La preocupación del Ministerio de Economía por el impacto de las remarcaciones que se dieron después de la flexibilización del cepo, con una suba del dólar respecto al cierre del viernes, no se limitó solo a los productos de consumo masivo, en medio de la nueva tensión entre alimenticias y supermercados. El Gobierno habría conseguido que muchas de las empresas de medicina prepaga apliquen el mes que viene en sus cuotas aumentos menores a los que habían anunciado a sus afiliados una semana atrás, luego de que se conociera la inflación de marzo.Los incrementos que notificaron las prepagas tuvieron un piso de entre el 3,7% que arrojó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para el mes pasado y en algunos casos llegaron al 4 por ciento. Algunas firmas grandes ya decidieron que enviarán el lunes cartas con la rectificación de esos porcentajes y las subas de mayo se ubicarán en torno a un punto por debajo del IPC, pero en otras todavía lo están analizando; y hay algunas, como Osde, que están facturando recién abril, según confirmó Infobae con fuentes oficiales y privadas.El Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones recibió el miércoles a las empresas de medicina prepaga, pidió que reconsideraran la magnitud de las subas y transmitió el mensaje oficial de que la estabilidad macroeconómica había llegado para quedarse. La idea es que el precio del dólar, referencia de muchos insumos, se mantendrá bajo control. La instrucción de llevar a cabo ese encuentro había sido del ninistro de Economía que conduce Luis Caputo.La mayoría de las prepagas aceptó el pedido del Gobierno, en vistas de que el dólar finalizó la semana en baja y que el impacto en los costos no fue significativo. Otras lo están analizando por estas horas o todavía no habían enviado cartas a sus afliliados. Lo cierto es que ninguna había anunciado subas del 9%, como sí fue el caso de las listas que enviaron alimenticias y que fueron rechazadas por supermercados, algo que generó la reacción de Caputo en redes. Los planes de salud subirían entre 2,5% y 2,6%, dependiendo del caso.En el sector explicaron a Infobae que las cuotas que ya habían facturado y recibieron el pago adelantado, quedarán como crédito a favor para el mes siguiente.El año pasado el Gobierno inició una cruzada contra las empresas de medicina prepaga luego de desregular en control de precios que mantenía la gestión anterior y acusó a las que están agrupadas en Unión Argentina de Salud (UAS) de “cartelización”. La investigación fue llevada adelante por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aunque no hubo mayores novedades al respecto.

Impacto en el bolsilloDe acuerdo con el Indec, el gasto en medicina prepaga acumuló hasta marzo una suba interanual del 71,4% en febrero en el Gran Buenos Aires, muy por encima del 57% del IPC general para esa región. En el primer trimestre las subas fueron de 7,8% y 8,3%, respectivamente.El mes pasado, algunas empresas habían decidido “congelar” sus cuotas tras la eliminación de la triangulación obligatoria de aportes, medida que representaba ingresos por unos $30.000 millones mensuales para las obras sociales, según estimaciones oficiales. Esta política, impulsada por el Ministerio de Salud, fue presentada como un intento por transparentar los costos y reducir la intermediación.“Este sistema funcionó insólitamente de manera legal los últimos 30 años en el país. A partir de ahora, el afiliado deja de pagar el costo de la intermediación. Estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos por mes. Unos 360 millones de dólares al año”, había dicho el ministro de Salud, Mario Lugones.En este nuevo escenario, los afiliados pueden cambiar de prestadora con mayor facilidad. Actualmente, más de 400 empresas de medicina prepaga están registradas en el país, lo que permite a los usuarios comparar coberturas, servicios y precios de manera más dinámica. Infobae.

La normativa determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.El documento oficial argumentó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.De esta manera, los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”,  según precisó el Ejecutivo.En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia entre los Agentes del Sistema del Seguro de Salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad”.  La medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sistema Nacional de Protección de Trasplantados.Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.La decisión supone una nueva desregulación del sector sanitario, que con el comienzo de la administración de Javier Milei había tenido la liberación de los precios en las cuotas de la medicina prepaga y que tras los aumentos desmedidos, requirió de una cautelar para limitar el alcance de las subas. Sin embargo, la misma quedó sin efecto tras el acuerdo con las empresas sobre un plan de reintegro, por lo que se volvió a permitir ajustes sin restricciones.Al respecto, en los considerandos de la resolución se recordó que por el DNU 70/2023 “se propició liberar las restricciones a los valores de las cuotas de los planes de salud del subsistema de medicina prepaga para aumentar la competitividad del Subsistema de Salud” y aclaró que la liberación en el precio de los copagos también responde al citado decreto. NA. 

