La votación concluyó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, informó el diario El Comercio.El Parlamento acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, tras revelarse reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.Asimismo, convocó a una sesión para hoy miércoles a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en diez años.Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.Tras la finalización del mandato constitucional de Ollanta Humala (2011-2016) se fueron sucediendo Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016- 23 de marzo de 2018), Martín Vizcarra (23 de marzo de 2018-9 de noviembre de 2020), Manuel Merino (10 de noviembre de 2020-15 de noviembre de 2020), Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020- 28 de julio de 2021), Pedro Castillo (28 de julio de 2021-7 de diciembre de 2022), Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022-10 de octubre de 2025) y ahora José Jerí (10 de octubre de 2025-17 de febrero de 2026).

La Real Academia Española (RAE) presentó este lunes en Arequipa (Perú), en vísperas del inicio del X Congreso Internacional de la Lengua Española, la primera edición impresa del Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE), una obra que culmina más de un siglo de trabajo académico.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, calificó el lanzamiento como “un hito que culminó 112 años de trabajos” y explicó que esta edición, de carácter “panhispánico”, reúne en diez tomos y más de 20.000 páginas los avances alcanzados por las Academias de la lengua del español.

Durante la presentación, realizada en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín, Muñoz Machado señaló que se trata de un “avance” destinado a completarse en el futuro y anunció que no habrá más ediciones en papel. “La consulta digital es más eficiente”, afirmó.María José Rincón González, de la Academia Dominicana de la Lengua, destacó que el DHLE es una obra “nativa digital y panhispánica” que traza la evolución gráfica y semántica del español. “Las palabras a veces son reticentes a dejar ver lo que hay detrás de ellas; la lexicografía histórica hace ese trabajo”, sostuvo.El proyecto, retomado en el Congreso de la Lengua de Sevilla en 2019, fue reconocido por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) como iniciativa panhispánica y constituye un esfuerzo conjunto para describir la historia del léxico del español desde sus orígenes hasta la actualidad.

El Congreso de Perú destituyó a primera hora de este viernes a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago que fue aprobado con el voto de 118 congresistas. El presidente del Congreso, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada como presidente interino del país, en medio de una profunda crisis política y de inseguridad.Boluarte, de 63 años, fue apartada del cargo que ejercía desde diciembre de 2022. Esta decisión la convierte en la séptima presidenta que pasa por el cargo desde 2016, un reflejo de la inestabilidad política que vive Perú, con dos mandatarios destituidos, dos que renunciaron y uno que completó su mandato interino antes de la actual situación.

Destitución por “incapacidad moral” y críticas a la inseguridadLa mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su “permanente incapacidad moral” para dirigir el ejecutivo. La principal razón esgrimida por los congresistas fue la crisis de inseguridad que azota al país, con un aumento de la extorsión y la criminalidad.“El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.Boluarte se rehusó a presentarse ante el Congreso para defenderse, alegando su abogado, Juan Carlos Portugal, falta de garantías al “debido proceso” por el poco tiempo para preparar la defensa.

Sin apoyo y bajo escándaloLa mandataria carecía de bancada propia y de apoyo popular, lo que limitó su margen de maniobra. Aunque logró tejer pactos burocráticos con fuerzas conservadoras para evitar pedidos de vacancia, su gobernabilidad se deterioró notablemente en los últimos meses por la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.Su gestión estuvo marcada por varios escándalos y procesos judiciales:Protestas iniciales: Investigada por la fiscalía por la represión de protestas que dejaron medio centenar de muertos tras asumir en 2022.Abandono de cargo: Procesada por presunto abandono de cargo al operarse la nariz sin avisar al Congreso.Rolexgate: Escándalo en 2024 cuando apareció con joyas de lujo no declaradas.Con su destitución, Boluarte perderá el fuero y podrá ser enjuiciada y condenada. José Jerí asumirá de manera interina, mientras Perú tiene programadas elecciones generales para abril de 2026.

El ex alcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero publicó un video en el que aparece plantando la bandera colombiana en la isla Chinería, que Perú reclama como propia, lo que provocó la respuesta desde este país, informaron medios internacionales.

La campaña ocasionó una nueva reacción de la Cancillería peruana, pero también, un grupo de pobladores y uniformados acudió a la isla y se encargó de emplazar el pabellón de las franjas verticales rojas con la blanca en medio.

La Cancillería de Perú declaró su preocupación por “la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería  -distrito Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”.

Es el nuevo capítulo de una disputa que escaló el 7 de agosto, día de la independencia de Colombia, cuando el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso desde Leticia, capital del departamento de Amazonas, en el que desconoció la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa.

