Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez, según pudo apreciar la Agencia Noticias Argentinas.La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.  De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario. NA.

La resolución fue elevada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se trata de los programas “Volver al Trabajo y de ”Acompañamiento Social”, que antes llevaba el nombre de Potenciar Trabajo. 

Entre las “infracciones” que incluye se encuentran: piquetes, actos de violencia, interrupción de tránsito, alteración del orden público e, inclusive, quienes hayan viajado y efectuado gasto en el exterior. 

Son dos programas que Pettovello, en el inicio de su gestión, dividió en dos. Actualmente, tiene más de 1.200.000 de beneficiarios. La puesta en marcha de la normativa se da a conocer horas después de que la Policía de la Ciudad desalojara la Avenida 9 Julio ayer. 

El enfrentamiento entre la fuerza policial porteña y los piqueteros dejó un saldo de ocho efectivos y dos trabajadores de prensa heridos. Hubo, al menos, 10 detenidos. A su vez, según especificó el Gobierno de la Ciudad, realizaron destrozos por $32.000.000. NA. 

La Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para intervenir frente la acción de inconstitucionalidad presentada por una legisladora porteña contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

Se trata de un planteo formulado por María Celeste Fierro, quien es legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad y autoridad del partido Nueva Izquierda Distrito Capital Federal contra el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, por considerar que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional.

En la presentación judicial se había afirmado que el protocolo “amenaza derechos políticos” y se consideró que “penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.

Este jueves, los jueces de la sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal resolvieron “habilitar la feria judicial y atribuir competencia en la presente causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal”.

Previo a resolver la habilitación de la feria judicial, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco recordaron que las razones de urgencia que determinan la habilitación de la feria judicial -por principio- son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial.

“Teniendo en cuenta el objeto de la acción y los argumentos expuestos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial - en particular, la posible afectación de derechos constitucionales en la aplicación del protocolo y la eventual criminalización de la protesta social - se considera que los mismos revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida”, consideraron los jueces.

En esa línea, señalaron que “debe considerarse a la petición efectuada como comprendida entre las diligencias urgentes a la que se hace referencia en el art. 153 del Código Procesal. En consecuencia, resulta procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”.

En el fallo se recordó que el protocolo cuestionado estableció que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y que también podrán intervenir en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el mismo protocolo se establece que dicha intervención “se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente”.

Sobre ese aspecto, los jueces sostuvieron que “el asunto aquí debatido tiene de modo claro naturaleza penal, en tanto se vincula esencialmente con la actuación que le compete a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en casos en los que se verifique un ´delito Flagrante´”, por lo que “corresponde disponer que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal resulta competente para entender en las presentes actuaciones”.

El planteo del MST, que incluye además el reclamo de que se dicte de una medida cautelar urgente para que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el protocolo ante posibles protestas callejeras, había pasado antes por juzgados de los fueros electoral; contencioso administrativo; y criminal y correccional, que se habían declarado incompetentes. 

La Unidad Piquetera, integrada por varias organizaciones sociales, llevará a cabo hoy miércoles una jornada nacional de protesta con más de 100 piquetes y cortes de calle en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y en diferentes provincias del país.

La convocatoria es para exigir mejores salarios, empleo digno y luchar contra la pobreza, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La protesta se realizará en más de 135 ciudades del país, con cortes de calles y accesos. Además, se anunció una �Sgran marcha⬝ para el 15 y el 17 de mayo próximo.

La Unidad Piquetera afirma que el responsable de la pobreza en el país es el Gobierno y el FMI por la crisis económica que atraviesa la Argentina y que generó más de un millón de pobres en los últimos seis meses y una tasa de indigencia del 8,1%.

El gobierno de la Ciudad compartió un cronograma de manifestaciones previstas para hoy a las 10 horas, y habrá una concentración en el Congreso Nacional a las 12 horas.