El jefe comunal planteó que este tipo de medidas no contribuyen a fortalecer al espacio y, por el contrario, profundizan divisiones en un momento donde —según su mirada— el peronismo necesita recuperar amplitud, participación y cercanía con la sociedad. En ese sentido, advirtió que en los últimos procesos electorales hubo sectores que no se sintieron representados ni incluidos.

Bravo también hizo hincapié en la necesidad de reconstruir la credibilidad del partido frente a la ciudadanía, señalando que hoy existe una desconexión entre la dirigencia y las demandas reales de la gente. Consideró que el camino debe centrarse en el territorio, en el diálogo con los distintos sectores productivos y sociales, y en la elaboración de propuestas concretas que respondan a la situación económica actual.

En su posicionamiento, diferenció la necesidad de sancionar conductas que perjudiquen al partido, pero cuestionó que se avance en medidas generalizadas que puedan afectar la participación interna. A su criterio, el peronismo debe recuperar su esencia histórica basada en la integración, el debate y la construcción colectiva.

Sin embargo, también dejó entrever que existen dirigentes que, a su juicio, han dañado la imagen del espacio y que deberían ser señalados con nombre y apellido en los ámbitos partidarios correspondientes, para ser evaluados en instancias orgánicas.En este contexto, vuelve a quedar en evidencia un problema estructural del peronismo entrerriano: la falta de mecanismos internos transparentes y participativos.

La reiteración de candidaturas definidas a dedo, sin debate ni consenso, junto a decisiones tomadas en ámbitos reducidos, ha sido una constante que terminó impactando negativamente en el último proceso electoral y en la credibilidad del espacio.

Más allá de las posiciones individuales, lo cierto es que las diferencias políticas dentro del justicialismo difícilmente se resuelvan a través de sanciones o comunicados. La historia del propio partido muestra que los conflictos se olvidan y nunca se plantearon discusión cara a cara, con participación real de la militancia y debate en las sedes partidarias.

Aplicar ese funcionamiento democrático interno aparece hoy como una deuda pendiente si el PJ pretende reconstruir su identidad y volver a representar a la sociedad. 

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos expresó críticas al proyecto del oficialismo que propone crear una comisión especial para analizar la evolución de la deuda pública provincial. Desde el PJ consideraron que la iniciativa “desconoce el trabajo de los organismos de control” y señalaron que la información sobre el endeudamiento ya se encuentra disponible en registros oficiales.

A través de un pronunciamiento, el justicialismo sostuvo que los créditos tomados por la provincia fueron oportunamente fundamentados, aprobados por la Legislatura y sometidos a controles institucionales. En ese sentido, remarcaron que la Contaduría General de la Provincia audita el estado de la deuda y publica información en su sitio oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas ejerce el control posterior correspondiente.Desde el partido también cuestionaron la composición prevista para la comisión investigadora, al advertir que el proyecto contempla una mayoría de representantes del oficialismo. Según señalaron, esto podría afectar la imparcialidad del análisis y generar superposición de funciones con organismos que ya tienen atribuciones de control.

En el comunicado, el PJ sostuvo además que el debate debería enfocarse en la situación actual de las finanzas provinciales.

En ese marco mencionaron el aumento del endeudamiento en pesos, el adelanto de coparticipación utilizado para afrontar el pago de salarios y recientes operaciones de administración de deuda en moneda extranjera.Finalmente, desde el justicialismo afirmaron que la transparencia institucional se garantiza mediante el acceso a la información pública y el funcionamiento de los organismos de control, y consideraron que la discusión sobre la deuda debería darse en ese ámbito.

Durante el tratamiento, el bloque Más Para Entre Ríos decidió no acompañar el dictamen favorable emitido por la comisión.

La presidenta de la bancada justicialista, Laura Stratta, explicó que el espacio no se opone a que se investigue el origen y evolución de la deuda provincial, pero cuestionó la creación de un nuevo organismo cuando ya existen estructuras institucionales encargadas de esa tarea.En ese sentido, recordó que la Contaduría General de la Provincia tiene entre sus funciones auditar la deuda pública y cuenta con información disponible en su sitio oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas realiza el control posterior sobre estas cuestiones.

