El hecho tuvo su génesis a fines de marzo del corriente año, a partir de la recepción de una denuncia anónima efectuada a la agencia “Comando Delta”, perteneciente a la Dirección General Sistemas Contra el Narcotráfico de esta Institución, donde daba cuenta de la existencia de un domicilio ubicado en dicha ciudad que sería utilizado para el acopio, fraccionamiento y venta de drogas al menudeo. Ante esta situación, la Dirección General dio conocimiento a la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, con el fin de investigar el caso.

Atento a ello, los efectivos de la división actora desarrollaron diversas tareas de campo y análisis de datos, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal N°2 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Martina Cedrés, estableciendo que en la mencionada finca donde funcionaba un local de santería religiosa, era utilizado como pantalla para la venta de cocaína al menudeo.Con el devenir de las pesquisas, se identificaron a cuatro hombres como los responsables de las maniobras ilícitas.Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado de Transición y Garantías N°2 de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Ignacio Telenta, ordenó el allanamiento del inmueble ubicado sobre la calle Belgrano al 900.Durante el procedimiento, se logró la detención de los cuatro investigados y se procedió al secuestro de 455 dosis de cocaína, una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo producto de las ventas, dos teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.Los detenidos, argentinos mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

En el mes de noviembre de 2017, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al por ese tiempo intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y al jefe de la Policía Federal Argentina, ahora ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, puso en funcionamiento una nueva Delegación de la PFA en esa localidad.

Entonces, se dispuso que la nueva Delegación Chajarí de la PFA tendría jurisdicción en los departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano. Se inauguró con una dotación de personal de 69 efectivos entre hombres y mujeres. También se la dotó con camionetas, autos, motos, vehículos de traslado de detenidos y un can detector de narcóticos. En cuanto a tecnología aplicada a la Seguridad, la Delegación de Chajarí se la equipó con un sistema portátil de identificación de patentes, un sistema de planillas prontuariales digitales (SASI) y un sistema de identificación de personas Morpho Touch.

Ahora, esa delegación Chajarí de la Policía Federal se levanta. “La Policía Federal Argentina deja la ciudad de Chajarí. No es una novedad. Lo presumíamos desde hace algún tiempo. Y lamentamos que así sea”, indicó el intendente Macelo Borghesán (Juntos).

Y agregó: “Fue un hito importante para la ciudad que, durante los primeros años, funcionó con 80 efectivos y 12 móviles. Su radio de acción fueron los departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano”.

En 2020, sin embargo, cuando asumió la Presidencia Alberto Fernández, la situación cambió.

Primero empezaron a retirar móviles y luego personal. En 2021 la Delegación se convirtió en un Departamento de Investigaciones Complejas del Noreste Argentino, es decir, una base de investigación desde Entre Ríos hacia el Norte. Esto cambió su radio de acción, que pasaron a ser las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco. En 2022 los 80 efectivos se redujeron a 40, aproximadamente. La quita de personal y móviles fue aún más notoria estos últimos años.“La Policía Federal Argentina no se va hoy. Se empezó a ir, progresivamente, desde 2020. No es éste el final que queríamos pero la política del actual Gobierno de la Nación, de reducción y reorganización de recursos, le impuso un nuevo destino, más próximo a la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil”, añadió el Municipio.Y apuntó: “Hicimos los esfuerzos y las gestiones que había que hacer. Desde el primer día, durante 8 años, ininterrumpidamente, abonamos con recursos municipales de todos los chajarienses el alquiler del inmueble que ocuparon. Cooperamos, además, de otras formas, y pese al compromiso de sus autoridades de sostener el Departamento en la ciudad se resolvió su traslado”.“Es comprensible, si se considera la reorientación de la política de seguridad hacia una zona del país más gravitante, pero nos queda el sabor amargo, tras tantos años de apostar e invertir por el afianzamiento de la fuerza en nuestra comunidad”, destacó. (Análisis) 

