El Poder Ejecutivo de Entre Ríos remitió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2027, que establece las previsiones de recursos y gastos para el próximo ejercicio. Según destacó el Gobierno en su mensaje, la propuesta busca combinar el orden fiscal con una mayor inversión pública y el sostenimiento de las áreas sociales.La presentación se realizó conforme a las disposiciones de la Constitución provincial, que asigna al Ejecutivo la elaboración del proyecto y al Poder Legislativo la atribución de establecer el presupuesto.

Para su formulación se utilizó la metodología de presupuesto por programas, que vincula los fondos asignados con objetivos y metas físicas y financieras. El Ejecutivo sostuvo que esta herramienta permitirá mejorar el seguimiento de la ejecución y la evaluación de los resultados de gestión.Las estimaciones provinciales tomaron como referencia las variables macroeconómicas del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, dentro del marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.Entre los principales lineamientos, el Gobierno destacó que la propuesta presenta equilibrio presupuestario y mantiene los servicios de la deuda provincial por debajo de los límites legales.Asimismo, señaló que el ordenamiento de las cuentas permitirá incrementar la inversión en infraestructura vial, soluciones habitacionales y equipamiento para establecimientos y dependencias de salud, educación y seguridad.El mensaje también ratifica el sostenimiento de los recursos destinados a salud, educación, desarrollo humano y protección social, considerados servicios prioritarios para la población.Por otra parte, el Ejecutivo informó que el proyecto no contempla el otorgamiento de garantías ni avales durante 2027, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Como complemento, antes del 30 de noviembre se enviará a la Legislatura el Presupuesto Plurianual 2027–2029. Ese documento tendrá carácter informativo y ofrecerá una proyección de mediano plazo para orientar las decisiones fiscales y de inversión.Al solicitar su tratamiento y aprobación, el gobernador Frigerio definió el presupuesto como una herramienta de gestión destinada a mejorar la competitividad provincial y ampliar las oportunidades de los entrerrianos.

Las diferencias sobre la coordinación política y la estrategia parlamentaria del oficialismo tuvieron un nuevo capítulo en la Quinta de Olivos, donde Javier Milei y Patricia Bullrich mantuvieron una reunión de más de dos horas.

El encuentro se desarrolló después de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado hiciera públicos sus cuestionamientos sobre el manejo de algunos temas legislativos, entre ellos el Presupuesto 2027 y las disposiciones relacionadas con Discapacidad.Al finalizar, Bullrich difundió un mensaje en X en el que describió la charla como profunda y aseguró que pudo conversar con el mandatario sobre los planteos que venía realizando. También destacó la sinceridad del intercambio y cerró su publicación con la sigla TMAP: “todo marcha de acuerdo al plan”.

Milei, por su parte, utilizó Instagram para comunicar que había compartido un desayuno de trabajo con la legisladora y que ambos abordaron los distintos asuntos a fondo.

La reunión tuvo lugar luego de la participación de Bullrich en un encuentro de gabinete encabezado por el Presidente en la Casa Rosada. En ese contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había buscado restar importancia a las diferencias al señalar que la senadora respalda una eventual candidatura de Milei en 2027.

Los cuestionamientos de BullrichBullrich cuestionó no haber sido informada sobre su contenido pese a formar parte de la mesa política oficialista. También expresó reparos sobre el envío de modificaciones desde el Ministerio de Economía sin una comunicación anticipada con la conducción parlamentaria.

Estos planteos adquieren relevancia por la responsabilidad de Bullrich al frente del bloque libertario en la Cámara Alta, desde donde participa en las negociaciones con otros espacios para conseguir respaldo a los proyectos del Ejecutivo.

Si bien las publicaciones posteriores a la reunión pusieron el acento en el diálogo, no precisaron qué acuerdos se alcanzaron ni si quedaron resueltas las diferencias sobre la coordinación interna.

Si bien las publicaciones posteriores a la reunión pusieron el acento en el diálogo, no precisaron qué acuerdos se alcanzaron ni si quedaron resueltas las diferencias sobre la coordinación interna. 

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 mantiene con claridad el eje que el Gobierno viene sosteniendo desde fines de 2023: equilibrio fiscal, restricción del financiamiento monetario del Tesoro, administración del frente cambiario y un Estado nacional de menor tamaño relativo.

La meta fiscal vuelve a ocupar el centro del programa. Para la Administración Nacional se proyecta un superávit primario cercano al 1,1% del PBI y también un resultado financiero positivo. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, preservar el equilibrio fiscal es una condición importante: reduce la necesidad de emisión para financiar al Tesoro, limita el crecimiento de la deuda originada en déficits recurrentes y contribuye a la previsibilidad.

