La medida permite a los trabajadores rurales temporales, entre ellos los cosecheros en las economías regionales, mantener sus planes sociales. La misma extiende por un año la vigencia de esa normativa, a partir del 1° de septiembre de 2025.El vencimiento de la prórroga anterior había generado preocupación en todos los sectores de las economías regionales. Productores, sindicatos y entidades empresarias advertían que su caída podía provocar una nueva ola de informalidad laboral. La compatibilidad entre planes y trabajo formal había sido impulsada originalmente por representantes del agro y sectores gremiales durante el gobierno de Alberto Fernández, y prorrogada en 2023.

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), celebraron la decisión por tratar de “un histórico reclamo de la entidad PyME”.“Esta medida trae alivio al sector, ya que varias producciones regionales están iniciando la cosecha y necesitan contar con disponibilidad de mano de obra”, aseguró Eduardo Rodríguez, director del área de Economías Regionales de CAME.

“Una vez más, logramos la prórroga tras trabajar articuladamente con el sector público, más precisamente con el diputado nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), Pablo Miguel Ansaloni, quien comprendió y atendió nuestra demanda. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en el agro”, agregó.

La entidad bregó porque la compatibilización, que beneficia tanto al productor agropecuario como al trabajador rural y al Estado, se transforme en ley. En ese marco, presentaron un proyecto junto a la senadora nacional Nora del Valle Giménez, por el que esperan pronto tratamiento.  

La normativa extendió el Decreto N 514/21 que establece “medidas orientadas a promover el trabajo registrado y la ampliación de los beneficios de la seguridad social de los trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales y estacionales, así como de sus grupos familiares”.Entre los aspectos más importantes que seguirán vigentes está que las asignaciones familiares que les correspondan a quienes se encuentren contratados bajo las modalidades previstas en la norma no resulten inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.Asimismo, otro factor fundamental del decreto extendido es la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado, ya que permite que “las personas titulares de determinados programas y prestaciones sociales pudieran mantenerlos al ser contratadas bajo las modalidades contempladas en la norma”.De esta manera, durante el trabajo temporario, los trabajadores pueden seguir cobrando los beneficios sociales que recibían antes de ser contratados, como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. Los empleadores, por su parte, pueden acceder a una reducción de las contribuciones patronales.La medida fue promovida originalmente por la administración de Alberto Fernández en 2021 por dos años y renovada en 2023 por el mismo tiempo. Ahora, después de demorar la decisión unas semanas, la gestión de Javier Milei la extendió por un año hasta septiembre del 2026. Al explicar la nueva prórroga, el texto oficial precisó que “ante el cumplimiento del plazo de su vigencia, distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados”.Al mismo tiempo, consideró que “las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares”. NA.

El presidente Javier Milei encendió la alarma en el sector agropecuario al anticipar que en junio de 2025 se restablecerán las retenciones a las exportaciones del campo. “Avísenle al campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora”, fue la frase que generó desconcierto y rechazo entre productores y entidades del agro.En un contexto donde más de 11 millones de toneladas de soja de la campaña anterior aún no fueron comercializadas, el anuncio fue recibido con preocupación. Según el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, “el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, y advirtió que esta medida genera incertidumbre en plena planificación de siembra.Por su parte, Ignacio Kovarsky, titular de Carbap, alertó que el aumento de retenciones provocará una caída significativa en la producción, afectando directamente la competitividad del sector. “Es una muy mala señal para quienes están evaluando sembrar trigo. No esperábamos una decisión así en este momento”, expresó. Y agregó: “Los dichos del Presidente nos remiten a etapas que creíamos superadas en la política agropecuaria”.El nuevo esquema tributario comenzará a regir en julio: la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que para la harina y el aceite pasará del 24,5% al 31%. En el caso de trigo, maíz, sorgo y cebada, el aumento será del 9,5% al 12%, y para el girasol, del 5,5% al 7%.En paralelo, el bajo nivel de ventas de la actual campaña también genera inquietud. Hasta el 2 de abril, solo se había comercializado el 18,9% de las 49,6 millones de toneladas proyectadas, un porcentaje inferior al registrado en los últimos tres años, donde para esta fecha se había vendido entre el 22% y el 29%.Durante una reciente reunión en la Comisión de Agricultura de Diputados, representantes del sector reiteraron el pedido de eliminar las retenciones para estimular la comercialización y garantizar estabilidad productiva. La expectativa ahora está puesta en la posibilidad de revertir la medida o abrir una instancia de diálogo que contemple las necesidades del sector.

La resolución fue elevada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se trata de los programas “Volver al Trabajo y de ”Acompañamiento Social”, que antes llevaba el nombre de Potenciar Trabajo. 

Entre las “infracciones” que incluye se encuentran: piquetes, actos de violencia, interrupción de tránsito, alteración del orden público e, inclusive, quienes hayan viajado y efectuado gasto en el exterior. 

Son dos programas que Pettovello, en el inicio de su gestión, dividió en dos. Actualmente, tiene más de 1.200.000 de beneficiarios. La puesta en marcha de la normativa se da a conocer horas después de que la Policía de la Ciudad desalojara la Avenida 9 Julio ayer. 

