La discusión pública que se abrió en los últimos días no puede reducirse a un intercambio discursivo ni a una defensa automática de la gestión. Lo que está en debate es una cuestión concreta y medible: la ejecución del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, un fondo específico que se integra mayoritariamente con recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural y que tiene una finalidad clara: el mantenimiento y la mejora de rutas y caminos entrerrianos.Guillermo Michel no planteó consignas ni generalidades. Expuso datos oficiales de ejecución presupuestaria que muestran que, durante el último ejercicio, se recaudaron más de 23 mil millones de pesos, pero se ejecutó poco más del 47 % de esos recursos. En términos simples, más de la mitad del dinero disponible para obras viales no se tradujo en trabajos concretos, en una provincia donde el deterioro de caminos y rutas es un reclamo transversal de productores, transportistas y vecinos de todos los departamentos.Frente a estos datos, resulta insuficiente que la respuesta oficial intente relativizar el problema apelando a explicaciones estructurales o a responsabilidades históricas. Aun admitiendo dificultades administrativas de larga data, el punto central no se modifica: los recursos estaban disponibles y no se ejecutaron. Cuando existen fondos con asignación específica, la subejecución no es un tecnicismo presupuestario, sino una falla de gestión que merece una explicación clara.Es correcto afirmar que la vialidad no se discute con consignas. Precisamente por eso, este debate debe darse con números oficiales y hechos verificables. La discusión no es ideológica ni partidaria: es si los fondos que aportan los entrerrianos están siendo utilizados de manera eficiente para el fin para el cual fueron creados.Tampoco resulta razonable correr el eje del debate hacia el pasado para diluir las responsabilidades del presente. Gobernar implica administrar el hoy. Si el problema es estructural, la sociedad entrerriana tiene derecho a saber qué se está haciendo actualmente para revertirlo, con qué plazos y con qué resultados concretos.Desde mi lugar como concejal de Concepción del Uruguay y abogado, considero necesario respaldar una postura que exige transparencia, rendición de cuentas y ejecución efectiva del presupuesto. Defender la posición de Guillermo Michel es defender un principio básico de la administración pública: que los recursos afectados por ley a un fin específico lleguen efectivamente al territorio y se conviertan en obras reales.Porque cuando el presupuesto no se ejecuta, el costo no es abstracto. Se paga en caminos deteriorados, en mayores costos productivos, en riesgos para la seguridad vial y en oportunidades perdidas para el desarrollo de Entre Ríos. Ese es el debate de fondo. Y ese es el punto que no puede ser relativizado.

La norma fija los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit de las cuentas públicas y un criterio de baja de impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto y de recorte de partidas en caso de que sea menor.La ley fue sancionada durante el último período de sesiones extraordinarias que celebró el Congreso Nacional.Según el documento oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas, se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055.

Para alcanzar esta meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $ 148,29 billones. Por su parte, el total de los gastos corrientes y de capital autorizados para el mismo periodo asciende a $ 148,06 billones.En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor partida con $ 106,52 billones.

Le siguen en importancia el pago de la deuda pública con $ 14,11 billones, los Servicios Económicos con $ 11,45 billones, la Administración Gubernamental con $ 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $ 7,11 billones.Para el funcionamiento y programas de las universidades nacionales, la ley asigna un presupuesto de $ 4,78 billones. El texto aclara que las instituciones deben presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias en caso de incumplimiento.En el área de previsión social, se destinan $ 212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se contemplan $ 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.Respecto a las herramientas de financiación, el Ejecutivo cuenta con autorización para emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $ 70 billones. Asimismo, se fijaron topes para el uso transitorio de crédito a corto plazo: $ 4 billones para la Tesorería General de la Nación y $ 2,5 billones.

Finalmente, la norma impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, exigiendo la autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También se mantienen exenciones de impuestos y derechos de importación para vacunas y medicamentos de programas sanitarios nacionales. NA

El mandatario aspira a que el Congreso trate -y apruebe- el proyecto de Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, un reclamo central de los gobernadores, para completar el temario enviado a principios de diciembre, lo que obligó a la mesa política que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a estudiar el abanico de opciones para extender los tiempos de tratamiento. La “modernización” laboral configura una de las principales obsesiones de la administración libertaria que decidió posponer el debate legislativo para asegurarse los votos necesarios para su aprobación.

A principios de febrero, la flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, trabajará para repetir la fórmula que le permita sumar un nuevo acierto legislativo, luego de cerrar el 2025 con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.La tarea involucrará además al equipo negociador que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluye al ministro del Interior, Diego Santilli; a los primeros Eduardo “Lule” y Martín Menem; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes deberán doblegar esfuerzos para conquistar los respaldos necesarios para dar cumplimentar a los deseos del libertario.

Si bien el lunes 2 de febrero destaca entre las posibilidades, una fuente legislativa reveló que aún madura el debate para concretar la fecha precisa que extienda las sesiones.Desestimadas las intenciones que pregonaba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de sesionar en enero, estudian la chance de anticipar el llamado al lunes 19 de enero para organizar las asistencias, y dar inicio a las comisiones el mismo 2 de febrero. “Tal vez se pueda replicar algo similar a lo que pasó esta vez. Se llamó el 10, pero recién arranco la actividad a la otra semana”, ejemplificaron ante este medio.La posibilidad de apremiar los tiempos responde a la voluntad expresa de la administración de lograr -cuanto antes- la aprobación de la Reforma Laboral. “Podría ser antes del 2. Todavía está en definición, pero hay que tratar la Reforma Laboral”, planteó ante este medio un integrante de la mesa política que discute la estrategia legislativa.A principios de este mes, el Gobierno Nacional delimitó un temario acotado que incluía seis proyectos de los cuales sancionó dos y dictaminó otros tres. Lo acontecido tuvo lugar durante el inicio de sesiones extraordinarias del 10 de diciembre que se extendió hasta el 30 de este mes, bajo promesa de prolongarse en los meses de verano.Pese a las manifiestas intenciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la actualización del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias. Según argumentan fuentes involucradas, se trata de un proyecto extenso que requerirá meses de debate y el que aún resta ser pulido.

En su debut en traje legislativo, Bullrich logró el dictamen de los cambios en el régimen laboral y de la ampliación de las áreas habilitadas de explotación contempladas en la Ley de Glaciares, pero anunció la demora en su tratamiento para el 10 de febrero. Aún hay voces que se resisten al articulado de los cambios en el régimen laboral, como también al proyecto de estabilidad monetaria ya despachado.Pasado el verano y el receso vacacional, la Casa Rosada concentrará su atención en retomar el objetivo legislativo que suspendió, cuando resolvió tratar un tema a la vez, ante un escenario adverso en el Congreso, pese al triunfo electoral de octubre.

