Estará a cargo de directores, directoras e integrantes de los Centros Judiciales de Mediación de las Provincias Argentinas y CABA, y será coordinado por la secretaría del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Ana Bracco.

Este curso virtual asincrónico y con evaluación tiene como objetivo brindar herramientas vinculadas al funcionamiento de la mediación judicial como método RAD para garantizar la efectividad de las mediaciones interprovinciales a distancia.Está destinado a integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos y a Profesionales de la Abogacía y de la Mediación de la Provincia de Entre Ríos

En la reunión, realizada en los Tribunales de Paraná, participaron los y las integrantes de la Sala Civil N° 2 del STJER, Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Carlos Federico Tepsich; los miembros de la Comisión de Automatización de Procesos Sucesorios, María del Pilar Villa, Mariano Ludueño, Martín Furman, Julio César Marcogiuseppe, Sonia Rondoni, Juan Marcelo Micheloud , Francisco Unamunzaga y Vanesa Selenscig Pimentel; el director del Área de Informática del STJ, Omar Pagliotto; los integrantes de ese organismo, Juan Rossi y Federico Caballaro; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel y el vicepresidente segundo, Pablo Tanger. También estuvieron presentes, de manera virtual, las autoridades de las seccionales del CAER y los miembros de la Comisión de las jurisdicciones Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia.En esta oportunidad, el objetivo del encuentro fue compartir la actualización realizada de la plataforma, dialogar sobre esto con los representantes del CAER y planificar los pasos a seguir. Desde el STJER se comprometieron, además, a en un plan de capacitaciones previo a la implementación definitiva de este sistema en toda la provincia.Desde el inicio de la prueba piloto del sistema automatizado, el 3 de noviembre de 2025, se han registrado 369 demandas, consolidando un avance significativo hacia una gestión judicial más ágil, eficiente y accesible.

Durante esta etapa de evaluación, la Comisión de Automatización de Procesos Sucesorios del STJ analizó el funcionamiento del sistema tanto a través de la observación interna como mediante la recepción de comentarios y consultas formuladas por profesionales de la abogacía al área de soporte. Este trabajo permitió identificar oportunidades de mejora que fueron incorporadas por el Área de Informática, dando lugar a un diseño más ordenado, coordinado e intuitivo, que optimiza la experiencia de uso y facilita la labor de las y los profesionales.

Las actualizaciones introducidas no sólo perfeccionan las funcionalidades generales de la plataforma, sino que también constituyen la base para futuros desarrollos propios orientados a la automatización de otros procesos estandarizables, reforzando la previsibilidad y reduciendo los tiempos de tramitación.Con estas mejoras, el Poder Judicial de Entre Ríos reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, destacando que la construcción de herramientas digitales propias representa un verdadero cambio de paradigma en la gestión judicial.

Para ser integrante de ETI resulta necesario tener en consideración los siguientes aspectos:– Residir en la localidad asiento en el que desempeñe su cargo, Art. 17 Inc. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.– Incompatibilidades según la Ley Nº 7413, Ley Nº 6902 y Ley Nº 5143.-Título habilitante, antigüedad mínima y formación, según los previstos en el art. 16 LPF – 10668 y los mencionados en el

Acuerdo General Nº 02/21 del 18-02-21, Punto 4º del Superior Tribunal de Justicia.– Disponibilidad horaria de acuerdo lo estipulado en el Art 10 de la Ley N° 5143.

En caso de contar con los requisitos antes mencionados y encontrarse con interés de postulación, se deberá ingresar al siguiente: https://forms.gle/ZYRXaJoyAwdmSmVz5 y completar el formulario, el cual estará disponible hasta el lunes 30 de marzo del corriente año a las 8.

Conforme meritúe el STJ, podrán realizarse entrevistas a los/as aspirantes que, cumpliendo tales requisitos, cuenten con mayor formación en las temáticas previstas y experiencia.

Ley Procesal de Familia. LEY 10668. Art. 16º: Requisitos para integrar el Equipo Interdisciplinario Quienes integren los Equipos Interdisciplinarios deben poseer título habilitante en la disciplina de que se trate; haber ejercido la profesión ininterrumpidamente durante los últimos tres (3) años anteriores al de su designación, como mínimo y poseer especial formación en la temática de familia y perspectiva de género; rendir el concurso de idoneidad que prevea el Superior Tribunal de Justicia conforme reglamentación vigente acordada por el mismo.

