La delegación estuvo encabezada por el juez de Primera Instancia, Paulo César Aguirre Palma, junto al jefe de Policía, Ernesto Fabio Cossio Ruiz, y el jefe de Investigaciones, Jairo Jacques, quienes destacaron el profesionalismo y la coordinación demostrada por la fuerza entrerriana.El procedimiento tuvo lugar el pasado 23 de marzo de 2026, durante un operativo de saturación en el barrio Belgrano Sur, donde tras un seguimiento y un operativo cerrojo se logró la aprehensión de Araujo, quien contaba con un pedido de captura internacional con alerta roja por delitos vinculados al tráfico de armas y estupefacientes.En el mismo contexto, los efectivos lograron además desmantelar un búnker que funcionaba como punto de comercialización de droga en la zona donde se produjo la detención.Desde la fuerza destacaron que este resultado es fruto del trabajo coordinado entre la Jefatura Departamental Concordia y la Policía de la República Oriental del Uruguay, remarcando el permanente intercambio de información y la cooperación en materia de seguridad entre ambas jurisdicciones.

El episodio vuelve a poner en primer plano una realidad que preocupa y se repite en la provincia: la cantidad de personas que, atravesadas por distintas situaciones, toman la dolorosa decisión de quitarse la vida.

Este caso no es un hecho aislado. En Entre Ríos, en los últimos años, se han registrado varios episodios similares que encienden una señal de alerta sobre la salud emocional de la población.

Especialistas coinciden en que se trata de una problemática compleja, atravesada por múltiples factores —personales, sociales y económicos— que requieren un abordaje serio, sostenido y con políticas activas de prevención.

Cada uno de estos hechos deja una marca profunda, no solo en las familias y entornos cercanos, sino también en toda la comunidad, que vuelve a enfrentarse a una realidad difícil de comprender y abordar.

La reiteración de estos casos obliga a reflexionar y a fortalecer los espacios de acompañamiento, contención y escucha.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del martes, cuando más de una docena de efectivos policiales de Concordia, en conjunto con áreas investigativas y fuerzas especiales del Grupo Halcón de la Policía bonaerense, irrumpieron en seis viviendas ubicadas en los partidos de Moreno, Merlo y San Martín.

Como resultado de las tareas investigativas, realizadas en colaboración con el Departamento de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró individualizar a los sospechosos y establecer sus domicilios. Con las pruebas reunidas, el fiscal interviniente, Dr. José Arias, solicitó las órdenes de allanamiento y detención, las cuales fueron otorgadas por el juez de Garantías, Dr. Mauricio Guerrero, y ejecutadas mediante exhortos judiciales.

Durante los procedimientos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes resultaron ser hermanos entre sí. Además, se logró recuperar una importante cantidad de objetos denunciados como robados, entre ellos relojes de distintas marcas, joyas, bijouterie y perfumes de reconocidas firmas internacionales.

Asimismo, los efectivos secuestraron más de 30 electrodomésticos nuevos, aún embalados, que habrían sido adquiridos con posterioridad al hecho investigado. En una de las viviendas también se hallaron dos armas de fuego tipo revólver, calibres .32 y .38.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un inhibidor de señal de última tecnología, capaz de bloquear sistemas de alarmas, cámaras de seguridad, portones eléctricos y cierres centralizados, el cual fue incautado para su correspondiente peritaje.

En cuanto al modus operandi, la investigación permitió establecer que una mujer allegada a la víctima habría sido quien aportó información clave sobre la ausencia de moradores en la vivienda y la ubicación de los objetos de valor. Esta persona, junto a sus hermanos, habría participado directamente en la comisión del delito.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan los elementos secuestrados y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco del caso.

Referentes vinculados al sector de la seguridad en Entre Ríos volvieron a expresar su preocupación por el nivel de los salarios y señalaron que los ingresos actuales resultan insuficientes tanto para el personal en actividad como para quienes ya se encuentran retirados. En ese marco, anunciaron que la  movilización que se realizará el 12 de marzo en la ciudad de Paraná y en otras ciudades de la provincia con el objetivo de visibilizar el reclamo.

