La caída de Nicolás Maduro lo llevó de las residencias oficiales de Caracas a una celda en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones federales más conocidas y cuestionadas de Nueva York. Allí permanece detenido mientras enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína, acusaciones que el exmandatario venezolano rechaza.Según versiones surgidas desde el entorno penitenciario, el ex gobernante pasa largas horas en aislamiento y, en medio de la tensión de su detención, suele gritar desde su celda que continúa siendo el presidente legítimo de Venezuela. La escena contrasta con la imagen pública que proyectaba durante años en su país, donde era habitual verlo cantar o bailar en actos políticos.Maduro se encuentra recluido en un sector de alta seguridad del penal, bajo un régimen que limita fuertemente el contacto con otros detenidos. En estas condiciones puede permanecer hasta 23 horas al día dentro de su celda, con solo una hora de salida controlada para ducharse, hacer ejercicio en el patio o realizar llamadas telefónicas.La celda donde permanece mide aproximadamente tres metros de largo por dos de ancho. Allí dispone de una cama metálica fijada a la pared, un pequeño lavabo y un retrete. Una ventana alta deja entrar una luz natural muy tenue, mientras la vigilancia es permanente debido al perfil del detenido.El MDC Brooklyn es la única cárcel federal activa en Nueva York y alberga alrededor de 1.300 internos, muchos de ellos en prisión preventiva a la espera de juicio. El establecimiento tiene una larga reputación de problemas estructurales y denuncias por malas condiciones, con episodios de violencia, contrabando y fallas en los servicios básicos.Por sus celdas han pasado numerosos detenidos de alto perfil. Entre ellos figuran Ghislaine Maxwell, condenada por el caso Epstein; el magnate cripto Sam Bankman-Fried; el rapero Sean “Diddy” Combs; y otros acusados en causas federales resonantes.Maduro fue trasladado a Estados Unidos tras una operación que culminó con su captura en Caracas junto a su esposa Cilia Flores, quien también enfrenta cargos vinculados al narcotráfico. Ambos comparecieron ante la justicia federal en Nueva York y se declararon inocentes.Mientras aguarda su próxima audiencia judicial, prevista para las próximas semanas, el exmandatario venezolano atraviesa un cambio radical en su vida cotidiana: de dirigir uno de los gobiernos más controvertidos de América Latina a esperar su juicio en una prisión federal considerada por muchos como una de las más duras del sistema penitenciario estadounidense.

