Luego de que las senadoras Nancy Miranda y Gladys Dominguez voten a favor de la reforma previsional, el Consejo Departamental del PJ Paraná elevó una nota a la Presidenta provisoria del PJ Entre Ríos, Silvia Moreno, pidiendo que la expulsen “inmediata” de ambas del Partido.

Reforma previsional: El Congreso del PJ facultó al Tribunal de Disciplina a expulsar a los legisladores que no rechacen el proyectoCabe recordar que el último Congreso Provincial se acordó facultar al Tribunal de Disciplina la expulsión de diputados y senadores que voten a favor o se abstengan respecto a dicha iniciativa.En ese sentido, la nota agrega que la medida solicitada debe ser llevada a cabo además por los motivos que dieron ambas senadoras: “vergonzantes fundamentos que expusieron atacando al peronismo para justificar su renuncia al ideario doctrinario del movimiento, que brega por nunca perjudicar a la clase trabajadora y defender siempre sus derechos”.

En medio de una fuerte protesta y con dos votos del PJ, el Senado aprobó la reforma jubilatoria

Asimismo el texto remarcó que es un momento en que los trabajadores le “exigen” al PJ que sea consecuente con su doctrina. “Miranda y Domínguez tomaron la decisión de no actuar con coherencia a la fuerza política que representan. Por lo tanto no son peronistas”. (APFDigital) 

La máxima autoridad partidaria resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por considerar que implica un grave retroceso en materia de derechos para trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos los representantes justicialistas a votar en contra de la iniciativa. Asimismo, dejó establecido que quienes incumplieran esa resolución quedarían sujetos al régimen disciplinario previsto por la Carta Orgánica del Partido, cuyas sanciones pueden alcanzar la expulsión.

Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano.

Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna.

Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados.

Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo.

El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial.

Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere.

El peronismo entrerriano -expresado a través de las autoridades del Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, sus bloques de senadores y diputados provinciales, la Liga de Intendentes, y sus legisladores nacionales- manifestó su “rechazo categórico y absoluto al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, así como al dictamen de mayoría de la Cámara de Senadores”.Desde el peronismo señalaron al oficialismo provincial como “el único y excluyente responsable político de una iniciativa legislativa que consagra un retroceso histórico y una flagrante regresión en materia de derechos humanos y sociales en Entre Ríos”.Asimismo, repudiaron la estrategia oficialista de “agitar una falsa e inexistente guerra entre trabajadores del sector público y privado”, calificándola como una cortina de humo para nivelar los derechos hacia abajo.

Sumisión al ajuste nacional y claudicación federalEn un documento emitido por el PJ se vincula directamente este proyecto con las políticas macroeconómicas de Javier Milei. “Las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los factores que impulsan esta reforma bajo la premisa del ‘déficit cero’”, explicaron.En ese sentido, lanzaron una dura crítica al gobierno provincial cuestionando el alineamiento incondicional del Frigerio ante este rumbo destructivo es la causa principal de un brutal ajuste sobre los jubilados. “Lejos de defender la autonomía, el Ejecutivo entrerriano ha decidido no reclamar firmemente ante la Nación los recursos previsionales que por ley le corresponden a Entre Ríos, convalidando acuerdos centralistas que implican una renuncia fáctica a los fondos históricos de la Caja de Jubilaciones y claudicando el justo reclamo federal”, se expresó.Graves vicios de inconstitucionalidad y aspectos técnicosEl peronismo detalló los puntos más críticos y alarmantes del proyecto de ley, advirtiendo que adolece de vicios insalvables de inconstitucionalidad. Algunos de ellos fueron:Fin de la Movilidad Histórica (Art. 34): Denuncian el desmantelamiento de la movilidad al desvincular el haber de los jubilados de su escalafón de origen, delegándolo en un índice discrecional del Ejecutivo.El engaño del 82% Móvil (Arts. 31 y 63): Afirman que mantener el porcentaje es una “maniobra publicitaria vacía”. Al estirar la base de cálculo de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones (15 años), incorporando salarios históricos de categorías iniciales inferiores bajo un “promedio actualizado” cuyo índice de actualización la ley ni siquiera define, se produce una drástica licuación del haber inicial.

Delegación de Facultades Extraordinarias (Art. 6): Rechazan la declaración de una emergencia previsional que funcione como un “cheque en blanco” para que el Gobernador modifique unilateralmente alícuotas y aportes por decreto, violando la división de poderes y la Carta Magna provincial.Asfixia a los Municipios (Art. 15): Condenan el avasallamiento a las autonomías municipales al facultar a la Contaduría General a retener unilateral y automáticamente fondos de la coparticipación para cobrar deudas previsionales, vulnerando el pacto fiscal interno.Confiscación a Regímenes Especiales (Arts. 19 y 20): Califican de “absurdo jurídico” el aporte solidario post-jubilatorio de hasta el 19% para sectores que realizaron tareas de desgaste psicofísico (salud mental, infectocontagiosas, radiología, servicio penitenciario).Profundo sesgo discriminatorio contra las mujeres: Advierten que el ajuste se ensaña con las conquistas históricas femeninas. El aporte solidario recae sobre áreas altamente feminizadas (docencia y salud pública), se aumenta la edad jubilatoria y se recortan cruelmente las pensiones por viudez a un máximo de 8 años en determinados supuestos, violando tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.Cambios en Pensiones e Invalidez (Art. 24): Se exige estar en actividad y con aportes recientes para acceder a la invalidez, desprotegiendo a enfermos crónicos, violando el principio de no regresividad del Pacto de San José de Costa Rica.