Según los datos mencionados por los referentes, el ingreso promedio dentro del sistema ronda actualmente los 1.302.000 pesos, cifra que surge de registros vinculados a la Caja de Jubilaciones y que contempla tanto a personal en actividad como retirado.

También señalaron que existen diferencias entre las remuneraciones según la jerarquía y la condición laboral. Como ejemplo, indicaron que un suboficial principal retirado con 30 años de servicio percibe alrededor de 1.450.000 pesos, un monto similar al que recibe un sargento en actividad.Desde este sector sostienen que, si se aplicara plenamente el sistema establecido por la ley 7.654/75, que regula la estructura de sueldos dentro de la fuerza, los ingresos deberían ser considerablemente más altos. Según ese criterio, un suboficial mayor principal podría percibir aproximadamente 2.405.000 pesos.

Además, manifestaron que existen dificultades para que el personal activo participe en protestas o reclamos públicos, ya que aseguran que se transmiten advertencias internas sobre posibles sanciones o traslados en caso de sumarse a este tipo de manifestaciones.

En paralelo, continúan impulsando el reconocimiento del derecho a la sindicalización dentro del sector, un planteo que actualmente se encuentra bajo análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de haber atravesado distintas instancias judiciales en el país.

Mientras tanto, sectores de retirados y autoconvocados preparan una movilización para el 12 de marzo, con la intención de insistir en el reclamo por recomposición salarial y mejores condiciones laborales.

Según adelantaron, la convocatoria buscará reunir a integrantes de distintos puntos de la provincia para volver a instalar el debate sobre la situación económica del sector.

Para ilustrar la indefensión de los uniformados, Pereyra utilizó una contundente definición sobre sus condiciones laborales: “Lo que la gente debe saber es que un trabajador que no puede protestar por el salario, no puede agremiarse y obviamente no puede hacer huelga, literalmente es un esclavo”.

Según explicó el ex uniformado, el origen de los problemas estructurales de la fuerza se remonta a 1975, con la sanción de la Ley Orgánica 5654, que copió reglamentos militares e instauró un sistema obsoleto. Esta organización ha generado una estructura desproporcionada que él mismo describió como “una tribu con muy pocos indios”, donde abundan los jefes que ascienden por el paso del tiempo, pero escasean los efectivos en las calles.

Como ejemplo de estas distorsiones, señaló que la policía ha funcionado como “agencia de colocaciones”, permitiendo que incluso un sacerdote llegara al grado de comisario general solo “dando misa”, desplazando a quienes realmente “se gastaron los zapatos en la calle”.En el plano económico, el panorama no es más alentador. Pereyra advirtió que el personal gana poco, no cuenta con feriados y sobrevive a base de “adicionales” que realizan en bancos, casinos o canchas de fútbol. Aclaró, además, que estos adicionales no funcionan como las “horas extras” que se pagan en la Policía de Buenos Aires, lo que obliga a los agentes entrerrianos a sacrificar su tiempo de descanso y familiar para llegar a fin de mes.

El malestar también apunta hacia la cúpula de Seguridad provincial. Al ser consultado sobre si confía en la gestión del actual ministro Néstor Roncaglia para solucionar el conflicto, Pereyra fue categórico al descartarlo y cuestionó sus declaraciones públicas. Respecto a la afirmación de que los policías de Entre Ríos ganan mejor que la Policía Federal, el retirado sentenció: “Es una mentira grande como una casa”.

Frente a este escenario de tensión, Pereyra confirmó que un grupo de autoconvocados llevará adelante una protesta pacífica en las Plazas de toda la provincia  el próximo martes 12 de marzo. La manifestación, aseguró Pereyra, será respetuosa hacia las autoridades locales, pero con un mensaje claro “contra el sistema y contra el gobierno”.