Stratta sostuvo además que la propuesta “genera más dudas que certezas”, y advirtió que el diseño previsto para la comisión superpone funciones con organismos ya existentes. También señaló que el oficialismo tendría una fuerte mayoría dentro del nuevo cuerpo, ya que el proyecto contempla nueve integrantes, de los cuales siete responderían al gobierno provincial.

La iniciativa prevé que la comisión esté integrada por tres legisladores de cada Cámara —con al menos uno de la oposición— y tres representantes designados por el Poder Ejecutivo.

Desde el bloque justicialista también se plantearon objeciones respecto del recorte temporal propuesto para la investigación, que comenzaría en 1995. Según señalaron, muchos de los factores que influyeron en el endeudamiento provincial se originaron antes de esa fecha, como la transferencia de servicios educativos a las provincias, los pactos fiscales y cambios en la coparticipación federal, por lo que consideraron que el análisis debería contemplar al menos el período desde 1991.

Las diputadas Laura Stratta, Andrea Zoff y Lorena Arrozogaray también cuestionaron que el proyecto no incluya la participación de especialistas independientes, como economistas, universidades, organismos de control externo o representantes de la sociedad civil.Otro de los puntos señalados por la oposición es que la información que utilizaría la eventual comisión investigadora provendría de la propia Contaduría General, organismo que indirectamente aparece cuestionado en el planteo del proyecto. Asimismo, indicaron que no se establecen responsabilidades claras para quienes integren ese espacio.

El proyecto continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

Según el documento partidario, Entre Ríos habría perdido $45.337 millones en recursos durante el primer bimestre de 2026, en el marco de una caída general de las transferencias hacia las provincias que, de acuerdo con el PJ, alcanzaría casi un billón de pesos a nivel nacional en ese mismo período.

Desde el justicialismo señalaron que la reducción de ingresos no constituye un dato meramente estadístico, sino que tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la población.

En ese sentido, afirmaron que la menor disponibilidad de recursos afecta el mantenimiento de escuelas, la construcción de viviendas, el estado de las rutas, el funcionamiento del sistema de salud y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El comunicado también atribuye la situación a la caída de la recaudación nacional en términos reales, que —según indicaron— habría registrado una baja de 7,6% en enero y 9,7% en febrero.

Para el PJ, esta tendencia se vincula con un escenario de recesión que impacta sobre el consumo y la actividad productiva, lo que reduce la recaudación del IVA y, en consecuencia, los fondos coparticipables que reciben las provincias.

En ese marco, el documento cuestiona el posicionamiento político del gobernador Rogelio Frigerio, al sostener que el mandatario acompaña el rumbo económico nacional pese a las consecuencias que, según el partido, genera en las finanzas provinciales.

El texto también advierte que, frente a la caída de recursos, el gobierno provincial habría recurrido al endeudamiento en condiciones que consideran desfavorables y trasladado parte de las responsabilidades a los municipios, que —según el PJ— deben afrontar servicios esenciales con recursos limitados.Para la conducción partidaria, este escenario debilita el federalismo al concentrar recursos en el gobierno nacional mientras provincias y municipios enfrentan las consecuencias económicas y sociales.

Finalmente, el comunicado sostiene que la apertura de importaciones y el debilitamiento de la industria nacional agravan la situación económica general, lo que termina impactando primero en las economías regionales.

En ese contexto, el PJ entrerriano concluyó que la provincia ya comienza a sentir los efectos de ese proceso. 