Sobre ese último punto, el acuerdo detalla que “el mecanismo de devolución de los montos cobrados en exceso por encima del IPC” fue elaborado por la Gerencia de Control Económico Financiero de la Superintendencia de Servicios de Salud, así como también “el compromiso asumido por las demandadas de informar a cada uno de los socios beneficiarios de la compensación correspondiente, el crédito a su favor consolidado y actualizado a junio 2024”.Estas semanas previas, el Gobierno había pedido que se retirara la medida cautelar que frenaba los aumentos de las tarifas propuestas por las empresas de medicina prepaga, por lo que a partir de julio tenían vía libre para subir el costo de sus planes, tal como lo establecía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei, publicó Ámbito.

“Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización”, denunció el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta de X (antes Twitter) cuando se confirmó el acuerdo.En línea con eso, explicó que desde su bloque habían pedido una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC que no fue posible. “Nos notificaron la baja de la medida cautelar”, agregó. Fue por eso que sentenció: “El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas”.Así las cosas, volverá a entrar en vigencia lo dictaminado en el DNU 70/2023, que desregulaba el sector de la medicina privada y autorizaba los aumentos indiscriminados en las cuotas.Antes de este decreto, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos tope según cada caso. Tal así, que la Superintendencia tenía autoridad para regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, un decreto del 2022 regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas.“No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero”, concluyó Reyes. 

En un comunicado enviado a sus afiliados, la prepaga expresó que “el sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores, sanatorios y profesionales en general, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas”.Asimismo, remarcó que “desde Medicus continuamos haciendo los mayores esfuerzos para atenuar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros asociados en medio de la delicada situación que atraviesa el país”.En ese sentido, recordó que “nuestras cuotas no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15%”, a lo que se suma que “la compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de nuestra cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio siendo ajustado por la tasa pasiva del BNA, tal como surge del acuerdo alcanzado en sede judicial”.En este marco, la empresa reconoció que “durante los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramiento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto”, pero insistió en que “el retraso en particular del sector salud todavía no ha alcanzado a equiparar el IPC si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector, estuvo expuesto al control de precios”.Además, argumentó que “el nuevo acuerdo paritario hace indispensable que los costos que surgen del mismo sean cubiertos con incrementos de valores a sanatorios y centros de diagnóstico para que estos puedan continuar prestando servicios”, reiterando que “los montos aumentados ya fueron volcados a la red de prestadores y no están hoy a disposición de las empresas de medicina prepaga”.De esta manera, determinó que “con base en lo anteriormente expuesto, y con la intención de mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica, así como también continuar la mejora en los valores prestacionales para profesionales e instituciones, el costo de su plan médico de julio se ajustará un 8,075%”.Al mismo tiempo, reveló que “este último valor será el considerado para realizar el descuento acordado”, refiriéndose a la devolución que deberá realizar del monto cobrado por encima de la variación de precios entre enero y mayo.La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, dispuso recientemente retirar la cautelar que pesaba sobre las prepagas para limitar las subas desmedidas en los valores de sus planes, tras el acuerdo alcanzado con las empresas para que devuelvan lo cobrado por encima de la inflación. NA. 

La justicia le dio luz verde a la cautelar que había impulsado el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y ordenó a las prepagas que limiten los aumentos a la evolución del IPCEl Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 a cargo del juez Juan Rafael Stinco aceptó el pedido de la Superintendencia y dejó sin efecto los aumentos desde el 1/12/2023 en adelante.Además les ordenó a las empresas de medicina prepaga retrotraer los valores de cuota a 1/12/2023, y aplicar los aumentos  según el índice de inflación. Además, el magistrado ordenó que lo pagado en exceso quede como crédito a favor de los usuarios para lo que les fijó a las prepagas un plazo de cinco días para que  presenten un plan donde digan cómo le van a devolver lo cobrado de más a la gente.El impacto de la medida alcanza a un universo de 23 empresas que estaban en la cautelar de la Superintendencia, las cuales representan el 95% de los usuarios de entidad de medicina prepaga.El Gobierno detalló cómo se deberán ajustar las cuotas de la medicina privada: el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.Estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), indicó la Secretaría de Comercio.De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146. NA. 

El Gobierno detalló cómo se deberán ajustar las cuotas de la medicina privada: el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.

Estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023), indicó la Secretaría de Comercio.

De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3 % para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6 % (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).

Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.En el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura.

En tanto, es importante destacar que este mecanismo de ajuste con un límite en la inflación registrada estará vigente por los próximos 5 meses, es decir hasta septiembre.

El alcance de la medida es para todos los asociados de las empresas alcanzadas por la medida de tutela anticipada que dictó la Secretaría de Industria y Comercio a partir del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados. Las empresas alcanzadas por la medida son: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán, Hospital Británico.