Pero el presupuesto se construye sobre supuestos. Y allí comienza la discusión más interesante. Para 2027 el Gobierno proyecta un crecimiento real del PBI del 4%, una inflación de diciembre contra diciembre del 18% y un dólar oficial de $1.847,6 al finalizar el año. A su vez, el propio proyecto estima un crecimiento del 3% y una inflación del 29% para 2026. Es decir, supone que el año próximo la economía acelerará su crecimiento mientras la inflación volverá a reducirse de manera considerable.

Cada uno de estos supuestos podría resultar alcanzable si se lo analiza de manera aislada. La verdadera cuestión, sin embargo, es si todos pueden cumplirse simultáneamente. Lograr que la economía crezca un 4%, mientras la inflación desciende al 18%, se mantiene el superávit fiscal y el tipo de cambio aumenta por debajo del nivel general de precios exige una combinación particularmente favorable de crecimiento, inversión, consumo, expectativas y estabilidad cambiaria. El desafío del Presupuesto 2027 no está, entonces, solamente en la razonabilidad individual de cada proyección, sino en la consistencia del escenario macroeconómico completo sobre el cual fueron calculados los ingresos y los gastos del Estado.

No son metas imposibles. Pero sí son exigentes. Y lo son todavía más porque 2027 será un año electoral. La experiencia argentina demuestra que los procesos electorales suelen aumentar la incertidumbre, postergar algunas decisiones de inversión y elevar la sensibilidad sobre el dólar y las expectativas de inflación.

No significa que necesariamente deba producirse una crisis cambiaria o inflacionaria; significa que el margen de error de las proyecciones debería ser contemplado con especial prudencia.

Además, el punto de partida de 2026 obliga a moderar el entusiasmo. El PBI del segundo trimestre creció 2% frente al mismo período del año anterior, pero cayó 0,6% respecto del trimestre previo en términos desestacionalizados. En julio, el estimador mensual de actividad económica volvió a mostrar una caída, mientras industria, construcción y algunos indicadores de consumo presentaron debilidad.

Las ventas reales de supermercados, por ejemplo, acumulaban una reducción durante los primeros siete meses del año. La economía no está detenida, pero tampoco muestra todavía una expansión suficientemente sólida y generalizada como para considerar asegurado un crecimiento del 4% en 2027.

Este punto es fundamental porque las variables macroeconómicas no son decorativas. Si la economía crece menos de lo previsto, la recaudación puede ser menor. Si la inflación supera el 18%, cambian los gastos indexados y las partidas que permanecen nominalmente fijas pierden poder de compra. Si el tipo de cambio aumenta más que el 15,5% implícito en el proyecto, aparecen efectos sobre precios, subsidios, deuda y costos del propio Estado. El presupuesto puede conservar el objetivo de equilibrio fiscal, pero para hacerlo probablemente deba modificar durante el año la composición o el nivel real del gasto.

Por eso hubiera sido particularmente útil que el Proyecto 2027 incorporara escenarios de sensibilidad. No alcanza con saber qué ocurrirá si todo sucede como está previsto. También sería conveniente conocer qué pasaría con las cuentas públicas si la inflación terminara, por ejemplo, en 25% en lugar de 18%; si la economía creciera 2% en vez de 4%; o si el dólar finalizara por encima de lo presupuestado. En un país con la volatilidad histórica de la Argentina, presupuestar escenarios alternativos no es pesimismo: es mejorar la calidad de la planificación.

El gasto público muestra, al mismo tiempo, algunos cambios que deben reconocerse. El proyecto no plantea una reducción uniforme de todas las partidas respecto de 2026. Hay recomposiciones reales en determinadas prestaciones sociales y áreas del Estado. El problema aparece cuando la comparación se extiende hasta 2023. Educación, ciencia y tecnología, infraestructura y otras funciones estratégicas continúan en varios casos por debajo de aquellos niveles reales, aun cuando mejoren respecto del piso alcanzado después del ajuste.

La obra pública merece un capítulo especial. La inversión nacional continúa en niveles reducidos y el modelo apuesta a una mayor participación privada, concesiones y transferencia de responsabilidades. La participación privada es necesaria y puede ser muy eficiente allí donde existe una rentabilidad económica capaz de financiar el proyecto. Pero no toda obra pública tiene esa característica. Un camino secundario, una obra hídrica, un sistema de saneamiento, una escuela o determinada infraestructura urbana pueden tener una enorme rentabilidad social y, al mismo tiempo, una rentabilidad privada insuficiente para atraer capital. Pretender que el mercado sustituya integralmente al Estado en esos casos puede significar, sencillamente, que esas obras no se realicen.