La investigación se inició a raíz de una denuncia por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, efectuada ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de la Dra. María Marta Schianni. En ella, la declarante, oriunda de la provincia de Entre Ríos, manifestó que su hermana presentaba problemas de salud mental y que habría viajado con su pareja a la ciudad de Villa María, localidad del departamento General San Martín, indicando que el sujeto la mantenía privada de su libertad.De esta manera, los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Villa María de la PFA realizaron diversas tareas investigativas con el fin de establecer el paradero de la mujer y ratificar los hechos expuestos por la hermana de la damnificada.En ese sentido, primeramente, se logró establecer que la víctima había intentado comunicarse con sus familiares a través de una línea telefónica que utilizaba a escondidas de su captor, advirtiéndoles el padecimiento que se encontraba sufriendo.Logran geolocalizarlos gracias a un teléfono celularCon dicha información, y habiendo determinado la línea activa mediante la cual se realizaban esas comunicaciones, con la anuencia de la judicatura actuante se procedió a intervenirla de forma directa, pudiendo de ese modo efectuar la geolocalización de las antenas utilizadas. Esto permitió detectar presencia en una pequeña ciudad al sur de la provincia de Córdoba, denominada Saturnino Laspiur, distante aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de San Francisco.Cabe destacar que durante el procedimiento se contó con la colaboración de personal de las DUOF San Francisco, Bell Ville y Rafaela de la PFA, así como también con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y del Gabinete Psicológico de Gendarmería Nacional (GNA), conforme lo dispuesto por el magistrado interventor, a fin de facilitar la asistencia a la presunta víctima.Luego de realizar intensivas tareas de rastrillaje, se logró ubicar un campo distante aproximadamente 15 kilómetros del ejido urbano, donde se halló un Documento Nacional de Identidad (DNI) y un boleto de compraventa de un automotor a nombre del implicado, una mochila con prendas de vestir varias, un set de cosméticos de uso femenino y dos tarjetas de débito a nombre de la damnificada.Con los resultados obtenidos, la Dra. María Marta Schianni ordenó intensificar las tareas de búsqueda utilizando canes detectores aportados por la Policía de la Provincia de Córdoba, empleando a tal fin las prendas recientemente halladas.Finalmente, producto de las arduas recorridas realizadas por los efectivos, se logró la localización de las personas buscadas, quienes se encontraban desplazándose por un campo cercano a bordo de un automóvil.Una vez concretada la detención del vehículo, la Fiscalía Federal de Villa María ordenó que la mujer, argentina de 22 años y en su carácter de víctima, fuera resguardada y asistida por personal especializado, disponiéndose su traslado al Polo de la Mujer, en la ciudad de Córdoba Capital.En tanto, el imputado, argentino de 21 años, fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Nº 5 de la ciudad de Villa María, quedando a disposición de la Justicia y a la espera de las actuaciones procesales de rigor. 