Por Mariano Casal - El Senado sancionó anoche el Presupuesto 2026, tras casi ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra. Un tema no menor, aunque dentro de poco -en febrero, si hay extraordinarias; o marzo, en el período ordinario-, el oficialismo deberá lidiar con un desafío mayúsculo en la Cámara alta: la reforma laboral.Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich- y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad. Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro -José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.“Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones?. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que “no había margen para la tibieza“, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que ”gobernar no es prometer“, sino ”decidir cuando duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”. 

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó ante la Honorable Cámara de Senadores de la provincia el presupuesto 2026, reafirmando el compromiso del Gobierno con las políticas sociales y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. El proyecto prevé un incremento del 19 por ciento respecto al año anterior y destina más del 40 por ciento de los recursos a políticas públicas que promuevan el desarrollo humano en todo el territorio.

La autonomía será un eje troncal del año 2026, en el marco de una nueva forma de vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Al respecto, la ministra Verónica Berisso remarcó “el Estado debe acompañar a crecer. Queremos que cada entrerriano pueda potenciar sus capacidades y lograr desarrollar su autonomía”.

El presupuesto se organiza en seis ejes: alimentación, autonomía, asistencias, inclusión, políticas para la mujer y desarrollo comunitario.Berisso también subrayó que la partida destinada a la Alimentación se mantiene con el incremento de 2.000 por ciento, más allá de la continuidad o no de la Ley de Emergencia Alimentaria. Y destacó el compromiso provincial con la primera infancia destinando un presupuesto etiquetado para fortalecer la protección integral de niñas y niños.Participaron en la presentación el coordinador ministerial, Gustavo Ipoutcha y la directora general administrativo contable, María Inés Galligo. El equipo ministerial acompañó las disertaciones.

La negociación del Presupuesto 2026 ingresó en un punto de máxima tensión. Luis Caputo, a cargo de la llave financiera del Gobierno, mantiene en suspenso su decisión final sobre los pedidos que acercaron los gobernadores, quienes reclaman fondos, reacomodamientos y garantías para sostener la gestión en sus territorios.El ministro, según dejaron trascender en su entorno, tomó distancia en las últimas horas y aguarda el resultado de las charlas que Diego Santilli mantiene con los mandatarios provinciales. Recién entonces resolverá si concede parte de las demandas, si endurece la postura o si redefine el tablero político.La expectativa es alta porque lo que decida Caputo no solo marcará el tono de la relación Nación–Provincias en 2026: también condicionarán la estrategia legislativa, las obras comprometidas y la sobrevivencia financiera de varias jurisdicciones.Mientras tanto, en los pasillos oficiales se percibe un clima inquietante: nadie termina de saber cuánto está dispuesto a ceder el ministro… ni cuál será el impacto de su decisión. Frigerio en Buenos Aires, una presencia que el Ministro Santilli no puede eludir, ni esquivar y mucho menos cortar la línea; solo versiones están indicando que empieza a notarse un clima frío y seco.  

“Tener una buena administración y planificación hace que en momentos donde el contexto macroeconómico no es el esperado, la crisis no se sientan tan fuerte”.Luego de hacer hincapié en “la austeridad de la administración y la reducción de los gastos destinados a la política”, el legislador brindó detalles sobre “el gran incremento” en las partidas destinadas a la educación, la salud, la seguridad y las obras públicas”.Luego tomó la palabra la diputada Andrea Zoff (PJ) puso reparos al endeudamiento: “El presupuesto 2026 no corrige el rumbo tomado este año, sino que ratifica la misma receta que compromete el futuro de los entrerrianos”.Tras realizar un exhaustivo análisis de los números que plantea el proyecto de presupuesto, sostuvo que “el 73% se destina a gastos rígidos de servicios esenciales” y el resto a gastos de capital.“La inversión real  en obra pública es de 430 mil millones de pesos, la mitad del billón de pesos que salió a decir el Gobierno provincial”, sostuvo al tiempo que mencionó que “el 75% de la obra proyectada para este año no se ejecutó, y a esto nos referimos cuando decimos que no hay un plan estratégico que fundamente el endeudamiento”.“En este proyecto se solicitan tres autorizaciones de endeudamiento y a esto hay que sumar las autorizaciones vigentes, pero no vemos la contrapartida de estas tomas de deuda en un plan de infraestructura”, sostuvo.“Nos vuelven a pedir un cheque en blanco, como ocurrió cuando tratamos el presupuesto vigente”, aseveró.“Este es un presupuesto que no refleja crecimiento ni políticas que acompañen a los sectores económicos que permiten el desarrollo de la provincia. Es un presupuesto que depende cada vez más del endeudamiento”.En este marco, anunció que el bloque acompañará el proyecto de presupuesto 2026, pero rechazará los artículos 1º, 5º, 6º, 7º y 8º que están vinculados al endeudamiento: “No podemos evaluar nuevos pedidos para tomar deuda sin un destino claro y planificado”, enfatizó.Luego Juan José Bahillo (PJ) hizo un repaso del destino que tuvo la toma de deuda del presupuesto actual y, en tal sentido, dijo que gran parte de los fondos no se utilizó y sin embargo el Gobierno vuelve a pedir autorización para tomar endeudamiento: “El remanente es 639 mil millones de pesos” y a esto hay que sumar la deuda por 500 millones de dólares que se tomó este año”, por lo que no se comprenden las razones por las que solicitan más endeudamiento.Luego hizo un análisis de los escasos recursos proyectados para destinar a vivienda y rutas. en contraposición con los “grandilocuentes anuncios” que han realizado desde el Gobierno provincial.  En tanto, el diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) adelantó su acompañamiento al proyecto, pero indicó que no votará los artículos referidos a endeudamiento. En el mismo sentido se pronunció Liliana Salinas (Partido Conservador Popular): “Hay cosas que no cierran”.Roque Fleitas (La Libertad Avanza) informó que su bloque acompañará el proyecto, aunque manifestó sus reparos al tratamiento que tuvo en Comisión y solicitó que la próxima vez el debate comience con anterioridad. También Julia Calleros (Fe y Libertad) anunció su acompañamiento al proyecto.Luego Lorena Arrozogaray (PJ) cuestionó que las obras proyectadas para Gualeguaychú son las mismas que las que se presentaron el año pasado y también arremetió contra el nivel de endeudamiento que pretende contraer la gestión de Rogelio Frigerio.Más tarde tomó la palabra Lénico Aranda (JxER) destacó el debate que se dio en torno al proyecto y resaltó que cada legislador haya podido dar su opinión.Laura Stratta (PJ) sostuvo que “el presupuesto tiene una mirada demasiado optimista”, puso el ojo en las fuentes de financiamiento, cuestionó que el proyecto “tiene una escasa inversión de fondos propios en obra pública” y profundiza el endeudamiento, que “es histórico”.Luego tomó la palabra María Elena Romero (JxER), quien sostuvo que el proyecto  reafirma valores como la austeridad, prioriza las cuestiones sociales y establece un plan de inversión para el 2026.