El objetivo central fue garantizar la paz social, prevenir delitos y reducir la siniestralidad vial en las rutas entrerrianas.Bajo los lineamientos de la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, se reforzó la presencia de uniformados en zonas comerciales, espacios públicos y eventos masivos. Se incrementaron las recorridas en móviles y de forma peatonal en los centros urbanos para evitar arrebatos y grescas.Se trabajó en conjunto con los municipios para supervisar los eventos masivos, asegurando que contaran con las habilitaciones correspondientes y medidas de seguridad.

En esta línea, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial incrementó los controles en puestos camineros y en los principales accesos a la provincia. Se realizaron controles sistemáticos para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, con el fin de salvar vidas. Además, se solicitó de manera obligatoria licencia de conducir, seguro vigente y cédula del vehículo.

En este sentido, se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas. 

El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.

“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y, generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.

Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos: 

Direcciones GeneralesPrevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini.Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra.Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva.Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo.Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore.Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.

Subdirecciones GeneralesAyudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio.Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez.Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas.Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello.Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino.Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui.Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez.Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo.Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero.Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.

Jefaturas DepartamentalesParaná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora.Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday.La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk.Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez.Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente.Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez.Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda.Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina.Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda.Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.

Subjefaturas DepartamentalesParaná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich.Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler.Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra.Federal: Crio. Inspector José Luis Luna.Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger.Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos.Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra.Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong.San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.

Los representantes del Ministerio Público de la Defensa plantearon la preocupación que existe por las condiciones de detención en dependencias de la Policía de Entre Ríos y, específicamente, el déficit existente en la atención de problemáticas de salud mental de las personas privadas de su libertad en esos ámbitos.El “Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” está conformado, como indica la ley de su creación, tanto por el Comité Provincial como por el Consejo Consultivo. Este último es un órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente. Se integra ad honorem y debe reunirse al menos dos veces al año.

Los integrantes del Comité informe con estadísticas presentaron un que dan cuenta del aumento de la cantidad de personas privadas de su libertad en la última década, tras lo cual plantearon tres ejes de trabajo: el acceso a la salud, las detenciones en dependencias policiales y el acceso a la educación.

En su intervención, el defensor coordinador Gaspar Reca se refirió a los “graves problemas” existentes por la ausencia de una correcta atención de situaciones de salud, y específicamente de salud mental, de las personas que permanecen detenidas en dependencias policiales, sobre todo en el interior de la provincia.Uno de los principales inconvenientes se presenta en el abordaje del consumo problemático de sustancias, algo que en general también se advierte en las unidades penales.

Los presentes coincidieron en la necesidad de profundizar el abordaje de estos temas, solicitar informes, conformar mesas de trabajo específicas y elaborar propuestas para ser evaluadas en la próxima reunión.

El jefe de la Policía, Claudio González, encabezó la ceremonia de egreso de la XXII° Promoción de Agentes. Durante el acto, las nuevas funcionarias juraron lealtad a la Constitución y se realizó el tradicional desfile de cierre.Además, la ceremonia contó con la entrega simbólica de despachos a seis agentes y el reconocimiento a aquellas que se destacaron por su mérito académico y aptitud física, acompañados por los acordes de la Diana de Gloria.El acto finalizó con la adopción del dispositivo para el desfile, donde las flamantes agentes de policía marcharon ante las autoridades y familiares presentes, marcando el inicio formal de su carrera profesional en la fuerza de seguridad provincial. 

El acto de finalización del Ciclo Lectivo 2025 de la División Escuela Superior de Oficiales ‘Dr. Salvador Maciá’, en el que más de 400 agentes terminaron su formación, estuvo encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Claudio González y el sub jefe de la Policía, Comisario General, Marcelo Clausich.

Al término del acto, que contó con el acompañamiento de autoridades provinciales, legisladores, representantes del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, docentes y familiares, el presidente de la Cámara destacó la voluntad política de transformar el servicio de seguridad pública con eje en las personas.

