sentencia, pero según fuentes del STF citadas por el diario O Globo, la misma podría conocerse entre septiembre y octubre.La Policía Federal se encontraba en la mañana de este viernes realizando un operativo en la casa de Bolsonaro en Brasilia, coincidían distintos medios de Brasil e internacionales como France 24 y Reuters.com.

En esta instancia, un fiscal debería ordenar la detención y el domicilio es el que figura en el padrón electoral. Qué argumentos presentó para solicitar que se mude de residencia.                         Durante la audiencia en la Sala IV de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar avaló parcialmente el reclamo de sus colegas y consideró que Cristina Kirchner debe cumplir la prisión domiciliaria en un lugar distinto de su actual domicilio en San José 1111. Señaló que su permanencia allí altera la paz pública y expone riesgos para su seguridad, recordando el atentado sufrido durante una manifestación de seguidores.

Aunque reconoció que, en principio, la condenada debería ir a prisión, valoró que no incumplió las reglas impuestas y que retrotraer su situación sería un perjuicio. Por ello, no pidió cárcel común, como había solicitado Diego Luciani, pero sí un nuevo domicilio para limitar los disturbios y protegerla.La defensa, por su parte, reclamó quitarle la tobillera electrónica y eliminar las restricciones de visitas.

Si los jueces coinciden con Villar, el abogado Carlos Beraldi deberá proponer otros inmuebles al juez Jorge Gorini para la ejecución de la pena por corrupción en la causa Vialidad. 

La expresidenta difundió un audio desde su prisión domiciliaria en el que cuestionó al Gobierno y llamó a sostener la militancia. El fiscal analiza si hubo violación de condiciones impuestas por la Justicia.

A menos de 24 horas de quedar detenida en su domicilio tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a sus seguidores con un mensaje grabado y una comunicación en vivo, ambas emitidas desde su departamento en San José 1111. Fue durante una masiva movilización en Plaza de Mayo, en reclamo por su liberación.

En el audio, la exmandataria agradeció las muestras de apoyo y expresó: “Lo que más me gustó fue escucharlos cantar ‘vamos a volver’, porque habla de recuperar un país en el que los pibes puedan comer cuatro veces por día”. También remarcó que “ese país no fue una utopía”, sino un proyecto que —según dijo— logró desendeudar al país y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria, Cristina insistió en que el modelo actual “se cae por injusto e insostenible” y denunció que no la dejan competir electoralmente “porque saben que pierden”. Además, afirmó: “Pueden encerrarme a mí, pero no al pueblo argentino”.

Sin embargo, el mensaje provocó una inmediata reacción judicial. Según pudo saberse, el fiscal del caso analiza si la exmandataria incurrió en una infracción al régimen de prisión domiciliaria. El audio difundido en un acto público masivo, cargado de contenido político y de exhortaciones militantes, podría interpretarse como un acto de proselitismo o incluso como una incitación a resistir las decisiones del Gobierno y del Poder Judicial, lo que habilitaría una actuación penal por desacato o violación de las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 2.En paralelo, desde sectores afines al oficialismo denunciaron el episodio como un intento de “adoctrinamiento” desde el encierro, mientras que desde el kirchnerismo lo reivindican como un “mensaje de esperanza” ante lo que califican como una “persecución judicial”.

La causa sigue abierta y las tensiones políticas escalan. El sistema judicial deberá definir ahora si la voz de Cristina, aún privada de libertad, puede tener consecuencias penales adicionales. 