Por otra parte, en caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente, los usuarios se pueden comunicar al 0800-666-1518, que es línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor o a consultas@consumidor.gob.ar.

Mientras que para formular denuncias, ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor 

El Gobierno advirtió que si se comprueba el incumplimiento por parte de las empresas de medicina prepaga se aplicará una multa diaria equivalente al 0,1 % de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442 (Ley de Defensa de la Competencia). NA. 

La devolución de fondos por parte de las prepagas a los afiliados se puede alargar. Es que la demanda que impulsó el Gobierno contra el aumento desmedido de las cuotas de las prepagas sufrió un revés en las últimas horas cuando la jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira decidió cambiar de manos el expediente.Sostuvo que la Superintendencia de Seguros de Salud actuó en nombre de los afiliados y remitió el caso a un proceso colectivo que impulsaron muchos ciudadanos comunes contra el DNU de Javier Milei. Fue el DNU el que permitió los aumentos en las cuotas. Lo insólito de la situación es que, ahora, el propio Ejecutivo que habilitó la desregulación litigará, en un mismo proceso, junto a los afectados y contra las empresas que defienden esas subas.El Gobierno pretendía que, en el marco de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga -las más importantes del mercado como OSDE, OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Sancor-, “con carácter urgente” se les ordenara a esas empresas dejar sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas” y que “solo se permita un eventual incremento” según un índice que establezca el tribunal. También se buscaba “la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha”.La sugerencia oficial, que receptaron tribunales en amparos individuales, aludía a permitir subas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Varias empresas salieron a defender en la causa los aumentos: no solo cuestionaron la legitimidad de la SSS para actuar, sino que afirmaron que lo que el Gobierno pretendía, en oposición a “la libertad” que fijó el decreto, era la derogación judicial de lo dispuesto por el propio DNU.La jueza entonces le pidió a la fiscalía que opinara sobre la competencia en el caso “en razón de la materia, el territorio y el grado, como asimismo en función de los procesos colectivos que se encuentran en trámite vinculados a la cuestión aquí debatida”. Con un guiño a la jueza, el fiscal Rafael Espínola advirtió que el “análisis de tales aspectos involucra, sin margen de duda, una evaluación por parte de V.S. de los alcances de la acción en trato, definiendo si la misma encuadra o no como proceso colectivo”, pero no opinó al respecto porque es “materia excluyente del Magistrado que interviene”.Al analizar la cuestión, la jueza Maquiera sostuvo que “queda a la vista que, aun cuando la demanda no ha sido formalmente presentada como una acción colectiva, la pretensión formulada reúne todos los requisitos necesarios para ser considerada como tal”. Y subrayó: “la Superintendencia de Servicios de Salud no reclama en función de un derecho que le es propio, sino para tutelar los de los millones de afiliados a las empresas demandadas, que ‘…componen aproximadamente el 94,66% del padrón de usuarios del sistema de salud’. De esta manera, la acción es promovida por la actora como órgano de fiscalización de las entidades de medicina prepaga, en virtud de cuyo rol se encontraría obligada a accionar ‘…para la preservación irrestricta de los derechos de los usuarios’” que resultaron perjudicados.Según la magistrada, “debe tenerse en cuenta también que los bienes que se encuentran involucrados en el litigio -y en virtud de los cuales se acciona- revisten un claro carácter colectivo”. Y añadió que en la demanda del Ejecutivo se hace referencia a que el accionar de las demandadas “…agravia constitucionalmente EL DERECHO A LA SALUD…”. En función de ello, y en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, la jueza sostuvo que la demanda impulsada por el Gobierno es un actor más del proceso colectivo.Y recordó que ya existe una demanda colectiva que impulsaron afiliados a prepagas contra el DNU de Javier Milei: la causa “Wilson, Eduardo Santiago c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” que busca que se declare “la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023’’. Aquella acción de amparo fue promovida por el ciudadano Eduardo Santiago Wilson, en su carácter de asociado directo de Swiss Medical S.A., que entendió que el Poder Ejecutivo Nacional ha excedido, en forma arbitraria y manifiestamente ilegítima, sus facultades previstas en el artículo 99, inciso 3), de la Constitución Nacional, sin existir la necesidad y urgencia que en este se requieren al efecto.El juez Juan Rafael Stinco abrió el 29 de diciembre pasado “el proceso colectivo no susceptible de división, puesto que lo que se persigue es el restablecimiento de funciones de contralor a un organismo especializado (la Superintendencia de Servicios de Salud), lo cual -según indica el Sr. Juez- ‘no puede ser declarado para algunos afectados y rechazado para otros, es decir actuales usuarios y los futuros o potenciales interesados en tales servicios’”.“Se puede concluir que entre la causa colectiva ‘Wilson’ y estas actuaciones existe una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, lo que determina que ambos expedientes deban tramitar de manera conjunta ante un mismo magistrado para evitar el escándalo jurídico que implicaría el dictado de sentencias que sean contradictorias entre sí. Llego a esa conclusión no sólo porque en ambos procesos se busca tutelar a ‘la salud’ como bien colectivo e indivisible, sino también porque, si bien el objeto de uno y otro expediente difieren en cuanto a su formulación, coinciden en cuanto a su finalidad”, dijo la jueza. NA. 

