El gobierno de Cuba aprobó el indulto de 2.010 presos, decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano” en el contexto de la Semana Santa, y se produce en medio de la creciente presión de Washington.El gobierno cubano anunció una nueva excarcelación de presos “en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa”, según una nota oficial leída por la televisión estatal y difundida por medios como DW y la Agencia Noticias Argentinas.Se trata de la segunda medida de este tipo en menos de un mes. A mediados de marzo, la administración de Miguel Díaz-Canel había informado la liberación anticipada de 51 prisioneros como una muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que actúa como mediador histórico entre La Habana y Washington.La nota oficial no aportó una lista con los nombres ni detalló las causas de detención de los beneficiados. Sí indicó que son reos que cumplieron “una parte importante de su sanción” y que han mantenido “buena conducta” en prisión.El comunicado explicó que “este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”.Entre los liberados, según la nota, hay “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años”, así como “extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.Para armar la lista de indultados se excluyeron a personas imputadas por “delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio o drogas”.El gobierno señaló que el indulto anunciado el jueves “es el quinto” que realiza desde 2011, y que con estas medidas se beneficiaron más de 11 mil personas.

Alivio en medio de la crisis energéticaLa liberación de prisioneros se produce en un momento en que Cuba experimenta al menos un respiro parcial de la crisis energética que paralizó la isla.A principios de este año, la administración Trump amenazó con imponer fuertes aranceles a cualquier país que exportara petróleo a Cuba, lo que provocó escasez de combustible al paralizarse los envíos durante varios meses, recordó CBS News.Pero a principios de esta semana, Estados Unidos permitió que un petrolero con bandera rusa, objeto de sanciones, atracara en La Habana con más de 700.000 barriles de petróleo.Rusia declaró que planea enviar un segundo petrolero, lo que representa un salvavidas para Cuba.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró esta semana a los periodistas que la administración Trump decidió dejar pasar al primer buque cisterna “por razones humanitarias”.

Venezuela dispuso la liberación de 71 presos políticos, pero entre ellos no figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, detalle que acrecentaba la sensación de angustia e incertidumbre de sus familiares.Asimismo, la cuestión mantiene tensas las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y la Argentina, las cuales son ya complicadas por los diferentes alineamientos globales de ambos.Gallo permanecía aislado en una prisión cercana a Caracas, donde las condiciones de detención son críticas, de acuerdo con las denuncias permanentes de su pareja, María Alexandra Gómez, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

Tortura psicológica y constantes amenazas de muerteLa mujer señala que el gendarme, quien fue detenido en Venezuela hace ya más de un año, es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores”, alertó con desesperación.Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con la familia, según una publicación del sitio Ciudadano.María Alexandra Gómez recordó en los últimos días -fue entrevistada por una radioemisora local- que la familia no tuvo contacto físico ni telefónico con Gallo desde su captura, la que calificó como una desaparición forzada. “Nahuel está aislado e incomunicado; nosotros hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido la oportunidad ni siquiera de tener una llamada”, reiteró la mujer.“El director de ese recinto les está diciendo que si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”, expresó Gómez. Añadió que el detenido carece de defensa legal efectiva y no fue llevado ante ningún tribunal.Pese a los cargos de terrorismo, espionaje e instigación al odio que el Ministerio Público venezolano mencionó en comunicados oficiales, Gómez asegura que no existe un expediente real ni pruebas en su contra. “Todo fue una farsa, una mentira; nunca consiguieron nada, no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, afirmó.

Por Silvana Boschi - La Corte Suprema de la Nación, con el voto de sus tres jueces, consolidó la negativa a inscribir como sindicato a una organización integrada por personas privadas de la libertad. Lo hizo al rechazar la apelación presentada contra un fallo de la Cámara laboral que, anteriormente, había confirmado la decisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La resolución afecta al Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), cuyos miembros cumplen condena en distintos establecimientos penitenciarios.

El caso se originó cuando un grupo de internos solicitó al Ministerio de Trabajo el reconocimiento de la personería gremial para su agrupación. Tras la negativa del organismo, el secretario general del SUTPLA interpuso un recurso para revertir la resolución administrativa, acompañando una lista de afiliados y el estatuto de la entidad.El sindicato argumentó que representaba a todos los trabajadores que, estando total o parcialmente privados de su libertad, desempeñan tareas en el Servicio Penitenciario Federal o en dependencias provinciales.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo analizó el pedido y sostuvo que, aunque el ingreso a una prisión no priva a la persona de la protección de las leyes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, la capacidad de derecho de quienes se encuentran privados de libertad se encuentra restringida.En este sentido, los camaristas afirmaron: “Aunque cumplan trabajos, lo cierto es que quienes desempeñan tareas mientras están privados de su libertad no son equiparables a los ‘trabajadores libres’”, según consta en el fallo que negó la personería gremial al SUTPLA.