En ese sentido, bregó porque “la policía sea refugio del ciudadano. Estamos dando una pelea para que la Policía vuelva a ser el refugio, ‘el que me cuida’. Detrás de cada uno de quienes se forman hay historias fuertes, la política tiene que acompañar. No sólo desde lo discursivo, sino desde lo gestual. Queremos una Policía que funcione; allí es donde tienen que estar los recursos del Estado. Creo que esa es la lucha que estamos dando”, remarcó.

Durante la ceremonia, se desarrollaron los tradicionales actos de relevo de abanderados, escoltas y portaestandarte, así como la entrega de despachos, certificados y distinciones a los oficiales y suboficiales que culminaron satisfactoriamente sus diplomaturas, programas de capacitación y cursos de perfeccionamiento durante el presente año.

En el marco del acto, se reconoció también a los cadetes integrantes del Cuadro de Honor, en mérito a su dedicación, esfuerzo y destacada trayectoria académica.

Por su parte, el ministro Roncaglia, el jefe de Policía y el presidente de la Cámara hicieron entrega de los certificados a los primeros promedios de las Diplomaturas en Gestión de la Seguridad Pública y Ciudadana, Coordinación e Intervención en la Seguridad Pública y Ciudadana, y Estado y Ciudadanía como Pilares de la Seguridad Pública y Ciudadana, entre ellos la comisario principal Silvana Véliz, el oficial principal Fabián Oggier y el oficial subinspector Alfredo Pintos.

El ministro de Seguridad expresó la satisfacción de participar en estos actos formales: “Presenciar el traspaso de la bandera, ver a los aspirantes a agentes emociona pues sabemos que dentro de poco van a salir a cuidar a todos los entrerrianos”, dijo y remarcó “la importancia de acompañar la alegría de cada uno de ellos, luego de tres años en la academia. Queremos un policía humano, solidario, empático, cerca de la sociedad, proactivo, no que sea un espectador de lo que pasa, sino un protagonista de la seguridad pública”.

Por su parte, el comisario general Claudio González resaltó la importancia de las instancias de formación de los futuros agentes públicos. “Son 400 egresados que van a reforzar la seguridad de los entrerrianos. Las distintas carreras son un desafío de 3 años de preparación. Además, es la primera vez que los cursos para ascender al grado de inmediato superior pasan a ser diplomaturas. Hay gente de otras provincias, de otras fuerzas que vienen a compartir conocimientos. Creo que eso nos fortalece, nos permite crecer en este desafío de brindar un mejor servicio y una mayor seguridad para el pueblo entrerriano”, destacó.

Uno de los momentos más emotivos fue el relevo de los abanderados y escoltas, símbolo del compromiso, la disciplina y el amor a la Patria que caracteriza la formación policial. Los nuevos portadores de la Bandera Nacional, Bandera de Entre Ríos y el Estandarte Institucional asumieron el honor de representar los valores de la Institución.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a los seis mejores promedios del ciclo lectivo, cuyos retratos fueron incorporados al Cuadro de Honor de la Escuela de Oficiales, en reconocimiento a su excelencia académica y compromiso con la vocación policial.

El acto concluyó con el tradicional desfile de las formaciones y el saludo final de las autoridades, en un clima de orgullo institucional y profundo sentido de pertenencia.

“Esta es una compra importante que va en línea a lo que planteamos siempre, que es cuidar a los que nos cuidan”, dijo el mandatario.En la Plaza Mansilla, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani; al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y al jefe de la Policía, Claudio González, Frigerio distribuyó los elementos entre los referentes de las distintas jefaturas departamentales. Se trata de 1.300 chalecos antibalas RB3, de los cuales 1.040 son para uso masculino y 260 para uso femenino. Este tipo de chalecos tienen un mayor nivel de protección, ya que resisten hasta calibre 44 Mágnum; los que tenía hasta ahora la Policía eran RB2, que resisten sólo hasta calibre 9 mm.El mandatario calificó de “histórica” esta entrega, “por la cantidad, ya que son 1300 chalecos antibalas que se llevarán a todos los departamentos de la provincia. Hizo notar que “hacía muchísimos años que no se adquirían chalecos de este tipo; y los que había, la mayoría estaban vencidos”.

