Por eso, la presentación del Presupuesto 2027 debería haber abierto una discusión de enorme relevancia institucional. Sin embargo, apenas ingresó al Congreso, una parte del debate quedó atrapada en la interna del propio oficialismo.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestó públicamente que desconocía modificaciones incorporadas al proyecto vinculadas con discapacidad y llegó a calificarlas como una “bomba atómica”. Después, un video suyo utilizando una canción de Lali Espósito terminó agregando otro capítulo político a la controversia.

Más allá de las diferencias internas, el episodio deja una imagen preocupante: una de las principales autoridades parlamentarias del oficialismo diciendo que no conocía aspectos relevantes de la principal ley económica que el Poder Ejecutivo acababa de enviar al Congreso. El problema, entonces, no es la anécdota ni quién tiene razón en esa discusión. El problema es qué lugar le estamos dando institucionalmente al presupuesto.

La cuestión adquiere mayor dimensión por los antecedentes recientes. Durante 2024 y 2025 el Gobierno nacional administró mediante la prórroga del Presupuesto 2023. La legislación permite la reconducción cuando no existe una nueva ley aprobada, pero que sea jurídicamente posible no significa que sea institucionalmente deseable. Mucho menos en una economía atravesada por inflación, cambios profundos en precios relativos, reorganización del Estado y modificaciones sustanciales en la composición del gasto público.

Recién para 2026 volvió a existir un presupuesto aprobado por el Congreso. Y ahora estamos frente al proyecto para 2027, el último ejercicio completo del actual mandato presidencial. Después de aquella experiencia, cabría esperar que su presentación y discusión recuperaran toda la centralidad que una ley de esta naturaleza merece.

En cuanto a sus números, el proyecto proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar mayorista de aproximadamente $1.847 hacia diciembre. Mantiene además como eje el superávit fiscal. La disciplina fiscal es un objetivo relevante: ningún Estado puede sostener indefinidamente un nivel de gasto incompatible con sus recursos. Pero equilibrio fiscal y calidad presupuestaria no son exactamente lo mismo.

El primer interrogante está en la consistencia de los supuestos. Crecer 4% mientras la inflación baja al 18% supone consolidar simultáneamente la recuperación de la actividad, la desinflación, el equilibrio de las cuentas públicas y un sector externo capaz de acompañar ese crecimiento. Son metas oficiales que el Congreso debería examinar con detenimiento, especialmente después de que para 2026 el propio presupuesto había proyectado un crecimiento del 5% y el proyecto actual redujo esa estimación al 3%.

También existen cuestionamientos importantes sobre el articulado. Entre otros puntos, el proyecto propone eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares, incluida la AUH, sin establecer en ese artículo una fórmula automática equivalente que lo sustituya.

Además, incorpora modificaciones relevantes al régimen de prestaciones y pensiones vinculadas con discapacidad. Son decisiones que pueden ser propuestas por el Poder Ejecutivo, pero precisamente por sus consecuencias fiscales y sociales deberían ser identificadas, explicadas y discutidas con absoluta claridad.

Y allí aparece otra cuestión central. Una ley de presupuesto no debería transformarse en un vehículo para introducir modificaciones sustanciales que terminen descubriéndose después de su ingreso al Congreso. La complejidad técnica de un presupuesto no puede convertirse en una forma de opacidad. Por el contrario, cuanto más compleja es la herramienta, mayor debería ser la obligación de transparentar sus supuestos, prioridades y consecuencias.

La Argentina ha discutido durante décadas déficit, emisión, deuda, inflación y presión tributaria. Mucho menos hemos discutido la calidad de nuestras instituciones fiscales. Y esa dimensión también importa. Un país necesita equilibrio fiscal, pero también presupuestos realistas, información confiable, control parlamentario, previsibilidad y rendición de cuentas.

El presupuesto es, además, una expresión concreta del sistema republicano: el Ejecutivo propone y el Congreso autoriza. No es un trámite administrativo. Tampoco debería ser una formalidad que se cumple simplemente enviando cientos de páginas y planillas antes de una fecha determinada. Es el momento en que una administración explica cómo piensa utilizar los recursos de toda la sociedad y se somete al control de sus representantes.

Por eso resulta paradójico que la discusión inicial del Presupuesto 2027 haya quedado asociada a “bombas”, videos y disputas internas. Las verdaderas preguntas son otras: si las proyecciones macroeconómicas son consistentes, si los recursos estimados son realistas, cuáles son las prioridades del gasto, qué ocurre si las variables no se cumplen y cuánto margen efectivo conservará el Congreso sobre aquello que finalmente apruebe.

Después de dos años de presupuestos prorrogados, la Argentina debería aprovechar la recuperación del debate presupuestario para fortalecer su institucionalidad. Porque ordenar las cuentas públicas es indispensable, pero no suficiente. La calidad de una administración financiera también se mide por la forma en que planifica, autoriza, ejecuta y controla los recursos públicos.

Y quizás allí esté la verdadera “bomba” del Presupuesto 2027: que mientras la política discute quién puso una bomba en el proyecto, quién sabía que estaba allí y qué canción eligió después una senadora para responder, terminemos perdiendo de vista algo mucho más importante: que estamos hablando de la ley que define cómo el Estado argentino piensa administrar los recursos de toda la sociedad durante el próximo año.

Después de tantos años de debilidad institucional, el país debería poder discutir su Presupuesto con bastante más seriedad.

Porque cuando hasta la principal herramienta de administración financiera del Estado termina absorbida por el espectáculo y la interna política, el problema ya no es solamente económico.

Es la institucionalidad argentina la que vuelve a quedar en deuda.