El tribunal también examinó la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece que el trabajo es un derecho y un deber del interno y debe ser remunerado. No obstante, la Cámara aclaró que “esa retribución no le corresponde al recluso, sino que debe distribuirse para indemnizar daños y perjuicios causados por el delito, prestación de alimentos, costear los gastos en el establecimiento penitenciario y para formar un fondo propio que se le entregará a su salida (10, 35, 25 y 30 por ciento, respectivamente)”.Los jueces remarcaron que la ley 23.551 se fundamenta en el principio de libertad sindical, pero que regula el funcionamiento de las asociaciones en función de la defensa de los intereses de los trabajadores libres. Así, concluyeron que la normativa no contempla la representación sindical de quienes se encuentran privados de la libertad.El SUTPLA fue creado en 2012 bajo el nombre de Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, y en 2015 adoptó su denominación actual. Según explicó la organización, el sindicato fue creado para que se respete el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad, y su objetivo es que los internos puedan disponer de su propio dinero, y que la actividad laboral contribuya a reducir la violencia en los penales y los índices de reincidencia tras la salida de prisión. El sindicato para los trabajadores privados de la libertad fue el primero de este tipo en constituirse a nivel mundial. Infobae.

La oficina a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili indicó que en el periodo analizado “se aprecia una tendencia sostenida de crecimiento de la población encarcelada”, debido a que en septiembre de este año se registraron un total de 12.062 personas privadas de su libertad, lo que implica un incremento de 3,2%.En el informe se destaca cómo fue la evolución de dicha variable en los últimos cuatro años y diez meses: en diciembre de 2020, 11.543 personas detenidas; en diciembre de 2021, 11.283; en diciembre de 2022, 11.349; en diciembre de 2023, 11.311; en diciembre de 2024, 11.696; y en septiembre pasado, 12.062.Uno de los puntos más preocupantes de este índice es la sobrepoblación carcelaria. El último parte señala que hubo un aumento del 4,6% en septiembre de 2025, lo que implica que hay 529 personas encarceladas por sobre la capacidad de alojamiento de los establecimientos.“Sin embargo, esa variable disminuyó respecto de agosto -cuando era de 545 personas por encima de la capacidad- dado que se habilitaron nuevas plazas”, añade.Del total, 7.300 personas están presas cumpliendo su condena, mientras que 4.771 se encuentran con prisión preventiva.Otro de los datos que precisó la PROCUVIN es que septiembre de 2025 concluyó con 952 mujeres y 33 personas travesti-trans privadas de su libertad en cárceles federales.La oficina destacó que la población de mujeres creció un 8% durante 2025 (67 personas) y que se triplicó la cifra de mujeres con sus hijos y de niños que viven en la cárcel, que suman 15 en total. NA.

La actividad se realizó como parte de un convenio de cooperación entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

“Este trabajo conjunto permite mejorar las condiciones edilicias de nuestras escuelas, al tiempo que brinda una oportunidad de reinserción a quienes están próximos a recuperar su libertad”, explicó la presidente del CGE, Alicia Fregonese, quien destacó que “estas tareas se realizan exclusivamente durante los recesos escolares, tanto de invierno como de verano”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Nestór Roncaglia, destacó que “desde el comienzo de la gestión estamos trabajando con municipios, organizaciones intermedias y distintos organismos del Estado para generar este tipo de acciones, donde el Servicio Penitenciario pueda trabajar y brindar respuestas”. 

Precisó que “es un proceso de resocialización para los internos y la oportunidad de mejorar, en este caso, la situación en la que se encuentran las escuelas de nuestra provincia”.

La iniciativa se desarrolla a partir de un convenio marco de cooperación celebrado en 2024 entre el CGE y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Los trabajos estuvieron a cargo de internos con autorización judicial y se concentraron en escuelas ubicadas en localidades que albergan unidades penales.

“Las tareas comenzaron con el corte de césped en la Escuela de Educación Técnica Nº 2 Almirante Guillermo Brown, de Paraná; y luego continuaron en otras instituciones del departamento. De manera similar, se trabajó en distintas escuelas del departamento Gualeguay”, detalló Fregonese.

La propuesta apunta, no sólo a mejorar los ambientes escolares para la enseñanza, sino también a favorecer procesos de formación y responsabilidad social para los internos no peligrosos, en un contexto cuidado y con objetivos comunitarios concretos.