Por su parte, Roncaglia subrayó que “esta entrega es un paso fundamental en nuestra política de cuidado y prevención; y el bienestar del personal es prioritario para el gobierno provincial. Con este equipamiento, estamos mejorando sustancialmente las condiciones de trabajo en beneficio directo de la seguridad de toda la comunidad entrerriana”, señaló.En esta línea, detalló: “Así como venimos realizando jornadas de formación y capacitación para prevenir delitos y proteger la vida de nuestros agentes, los chalecos son una herramienta fundamental para el cuidado de nuestros funcionarios en el combate del crimen. Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega que se destinará a las 17 departamentales de nuestra provincia”.Por su parte, González indicó que “la incorporación de estos 1300 chalecos balísticos marca un antes y un después en la protección de nuestros efectivos. Es un salto cualitativo enorme, ya que pasamos de una protección contra calibre 9mm, a una que soporta hasta el calibre 44 Magnum. Esto expresa la importancia que implica para nuestra provincia la seguridad de nuestro personal”, indicó.

Por último, destacó que, “por primera vez, estamos incorporando 260 chalecos balísticos diseñados ergonómicamente para el personal femenino, un diseño adaptado al torso que, junto a su panel anti-trauma, garantiza que nuestras mujeres policías tengan la máxima protección sin comprometer su movilidad”.

En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló en la Ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos y contó con la participación del personal policial de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

La capacitación estuvo a cargo de la Ing. Carina Gallegos de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Económico; la Ing. Gabriela Joubert y el Dr. Osvaldo Fernández de la Sec. de Ambiente; y la Ing. Gabriela Zermatten, responsable del Programa Campo Limpio.Debiendo resaltar que nuestra provincia, se encuentra adherida a la Ley Nacional N° 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios.En consecuencia, los envases vacíos de productos fitosanitarios deben ser enviados por el usuario a un Centro de Almacenamiento Transitorio. Por lo tanto, el traslado o comercialización de estos envases con otros fines y/o destinos se encuentra prohibido.De igual manera, la falta de gestión apropiada de los envases vacíos de fitosanitarios puede generar un riesgo para la salud pública tipificado en el Código Penal Argentino en su Art. 201°.

Los alcances de la ley 11.178 de Buenas Prácticas en Materia Fitosanitaria fueron abordados, con foco en el control de los equipos de aplicación de fitosanitarios y las condiciones para una correcta aplicación de fitosanitarios. Todo con la finalidad de reforzar el activo rol policial en el control.

Otro de los aspectos abordados, se relaciona con la sanidad de los cítricos y los controles relacionados al manejo del Huanglongbing (HLB), enfermedad que afecta la producción y calidad citrícola, analizando los alcances de la Ley N° 9085. Ley Citrícola.

En este sentido, la Policía de la Provincia de Entre Ríos y el Gobierno de Entre Ríos, continúan con su permanente programa de capacitación buscando una mejor calidad del servicio, más y mejores controles, el cuidado del ambiente y el apoyo al sector productivo.

En total, 34 cursantes egresaron de esta instancia de formación, que reafirma el compromiso de la institución con la profesionalización y capacitación permanente del personal policial en un marco federal y articulado.La ceremonia fue presidida por el jefe de Policía, Claudio González, quien estuvo acompañado por autoridades de la Plana Mayor, instructores y familiares de las y los egresados.Desde la institución se destacó que este tipo de capacitaciones son fundamentales para elevar los estándares de formación, fortalecer el trabajo en conjunto entre provincias y consolidar una fuerza de seguridad más preparada para los desafíos actuales.

El objetivo de la capacitación fue fortalecer las competencias de los funcionarios en esta modalidad de patrullaje, que se caracteriza por su cercanía con la comunidad, su aporte a la prevención del delito, la promoción de la salud y el cuidado del medioambiente.La ceremonia de cierre contó con la presencia del jefe de Policía, Claudio González; el subjefe, Juan Claucich; integrantes de la Plana Mayor Policial; jefes de Departamentales; instructores; profesores y familiares, quienes acompañaron a los cursantes en la culminación de esta importante etapa profesional.