El texto quedó reservado para ser tratado en la próxima sesión. “Por todo el trabajo que se hizo en comisiones, los aportes constructivos desde los diferentes bloques, se va a terminar aprobando. La oposición acompañará en general pero no en particular”, manifestó el presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi.

“Entró el dictamen favorable del Presupuesto 2026, será tratado en la comisión de este miércoles. Las expectativas son la aprobación por unanimidad con el acompañamiento de todos los bloques”, señaló Sarubi.

El legislador afirmó: “Entendemos que hay algunos bloques que pueden llegar a hacer observaciones sobre algunos puntos en particular, pero que al menos la aprobación sea por unanimidad para darle las herramientas tan fundamentales al poder Ejecutivo”.

“Por todo el trabajo que se hizo en comisiones, los aportes constructivos desde los diferentes bloques, creo que se va a terminar aprobando en general por unanimidad, y en particular puede ser que haya algunos artículos que no acompañen”, concluyó Sarubi.

Para la ocasión fueron convocados la Secretaría de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Mariela Volpe; el Director Ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el Director Adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; al Coordinadora General del Ministerio de Hacienda, Lorena Kozak; el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Luciano Rotman; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara.Se hizo extensiva la participación a todos los legisladores y las legisladoras de ambas Cámaras legislativas provinciales que deseen asistir a la convocatoria.

El proyectoEn la nota de elevación indica que el proyecto de presupuesto para la administración provincial expresa la “consolidación de recursos, y la correspondiente asignación de los gastos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la transparencia de la gestión de gobierno, así como su empleo como herramienta de la política económica y social, y de previsibilidad para el resto de los actores económicos”.También se indica que para la confección se tomaron en consideración las variables macroeconómicas que surgen del marco macro – fiscal “elaborado por el gobierno nacional, conforme lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, estimaciones éstas, contenidas en el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio 2026 recientemente elevado” y en discusión en el Congreso de la Nación.Se proyectan erogaciones de seis billones cuatrocientos cuarenta y seis mil nueve millones cientos dos mil ($6.446.009.102.000.-) con destino a los gastos corrientes y de capital. De ese total $2.702.981.25000 son gastos de personal.  La planta permanente de cargos es de 67.511 cargos y son 340526 las horas cátedra.En cuanto a personal temporario se habilita un cupo de 3324 cargos y un límite máximo de 31.364 horas cátedra.

Gran inversión en infraestructuraHoras después de haber presentado el proyecto, el gobernador encabezó una reunión de gabinete en la que hizo referencia a la iniciativa y sostuvo que “se trata quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia, especialmente en lo que tenemos más deteriorado, que es nuestra red vial”.En ese sentido, precisó que se destinarán “casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos”, financiado “en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito, una vez que pudimos obtener el aval soberano del Gobierno nacional”.“Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien circunstancialmente esté a cargo de los gobiernos locales”, afirmó Frigerio, al señalar que actualmente los trabajos ejecutados ya alcanzan un tercio del total previsto.Destacó que este plan es posible gracias a que la gestión volvió “a sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un año muy difícil en términos de ingresos, con una caída superior a la registrada en 2024”. Recordó, además, que ese contexto no impidió “poner en marcha todas las obras -muchas de las cuales encontramos abandonadas-, disminuir la presión impositiva y cumplir, con enorme esfuerzo, con los vencimientos de deuda que nos dejaron las gestiones anteriores”.Además anunció que, en paralelo al Presupuesto 2026, se enviará “un proyecto de ley de Obras Públicas que no solo modifica la forma en que el gobierno puede contratar obra pública -incorporando la posibilidad de que lo haga el sector privado-, sino que también plantea una política de Estado para que estas obras se prioricen de una vez y para siempre”.

En cumplimiento a los términos establecidos por la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 y su modificación por la Ley N° 10.826, este jueves el Presidente Municipal Francisco Azcué, acompañado del Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra, hizo entrega a la Presidente del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza del proyecto de Ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal 2026.El total de recursos estimados para el ejercicio del año próximo asciende a $124.000 millones. Los objetivos centrales se orientan a consolidar la integración territorial socio-urbana de la ciudad, mejorar la prestación de servicios, optimizar los recursos administrativos y fortalecer la cercanía con los vecinos.

Se destinarán el 15,2 % del Presupuesto a obras públicas, más del doble que en 2025, priorizando infraestructura, pavimento, saneamiento y espacios públicos, teniendo prevista una inversión de $18.850 millones en obras.

“Con equilibrio fiscal, desburocratización y más inversión, Concordia avanza hacia una ciudad moderna, inclusiva y sostenible” destacó Ferreyra, subrayando que el “el 70% de las obras se financiarán con fondos propios” que se puede lograr “como resultado de una gestión responsable que cuida los recursos, invierte en infraestructura y acompaña al contribuyente”.

En esa línea, Ferreyra sostuvo que para el 2026 “los recursos municipales se estiman en $46.050 millones, un 18 % más que en 2025, gracias a la modernización tributaria, el control de la evasión y la mejora de la actividad económica”.El Intendente Azcué por su parte remarcó que el objetivo para el año que viene “es la de fortalecer el plan de infraestructura que hemos comenzado en este 2025, financiado con recursos propios que se destinan a partir de la responsabilidad y cumplimiento de los contribuyentes, a quienes le agradecemos. En el 2026 vamos a llevar adelante la mayor inversión en obras que se ha hecho en Concordia con recursos municipales”.

Esto es posible porque este tiempo “que llevamos de gestión permitió equilibrar y reducir gastos que nos permiten mirar hacia adelante con otra perspectiva, convencidos de que vamos por el camino correcto, cuidando los ingresos y volcándolos donde la comunidad los necesita”.