Acuerdo General Nº 02/21 del 18-02-21, Punto 4º del Superior Tribunal de Justicia. RequisitosLos profesionales deberán cumplir con los siguientes requisitos, cualquiera sea el carácter de la designación -suplente, interino, temporario o provisorio-: – Título profesional. – Ejercicio ininterrumpido de la profesión durante los tres (3) últimos años. – Especial formación en la temática de familia y perspectiva de género. – Especialización forense, siempre que se cuente con oferta académica. En los casos que no se cuente con oferta académica de especialización universitaria, y sólo para el cargo de Trabajo Social, se tomarán en cuenta las capacitaciones en dicha materia. Los cursos y/o talleres de especialización deberán haber sido realizados dentro de los últimos cinco (5) años a la fecha de la designación.-En la página web https://www.jusentrerios.gov.ar/ podrá encontrar las demás normativas citadas. 

La decisión fue adoptada al rechazar la apelación del Estado nacional, Ministerio de Justicia, contra el fallo de primera instancia que había hecho lugar al planteo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal sostuvo que se encuentran configurados los requisitos legales para mantener la suspensión del decreto.En el fallo, la Sala I destacó que, en el marco preliminar propio de las medidas cautelares, se acreditó la verosimilitud del derecho y de la ilegitimidad invocada, así como el peligro en la demora, al advertir que el mantenimiento de la vigencia del DNU podría generar perjuicios graves de imposible reparación ulterior.Los jueces señalaron que el decreto podría vulnerar facultades propias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, lo que comprometería la independencia del Poder Judicial, pilar del sistema republicano.Asimismo, el tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no justificó, prima facie, la necesidad y urgencia que habilitarían el dictado del DNU 575/2025, y recordó que la Corte Suprema había reglamentado recientemente el régimen vigente mediante la acordada 22/2025.Como antecedente, la medida se inscribe en un escenario judicial en el que ya se confirmó la inconstitucionalidad del decreto que habilitaba al Ministerio de Justicia a administrar bienes incautados en causas penales, al entender que esa potestad corresponde al Poder Judicial.Finalmente, la Cámara desestimó los agravios del Estado vinculados a la caución y al plazo de vigencia de la cautelar, y dispuso distribuir las costas de la instancia en el orden causado, manteniendo la suspensión del decreto hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso principal. NA. 

En ese lapso se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados/as, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación judicial.

Asimismo, el promedio de movimientos diarios —en días con actividad— fue de 19.163, lo que evidencia una dinámica sostenida del sistema judicial.En igual período se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. En cuanto a la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.

En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408). En tanto, en segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 2.422 sentencias y 3.449 autos, totalizando 5.871 resoluciones, mientras que, en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno emitieron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.En materia no penal se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, sumando 96.420 resoluciones, entre las cuales se incluyen 699 procedimientos constitucionales. Por su parte, en materia penal se dictaron 5.921 sentencias y 19.817 autos, totalizando 25.738 resoluciones.En el mismo período se realizaron 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.Estos indicadores dan cuenta del volumen de trabajo y de la continuidad en la prestación del servicio de justicia, así como del fortalecimiento de las políticas de modernización y gestión judicial implementadas durante el año 2025.

En ese marco, desde la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) se mantuvieron reuniones de coordinación con el jefe de la Policía Departamental de Paraná, comisario inspector Carlos Ariel Schmunk, y con autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos el director inspector general Alejandro Miotti y el director principal de Tratamiento, prefecto Alejandro Mondragón. El objetivo fue acordar que las personas beneficiadas con la suspensión del juicio a prueba o condenas de ejecución condicional por delitos tipificados en el artículo 119 y concordantes del Código Penal realicen tareas comunitarias en comisarías, dependencias policiales y unidades penitenciarias de la provincia.Asimismo, 141 personas probadas o condenadas por delitos cometidos en contextos de violencia de género fueron derivadas al “Dispositivo de Masculinidad sin Violencia”, a cargo del licenciado Javier Ortiz. Esta propuesta, desarrollada a través del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), apunta a abordar y trabajar las problemáticas vinculadas a este tipo de conductas.En Concordia, oficiales de prueba gestionaron junto al padre Nicolás Frigo, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, charlas sobre convivencia familiar destinadas a personas con condenas condicionales o probation (suspensión de juicio a prueba). Las actividades se realizaron durante junio de 2025 y contaron con la participación de 18 asistentes.Por otra parte, los equipos de mediación penal se trasladaron a distintas localidades de la provincial y realizaron audiencias en los lugares de residencia de las partes, garantizando así el acceso a la justicia en todo el territorio.