La Policía de Entre Ríos reafirma con esta iniciativa su compromiso con la formación continua, la excelencia en el servicio, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del vínculo con la sociedad entrerriana.

En su reunión ordinaria mensual, el plenario del ORSM continuó con la evaluación del abordaje de la problemática y el desarrollo de las políticas públicas en esta materia en Entre Ríos, a la vez que analizó distintas circunstancias que se presentan en la atención de los usuarios y usuarias de los servicios públicos y privados, con el objetivo de garantizar el cuidado y respeto por su sus derechos humanos.Del encuentro, realizado en la sede del ORSM, participaron representantes de todos los organismos que forman parte del Plenario, tres por el sector público y tres por las entidades de la sociedad civil. Fue encabezado por el secretario ejecutivo, Martín Cabrera, y la secretaria de la Defensoría General de la Provincia, Lorena Calí.

Estuvieron presentes los directores generales de Salud Mental, Esteban Dávila, y de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; Analía Bressan, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Norberto González, por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (AUFASaM), y Laureana Espasandin, por la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER).

En ese marco, los integrantes del Plenario manifestaron la necesidad de avanzar con la creación de la Mesa Interministerial en Salud Mental, la cual permitiría un abordaje integral de la problemática con participación de todos los organismos estatales involucrados. Su conformación está a la espera del cumplimiento de trámites administrativos.

En ese sentido, se consideró que uno de los temas que demanda un enfoque integral es la situación planteada con respecto al personal de las fuerzas de seguridad durante los últimos meses, con casos de suicidios que han tomado estado público. Al respecto, además, hubo acuerdo sobre la importancia de no sólo garantizar el abordaje en salud mental individual, sino también analizar la incidencia de las condiciones laborales en el padecimiento subjetivo y, en su caso, realizar las intervenciones pertinentes.Otro de los temas para los cuales sería de suma utilidad la conformación de la comisión interinstitucional es el estudio de la factibilidad de un dispositivo y del abordaje específico para las situaciones de personas en crisis de salud mental y en conflicto con la ley penal.Por otro lado, se planteó la necesidad de optimizar las derivaciones de usuarios a los efectores del sistema de salud –público y privado– por parte de los profesionales, a través de una mejora de la comunicación, articulación y acompañamiento, sobre todo en las situaciones de riesgo. Se mencionó que es fundamental precisar el establecimiento al cual se realiza la derivación y, para lograr esto, dar mayor difusión a la red pública y al subsistema privado de salud mental.Entre otros temas, durante el encuentro se analizó el modo en que se da el intercambio de información entre organismos estatales en distintas localidades entrerrianas, con respecto a las personas que son asistidas.

El ORSM es un organismo que protege y promueve los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Fue creado mediante Ley Provincial Nº 10.445, por la cual Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional Nº 26.657 y a su Decreto Reglamentario Nº 603/13. Funciona en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa y está presidido por el Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez. (APFDigital) 

El radiograma oficial de la Dirección General de Personal, firmado el 28 de agosto de 2025 por el comisario general Adalberto Raúl Menescardi, confirma que el pastor Miguel Kecher, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, será quien encabece las visitas. La comunicación, de categoría “U”, ordena a jefes departamentales y de comisarías recibir la iniciativa, aclarando que la asistencia será voluntaria.

La fe como respuesta a la falta de recursos

El anuncio llega cuando la institución policial enfrenta carencias básicas: móviles sin combustible, falta de equipamiento, salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes y un régimen disciplinario que castiga a quienes piden ayuda psicológica, quitándoles el arma reglamentaria y parte del sueldo mientras reciben atención.Lejos de enfrentar esas urgencias, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, parece apostar a lo simbólico. Mientras los agentes lidian con la precariedad, él viaja desde su casa en Buenos Aires a Paraná en un BMW brillante y tuneado, exhibiendo un nivel de vida que contrasta brutalmente con la realidad de la tropa.