Las actividades serán no remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias, según la Resolución 1346/2024 publicada en el Boletín Oficial. La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional.Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.El Servicio Penitenciario Federal será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento.  La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos. NA.

Se escaparon de una dependencia policial donde había alojados 23 internos, pero que tiene una capacidad para 12. Los evadidos rompieron candados y escaparon por los techos de los vecinos.

La sede policial está ubicada a poca distancia del cruce entre la ruta nacional 168 y la ruta provincial 1 y albergaba a 23 reclusos, prácticamente el doble de su capacidad.

Los uniformados recién se percataron de la evasión a las 6.50 de la mañana, durante el cambio de guardia, pero se habría producido entre las 5 y las 5.30 de la madrugada, cuando vecinos escucharon pisadas y corridas sobre sus techos.

El caso está siendo investigado por el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, el doctor Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación, quien ya ordenó las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el incidente y cuáles son las responsabilidades del personal.

Las actuaciones fueron asignadas a personal de la Agencia de Control Policial.

Además, según informaron fuentes judiciales, el fiscal solicitó medidas para determinar si existió complicidad policial en la fuga de los nueve presos.

Voceros del caso señalaron que entre los prófugos hay uno que estaba sometido a proceso penal por homicidio, otro por tenencia de drogas para comercialización, y el resto por tenencia ilegítima de arma de fuego, lesiones y robo.

Quiénes son los internos que se fugaron

Quintana Enrique

Monzón Mauro

Altamirano Joel

Molina Hernan

Molina Enrique

De La Rosa David

Fernández Juan Manuel

Vega Emiliano

Quiroz Maximiliano

En el país son más de 70 mil, mientras que en Entre Ríos son 1316. Según la ley, se reconoce el derecho a sufragar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva. A menos de dos semanas de las PASO, se confirmó que para estas elecciones hay 70.018 presos habilitados para votar en las cárceles de todo el país. Para ello utilizarán la boleta única como sistema de sufragio en las distintos recintos penitenciarios.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Según la ley, las personas procesadas privadas de su libertad que estén cumpliendo detención deben estar incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad, que es elaborado por la propia CNE en cada comicio. En total, son 305 centros de reclusión, desde complejos penitenciarios hasta alcaidías, pasando por centro de contención infanto-juvenil. Todos los electores privados de la libertad votarán con el sistema de boleta única, a diferencia de la tradicional papeleta sábana que rige para la mayor parte de los ciudadanos.

El Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva.

Si la persona procesada está detenida en un distrito electoral diferente al que le corresponde por su domicilio registrado, votará en el establecimiento donde se encuentra alojada y el voto se computará para el distrito donde está empadronada. Los electores sólo pueden votar en la mesa receptora de votos donde figuran y las autoridades de las cárceles deben arbitrar los medios para que cada privado de la libertad reciba su documento cívico dentro de las 24 horas anteriores a la fecha de los comicios.

Cuáles son las cárceles con más presos habilitados para votar en las PASO

Del total de 70.018 reclusos, unos 36.516 se encuentran distribuidos en los 95 penales de la Provincia de Buenos Aires, consignó la agencia NA. El lugar con mayor caudal de votos de privados de la libertad es la Unidad número dos de Sierra Chica­, de máxima seguridad y donde se encuentran, entre otros, los rugbiers condenados por el crimen del joven Fernando Báez Sosa: allí hay registradas 2.108 personas en condiciones de votar.

Córdoba y Santa Fe son los dos distritos que completan el podio con mayor cantidad de votantes tras las rejas: 8.218 y 5.299 ciudadanos privados de la libertad están en condiciones de sufragar, respectivamente.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tiene 867 electores privados de la libertad; Catamarca, 276; Corrientes, 1.277; Chaco, 973; Chubut, 373; Entre Ríos, 1.316; Formosa, 433; Jujuy, 734; La Pampa, 391; La Rioja, 438; Mendoza, 4.623; Misiones, 1.081; Neuquén, 303; Río Negro, 603; Salta, 2.227; San Juan, 1.207; San Luis, 656; Santa Cruz, 231; Santiago del Estero, 985; Tucumán, 861; y Tierra del Fuego, 130.

De acuerdo a las primeras versiones todo comenzó cuando los detenidos comenzaron a reclamar a viva voz por las condiciones de alojamiento. Pero minutos después prendieron fuego a varios colchones de la sede policial ubicada en Ex Combatientes de Malvinas 4400, esto es, en el barrio Altos de Noguera.