Las empresas de medicina prepaga presentaron ante el Poder Judicial un documento en el que negaron que los aumentos dispuestos en virtud del DNU 70/23 hubieran sido “abusivos”.Se trata de las empresas a las que el Gobierno acusó de cobrar cuotas con aumentos desproporcionados y les ordenaron que no solamente los frenen sino que además devuelvan a los usuarios aquello que han cobrado demás.Sancor Salud, Swiss Medical y Medicus se presentaron y pidieron rechazar el amparo presentado por el Gobierno la semana anterior.El documento niega “lo abusivo” del aumento de sus cuotas denunciado por el gobierno en una acción de amparo que busca, desde el Poder Judicial, desautorizar aquello que había autorizado mediante el DNU.Las presentaciones fueron hechas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal nueve, donde quedó radicado el amparo del Gobierno.Las empresas aseguran que no hubo abusos, que están justificados y que tampoco devolverán aquello que se les reclama por haber cobrado de más desde diciembre hacia la actualidad.Tanto Swiss Medical como Medicus y Sancor Salud justificaron que el DNU 70/2023 que firmó el presidente, Javier Milei, desreguló el sector y le quitó el rol de fiscalizador a la Superintendencia de Salud.Por ello, cuestionaron la legitimidad de la Superintendencia, que fue la que presentó el amparo ante la Justicia.Más de 20 empresas están acusadas en un expediente administrativo de haber cartelizado los precios de sus cuotas, por lo que ya la Secretaría de Comercio e industria dispuso una medida de retrotraer los aumentos.Si bien las cuotas por vía administrativa fueron retrotraídas a diciembre, esa decisión es apelable ante los tribunales ordinarios.Por eso la estrategia del Gobierno fue a través de la Superintendencia de Salud presentarse en el fuero Civil y Comercial Federal a fines de obtener una cautelar que asegure el cumplimiento de la disposición.El juzgado que entiende en la causa corrió vista (pidió opinión) a la fiscalía para que dictamine si el expediente es de competencia de ese fuero o debe pasar a otro.Una vez resuelto eso, el magistrado que quede a cargo deberá dar intervención a todas las partes en plazos breves y, después, emitir un fallo haciendo lugar o rechazando el amparo presentado por el Gobierno. 

Según pudo saber Noticias Argentinas, el Gobierno liberal busca congelar los aumentos de los próximos meses y estudia ir a la Justicia denunciando cartelización entre las principales empresas del rubro y abuso de posición dominante.  El Gobierno libertario parece haber cortado comunicación formal con las prepagas. El pedido de reunión que habían cursado las empresas a Caputo la semana pasada luego de su tuit y otras declaraciones televisivas no fue concedida. La misma parece que no ocurrirá al menos esta semana ya que el titular del Palacio de Hacienda se apresta para volar a Washington a reunirse con el FMI.Fuentes de la Secretaría de Comercio confirmaron a Noticias Argentinas que están aguardando el dictamen que viene trabajando Defensa de la Competencia, quién está investigando el tema. Una vez cursado el dictamen donde trabajan en definir si hay indicios de una coordinación entre las prepagas para aumentar el precio, desde Comercio definirán los pasos a seguir aunque no confirmaron una fecha tentativa.El Gobierno viene denunciando que los cinco principales actores del sector habrían dispuesto aumentos similares y muy por encima de la inflación. Indican que las empresas líderes subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril. Dichos aumentos, casi triplican el aumento de la inflación del período. Si bien debían recuperar precio por el atraso, la velocidad y dinámica con la que lo hicieron golpea fuerte a la clase media y levanta sospechas en el Gobierno.La semana pasada se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes, algo que el propio Milei los había liberado de hacer mediante la desregulación que llevó a cabo a través del DNU 70/23.Pero ante las subas que consideran desmedidas, volvieron a implementarlas. Y, aseguran en el Gobierno, las empresas están cumpliendo y con ese material se está trabajando en Defensa de la Competencia. NA. 