¿Charlas espirituales o abandono estatal?

La decisión de enviar un pastor en lugar de fortalecer los equipos de salud mental es vista como una maniobra de distracción. Los audios filtrados de efectivos desesperados, las familias destruidas por los suicidios y el descontento en las filas son prueba de que el problema no es espiritual, sino estructural: bajos sueldos, estrés extremo y abandono institucional.“Los policías no necesitan sermones, necesitan salarios dignos, contención psicológica real y condiciones mínimas de trabajo”, cuestionaron voces críticas tras conocerse el decreto.

El trasfondo

El gobierno intenta tapar con discursos de fe lo que debería resolverse con políticas públicas. La seguridad entrerriana se encuentra en un punto de quiebre y, mientras la sociedad reclama respuestas, las autoridades parecen más preocupadas en aparentar acción que en garantizar soluciones concretas.

La pregunta que queda flotando es brutal: ¿cuántos efectivos más deben morir antes de que el Estado entienda que el problema de la Policía de Entre Ríos no se resuelve con un pastor, sino con dignidad y recursos? 

Como parte del mismo, se inició la reubicación, en principio, de 100 funcionarios policiales que hasta el momento realizaban tareas administrativas. Estos efectivos serán asignados a distintas comisarías de la provincia, para reforzar la presencia policial en el territorio y para que el personal pueda disfrutar de sus vacaciones sin perjudicar el servicio. Además de la reubicación, se impulsaron varios proyectos clave para mejorar la institución, destinados al bienestar, la salud y formación profesional.En esta línea, se creó la División Bienestar Policial, que centraliza el cuidado integral del personal. A través de esta división se implementarán controles médicos periódicos, actividad física progresiva y evaluaciones anuales de salud. También se establecerá un protocolo de acompañamiento para situaciones que requieran atención especial, priorizando el cuidado del personal.Con el fin de reforzar la profesionalización, se estudia la posibilidad que el cuarto año de la carrera Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana se haga en modalidad virtual, logrando que los oficiales que terminan su adiestramiento puedan tomar sus funciones de manera inmediata.En cuanto a la formación, se actualizarán los perfiles de selección de nuevos policías, incorporando criterios psicológicos y competencias acordes a las demandas actuales. Adicionalmente, se implementarán controles de alcoholemia y consumo de estupefacientes al personal en servicio para reforzar los estándares de responsabilidad y profesionalismo.Además, se encuentra en consideración del Ministerio Público Fiscal un nuevo Protocolo de Uso Racional de la Fuerza, elaborado con la participación de la Dirección de Derechos Humanos, que incorpora la utilización de armas no letales como herramienta complementaria en las intervenciones policiales.Otra de las medidas adoptadas en el marco de la modernización y reorganización de la Fuerza está destinada a reforzar la seguridad del personal. En este sentido, la portación del arma reglamentaria se restringirá exclusivamente al turno de servicio. 

Los hechos quedaron registrados en un video en una situación que, representa una grave falta a la disciplina y los principios que rigen la actuación policial,

Los tres funcionarios policiales involucrados fueron inmediatamente separados de sus funciones operativas y puestos en situación de disponibilidad.

Esta medida preventiva se adopta con el objetivo de garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier interferencia.En este sentido, desde la Dirección General de Asuntos Judiciales se dio inmediata intervención a la autoridad judicial correspondiente, a fin de que lleve adelante la investigación pertinente.

Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos inició la investigación para determinar la responsabilidad administrativa, independientemente de la intervención de la Justicia.

Esta gestión ministerial y la Jefatura de Policía reiteran su absoluta inflexibilidad ante cualquier conducta que se desvíe de los valores éticos y el profesionalismo que deben caracterizar a la fuerza policial. “Hechos como los denunciados socavan la confianza de la ciudadanía, deshonran el compromiso de la gran mayoría de los efectivos que cumplen su deber con vocación de servicio y dañan la imagen y prestigio de la Institución”, resaltaron.