El enfrentamiento entre la fuerza policial porteña y los piqueteros dejó un saldo de ocho efectivos y dos trabajadores de prensa heridos. Hubo, al menos, 10 detenidos. A su vez, según especificó el Gobierno de la Ciudad, realizaron destrozos por $32.000.000. NA. 

Tolosa Paz insistió en que el informe de la AFIP se trató de una �Smala interpretación periodística⬝ ya que era información �Sestadística⬝. En ese sentido, aclaró que los datos que reveló este viernes son �Snominales⬝.

En ese sentido, resaltó que solo el 0,3% de los beneficiarios presentó irregularidades como compra de dólar ahorro y/o realizaron gastos con tarjeta de crédito. Según detalló, hubo 145 personas que realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107. �SNo hay duda alguna de que es una condición para la baja inmediata de estos casos⬝, enfatizó.

�SVenimos a poner en orden el Ministerio de Desarrollo para que no se permita la estigmatización en las políticas de sociales⬝, insistió.

�SA partir de este cruce de información, realizado sobre 1.362.579 titulares efectivos del programa, detectamos un 0.3% de casos que incumplieron las normas. Con esas personas, este ministerio va a ser inflexible. 

Potenciar Trabajo no es incompatible con ser propietario o propietaria de un inmueble, ni con tener una moto o un auto de más de 10 años de antigüedad. Pero sí es incompatible con la compra de divisas⬝, expresó.

Además detalló que en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo consumieron 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito. �SGran parte de ese universo ha tenido consumos muy pequeños que pueden ser atribuidos a licencias de acceso a plataformas de entretenimiento online⬝, resaltó.

En concreto, dieron de la baja a 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. �S2.098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito. Representan menos del 0.3% de los destinatarios del programa⬝, resaltó.

Por otro lado, la ministra ordenó una auditoría interna de los procedimientos administrativos para �Sdetectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo. Con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos⬝.

�SQuiero volver a anunciar que el 22/11 estará disponible tanto en la app como en la web de Mi Argentina, un aplicativo para realizar, en forma gratuita, transparente y obligatoria, la revalidación biométrica de identidad de las y los titulares del Potenciar Trabajo⬝, finalizó.

El informe publicado de manera exclusiva por Infobae fue realizado por el organismo recaudador a pedido del entonces ministro del área Juan Zabaleta. La solicitud fue realizada el 30 de junio pasado, �Sa los fines estadísticos y de manera global, no individual⬝ y del cruce de información �Sque se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa⬝ se detectó que: �S253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses⬝.

Esa información se elevó al ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos membretados llegaron once días después que Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta quien había decidido renunciar para reasumir como intendente de Hurlingham.

El fiscal Guillermo Marijuan inició una causa penal por las presuntas personas que cobraban planes, compraban dólares y tenían bienes personales declarados. De esta forma, comenzó el entrecruzamiento de datos.

Esto tiene lugar luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunciara que le sacarían estas asignaciones a los beneficiarios que hayan adquirido moneda extranjera. Desde el Gobierno habían informado que detectaron más de 250 mil personas en esta situación.

La funcionaria había explicado esta semana en una conferencia de prensa que el Gobierno está entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo, y sentenció: �STodo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente⬝.

Al respecto adelantó que están trabajando �Spara que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades⬝. �SEmpieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos⬝, aseguró Tolosa Paz.

La Unidad Piquetera llegó a un acuerdo con el Gobierno por los planes sociales y alimentos

Después de un corte en la Avenida 9 de Julio que afectó al tránsito en la Ciudad, la Unidad Piquetera llegó a un acuerdo con el Gobierno por los planes sociales y alimentos para comedores.

Tras esto, levantó la manifestación en las últimas horas de la tarde del jueves. Desde el Polo Obrero indicaron que �Sse comprometieron a cumplir con las entregas de alimentos de noviembre y diciembre. Y también a regularizar parte de octubre que nos deben⬝.

El presidente Alberto Fernández firmó un decreto para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino, por lo cual a partir de la entrada en vigor de esa medida no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial, informaron fuentes oficiales.

En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Por ese tema, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y a las ministras de Trabajo, Raquel �SKelly⬝ Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y firmó el decreto, que será publicado mañana en el Boletín Oficial.

El decreto instruye además a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5 % de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa �SPuente al Empleo⬝.

Y otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30 % de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Asimismo, instruye a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los representantes que integrarán el referido Consejo.

El Cepssc tiene como misión promover una �SAgenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular⬝, con los objetivos de fortalecimiento productivo, formalización de los trabajadores, y fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular.

Tras la reunión, Tolosa Paz dijo en rueda de prensa que el decreto �Spone un techo a las personas del Potenciar Trabajo⬝, que es de 1.350.000 beneficiarios, y señaló que �Sse hizo en acuerdo con los movimientos sociales⬝.

La funcionaria indicó que el ministerio a su cargo va a redistribuir los montos de las bajas, unas 10 mil mensuales, �Sen la adquisición de máquinas y herramientas para la producción de bienes y servicios⬝ para los receptores del plan, o también �Scon oferta educativa y formación laboral⬝.

