El Poder Ejecutivo dispuso este lunes un fuerte recorte en los fondos destinados al área de Salud, a través de la decisión administrativa 20/2026, por la cual se modificó el Presupuesto Nacional.El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin advirtió sobre tal disminución de recursos y cuestionó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, "deciden que el 'magro' presupuesto que consiguieron votar en ambas cámaras del Congreso era 'demasiados recursos', por lo que en mitad de una crisis sanitaria descomunal, le quitan al Ministro de Salud $63.000.000.000 (es decir 63 mil millones de pesos)".

En este sentido, el legislador detalló que habrá "- 25.000 millones en fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud, -20.000 millones en MEDICAMENTOS, insumos y tecnología médica, -900 millones del programa de SALUD SEXUAL y procreación responsable, -831 millones del INCUCAI, -800 millones del programa de VIH, tuberculosis y hepatitis virales, y -500 millones de VACUNAS, entre otros"."Con coberturas de vacunas ineditamente bajas, aumento de casos de tuberculosis, sífilis, coqueluche, tétanos, hantavirosis, circulación de Gripe A, VSR, etc. Más de 30% de sobrecarga del sector público, cierre del programa Remediar, más de 419% de aumento en prepagas. ¿Qué pretenden?", enfatizó el representante tucumano.El diputado, de profesión médico pediatra, se preguntó: "¿Pensará Milei que esto va a mejorar la salud de los argentinos? ¿Qué las provincias van a poder reemplazar los recursos con fondos propios? ¿Qué los argentinos van a poder gastar de su bolsillo, dada la bonanza que viviremos en los próximos 18 meses?"."Espero la ridícula defensa de la indefendible respuesta oficial, en referencia a la cuenta de X por la que el Gobierno desmiente información que considera falsa y ha dedicado alguno de sus posteos a Yedlin. 

Detrás de la demostración de fuerza, la tensión persiste. El presidente Javier Milei continúa postergando definiciones clave, en una dinámica que mantiene en vilo a su propio espacio. La convivencia entre los distintos sectores no encuentra equilibrio y los movimientos de las últimas horas lo dejaron más expuesto.En ese tablero, volvió a tomar protagonismo Santiago Caputo, con gestos que no pasaron desapercibidos. Su aparición, cuidadosamente construida, lo mostró distante pero influyente, alimentando la idea de un operador que sigue teniendo peso en las decisiones centrales. Desde ese lugar, crecen versiones sobre maniobras internas que apuntan al sector más cercano a Karina Milei, particularmente en áreas sensibles como Justicia.Los nombres en danza no son menores. El ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Maiques —junto a su equipo— aparece en el centro de una disputa que también salpica al ámbito judicial, donde algunos observadores incluyen movimientos que rozan la órbita de Horacio Rosatti.En paralelo, en el mundo energético, el llamado “mago del Kremlin” volvió a exhibir capacidad de influencia. La reciente definición en torno a Transener dejó ruido en el sector, con vínculos empresariales y políticos que reavivan sospechas sobre cómo se mueven las piezas en áreas estratégicas.(Transener S.A. (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión)Pero el verdadero campo de batalla empieza a delinearse en el Senado. Allí, Patricia Bullrich enfrenta un escenario cada vez más complejo. La ingeniería política que hasta ahora le permitió avanzar con iniciativas clave muestra signos de desgaste.El radicalismo y sectores del PRO, que hasta hace poco acompañaban, comienzan a marcar límites. La discusión por los pliegos —tanto judiciales como diplomáticos— abrió una grieta concreta. Gobernadores radicales ya hicieron saber su malestar por la falta de representación propia, y ese mensaje bajó directamente a sus senadores.El antecedente de la semana fue claro: el bloqueo a propuestas impulsadas desde Cancillería, que generó incomodidad en el Palacio San Martín y dejó al descubierto un nuevo frente de conflicto. A esto se suma la resistencia a modificar el esquema electoral, donde también aparecen diferencias entre aliados.Como telón de fondo, el inesperado acercamiento político entre Bullrich y Mauricio Macri generó ruido interno. El gesto, celebrado por algunos, cayó mal en el corazón del poder, especialmente en el entorno más cercano a la Casa Rosada.La conclusión de la semana es clara: la foto de unidad no alcanzó. La interna sigue viva, se traslada al Congreso y promete capítulos decisivos en los próximos días. El poder, lejos de ordenarse, continúa en movimiento. 