Mediadores de Paraná trabajaron en Crespo, Hernandarias y María Grande; los de Gualeguaychú en Urdinarrain; y los de Gualeguay en General Galarza. Estas intervenciones no solo facilitaron el acceso a la justicia, sino que permitieron resolver positivamente numerosos conflictos penales.En el marco del proyecto “Atención a víctimas de violencia de género y/o abuso sexual en la OMA”, orientado a brindar un abordaje específico e interdisciplinario, durante 2025 fueron contactadas y entrevistadas 318 mujeres víctimas en la ciudad de Paraná, priorizando la preservación de sus derechos, seguridad y dignidad, así como la de sus hijos e hijas.

Capacitación permanenteDurante el año también se impulsaron diversas instancias de formación. Junto al Instituto Alberdi se organizaron el webinar “La experiencia del seguimiento y control de la suspensión del proceso a prueba en CABA”, con la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el conversatorio “Intercambio de saberes sobre la Mediación Penal Entre Ríos – Salta”, con referentes del Ministerio Público Fiscal salteño.Además, en conjunto con la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos, se llevó a cabo la Jornada Anual de Capacitación de Mediadores Penales en la ciudad de Victoria, el 7 de agosto, y la Jornada Interjurisdiccional de Mediadores y Mediadoras Penales, los días 27 y 28 de octubre, en Concepción del Uruguay.

Datos de gestiónAl 30 de noviembre de 2025, ingresaron a las Oficinas de Control de toda la provincia 1.708 personas con suspensión de juicio a prueba y 642 con condenas de ejecución condicional, lo que totaliza 2.350 nuevas personas bajo seguimiento, que se suman a las que vienen de años anteriores.En el mismo período, el Ministerio Público Fiscal derivó 4.706 legajos a las Oficinas de Mediación Penal. De ellos, se trabajaron 4.667, pudiéndose llevar adelante el proceso de mediación en 3.818 casos. El conflicto fue resuelto positivamente en 2.970 legajos, lo que representa un índice de eficacia del 78 por ciento.Estas acciones reflejan el compromiso del Poder Judicial entrerriano con una justicia cercana, eficiente y orientada a la resolución pacífica de los conflictos, la prevención de la violencia y la protección de las víctimas. 