También reconoció que está la posibilidad de otorgar �Sun refuerzo⬝ en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Tarjeta Alimentar para fin de año, algo que �Sse estudia en forma conjunta en los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y en la Anses⬝.

En otro orden, Tolosa Paz dijo que se garantizará �Sla alimentación⬝ de la población que está debajo de la línea de indigencia, �Spara dar respuesta⬝ a un sector que �Sen el último semestre subió del 8,2% al 8,8%⬝, además de la realización de �Sobras en los hogares indigentes⬝.

En tanto, Olmos manifestó que para la creación de empleo se trabajará �Sen un mecanismo de diálogo con las cadenas productivas para identificar la demanda insatisfecha⬝, con �Sinstrumentos que tenemos, como la capacitación, el entrenamiento y el subsidio, ya sea a través de parte del salario como en la desgravación de las contribuciones laborales⬝.

Y por otra parte, la ministra de Trabajo adelantó que el Consejo del Salario será convocado para la segunda quincena de este mes.

El nuevo �Ssuper⬝ ministro está dando los nombres del equipo económico y político que estará a su lado, el tradicional juramento se realizará en la Casa Rosada, a las 17 hs, e inmediatamente anunciará las decisiones tomadas en estas últimas horas en conferencia de prensa.

 Sergio Massa ratificará el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y seguramente intentará explicar cómo se realizará el ajuste que tiene decidido realizar; habrá mayor recorte de subsidios y una revisión de los planes sociales diseminados por todo el país.

Sería una decisión tomada la de achicar en gran forma la lista de más de nueve millones de personas anotadas por mantener subsidiada la luz y el gas.

Una resolución publicada en el Boletín Oficial le puso fecha 31 de agosto a la aplicación del aumento para el gas.

Los planes sociales, representan casi el 2 % del PBI, esa cifra sería achicada al transparentar y ordenar cada uno de los planes otorgados, hay posibilidad de que decidan que no podrán cobrar más de una o dos ayudas del Estado.

El proyecto de Massa es construir un �Spuente⬝ del plan hacia el empleo. Al beneficiario no se le quita el plan por un tiempo y quien lo emplee no pagará cargas sociales.

Es esta una apretada síntesis de lo que escucharemos, con expectativas diferentes, de las medidas tomadas para recuperar la centralidad y vigorizar el poder político del actual gobierno nacional.

El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, el cual será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

Uno de los objetivos principales del Gobierno nacional es que «los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado, o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias», indica el escrito en sus considerandos.

Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local «Potenciar Trabajo» y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo.

El Decreto dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en «incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado».

La prestación se considerará «parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad».

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral.

Dirigentes de economías regionales manifestaron preocupación por la «dificultad para contratar personal» con vistas a las próximas cosechas, porque quienes perciben planes sociales temen dejar de cobrarlos si aceptan esos empleos. Así lo advirtió el titular de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Eduardo Rodríguez. 

El dirigente consideró «fundamental que los beneficiarios de planes de asistencia, nacionales o provinciales, puedan ser contratados sin que se les dé de baja el plan que reciben».

Desde la CAME enfatizaron la necesidad de alcanzar una pronto solución integral sobre este problema que afecta a todas las regiones productivas. El dirigente advirtió que se necesita una «rápida respuesta integral de las autoridades para poder destrabar este tema y brindar certidumbre a las economías regionales, próximas a cosechar, y no saben si podrán hacerlo».

En la cosecha en cultivos de estación como uva, olivos, yerba, maní, papa, tabaco, peras, manzanas y naranjas, entre otras, y según datos oficiales, las economías regionales emplean en forma directa y temporaria, a alrededor de 625.000 personas en todo el país.

Bajo estas circunstancias, las producciones regionales, que son mano de obra intensiva, se ven complicadas para el desarrollo de las tareas si no consiguen trabajadores. Si bien la falta de trabajadores en el sector no es un fenómeno nuevo, este año la problemática se agravó, ya que muchos no pueden concretar tareas en otras provincias en el marco de restricciones impuestas por el Covid-19.

CAME exige, además, que se implemente un certificado único para el traslado para los trabajadores, entre localidades y provincias.

«Debemos articular soluciones interministeriales y brindarles garantías a los trabajadores y sus familias para que puedan realizar tareas en cualquier lugar del país sin trabas que hagan que pierdan una posibilidad laboral. Estamos convencidos de que la salida de la crisis es el trabajo», dijo Rodríguez.

En este sentido, se recuerda que la mayoría de los programas implementados por el Gobierno Nacional funcionan bajo una modalidad de contacto directo con el beneficiario, principalmente a través de Internet y en las páginas oficiales de los respectivos ministerios.

Finalmente, se recomienda informarse debidamente por las vías oficiales antes de concurrir a convocatorias que se realizan en las redes sociales o por cadenas de mensajes prometiendo beneficios a quienes concurran con determinada documentación a los domicilios de personas particulares; ante la posibilidad que estas maniobras tengan como finalidad la obtención de un beneficio económico irregular por parte de quienes las promueven o configuren un intento de estafa.