A esto se agrega una discusión que la Argentina posterga desde hace décadas: el federalismo fiscal. En los últimos años se transfirieron o redujeron funciones nacionales que terminaron recayendo sobre provincias y municipios, pero esa descentralización de responsabilidades no siempre estuvo acompañada por una descentralización equivalente y permanente de recursos.

El problema no es solamente quién ejecuta una política, sino quién la financia. Transferir una función sin los recursos correspondientes no reduce necesariamente el gasto público consolidado: muchas veces solamente cambia el nivel de gobierno que debe afrontarlo.

También debe analizarse con cuidado la apuesta a que el sector privado sea el gran motor del crecimiento. El razonamiento oficial es comprensible: estabilizadas las cuentas públicas, reducida la inflación y mejoradas las reglas económicas, deberían aumentar la confianza, la inversión y el consumo.

Sin embargo, esa transmisión no es automática. Una empresa no invierte solamente porque exista equilibrio fiscal; invierte cuando, además, espera vender más, encuentra financiamiento, percibe reglas sostenibles y considera rentable inmovilizar capital durante varios años. Y una familia no aumenta su consumo únicamente porque baje la inflación; lo hace cuando mejora su ingreso disponible y tiene confianza sobre su empleo y su futuro.

Ésa es quizás la principal incógnita que deja el Presupuesto 2027. El Gobierno ha demostrado que coloca el equilibrio fiscal como una restricción central y ha conseguido avances importantes en materia de estabilización. Pero el desafío que comienza ahora es diferente: transformar esa estabilidad en inversión productiva, empleo formal, aumento sostenido del consumo y crecimiento. El equilibrio fiscal puede ser una condición necesaria para conseguirlo, pero por sí solo no lo garantiza.

Por eso, más que discutir si el Presupuesto 2027 es optimista o pesimista, deberíamos preguntarnos si es suficientemente realista. Un presupuesto serio debería preservar la disciplina fiscal, pero también contemplar márgenes de contingencia; recuperar gradualmente la inversión pública que tenga alta rentabilidad social; fortalecer educación, ciencia, tecnología y capital humano; avanzar hacia un federalismo en el que las funciones transferidas tengan recursos asociados; y establecer mecanismos claros para actuar cuando las variables reales se aparten de las previstas.

Después de varios años en los que la discusión económica argentina estuvo dominada por el déficit y la inflación, alcanzar mayor orden macroeconómico es un avance relevante. Pero no debería confundirse el instrumento con el objetivo final. El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, del mismo modo que tampoco lo es una determinada tasa de inflación o un determinado valor del dólar. Son condiciones que deberían permitir construir una economía más estable y previsible.

La verdadera prueba del Presupuesto 2027 será, entonces, mucho más sencilla de entender para cualquier ciudadano que sus cientos de planillas: si dentro de un año la Argentina tiene más inversión, más empresas produciendo, más empleo privado formal, mejores ingresos reales y una economía capaz de crecer sin volver a desequilibrarse. Porque un presupuesto puede cerrar perfectamente en una planilla y, sin embargo, quedar lejos de la realidad. La calidad de las finanzas públicas consiste precisamente en evitar esa distancia.

Por eso, la presentación del Presupuesto 2027 debería haber abierto una discusión de enorme relevancia institucional. Sin embargo, apenas ingresó al Congreso, una parte del debate quedó atrapada en la interna del propio oficialismo.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestó públicamente que desconocía modificaciones incorporadas al proyecto vinculadas con discapacidad y llegó a calificarlas como una “bomba atómica”. Después, un video suyo utilizando una canción de Lali Espósito terminó agregando otro capítulo político a la controversia.

Más allá de las diferencias internas, el episodio deja una imagen preocupante: una de las principales autoridades parlamentarias del oficialismo diciendo que no conocía aspectos relevantes de la principal ley económica que el Poder Ejecutivo acababa de enviar al Congreso. El problema, entonces, no es la anécdota ni quién tiene razón en esa discusión. El problema es qué lugar le estamos dando institucionalmente al presupuesto.

La cuestión adquiere mayor dimensión por los antecedentes recientes. Durante 2024 y 2025 el Gobierno nacional administró mediante la prórroga del Presupuesto 2023. La legislación permite la reconducción cuando no existe una nueva ley aprobada, pero que sea jurídicamente posible no significa que sea institucionalmente deseable. Mucho menos en una economía atravesada por inflación, cambios profundos en precios relativos, reorganización del Estado y modificaciones sustanciales en la composición del gasto público.