La decisión fue resuelta en las primeras horas de este 1° de febrero por mayoría por el máximo tribunal provincial, al filo de finalizar la feria judicial. La sentencia se subió al sistema judicial a la 1.34 de la madrugada de este sábado, lo que no es una determinación habitual y menos en horas de finalización de la feria e inicio de fin de semana largo. Durante toda la feria judicial, el recurso presentado por los abogados defensores se fue dilatando entre las distintas composiciones del STJ en feria, con excusaciones y recusaciones. Finalmente, el Tribunal que dictó la medida quedó integrado por los vocales Gisela Schumacher, Carlos Tepsich y Laura Mariana Soage.Báez fue encarcelado el 22 de noviembre, tres días después que el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Por resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Los tres compartieron una celda pequeña con un patio que les prepararon en el establecimiento penitenciario de calle Marcos Sastre.Urribarri y Aguilera fueron liberados el 7 de enero en un fallo exprés del STJ en feria, por mayoría. Báez reclamó tener el mismo trato, pero la decisión se demoró un poco más hasta este viernes. En el fallo, los tres vocales conicidieron en confirmar la prisión preventiva, pero no en la modalidad de su cumplimiento. El fallo que beneficia a Báez fue por mayoría: Schumacher y Soage votaron por la domiciliaria, mientras que Tepsich por prorrogar la prisión preventiva en la cárcel. De este modo, el condenado por delitos contra el Estado y la apropiación de fondos públicos computará pena en su lujosa propiedad. Fue condeado a seis años y medio de prisión y ahora, al menos un año y medio, lo cumplirá en esa condición.Según supo ANÁLISIS, Tepsich votó en primer lugar argumentando que debía confirmarse la medida cautelar en la cárcel por el plazo de 18 meses. “El recurrente ha sido condenado por un delito de gravedad institucional con una pena de cumplimiento efectivo y esa sentencia cuenta con doble conforme; lo que abona de modo suficiente representarse un escenario de fuga”, sostuvo el vocal.Luego, Soage votó por la domiciliaria con tobillera por ese mismo lapso. “El riesgo de fuga del Sr. Báez encuentra respaldo suficiente en las constancias de la causa, valoradas de acuerdo a las pautas legales que rigen el juicio de probabilidad que debe efectuarse al momento de evaluar la procedencia de una medida preventiva, restrictiva de la libertad, en cualquiera de sus modalidades”, arrgumentó la magistrada.Luego, cuestionó que ni el Tribunal de Juicio y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal respondieron al planteo de la defensa sobre “por qué la prisión domiciliaria no sería apta para neutralizar el riesgo de fuga”. Luego, se explayó sobre los fundamentos en la discusión que se dieron en ambas instancias sobre esta cuestión, y concluyó que debe otorgarse la domiciliaria a Báez, con tobillera electrónica.Finalmente, Schumacher (quien pretendía apartarse de este expediente) acompañó el voto de Soage. Sorprendió a propios y extraños que la decisión sobre Báez se diferenció de la adoptada respecto de la situación del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes tienen como única restricción no salir de Concordia o de Paraná, respectivamente. Pero mientras que a Báez se le irán computando estos días en su casa quinta, como prisión domiciliaria, no sucederá lo mismo con Urribarri y Aguilera.Al momento en que quede disponible una tobillera electrónica, el exministro será trasladado desde la cárcel hasta el lugar donde fijó domicilio: la enorme casa quinta de su propiedad ubicada en e calle Jozami casi Gobernador Crespo. La medida no sería inmediata, sino que, primero, debe quedar disponible una tobillera. Como la lista es larga, generalmente, al menos hasta el año pasado, había una espera de cinco o siete días. Luego, el personal del sistema de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos debe realizar un estudio del domicilio donde se cumplirá la medida cautelar, dónde se instalará la base de la tobillera y desde ahí cuántos metros se podría mover Báez. La quinta de la calle Jozami es un lugar rodeado de vegetación y pocas viviendas, calles angostas y nulo tránsito. La vivienda que aparece como propiedad de alquiler en sitios de internet como “la quinta del Chivato”, también tiene su historia: en enero de 2010, Báez y su pareja Sofía Riquelme compraron un amplio terreno en esa zona de la Toma Vieja de Paraná. Allí edificaron la lujosa propiedad a la que le fueron anexando terrenos linderos hasta superar los 4.000 metros cuadrados de superficie (tiene aproximadamente unos 65 metros de ancho y 70 metros de fondo) y construyeron dos casas más.Las tres unidades en un tiempo fueron alquiladas para turismo y eventos, y la promocionaban por sus características: “Se destaca por su diseño arquitectónico sofisticado y contemporáneo con sutiles terminaciones en un estilo minimalista, único en la ciudad, con una gran participación y protagonismo del verde y los espacios al aire libre”.“Desde cualquier punto de la casa puede observarse la vegetación, logrando una gran interacción entre el interior y el exterior”, se describe en los portales. También se detallan comodidades como el microcine, el hidromasaje, el centro de fitness, la cancha de fútbol con vestuarios e iluminación nocturna, el solárium y la pileta climatizada.Báez, ex empleado del Instituto de la Vivienda y luego del Senado provincial, fue funcionario municipal de Hernán Orduna en la comuna de Concordia (período 1999/2003) y luego director de Información Pública con la llegada de Sergio Urribarri a la Gobernación, en 2007. En el segundo mandato fue ascendido a ministro de Cultura y Comunicación (cargo creado por el entonces mandatario, en 2011) y cuando terminó tal administración pasó a ser diputado provincial del peronismo entrerriano. Fue condenado a 6 años de cárcel por delitos de corrupción, en el denominado Megajuicio donde Urribarri resultó sentenciado a 8 años de prisión y, a la vez, tiene una causa por enriquecimiento ilícito, cuya elevación a juicio se concretaría a principios de este 2025. (I: Analisis)