 Por David Cayón - El proceso de designación de jueces comienza a acelerarse. Luego del anuncio del ministro de Justicia de la Nación que iban a mandar una tanda de pliegos al Senado, en el día de hoy comenzaron a ingresar los documentos de los propuestos.El funcionario nacional había adelantado que iban a enviar en tandas de pliegos los nombres que propone el Poder Ejecutivo con el fin de cubrir los más de 300 juzgados vacantes y, durante la mañana de hoy, ingresaron a la Cámara Baja 52 de ellos. “La intención del oficialismo es acelerar”, el ministro había señalado que iba a mandar 60 pliegos. Los restantes formarían parte de las negociaciones con los gobernadores -buena parte de los juzgados son en las provincias- para definir cuál de los tres candidatos que enviaron desde el Consejo de la Magistratura es el que mayor consenso conseguiría a la hora de votarlos.Otro punto a tener en cuenta respecto de los plazos es que, aunque entraron hoy, no van a poder ser discutidos en la Comisión de Acuerdos esta semana que es corta, por lo que se espera que Mahiques pueda completar el envío de los 62 pliegos que había anunciado en sus redes sociales hace una semana atrás.Entre los pliegos se presentan los casos de 6 candidatos para el fuero Criminal y Correccional Federal, de los cuales 5 son para juzgados de La Plata y uno para los juzgados de San Martín. En el caso del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal se presentaron 9 pliegos.Para el fuero de los juzgados de Menores de Capital Federal llegaron dos propuestas al Senado de la Nación. En el caso del fuero Civil, el Ministerio de Justicia envió los pliegos para ocupar 5 juzgados y un único caso para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa. En total, Mahiques envió los pliegos de 23 jueces. “Solicita acuerdo de designación de conjueces de los Juzgados Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal”.En el mismo envío se mandaron los pliegos de 4 defensores oficiales y de 12 vocales de Cámara.Los pliegos llegan en un momento en el que la Corte Suprema de la Nación busca modificar la forma en la que el Consejo de la Magistratura determina las ternas y en el que el Senado de la Nación estableció un cambio en el proceso.En el caso de la Cámara Alta se aprobó en sesión del pasado 18 de marzo una modificación a su reglamento interno que introduce precisiones en los mecanismos de publicidad aplicables al tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.La reforma modifica los artículos 22 bis y 123 bis, estableciendo que los pliegos deberán publicarse durante dos días, con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública, en el sitio web institucional, las redes sociales del Senado y el Boletín Oficial. Asimismo, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone su comunicación a los poderes legislativos provinciales y su publicación en los boletines oficiales de las respectivas jurisdicciones, a fin de asegurar una adecuada difusión a nivel local.En el paquete que llegó al Senado de la Nación también se incluye los candidatos para ocupar la silla de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio del ENARGAS.En este caso propone como presidente al actual interventor Néstor Laboglia y como vicepresidente a Vicente Serra.