El tribunal revolucionario de Mashad condenó este domingo a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023 y reconocida activista iraní por los derechos humanos, a siete años y medio de prisión. La sentencia, confirmada en febrero de 2024, responde a cargos de conspiración y propaganda contra la República Islámica. Se trata de la décima condena impuesta contra Mohammadi desde 2021.El abogado de la activista, Mostafa Nili, detalló a en sus redes sociales que Mohammadi recibió seis años de prisión por conspiración y colusión, un año y medio por actividad propagandística y, como pena complementaria, dos años de prohibición para salir del país. La resolución fue comunicada tras una audiencia en la sala primera del tribunal en Mashad, realizada mientras Mohammadi permanecía bajo custodia y en mal estado de salud.Nili explicó que recibió una llamada telefónica de su defendida, su primera comunicación en casi dos meses, en la que la activista informó haber sido ingresada recientemente al hospital debido a problemas de salud. Durante la llamada, interrumpida antes de que pudiera describir las circunstancias de su detención violenta a mediados de diciembre de 2023, Mohammadi relató su traslado al tribunal. El abogado precisó, de acuerdo con la legislación iraní, que la condenada debe ser enviada a prisión, aunque sostuvo que, por su estado físico, debería acceder a la excarcelación provisional bajo fianza.“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, afirmó Nili.La trayectoria judicial de Mohammadi evidencia una persecución persistente. Fue puesta en libertad condicional por razones médicas a finales de 2023, pero en noviembre ya había denunciado la prohibición permanente de salir de Irán y la negativa a expedirle pasaporte, lo que le impide ver a sus hijos, residentes en el extranjero, desde hace once años. En total, Mohammadi ha sido detenida trece veces y condenada en nueve ocasiones, acumulando causas judiciales y penas de prisión durante más de una década.Internacionalmente, Mohammadi es conocida por su defensa de los derechos de las mujeres y su resistencia ante la represión estatal, labor reconocida por el Comité Nobel noruego en 2023. El Comité destacó su lucha “contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”. Su caso ha incrementado la presión global sobre las autoridades iraníes y ha sido señalado repetidas veces por organizaciones internacionales.La represión en Irán se intensificó tras las manifestaciones multitudinarias que comenzaron en diciembre como protesta ante la crisis económica y evolucionaron hasta exigir un cambio de régimen. Las cifras oficiales reconocen 3.117 muertos desde el inicio de las protestas, mientras la organización Human Rights Activists (HRA) documenta 6.941 fallecidos —de los cuales 6.495 eran manifestantes y 171, menores de edad—, así como 50.921 arrestos y 11.021 heridos graves. La agencia HRANA, dependiente de HRA, considera estos datos como mínimos verificados y tiene bajo revisión más de 11.600 posibles muertes adicionales.Distintos organismos remarcan que acceder a cifras independientes resulta complejo, con la verdadera magnitud aún incierta. Según Mahmood Amiry Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), el conocimiento total de la tragedia solo será posible si se permite una investigación internacional: “Creo que los detalles definitivos tendrán que esperar a que el régimen caiga y se pueda hacer una misión de investigación independiente”.El caso del “Comunicado de los 17”, firmado por Mohammadi, otros activistas y figuras destacadas, exigía un referéndum libre, una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica. La publicación de este documento ha provocado nuevas detenciones, como la de Ghorban Behzadian-Nejad, así como el arresto de cineastas y defensores de derechos humanos. Las autoridades han atribuido los disturbios a instigaciones extranjeras, sobre todo a Israel, intento que organizaciones consideran una estrategia para desviar la atención de la represión interna. La asesora legal de HRA, Jennifer Connet, indicó que “ese discurso no es inusual” y suele emplearse para transformar la disidencia local en presunta injerencia foránea.Organizaciones internacionales han advertido que la reacción del régimen iraní incluye censura mediática, presión sobre familias de desaparecidos y uso regular de armamento militar en protestas civiles. Connet subrayó el carácter extremo del control y la militarización ejercidos sobre la sociedad. A su vez, Moghaddam destacó que obtener un panorama completo resulta extremadamente difícil debido a la represión sistemática.A pesar de las sucesivas sentencias y del riesgo de prisión, Narges Mohammadi mantiene su activismo y voz en defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Irán. 