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, designó en las últimas horas a su primera cúpula de la Policía Federal, con dos cambios y con la ratificación de una mujer dentro de la plana mayor.Además, ratificó al comisario general Luis Rollé como jefe de la PFA y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los nombramientos fueron oficializados por medio de la Orden del Día Interna (ODI) número 235 de la fuerza. Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad, que asumió hace poco más de dos semanas, resaltó la gestión de su antecesora Patricia Bullrich y garantizó su continuidad: “La ‘Doctrina Bullrich’ sigue más vigente que nunca”. Allí se estableció que la comisario mayor Mirna Edith Speranza continúe en la Superintendencia de Seguridad de Estado, antes llamada de Seguridad y Custodia.Esa es la única mujer en la plana mayor de la PFA, lo mismo que había ocurrido en 2024, con apenas un cupo femenino.En tanto, el comisario mayor Juan José Mingorance reemplazó al comisario general Rubén Haidar en la Superintendencia de Administración, mientras que el comisario mayor Gustavo Alberto Núñez sustituyó al comisario mayor Mauricio Adrián Barrera en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos (antes era Superintendencia Federal de Bomberos).El resto continúa igual, más allá que algunas áreas cambiaron de nombres, como Drogas Peligrosas, que ahora es Investigaciones contra el Narcotráfico y sigue a cargo del comisario general Marcelo Laures.Otra que modificaron fue la Superintendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ya que le acortaron el nombre y quedó sólo de Comunicaciones, con la continuidad del comisario general Juan Manuel Beltrán.  Otra que cambió fue Intervención Territorial, ya que ahora se llama Superintendencia de Operaciones Policiales y se mantuvo al frente del comisario general Carlos Vallini.En tanto, con la creación del  Departamento Federal de Investigaciones (DFI) , los dos cargos más altos eran Proyecto Central de Investigaciones y Operaciones Federales y Proyecto Central  de Coordinación Federal .Sin embargo, ahora cambiaron de nombre y pasaron a llamarse Departamento Federal de Investigaciones el primero y Departamento Federal de Coordinación, el segundo.De todas maneras, mantuvo a los dos comisarios generales como jefes: Pascual Bellizzi en investigaciones y Marcelo Omar Farías en Coordinación.En las otras Superintendencias siguen al frente sin modificación alguna el comisario general Fausto Fernando Núñez en Agencias Federales de Investigación;  el comisario mayor Martín de Cristóbal en Investigaciones Federales; y el comisario mayor Favio Adrián Fara en Bienestar. En las Direcciones Generales de PFA (segunda línea de la cúpula) el comisario mayor Jorge Andrés Romero reemplazó al comisario mayor Daniel Enrique Pérez en Personal, mientras que el comisario general Pablo Bruni fue designado en Planeamiento y Evaluación.Asimismo, el comisario mayor Gonzalo Pelacchi fue nombrado en la Dirección General de Instrucción (antes estaba en Secretaría General con retención en Planeamiento y Desarrollo Estratégico).En tanto, se mantienen en sus cargos el comisario general  Néstor Fabián Zoya (Dirección General de Asuntos Internos), el comisario general Carlos Rodríguez Adrover (Dirección General de Inteligencia Criminal), el comisario mayor Marcelo Chiappero (Dirección General de Cooperación Internacional INTERPOL) y el comisario mayor Marcelo Julián Orlando (Dirección General de Asuntos Jurídicos).Los nuevos jefes ya asumieron en sus nuevas funciones este fin de semana.El siguiente es el detalle de la nueva cúpula de la Policía Federal:-JEFE: comisario general Luis Rolle (SIGUE).-SUBJEFE: comisario general Mariano Giuffra (SIGUE).-Departamento Federal de Investigaciones: comisario general Pascual Bellizzi (SIGUE).-Departamento Federal de Coordinación: comisario general Marcelo Omar Farías (SIGE).-Superintendencia de Investigaciones Federales: comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal (SIGUE).-Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico: comisario general Marcelo Oscar Laures (SIGUE).-Superintendencia de Seguridad de Estado: comisario mayor Mirna Edith Speranza (SIGUE).

-Superintendencia de Agencias Federales de Investigación: comisario general Fausto Fernando Núñez (SIGUE).-Superintendencia de Operaciones Policiales: comisario general Carlos Vallini (SIGUE).-Superintendencia de Administración: comisario mayor Juan José Mingorance.-Superintendencia de Bienestar: comisario mayor Favio Adrián Fara (SIGUE).-Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos: comisario mayor Gustavo Alberto Núñez.-Superintendencia de Comunicaciones: comisario general Juan Manuel Beltrán (SIGUE). -Dirección General de Personal: comisario mayor Jorge Andrés Romero.-Dirección General de  Asuntos Internos: comisario general Néstor Fabián Zoya (SIGUE).-Dirección General de Inteligencia Criminal:  comisario general Carlos Luis Rodríguez Adrover (SIGUE).-Dirección General de Cooperación Policial Internacional (Interpol): comisario mayor Marcelo Fabián Chiappero (SIGUE).-Dirección General de Asuntos Jurídicos: comisario mayor Marcelo Julián Orlando (SIGUE).-Dirección General de Instrucción: comisario mayor Gonzalo Adrián Pelacchi.-Dirección General de Planeamiento y Evaluación: comisario general Pablo Bruni.