Alerta sobre el mandato partidarioEl comunicado fija una postura orgánica inflexible respecto al debate legislativo: “Cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición estrictamente personal y en abierta desobediencia al mandato partidario”, advirtieron, recordando que pesarán las sanciones ya ratificadas por el último Congreso del PJ entrerriano.Reforma previsional: Crece la incertidumbre en el PJ por la posición a tomar en la sesión especialReforma previsional: El Congreso del PJ facultó al Tribunal de Disciplina a expulsar a los legisladores que no rechacen el proyecto“No existe espacio para el acompañamiento individual”, sentenciaron, denunciando además que las modificaciones introducidas al texto original son “meramente cosméticas e insuficientes”.Lo dijeron en función de declaraciones de la senadora justicialista Gladys Domínguez, quien indicó que sus redes sociales que logró incorporar cambios para “mejorar el proyecto de reforma previsional” y, de este modo, deslizó un posible acompañamiento.“Había otro camino”Para finalizar, desde el peronismo entrerriano remarcaron que siempre manifestaron la voluntad de discutir la sostenibilidad de la Caja, proponiendo una alternativa responsable, transparente y técnicamente fundada que incluía la recuperación de los recursos adeudados por Nación. Sin embargo, el oficialismo “prefirió imponer una reforma sin consensos y legislar a ciegas”.

“Esta reforma nace con un altísimo nivel de conflictividad jurídica y abrirá un escenario de judicialización masiva que terminará generando nuevos y millonarios costos para la provincia. Lo que hoy el Gobierno presenta falsamente como un ahorro, se convertirá mañana en un pasivo económico mucho mayor”, alertaron.“Esta es la reforma del conflicto permanente. Detrás de cada voto favorable hay miles de docentes, policías, enfermeros y empleados públicos cuyo futuro se verá afectado. El peronismo seguirá defendiendo un sistema previsional solidario, bajo la convicción de que fortalecer la Caja nunca debió significar debilitar los derechos de quienes la sostuvieron durante toda una vida de trabajo”, concluye el documento.(APFDigital) 

El pronunciamiento se conoce luego de una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo municipal, entre ellas la desvinculación de trabajadores, la revisión de contratos, la reducción de la planta de personal y el reemplazo de algunos vínculos laborales por contrataciones bajo el régimen de monotributo. Estas decisiones fueron justificadas por la administración municipal como parte de un proceso de reorganización, modernización del Estado y disminución del gasto público.

En el documento, los dirigentes peronistas sostienen que cada desvinculación representa una pérdida para las familias afectadas y también para la economía local, al disminuir el consumo y resentir la actividad de pequeños comercios y prestadores de servicios.Además, consideran que la reducción de personal impacta en el funcionamiento cotidiano del Municipio al perderse trabajadores con experiencia, lo que —afirman— termina afectando la prestación de los servicios públicos.Otro de los cuestionamientos apunta al cambio en la modalidad de contratación de parte del personal. Según el comunicado, la incorporación de monotributistas implica una mayor precarización laboral y una reducción significativa de los ingresos respecto de quienes anteriormente cumplían esas funciones con otro tipo de vínculo laboral.Los dirigentes también cuestionan que, mientras se implementan medidas de ajuste sobre los empleados municipales, la estructura política no haya reducido su tamaño. En ese sentido, señalan la creación de cargos políticos y mencionan organismos descentralizados que, según sostienen, mantienen elevados costos de funcionamiento.

Como contraste, el documento reivindica las administraciones peronistas anteriores, recordando que durante esos gobiernos se dispuso el congelamiento de ingresos de personal, se impulsaron concursos públicos para cubrir vacantes, se avanzó en procesos de regularización laboral y se promovió la capacitación del personal municipal.Los firmantes recuerdan además que esas políticas se llevaron adelante incluso durante momentos de fuerte complejidad económica, como la histórica inundación de 2015, cuando —afirman— se priorizó el ordenamiento administrativo sin recurrir a despidos masivos.El comunicado también vuelve a cuestionar la contratación de la empresa VITSA, tema que ya generó un fuerte debate político en Concordia y que continúa siendo motivo de controversia entre oficialismo y oposición.Finalmente, los referentes justicialistas sostienen que el equilibrio de las cuentas públicas no debería alcanzarse mediante la reducción del empleo municipal y reclamaron una gestión que combine austeridad con estabilidad laboral y fortalecimiento de los servicios públicos.

El documento lleva las firmas de dirigentes, legisladores, concejales y referentes del peronismo concordiense, entre ellos Javier Orduna, Carolina Amiano, Ángel Giano, Enrique Cresto, Gustavo Bordet, Armando Gay, Claudia Villalba, Marcelo Cresto, Jorge Ferrera, Florencia Scattone y otros referentes partidarios.

El legislador explicó que la iniciativa del PJ es el resultado del trabajo realizado durante el tratamiento legislativo del proyecto, incorporando aportes de especialistas, representantes de distintos sectores y organizaciones vinculadas al sistema previsional.

"Desde el primer día dijimos que no nos íbamos a limitar a rechazar el proyecto del Gobierno. Elaboramos una propuesta seria, técnicamente fundada y con una mirada de largo plazo. Nuestro objetivo fue demostrar que existen alternativas para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin seguir ajustando sobre quienes sostienen la Caja con su trabajo o ya cumplieron toda una vida de aportes", expresó Cosso.