 A pesar de pregonar la libre competencia de mercado, el gobierno de Javier Milei se muestra reticente a recibir las cámaras que nuclean a la medicina prepaga e investiga la existencia de un pacto ilícito entre las empresas para fijar precios de venta. De confirmarse la hipótesis, prometen que avanzarán por la vía judicial “hasta las últimas consecuencias”. Las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los impulsores del DNU 70/2023 que habilitó la desregulación de precios de las prepagas, resonaron fuerte en los titulares de las empresas que, con preocupación, negaron ser “formadores de precios” y solicitaron una audiencia urgente con el titular del Palacio de Hacienda. Según supo la agencia Noticias Argentinas, Caputo no solo no los recibirá sino que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estudia por estas horas presentarse en la Justicia contra las empresas por supuestas “prácticas abusivas”, accionar que definirá en los próximos días. En paralelo, el organismo trabaja en un informe pormenorizado de los aumentos de las cinco principales firmas del sector que presentará, ante la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), con límite hasta el 17 de abril, encargada de precisar si hay -o no- cartelización. Luego de haber impulsado incrementos del 40% en enero, el 2% en febrero, el 20% en marzo, y una nueva suba prevista para abril de entre el 14% y el 18%, en Balcarce 50 aseguraron que “algunos empresarios no saben trabajar en libertar” y precisaron que “necesitan un sacudón” que están dispuestos a dar. “Caputo no los va a recibir”, aclararon fuentes cercanas al Presidente -información chequeada con en el Ministerio de Economía, desde donde informaron que no hay reuniones programadas- y agregaron que “hay instrumentos legales dentro del capitalismo que pueden aplicarse para resolver el tema”.A unas cuadras de Casa Rosada, la Superintendencia de Servicios de Salud asegura que las cinco firmas que lideran el mercado habrían acordado aumentos encima de la inflación, con diferencias mínimas de uno o dos puntos. Desde el organismo detallaron ante esta agencia que detectaron “prácticas abusivas” en los incrementos de los primeros cuatro meses que doblan el porcentaje de la inflación. “Aún se está estudiando si la vía judicial es el mejor camino para frenar los aumentos desmedidos”, explicaron al respecto. A pesar de rechazar la posibilidad de intervenir los precios, se habla de grandes sanciones económicas para las empresas que justifican la actualización en el congelamiento de las tarifas dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. “Los que hoy acuerdan para fijar precios son los mismos que congelaban las cuotas con el gobierno anterior a cambio de subsidios”, denunciaron desde la administración libertaria.Luego que Caputo planteara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, la gestión optó por cambiar la dinámica y endurecer la postura: sin mesas de negociación abierta y desoyendo los pedidos para reabrir el diálogo, siguen de cerca la investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera “desconcentrada”.“Las prácticas abusivas hicieron todo más complejo. Ahora quieren dialogar, pero en los últimos meses ningún empresario se acercó a negociar”, se escudaron.En paralelo a la posibilidad de avanzar en una iniciativa judicial propia, el Gobierno se plegó a los reclamos presentados un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, quienes el 15 de enero presentaron una denuncia por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación, y que casi tres meses después, tomó un nuevo impulso. NA. 

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, resolvió el 28 de diciembre de 2023 “rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia”. Fue en el contexto del amparo que se presentó para que se autorice un nuevo módulo de apoyo extraescolar en el hogar en favor de un niño, distinto al de apoyo escolar en la escuela que se autorizó y prestó.

Partes

La parte demandada es la Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (Jerárquicos Salud). La amparista es una mujer que, en representación de su hijo menor, solicitó que se le “brinde la cobertura total de la prestación ‘maestra de apoyo extraescolar’, por el período abril/diciembre 2023, de lunes a viernes, dos horas diarias y a valores del nomenclador del Ministerio de Salud”.

La amparista acompañó la solicitud con el certificado único de discapacidad, prescripción médica y denegatoria de la empresa de medicina prepaga a su pedido, y precisó que su hijo tiene diagnóstico de perturbación de la actividad y la atención, como así también trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares”.

La sentencia de primera instancia la emitió el 19 de octubre de 2023 la jueza del Juzgado Federal de Concordia, que admitió la demanda y condenó “a Jerárquicos Salud a que autorice, de manera gratuita, integral y a los valores presupuestados, la cobertura prestacional de maestra de apoyo extraescolar durante el período de abril a diciembre de 2023, de lunes a viernes por dos horas diarias, abonándose la misma de acuerdo a la resolución vigente según valores del nomenclador del Ministerio de Salud Nacional”.

La jueza de primera instancia fundamentó su decisión en que “la prestación fue debidamente prescripta y que la prepaga no cumplió de forma integral por lo que, de esa manera, causó un perjuicio para el menor y su nivel de vida”. También señaló que “de la orden acompañada por la demandada, no surge que se esté otorgando el ‘módulo de apoyo a la integración’”.