Por Mariano Boettner - En la recta final de la definición por la primera revisión de metas del nuevo acuerdo y el desembolso a la vista de USD 2.000 millones, el Fondo Monetario Internacional advirtió en un informe este martes que la economía argentina requiere más reservas, la puesta en marcha de reformas, el regreso a los mercados internacionales y una aceleración de las inversiones extranjeras.Así lo mencionó el organismo en un informe sobre el sector externo en el que analizó el perfil de ingresos y salida de divisas de distintos países. En ese trabajo dedicó un apartado para la Argentina, con datos cerrados hasta el fin de 2024 pero con una evaluación que incluye ya los últimos acontecimientos entre el desarme de controles cambiarios y el inicio del nuevo programa en abril pasado.En ese reporte, el FMI subrayó que la implementación sostenida del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), recientemente aprobado, será clave para “mantener una balanza comercial sólida, atraer inversión extranjera directa, recuperar el acceso a los mercados y salvaguardar la sostenibilidad externa”.El documento indicó que una mayor flexibilidad del tipo de cambio, junto con el desmantelamiento gradual de las restricciones cambiarias aún vigentes, las prácticas de tipo de cambio múltiples y las medidas para permitir o limitar el flujo de capitales externo, permitiría “fortalecer la resiliencia y respaldar flujos de capital sostenibles en el largo plazo”, especialmente en sectores como energía y minería.

Según el análisis del organismo, el balance de cuenta corriente argentino cerró el 2024 con un déficit de 0,5% del PBI, pero alertaron que “en función de la débil cobertura de reservas y la falta de acceso a los mercados internacionales”, la economía argentina necesitaría tener un excedente en su cuenta corriente de unos 1,4% del Producto Bruto, consistente con una acumulación de reservas que cumpla al 100% con el criterio de reservas adecuadas para el país en el mediano plazo. Según estimaciones de Adcap Grupo Financiero, para un esquema de tipo de cambio flotante ese método implicaría que el BCRA precisaría unos USD 57.800 millones en sus reservas.Según el informe del FMI, el tipo de cambio argentino terminó el 2024 sobrevaluado entre 15 y 25 por ciento. “La reciente transición a un régimen monetario y cambiario más robusto (pasando de un tipo de cambio de paridad móvil a un tipo de cambio flexible dentro de bandas relativamente amplias) permite un tipo de cambio más determinado por el mercado, aunque siguen siendo necesarias políticas macroeconómicas restrictivas para lograr una balanza comercial sólida y la acumulación de reservas”, plantearon los técnicos del Fondo.De todas formas, consideró que “a mediano plazo, un tipo de cambio real más fuerte podría justificarse siempre que las ambiciosas reformas estructurales en curso generen mayor productividad y competitividad”, en referencia a un ciclo de apreciación del peso ya con reformas aprobadas por el Congreso.Para avanzar en la estabilización, el FMI consideró crucial “una flexibilización cuidadosa de las restricciones cambiarias, acompañada por políticas macroeconómicas estrictas y mayor flexibilidad cambiaria”, con el fin de acumular reservas, recuperar el acceso al financiamiento internacional y alentar la inversión. Este proceso, además, debería complementarse con políticas macroprudenciales rigurosas “para garantizar la sostenibilidad de los flujos de capital y evitar descalces de moneda o ingresos especulativos disruptivos (hot money)”. El Fondo –que anunció que renunció Gita Gopinath como la segunda de Kristalina Georgieva desde septiembre– también advirtió que la cobertura de reservas se mantuvo por debajo de los niveles adecuados. En ese sentido, el informe concluyó que resultaban esenciales “esfuerzos tempranos para recomponer reservas, al tiempo que se promueve una mayor formación de precios y compras de divisas destinadas al pago de obligaciones externas”.El Gobierno y el FMI se encuentran en pleno proceso aún abierto de revisión de metas -la primera desde la implementación del nuevo acuerdo hace tres meses- y con el reloj corriendo antes de que se retomen los pagos de vencimientos al organismo dentro de dos semanas. El primer día de agosto vencerán casi USD 650 millones.En juego está un desembolso de USD 2.000 millones que deberían destrabarse en la medida en que el directorio dé visto bueno al ida y vuelta técnico que el Gobierno y el FMI inauguraron hace 20 días entre Buenos Aires y Washington. En el equipo económico esperaban, hasta hace algunas semanas, tener todo resuelto a fines de junio, antes del receso estival en el organismo. (Infobae).

El Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto Nacional 2024, que a su vez era una extensión de 2023, a través de la decisión administrativa 3 de la Jefatura de Gabinete, publicada hoy en el Boletín Oficial.La decisión se hizo oficial a pesar de las críticas surgidas desde la oposición por no enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso tal como marca la ley, cuestionamientos que incluyeron al PRO, hasta ahora habitual aliado del oficialismo.La norma legal determina los recursos y créditos presupuestarios vigentes, prorrogando la Ley 27.701, es decir el Presupuesto 2023, que fue el último debatido y aprobado por el Congreso durante la administración del expresidente Alberto Fernández.Según señala el texto legal, el objetivo es “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.La decisión lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.Según establece la norma, las diferentes jurisdicciones de la administración nacional “deberán remitir trimestralmente” a la Secretaría de Hacienda “la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. 

Administración Pública Provincial

La nueva organización del Poder Ejecutivo bajo la gestión de Frigerio

A la espera de la reforma de la Ley de Ministerios, el Gobernador reformó los segundos y terceros escalones de la administración pública por Decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ante la asunción de las nuevas autoridades del gobierno provincial para el período constitucional 2023-2027 y la necesidad de reorganizar la estructura orgánica de las dependencias del Poder Ejecutivo, se publicó en el Boletín Oficial Nº 27.751 de qué manera estarán conformados los segundos y terceros escalones de la administración pública provincial.

¿De qué manera quedarán las Secretarías?

En primer lugar, la Secretaría de Comunicación se trasladó al ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con dependencia directa del titular de la misma y con la denominación Secretaría de Comunicación y Prensa, manteniendo el rango de Secretaría Ministerial. Con respecto a la Dirección Provincial de Defensa Civil estará dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, con dependencia directa del titular del mismo.

Posteriormente se creó dentro de la de la Secretaría General de la Gobernación, la Coordinación de Gabinete, con rango de Secretaría Ministerial.

Además, conlleva sus tareas específicas que son: Asistir al Secretario General de la Gobernación para que las funciones y tareas del Poder Ejecutivo sean materialmente posibles; organizar las reuniones de gabinete, disponiendo la agenda, citar a ministros y demás funcionarios, requiriendo la presentación de los informes y elaborar actas o registros de las reuniones con sus conclusiones; realizar informes respecto a la ejecución de los asuntos, proyectos y decisiones que el Poder Ejecutivo haya decidido concretar de todos los organismos de la administración centralizada, descentralizada y empresas del Estado.

Por otra parte, dentro del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, se conformó la Coordinación General Ministerial, con rango de Secretaría Ministerial, supo esta Agencia.

¿Qué sucede dentro

del Ministerio de Trabajo?

Al mismo tiempo, la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno y Justicia será parte del Ministerio de Trabajo, con dependencia directa del titular de la misma y con la denominación Secretaría de Gobiernos Locales, manteniendo el rango de secretaría ministerial.

Cabe destacar que se creó la Secretaría de Asuntos Políticos, que forma parte del Ministerio de Trabajo y sus funciones más destacables son: Intervenir en la elaboración de reformas y adecuación de la legislación; desarrollar las acciones necesarias para la implementación de la reforma política; colaborar en las propuestas de reforma de la Constitución Provincial; intervenir en la elaboración de reformas y adecuación de la legislación en materia de partidos políticos, entre otras.

Ministerio de Producción

Dentro del Ministerio de Producción funcionarán las secretarías de: Ciencia, Tecnología e Innovación, que anteriormente era conocida como Ciencia y Tecnología y mantendrá el rango de secretaría ministerial.