El senador destacó que, a diferencia del proyecto oficial, el dictamen del PJ no declara la emergencia previsional y plantea reformas estructurales permanentes, incorporando mecanismos de transparencia y planificación como la creación del Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional (FESP), una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad para fortalecer la administración del sistema.

Protección de los docentes

Uno de los puntos que Cosso consideró centrales es el tratamiento de los regímenes especiales, particularmente el docente.

"Quiero llevar tranquilidad a miles de docentes entrerrianos porque nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está ejerciendo verá modificadas las condiciones con las que planificó su jubilación", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto del PJ ofrece mayores garantías que la iniciativa del Poder Ejecutivo.

"Nuestro dictamen elimina uno de los aspectos más perjudiciales del proyecto oficial: no obliga a los docentes ni a los demás beneficiarios de regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados. El proyecto del Gobierno sí establece un aporte solidario durante la pasividad hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, lo que significa una reducción adicional de haberes para personas que ya se retiraron después de cumplir toda su carrera laboral", explicó.

"Nosotros creemos que la sustentabilidad del sistema no puede construirse castigando a quienes ya se jubilaron. Por eso proponemos un esquema que protege a los trabajadores actuales, brinda previsibilidad a los nuevos ingresantes y evita seguir afectando los ingresos de los jubilados", agregó.

Un sistema más justo y sostenible

Cosso también remarcó que el dictamen del PJ mantiene los 30 años de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio, mientras que el proyecto oficial eleva ese requisito a 35 años.

Además, explicó que la propuesta justicialista establece que el haber jubilatorio se calcule sobre los últimos 120 meses de servicios computables, mientras que la iniciativa del Ejecutivo extiende ese período a 180 meses, una modificación que, según indicó, termina reduciendo el monto de las futuras jubilaciones.

Otro aspecto destacado es que el dictamen no incorpora nuevos aportes extraordinarios para los trabajadores activos.

"En lugar de seguir aumentando la presión sobre quienes trabajan, proponemos un aporte institucional extraordinario para los cargos políticos de mayores ingresos y creamos el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, con recursos específicos provenientes de distintas fuentes. Creemos que primero hay que generar nuevos mecanismos de financiamiento antes que seguir pidiendo esfuerzos a los trabajadores", señaló.

Asimismo, resaltó que la iniciativa garantiza una fórmula de movilidad que combina en partes iguales la evolución de la inflación y las paritarias, estableciendo un piso de actualización equivalente al Índice de Precios al Consumidor para preservar el poder adquisitivo de los haberes.

Finalmente, Cosso sostuvo que el dictamen elaborado por el bloque justicialista "representa una alternativa responsable y equilibrada".

"El desafío no es elegir entre sostener la Caja o proteger derechos. Nuestro dictamen demuestra que ambas cosas son posibles. La verdadera sustentabilidad se construye con planificación, transparencia, nuevas fuentes de financiamiento y respeto por quienes aportaron durante toda su vida. Ese es el camino que proponemos desde el bloque justicialista", concluyó.

La publicación también vincula la derrota electoral de 2023 con años de conflictos, decisiones alejadas de la militancia y disputas por espacios de poder. Según distintos sectores del peronismo concordiense, uno de los principales cuestionamientos alcanza a Adán Bahl, a quien algunos militantes atribuyen una escasa presencia en Concordia durante la campaña a gobernador, aunque esa es una interpretación que no ha sido corroborada oficialmente.

Con las PASO ya eliminadas, en el peronismo entrerriano muchos anticipan que, una vez finalizado el Mundial, comenzará una intensa puja por las candidaturas, en un escenario donde la falta de mecanismos internos de selección podría profundizar las diferencias y agregar aún más tensión a una fuerza política que busca reconstruir su representatividad tras la derrota electoral.

El Congreso Provincial del PJ se posicionó respecto al proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que establece modificaciones a la Ley N° 8732.

En ese sentido, se facultó al Tribunal de Disciplina a expulsar de forma directa a los senadores y diputados que pertenezcan al Bloque de Más por Entre Ríos que voten a favor o se abstengan.

Además, los congresales manifestaron su rechazo a cualquier intento de eliminación del sistema, al considerar que se trata de una iniciativa orientada a perjudicar electoralmente al Partido Justicialista y que evidencia una utilización circunstancial de las reglas democráticas por parte del oficialismo provincial.

Respecto de la Boleta Única de Papel, el Congreso cuestionó el diseño previsto para Entre Ríos, particularmente la inclusión de la fotografía del candidato a gobernador en el casillero correspondiente al voto por lista completa. En ese sentido, facultó a la conducción partidaria a recurrir ante la Justicia Electoral para objetar ese aspecto del sistema.

El presidente del Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista, Jorge Vázquez, formuló duras críticas al gobierno provincial y adelantó que impulsará una postura firme durante el Congreso partidario previsto para el próximo 13 de junio.

El dirigente sostuvo que la administración de Rogelio Frigerio acompaña las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, esas medidas generan sobre trabajadores y jubilados.En ese contexto, Vázquez anticipó que, en su carácter de congresal, propondrá que el Partido Justicialista analice la situación de aquellos legisladores que acompañen la reforma previsional impulsada por el oficialismo provincial. Según expresó, quienes respalden esa iniciativa estarían alejándose de los principios históricos del movimiento.