El Partido Justicialista de Entre Ríos expresó duras críticas a la reciente colocación de deuda en los mercados internacionales, al considerar que se trata de una operación realizada en condiciones menos favorables para la provincia. Desde el espacio señalaron que este tipo de decisiones reflejan, a su entender, un rumbo económico que pone en riesgo la estabilidad financiera futura y contradice los cuestionamientos que el propio gobernador había formulado en el pasado sobre el endeudamiento.En el documento difundido, el PJ sostuvo que, a más de la mitad del actual mandato, la gestión provincial debe concentrarse en ofrecer soluciones concretas en lugar de atribuir las dificultades a administraciones anteriores. En ese sentido, remarcaron que la ciudadanía espera resultados y medidas eficaces que permitan revertir el escenario económico.El comunicado también incluyó cuestionamientos a la política salarial y fiscal. Según el análisis partidario, distintos sectores estatales han recibido incrementos que no acompañan el ritmo de la inflación, mientras se registran mayores cargas impositivas y una paralización de obras públicas. Además, advirtieron que el alineamiento político con el gobierno nacional no habría generado beneficios tangibles para Entre Ríos.Otro de los puntos señalados fue la situación de los municipios, que —según el PJ— enfrentan mayores responsabilidades en áreas clave como salud, seguridad y educación, sin contar con el acompañamiento financiero necesario desde el ámbito provincial.En relación con los endeudamientos contraídos en gestiones anteriores, el justicialismo defendió esas decisiones al afirmar que fueron adoptadas dentro de los marcos legales vigentes y con objetivos definidos de financiamiento. También atribuyeron el encarecimiento de los compromisos financieros al impacto de la devaluación registrada al inicio del actual ciclo económico nacional.El PJ concluyó el documento reafirmando su rol opositor y su intención de advertir sobre decisiones que, según su visión, puedan afectar el desarrollo provincial. No obstante, desde distintos sectores se recuerda que la conducción partidaria provincial no manifestó objeciones públicas cuando gobiernos peronistas, como el encabezado por Gustavo Bordet, recurrieron al endeudamiento en los mercados internacionales, una situación que hoy vuelve a estar en el centro del debate político entrerriano.

Según la fuerza opositora, el discurso presentó “un diagnóstico parcial de la realidad provincial”, orientado —afirman— a justificar reformas estructurales bajo un esquema de ajuste y anuncios proyectados hacia el futuro.

Reforma previsional y Caja de JubilacionesUno de los ejes centrales de la crítica fue el anuncio oficial de avanzar en una reforma del sistema previsional provincial. El PJ sostuvo que el planteo del Ejecutivo se apoya en el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero advirtió que el abordaje propuesto tiene un “encuadre ideológico” que podría afectar derechos adquiridos.

En ese marco, señalaron que el gobernador omitió profundizar sobre la deuda histórica que la ANSES mantiene con la provincia, a la que consideran una de las principales causas del desequilibrio financiero del sistema.

Desde el justicialismo remarcaron que cualquier modificación debe preservar el 82% móvil y garantizar la sustentabilidad sin trasladar el costo a trabajadores y jubilados.

Infraestructura y obra públicaEn materia de infraestructura vial, el comunicado cuestionó la viabilidad de la promesa de intervenir el 100% de las rutas provinciales. Según el PJ, el anuncio carece de detalles sobre financiamiento y plazos concretos. También vincularon el deterioro de la red vial con la paralización de la obra pública nacional y advirtieron que, sin inversión sostenida del Estado, será difícil revertir la situación actual.

Empleo y actividad económicaEl documento partidario incluyó un apartado económico en el que describen un escenario de retracción. Allí sostienen que, en lo que va de la actual gestión, se habrían perdido más de 10.000 empleos registrados y que el número de empresas activas en la provincia se redujo en 774 unidades.En ese contexto, cuestionaron la postura del Gobernador frente a la reforma laboral que se debate a nivel nacional y rechazaron el argumento de que la caída del empleo esté vinculada a la llamada “industria del juicio”, calificando esa explicación como insuficiente frente a los datos disponibles.

Situación del empleo públicoOtro de los puntos señalados fue la situación de los trabajadores estatales. Desde el PJ afirmaron que esperaban anuncios vinculados a recomposición salarial, fortalecimiento de la obra social provincial y estabilidad laboral, y expresaron su desacuerdo con lo que interpretan como una “estigmatización del empleo público”.En su posicionamiento, remarcaron que el Estado provincial cumple un rol central en la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, y defendieron la necesidad de un Estado activo como herramienta de desarrollo.