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil alcanzó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del ex presidente Jair Bolsonaro y confirmar la sentencia de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, dictada en septiembre.El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en pronunciarse y su voto fue secundado en las horas siguientes por los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, según reportes del diario Folha de Sao Paulo. La votación virtual, que no contempla debate presencial, se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, pero se espera que el resultado final sea unánime contra el recurso presentado por Bolsonaro.El proceso judicial, desarrollado en el plenário virtual del STF, implica que los jueces pueden emitir su voto en cualquier momento dentro del plazo estipulado. La jueza Cármen Lúcia aún no ha registrado su posición, mientras que el ministro Luiz Fux, tras dejar la Primera Sala, no participará en la apreciación de los recursos del ex mandatario ni de los demás acusados en la causa. La expectativa es que no se produzca una solicitud de vista ni se lleve el caso al pleno físico, descartando así dilaciones significativas en esta instancia.En el voto de Moraes, presentado en un documento de 141 páginas al que accedió la Agence France-Presse, el magistrado reiteró el papel de Bolsonaro como principal líder de una organización criminal. El texto describe cómo, junto a varios colaboradores, conspiró para vulnerar el orden democrático tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Moraes también reafirmó su acusación como instigador de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los poderes públicos en Brasilia.Durante el juicio, la defensa del ex presidente argumentó supuestas “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo, denunciando obstáculos para el ejercicio de su derecho a la defensa y buscando reducir la pena. Sin embargo, Moraes descartó estas objeciones, afirmando que todas las pruebas estuvieron disponibles para los abogados y negó la existencia de restricciones a la defensa. “La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió el juez, quien además cerró la puerta a una eventual disminución de la condena.Actualmente, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria preventiva, impedido de realizar declaraciones públicas o utilizar redes sociales. De confirmarse la negativa definitiva al recurso, quedará abierta la vía para una apelación adicional, aunque esta podría descartarse sin entrar en consideración de fondo. Si no prospera, la condena comenzará a ejecutarse formalmente, colocándolo ante la perspectiva de ingresar a prisión.En este escenario el magistrado Moraes será el encargado de definir el régimen de cumplimiento de pena. Entre las opciones analizadas figura la permanencia en arresto domiciliario, el traslado a una sala especial en la penitenciaría de Papuda, en el Distrito Federal, o su alojamiento en una celda de la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, e incluso la derivación a una unidad militar.La defensa podría invocar el delicado estado de salud del líder derechista, de 70 años, para solicitar, en caso de condena firme, que se le conceda cumplir la pena en domicilio. La referencia es el caso de Fernando Collor de Mello, presidente entre 1990 y 1992, quien obtuvo esa modalidad en mayo para una condena de ocho años por corrupción. Bolsonaro presenta secuelas físicas derivadas de una puñalada sufrida en 2018 y fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron extirpadas.Paralelamente, tras la ratificación de la condena, el entorno de Bolsonaro y sectores aliados impulsaron en el Congreso un proyecto de ley de amnistía destinado a beneficiar al ex mandatario y a los participantes de los disturbios del 8 de enero. Sin embargo, la iniciativa perdió fuerza después de registrarse protestas multitudinarias en diversas ciudades. (Con información de AFP y EFE)

El ex líder conservador de 70 años fue declarado culpable de participar en una conspiración criminal relacionada con la presunta financiación de la campaña del fallecido líder libio Muammar Gaddafi.

“Quiero decirle al pueblo francés, con la inquebrantable fuerza que me caracteriza, que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana; es un hombre inocente”, escribió, mientras que su abogado, Christophe Ingrain, confirmó que se presentó una solicitud de liberación.

El 25 de septiembre, el Tribunal Penal de París condenó a Sarkozy a cinco años de prisión por conspiración criminal relacionada con la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007.

Aunque apeló el veredicto, los jueces ordenaron que la sentencia se ejecutara de inmediato, alegando la “excepcional gravedad” de los delitos y Sarkozy se convierte así en el primer expresidente francés de la historia moderna en cumplir una pena de prisión.

 Un Tribunal de Entre Ríos condenó, este lunes, a 14 años y seis meses de prisión a Ángel Fabián Constantino, intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, al hallarlo culpable de abuso sexual contra tres empleadas municipales, pero permanecerá con prisión domiciliaria en esa ciudad hasta que la condena quede firme.

Los jueces Arturo Dumón, Alicia Vivian y Mauricio Derudi lo encontraron culpable por tres hechos de �Sabuso sexual simple y con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real⬝.

Constantino salió esposado de los Tribunales de Gualeguaychú y fue trasladado en un patrullero hasta su domicilio, en Gilbert (a unos 75 kilómetros), donde permanecerá con custodia policial hasta que se le coloque una tobillera electrónica.

A Constantino, además, se le prohibió la salida del país, debe entregar su pasaporte en los próximos días, y tiene una caución de 2 millones de pesos.

El jefe comunal llegó a juicio con prisión domiciliaria por numerosas denuncias que detallaban que no cumplió las medidas de no poder acercarse, ni tener contacto con las víctima, sus domicilios o lugares de frecuencia, ni familiares, allegados, ni testigos del juicio.

Mientras avanzaba la investigación en su contra y pesaban sobre él las medidas restrictivas, Constantino se acercó a unas de las víctimas en varias oportunidades, por lo que permaneció 24 horas detenido el 26 de agosto de 2021.