Por último la Viceintendente Reta de Urquiza explicó que este jueves se le da formalmente ingreso al proyecto del Presupuesto “cumpliéndose los plazos administrativos. A partir de la semana próxima comenzará a ser tratado en el Concejo en Comisión para que pueda ser sancionado antes de que termine el período legislativo el 30 de noviembre”. 

Sobre el papel, estos números representa una señal de disciplina fiscal y continuidad del ajuste iniciado en 2024. Pero detrás de las proyecciones macroeconómicas se esconde un delicado equilibrio: ingresos que dependen de una recuperación económica todavía incierta y un gasto que, si bien comprimido, enfrenta presiones sociales y políticas crecientes.O sea, estas cifras descansan en supuestos que hoy son frágiles: volatilidad cambiaria, reservas limitadas, dependencia de ingresos extraordinarios por exportaciones y negociaciones externas, y un contexto político tenso que pone en riesgo la aprobación y la ejecución del presupuesto 2026.

La construcción del equilibrioEl esquema oficial parte de una economía que crecería entre un 4,5 % y 5% en 2026, con inflación descendente y un tipo de cambio real estable.Bajo esos supuestos, los ingresos tributarios recuperarían terreno y las cuentas públicas lograrían sostener un superávit primario. Sin embargo, el desafío central no es técnico sino político: mantener la coherencia del ajuste en un año donde podrían acentuarse las tensiones sociales, el desgaste del oficialismo y la fragmentación parlamentaria.El esfuerzo fiscal del Gobierno se concentra en mantener el gasto corriente bajo control y en limitar las transferencias discrecionales a provincias. Pero el espacio para nuevos recortes es cada vez más estrecho. Con salarios públicos rezagados, inversión paralizada y una creciente demanda de asistencia social, el margen de maniobra luce agotado.

Cifras que generan sospechas razonables1) Supuestos cambiarios y de exportaciones. Gran parte de los ingresos proyectados dependen de supuestos sobre exportaciones e ingreso de dólares (mejor performance exportador, derechos de exportación, etc.). Si la cotización del dólar, el volumen exportado o los precios internacionales difieren, los ingresos fiscales se resienten rápidamente. El propio proyecto incorpora expectativas optimistas sobre exportaciones.2) Reservas y acceso al mercado. El programa con organismos internacionales y el flujo de financiamiento externo condicionan la capacidad de sostener el tipo de cambio y pagar deuda. El FMI ya flexibilizó metas de acumulación de reservas dentro del acuerdo vigente, dejando claro que la trayectoria de reservas sigue siendo débil y dependiente de desembolsos y de la ejecución de políticas. Esa fragilidad eleva el riesgo de ajustes bruscos si se agotan colchones. 3) Contradicciones internas: crecimiento alto + recorte real en gasto. El presupuesto muestra aumentos reales en algunas partidas sociales, pero se combina con una disciplina fiscal estricta que en la práctica reduce gasto en otras áreas (o lo deja atado a ejecución condicionada). Si la demanda agregada cae por ajustes del crédito o por caída del consumo privado, el crecimiento proyectado puede no materializarse, obligando a revisiones.

Un equilibrio sensible al contextoPara demostrar la extrema fragilidad de este proyecto, hemos realizado un análisis de sensibilidad que muestra claramente que el equilibrio fiscal proyectado es altamente vulnerable a las variaciones mínimas en las variables clave. Pequeñas variaciones en los ingresos o en el gasto pueden alterar sustancialmente el superávit estimado. Una caída del 10 % en la recaudación o en las exportaciones, por ejemplo, reduciría el superávit a niveles cercanos al 0,9 % del PBI, mientras que un aumento similar en el gasto lo llevaría a apenas 0,5 %. Solo un escenario favorable —con mayor recaudación o mejora de precios internacionales— permitiría alcanzar un superávit superior al 2 %, una hipótesis difícil de sostener en el contexto actual.La sostenibilidad del superávit primario de +1,5% del PIB para 2026 es altamente sensible a las variaciones en la Recaudación y, en segundo lugar, al control del Gasto Primario. El superávit se convierte rápidamente en déficit ante una caída del 10% en la recaudación o un aumento del 10% en el gasto.El análisis de sensibilidad fiscal muestra que el resultado positivo depende más de la estabilidad externa y del cumplimiento estricto de metas internas que de una transformación estructural del gasto público.En otras palabras, el superávit no se sostiene sobre una reforma de fondo, sino sobre un delicado balance coyuntural que podría revertirse ante cualquier shock moderado.

El componente político del PresupuestoEn términos políticos, el Presupuesto 2026 funciona más como una herramienta de narrativa que como un plan de ejecución garantizada. El Presupuesto 2026, en definitiva, no es solo un documento contable: es una radiografía del momento político y económico del país. Refleja la aspiración de consolidar el orden fiscal, pero también evidencia los límites estructurales de un modelo que depende más de la disciplina del mercado que de la fortaleza institucional.Para que el gobierno cumpla con la previsión de un Superávit Primario del +1,5% del PIB, deben cumplirse condiciones macroeconómicas y fiscales estrictísimas que mitiguen la alta sensibilidad identificada. Esto requiere simultáneamente un ajuste profundo y un crecimiento sólido:1) Ajuste Fiscal Implacable: Es indispensable el mantenimiento estricto y la caída real del Gasto Primario. Esto se logra mediante la implacable contención de subsidios (energía, transporte) y transferencias corrientes a provincias. Crucialmente, los aumentos a empleados públicos y jubilados deben ser inferiores a la inflación para generar un ahorro real.2) Materialización Macro: El gobierno debe materializar el crecimiento del PIB del +5% proyectado, al mismo tiempo que la eficacia recaudatoria aumenta. Solo así los ingresos superarán el gasto y el superávit será sostenible.3) Anclaje de la Inflación: Es vital que la inflación se cumpla de acuerdo a las previsiones del Presupuesto (10,1%), ya que cualquier desvío al alza presionaría el gasto indexado.Solo si esta convergencia de austeridad, crecimiento y control inflacionario ocurre, se podrá superar el riesgo de alta sensibilidad fiscal y validar la meta de superávit.

Pero más allá de todo, la aprobación del Presupuesto 2026 es una necesidad impostergable para la Argentina. El país no puede permitirse atravesar un tercer año consecutivo sin una ley de presupuesto sancionada por el Congreso. Más que una discusión jurídica sobre la validez de prorrogar el esquema anterior, el problema es político e institucional: gobernar sin presupuesto es hacerlo sin la principal herramienta de planificación financiera y control del Estado.Esa ausencia erosiona la credibilidad fiscal, debilita la gestión pública y profundiza la sensación de improvisación.