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, anteriormente conocida como Secretaría de Agricultura y Ganadería, seguirá siendo parte del Ministerio de Producción. Cabe destacar la fusión de las Secretaría de Industria y Comercio y la de Minería, dependientes del Ministerio de Producción en una sola, denominándose Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

Además, la Secretaría de Ambiente se reubica dentro del Ministerio de Producción con dependencia directa del titular del mismo, manteniendo el rango de secretaría ministerial.

Desarrollo Social

La Secretaría de Cultura formará parte del Ministerio de Desarrollo Social, con dependencia directa del titular del mismo, manteniendo el rango de secretaría ministerial. También Secretaría de Gestión pasó a llamarse Secretaría de Gestión Social y la Secretaría de Economía Social actualmente se denomina como Secretaría de Articulación de Política Social. Otra Secretaría que cambió de nombre es la de Mujeres y pasó a llamarse de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario.

Contaduría General de la Provincia

Dentro de esta área funcionará la Oficina Provincial de Presupuesto y las Direcciones de Administración jurisdiccionales, que llevarán a cabo las adecuaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2024. Además, las Direcciones de Administración jurisdiccionales o reparticiones equivalentes, tienen como tarea efectuar las modificaciones necesarias en el inventario de bienes.

El Gobierno tiene previsto publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 1 al 28 de febrero, con el objetivo de tratar una agenda parlamentaria que incluirá la reforma del Consejo de la Magistratura y una serie de iniciativas económicas, informaron fuentes del oficialismo.

Los detalles de la agenda que impulsará el Poder Ejecutivo -la única que se puede tratar en sesiones extraordinarias- se terminarán de definir en las próximas horas, y por ese motivo el presidente Alberto Fernández estuvo analizando varios aspectos del decreto de convocatoria con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En ese marco, el jefe de Estado publicó el viernes en su cuenta oficial de Twitter una foto de su reunión con Ibarra a la que acompañó con la frase �Sme reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional⬝.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había adelantado hace algunos días que la intención oficial era publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero.

Fuentes oficiales señalaron que uno de los proyectos centrales de esa agenda será la reforma del Consejo de la Magistratura ya que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo tripartido encargado de seleccionar jueces, aplicar sanciones o remover magistrados.

El Gobierno quiere elevar de 13 a 17 los miembros el Consejo de la Magistratura para aumentar la representación de los jueces de tres a cuatro, de los abogados de 2 a 4 y de los académicos y científicos de uno a dos.

Si el proyecto que se encamina a enviar el PEN reúne los votos suficientes en el Parlamento, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.

Para sancionar el proyecto el oficialismo deberá enhebrar acuerdos con la oposición, que es la primera minoría en las dos cámaras del Congreso, y esa iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados -ya que el titular del cuerpo Sergio Massa solo vota en caso de desempate- y en el Senado 35, por lo cual deberá contar con el voto de los bloques de la oposición.

De todos modos, el oficialismo aspira a consensuar este proyecto con Juntos por el Cambio -que también ya presentó sus propias propuestas- y otros bloques opositores, ya que quiere que se sancione con un respaldo mayoritario, informaron fuentes parlamentarias.

Además de este proyecto institucional, el oficialismo buscará incluir en el temario de sesiones extraordinarias un conjunto de iniciativas económicas que ya se encuentran en el Congreso, con el objetivo de apuntalar el desarrollo económico.

Uno de los proyectos que aspira a tratar es la creación del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuyo objetivo es consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, generar 700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector hasta 2030 e incorporar tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.

Esta iniciativa permite una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago del impuesto a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.

En la agenda podría figurar el proyecto de Promoción de la Movilidad Sustentable, que prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo.

Otro proyecto económico que aún está pendiente es la iniciativa que promueve la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, que es un mercado que viene creciendo en el mundo ya que se utiliza para fines medicinales y terapéuticos.

El texto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado por el Senado y obtuvo dictamen en noviembre en Diputados, pero ese despacho perdió estado parlamentario el pasado 10 de diciembre.

El proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos. (I:TELAM)