A cuarenta años de la sentencia que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina, el Poder Judicial en pleno, encabezado por la Corte Suprema de la Nación, homenajeó a los camaristas federales que condenaron a las juntas militares, responsables de la represión ilegal durante la última dictadura.El acto, realizado en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, no sólo reconoció el coraje de quienes integraron la Cámara Federal porteña en 1985, en los primeros meses convulsionados del retorno de la democracia, sino que también subrayó el carácter inédito de aquel fallo: fue la primera vez que una dictadura debió rendir cuentas ante la justicia civil en el país, tal como destacó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.Durante la ceremonia se entregaron placas conmemorativas a los ex jueces o a sus familiares. El homenaje alcanzó a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, presentes en el acto, y a Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco —estos dos últimos, in memoriam—. El evento reunió a figuras del ámbito judicial, ex funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín, miembros de la CONADEP y del grupo de filósofos que asesoró al entonces presidente.Entre los más de 300 asistentes se encontraban ex funcionarios del gobierno de Alfonsín, dirigentes de la UCR como Horacio Jaunarena, Raúl Alconada Sempé, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez, Coti Nosiglia, Daniel Salvador y Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP. También participaron representantes de la Unión Empleados Judiciales de la Nación, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.Del ámbito judicial, estuvieron presentes los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Martín Irurzun, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros. También asistió al acto el ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.El histórico fallo de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (reclusión perpetua e inhabilitación perpetua), Roberto Eduardo Viola (diecisiete años de prisión), Armando Lambruschini (ocho años) y Orlando Ramón Agosti (cuatro años). Los delitos probados fueron privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Los otros cuatro acusados —Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo— fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cerró el acto con un mensaje en el que calificó a la experiencia argentina como “un caso de justicia transicional ejemplar” a nivel mundial, y agregó: “Rendir cuentas con el pasado es una tarea compleja, más cuando ese pasado es reciente y tumultuoso”. Recordó que hasta entonces en el país la alternancia entre gobiernos constitucionales y de facto se había dado “sin rendir cuentas”, causando “una especie de amnesia artificial que generaba impunidad”.Este “círculo vicioso”, dijo, se quebró a partir del impulso del expresidente Raúl Alfonsín y de un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley y ”coronó en una sentencia impecable”, pese a haberse desarrollado en “un contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”.En tanto, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti remarcó en su mensaje que los homenajeados “han elevado el prestigio de la institución” ya que “no solo firmaron un fallo: también generaron un texto que integra la memoria de los argentinos; mostraron coherencia, imparcialidad y templanza para resolver en un contexto difícil, e inauguraron una política de Estado que todos los jueces y juezas han sabido continuar a lo largo del tiempo”.Por su parte, el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, afirmó que “estos jueces pusieron al terror en su lugar, pero lo hicieron dentro de los límites y de acuerdo con lo ordenado por el derecho”. Por ende, sostuvo, “a 40 años del fallo la mejor manera de proyectar al futuro su actuación es renovar el compromiso central de adherir incondicionalmente a la legalidad”.Los integrantes del tribunal que juzgó a los responsables de la última dictadura, destacó Rosenkrantz, “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces en el contexto de un proceso que respetó todas las garantías y derechos de la Constitución vigente. Estuvieron a la altura del desafío de la hora, no solo porque estaban profesionalmente preparados, sino porque actuaron con el coraje requerido”.Arslanian, quien presidiera la Cámara Federal que llevó adelante el juicio, agradeció el reconocimiento y definió aquella gesta como “un trabajo coral” que contó con el apoyo y el compromiso de los diferentes actores involucrados, desde el expresidente Alfonsín hasta los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, pasando por los empleados y funcionarios judiciales intervinientes. Reivindicó la vigencia y perdurabilidad de una sentencia “que desde su dictado, allá por 1985, nunca dejó de recordarse” y se manifestó esperanzado en que “nos hallemos frente a una nueva alborada: la oportunidad de que podamos, esta vez sí, construir ese país que queremos que nos albergue a todos”.Gil Lavedra, por su parte, resaltó la contribución de todas las partes que hicieron posible que esta “tarea titánica” llegara a buen puerto. En tal sentido, valoró la valentía de los testigos “de venir a narrar públicamente sus padecimientos cuando la democracia no estaba totalmente afirmada y los autores de los crímenes seguían en libertad”. Además, subrayó la dificultad del desafío emprendido: “No había precedentes a los que aferrarse ni estructura normativa que indicara el camino a seguir, los recursos técnicos eran primitivos, pero todos teníamos la convicción de que el horror del pasado necesitaba un juicio justo”, dijo, y consideró que el sentido de recordar este proceso radica en reivindicar la importancia del Poder Judicial como pilar democrático. “Hoy Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley y respete las garantías constitucionales”.El evento había comenzado con un discurso de Mariano Llorens, actual titular de la Cámara Federal, quien evocó la figura de los homenajeados: “Con su desempeño, fijaron un hito en la historia institucional del país con el que afianzaron el principio de independencia del Poder Judicial: su veredicto tuvo legitimidad y autoridad, vino a ratificar que el respeto a la Constitución y a la ley es, frente al futuro, una determinación del pueblo argentino”, expresó.

Se trata de un espacio que tiene como objetivo promover el intercambio de información y buenas prácticas en intervenciones judiciales que involucren a chicas y chicos, y representa una comunidad de práctica que reafirma el rol de la justicia como una herramienta de protección, escucha y restitución de derechos.La representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Úbeda, señaló en la apertura del encuentro que “este espacio se ha consolidado como una instancia clave. La Red representa un ejemplo concreto de compromiso sostenido con los derechos de la niñez, y desde UNICEF celebramos su crecimiento y fortalecimiento a lo largo de estos años”.Durante la actividad, Claudia Mizawak firmó junto a los jueces presentes una declaración en la que consideraron clave sostener la Red como un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos en la protección de la niñez y la adolescencia; y se comprometieron a fortalecer las competencias y herramientas de magistrados y operadores judiciales para promover intervenciones integrales, respetuosas de los derechos de la niñez.En el encuentro, las y los participantes coincidieron en la importancia de aunar esfuerzos para continuar difundiendo la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual. El objetivo es promover su aplicación en todo el país y consolidar herramientas que permitan mitigar los riesgos y prevenir todas las formas de violencia y explotación a las que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes, especialmente en los entornos digitales.Asimismo, las autoridades presentes se comprometieron a fortalecer los canales de articulación entre los organismos de protección de derechos y los poderes judiciales, con el fin de optimizar la coordinación institucional y garantizar respuestas integrales ante situaciones de vulneración de derechos.Finalmente, se destacó la importancia de impulsar estrategias que promuevan el uso de mecanismos con enfoques restaurativos dentro del sistema de justicia penal juvenil, como parte de un proceso orientado a fortalecer la protección, la inclusión y la reparación de las y los jóvenes en conflicto con la ley.Por Entre Ríos también participó el juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto. 