Se destacó que el juez Mariano Caprarulo tendrá que resolver al respecto luego de escuchar los planteos que realicen ambas partes sobre la determinación tomada por el Juez de Garantías, Francisco Ledesma, respecto a que el acusado Luis Maximiliano Benedetto cumpla prisión domiciliaria por estos días. Como se sabe el ex Director del Parque San Carlos tiene acusaciones de cuatro mujeres por lesiones leves y violencia de género, además de grooming, abuso y violación.

La evaluación del Juez Caprarulo será mañana viernes por la mañana y luego se expedirá sobre su decisión, lo que podría hacer regresar tras las rejas a Benedetto, quien algunos días atrás fue �Sescrachado⬝ por un grupo de mujeres manifestantes en el lugar en donde se encuentra pasando los días, cumpliendo prisión domiciliaria.

También se supo que entre las denunciantes hay una menor que declararía en cámara Gesell y otra menor de 20 años que lo denunció por el presunto delito de abuso con acceso carnal. Por otra parte también están a la espera de resoluciones con respecto a las expresiones de vecinos, quienes aseguraron que días antes que Benedetto fuera detenido, se sacaron elementos que podrían tener que ver con la causa y que se desconoce el lugar o los lugares donde fueron trasladados. 

Un juez declaró �Sinconstitucional⬝ la acordada Nº 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal, que recomendaba la concesión de prisiones domiciliarias en el marco de la emergencia por coronavirus.

El juez Jorge de Santo falló este sábado a favor de un amparo presentado por la asociación civil �SUsina de Justicia⬝. Lo hizo al establecer que la acordada atenta contra el principio constitucional de independencia de los jueces.

Es el segundo fallo de este estilo, después del revés contra las recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal.

La acordada 5/2020 fue firmada el 23 de abril, con la recomendación a los magistrados del fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires de extremar �Slos recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria⬝, con especial atención en los internos incluidos en los grupos de riesgo por el Covid-19.

En su declaración de inconstitucionalidad, De Santo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, explicó que �Sdebe primar la independencia de los jueces, esto es que cada juez en cada caso que es sometido a su arbitrio y basado en la aplicación de las leyes y normativa vigentes, expedirse conforme entonces a derecho, en base a la sana crítica⬝.

Por ello, agregó, �Sno puede admitirse ninguna recomendación genéricaque encomiende a todos los jueces bajo su esfera, una determinada conducta si el abanico procesal contempla distintas soluciones conforme cada particularidad del caso⬝.

Y remarcó que, pese a la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus, no se puede aceptar una �S�"recomendación�" genérica para todo el universo de jueces y casos⬝.

El fallo también apoya la presentación de la asociación civil �SUsina de Justicia⬝ y afirma que se podría �Scaer ante una inseguridad jurídica⬝ al eludir la participación de las víctimas de los delitos, tal como lo establece la Ley Nacional 27.372 (De Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito).

Además, recuerda que se siguieron los protocolos del Ministerio de Salud para evitar una propagación del Covid-19 y que, por lo tanto, «en modo alguno se ha incrementado el riesgo de contagio o propagación del Covid-19 dentro de la sociedad carcelaria».

El 25 de abril, el juez Germán Castelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, ya había declarado la inconstitucionalidad de una recomendación similar de la Cámara de Casación Penal Nacional, al rechazar el pedido de prisión domiciliaria de una presa condenada por narcotráfico.

La acordada 9/2020, del 13 de abril, impulsa �Smedidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder⬝, para detenidos en prisión preventiva por delitos no violentos, además de embarazadas y personas con factores de riesgo por el coronavirus, entre otros grupos. Castelli resolvió que ese texto viola �Sel principio de independencia de los jueces, pilar indiscutible de la Constitución Nacional, para la garantía de la justa resolución de conflictos⬝.