A partir de entonces la revuelta se convirtió en una verdadera trampa mortal para los detenidos que quedaron atrapados entre las llamas y perdieron sus vidas.

El personal policial intentó conjurar el fuego y en dicha tarea algunos agentes sufrieron cuadros de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Al lugar acudió una dotación de los Bomberos Zapadores, como personal de emergencias que brindó una primera asistencia a los policías intoxicados, que no necesitaron ser trasladados al hospital.

Por lo que pudo saber El Litoral, habría un policía internado en grave estado por intoxicación de monóxido de carbono y otro hospitalizado con lesiones leves.

De todo lo acontecido fue informado el fiscal en turno que dispuso que el hecho fuera investigado por personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Seis presos de una comisaría de Tucumán lograron escaparse mientras se disputaba la final de la Copa América entre Argentina y Brasil.

Los sujetos, apresados por causas que van desde robos hasta homicidios, estaban alojados en la comisaría quinta en la zona norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Al parecer, los sujetos esperaron que los policías encargados de la custodia estuvieran entretenidos mirando el partido, para poder evadir los controles y escapar sin ser vistos.

De acuerdo a lo detallado por los medios provinciales, alrededor de las 22, desde la comisaría solicitaron refuerzos para la búsqueda de los prófugos, pero por el momento no han sido recapturados.

Uno de los evadidos más peligros es Luciano Muñeca Fernández, de 23 años, quien está acusado de asesinar a un chico de 10 años.

Fernández es el principal sospechoso de matar al chico durante una balacera en una presunta guerra narco. (MDZ)

Tal y como había publicado EL HERALDO en su edición de este sábado 12, esta persona se encontraba detenida desde el 30 de agosto.

Según la cronología que llevamos, entre el miércoles y jueves 10 comenzó a experimentar síntomas (tos, vómito y dolor en el cuerpo), el detenido habría abonado el test de aproximadamente $ 8 mil pesos para que en 24 horas se obtuvieran los resultados.

Ahora sabemos que el día viernes se supo que los mismos fueron positivos. El ambiente de la alcaidía fue alarmante e incómodo, sintieron que �Slos dejaron abandonados⬝, ya que aseguraron que no poseían los elementos para el traslado.

Según los relatos, la ambulancia no se habría presentado. Agentes de policía lo llevaron al Hospital Felipe Heras para hacerse el test.

Solo uno de ellos pudo protegerse con un mameluco (prestado de otra comisaría) el segundo se colocó un camisolín, guantes y barbijo.

HUELGA DE HAMBRE

Son 6 los internos que estuvieron en contacto con el positivo y no estarían comiendo en una especie de huelga de hambre porque no se habrían presentado los agentes de salubridad, esto significaría que no se les tomó la temperatura. Si bien este señor estaba en una celda solo, en un momento los internos comparten el patio, y es probable que hayan tomado mate, juntos.

Esto genera incertidumbre. De todos modos hay que tener en cuenta que se encontraba allí desde el 30 de agosto, por lo que pasaron otros detenidos por la alcaidía, de los que no se saben mayores datos por el momento.

Se pudo confirmar que tres (3) agentes se encuentran en cuarentena y solo dos serían los más �Scomprometidos⬝, por el momento no han presentado síntomas y no fueron hisopados.

EL HERALDO, en relación a los reclamos  desde Alcaidía, antes de cerrar la edición de hoy lunes 14, consultó telefónicamente al Dr. Mauro García, Secretario de Salud de Concordia, quien tuvo la amabilidad de decir: �SEl día viernes a la noche nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía de la ciudad de Concordia, por este paciente positivo que se encuentra preso⬝.

El doctor explicó también que se tramitó una unidad de aislamiento para el paciente detenido. Este procedimiento se realiza en todos los casos en los que las personas/pacientes no tienen donde cumplir el aislamiento.

�SLos demás detenidos quedan aislados en sus celdas, en el caso de los efectivos policiales si usan los equipos de protección adecuada y no comparten los elementos personales, minimizan muchísimo el riesgo del contagio⬝, haciendo referencia a que sucede lo mismo con el personal sanitario.

Agregó, �Sse hisopan a los que presentan síntomas, se esperan 48 horas o 72 horas de síntomas y ahí se realiza el hisopado, y luego se aíslan los contactos estrechos, es el modo en el que se está operando a nivel local, provincial y la mayoría del país⬝, manifestó.