Ni ilegítima, ni arbitraria

Contra aquella decisión se alzó la prepaga, alegando que “siempre ha autorizado todos los servicios que le fueron requeridos de acuerdo a la legislación vigente”. También argumentó “en torno a la resolución 428/99 del Ministerio de Salud” y refirió “a las prestaciones que esta norma prevé respecto de la integración escolar”. Sostuvo que “brinda lo solicitado atento que ello está incluido en el módulo de apoyo a la integración el cual, según manifiesta, fue autorizado el 3 de marzo de 2023” y entendió que, “por lo dicho, su conducta no es ilegítima o arbitraria”.

Arbitrario y burocrático

La Cámara, tras analizar el expediente, concluyó que “lo anterior patentiza el actuar arbitrario de la prepaga, quien se escuda en cuestiones burocráticas y formales, sin analizar el caso particular”. Así, desestimó los agravios de la parte demandada y  confirmó la resolución de primera instancia.

El Tribunal señaló que “en resumen, en este caso, la amparista ya tenía autorizado la prestación de maestra de apoyo (por módulo mensual) de febrero a diciembre de 2023 que acompaña al menor MSB en la escuela; y mediante esta acción busca el reconocimiento y autorización de otro módulo para maestra de apoyo extraescolar (de abril a diciembre de 2023), con el fin de que lo ayude con las tareas escolares en su hogar”.

En aquel sentido, los magistrados expresaron: “Como se dijo anteriormente, la posibilidad de otorgar la prestación de ‘maestra de apoyo’ en sus distintas modalidades, en forma simultánea, está prevista en la reglamentación”; y también destacaron que “así también ha quedado comprobado que el nuevo pedido de la actora se halla justificado con la prescripción médica y el informe de la profesora de educación especial”.

Empresas de medicina prepaga comenzaron a informar este viernes a sus asociados y asociadas aumentos del orden del 40 por ciento en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo, a la luz de las decisiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del Gobierno nacional.

“Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores”, indica una comunicación de Swiss Medical distribuida este viernes por la mañana.

Allí, se señala que, “se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”.

“En tal supuesto, dicho incremento incluirá el que le fuese informado en el mes de noviembre próximo pasado”, agrega.

Comunicación de Swiss Medical

Del mismo modo, la prepaga Omint comunicó a sus afiliados un aumento de 40,80% que se aplicará para las cuotas con vencimiento en enero.

En la misma línea que Swiss Medical, la empresa justificó los aumentos por los atrasos en los costos pero, al mismo tiempo, citó en el mensaje al DNU al igual que la derogación del Decreto 743/2022 que establecía un tope de aumento para los afiliados con ingresos menores a seis salarios mínimos.

El incremento -justificaron- se fundamenta en la “importante devaluación del peso respecto al dólar transcurrida durante el último mes que se reflejó en insumos, medicamentos y prótesis, entre otros; el aumento paritario suscripto entre las Cámaras que representan a los efectores y el sindicato que nuclea a los empleados de sanidad”, y “el gran desfasaje que se ha producido entre los aumentos de cuota autorizados por el Índice de Costos de Salud y la inflación real reflejada entre otros indicadores por el Índice de Precios al Consumidor”.

Omint aclaró que “los valores de los reintegros y copagos” también serán “adecuados en la misma proporción”. Al igual que Swiss Medical, la firma respaldó el aumento en del DNU 70/23.

La palabra de las prepagas

Este jueves, tras la publicación del DNU 70/2023 en el Boletín Oficial -cuyo contenido fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Javier Milei por cadena nacional- el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

“Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. En la Unión Argentina de Salud (UAS) vamos a hacer una reunión en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”, señaló el empresario.

Además, sostuvo que “el aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos va a estar entre 40% y 50% en enero” y consignó que “esa fórmula fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad”.

El DNU 70/2023 introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas.

Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá “aumentar la competitividad del sistema”.

La modificación a la Ley 26.682 -aprobada en 2011- le quita la potestad al Estado de “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.

También anula la obligación de las empresas de transferir a los afiliados a otra empresa en el caso de quiebra.

Además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no tendrá capacidad de fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos.

El único criterio que quedará vigente para las cuotas de las prepagas es que haya una variación máxima de tres veces entre el precio diferencial para los planes de la primera y la última franja etaria.

Hasta ahora, los aumentos debían ser autorizados por el Estado en función de criterios de razonabilidad y de variaciones de la estructura de costos de la firma: para ello, desde la administración de Alberto Fernández, se utilizaba un Índice de Costos de Salud que era publicado mensualmente por la Superintendencia de Servicios de Salud, el cual sustituyó los aumentos discrecionales que autorizaba el Poder Ejecutivo en los gobiernos anteriores.

Como referencia, ese índice había dado un 6,26% en noviembre último (que se usará para los aumentos autorizados en enero), 11,51% en octubre, 10,98% en septiembre y 6,97% en agosto.