Durante sus declaraciones también cuestionó especialmente la postura de la senadora Gladys Domínguez, a quien acusó de incumplir los compromisos asumidos ante el electorado y de apartarse de la doctrina partidaria.

El titular del PJ Paraná también formuló fuertes críticas hacia algunos representantes políticos, a quienes acusó de priorizar intereses personales por encima de las convicciones y responsabilidades institucionales.

Por otra parte, realizó una autocrítica sobre la situación interna del justicialismo entrerriano. Consideró que el partido atraviesa una etapa de debilidad en su conducción y cuestionó la falta de liderazgos capaces de sostener posiciones firmes frente a las diferencias internas.

Finalmente, llamó a recuperar la identidad histórica del peronismo, fortalecer la representación de los trabajadores y reconstruir una propuesta política que permita al justicialismo volver a posicionarse como una alternativa competitiva de cara a las elecciones de 2027. 

El encuentro tuvo como eje la conformación de espacios de trabajo para elaborar propuestas de gobierno en áreas clave como economía, desarrollo humano, seguridad, institucionalidad y sustentabilidad. Pero más allá de lo técnico, lo que quedó expuesto fue un movimiento político en plena reorganización, con señales de una interna que promete ser más abierta y competitiva que en otros tiempos.En los pasillos y en las intervenciones se percibe un clima distinto: hay vocación de poder y decisión de disputar espacios. La lógica del “dedo” que durante años ordenó al peronismo entrerriano aparece hoy más debilitada, con menos margen para imponer nombres y con una dirigencia que busca protagonismo propio. “Hay pocos lugares para los de siempre”, reconocen incluso dentro del propio espacio.

El contexto social también empuja. El malestar económico y las tensiones que se manifiestan en la sociedad parecen haber acelerado los tiempos políticos. En ese escenario, el peronismo empieza a moverse con la expectativa de volver a posicionarse como alternativa frente a discursos que en los últimos tiempos instalaron el “nunca más peronistas”.En ese rearmado, no pasan desapercibidos algunos gestos.

Se advierte un intento de correrse de alineamientos rígidos a nivel nacional, incluso con señales de menor centralidad de la conducción actual del partido, en una estrategia que busca ampliar la base y evitar tensiones internas.

Como ha ocurrido históricamente, el eje de conducción vuelve a tener peso desde la costa del Paraná, mientras que desde Concordia se perciben movimientos para ganar protagonismo y disputar liderazgo territorial.

En paralelo, comienza a tomar forma una corriente que algunos ya identifican como “michelista”, con planteos de renovación y la idea de “barajar y dar de nuevo” dentro del espacio.

El encuentro en Paraná fue, en ese sentido, más que una reunión técnica. Fue el punto de partida de una etapa donde el peronismo entrerriano parece dispuesto a debatir su futuro sin estructuras rígidas, con internas más abiertas y con la mirada puesta en reconstruir una alternativa política en un escenario que, otra vez, comienza a cambiar.

El jefe comunal planteó que este tipo de medidas no contribuyen a fortalecer al espacio y, por el contrario, profundizan divisiones en un momento donde —según su mirada— el peronismo necesita recuperar amplitud, participación y cercanía con la sociedad. En ese sentido, advirtió que en los últimos procesos electorales hubo sectores que no se sintieron representados ni incluidos.

Bravo también hizo hincapié en la necesidad de reconstruir la credibilidad del partido frente a la ciudadanía, señalando que hoy existe una desconexión entre la dirigencia y las demandas reales de la gente. Consideró que el camino debe centrarse en el territorio, en el diálogo con los distintos sectores productivos y sociales, y en la elaboración de propuestas concretas que respondan a la situación económica actual.

En su posicionamiento, diferenció la necesidad de sancionar conductas que perjudiquen al partido, pero cuestionó que se avance en medidas generalizadas que puedan afectar la participación interna. A su criterio, el peronismo debe recuperar su esencia histórica basada en la integración, el debate y la construcción colectiva.

Sin embargo, también dejó entrever que existen dirigentes que, a su juicio, han dañado la imagen del espacio y que deberían ser señalados con nombre y apellido en los ámbitos partidarios correspondientes, para ser evaluados en instancias orgánicas.En este contexto, vuelve a quedar en evidencia un problema estructural del peronismo entrerriano: la falta de mecanismos internos transparentes y participativos.

La reiteración de candidaturas definidas a dedo, sin debate ni consenso, junto a decisiones tomadas en ámbitos reducidos, ha sido una constante que terminó impactando negativamente en el último proceso electoral y en la credibilidad del espacio.

Más allá de las posiciones individuales, lo cierto es que las diferencias políticas dentro del justicialismo difícilmente se resuelvan a través de sanciones o comunicados. La historia del propio partido muestra que los conflictos se olvidan y nunca se plantearon discusión cara a cara, con participación real de la militancia y debate en las sedes partidarias.

Aplicar ese funcionamiento democrático interno aparece hoy como una deuda pendiente si el PJ pretende reconstruir su identidad y volver a representar a la sociedad. 

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos expresó críticas al proyecto del oficialismo que propone crear una comisión especial para analizar la evolución de la deuda pública provincial. Desde el PJ consideraron que la iniciativa “desconoce el trabajo de los organismos de control” y señalaron que la información sobre el endeudamiento ya se encuentra disponible en registros oficiales.