Pretender ordenar la economía sin un presupuesto aprobado no solo es poco realista, sino directamente inviable en cualquier nación que aspire a normalidad institucional.En la mayoría de los países, carecer de presupuesto no sería un hecho excepcional, sería algo abiertamente anormal. En la Argentina, esa anormalidad se ha vuelto una costumbre peligrosa que urge corregir. 

Dentro de las miles de fojas que tiene el proyecto de presupuesto 2026, que el presidente Javier Milei envió al Congreso, hay tres variables que son fundamentales para las proyecciones de Entre Ríos.

Se trata de la cotización del dólar, la estimación de la variación del índice de precios al consumidor y la previsión de crecimiento de la economía nacional. Todas estas pautas deben ser tomadas por el Gobierno de Rogelio Frigerio como guías del proyecto de presupuesto 2026, que deberá presentar antes del 14 de octubre.En la Casa de Gobierno evalúan, con cierta resignación, que estas proyecciones son bajas y no se ajustan a la realidad. Pero deberán hacer el pan con la harina que les tocó.

La obsesión verdeEn cuanto a la divisa norteamericana, la Administración Milei proyectó que en diciembre de este año cotizará a $1.325. La previsión para fines de 2026 apenas asciende a $1.423. Irreal. Hoy las pizarras del Banco Nación muestran al dólar en el orden de los $1.480. Tal vez sea solo una cuestión de tiempo: las pautas oficiales estiman que se llegará al nivel actual de cotización recién en 2027.Esto no es un dato menor. El Gobierno entrerriano tendrá que tomarlo en cuenta para sus proyecciones del próximo año. A estos valores deberán estimarse los pagos a los tenedores de bonos provinciales por un total de USD 130 millones, en dos cuotas que vencerán en febrero y agosto.El Gobernador logró que la Legislatura apruebe un endeudamiento por USD 500 millones. La intención era acudir al mercado internacional para reperfilar los vencimientos de capital e intereses y obtener un alivio. En ese momento, el riesgo país —dato clave para medir la tasa de interés de los nuevos bonos— estaba en 800 puntos. Hoy se ubica más cerca de los 1.200. Casi imposible.

Precios y PBIEl dato de inflación va en un sentido similar. La proyección oficial indica que este año cerrará en 24,5%. Hasta agosto, el índice de precios creció un 19,5%. Para mantenerse dentro del parámetro, en los últimos meses del año debería haber una suba inferior al 1%.Más allá de esta apuesta pretenciosa, hay que poner la lupa sobre la estimación para 2026: el Gobierno proyecta una inflación del 10,1%.

Ambos números son claves para proyectar los ingresos provinciales, tanto los de origen nacional como los propios. Deberían servir para deflactar los fondos que ingresan, transformando en corrientes los valores constantes.Vale destacar que organismos y bancos internacionales estiman que la inflación argentina durante el año próximo rondará el 23%, más del doble de lo que prevé el Gobierno.En la misma senda se ubica la estimación de crecimiento. El presupuesto 2026 calcula que el producto aumentará un 5% durante ese año. Esto debería impactar en la coparticipación y en la recaudación propia. El problema es que la presunción de incremento del PBI se sustenta en tres factores: el superávit fiscal, la estabilidad y el crecimiento de las exportaciones. El último es el único con sustento real. El riesgo radica en que, con el dólar subvaluado, las ventas argentinas al exterior pierden competitividad, mientras aumentan las importaciones.Todo hace suponer que la letra del presupuesto provincial 2026, que está en las etapas finales de elaboración, sea solo una formalidad, y que la realidad obliga a adecuar las proyecciones a medida que transcurra el año. (I:Juan Braco-Valor Local) 

El presidente Javier Milei habló este lunes en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 que mandará al Congreso de la Nación para su tratamiento antes de que termine el año legislativo. En su discurso, destacó el trabajo en materia económica que se realizó hasta ahora y envió un mensaje para la gente, para la política y para el sector privado.En el inicio de su mensaje habló para la política, donde señaló: “El futuro de la argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”, agregó.“Este presupuesto es el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para seguir recomponiendo la relación entre el Estado nacional y las provincias. Trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una argentina distinta, vamos a lograr las reformas de fondo”, acentuó.Seguido a esto, envió un mensaje para la gente. “Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período“, sostuvo en su discurso que se grabó en el Salón Blanco durante la tarde.En tanto, Milei continuó: “Los argentinos son los protagonistas de este proceso, son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad. El temple de los argentinos es heroico, y por eso les damos las gracias“.

Remarcó que “el orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente“. Y añadió: ”Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho“.Apuntó que “el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno” y señaló: “Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo, y les ha ido cada vez peor“.“Quiero decirles a todos los argentinos: más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material“, destacó en su mensaje para la gente.En materia económica, según anunció el mandatario, las principales novedades que se redactaron en el proyecto para el próximo año es la búsqueda de garantizar el equilibrio fiscal e impedir que el tesoro pueda financiarse por el Banco Central. Además, presentó modificaciones para algunos ítems que han sido parte de la discusión política de los últimos meses.En ese sentido, expresó que habrá un aumento en términos reales del 5% en la partida de las jubilaciones, un 17% para salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales.Por último, dedicó un apartado para el sector privado, donde explicó: “Por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país”.“Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. Y eso es lo que sucede cuando se les suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulnera el derecho de propiedad, y se les cambian las reglas del juego sobre la marcha, como hemos hecho durante tantas décadas”, pronunció el mandatario.Y completó: “Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.Justamente, antes de que el mandatario grabe el mensaje, estuvo en Casa Rosada Luis “Toto” Caputo, quien se reunió con el vocero Manuel Adorni y con el asesor Santiago Caputo durante algunas horas. Luego, se quedó a escuchar las palabras del jefe de Estado junto al candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.Por su parte, Milei emprenderá un viaje a Paraguay en la noche de este lunes para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) y mantener un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña. A su regreso, se sacará una foto con los principales candidatos de La Libertad Avanza de todas las provincias.La CPAC se realizará en el Hotel Sheraton de la capital paraguaya y contará también con la asistencia de importantes funcionarios de Peña, entre los cuales están sus ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez, y de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.También participarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador de esa nación en los Estados Unidos, Gustavo Leite, además del enviado de Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell. De acuerdo con el cronograma de la organización, Milei será uno de los oradores principales de la jornada junto con el presidente de Paraguay, con quien luego mantendría una reunión bilateral. Infobae. 