Postura política Finalmente, el Partido Justicialista consideró que el mensaje del gobernador estuvo dirigido a un sector reducido y que no convocó a un amplio consenso social. Reclamaron diálogo y acuerdos para impulsar un proyecto de desarrollo inclusivo.En el tramo final del comunicado, el PJ manifestó su respaldo al paro general convocado para este jueves y expresó su rechazo a cualquier medida que, a su entender, implique retrocesos en derechos laborales.El debate político en la provincia suma así un nuevo capítulo, con fuertes contrapuntos en torno al modelo de gestión, la reforma previsional y el rumbo económico de Entre Ríos. 

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos difundió un documento en el que expresó duras críticas a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, a quien acusó de llevar adelante una administración “mediocre”, sin políticas públicas visibles y con un fuerte impacto social a partir de la finalización de contratos y despidos en el ámbito municipal.

Según el pronunciamiento partidario, cerca de 150 familias quedaron sin sustento económico tras las desvinculaciones en la Municipalidad, en un contexto que el PJ describió como de “crisis social profunda” atribuida al rumbo económico nacional. En ese marco, el documento sostiene que tanto Azcué como el gobernador Rogelio Frigerio acompañan y replican las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Desde el justicialismo entrerriano señalaron además que a los despidos se suma la situación de alrededor de 240 personas que mantenían vínculo con el Estado municipal bajo la modalidad de monotributo, una cifra que —según remarcan— fue reconocida por el propio oficialismo local.

El comunicado cuestiona especialmente el momento en que se produjeron las desvinculaciones, en plenas fiestas de fin de año, y advierte sobre un “clima de persecución política y revanchismo”. En ese sentido, el PJ afirmó que las bajas laborales alcanzaron a trabajadores de distintas áreas y funciones, muchos de ellos considerados necesarios para el funcionamiento del municipio, sin que se hayan brindado explicaciones claras ni evaluaciones formales de desempeño.

En otro tramo del texto, el Consejo Provincial expresó preocupación por lo que definió como una profundización de discursos y políticas de confrontación, particularmente contra los trabajadores, y sostuvo que la pérdida de puestos laborales es presentada por las gestiones actuales con una lógica de ajuste que consideran incompatible con los valores democráticos.

El documento también amplía las críticas al plano provincial y nacional. Allí se afirma que, tras dos años de gestión, tanto el gobierno provincial como el municipal no exhiben resultados significativos en áreas clave como vivienda, obra pública, mantenimiento de rutas y caminos rurales, ni en políticas de promoción de derechos. Asimismo, remarcan que las paritarias de los trabajadores estatales quedaron rezagadas frente a la inflación.

En relación con las motivaciones de los despidos, el PJ sostiene que existe una decisión política e ideológica detrás de las medidas adoptadas. Como ejemplo, menciona el recorte en el Registro Único de la Verdad, donde se habría desvinculado a más del 60% del personal, lo que —según el documento— refleja un preocupante distanciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Finalmente, el Consejo Provincial del PJ expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y sus familias, y reclamó a las autoridades municipales de Concordia que se reviertan las cesantías y se restituya a los empleados en sus puestos de trabajo, al considerar que la situación genera “incertidumbre y un grave impacto social” en la comunidad.

Este miércoles, el bloque justicialista del Senado entrerriano votó de manera dividida la Ley de Emergencia en Obras Públicas y Viales. Al respecto el presidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Nicolás Parera Deniz, emitió un comunicado en el que criticó arduamente el accionar de los legisladores que respaldaron el proyecto. El texto completo, a continuación:El peronismo nunca creció desde la obediencia automática ni desde el silencio cómodo. Creció cuando tuvo dirigentes capaces de dar la discusión política, aún en minoría, aún sin billetera”.

“Hoy, ya nuevamente en la oposición, el desafío no es solo electoral. Es político. Porque la oposición no existe para ocupar una banca: existe para representar una parte de la sociedad, poner límites, debatir prioridades y evitar que el poder se vuelva rutina sin control”.“Sin embargo, lo que se ve con frecuencia es otra cosa: dirigentes que quedan desdibujados, sin voz propia, sin iniciativa. Se confunde “responsabilidad” con “acompañamiento” y “gobernabilidad” con votar sin chistar. Y en ese movimiento, la oposición se convierte en una especie de escribanía del Ejecutivo”.