También se mantiene en licencia con goce de sueldo, que tomó luego de que el gobernador Gustavo Bordet enviara a la Legislatura un pedido de intervención, y el rechazo del Partido Justicialista (PJ) y múltiples organismos y asociaciones.

Constantino llegó al juicio sin custodia policial ni esposas, y horas antes de la sentencia señaló a la prensa que estaba �Stranquilo gracias a Dios. No hay nada de que arrepentirme.

�SLlegar a juicio, ser escuchadas y que se respeten nuestros derechos ya es una sensación de justicia, pero aspiramos a que se entienda lo que se siente vivir eso⬝, comentó a la prensa María Luján Aguirre, una de las denunciantes, el día de inicio del proceso judicial.

Tras el análisis de numerosas pruebas y archivos, y de cerca de 80 testimonios, entre los de las víctimas, peritos, testigos de las situaciones y psicólogos, el Tribunal comprobó que se cometieron múltiples abusos al menos entre 2018 y junio del 2021.

Gilbert, una localidad de no más de 1.500 habitantes ubicada a unos 75 kilómetros de Gualeguaychú, en el sudeste de Entre Ríos, es un pueblo �Schico, con pocas fuentes de trabajo⬝, remarcó a Télam la fiscal Cedrés, y al ser el intendente, �Sexistió ese miedo⬝ a declarar.

�SHay otras personas mayores de edad pero no quisieron radicar (la denuncia) porque es un pueblo, muchos se conocen y hay un miedo subjetivo de un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo subjetivo⬝, explicó.

Además, la fiscal precisó que el funcionario también realizó actos de exhibicionismo durante su mandato, aunque no se pueden iniciar causas judiciales por esto ya que no está tipificado en el Código Penal como delito.

�SLamentablemente no llega a ser ni delito de exhibición obscena, ni abuso sexual⬝, explicó, aunque fue tenido en cuenta como testimonio.

Todo eso, consideró Cedrés, �Sda un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: con conductas sexuales sucesivas, intimidación y acoso, porque cuando ha tenido la oportunidad con sus compañeras, sabemos que las ha tocado⬝.

Finalmente, este lunes el Tribunal decidió dar lugar a los pedidos de la Fiscalía, a cargo de Cedrés y Lisandro Beherán, y de la querella representada por el abogado Juan Ignacio Weimberg, y condenó al intendente a 14 años y seis meses de prisión efectiva.

�SCumplimos el trabajo, hay que animarse a denunciar porque además de ser sanador para la víctima, también previene hechos futuros⬝, destacó la fiscal hoy a Télam, y remarcó que continúa la labor �Sporque es un caso de muchos, y todos merecen la misma respuesta⬝. Si bien fue condenado, el intendente permanecerá con prisión domiciliaria en el mismo pueblo donde ocurrieron los abusos hasta que la sentencia quede firme; en tanto que se espera que desde el Municipio se proceda a su destitución.

Por su lado, los abogados defensores Fabián Otarán, Mario Arcusín y Micaela Baptista, confirmaron que apelarán la sentencia frente a la Cámara de Casación de Concordia, ya que �Ses injusta y él es inocente⬝.

Previo al inicio del juicio, Arcusín recibió múltiples críticas y repudios al asegurar que a su defendido �Sle habían hecho una cama, quizás por celos⬝; que Constantino tiene �Satractivo sobre las mujeres, siempre tuvo auto y formación⬝; y que �Scualquier persona inteligente⬝ entendía que �Squieren bajarlo⬝ de la política.

�SUna menor de 18 no tiene conciencia, aunque ya sabemos que una de 12 tiene más conciencia que yo de 66, pero en este caso son personas mayores⬝, consideró el abogado.

Además, dijo que �Sahora, en vez de tener que la mujer probar si es cierto; el hombre tiene que probar que no es cierto⬝; y que al ser �Stres mujeres que tenían pareja⬝ las víctimas, entonces �Spuede haber celos⬝.

En ese marco, el Instituto de Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió �Stajantemente⬝ las declaraciones del abogado.