El presidente, Javier Milei, informará los alcances del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 durante un discurso que ofrecerá en cadena nacional el próximo lunes a las 21.Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un posteo en redes sociales. Hasta el momento se sabe que la cadena nacional sería grabada en la Casa de Gobierno en lugar del Congreso Nacional, tal como sucedió el año pasado.La discusión del presupuesto 2026 es una de las herramientas que puede utilizar el gobierno para acercarse a los gobernadores.En un anticipo publicado en julio de este año, el Poder Ejecutivo adelantó que insistirá con un presupuesto equilibrado entre gastos e ingresos.Allí trazó las proyecciones macroeconómicas y fiscales del Ejecutivo para el cierre de este año y el año próximo, pero que deben ser actualizadas de acuerdo a los resultados de los últimos meses.En ese momento, el Ejecutivo estimó una inflación interanual del 22,7?% para diciembre de 2025, lo que consolidaría el proceso de desinflación iniciado a comienzos de la gestión.Asimismo, se preveía un tipo de cambio oficial de $?1.229 por dólar que ya quedó fuera de rango.

En cuanto al crecimiento, el Gobierno proyectaba un incremento del 5,5?% del Producto Bruto Interno (PBI), pero algunas consultoras ya lo ajustan a la baja.Por el lado externo, se estimó un superávit comercial de US$?4.913 millones, con exportaciones creciendo 3,7?% y un fuerte repunte de las importaciones, del 25,2?%.El informe también anticipó un aumento real de la recaudación impositiva, estimada en 22,3?% interanual en términos nominales.En línea con la política económica del oficialismo, el Ejecutivo ratificó que el equilibrio fiscal seguirá siendo un compromiso ineludible, acompañado de medidas orientadas a consolidar un Estado más austero, eficiente y sin intermediación política en la asistencia social.Como parte de ese enfoque, el adelanto del Presupuesto incorpora una propuesta de “regla fiscal”, que limitaría automáticamente el crecimiento del gasto público en caso de aumentos inesperados en la recaudación, buscando institucionalizar el control sobre las cuentas públicas.Finalmente, el Gobierno remarcó que el documento anticipado responde también a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). NA. 

Durante el último año, de manera planificada y atendiendo los desafíos del contexto, se implementaron cambios estructurales que permitieron ordenar las cuentas públicas, optimizar recursos, mejorar la eficiencia en la gestión y poner en marcha un plan sostenido de obras urbanas.De este modo, el Municipio de Concordia avanza en la consolidación de un modelo de gestión basado en la eficiencia, la transparencia y la modernización del Estado.El Presupuesto 2026 contiene como ejes estratégicos:- Impulso a las obras urbanas: inversión prioritaria en pavimentación, mejoramiento de calles, infraestructura básica y espacios públicos, con un enfoque en la integración territorial y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.- Eficiencia en la gestión pública: simplificación de trámites, digitalización de procesos administrativos y optimización del uso de recursos para brindar respuestas más ágiles y efectivas.- Transformación del Estado local: actualización de las estructuras administrativas y adopción de metodologías modernas de trabajo que fortalezcan la planificación estratégica y la transparencia.- Modernización al servicio de la comunidad: incorporación de herramientas tecnológicas y plataformas digitales que faciliten el acceso de los vecinos a la gestión municipal.En este sentido, el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, afirmó: “El Presupuesto 2026 constituirá una herramienta fundamental para profundizar el proceso de transformación que estamos llevando a cabo en nuestra ciudad. Un proceso que se refleja en la recuperación del orden financiero, en la puesta en marcha de importantes obras de infraestructura con recursos propios y en la consolidación de un municipio más eficiente, ágil y moderno.”Por su parte, el Intendente Francisco Azcué subrayó que estas medidas “profundizan el rumbo de la gestión, que es contar con un Municipio cada vez más eficiente para optimizar los recursos y volcarlos en obras de infraestructura y en servicios de calidad para los vecinos.Ese es el camino que elegimos y que vamos a sostener con firmeza”. 

El presidente Emmanuel Macron anunció este domingo un aumento masivo del gasto de defensa de Francia, argumentando que la libertad en Europa enfrenta una amenaza mayor que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial.“Estamos viviendo un momento crucial”, afirmó el mandatario en un discurso a las fuerzas armadas en vísperas de la festividad nacional del Día de la Bastilla, denunciando las “políticas imperialistas”, la “anexión de potencias” y la noción de que “la fuerza hace el derecho”, todo en referencia a Rusia.“Nunca la paz en nuestro continente ha dependido tanto de las decisiones que tomemos ahora”, advirtió Macron. Macron dijo que el presupuesto de defensa de Francia debería aumentar en 3.500 millones de euros (4.100 millones de dólares) en 2026, y luego en otros tres mil millones de euros en 2027.“Si quieres ser temido, debes ser poderoso”, dijo, llamando a la “movilización” para la defensa nacional por parte de todos los departamentos gubernamentales. Y agregó: “Todos deben estar presentes en sus puestos de batalla (...) Seguimos por delante, pero si mantenemos el mismo ritmo mañana nos adelantarán”.Los funcionarios militares y de seguridad franceses han estado advirtiendo sobre las amenazas globales que pesan sobre Francia, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Thierry Burkhard, dijo el viernes que Rusia representaba una amenaza “duradera” para Europa y que el “rango de los países europeos en el mundo del mañana” se estaba decidiendo en Ucrania, invadida por Rusia en 2022.Actualmente Rusia considera a Francia como su “principal adversario en Europa”, afirmó Burkhard.También advirtió sobre las consecuencias de un menor compromiso de Estados Unidos con Europa, junto con las amenazas cibernéticas, las campañas de desinformación y el riesgo de ataques terroristas.“Tenemos que tener en cuenta el hecho de que ha habido un cambio en los parámetros estratégicos”, reconoció.Por su parte, este domingo el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, intervino y dijo al semanario La Tribune que “es nuestro trabajo proporcionar respuestas”. Francia debe hacer “un nuevo esfuerzo” si no quiere “depender de nadie” en el futuro, afirmó el ministro.El presupuesto de defensa de Francia ya ha aumentado considerablemente desde que Macron tomó el poder, pasando de 32.200 millones de euros (37.600 millones de dólares al tipo de cambio actual) en 2017 a 50.500 millones actualmente, y se proyecta que alcance los 67.000 millones de euros en 2030.Si se confirma, el importante aumento del gasto de defensa podría, sin embargo, amenazar los esfuerzos franceses para reducir los déficits y disminuir su montaña de deuda, en medio de la presión de la Comisión Europea sobre París para que imponga una mayor disciplina fiscal.Pero el primer ministro, François Bayrou, que presentará el martes su plan presupuestario para 2026, ha declarado que el presupuesto de defensa es “sacrosanto” y está exento de recortes presupuestarios.En su discurso del domingo, Macron rechazó cualquier financiación del gasto adicional de defensa mediante deuda adicional.Varios países de la OTAN están aumentando su gasto militar, después de que los miembros de la alianza acordaran el mes pasado gastar el cinco por ciento de su producto interno bruto (PIB) en seguridad.Gran Bretaña pretende aumentar su presupuesto de defensa al 2,5 por ciento del PIB para 2027 y al 3 por ciento después de 2029. Alemania planea alcanzar un presupuesto de defensa de 162.000 millones de euros para 2029, equivalente al 3,5 por ciento de su PIB, mientras que Polonia ya dedica el 4,7 por ciento del PIB a defensa.“Es evidente que hoy debemos revisar nuestra programación y estrategia, a la luz de la naturaleza cambiante de los riesgos”, afirmó Macron el jueves.Este mes, Lecornu detalló las necesidades más urgentes de las fuerzas armadas francesas, incluidas defensas tierra-aire, municiones, guerra electrónica y capacidades espaciales.En la entrevista del domingo, dijo que Francia estaba principalmente preocupada por quedarse atrás en “tecnologías disruptivas”, incluida la inteligencia artificial y la tecnología cuántica.Más allá de los aumentos presupuestarios, el gobierno francés también busca impulsar la “cohesión nacional” frente a las crisis mundiales, dijeron funcionarios del Elíseo.Se espera que Macron esboce una posible campaña de movilización para los jóvenes a quienes se les debería dar “una oportunidad de servir”, dijeron funcionarios del Elíseo. (Con información de AFP)