El operativo tuvo lugar en la zona de calle Miralla al 3300, en Capital Federal, donde los efectivos lograron ubicar y reducir al sospechoso. Sobre él pesaba una orden de captura por el violento robo comando perpetrado en la estación de servicio Axion, ubicada en la ciudad de Chajarí, hecho que se investiga desde hace semanas.

Tras la detención, Pandolfi quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes continuarán con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa. Según indicaron fuentes policiales, la investigación seguirá su curso para esclarecer por completo la participación del detenido y determinar si existen otros involucrados en el hecho.

Corridas y personas heridas con gases lacrimógenos se registraban en la tarde de este miércoles durante la marcha de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y universitarios en las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara de Diputados debatía proyectos impulsados por la oposición.La Policía Federal hizo retroceder a los manifestantes, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los efectivos de la Policía de la Ciudad se apostaron fuera del anillo de la Plaza Congreso.La Policía Federal reprimió con un camión hidrante y gases lacrimógenos la movilización de jubilados, en una intervención que afectó a manifestantes y periodistas que cubrían la protesta. (Noticas Argentinas)

En cumplimiento de la resolución, personal de la División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina (PFA), junto al equipo directivo y farmacéutico del hospital, se presentó en el establecimiento para realizar el procedimiento.

Según indicaron desde la PFA, se firmó un acta compromiso con el fin de dejar a resguardo un lote de 55 ampollas de fentanilo y demás medicamentos vinculados al laboratorio HLB Pharma. Con esta medida, se busca garantizar la inmovilización de los productos y brindar tranquilidad a pacientes y vecinos.

El operativo sucede en el marco del escándalo del fentanilo contaminado que provocó al menos 52 muertes en todo el país. Hasta el momento, solo se logró recuperar cerca del 40?% de las 932.880 ampollas producidas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo durante 2024; quedan más de 550.000 dosis aún en circulación en hospitales, farmacias y droguerías.

Según la ANMAT, muchos de los lotes han sido inmovilizados mediante disposiciones como la 3156/25, que prohibió su uso, comercialización y distribución, aunque la recuperación total del stock avanza de forma lenta y exige la firma de actas por parte de cada institución.

El magistrado Kreplak intervino activamente en la investigación. El Juzgado Federal cuenta con facultades para ordenar la inmovilización de lotes sospechados, lo que ha permitido la actuación de la PFA y de fuerzas provinciales en múltiples puntos del país. Además, los procedimientos se complementan con operativos en droguerías y laboratorios, coordinados con ANMAT, que permitieron incautar insumos sospechosos, ampollas, bidones y registros vinculados a casos con pacientes afectados.

Luego de exhaustivas investigaciones desplegadas por los federales durante varios días, establecieron que un domicilio ubicado en la calle Antonio Berni era utilizado para la producción, acopio y distribución de sustancias tóxicas en la zona. Intervino la Unidad Fiscal Especializada de Paraná, a cargo de la Dra. Sofía Patat.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°8 de Paraná, a cargo del Dr. Pablo Soff, ordenó la realización de dos allanamientos, uno de ellos sobre una vivienda ubicada sobre la calle Antonio Berni y el restante, en otra finca localizada sobre la Av. Alameda de la Federación.

Durante dichos operativos fueron detenidos un hombre de 39 años y dos mujeres de 36 y 18 respectivamente. Asimismo, se incautaron 300 gramos de marihuana fraccionados listos para su distribución, más de 8 gramos de cocaína, cuatro teléfonos celulares, cuatro balanzas, una licuadora con restos de estupefacientes y la suma de 5.300 pesos.