“No se trata de oponerse por deporte. Se trata de discutir lo que corresponde discutir: emergencias eternas, delegaciones de facultades, autorizaciones amplias, presupuestos sin control, prioridades invertidas. Si todo se aprueba por inercia, el mensaje que queda es que da lo mismo quién gobierna y para qué sirve la representación”.

“Ahí está el punto de fondo: si el peronismo quiere volver a ser alternativa real en Entre Ríos, no puede construir futuro con dirigentes que solo administran la conveniencia del presente. Necesita conducción, identidad, criterio. Necesita recuperar el hábito de explicar, marcar límites y proponer”.

“Porque cuando los dirigentes peronistas resignan el debate político y acompañan sin cuestionamientos las decisiones del Poder Ejecutivo, no están mostrando responsabilidad institucional: están renunciando a su rol. Y cuando eso ocurre, no solo se diluye una oposición: se rompe el contrato electoral con la gente que los eligió”.

“Rechazamos el desguace del Registro Único de la Verdad y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, que significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia”, sostiene el comunicado.“La decisión respecto al Registro no puede ser presentada como una cuestión administrativa”, cuestionaron y argumentaron: “Se trata de un área del Estado provincial que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, un espacio que resguarda la memoria, la verdad y parte esencial de nuestra identidad colectiva”.En ese marco, advirtieron que lo ocurrido forma parte de una política más amplia de retroceso del Estado en áreas sensibles. “Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, y que implica el abandono de políticas sensibles que protegen a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano”.“No se trata de contratos que finalizan, sino de despidos y vaciamiento. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial”, señalaron.En otro tramo del documento, expresaron su solidaridad “con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos”.El comunicado apuntó directamente a la gestión del gobernador Frigerio: “Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador Frigerio, existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo”.En ese sentido, manifestaron que el PJ “adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir de manera inmediata una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de nuestra provincia”.“Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos”, finalizó el documento.

Alertó sobre las consecuencias que esta medida tendría en el territorio provincial: “En Entre Ríos, el impacto de esta medida sería particularmente grave. Nuestra provincia cuenta con más de 100 escuelas técnicas, agrotécnicas y de oficios distribuidas en todo el territorio, que garantizan igualdad de oportunidades a alrededor de 20 mil estudiantes, sin necesidad de migrar a los grandes centros urbanos”.Según el documento, “la eliminación del Fondo Nacional compromete el financiamiento de laboratorios, maquinaria, insumos para prácticas agropecuarias, condiciones de seguridad e higiene, infraestructura y formación docente”.“En un contexto de recortes sostenidos, esta decisión representa un golpe casi letal al potencial productivo entrerriano”, enfatizaron.El comunicado destacó que, “nuestra provincia tiene un perfil agroindustrial que requiere conocimiento aplicado, innovación y mano de obra calificada. Sin educación técnica fuerte, no hay desarrollo posible ni futuro para nuestros jóvenes”.

El PJ realizó un llamado a Sectores: “Convocamos a todas las fuerzas políticas, a los sectores productivos, educativos y sociales de la provincia a expresarse en defensa de la educación técnica”.En tono crítico, exigió al gobernador Rogelio Frigerio, “que salga del silencio cómplice e interceda ante el gobierno nacional para proteger una herramienta clave para el desarrollo, el empleo y la inclusión social de Entre Ríos”.“Defender la educación técnica es defender el futuro productivo de nuestra provincia”, finalizó el documento.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del órgano, José Cáceres, y reunió a 14 consejeros.

“Debemos recuperar al electorado que se alejó del peronismo”Uno de los tramos centrales del debate giró en torno a los resultados de los comicios en los que la lista Fuerza Entre Ríos (501) quedó en segundo lugar, obteniendo un senador y dos diputados nacionales.Los consejeros hicieron una autocrítica: “Tenemos una causa y una doctrina que deben ser revisadas y actualizadas; debemos volver a conquistar a quienes no fueron a votar o eligieron otras opciones”, expresaron.Se destacó además la necesidad de fortalecer la militancia, recuperar presencia territorial y sostener al peronismo como “herramienta de inclusión y defensa de los intereses nacionales.“Avanzamos en la construcción de un programa de gobierno para 2027”El Consejo informó que viene manteniendo reuniones con distintos sectores del peronismo provincial para integrar equipos políticos y técnicos con vistas a elaborar una plataforma para 2027.La declaración incluyó un enfoque económico y productivo:“El equilibrio fiscal, la producción, la industria y la ampliación de derechos serán ejes centrales para volver a poner en marcha la provincia”.