A través de un pronunciamiento, el justicialismo sostuvo que los créditos tomados por la provincia fueron oportunamente fundamentados, aprobados por la Legislatura y sometidos a controles institucionales. En ese sentido, remarcaron que la Contaduría General de la Provincia audita el estado de la deuda y publica información en su sitio oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas ejerce el control posterior correspondiente.Desde el partido también cuestionaron la composición prevista para la comisión investigadora, al advertir que el proyecto contempla una mayoría de representantes del oficialismo. Según señalaron, esto podría afectar la imparcialidad del análisis y generar superposición de funciones con organismos que ya tienen atribuciones de control.

En el comunicado, el PJ sostuvo además que el debate debería enfocarse en la situación actual de las finanzas provinciales.

En ese marco mencionaron el aumento del endeudamiento en pesos, el adelanto de coparticipación utilizado para afrontar el pago de salarios y recientes operaciones de administración de deuda en moneda extranjera.Finalmente, desde el justicialismo afirmaron que la transparencia institucional se garantiza mediante el acceso a la información pública y el funcionamiento de los organismos de control, y consideraron que la discusión sobre la deuda debería darse en ese ámbito.

Durante el tratamiento, el bloque Más Para Entre Ríos decidió no acompañar el dictamen favorable emitido por la comisión.

La presidenta de la bancada justicialista, Laura Stratta, explicó que el espacio no se opone a que se investigue el origen y evolución de la deuda provincial, pero cuestionó la creación de un nuevo organismo cuando ya existen estructuras institucionales encargadas de esa tarea.En ese sentido, recordó que la Contaduría General de la Provincia tiene entre sus funciones auditar la deuda pública y cuenta con información disponible en su sitio oficial, mientras que el Tribunal de Cuentas realiza el control posterior sobre estas cuestiones.

Stratta sostuvo además que la propuesta “genera más dudas que certezas”, y advirtió que el diseño previsto para la comisión superpone funciones con organismos ya existentes. También señaló que el oficialismo tendría una fuerte mayoría dentro del nuevo cuerpo, ya que el proyecto contempla nueve integrantes, de los cuales siete responderían al gobierno provincial.

La iniciativa prevé que la comisión esté integrada por tres legisladores de cada Cámara —con al menos uno de la oposición— y tres representantes designados por el Poder Ejecutivo.

Desde el bloque justicialista también se plantearon objeciones respecto del recorte temporal propuesto para la investigación, que comenzaría en 1995. Según señalaron, muchos de los factores que influyeron en el endeudamiento provincial se originaron antes de esa fecha, como la transferencia de servicios educativos a las provincias, los pactos fiscales y cambios en la coparticipación federal, por lo que consideraron que el análisis debería contemplar al menos el período desde 1991.

Las diputadas Laura Stratta, Andrea Zoff y Lorena Arrozogaray también cuestionaron que el proyecto no incluya la participación de especialistas independientes, como economistas, universidades, organismos de control externo o representantes de la sociedad civil.Otro de los puntos señalados por la oposición es que la información que utilizaría la eventual comisión investigadora provendría de la propia Contaduría General, organismo que indirectamente aparece cuestionado en el planteo del proyecto. Asimismo, indicaron que no se establecen responsabilidades claras para quienes integren ese espacio.

El proyecto continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

Según el documento partidario, Entre Ríos habría perdido $45.337 millones en recursos durante el primer bimestre de 2026, en el marco de una caída general de las transferencias hacia las provincias que, de acuerdo con el PJ, alcanzaría casi un billón de pesos a nivel nacional en ese mismo período.

Desde el justicialismo señalaron que la reducción de ingresos no constituye un dato meramente estadístico, sino que tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la población.

En ese sentido, afirmaron que la menor disponibilidad de recursos afecta el mantenimiento de escuelas, la construcción de viviendas, el estado de las rutas, el funcionamiento del sistema de salud y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El comunicado también atribuye la situación a la caída de la recaudación nacional en términos reales, que —según indicaron— habría registrado una baja de 7,6% en enero y 9,7% en febrero.

Para el PJ, esta tendencia se vincula con un escenario de recesión que impacta sobre el consumo y la actividad productiva, lo que reduce la recaudación del IVA y, en consecuencia, los fondos coparticipables que reciben las provincias.

En ese marco, el documento cuestiona el posicionamiento político del gobernador Rogelio Frigerio, al sostener que el mandatario acompaña el rumbo económico nacional pese a las consecuencias que, según el partido, genera en las finanzas provinciales.

El texto también advierte que, frente a la caída de recursos, el gobierno provincial habría recurrido al endeudamiento en condiciones que consideran desfavorables y trasladado parte de las responsabilidades a los municipios, que —según el PJ— deben afrontar servicios esenciales con recursos limitados.Para la conducción partidaria, este escenario debilita el federalismo al concentrar recursos en el gobierno nacional mientras provincias y municipios enfrentan las consecuencias económicas y sociales.

Finalmente, el comunicado sostiene que la apertura de importaciones y el debilitamiento de la industria nacional agravan la situación económica general, lo que termina impactando primero en las economías regionales.

En ese contexto, el PJ entrerriano concluyó que la provincia ya comienza a sentir los efectos de ese proceso. 