Recién para 2026 volvió a existir un presupuesto aprobado por el Congreso. Y ahora estamos frente al proyecto para 2027, el último ejercicio completo del actual mandato presidencial. Después de aquella experiencia, cabría esperar que su presentación y discusión recuperaran toda la centralidad que una ley de esta naturaleza merece.

En cuanto a sus números, el proyecto proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar mayorista de aproximadamente $1.847 hacia diciembre. Mantiene además como eje el superávit fiscal. La disciplina fiscal es un objetivo relevante: ningún Estado puede sostener indefinidamente un nivel de gasto incompatible con sus recursos. Pero equilibrio fiscal y calidad presupuestaria no son exactamente lo mismo.

El primer interrogante está en la consistencia de los supuestos. Crecer 4% mientras la inflación baja al 18% supone consolidar simultáneamente la recuperación de la actividad, la desinflación, el equilibrio de las cuentas públicas y un sector externo capaz de acompañar ese crecimiento. Son metas oficiales que el Congreso debería examinar con detenimiento, especialmente después de que para 2026 el propio presupuesto había proyectado un crecimiento del 5% y el proyecto actual redujo esa estimación al 3%.

También existen cuestionamientos importantes sobre el articulado. Entre otros puntos, el proyecto propone eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares, incluida la AUH, sin establecer en ese artículo una fórmula automática equivalente que lo sustituya.

Además, incorpora modificaciones relevantes al régimen de prestaciones y pensiones vinculadas con discapacidad. Son decisiones que pueden ser propuestas por el Poder Ejecutivo, pero precisamente por sus consecuencias fiscales y sociales deberían ser identificadas, explicadas y discutidas con absoluta claridad.

Y allí aparece otra cuestión central. Una ley de presupuesto no debería transformarse en un vehículo para introducir modificaciones sustanciales que terminen descubriéndose después de su ingreso al Congreso. La complejidad técnica de un presupuesto no puede convertirse en una forma de opacidad. Por el contrario, cuanto más compleja es la herramienta, mayor debería ser la obligación de transparentar sus supuestos, prioridades y consecuencias.

La Argentina ha discutido durante décadas déficit, emisión, deuda, inflación y presión tributaria. Mucho menos hemos discutido la calidad de nuestras instituciones fiscales. Y esa dimensión también importa. Un país necesita equilibrio fiscal, pero también presupuestos realistas, información confiable, control parlamentario, previsibilidad y rendición de cuentas.

El presupuesto es, además, una expresión concreta del sistema republicano: el Ejecutivo propone y el Congreso autoriza. No es un trámite administrativo. Tampoco debería ser una formalidad que se cumple simplemente enviando cientos de páginas y planillas antes de una fecha determinada. Es el momento en que una administración explica cómo piensa utilizar los recursos de toda la sociedad y se somete al control de sus representantes.

Por eso resulta paradójico que la discusión inicial del Presupuesto 2027 haya quedado asociada a “bombas”, videos y disputas internas. Las verdaderas preguntas son otras: si las proyecciones macroeconómicas son consistentes, si los recursos estimados son realistas, cuáles son las prioridades del gasto, qué ocurre si las variables no se cumplen y cuánto margen efectivo conservará el Congreso sobre aquello que finalmente apruebe.

Después de dos años de presupuestos prorrogados, la Argentina debería aprovechar la recuperación del debate presupuestario para fortalecer su institucionalidad. Porque ordenar las cuentas públicas es indispensable, pero no suficiente. La calidad de una administración financiera también se mide por la forma en que planifica, autoriza, ejecuta y controla los recursos públicos.

Y quizás allí esté la verdadera “bomba” del Presupuesto 2027: que mientras la política discute quién puso una bomba en el proyecto, quién sabía que estaba allí y qué canción eligió después una senadora para responder, terminemos perdiendo de vista algo mucho más importante: que estamos hablando de la ley que define cómo el Estado argentino piensa administrar los recursos de toda la sociedad durante el próximo año.

Después de tantos años de debilidad institucional, el país debería poder discutir su Presupuesto con bastante más seriedad.

Porque cuando hasta la principal herramienta de administración financiera del Estado termina absorbida por el espectáculo y la interna política, el problema ya no es solamente económico.

Es la institucionalidad argentina la que vuelve a quedar en deuda.