Los detenidos, todos ellos de nacionalidad argentina, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Según se pudo establecer, los uniformados en el marco de una causa que se investigaba la venta de estupefacientes al menudeo, llevada a cabo con la Unidad Fiscal de Concordia a cargo del Dr. Pablo Zabaleta y por orden del Juzgado de Garantías N° 4 de Concordia a cargo del Dr. Francisco R. Ledesma ingresaron a dicha vivienda.

En ese contexto, se pudo establecer que los Federales incautaron gran cantidad de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, dos celulares, una considerable suma de dinero en efectivo y artículos de interés para.

Además, se detuvo a dos involucrados mayores de edad, los cuales permanecerán detenidos a disposición de la Justicia en la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina.

La génesis de la presente investigación surge en el mes de mayo del presente año, cuando se recibe una Alerta procedente del Equipo de Crímenes contra Menores de INTERPOL, sobre el contenido de una serie de imágenes en la Base de Datos de Explotación Sexual Infantil (ICSE), las que podrían corresponder a una víctima y victimario ubicados en Argentina.

Consecuentemente y debido a la gravedad del hecho, la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Gabriela Sero, solicitó la pronta intervención del personal de esta División, con el objeto de hacer cesar la situación de vulnerabilidad de la menor abusada y detener a los responsables.

En ese contexto, los analistas comenzaron un profundo y minucioso estudio de las imágenes expuestas en la serie denominada “PLUSBELLE”, donde detectaron que una mujer adulta le hablaba a una tercera persona antes de practicarle sexo oral a una niña, pudiendo tratarse de su primogénita.

Asimismo, los investigadores lograron encontrar información de relevancia relacionada con la agresora sexual, visualizando gran cantidad de fotografías donde se observaba a la niña posiblemente vulnerada, cuyos rasgos físicos coincidían con la menor expuesta en el video analizado.

Puesto en conocimiento de todo el material probatorio, el Magistrado que entiende en la causa dispuso un allanamiento sobre una vivienda ubicada en la calle 24 del Oeste Sur, entre Sarmiento y Alberdi, de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

Se destaca que frente a la finca y al momento de arribar la comitiva policial, la misma observó que a unos metros de ésta, se hallaba una persona del sexo femenino con idénticas características a la imputada, la cual al observar el arribo de los móviles intentó retirarse del lugar, circunstancia que fue impedida gracias al rápido accionar de los efectivos, quienes lograron su inmediata detención. 

Asimismo, en la vivienda se encontraban los hijos de la detenida, de 12 y 8 años respectivamente, brindándoles inmediata contención psicológica. De la requisa se procedió al secuestro de gran cantidad de dispositivos electrónicos de alta gama, juegos infantiles con connotación sexual, anotaciones con nombres de perfiles y páginas de abuso sexual infantil, dibujos con contenido sexual, elementos informáticos y dispositivos de almacenamiento.

Por otra parte, también se halló y se procedió al secuestro de 1 kilo 400 gramos de marihuana fraccionada, 88 semillas de Cannabis Sativa, 10 gramos de clorhidrato de cocaína y demás elementos de fraccionamiento, llevando a cabo por ese motivo la aprehensión de un hombre  mayor de edad, pareja de la madre de los menores, quedando afectado en actuaciones sumariales por “Infracción a la Ley 23.737”, con intervención de la Unidad Fiscal temática de estupefacientes de turno en la Ciudad de concepción del Uruguay.

Los menores rescatados fueron trasladados junto con la psicóloga de esta Dependencia y personal de la Comisaria del Menor y la Familia, al asiento de la Sede judicial a fin de realizar las entrevistas de rigor. Con respecto a la imputada, se dispusieron la totalidad de las medidas procesales debiendo ser alojada en la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos, por cuestiones de jurisdicción y competencia.

La detenida juntos a los elementos incautados, quedaron a disposición del Magistrado Interventor en la causa que se le instruye por los delitos de “Corrupción de Menores y Explotación Sexual en internet”.