Esta situación, que tuvo un origen sanitario pero enseguida fue aprovechada por motivos ideológicos y políticos, fue posible en parte por la falta de reglas claras sobre cómo tratar estos casos, por esta razón el PRO, tratará de imponer los cambios necesarios para evitar desagradables sorpresas.

Ahora que el Gobierno Nacional parece haber reconocido la gravedad de la situación, proponemos que nuestros legisladores aprueben el proyecto de reforma del Código Penal, que está en el Congreso desde el año pasado.

El nuevo código fue redactado con la participación de cientos de expertos y después de varios años de trabajo. Para el caso de las excarcelaciones establece dos cosas:

Todos los presos por delitos graves (como violación, homicidio o secuestro extorsivo) y los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional. Deben cumplir íntegramente su pena.

Le da un rango mayor al rol de las víctimas y sus familias, que deberán ser consultadas ante cada decisión de excarcelación. Esa obligación ya existe a través de una ley, pero depende de la buena voluntad de los jueces. Llevada al Código Penal, esa obligación será ineludible.

El nuevo Código Penal les dará más claridad a los jueces y les permitirá respetar a las víctimas y a la sociedad en general, quitando de en medio las posibles motivaciones partidarias o excesivamente ideológicas para decidir sobre el futuro de los presos.

Recordemos que gracias a la Ley de Víctimas que sancionamos cuando fuimos gobierno, hoy los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso.

Ignorar a las víctimas es ignorar la ley.

A su vez, queremos reafirmar que desde nuestro partido defendemos la total independencia de la Justicia.

Son inadmisibles las presiones a los jueces para que liberen masivamente detenidos y tampoco son admisibles las recomendaciones, ya que expresan un paternalismo jurídico que banaliza el principio de independencia y, por ende, ofende la Constitución Nacional.

La jueza de Control y Faltas del juzgado Nº9 de la Ciudad de Córdoba, Maria Celeste Ferreyra, desaconsejó el uso de celulares en las prisiones y explicó los fundamentos por los cuales se rechazó el habeas corpus que presentó un abogado para que se le permitiera el uso de estos elementos a seis internos.

El pedido surgió tras las medidas que tomó el Servicio Penitenciario de Córdoba de suspender el ingreso de visitas mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional.

En este sentido, tanto la vida de los reclusos, como de sus familiares se vio afectada por el distanciamiento social, por lo que el abogado Iván Mochkofsky presentó un �Shábeas corpus correctivo⬝ a favor de seis internos de la cárcel de Bouwer, para que puedan acceder al beneficio del uso de un teléfono celular y así �Smantener un adecuado contacto con sus familiares⬝.

�SNosotros conforme a los informes que presentamos y en armonía con las normas nacionales e internacionales y el derecho de los internos e internas de comunicarse periódicamente no hicimos lugar a la petición. Lo consideramos inadecuado y desaconsejable el uso de teléfonos móviles durante la contingencia actual⬝, señaló la magistrada a Cadena 3.

�SEl uso de teléfonos móviles en prisiones está prohibido por la ley por estrictas razones de seguridad y para evitar la utilización de dispositivos intramuros para la comisión de delitos⬝, enfatizó.

Además, indicó que ante la medida sanitaria la administración penitenciaria tomó diversas medidas para ejecutar la ley y que los internos puedan mantener su comunicación con el exterior.

Hay medidas alternativas al uso de celulares que garantizaban ese derecho, como la comunicación a través de teléfonos públicos en la prisión, para lo cual se entregaron 20 mil tarjetas telefónicas⬝, remarcó.

También, precisó que �Sse organizan por turno las videollamadas a través de Skype, para lo cual se pidieron más computadoras⬝.

�SSe siguen recibiendo los paquetes de encomienda de los familiares y se garantiza el contacto con el exterior⬝, agregó. Entrevista de Miguel Clariá. Cadena3

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó este viernes el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.

En la resolución se dispuso también la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participarán además de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.

La resolución, firmada por el presidente del STJ, Martín Carbonell; Susana Medina y Miguel Giorgio fue luego de analizar lo peticionado y las posiciones del Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García quienes consideraron razonable la petición de los delegados de flexibilizar la tenencia y uso de telefonía celular durante la vigencia del aislamiento toda vez que disminuye los efectos deletereos de las restriccciones a la comunicación fisica con sus familias.

Reunión con autoridades del gobierno

Carbonell, Medina y Giorgio se reunieron este viernes por la mañana luego de firmada la resolución, con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Defensor Benítez, el Procurador García y el Director del Servicio Penitenciario de la provincia Inspector General Dr. Marcelo Rubén Sánchez, para avanzar en la elaboración del protocolo correspondiente.