Del encuentro participaron el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la procuradora adjunta, Mónica Carmona; y el juez Alejandro Cánepa, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos.Por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) asistió su secretario general, José María Segura, en tanto que la Delegación Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia  de la Nación (UEJN) estuvo representada por Damián Mayoraz.Se abordaron temas relacionados con la realidad del Poder Judicial. Los y las participantes ratificaron su compromiso para mejorar la prestación del servicio de justicia. 

En el año 2024 finalizó la construcción de la primera etapa de obra de los nuevos edificios de Tribunales de Anexo Paraná, San Salvador y Feliciano, que contempla la ejecución de sus estructuras portantes. Con estos edificios oportunamente se eliminarán diez inmuebles alquilados en esas jurisdicciones para distintos organismos judiciales. Las obras mencionadas, al igual que las finalizadas en su primera etapa en 2023 en las ciudades de Gualeguaychú y Federación, se encuentran inscriptas dentro del “Master Plan para la reconversión edilicia del Poder Judicial en la Provincia”, que fuera aprobado por el Superior Tribunal de Justicia en 2016 y actualizado en 2024 para dar continuidad a la gestión. A partir de lo dispuesto se encuentra en convocatoria la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que elaboren, en conjunto con la Dirección de arquitectura Judicial, el proyecto ejecutivo de la siguiente etapa para los edificios de Paraná y Gualeguaychú, considerando en el primer caso el proyecto de puente de conexión con el edificio actual. Se prevé iniciar esas obras en el transcurso del 2025. Además se llamó al concurso de antecedentes para la contratación de servicios profesionales para la elaboración del proyecto de obra: “2° etapa Nuevo Edificio Tribunales Gualeguaychú”.

Juzgados de PazEn relación a la jerarquización de la Justicia de Paz, se continuó con el Plan de relevamiento y atención a los inmuebles de esos Juzgados a partir de las cesiones de terrenos o propiedades realizados por los municipios y el Superior Gobierno de la Provincia para uso exclusivo del Poder Judicial. Este año se habilitó un nuevo edificio en San Benito y se reubicaron en inmuebles de propiedad estatal los Juzgados de San Marcial y Gualeguaychú.También se licitó la construcción de edificios nuevos para Maciá, Hernández y Gobernador Mansilla, con un costo total de 791.500.000 pesos. A partir de esas gestiones y con la culminación de esas obras se disminuirá la incidencia del porcentaje de inmuebles alquilados para Juzgados de Paz del 44 al 24 por ciento del total.

Conservación y mantenimientoDesde el Poder Judicial también se trabajó en la conservación y mantenimiento de los edificios existentes, así como la incorporación de mejoras o modificaciones interesadas por los organismos. Técnicos y profesionales de la Dirección de Arquitectura Judicial del STJ  realizaron 172 viajes a las diferentes jurisdicciones de la provincia, tomando intervención en los proyectos, inspección de obras y demás.En Paraná se invirtieron 78.900.000 pesos y se encuentran en proceso de adjudicación obras de redistribución de ambientes en el segundo piso, para obtención de una nueva sala de audiencias y la construcción de estructura para tanques de incendio, también en el edificio central, que fueron presupuestadas en 155.900.000 pesos.