En el marco de investigaciones a cargo de la fuerza federal, y luego de reunir suficiente evidencia para llevar a cabo las requisas, se realizaron ocho operativos en simultáneo para dar con todos los eslabones que formaban parte de la organización delictiva. Fue así que se dispusieron los ocho allanamientos en la ciudad de Paraná, que incluyeron el domicilio que era utilizado como punto principal de venta, y otro lugar alternativo donde realizaban las operaciones. Por otra parte, los efectivos irrumpieron en las viviendas donde operaban los organizadores y colaboradores, además de allanar otras direcciones utilizadas como lugar de acopio de los estupefacientes.El procedimiento llevado adelante por la PFA, culminó con la detención 4 personas mayores de edad, tres hombres y una mujer, que conformaban la organización de venta de droga. En los procedimientos llevados a cabo, los efectivos secuestraron más de 400 grs de cocaína, una suma en efectivo mayor al $ 1.000.000 y 17 celulares. También se incautaron dos balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos para el fraccionamiento de la sustancia ilegal, junto a una mochila con documentación de interés para la causa. Finalmente, todas las pruebas reunidas y los involucrados, quedaron supeditados a la causa en la que intervinieron el Juzgado de Garantías N° 2 de Paraná, a cargo del Dr. José Ruhl y la Unidad Fiscal Especializada, a cargo de la Dra. Sofía Patat.

La División Antidrogas de nuestra localidad llevó a cabo una minuciosa investigación que condujo al descubrimiento de un domicilio en el Barrio José Hernández. Este lugar, aparentemente tranquilo, se reveló como un punto clave para el acopio y la venta de sustancias prohibidas. Con la orden correspondiente del Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del Dr. Mario Figueroa, se ejecutó un allanamiento que culminó con la detención de un hombre y dos mujeres. 

El resultado del operativo fue contundente: se incautaron 100 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 321 gramos, así como también envoltorios de marihuana, teléfonos celulares y una suma considerable de efectivo, alcanzando los 242.470 pesos. Estos elementos, evidencia del oscuro negocio que se desarrollaba en las sombras de la ciudad, fueron fundamentales para avanzar en la investigación y desarticular por completo la red de narcotráfico en la zona.

La rápida acción de las autoridades condujo al dictamen de siete allanamientos simultáneos en la región, en los cuales se procedió a la detención de otras ocho personas involucradas en actividades ilícitas relacionadas. En estos allanamientos, se incautaron aproximadamente 1.500 kg de cocaína, además de una planta de cannabis sativa, una suma considerable de dinero en efectivo, una escopeta, municiones y varios dispositivos móviles.

Todos los individuos implicados en estas actividades delictivas han sido puestos a disposición del juzgado interventor correspondiente, donde se espera que se tomen las medidas legales pertinentes en función de las pruebas recolectadas durante el operativo policial.

El operativo fue ejecutado por el personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Complejas NEA y la División Delitos Contra el Automotor de la Policía Federal Argentina. Tras varios meses de investigación exhaustiva, los efectivos federales lograron recopilar evidencia suficiente para proceder al allanamiento del lugar.

En el transcurso del operativo, se incautaron diversas partes de vehículos con pedido de secuestro, chapas patentes y documentación de interés para la investigación en curso. Además, se procedió a la identificación del propietario del desarmadero, quien quedó supeditado a la causa que se sigue por presunta infracción a la ley de Desarmaderos.

Este exitoso operativo refleja el compromiso de las autoridades argentinas en la lucha contra el comercio ilegal de piezas automotrices y el delito asociado. La Policía Federal Argentina continúa trabajando de manera coordinada con las fiscalías locales para erradicar estas prácticas delictivas y garantizar la seguridad y legalidad en el ámbito del transporte automotor.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en el Barrio Constitución, donde se procedió a la detención de dos individuos mayores de edad, quienes estarían presuntamente vinculados con la venta de estupefacientes en la vía pública, específicamente en la intersección de dos arterias y en el interior de una plaza.

El personal policial desplegado durante el allanamiento incautó una cantidad significativa de estupefacientes, así como también material destinado al fraccionamiento y comercialización de la sustancia prohibida.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la División de la Policía Federal, donde permanecerán a la espera de ser indagados por la autoridad judicial correspondiente.