�SNingún profesional del derecho puede hacer apología del delito sexual, anticipando conclusiones psico-sociales sobre niñas, niños y adolescentes, ni justificar conductas abusivas por tener un ��atractivo sobre las mujeres�"⬝, señalaron en un comunicado y exigieron la aplicación de la ley Micaela �Spara todos y todas las profesionales del derecho⬝. (Télam).

El 10 de noviembre pasado, un jurado popular declaró culpable a T., H. R. de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia � abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia en concurso real � tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia � abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia en concurso real.

Durante el juicio, que se efectuó a puertas cerradas en los tribunales de Chajarí, por tratarse de delitos contra la integridad sexual, el MPF estuvo representado por los fiscales Mario Guerrero, Gustavo Confalonieri, Bruno Monzón y Matías Argüello de la Vega, en tanto que el imputado fue asistido por el abogado particular Gustavo Rader.

En la audiencia, que tuvo lugar esta semana, se encontraba el Fiscal Dr. Martín Núñez quien investigó desde el inicio la causa, la Querellante Particular Dra. Daiana Teresita Moreno, el Defensor del condenado Dr. Andrés Alberto Arias y su defendido Jacobo Ramón Almada por videoconferencia desde la Unidad Penal N° 8 de la ciudad de Federal.

LAS ACUSACIONES:

�SAlmada, Jacobo Ramón s/ homicidio en ocasión de robo y tentativa de homicidio doblemente calificado por ser contra la persona con la que se tiene una relación de pareja y en contexto de violencia contra la mujer en concurso real⬝, menciona el expediente. Esta carátula es la suma de dos delitos gravísimos que admitió cometer. Cabe recordar que, el hombre en medio del proceso Costen, en el mes de noviembre del 2020, estaba cumpliendo el beneficio de Prisión Domiciliaria y apuñaló a su pareja quien además legalmente era responsable de su arresto.

Por este motivo, y unificando las penas, se firmó este acuerdo que cumplirá en Unidad Penal N° 8 de Federal, donde ya se encontraba cumpliendo Prisión Preventiva. La causa Costen tiene muchas idas y vueltas, pero consiguió una condena de 22 años, luego de tres años. Ramón Almada y Félix Batalla, los condenados, estuvieron prófugos durante más de un mes hasta que finalmente fueron capturados por la División de Investigaciones.

EL ABREVIADO DE BATALLA

En el caso de Batalla en el 2021 el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, homologó la pena acordada en un juicio abreviado por 14 años de prisión por �SHomicidio Simple⬝.

EL HECHO

Mariela Costen, tenía apenas 110 pesos en la billetera el 20 de julio del 2019, cuando ella y su amiga Ana Laura volvían de una fiesta por el día del amigo en Concordia. Caminaron algunas cuadras para volver a su casa cuando fueron emboscadas.

Los delincuentes (Almada y Batalla) las pusieron contra la pared y las obligaron a entregar sus pertenencias. Mariela les dio los $110, lo único que tenía encima. Los asaltantes les gritaron más de una vez: �SNo se den vuelta carajo, no nos miren⬝. Por alguna razón, probablemente una acto reflejo, Mariela, ama de casa de 44 años, giró su cabeza y vio a los ojos a Almada. En pocos segundos tomó de la cintura un revólver calibre 22 y la ejecutó de un disparo en la cabeza.

Las mujeres seguirán en libertad hasta que la sentencia quede firme, ya que el Ministerio Público Fiscal no solicitó que se les imponga prisión preventiva.

La resolución se conoció durante una audiencia efectuada en el Salón Nº 1 de los Tribunales de Concordia, en el marco del legajo �SBrun, Carolina Noelia-Brun, Rocío Daniela s/Homicidio simple y Homicidio en grado de tentativa⬝, cuyo debate comenzó el 27 de marzo pasado en el Salón de la Cultura de la ciudad de Federación.

Durante la audiencia de cesura, celebrada el 8 de abril último, las fiscales Josefina Penón Busaniche y Fanny Kern solicitaron para las imputadas la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, mientras que los defensores públicos Alejandro Giorgio y Joaquín Garaycoechea (en representación de Rocío Brun) y el abogado Hugo Monzón (que patrocinó a Carolina Brun), pidieron penas de ejecución condicional.