El Partido Justicialista de Entre Ríos expresó duras críticas a la reciente colocación de deuda en los mercados internacionales, al considerar que se trata de una operación realizada en condiciones menos favorables para la provincia. Desde el espacio señalaron que este tipo de decisiones reflejan, a su entender, un rumbo económico que pone en riesgo la estabilidad financiera futura y contradice los cuestionamientos que el propio gobernador había formulado en el pasado sobre el endeudamiento.En el documento difundido, el PJ sostuvo que, a más de la mitad del actual mandato, la gestión provincial debe concentrarse en ofrecer soluciones concretas en lugar de atribuir las dificultades a administraciones anteriores. En ese sentido, remarcaron que la ciudadanía espera resultados y medidas eficaces que permitan revertir el escenario económico.El comunicado también incluyó cuestionamientos a la política salarial y fiscal. Según el análisis partidario, distintos sectores estatales han recibido incrementos que no acompañan el ritmo de la inflación, mientras se registran mayores cargas impositivas y una paralización de obras públicas. Además, advirtieron que el alineamiento político con el gobierno nacional no habría generado beneficios tangibles para Entre Ríos.Otro de los puntos señalados fue la situación de los municipios, que —según el PJ— enfrentan mayores responsabilidades en áreas clave como salud, seguridad y educación, sin contar con el acompañamiento financiero necesario desde el ámbito provincial.En relación con los endeudamientos contraídos en gestiones anteriores, el justicialismo defendió esas decisiones al afirmar que fueron adoptadas dentro de los marcos legales vigentes y con objetivos definidos de financiamiento. También atribuyeron el encarecimiento de los compromisos financieros al impacto de la devaluación registrada al inicio del actual ciclo económico nacional.El PJ concluyó el documento reafirmando su rol opositor y su intención de advertir sobre decisiones que, según su visión, puedan afectar el desarrollo provincial. No obstante, desde distintos sectores se recuerda que la conducción partidaria provincial no manifestó objeciones públicas cuando gobiernos peronistas, como el encabezado por Gustavo Bordet, recurrieron al endeudamiento en los mercados internacionales, una situación que hoy vuelve a estar en el centro del debate político entrerriano.

Según la fuerza opositora, el discurso presentó “un diagnóstico parcial de la realidad provincial”, orientado —afirman— a justificar reformas estructurales bajo un esquema de ajuste y anuncios proyectados hacia el futuro.

Reforma previsional y Caja de JubilacionesUno de los ejes centrales de la crítica fue el anuncio oficial de avanzar en una reforma del sistema previsional provincial. El PJ sostuvo que el planteo del Ejecutivo se apoya en el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero advirtió que el abordaje propuesto tiene un “encuadre ideológico” que podría afectar derechos adquiridos.

En ese marco, señalaron que el gobernador omitió profundizar sobre la deuda histórica que la ANSES mantiene con la provincia, a la que consideran una de las principales causas del desequilibrio financiero del sistema.

Desde el justicialismo remarcaron que cualquier modificación debe preservar el 82% móvil y garantizar la sustentabilidad sin trasladar el costo a trabajadores y jubilados.

Infraestructura y obra públicaEn materia de infraestructura vial, el comunicado cuestionó la viabilidad de la promesa de intervenir el 100% de las rutas provinciales. Según el PJ, el anuncio carece de detalles sobre financiamiento y plazos concretos. También vincularon el deterioro de la red vial con la paralización de la obra pública nacional y advirtieron que, sin inversión sostenida del Estado, será difícil revertir la situación actual.

Empleo y actividad económicaEl documento partidario incluyó un apartado económico en el que describen un escenario de retracción. Allí sostienen que, en lo que va de la actual gestión, se habrían perdido más de 10.000 empleos registrados y que el número de empresas activas en la provincia se redujo en 774 unidades.En ese contexto, cuestionaron la postura del Gobernador frente a la reforma laboral que se debate a nivel nacional y rechazaron el argumento de que la caída del empleo esté vinculada a la llamada “industria del juicio”, calificando esa explicación como insuficiente frente a los datos disponibles.

Situación del empleo públicoOtro de los puntos señalados fue la situación de los trabajadores estatales. Desde el PJ afirmaron que esperaban anuncios vinculados a recomposición salarial, fortalecimiento de la obra social provincial y estabilidad laboral, y expresaron su desacuerdo con lo que interpretan como una “estigmatización del empleo público”.En su posicionamiento, remarcaron que el Estado provincial cumple un rol central en la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, y defendieron la necesidad de un Estado activo como herramienta de desarrollo.

Postura política Finalmente, el Partido Justicialista consideró que el mensaje del gobernador estuvo dirigido a un sector reducido y que no convocó a un amplio consenso social. Reclamaron diálogo y acuerdos para impulsar un proyecto de desarrollo inclusivo.En el tramo final del comunicado, el PJ manifestó su respaldo al paro general convocado para este jueves y expresó su rechazo a cualquier medida que, a su entender, implique retrocesos en derechos laborales.El debate político en la provincia suma así un nuevo capítulo, con fuertes contrapuntos en torno al modelo de gestión, la reforma previsional y el rumbo económico de Entre Ríos. 

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos difundió un documento en el que expresó duras críticas a la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, a quien acusó de llevar adelante una administración “mediocre”, sin políticas públicas visibles y con un fuerte impacto social a partir de la finalización de contratos y despidos en el ámbito municipal.