Luego de varias semanas de investigación llevadas adelante por efectivos de la Federal, lograron la obtención de elementos probatorio por lo cual el juzgado direcciono el procedimiento, ordenando el allanamiento de la morada.

En el operativo policial se logró el secuestro de estufacientes, balanzas de precisión, numerosos teléfonos celulares, una importante suma de dinero en efectivo recortes de nylon para el fraccionamiento de las sustancias.

Además, se procedió a detener a un hombre y una mujer ambos argentinos, mayores de edad imputados por comercialización de estufacientes.

Tomo intervención el juzgado de garantías Nº 3 del tribunal local a cargo del doctor Mario Figueroa, los detenidos fueron traslados posteriormente a la sede del Policía Federal Argentina en concordia quedando los mismos a disposición de juzgado interventor.

El Departamento Antiterrorista de la Policía Federal arrestó a un ciudadano iraquí frente a la Embajada de Israel, en medio de estrictos controles tras una serie de amenazas de bomba realizadas a dependencias diplomáticas en Buenos Aires.

El hombre, aseguraron fuentes del caso a Infobae, fue identificado como Massoud Yousif S.F, nacido el 25 de febrero de 1999. Presentó un pasaporte de la República de Iraq. Según fuentes del caso, un expediente en la Justicia federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Guillermo Marijuan, es falso. “Se detectaron inconsistencias en el pasaporte”, asegura una fuente clave en el expediente.

También presentó un DNI argentino, número 96 millones. El número no fue encontrado en chequeos de bases oficiales realizado por este medio.

La PFA le realizó un cotejo forense al pasaporte, con Massoud demorado frente a la Embajada israelí. Las fotos en el documento se condicen con las registrads en el sistema de Interpol. Sin embargo, se hallaron fallas como “indicios de modificación de la imagen”, asevera el reporte del test. La imagen fue levantada, con su laminado alterado. Luego, el laminado fue repuesto, con un segundo laminado aplicado nuevamente.

Así, se dispuso de inmediato una requisa frente a testigos, luego el arresto. Se le encontraron 450 mil pesos argentinos al ciudadano iraquí. También, se le halló una pista clave: un iPhone 12 que podrá ser peritado.

El arresto se produce en medio de un momento de alta tensión nacional e internacional, entre las elecciones presidenciales y la guerra entre Israel y Hamas en Medio Oriente. Esta semana, el área Antiterrorista de la PFA arrestó a dos sospechosos por realizar amenazas antisemita en redes sociales y amenazas de bomba a dependencias diplomáticas como la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos.

Hernán F.C, un hombre de 50 años, fue detenido en San Isidro, acusado de publicar amenazas contra la comunidad judía en la red social X, en medio de reivindicaciones a Hamas y Hezbollah.

El sospechoso fue capturado por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales-, mientras circulaba en su camioneta. Dentro del vehículo, según informaron fuentes policiales a Infobae, incautaron varias armas blancas y un rifle de aire comprimido.

Un día antes, la misma DUIA arrestó en su casa de Pacheco a F.C, un joven de 21 años, acusado que ser el autor de las amenazas recibidas el miércoles por mail en las embajadas de Estados Unidos e Israel en la Argentina.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el jefe de seguridad del edificio israelí, ubicado en Avenida de Mayo al 700, precisó que recibieron un correo electrónico con un mensaje intimidante que decía: “Bomba Embajada Judíos los vamos a matar a todos”. La Policía de la Ciudad montó un operativo especial en la zona junto a la Policía Federal. Los empleados del lugar fueron evacuados. El resultado del chequeo fue negativo. No se encontraron explosivos.

En rigor, F.C era investigado hace semanas. Habría enviado la primera amenaza a la Embajada estadounidense el 31 de agosto, vía e-mail, con mensajes similares a las delegaciones de Canadá, Irán y Emiratos Árabes. En su indagatoria ante el juez Ariel Lijo, aseguró que su correo electrónico fue hackeado y que nunca envió los mensajes.