En los edificios de Concordia se realizaron obras y se contemplan otras por 86.900.000 pesos; en Concepción del Uruguay la inversión realizada fue de 93.000.000 de pesos; en Gualeguaychú, 72.500.000 pesos; en Gualeguay, 10.500.000 pesos, y a la fecha se encuentra en proceso de inicio una obra de recalce estructural que se prevé desarrollar en los próximos cuatro meses, contratada por un monto de 60.500.000 pesos.En Victoria se realizaron intervenciones por 33.700.000 pesos y se encuentra en proceso de inicio una obra de impermeabilización integral de la cubierta del edificio central, que fue adjudicada por 55.500.000 pesos.En el edificio de La Paz se realizaron obras y se contemplan otras por 66.200.00 pesos; en Federación se invirtieron 12 .000.000 pesos; y en Villa Paranacito 38.700.000 pesos.En las juridiscciones de Chajarí, Colón, San Salvador, Rosario del Tala, Nogoyá, Feliciano, Diamante, Villaguay e Ibicuy se realizaron obras de mantenimiento y se prevén otras por 120.800.000 pesos. 

En el acto, realizado en el Salón de Acuerdos del STJER, se concretó la donación de 12 armas secuestradas por el Poder Judicial, dando cumplimento a lo dispuesto por el Alto Cuerpo en reunión de Acuerdo General del 28 de mayo pasado. Además, se donaron 1.358 cartuchos calibre 9 milímetros.La cesión del armamento se llevó a cabo bajo segura custodia y con la debida elaboración de acta videoregistrada, dejándose constancia de que, a partir de la entrega, la gestión, asignación, uso y control de las armas identificadas son de exclusiva responsabilidad del destinatario.El objeto de la entrega de las armas es para que sean utilizadas por la fuerza de seguridad para la prevención de delitos y para la práctica de grupos especiales. Son 6 pistolas, 1 pistola ametralladora y 5 fusiles que son utilizados por francotiradores con mira telescópica.El material entregado al Ministerio de Seguridad y Justicia, llegaron al Depósito Judicial, por haber sido producto de diversos delitos en diferentes puntos de la provincia y que la autoridad jurisdiccional dispuso su decomiso.Las armas se encontraban en una bolsa de seguridad cerrada con precinto identificable y fueron entregadas junto al responsable de la Sección Depósito y Guarda de Efectos Secuestrados y Decomisos del STJER, licenciado Héctor Peralta. 

Los equipos técnicos de la secretaría de Justicia están trabajando desde comienzos de gestión para introducir modificaciones a la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Hace dos semanas concluyeron el borrador final que está siendo evaluado por otras áreas de Gobierno. Recién una vez que supere todos los filtros internos será enviado a la Legislatura.En gran medida, la reforma busca volver al esquema anterior del Consejo. Se trata de la regulación que estuvo vigente hasta 2022. Luego vino la modificatoria impulsada por el Poder Ejecutivo a cargo de Gustavo Bordet que la oposición no acompañó y además prometió modificar en caso de ser oficialismo.Las variaciones que se impulsarán están referidas, en su mayoría, a aspectos inaplicables del texto vigente desde hace un año y medio. El panorama que se presenta es muy complejo. En los últimos 5 años, el Consejo inició 50 concursos, muchos de los cuales están pendientes de resolución aún. Y hay 57 más pendientes de llamado que fueron informados por el Superior Tribunal. La cifra se incrementa día a día por jubilaciones y renuncias.El primero de ellos es el banco de casos. En 2022 se introdujo este mecanismo, que esperaba lograr 100 casos sobre 22 ejes legales diferentes. Con estos modelos se concursarían los nuevos concursos. Pero la realidad mostró que sólo se consiguieron sumar 200 casos. Y muchos de ellos fueron impugnados por concursantes debido a que no respetaban los criterios de los códigos procesales provinciales y las regulaciones dadas por el Superior Tribunal en acordadas.Según se indicó, los casos fueron aportados de manera gratuita por gestiones personales. Esto redujo la seriedad del material. La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero.En caso de que la opción elegida sea suspender la aplicación del banco de casos, se trabajaría durante dos o tres años para terminar de confeccionarlo.También se puso la lupa sobre el esquema de recusaciones y excusaciones, que establece los criterios por los cuales un jurado puede dejar de desempeñar su función. “Es muy estricto”, evaluaron en Justicia. El rigor actual establece que alguien que haya sido docente de alguno de los inscriptos a un concurso debe inhibirse o puede ser recusado. La realidad marca que gran cantidad de profesores universitarios tuvieron en sus clases a quienes se anotan para lograr un puesto en la Justicia.Esto afecta sobremanera a una lista de jurados que ya de por sí es “corta”, consignaron en el Gobierno provincial. En algunas áreas y cargos específicos incluso puede terminar vacía, señalaron.En el área cavilaron sobre la eventualidad de pagar a jurados técnicos. Pero la realidad de la falta de recursos es un límite material infranqueable por ahora. Afecta también a la conformación de los equipos que deben realizar el examen psicodiagnóstico, que debe ser el mismo para toda la nómina de un concurso. Ni el Hospital Escuela de Salud Mental ni el Iosper están en condiciones de responder a esta demanda. Se proyecta un acuerdo con los Colegios que abordan la materia, pero por ahora la posibilidad está escrita con lápiz.El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Tras la reforma del ’22, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y examen), podía pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido.En Justicia quieren regresar al esquema anterior. Antes de la última reforma, la inconformidad con este paso intermedio podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. Se apoyan en números para apuntalar esta vuelta atrás. Con el sistema pre 2022, hubo 8 recursos judiciales. Tras la reforma, se cuentan 19 apelaciones al Superior. Cada vez que llega al máximo tribunal, la mora en cada concurso se estima entre 6 y 8 meses.En el Palacio de Justicia no están de acuerdo con este retroceso. En el segundo piso de Tribunales evalúan que quitar la recursividad ante el Superior demoraría “años” la resolución de un concurso impugnado en esa etapa. Además, dejaron en claro que, formalmente, no hubo ninguna consulta sobre el texto de reforma al Consejo. De manera informal se anticipó una invitación que aún no se concretó.En carpeta también está modificar los criterios consensuados para otorgar puntajes. El Gobierno comparte el criterio de los abogados particulares que se quejan de que gente designada “a dedo” gane puntos durante años por los vínculos personales que posee, en detrimento del profesionalismo. Por eso, pretende echar mano a una guía elaborada por la camarista penal Marcela Davite en conjunto con personal del Consejo, que deja de lado ese concepto. 