Según el pronunciamiento partidario, cerca de 150 familias quedaron sin sustento económico tras las desvinculaciones en la Municipalidad, en un contexto que el PJ describió como de “crisis social profunda” atribuida al rumbo económico nacional. En ese marco, el documento sostiene que tanto Azcué como el gobernador Rogelio Frigerio acompañan y replican las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Desde el justicialismo entrerriano señalaron además que a los despidos se suma la situación de alrededor de 240 personas que mantenían vínculo con el Estado municipal bajo la modalidad de monotributo, una cifra que —según remarcan— fue reconocida por el propio oficialismo local.

El comunicado cuestiona especialmente el momento en que se produjeron las desvinculaciones, en plenas fiestas de fin de año, y advierte sobre un “clima de persecución política y revanchismo”. En ese sentido, el PJ afirmó que las bajas laborales alcanzaron a trabajadores de distintas áreas y funciones, muchos de ellos considerados necesarios para el funcionamiento del municipio, sin que se hayan brindado explicaciones claras ni evaluaciones formales de desempeño.

En otro tramo del texto, el Consejo Provincial expresó preocupación por lo que definió como una profundización de discursos y políticas de confrontación, particularmente contra los trabajadores, y sostuvo que la pérdida de puestos laborales es presentada por las gestiones actuales con una lógica de ajuste que consideran incompatible con los valores democráticos.

El documento también amplía las críticas al plano provincial y nacional. Allí se afirma que, tras dos años de gestión, tanto el gobierno provincial como el municipal no exhiben resultados significativos en áreas clave como vivienda, obra pública, mantenimiento de rutas y caminos rurales, ni en políticas de promoción de derechos. Asimismo, remarcan que las paritarias de los trabajadores estatales quedaron rezagadas frente a la inflación.

En relación con las motivaciones de los despidos, el PJ sostiene que existe una decisión política e ideológica detrás de las medidas adoptadas. Como ejemplo, menciona el recorte en el Registro Único de la Verdad, donde se habría desvinculado a más del 60% del personal, lo que —según el documento— refleja un preocupante distanciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Finalmente, el Consejo Provincial del PJ expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y sus familias, y reclamó a las autoridades municipales de Concordia que se reviertan las cesantías y se restituya a los empleados en sus puestos de trabajo, al considerar que la situación genera “incertidumbre y un grave impacto social” en la comunidad.

Este miércoles, el bloque justicialista del Senado entrerriano votó de manera dividida la Ley de Emergencia en Obras Públicas y Viales. Al respecto el presidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Nicolás Parera Deniz, emitió un comunicado en el que criticó arduamente el accionar de los legisladores que respaldaron el proyecto. El texto completo, a continuación:El peronismo nunca creció desde la obediencia automática ni desde el silencio cómodo. Creció cuando tuvo dirigentes capaces de dar la discusión política, aún en minoría, aún sin billetera”.

“Hoy, ya nuevamente en la oposición, el desafío no es solo electoral. Es político. Porque la oposición no existe para ocupar una banca: existe para representar una parte de la sociedad, poner límites, debatir prioridades y evitar que el poder se vuelva rutina sin control”.“Sin embargo, lo que se ve con frecuencia es otra cosa: dirigentes que quedan desdibujados, sin voz propia, sin iniciativa. Se confunde “responsabilidad” con “acompañamiento” y “gobernabilidad” con votar sin chistar. Y en ese movimiento, la oposición se convierte en una especie de escribanía del Ejecutivo”.

“No se trata de oponerse por deporte. Se trata de discutir lo que corresponde discutir: emergencias eternas, delegaciones de facultades, autorizaciones amplias, presupuestos sin control, prioridades invertidas. Si todo se aprueba por inercia, el mensaje que queda es que da lo mismo quién gobierna y para qué sirve la representación”.

“Ahí está el punto de fondo: si el peronismo quiere volver a ser alternativa real en Entre Ríos, no puede construir futuro con dirigentes que solo administran la conveniencia del presente. Necesita conducción, identidad, criterio. Necesita recuperar el hábito de explicar, marcar límites y proponer”.

“Porque cuando los dirigentes peronistas resignan el debate político y acompañan sin cuestionamientos las decisiones del Poder Ejecutivo, no están mostrando responsabilidad institucional: están renunciando a su rol. Y cuando eso ocurre, no solo se diluye una oposición: se rompe el contrato electoral con la gente que los eligió”.

“Rechazamos el desguace del Registro Único de la Verdad y los despidos dispuestos por el gobierno provincial, que significan el vaciamiento de áreas sensibles para la provincia”, sostiene el comunicado.“La decisión respecto al Registro no puede ser presentada como una cuestión administrativa”, cuestionaron y argumentaron: “Se trata de un área del Estado provincial que vela por los Derechos Humanos y constituye el archivo más importante de Entre Ríos sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, un espacio que resguarda la memoria, la verdad y parte esencial de nuestra identidad colectiva”.En ese marco, advirtieron que lo ocurrido forma parte de una política más amplia de retroceso del Estado en áreas sensibles. “Lo que sucede en este organismo forma parte del plan de desguace de Frigerio y Milei, y que implica el abandono de políticas sensibles que protegen a los sectores más vulnerables y representa un grave retroceso en derechos y conquistas logradas con mucho esfuerzo por el pueblo entrerriano”.“No se trata de contratos que finalizan, sino de despidos y vaciamiento. Hablamos de trabajadoras y trabajadores con funciones asignadas, responsabilidades concretas y, en muchos casos, más de diez años de antigüedad en el Estado provincial”, señalaron.En otro tramo del documento, expresaron su solidaridad “con las más de cien familias entrerrianas que hoy enfrentan la incertidumbre de quedarse sin su fuente de ingresos”.El comunicado apuntó directamente a la gestión del gobernador Frigerio: “Detrás de los discursos técnicos y las explicaciones mediáticas del gobernador Frigerio, existe un modelo claro: el achicamiento del Estado y la renuncia a su rol como garante de derechos. Cada despido implica una política pública que se debilita, un programa que se abandona y un derecho que se pone en riesgo”.En ese sentido, manifestaron que el PJ “adhiere y acompaña la lucha de las y los trabajadores para revertir de manera inmediata una medida injusta, innecesaria y profundamente dañina para la calidad de vida y el desarrollo de nuestra provincia”.“Defender Entre Ríos es defender las instituciones del Estado y el trabajo de los entrerrianos”, finalizó el documento.