La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de esta Institución, quienes tras un minucioso análisis de información digital y financiera, sobre ciento ochenta domicilios de empresas y personas físicas, como también diferentes tareas de campo sobre los mismos, lograron dar con una red de firmas y personas físicas (vinculadas entre sí), las cuales se dedicaban, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico y posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, a fin de darle apariencia de licitud.

Las pesquisas comenzaron durante noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas en la justicia interviniente, donde informaban que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.

Todo ello tenía dos objetivos, en primer lugar, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile y, por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.

Tal organización se encontraba compuesta por al menos cuarenta y cinco personas y diecinueve empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores, notar que algunas firmas obrantes como exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “Empresas fantasmas”, que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.

Tras la investigación en curso, los efectivos federales en conjunto con la Dirección General de Aduanas, pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados en la actividad ilícita, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, lográndose evidenciar una organización criminal, con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, la cual cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.

Una vez logrado vincular a todos los involucrados, se solicitó a la autoridad judicial impulsar las medidas procesales pertinentes a fin de lograr la obtención de material probatorio para la imputación de las personas implicadas en el ardid delictivo, los cuales al ser cumplimentados los allanamientos, se logró identificar a gran cantidad de empresas e investigados como también el secuestro de varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre lo que se destacan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.

Según lo informado por la autoridad judicial las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000, mientras que la Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicarles las multas pertinentes.

La investigación tuvo su origen debido al constante trabajo que efectúa la Dirección de Cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, de la mano del F.B.I, detectándose a través del persistente monitoreo y análisis de las redes sociales, más precisamente en la Deep Web un alerta, el cual incluía contenido sexual explícito contra esta menor con capacidades diferentes.

Una vez contrastado el material con la base de datos existente en la Unidad de Identificación de Víctimas de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, se logró identificar a la víctima, corroborando que poseía importantes trastornos neurológicos y acorde tanto a la rapidez como a la  eficacia del personal, determinaron las maniobras que utilizaba el agresor, quien resultaría ser su asistente terapéutico que aprovechaba sus días y horarios de visita profesional, para abusar de la menor hasta llegar al aberrante acceso carnal.

Además de ello, se estableció que este sujeto fotografiaba y filmaba estos actos para luego subirlos a las distintas plataformas; existiendo innumerable material, todo producido en el domicilio de la víctima, más precisamente en la habitación de la menor, situado en la provincia de Entre Ríos.

En el procedimiento tomó intervención el Fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Leandro Dato; quien en forma urgente ordenó el allanamiento, rescate y contención de la víctima, y la detención del masculino sindicado como quien podría ser el autor de estas conductas atroces.

Las pericias efectuadas en el lugar permitieron detectar y secuestrar distintos dispositivos electrónicos utilizados por el terapeuta los cuales sujetos a futuros análisis, determinarán la existencia de otras posibles víctimas de este pedófilo.

A través de distintas investigaciones, los efectivos pudieron establecer que en una vivienda de la mencionada localidad se encontraba material fósil arqueológico, el cual era ofrecido para su venta en diferentes redes sociales.

Con las pruebas aportadas por los detectives, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi, Secretaría Penal a cargo del Dr. Alan Bergdolt ordenó el allanamiento del inmueble donde se identificó al morador y se logró el secuestro de 85 piezas de los fragmentos de un árbol petrificado, de aproximadamente 80.000 años de antigüedad, el cual se estima podría tratarse de una especie de palmera.

Cabe destacar que el procedimiento, contó con la cooperación de Sra. Silvia Leticia Cettour Jefa del Departamento del Museo de Antropología de Concordia, quien informó que el aforo del material hallado es incalculable, dado su gran valor histórico.

Los elementos secuestrados fueron remitidos a la sede del museo mencionado, ubicado en la intersección de Rivadavia y Carriego, por disposición del magistrado interventor.