La presente causa, impulsada por la Unidad Fiscal de Concordia a cargo del Dr. Fabio Zavaleta, tuvo su génesis a partir de las tareas investigativas desplegadas por la División Antidrogas Concordia de esta Institución, mediante las cuales se logró detectar una vivienda ubicada en el Barrio Sarmiento que era utilizado por un hombre y una mujer para el acopio, fraccionamiento y venta de cocaína al menudeo en la zona.

Con el material probatorio obtenido por los federales, el Juzgado de Garantías Nº3 a cargo del Dr. Francisco R. Ledesma, ordenó el allanamiento a la finca, donde se logró la detención de ambos investigados, argentinos y mayores de edad. Además, se secuestraron cientos de dosis de cocaína, elementos de fraccionamiento, un revolver calibre 22 largo y municiones del mismo calibre, aproximadamente 300.000 pesos en billetes de denominación producto de la recaudación de la venta de la droga, cinco teléfonos celulares y demás elementos de interés.

Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Las diversas tareas de campo realizadas por los uniformados durante varios días, permitieron establecer que una vivienda ubicada en las inmediaciones de Virgen de Fátima entre J. J. Valle y Yamandú Rodríguez era utilizada para el estiramiento, fraccionamiento, acopio, distribución y comercialización al menudeo de cocaína.

Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Dr. Mario Figueroa, ordenó el allanamiento del lugar donde se logró la detención de la pareja y el secuestro más de un centenar de envoltorios con cocaína, más de 300.000 pesos, dólares, elementos de corte, equipos de telefonía celular y demás elementos probatorios que hacen a la causa.

Los detenidos, ambos mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor, por infracción a la Ley de Drogas.

La investigación comenzó en noviembre del año 2022, a raíz de oficio recibido por la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de la Ciudad de Paraná a cargo de la Dra. Melisa Saint Paul en la que se encomendaba la realización pesquisas sobre un grupo de personas que estarían practicando el comercio de estupefacientes al menudeo.

A raíz de ello, se realizaron diversas tareas de campo que permitieron establecer que en un domicilio ubicado entre las calles Juan Bautista Alberdi y Manuel Dorrego de la localidad de María Grande vivían y realizaban las tareas ilícitas los investigados.

Con las pruebas aportadas por los investigadores, el Juzgado de Garantías N° 4 de Paraná, a cargo del Dr. Juan Carlos Vergara, ordenó el allanamiento del lugar donde se logró la detención de 5 personas y el secuestro de 46 dosis de picadura de marihuana, una planta de cannabis sativa de aproximadamente 60 cm de altura, un teléfono celular, 43 municiones calibre 22 y 132.450 pesos en efectivo producto de la venta de los estupefacientes.

Los detenidos, cuatro hombres y una mujer (todos mayores de edad), junto con los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada �SInfracción a la ley de drogas⬝.

Es por ''Abuso Sexual Agravado'' dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 3 Departamento Judicial Moreno Gral. Rodríguez.

Posteriormente el detenido, de 24 años, fue traslado a la sede policial, quedando a disposición del tribunal que lo imputa.

El prófugo tendrá que rendir cuentas a la justicia por haber sido imputado por el abuso de su sobrina en el mes de agosto del corriente año 2021.

La organización tenía formas de engaño disímiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigación que, siguiendo los patrones de profesionalidad que promueven la ministra Sabina Frederic y el Jefe de la PFA, Comisario Juan Carlos Hernández, pudieron desgranar los detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA.

La complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país.

En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria.

Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.

De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.

En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada �SEstafa del Soldado Americano⬝. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima.

El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.

Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.

Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando.

Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda.

Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García.

La organización tenía formas de engaño disímiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigación que, siguiendo los patrones de profesionalidad que promueven la ministra Sabina Frederic y el Jefe de la PFA, Comisario Juan Carlos Hernández, pudieron desgranar los detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA.

La complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país.

En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria.

Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.

De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.

En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada �SEstafa del Soldado Americano⬝. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima.

El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.

Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.

Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando.

Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda.

Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García.

La entrega del represor había sido anunciada el mismo día de su captura, 12 de junio de este año, cuando el gobierno nacional informó que avanzaría velozmente para completar todos los requerimientos para que el Poder Judicial chileno pudiera avanzar con su proceso de enjuciamiento a los responsables de las muertes y desapariciones ocurridas durante la dictadura del vecino país.

El traslado de hoy se concretó luego de un pedido de colaboración por parte de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo de Julián Daniel Ercolini, Secretaría N° 20 a cargo de Fernando Pascual, mediante el cual se solicitó la extradición del detenido de manera inmediata hacia Chile.

De esta manera, Klug Rivera fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, ubicado en el departamento de Las Heras en Mendoza, para ser remitido a autoridades chilenas en el Paso Fronterizo de los Libertadores, distante a 210 km.

Del operativo de hoy participó personal de la D.U.O.F Mendoza, Agencia Regional Federal Cuyo, PFA y la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales y fue monitoreado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde Sabina Frederic fue informada en todo momento del procedimiento.

El ex represor había estado prófugo del Poder Judicial chileno y su captura internacional fue requerida por las Cortes de Apelaciones de Santiago de Chile y de Concepción. Sobre este represor pesaba un Alerta Rojo por Homicidio Calificado y Secuestro Calificado ocurridos durante la dictadura iniciada en septiembre de 1973 tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Klug Rivera fue jefe del campo de detenidos del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 3 en la ciudad de Los Ángeles, Chile, durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Además de haber tenido responsabilidad en los apremios ilegales y asesinatos de trabajadores de dos centrales hidroeléctricas, a Klug Rivera se le imputa la privación ilegítima de la libertad del detenido desaparecido Luis Ángel Cornejo Fernández, un estudiante universitario secuestrado, detenido clandestinamente y torturado por su condición de militante.