Alertó sobre las consecuencias que esta medida tendría en el territorio provincial: “En Entre Ríos, el impacto de esta medida sería particularmente grave. Nuestra provincia cuenta con más de 100 escuelas técnicas, agrotécnicas y de oficios distribuidas en todo el territorio, que garantizan igualdad de oportunidades a alrededor de 20 mil estudiantes, sin necesidad de migrar a los grandes centros urbanos”.Según el documento, “la eliminación del Fondo Nacional compromete el financiamiento de laboratorios, maquinaria, insumos para prácticas agropecuarias, condiciones de seguridad e higiene, infraestructura y formación docente”.“En un contexto de recortes sostenidos, esta decisión representa un golpe casi letal al potencial productivo entrerriano”, enfatizaron.El comunicado destacó que, “nuestra provincia tiene un perfil agroindustrial que requiere conocimiento aplicado, innovación y mano de obra calificada. Sin educación técnica fuerte, no hay desarrollo posible ni futuro para nuestros jóvenes”.

El PJ realizó un llamado a Sectores: “Convocamos a todas las fuerzas políticas, a los sectores productivos, educativos y sociales de la provincia a expresarse en defensa de la educación técnica”.En tono crítico, exigió al gobernador Rogelio Frigerio, “que salga del silencio cómplice e interceda ante el gobierno nacional para proteger una herramienta clave para el desarrollo, el empleo y la inclusión social de Entre Ríos”.“Defender la educación técnica es defender el futuro productivo de nuestra provincia”, finalizó el documento.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del órgano, José Cáceres, y reunió a 14 consejeros.

“Debemos recuperar al electorado que se alejó del peronismo”Uno de los tramos centrales del debate giró en torno a los resultados de los comicios en los que la lista Fuerza Entre Ríos (501) quedó en segundo lugar, obteniendo un senador y dos diputados nacionales.Los consejeros hicieron una autocrítica: “Tenemos una causa y una doctrina que deben ser revisadas y actualizadas; debemos volver a conquistar a quienes no fueron a votar o eligieron otras opciones”, expresaron.Se destacó además la necesidad de fortalecer la militancia, recuperar presencia territorial y sostener al peronismo como “herramienta de inclusión y defensa de los intereses nacionales.“Avanzamos en la construcción de un programa de gobierno para 2027”El Consejo informó que viene manteniendo reuniones con distintos sectores del peronismo provincial para integrar equipos políticos y técnicos con vistas a elaborar una plataforma para 2027.La declaración incluyó un enfoque económico y productivo:“El equilibrio fiscal, la producción, la industria y la ampliación de derechos serán ejes centrales para volver a poner en marcha la provincia”.

“Nuestra oposición a Milei y Frigerio será firme y sin dobleces”Durante el encuentro se ratificó el mandato político de los legisladores nacionales y provinciales del PJ.La conducción partidaria sostuvo que la ciudadanía otorgó al peronismo un rol opositor y que ese lugar deberá ejercerse con claridad:“La oposición será con ideas, con proyectos y junto a sectores afines, pero sin ambigüedades”.

Informe financiero y llamado a los aportes partidariosEn el inicio de la reunión, se presentó un informe económico que remarcó la necesidad de que afiliados y afiliadas comprendidos en el inciso C del artículo 23 de la Carta Orgánica efectúen los aportes partidarios obligatorios, considerados clave para el sostenimiento institucional.

“Ir por fuera del PJ fue una afrenta al partido”Uno de los temas más sensibles fue el análisis de pedidos de sanción dirigidos al Consejo y al Tribunal de Disciplina por parte de afiliados de distintos departamentos.Según se informó, ingresaron más de diez notas formales, además de un caudal de presentaciones informales por redes sociales.El documento del PJ fue contundente: “Competir por fuera del peronismo fue una falta grave a la Carta Orgánica y resultó funcional a la alianza entre Frigerio y Milei”.Entre los señalados figuran dirigentes de varios departamentos, incluidos legisladores, exfuncionarios y referentes territoriales.

Sanciones: separación de Gaillard y DomínguezTras el debate, el Consejo resolvió actuar sobre los casos de sus propios integrantes.“Era una responsabilidad insoslayable sancionar a quienes integraban este cuerpo”.Por amplia mayoría se decidió separar de sus cargos en el Consejo Provincial a las dirigentes Carolina Gaillard y Carina Domínguez, ambas presentes en la reunión y notificadas en el momento para ejercer su derecho a defensa.Las actuaciones y las demás solicitudes de sanción fueron remitidas al Tribunal de Disciplina, que deberá analizar cada caso