La iniciativa propone relevar, sistematizar, auditar y publicar datos vinculados a todos los programas de asistencia alimentaria que se ejecutan en el territorio entrerriano.

La propuesta se sustenta en el reconocimiento del derecho humano a una alimentación adecuada, saludable y suficiente, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. En ese marco, plantea fortalecer la planificación estatal, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad alimentaria.

El proyecto abarca comedores escolares y comunitarios, merenderos, módulos alimentarios, refuerzos, transferencias y otras modalidades de asistencia. Señala que se trata de un campo de intervención complejo, donde confluyen dimensiones sociales, sanitarias, educativas y territoriales, y cuya efectividad depende de la coordinación entre niveles de gobierno y de la continuidad de las prestaciones.

Stratta fundamentó la iniciativa en la situación de vulnerabilidad que atraviesan numerosas familias entrerrianas, lo que genera una demanda sostenida en dispositivos alimentarios. Advirtió que la actual dispersión de la información administrativa debilita la capacidad del Estado para planificar, coordinar y evaluar sus políticas.

El sistema propuesto será unificado e incluirá tanto programas provinciales como nacionales, así como aquellos gestionados en articulación con municipios, organizaciones sociales y entidades intermedias.

Contará con una estructura de doble módulo. Por un lado, un Módulo Público de Acceso Abierto, con información agregada y georreferenciada sobre programas vigentes, cobertura territorial, modalidades de prestación e indicadores básicos, garantizando transparencia sin exponer datos personales.

Por otro, un Módulo de Gestión y Monitoreo, de acceso restringido, destinado a la administración, control y evaluación de las políticas, con estrictos resguardos de confidencialidad.La iniciativa también prevé una sección de Acompañamiento y Donaciones Responsables, que permitirá canalizar aportes de la comunidad y del sector privado hacia dispositivos verificados, fortaleciendo la trazabilidad y evitando intermediaciones informales.

Asimismo, se propone la creación de un Consejo Académico-Técnico, integrado por universidades e instituciones científicas con sede en la provincia, encargado de proponer estándares metodológicos, definir indicadores, emitir recomendaciones de auditoría y elaborar informes periódicos sobre la situación alimentaria y el desempeño de las políticas públicas.

Entre otras disposiciones, el proyecto establece la obligación de presentar un Informe Anual a la Legislatura, con datos de cobertura territorial, avances del sistema y reportes agregados de transparencia. Además, invita a los municipios a adherir mediante convenios y fija plazos para su reglamentación y puesta en funcionamiento una vez sancionada la ley.

Según se indicó, el objetivo central es mejorar la calidad institucional de la gestión alimentaria y contar con información confiable y sistematizada que permita planificar mejor y garantizar de manera efectiva el derecho a la alimentación en Entre Ríos.