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela informó a través de un comunicado que el Superior Tribunal de Justicia presenta un estado crítico en cuestiones presupuestaria y financiera.

Al respecto, Portela indicó que uno de los motivos de esta situación se debe al presupuesto provincial aprobado para este año, muy diferente al que los técnicos de la contaduría del Poder Judicial proyectaron. “A mediados de 2023, se preveía un presupuesto anual para el 2024 en casi ciento treinta mil millones de pesos y una inflación anual estimada de 120%. Al momento de aprobarse el presupuesto provincial, el nuestro se fijó en $65.718.311,001; esto es un 50% menos, aproximadamente”, informó. Y agregó que la Legislatura de Entre Ríos aplicó una inflación proyectada del 88% al presupuesto de 2023 para elaborar el de 2024 pero finalmente, según el INDEC, la inflación de 2023 fue del 211,40%2. Por otra parte, Portela señalo que el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de pesos trescientos treinta y cinco millones mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso. Sin embargo de esa cifra “recibimos $145.358.416,67 enero 2024 y $45.000.000,00 en febrero a la fecha, a una semana de fin de mes”, indicó. Debido a esta situación, se dio a conocer que se resolvió suspender el inicio de obras nuevas tanto de las adjudicadas como de las que no habían llegado a ese punto.

Cabe destacar que respecto de las iniciadas, se optó por continuar con las que estaban en un grado de avance importante, casi culminadas, en el entendimiento de que su detención podría ser antieconómica.

“En síntesis; de 46 obras en curso, se continuó con 16. Repito, las nuevas obras, algunas imprescindibles, otras necesarias y otras optativas, se dejaron sin efecto. También hay otros proyectos que se encuentran en estudio para recuperar gastos que son afrontados por este poder del Estado”, informó Portella.

Cabe destacar que hay “un diálogo fluido” con el gobernador y el secretario de justicia, y se les anticipo que los fondos requeridos “iban a ser transferidos al Poder Judicial a medida que se vayan recibiendo de Nación”.

“No me interesa indicar puntualmente gastos, aunque todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como toner, papel, energía eléctrica, etc. Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables”, culmino el documento presentado a los de la magistratura. (APFDigital)

La vocal Susana Medina será suplente del presidente del STJ, Leonardo Portela; la vocal Claudia Mizawak será suplente del vocal Daniel Carubia y la jueza del Juzgado de Familia N° 4 de Paraná; Claudia Elena Lafferriere, será suplente de la jueza Norma Ceballos.