“Nuestra oposición a Milei y Frigerio será firme y sin dobleces”Durante el encuentro se ratificó el mandato político de los legisladores nacionales y provinciales del PJ.La conducción partidaria sostuvo que la ciudadanía otorgó al peronismo un rol opositor y que ese lugar deberá ejercerse con claridad:“La oposición será con ideas, con proyectos y junto a sectores afines, pero sin ambigüedades”.

Informe financiero y llamado a los aportes partidariosEn el inicio de la reunión, se presentó un informe económico que remarcó la necesidad de que afiliados y afiliadas comprendidos en el inciso C del artículo 23 de la Carta Orgánica efectúen los aportes partidarios obligatorios, considerados clave para el sostenimiento institucional.

“Ir por fuera del PJ fue una afrenta al partido”Uno de los temas más sensibles fue el análisis de pedidos de sanción dirigidos al Consejo y al Tribunal de Disciplina por parte de afiliados de distintos departamentos.Según se informó, ingresaron más de diez notas formales, además de un caudal de presentaciones informales por redes sociales.El documento del PJ fue contundente: “Competir por fuera del peronismo fue una falta grave a la Carta Orgánica y resultó funcional a la alianza entre Frigerio y Milei”.Entre los señalados figuran dirigentes de varios departamentos, incluidos legisladores, exfuncionarios y referentes territoriales.

Sanciones: separación de Gaillard y DomínguezTras el debate, el Consejo resolvió actuar sobre los casos de sus propios integrantes.“Era una responsabilidad insoslayable sancionar a quienes integraban este cuerpo”.Por amplia mayoría se decidió separar de sus cargos en el Consejo Provincial a las dirigentes Carolina Gaillard y Carina Domínguez, ambas presentes en la reunión y notificadas en el momento para ejercer su derecho a defensa.Las actuaciones y las demás solicitudes de sanción fueron remitidas al Tribunal de Disciplina, que deberá analizar cada caso

La crisis interna del PJ de Concordia sumó un nuevo capítulo tras el cambio de cerradura de la sede partidaria, hecho que motivó la intervención de la Justicia y el repudio de gran parte de la dirigencia. La vicepresidenta del Consejo Provincial del PJ, Carina Domínguez, afirmó que la prioridad ahora es “restablecer la institucionalidad” y permitir que la sede “vuelva a manos de quienes realmente la sostienen: los militantes”.

El conflicto se desató a partir de versiones difundidas el miércoles 19, que hablaban de una supuesta destitución del presidente del PJ local, Facundo Ruiz Díaz. Aunque inicialmente se trató de trascendidos, el episodio tomó forma concreta el jueves 20 por la noche, cuando un reducido grupo ingresó al edificio de calle Güemes y sustituyó la cerradura, impidiendo el acceso a las autoridades partidarias.Domínguez se trasladó a Concordia al día siguiente y encabezó una reunión improvisada en la vereda de la sede, donde distintos referentes se congregaron para visibilizar la situación. “Lo que hicieron fue un acto abiertamente antidemocrático, que se suma a la maniobra previa para desplazar a un presidente que fue elegido en internas. Nada de esto ayuda a resolver los problemas del peronismo”, expresó.Tras constatar el cierre irregular del local, se realizó la denuncia policial y la Fiscalía tomó intervención. Los dirigentes resolvieron aguardar las medidas judiciales para normalizar el funcionamiento de la departamental. En paralelo, se reclamó una respuesta inmediata del Consejo Provincial para aclarar el cuadro institucional.