La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.En ese marco, el Ejecutivo consideró que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”, sosteniendo que “para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.Asimismo, advirtió en el texto oficial que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.Al mismo tiempo, la normativa dispuso que los organismos del Sector Público Nacional “deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, en las licitaciones de Títulos Públicos y/o Letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados”. Esta disposición no alcanza a los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.En este sentido, también se estableció un régimen de información del flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades que las entidades suministran mensualmente a la Secretaría de Hacienda.La decisión responde “a los efectos de contar periódicamente con el estado de situación actualizado de liquidez de los organismos del Sector Público Nacional, excluyendo aquellos que mantengan todas sus disponibilidades en la Cuenta Única del Tesoro (CUT)”.Además, el DNU prorrogó, por 10 años a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones otorgadas en virtud de la Ley Nº 13.337 y sus modificaciones y de las pensiones graciables que fueran prorrogadas por la Ley Nº 27.008 y sus modificatorias y por las siguientes leyes anuales de Presupuesto General de la Administración Nacional, fijando las condiciones que las mismas deben cumplir. En los requisitos estipulados están no ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a $7 millones, no tener vínculo con el legislador solicitante; y no superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a un haber mínimo garantizado.

Áreas que incrementan su presupuestoMinisterio de Economía: se reforzaron los créditos para los subsidios de las tarifas de energía eléctrica y por la Compensación Tarifaria Zona Fría. A su vez, se adecuó el presupuesto de Infraestructura Económica y Social “para la atención de diversos proyectos de inversión y gastos de funcionamiento”. También se reforzó la partida de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.Ministerio de Salud: se aumentó el presupuesto para afrontar los gastos en materia salarial de los Hospitales Garrahan, El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta, Rene Favaloro, Presidente Néstor Kirchner y Estevan Echeverría.Al mismo tiempo, se reforzó la partida de Salud para atender necesidades de equipamiento, medicamentos, insumos médicos y farmacéuticos relacionados con el accionar de varios programas. También se destinan más fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad.Secretaría de Educación: se incrementó el presupuesto vigente con el fin de atender las erogaciones relacionadas con la aplicación de la política salarial de los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales.ANSES: aumentó el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales con el fin de incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, para financiar programas y para el pago de las subas de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.Jefatura de Gabinete de Ministros: se consideró menester modificar el presupuesto a los fines de “cumplir con los compromisos asumidos de asistencia provincial”, aclarando que “se financia con mayores ingresos percibidos por la Vicejefatura de Gabinete”.Ministerio de Seguridad: al hacerse efectiva la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego se disminuyen cargos y créditos del presupuesto correspondiente a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes para ser contemplados en el presupuesto correspondiente a Seguridad.Asimismo, se incrementó el presupuesto destinado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, por la transferencia de las competencias en materia previsional del personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y por el aumento en el haber mensual del personal de las Fuerzas de Seguridad junto con los aportes y contribuciones.Además, también se reforzó el presupuesto en Seguridad “con el fin de optimizar la capacidad operativa de la Policía Federal Argentina, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del citado Ministerio, para el combate contra el crimen organizado”.Ministerio de Defensa: se destinan más fondos por el incremento del haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, en función de lo cual se recomponen en forma directa los haberes de los Jubilados, Retirados y Pensionados de las Fuerzas Armadas, reforzando el presupuesto del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, junto con los aportes y contribuciones. NA. 

El gobierno de Javier Milei ha reducido en un 73% los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a las provincias, generando tensiones en las negociaciones del Presupuesto 2025.

Según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso, se transfirieron $48.300 millones a diez gobernadores, en contraste con los $179.530 millones distribuidos en 2023 por la administración anterior.

Entre los beneficiarios, Hugo Passalacqua (Misiones) recibió $13.000 millones para emergencias hídricas y alimentarias; Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) obtuvieron $6.800 millones cada uno para urgencias financieras y climáticas; Gustavo Sáenz (Salta) fue asignado con $4.500 millones por crisis hídricas y sanitarias; Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) recibieron $4.500 millones cada uno; Raúl Jalil (Catamarca) obtuvo $3.000 millones para emergencias económicas y educativas; y Claudio Vidal (Santa Cruz) recibió $3.000 millones para urgencias climáticas y agropecuarias.

La Ley de Coparticipación Federal (23.548) establece que los ATN deben destinarse a situaciones de emergencia y a la corrección de desequilibrios financieros en las provincias. Además, indica que las provincias que otorguen aumentos salariales superiores al 10% respecto de los otorgados por el Gobierno nacional perderán el derecho a recibirlos.