Tras haber sido detenido en Italia y extraditado a Chile en 2020, el prófugo apresado en Argentina, había escapado hacia este país con la finalidad de huir hacia Alemania, país en el que pretendía burlar al Poder Judicial chileno debido a la ausencia de convenios de extradición entre esos dos países.

A partir de un eficiente trabajo entre la Dirección Nacional de Migraciones, la PSA y su coordinación con la PFA, se pudo determinar que el prófugo se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez que el juzgado del Dr. Ercolini ordenó su detención y las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación lograron su captura se iniciaron los trámites correspondientes que derivaron en la extradición concretada hoy.

Las tareas investigativas llevadas a cabo por los efectivos federales permitieron establecer que dos hermanos de la ciudad de Santa Fe eran los principales responsables de una organización que adquiría pasta base y elaboraba clorhidrato de cocaína para luego distribuirla a varios proveedores de la capital santafecina. Uno de ellos (identificado como el eslabón importante de la organización criminal), además, enviaba -mediante encomiendas-, cocaína y marihuana disimulada dentro de baldes de pintura hacia la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, y de allí continuaba la cadena de distribución hacia las localidades de Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores, todas ellas próximas a la Ruta Nacional 40, oeste de la misma provincia.

Según logró establecer la investigación criminal un docente químico -ex Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional del Litoral de la Provincia de Santa Fe- conseguía precursores químicos para la producción de pasta base y/o estiramiento del clorhidrato de cocaína, trabajo que llevaba a cabo gracias a sus saberes profesionales.

Una vez que la investigación pudo determinar el rol de cada miembro de la organización criminal se logró detectar que una de las personas involucradas mandaría una encomienda con estupefacientes escondidos dentro de 4 baldes de pintura. Llegados a esa instancia, con anuencia del Juzgado interventor se procedió a interceptar el envío de las drogas en el Centro de Distribución de la Empresa Vía Cargo de la localidad de Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires. Allí se incautó cocaína y marihuana.

El armado y seguimiento de este operativo estuvo enmarcado en las prácticas de investigación que Sabina Frederic y las autoridades de la PFA vienen promoviendo dentro de la Fuerza Federal como parte de la profesionalización del trabajo preventivo contra delitos complejos y federales como es el narcotráfico. Desde 2020, la ministra de Seguridad de la Nación ha redoblado los esfuerzos del trabajo de la PFA en materia de investigación criminal, lo que redunda en la neutralización de delitos y en la desarticulación de organizaciones criminales de grandes dimensiones y estructuras organizadas. A su vez, el incremento del trabajo de articulación de la PFA con el Poder Judicial posibilita un abordaje integral de estas organizaciones delictivas, lo que conlleva que el trabajo contra el narcotráfico apunte a las jerarquías más altas de su conformación. De ese modo, las Fuerzas y el Poder Judicial impiden que las mismas se recreen reemplazando a sus eslabones más endebles.

Efectivamente, debido a dicho exitoso operativo, el Juzgado Federal de Caleta Olivia a cargo de la Dra. Marta Isabel Yañez, Secretaria Penal del Dr. Miguel Biscardi ordenó efectuar 21 allanamientos simultáneos en las localidades de Caleta Olivia, Perito Moreno y Los Antiguos (Santa Cruz), en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), donde se detuvo a 13 personas involucradas. Además, en esos allanamientos se incautaron 6 kilos de cocaína, pasta base, cogollos de marihuana, 6 autos particulares, 2 motos, 2 armas de fuego, una gran cantidad de dinero en efectivo (tanto en moneda nacional como extranjera), 47 teléfonos celulares, notebooks, pen drives, dvr, elementos destinados al estiramiento, fraccionamiento y comercialización de distintas drogas y documentación relevante para la causa judicial. Las personas detenidas, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa por infracción a la �SLey de Drogas⬝, 23.737.

Invitados por el Comisario General Juan Carlos Hernández, nuevo Jefe de la Policía Federal, Mayda y Enrique Cresto concurrieron al acto de asunción de las nuevas autoridades de la fuerza, en el Patio de las Palmeras del Departamento Central de Policía en la Ciudad de Buenos Aires. 

De la ceremonia participaron la Dra. Sabina Frederic, Ministra de Seguridad de la Nación, y Eduardo Villalba, Secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, quienes tomaron juramento a Juan Carlos Hernández y Osvaldo Rubén Mato, designados Jefe y Subjefe de la Policía Federal Argentina, respectivamente.

La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, destacó la importancia del trabajo de investigación de la Policía Federal en diversos ámbitos, así como también la necesidad de mantener su modernización, profesionalización y un abordaje con perspectiva de género al momento de realizar su trabajo y vincularse con la comunidad. Además, resaltó la relevancia de un accionar transparente para enfrentar y prevenir el delito, así como también la importancia de la rigurosidad en la formación de nuevos agentes de la fuerza.

A su turno, el nuevo Jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, agradeció por su designación al Presidente Alberto Fernández, a la Ministra Sabina Frederic, y a su antecesor en el puesto, el Comisario General Néstor Roncaglia.