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, participaron activamente en la jornada. El evento se destacó por su espíritu de integración, sana competencia y el objetivo de fortalecer el vínculo entre la fuerza de seguridad y la ciudadanía.

Corredores y ciclistas iniciaron su recorrido en la Escuela de Policía Salvador Maciá, finalizando ambos en el monumento nacional al Policía ubicado en la costanera de la ciudad de Paraná. Al llegar a destino, Frigerio, quien participó con el Nº 1 como uno de los corredores, resaltó la importancia de fomentar la práctica deportiva y subrayó el apoyo constante de su gestión a la institución policial.Reafirmando su convicción sobre la calidad de la fuerza manifestó que se trata de “la mejor policía del país. Sin duda. Lo digo siempre, incluso desde antes de ser gobernador. Es una policía que necesita apoyo político y ahora lo tiene. Necesitamos cuidar a los que nos cuidan y ahora lo estamos haciendo”, expresó el mandatario.El gobernador explicó que esta actividad busca fomentar “la proximidad con la comunidad, la generación de confianza con los vecinos. Ver a nuestros policías corriendo estos kilómetros junto a muchos vecinos que se prenden a esta iniciativa tiene que ver con ese objetivo de generar confianza, empatía y de estar cerca de la comunidad”.Por su parte, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, también se sumó a la propuesta, participando en bicicleta. Su presencia y la del Gobernador generó un notable aumento en las inscripciones, superando las expectativas iniciales. “Se habían inscripto 300, cuando se enteraron de esta sana competencia entre el señor ministro y el gobernador, explotaron las redes, hay casi 600”, informó el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, refiriéndose al desafío planteado entre ambas autoridades.González también destacó el valor del evento para la institución. “Ayer cumplimos 191 años. Eso que dice el gobernador, que somos la mejor policía del país, es un desafío que hemos tomado en cumplirlo”. Expresó su agradecimiento por el respaldo recibido “no solo por la responsabilidad que me han conferido, sino por el apoyo, a diario, desde en un procedimiento hasta una ceremonia”. 

En sus palabras Azcué, tras saludar a los integrantes de la fuerza, recordó que “he tenido el honor de trabajar con la Policía de Entre Ríos cuando fui fiscal, por eso conozco la vocación de servicio, amor y patriotismo que tienen” añadiendo que a la hora de trabajar por el cuidado de nuestros vecinos es fundamental hacerlo de manera conjunta más allá de las responsabilidades y jurisdicciones de cada uno.“La instrucción de nuestro gobernador Rogelio Frigerio va en ese sentido, de trabajar en conjunto con nuestros agentes y funcionarios; cuidar a quienes nos cuidan, ese ha sido el mensaje que nos ha dado. Ello va a representar que nuestra ciudad esté cada vez más ordenada y con mayor seguridad” afirmó Azcué.Por su parte Rosatelli sostuvo que hay que valorar estos 191 años que están cumpliendo, sosteniendo que “nosotros siempre estamos evolucionando y cumpliendo con el fin para lo que fuimos creados, que es establecer el orden. Agradezco a todos los intendentes y los integrantes de otras fuerzas por participar y trabajar en conjunto con nosotros”.Durante la ceremonia se destacó a los representantes del Círculo de Retirados de la Policía de Entre Ríos y al personal superior en situación de retiro, quienes dedicaron su carrera al servicio de la comunidad. Sus presencias resaltaron el compromiso con los valores y el espíritu de la institución.Además, se hizo presente la señora Elba Harispe, bisnieta del primer jefe de Policía de la ciudad, el Sargento Mayor de Primera Línea Crisóstomo Gómez, cuya labor fue fundamental en los inicios de la fuerza.

El evento contó con la presencia del Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Subsecretario de Seguridad Ciudadana Claudio Purgart; la Subjefa Departamental Concordia, Comisario Inspector Liliana Miño; Intendentes del departamento Concordia; Jefes y Subjefes de distintas divisiones; Veteranos de Malvinas; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; familiares.