Durante el encuentro, los presentes manifestaron un rechazo unánime a la irrupción del grupo que promovió la maniobra. Domínguez subrayó que este tipo de acciones “deben ser repudiadas por todo el arco político” y advirtió que sus consecuencias exceden a la vida interna local: “No solo dañan al peronismo de Concordia, también lesionan al de toda la provincia”.

La dirigente desestimó la supuesta destitución de Ruiz Díaz, a la que calificó como una “barbaridad sin sustento”, y recordó que el uso del término remite a etapas traumáticas de la historia argentina: “No podemos naturalizar vocabularios ni prácticas que creíamos definitivamente superadas”.Según relató, la preocupación central de los militantes es recuperar la normalidad institucional, reabrir el partido y recomponer vínculos de cara a la sociedad. “El desafío es reconstruir credibilidad, volver al territorio y ordenar los debates internos. No expulsar compañeros ni tomar por asalto una sede”, señaló.

Domínguez afirmó que lo ocurrido debe tener consecuencias dentro de los órganos partidarios, y denunció que algunos de los involucrados “ni siquiera integran el Consejo Departamental”. Ratificó, además, el respaldo a Ruiz Díaz, electo en internas, y pidió que se respeten los procedimientos previstos en la carta orgánica.

La reunión también abrió paso a un análisis más profundo sobre el presente del peronismo. “En vez de organizarnos y sumar a quienes quedaron al margen del último proceso electoral, estamos discutiendo exclusiones”, lamentó. Y concluyó con una advertencia sobre el rumbo del partido:“Si no cambiamos esta lógica, el único destino posible es seguir perdiendo espacios de representación frente a un modelo que se está olvidando del pueblo”.

Según expresaron, la elección representa una oportunidad para defender los intereses de la provincia y frenar políticas que afectan el desarrollo productivo y social, tales como el recorte en salud y educación, el impacto negativo de las importaciones sobre la industria y las pymes, y el retroceso del rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.

“Es el momento de construir un Congreso que escuche a nuestra gente, que defienda el trabajo, la producción y el futuro de Entre Ríos”, señalaron desde el bloque, al tiempo que llamaron a votar por un proyecto que represente a la provincia con compromiso y visión federal.

Solanas expresó su apoyo a la lista 50, encabezada por Gustavo Guzmán y Héctor Maya, destacando el acuerdo con sectores socialistas, vecinalistas y radicales. Rechazó que se impulsen  “amuletos de Kueider” en el Congreso y defendió la necesidad de un Estado fuerte para sostener la educación, la salud y las pymes.

Finalmente, apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de “promover violencia” y de usar provocaciones para desviar la atención del escándalo de las coimas que involucra a su entorno. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le dio la razón al PJ entrerriano y la fuerza “Ahora la Patria” tuvo que cambiar de nombre.

De esta manera, el próximo 26 de octubre estarán en la cuarta ubicación de la Boleta Única de Papel (BUP) bajo otro sello. Se debe a que consideraron que podría prestarse a “confusión” a la hora de marcar la Boleta.    La “Ahora 503” es una coalición que conforman el Frente Grande y el Movimiento Por Todos, con la adhesión del Partido Comunista Entrerriano. El segundo nombre que figura en la categoría de Senadores es Javier Schnitman. Mientras que para Diputados acompañará a Rubattino, Federico Olano y Evelina Kloster. 

El espacio plantea una defensa activa de la producción, el trabajo, la educación y la salud pública, en contraposición a las políticas económicas del gobierno nacional y provincial. También llama a proteger a jubilados, docentes, científicos, personas con discapacidad, pymes y universidades. El documento cierra con una convocatoria amplia a la militancia y los sectores sociales para trabajar en unidad y construir una nueva esperanza para Entre Ríos. 

Desde el bloque del PJ expresaron su más enérgico repudio a la expresión, que consideran no sólo ofensiva hacia los representantes de la oposición, sino también una banalización inaceptable de uno de los crímenes más atroces del siglo XX.“El uso del término ‘nazi’ para descalificar a un adversario político no solo es improcedente, sino que hiere la memoria histórica, ofende a la comunidad judía y banaliza el horror del Holocausto”, remarcaron en un comunicado.En ese contexto, exigieron una retractación pública inmediata por parte del edil y del bloque que integra. “No todo vale en política. La democracia se basa en el respeto, y no puede permitirse que se utilicen referencias tan dolorosas para agredir al otro”, afirmaron.