Para la ocasión serán convocados/as vocales del STJER y a apoderados y apoderadas de los partidos políticos provinciales.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, inauguró hoy un espacio lúdico en la antesala del Juzgado de Familia y Menores de Feliciano.

Del acto participaron el Juez de Familia y Menores de Feliciano, Carlos Andrés Pellichero, empleados del Juzgado e integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Este ambiente marca la continuidad de una experiencia piloto que ya funciona en Paraná y en Colón, que se puso en marcha con el objetivo de crear ámbitos más amigables para quienes acuden a los Juzgados de Familia.

Finalizada la ceremonia, Susana Medina dialogó con integrantes de la magistratura y personal de la jurisdicción.

Las inscripciones comenzaron el 8 de noviembre pasado y se extenderán hasta las 13, del 17 de noviembre. Es on line, en la página web del Poder Judicial, en la sección Concursos Abiertos. Es requisito excluyente contar con título de grado en Informática, -preferentemente con orientación biológica-, como ser: Lic. en Bioinformática. En su defecto se tendrán en cuenta las Licenciaturas en Informática; Ingeniería Informáticas, Sistemas o afines y demás requisitos exigidos en la convocatoria.Link para inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfach59-PnIH_0ZfdfCV31na6keSDcJpTBR-hNeOxMh4JF6nA/viewform

La actividad se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, los próximos 9 y 10 de noviembre, bajo el lema “Impacto de las tecnologías en prácticas y gestión de los Poderes Judiciales. Educación y Justicia.

Tiene como objetivos analizar las vinculaciones entre gestión, educación, ética y justicia, y sus implicancias en los Poderes Judiciales; generar un ámbito de intercambio sobre las temáticas para promover, mediante ellas, la búsqueda de alternativas de trabajo vinculadas a la capacitación, investigación y extensión que favorezcan un diálogo en estos procesos de transformación; y reflexionar críticamente sobre las prácticas que se desarrollan en las Escuelas Judiciales respecto a la educación y la tecnología.

Los ejes temáticos sobre los que se trabajarán serán los siguientes: “Gestión, tecnología y justicia”; “Habitantes, tecnología y justicia”; “Educación, tecnología y justicia” y “Comunicación, cooperación, equipos y empatías”.

Quien desee inscribirse o consultar más información, debe dirigirse a https://escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar/congreso/

 “Con este acto queremos reconocer y valorar a todas aquellas personas que trabajaron durante estos treinta y cinco años en la Mesa, porque su dedicación nos permitió ser pioneros en materia de acceso a la Justicia”, indicó Susana Medina. Además la presidenta del STJER consideró “un acierto la iniciativa de quienes decidieron este formato de atención durante las 24 horas, los siete días de la semana”. Por su parte el vicepresidente del STJER, Daniel Carubia, se refirió a los inicios de la MIP. “Era una época complicada, porque había personas que no se animaban a hacer denuncias en las comisarías y esta Mesa fue una solución a ese problema”, explicó. En tanto, la vocal Claudia Mizawak valoró la labor del personal “porque en algunas oportunidades les tocó vivir momentos muy feos y hasta sufrir agresiones, ya que hay que entender que la Mesa recibe a las personas más vulnerables, y no siempre tienen la tranquilidad ni la templanza necesarias”. Del acto participaron las empleadas y los empleados de la MIP, quienes fueron acompañados por agentes judiciales de otros organismos.

La vocal precisó que la propuesta de Comunicación Judicial Clara es la continuidad de la labor que se impuso la comisión que también dirige la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, integrada por trabajadores y trabajadoras de distintos organismos del Poder Judicial, quienes se reunieron el pasado 14 de junio para trazar los primeros lineamientos de las tareas a concretar en el corto, mediano y largo plazo para la aplicación del Lenguaje Claro.

En base al compendio logrado, se diseñarán los modelos básicos que se instrumentarán en tres ejes: Uno, aplicable a modelos estandarizados para las producciones escritas (sentencias o actos administrativos); otro para producciones orales (audiencias) y un tercero para las comunicaciones, (notificaciones, cédulas, oficios). A su vez, esas reglas básicas para las producciones del Poder Judicial tendrán las particularidades que exijan cada uno de los fueros.

Los aportes, sintetizados y con un orden específico para una fácil comprensión y aplicación se compartirán progresivamente con todas las jurisdicciones para facilitar el proceso de incorporación de formas de comunicación más simples y claras que colaboren a hacer entendibles los contenidos a las personas.