El hecho

El 23 de diciembre de 2020 las mujeres atacaron a Miguelina Gómez y su pareja, Víctor Ocampo, quienes circulaban en motocicleta por una esquina de la ciudad de Federación.

A raíz de eso a las imputadas se les atribuyó haber provocado heridas con armas blancas a Ocampo y a Gómez, quien falleció poco después de ser agredida.

La jornada inaugural del debate y la instancia de alegatos fueron transmitidas en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

En tanto que, por pedido de las defensas y sin que existiera objeción de la Fiscalía, los testimonios de los testigos fueron grabados y quedaron liberados para la consulta luego de que el jurado popular hiciera público su veredicto.

En un fallo de 23 páginas al que accedió Télam, el magistrado Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, le imputó al sospechoso, que era el tercer oficial del barco, el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en perjuicio del capitán Alejandro Daniel García (39) y el primer oficial Juan Alfonso Pegasano (48).

"La vinculación de Lima con el hecho ilícito perpetrado se acreditó, con el grado de probabilidad que requiere la instancia, con los testimonios reunidos por personal de la Prefectura Naval Argentina luego de arribar al buque B/T "Ayane", tras anoticiarse de lo ocurrido a través de una comunicación recibida en el Centro de Control de Tráfico del Río de La Plata", afirmó el juez.

Y en ese sentido sostuvo que "de acuerdo a las manifestaciones de los restantes tripulantes, luego de haber mantenido discusiones con los óbitos, en el pasillo del camarote del capitán y en el puente de navegación, respectivamente, les propició impactos de bala con un arma de fuego de bajo calibre, la cual al momento no ha sido habida, presuntamente por haber sido arrojada al agua por el agresor.

"Correte que con vos no es la cosa... no trates de convencerme andá a tu camarote", declaró el cocinero del barco que le dijo el marinero acusado durante el ataque a tiros.

Para el magistrado, "es menester señalar que Lima no sólo habría confesado a sus compañeros que habría matado al capitán y al primero Oficial, sino que se habría comunicado con el control del puerto a fin de confesar el doble homicidio que cometió".

A su vez, el juez también le trabó a Lima un embargo de veinte millones de pesos sobre sus bienes y dispuso su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según la resolución, el magistrado consideró que el acusado debe seguir detenido con prisión preventiva porque existen riegos procesales que "no se vislumbra que puedan ser neutralizados mediante métodos menos gravosos"; además de tener en cuenta la pena en expectativa (hasta 25 años) y que Lima cuenta con antecedentes penales.

La semana pasada, el acusado, asistido por un defensor público, se negó a declarar ante el juez, el mismo que investiga el hallazgo de 37 kilos de cocaína flotando en el río, hecho por el cual fue procesado con prisión preventiva el exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, Ignacio Pardo.

El hecho que se le imputa a Lima (52) ocurrió alrededor de las 23.30 del 22 de octubre último, a bordo del buque tanque "Ayane", de bandera de Malta, donde fueron asesinados el capitán García y el primer oficial Pegasano.

La embarcación había zarpado desde el Puerto de Buenos Aires con 21 tripulantes (todos argentinos) el lunes 11 de octubre, y estaba fondeado en la zona de Rada, a la altura de la localidad ribereña de Punta Lara, en Ensenada.

Lima, que se desempeñaba como tercer oficial de cubierta del buque petrolero, fue quien solicitó la presencia de la PNA para entregarse a través de la radio del buque.

El llamado de Lima

"El capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo y me voy a entregar. Así que quiero que venga un guardacostas y me arreste", reconoció el autor del hecho la medianoche del viernes en una comunicación radioeléctrica con el Servicio de Tráfico Marítimo.

Un vocero encargado de la investigación dijo que "no está del todo claro cómo sucedieron los hechos, ya que se cree que el atacante podría haber sufrido un brote psicótico", por lo que será sometido a distintos exámenes.