El presidente Javier Milei reaccionó con dureza este domingo tras la polémica prórroga que la Junta Electoral bonaerense concedió al frente Fuerza Patria —nuevo sello del PJ— para presentar sus listas. El plazo, originalmente vencido a la medianoche del sábado, fue extendido hasta el lunes a las 14, tras una serie de cortes de luz que impidieron completar la carga electrónica.Desde su cuenta en X, Milei criticó sin nombrar directamente al kirchnerismo: “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar la República porque los modales no son de su agrado”. Y agregó: “No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, vive porque cuando lo ven se orinan en las patas”.El mandatario se sumó así a las críticas de dirigentes de su espacio, como Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, que señalaron los cortes como parte de las “viejas maniobras de siempre” del peronismo. El episodio permitió al PJ resolver a último momento internas trabadas, como en la Primera y Tercera sección electoral, donde se terminaron confirmando candidaturas de Gabriel Katopodis y Verónica Magario.Milei cerró su intervención con una consigna: “Kirchnerismo o libertad. Pobreza vs. progreso. ¡Viva la libertad, carajo!”. Para el oficialismo, lo sucedido es una muestra más del “juego sucio” electoral. Desde el PJ, por ahora, silencio.

Desde el peronismo de la provincia expresaron, “solidaridad con la compañera Cristina Fernández” mediante un documento en que dijeron: “Repudiamos profundamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia que pone en riesgo el Estado de Derecho en la Argentina”.

“El fallo sobre la causa Vialidad sienta un precedente muy negativo para nuestro estado de derecho, donde un Presidente puede ser llevado a juicio y condenado por actos de terceros con relación jerárquica dentro del Estado”, manifestaron desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, y apuntaron que: “Es una causa que llevó adelante un tribunal que actuó sobre cosa juzgada, que dio muestras de parcialidad y arbitrariedad durante el proceso, acusando sin pruebas directas del delito que se imputa y con visibles vínculos con el entonces presidente Mauricio Macri, lo cual hace más grave la situación. Hoy esa acción se consuma a instancias del presidente Milei”.  

Analizaron que, “La forma y los tiempos en que se dio la decisión de la Corte no hacen más que reforzar las sospechas de que se trata de una maniobra de persecución política e intento de proscripción de la compañera Cristina Fernández”, y agregaron: “Es mucho más que eso, es un ataque a la democracia y un nuevo intento por destruir al peronismo como partido político y como movimiento popular al servicio de los intereses del pueblo”, finalizaron. 

El poder adquisitivo de los trabajadores, el desarrollo de una industria con valor agregado, obras públicas estratégicas para el desarrollo de nuestras ciudades, legislaciones modernas pero protectoras de derechos, una salud, un ambiente y una educación pública cuidados, son algunas de las aristas que hay que abordar con urgencia.

“Por esto, es importante fortalecer la democracia y los ámbitos de participación de la sociedad y, al no lograrse un proceso de unidad en el peronismo entrerriano, es un deber del Partido Justicialista garantizar internas abiertas y democráticas” expresó Tomás Ledesma, integrante del Consejo Provincial del PJ.La baja participación de la sociedad en los procesos electorales recientes tiene que ser un llamado de atención enorme para quienes creemos en la política como herramienta de transformación. Y la única manera de revertirlo es abriendo la discusión y no obturando la participación política de ninguna vertiente del peronismo.Por eso, en sintonía con intendentes, legisladores nacionales, legisladores provinciales, presidentes departamentales y de básicas de toda la provincia, organizaciones nacionales, provinciales y locales, sindicatos y militantes de a pie, es que expresamos la necesidad de una interna abierta que permita la participación y expresión de la sociedad en la selección de candidatos del partido justicialista.Es fundamental garantizar que los legisladores propuestos por nuestro partido a la ciudadanía cumplan el contrato electoral, respetando su representación, aún más teniendo en cuenta las dolorosas y recientes experiencias.