En los últimos años, la no aprobación de los presupuestos se ha vuelto una práctica recurrente. En 2011, 2020, 2022 y 2024, el Congreso no aprobó los presupuestos, lo que obligó al Gobierno a prorrogar el del año anterior. Esta situación, que ha comenzado a considerarse “normal”, no debería serlo. La falta de aprobación es responsabilidad tanto del gobierno como de la oposición, y genera perjuicios significativos para el país.

De acuerdo con la Ley de Administración Financiera, si el Congreso no aprueba el presupuesto, se aplica el presupuesto del año anterior. Para ello, el Poder Ejecutivo Nacional deberá eliminar los recursos que no puedan ser recaudados nuevamente y los gastos que no se prevén realizar, y readecuar las partidas a través de decretos.

Sin embargo, nunca antes se ha dado la situación de no aprobar el presupuesto durante dos años consecutivos. En tal escenario, el Gobierno podría disponer de los recursos de forma discrecional, lo que pondría al país en una grave situación de inseguridad jurídica.

Si el Congreso no aprueba el presupuesto 2025, el Estado entraría en una especie de shut down (cierre de la administración pública que se produce cuando el Congreso no llega a un acuerdo sobre la aprobación del Presupuesto), una situación en la que se suspende la prestación de todos los servicios de la administración pública, las consecuencias podrían ser aún más dramáticas.

La falta de presupuesto pondría poner en riesgo el funcionamiento del Estado, suspendiendo servicios públicos esenciales y paralizando el pago de sueldos, jubilaciones y otros compromisos fundamentales.

En lo personal considero que no es posible prorrogar el presupuesto por segunda vez consecutiva, ya que la normativa no lo contempla. El gobierno de Milei decidido prorrogar el presupuesto 2023, y no hay marco legal para prorrogar dos años seguidos la misma hoja de ruta.La Ley de Administración Financiera solo permite una prórroga excepcional, lo que nunca ha ocurrido en la historia del país. El artículo 27 de esta ley establece que la prórroga del presupuesto es una excepción que “no puede convertirse en regla”, y el presidente no tiene facultades legales ni constitucionales para prorrogar el presupuesto más de una vez.Este escenario pondría al Gobierno de Javier Milei frente a dos alternativas: gobernar sin presupuesto o intentar aprobarlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que implicaría una ampliación discrecional del presupuesto sin la participación del Congreso. Esto permitiría al presidente disponer de los recursos de manera unilateral, lo que acentuaría la inseguridad jurídica y podría agravar la inestabilidad política y económica del país.

Algunos sostienen que la ley no prohíbe explícitamente la prórroga del presupuesto de manera consecutiva, lo que lleva a interpretar que podría hacerse. Sin embargo, esta interpretación carece de base normativa sólida, y la práctica de prorrogar presupuestos de forma reiterada refleja la falta de institucionalidad del país. Las recientes no aprobaciones de los presupuestos han sido, en algunos casos, resultado de la oposición política, y en otros, de decisiones unilaterales del propio Ejecutivo Nacional. Un claro ejemplo de esto último son los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, quienes recurrieron al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para redistribuir y ampliar el presupuesto, eludiendo así el proceso legislativo formal.En este sentido, quiero insistir en la importancia de lo institucional: Argentina no puede darse el lujo de seguir gestionándose sin un presupuesto aprobado. El presupuesto es la ley fundamental para cualquier gobierno, y su aprobación es un reflejo de la normalidad y el funcionamiento democrático de un país.

En conclusión, es imperativo que tanto el gobierno como la oposición comprendan la gravedad de la situación y la importancia de aprobar el presupuesto para 2025. En un contexto de alta incertidumbre económica y política, no podemos permitirnos un vacío legislativo que ponga en riesgo las finanzas del país y afecte la vida cotidiana de los ciudadanos. La aprobación del presupuesto es, hoy más que nunca, un acto de responsabilidad y compromiso con la estabilidad y el futuro de Argentina. 

La Cámara de Diputados reanudará este jueves el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2025, con la exposición que brindará el ministro de Salud, Mario Lugones, sobre los recursos que se destinarán a su área.  En forma paralela a las exposiciones de los funcionarios, el oficialismo avanza en negociaciones con los bloques dialoguistas que le permitan alcanzar acuerdo para sancionar entre el 20 y 27 de noviembre la denominada ley de leyes. Lugones será el segundo ministro que concurrirá a exponer en la comisión de Presupuesto sobre los fondos destinados a su área, en el marco de las reuniones informativas que se realizan en ese ámbito parlamentario. De acuerdo al proyecto de Presupuesto, se destinarán al Ministerio de Salud 5,2 billones de pesos, lo que implica un aumento del 6,2 por ciento, ya que para 2024 se destinaron fondos por un monto equivalente a 4,9 billones de pesos.  Según el esquema de trabajo diseñado por el oficialismo, la intención es concluir la próxima semana con las reuniones informativas y entre el miércoles 13 y jueves 14 firmar el despacho de mayoría. Las conversaciones avanzan, por un lado, en el Congreso y por otro lado con los gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo. La Libertad Avanza necesita alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR, Innovación Federal y otras bancadas menores para obtener el dictamen de mayoría y luego mayoría en el recinto de sesiones.  En ese contexto, las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025.   En el tema universitario, el Gobierno planteó que aumentar los fondos para las Universidades Nacionales y compensar ese incremento con la reducción de los recursos destinados a las Paso y al financiamiento de los partidos políticos, pero aquí no hubo acuerdo con el PRO.   El Consejo de Rectores, agrupados en el CIN, quiere que recursos por un total de 7,2 billones de pesos, y el Gobierno estableció en el Presupuesto una partida de 3,8 billones de pesos, y todos creen que finalmente será de 5 billones de pesos.  Otro punto clave de las tratativas es definir qué pasará con el excedente de la recaudación si las proyecciones inflacionarias superan el 18 por ciento y como se distribuirán esos recursos. El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario. Además del diálogo con el PRO y UCR, el oficialismo mantiene conversaciones con Innovación Federal y la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero aquí surge el problema de que la bancada, que conduce Miguel Ángel Pichetto, quiere avanzar con un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.  A este se suma que el Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, que tiene una docena de legisladores, que son muy críticos con la política oficialista.  Por eso además de las reuniones informativas que se realizan en la comisión de Presupuesto será clave observar el pulso de las negociaciones en el Congreso y Casa de Gobierno, para saber si finalmente habrá acuerdo y el oficialismo podrá contar con la sanción de la ley de Leyes.