Además, el DNU elimina los topes de aumentos -equivalente al 90% de la variación mensual del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) - que regían desde 2022.

Estos topes regían para los trabajadores que tenían ingresos netos mensuales equivalentes a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en la actualidad totalizan $ 936.000.

Por tanto, con el decreto, ya no habrá más segmentación de cuotas por ingresos dentro del universo de más de 6 millones de usuarios de la medicina prepaga.

La devaluación del peso, los aumentos indiscriminados de los insumos médicos que llegan valor dólar (entre el 22 y el 30 por ciento solo en los últimos 15 días), la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica (UB) y la demora excesiva en el pago por parte de las obras sociales y prepagas (entre 60 y 90 días de realizada la prestación), ponen a la actividad bioquímica en una situación de enorme inestabilidad y precariedad.

La Dra. María Cecilia López, presidenta de CUBRA, aseguró que “debemos alertar al Estado argentino, a los prestadores y, fundamentalmente, a nuestros pacientes; sobre la grave situación en que se encuentran la mayor parte de los laboratorios bioquímicos en la actualidad: con grandes riesgos de continuar con su trabajo dado que en breve no podrán hacer frente a sus obligaciones, como lo son los aumentos de salarios, bonos, aguinaldos, etc, Si de parte del Gobierno no colaboran en acordar un aumento en las Unidades Bioquímicas, que se condiga con los sufridos en forma desmedida por los insumos y reactivos que utilizamos para llevar adelante nuestros trabajos, la situación no tiene retorno”.

“Nuestros insumos han aumentado entre un 50 y un 400%. Los que más impacto han tenido son las jeringas, agujas y descartables que se necesitan día a día para continuar atendiendo a los pacientes”, explicó López.

Por otra parte, la carga impositiva también nos golpea, por lo que hacemos un llamado a los Ministerios de Salud y Economía para que respondan nuestros llamados a participar de una mesa de trabajo, con el fin de lograr que se tomen las medidas necesarias, sostenibles en el tiempo, que encarrilen esta situación desesperante en la que se está poniendo a los pacientes.

El aumento de setiembre de la medicina privada será del 7,18 % o 5,58 % según si perciben más o menos de 6 Salarios Mínimos, Vital y Móvil (SMVM) ($ 105.500 x6: $ 633.000), de acuerdo a la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Esto será así porque las cuotas se indexan todos los meses. Y porque el Índice de Costos de Salud (7,18 %) es superior al 90 % de la variación de los salarios formales (RIPTE) (6,2 x 0,90), que es el indicador que se utiliza para fijar el incremento de la cuota de los que menos ganan, según la Superintendencia de Servicios de Salud.

Con los aumentos de agosto del 8,72 % y el de septiembre un plan familiar medio de un matrimonio con 2 hijos menores podrá rondar entre los

$ 125.000 y los $ 180.000 mensuales.

Con el aumento del 6,9 % en enero y los 8 aumentos de febrero a septiembre, la suba acumulada en los primeros 9 meses del año llegará a 78,1 %, para quienes se les aplica el Indice de Costos de Salud. Para quienes perciben menos de 6 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) la suba enero-septiembre será de 64,4 %.

Los afiliados comenzaron a recibir este lunes la notificación del incremento porque las prepagas deben hacerlo con 30 días de anticipación.

El decreto 743/2022 que fijó los aumentos diferenciados (que debutaron en febrero) establece que el 90% del RIPTE actúa como tope para los que perciben menos de 6 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) con relación al Índice de Costos de Salud. A quienes ganan más de 6 SMVM se les aplica la suba del Índice de Costos. Pero si el Índice de Costos es inferior al 90% del RIPTE, se les aplica a todos los afiliados el Índice menor. Así, ese tope se aplicó en febrero, en marzo y en mayo porque el Índice de Costos de Salud fue del 8,21 %, 7,66 % y 4,76 % respectivamente, y a los que menos ganan se les aplicó el 4,91 %, 5,04% y 3,43 %. Y en septiembre también se aplicará porque el Índice de Costos es del 7,18 % y a los que menos ganan les corresponde el 5,58 %. En abril, ese tope no se aplicó porque el Índice de Costos de Salud fue del 2,36 % y el 90 % del RIPTE 4,87 %. En junio tampoco se aplicó porque el Índice de Salud fue del 5,49 % y el 90% del RIPTE fue del 7,58%. En julio, el Índice de Costos de Salud fue del 8,49 % y el 90 % del RIPTE fue del 8,78 %. Y en agosto, el Índice de Costos de Salud es de 8,72 % y el 90 % del RIPTE es del 8,86 %. Para realizar estos cálculos para el aumento de septiembre se toma el RIPTE de mayo que fue del 6,2 %.