Tras el arresto se supo que Lima tenía antecedentes penales, ya que en junio de 2008 hirió de seis balazos a un vecino de City Bell que le reclamó el desagüe que él mismo hacía rompiendo el pavimento de la calle y luego se atrincheró en su casa hasta que finalmente se entregó.

Apenas 10 días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un polémico proyecto que busca eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como �Sverdaderos linchamientos mediáticos⬝, y señala que las publicaciones en los medios �Sque pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado⬝ es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.

Si hubiera estado vigente una ley como la que ahora se intenta impulsar, figuras como Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D�"Elía, Fernando Esteche, César Milani, Amado Boudou, Milagro Sala y José López no hubieran estado detenidos en forma preventiva. En los tres últimos casos ya hay condenas firmes.

La propia Cristina Kirchner tuvo pedidos de prisión preventiva a raíz de las causas en las que se encuentra procesada, sin embargo el Senado nunca avanzó con el desafuero. La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar sin efecto la orden de detención en su contra en el marco de la causa de los cuadernos y ya no pesan sobre ella solicitudes de arresto.

El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención, entre los que se destacan la �Spublicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución⬝.

También, �Sel incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso⬝ y la �Sdeficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido⬝. Este último punto es una de las críticas recurrentes del kirchnerismo en el desarrollo del expediente del caso Cuadernos.

Otros puntos hablan de �Sla intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal⬝, y de la �Sintromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal⬝.

En el artículo 7, se circunscribe la aplicación del proyecto de ley a los delitos por corrupción, tipificados como delitos contra la administración pública. �SEn los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos⬝, establecieron las senadoras Catalfamo, Ianni, González, Almirón y Pilatti Vergara en los considerandos de la iniciativa.

Además, puntualizaron en que �Sello se verifica con el dictado de medidas judiciales que privaron de libertad a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial, un poder del Estado independiente conforme la Constitución, para fines políticos, afectando inclusive la posibilidad de ciertos candidatos de presentarse a elecciones⬝.

Con relación al rol del periodismo, cuestionaron la �Samplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros⬝.

Y agregaron: �SMuchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial⬝.

Apenas asumió como presidente, Alberto Fernández prometió desde el escenario montado en Plaza de Mayo �Sterminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores⬝. �SEn la Argentina que viene se terminaron los operadores judiciales, que se los prestan entre los jueces, y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos⬝, planteó en aquel momento, exultante, acompañado por Cristina Kirchner.

Por otro lado, el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, se refirió este lunes al debate interno que existe en el Gobierno nacional por los ex funcionarios o dirigentes del kirchnerismo que están detenidos sin condena firme. La división entre quienes creen que en la Argentina hay presos políticos y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus dirigentes más cercanos, que consideran que hay detenciones arbitrarias, pero que no existen presos políticos en la actualidad.

�SDe ninguna manera le pediría al Presidente que indulte a alguien. Le pediría a la política argentina que revise las causas, se suspenda esta arbitrariedad y haya juicios justos. Juicios donde se cumpla la ley⬝, expresó en una entrevista con Crónica. En esa línea, señaló que ese es �Sel único camino para encontrar la verdad⬝ y que �Shay que ir hacia la verdad y no taparla⬝.

Boudou dijo que espera que �Sse pueda suspender todo lo que tenga que ver con el lawfare y que se puedan revisar las causas que han sido condenadas bajo esa persecución⬝. Además, aseguró que el �SPoder Judicial siempre actúa en forma política⬝ y que existe una �Sdoble vara y un doble discurso⬝.

LAS CRÍTICAS

Por su lado, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó el proyecto de ley: �SEs un traje a medida para la impunidad⬝, señaló el diputado radical en las redes. �SUna nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso⬝, agregó.

En tanto, la abogada Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó en una entrevista con radio La Red que la iniciativa �Sno es buena⬝ y �Stiene severos problemas en términos penales, desde el artículo primero⬝. �SNo es un proyecto feliz en ninguna de sus causas⬝, agregó.

FUENTE: INFOBAE