Los titulares de las prepagas deberán ingresar en la página de la Superintendencia de Salud para declarar si tienen ingresos netos inferiores o superiores a los 6 SMVM. ($ 633.000).

El Índice de Costos de Salud combina la evolución de los costos de los medicamentos (12,2 %) de acuerdo a un listado que elabora el Ministerio de Salud, los insumos médicos (17,2 %), los salarios fijados por las paritarias (52,4%) y los gastos generales (18,2 %), que elabora la Salud. Por su parte, las entidades de medicina prepaga y las obras sociales deberán incrementar los valores de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a los beneficiarios de las prepagas y obras sociales por las clínicas, sanatorios y profesionales en al menos un

90 % del aumento porcentual de sus ingresos según las cuotas percibidas.

"Hay un vencimiento del actual esquema en diciembre próximo, y hay que pensar en un nuevo modelo de sistema de salud, en donde el cobro esté asociado a las tasas de uso", señaló Massa en una entrevista concedida a El Destape radio

El ministro se sumó a los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los aumentos registrados en las empresas de medicina prepaga, que a su juicio necesitan un nuevo mecanismo de financiamiento a partir del año que viene.

En este sentido, aclaró que comparte "filosóficamente lo que dice el tuit de Cristina", porque el reciente aumento en las cuotas de las prepagas "no tiene ninguna explicación".

"Me toca trabajar en la solución, por eso hay que desindexar la economía. Hay que cambiar la fórmula y pensar en un nuevo modelo", subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.

La vicepresidenta había cuestionado, a través de su cuenta de Twitter, el aumento del Gobierno a las empresas prepagas.

"Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga", fue la manifestación pública de Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de los eventuales métodos para llevar adelante los cambios, Massa se mostró en sintonía con la posición de la vicepresidenta que en más de una oportunidad manifestó públicamente sus diferencias con el funcionamiento del sistema de salud, planteando una reformulación del sistema en su conjunto.

"Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente", reflexionó la vicepresidenta a mediados del año pasado durante un acto en La Plata.

De hecho, el Ministerio de Salud bonaerense elaboró una propuesta con los ejes centrales para un programa de salud 2020-2024, a través de una ley que promueva un sistema integrado.

"Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa", precisa el documento.

El incremento otorgado a las prepagas, que será del 13,8% y regirá a partir del próximo 1 de diciembre, se sumará a las subas implementadas en los meses de octubre (11,53%), agosto (11,34%), julio (4%), junio (10%), mayo (8%), abril (6%), marzo (6%) y enero (9%).

En 2021, en tanto, tuvieron seis incrementos, y en el primer año de la pandemia (2020) uno solo (del 10% en diciembre).

En el plano de los ingresos de los trabajadores, el ministro Massa expresó que "entre (el ex presidente Mauricio) Macri y la pandemia (de la Covid 19) el salario perdió 23 puntos", y precisó que la mayor deuda del contrato electoral del Frente de Todos es recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

La medida dispuesta a través de la Resolución 459/2022, establece "incrementar, desde los meses de marzo y abril de 2022, los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud, en un porcentaje similar a la Cláusula de Revisión de la Paritaria 2021 negociada entre los prestadores mencionados y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA)".

La cartera de Salud consideró "razonable autorizar aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de enero de 2022", que alcanzaba una suba del 9 por ciento.

El Gobierno detalló entre los motivos expresados en la resolución los efectos que produjo la pandemia expresando que con "las medidas adoptadas se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo, del cual no resultaron ajenos el sistema sanitario y sus actores".

En ese sentido, señalaron que "la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable de pandemia, se ve reflejada en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los Agentes del Seguro de Salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios".

A partir de eso, indicaron que "con el objeto de prevenir tales efectos y garantizar el adecuado servicio de los sanatorios, clínicas y demás prestadores de salud que atienden a los beneficiarios de la seguridad social durante la pandemia de covid-19, el Ministerio de Salud ha instruido a la Superintendencia de Servicios de Salud a otorgar diversos apoyos financieros de excepción a los Agentes del Seguro de Salud".

La resolución explica que la medida surge a partir del "análisis efectuado sobre la evolución de los incrementos de costos del sector desde la fecha del último aumento de cuotas autorizado y considerando especialmente los acuerdos salariales paritarios alcanzados recientemente", que permiten concluir "que resulta necesario promover la autorización de nuevos aumentos que permitan garantizar un adecuado financiamiento para afrontar tales costos y mantener la calidad de servicios prestados".

Asimismo, se tuvo en cuenta que "las entidades representativas del sector han expresado en forma reiterada su preocupación por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores, enfatizado la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad".

Las empresas deberán "informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir".

NA