Dos días antes, el 5 de agosto, Petro aseguró que Perú violó el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra entre los dos países entre 1932 y 1933, al decretar una ley que crea un municipio o área administrativa en una isla en el río Amazonas cuya soberanía es disputada por Bogotá.

Ese distrito, ubicado en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, fue creado en julio de 2025 mediante una ley aprobada por el congreso del primer país, para reconocer una formación sedimentaria surgida como una extensión de la isla peruana Chinería, por los cambios de los últimos 30 años en el cauce del río Amazonas.

Un día después del discurso de Petro, Dina Boluarte denunció una supuesta violación del espacio aéreo de su país, cuando un avión militar colombiano Súper Tucano sobrevoló la Amazonía peruana, lo que derivó también en una una nota diplomática de protesta.

Finalmente, este miércoles un grupo de peruanos residentes de la isla Chinería se acercó al nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto para izar la bandera del Perú, en el mismo lugar donde días antes el precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, puso la de Colombia.

De acuerdo a la prensa local, también arribaron de otras zonas aledañas, con más banderas, para respaldar la posición del Estado peruano sobre el territorio, según informaciones de los sitios France 24 y Actualidad RT. (Noticias Argentinas)

“A raíz del acontecimiento de Pataz, como Gobierno decidió, en las próximas horas, mientras trabajamos el marco legal, a partir de entonces, se declara el toque de queda en todo el distrito de Pataz, desde las 06:00 de la tarde hasta las 06:00 de la mañana”, anunció la mandataria en una transmisión televisada desde el Palacio de Gobierno de Lima.Boluarte informó que se decidió instalar una base militar en la localidad mencionada, donde las Fuerzas Armadas “tomarán el control” de la zona de la compañía minera La Poderosa, según la agencia de noticias Xinhua.Otra medida en la que avanzarán es solicitar facultades legislativas al Congreso “para legislar en materia de terrorismo urbano”, al tiempo que exigió a esa institución sacar “el marco legal para denominar a estos actos de terrorismo (como) terrorismo urbano”.Boluarte explicó que la última petición, que tiene más de 100 días en el Parlamento, permitirá a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuar “dentro del marco legal” contra esas acciones criminales, que incluye las olas de extorsión que se viven en Lima.“En esta semana vamos a presentar al Congreso facultades legislativas para legislar sobre este tema de terrorismo urbano, porque la vida de las hermanas y los hermanos no puede pender de estos delincuentes”, prosiguió.Añadió que ahora se suspenderá “toda actividad minera en la provincia de Pataz, por 30 días prorrogables, para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional”.Boluarte hizo además un llamado de atención al Ministerio Público, tras afirmar que han tenido conocimiento de que la persona que aparentemente lideró el asesinato de los 13 trabajadores, un ciudadano de alias “Cuchillo”, fue detenido por la policía en 2023 y posteriormente puesto en libertad por la Fiscalía.“¿En qué quedamos? En que, desde el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional salen a las calles a querer colocar seguridad, tranquilidad, paz; capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público, y ellos lo liberan”, cuestionó.Se debe recordar que al menos 13 trabajadores de seguridad que prestaban servicio a la empresa minera Poderosa en Pataz, fueron hallados sin vida ayer domingo, luego de haber sido reportados como secuestrados por mineros ilegales el pasado viernes. NA.

La propuesta del Ejecutivo para que militares estadounidenses entren al país sudamericano del 4 al 24 de noviembre con armas recibió la aprobación de 63 congresistas, mientras que 23 la rechazaron y siete se abstuvieron.“Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 9307. Señores congresistas (...) el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación”, expresó tras la votación el presidente del órgano legislativo, Eduardo Salhuana.La resolución contempla el ingreso de 600 efectivos militares para “brindar” apoyo administrativo, logístico y de seguridad antes, durante y después de las reuniones del APEC 2024 que tendrán lugar en las ciudades peruanas de Lima, Pisco y Chiclayo del 10 al 16 de noviembre próximo.El personal militar ingresará al país con helicópteros, tanqueros, fusiles y camiones, entre otros equipos de comunicación y apoyo.El Gobierno de Perú ha aclarado que la ejecución de las actividades objeto de la autorización será financiada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por lo que no generará gasto adicional al Estado peruano.El documento fue expuesto ante la plenaria por la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, Adriana Tudela, quien explicó que se ha pedido autorizar el ingreso del personal militar para “brindar apoyo administrativo, logístico y de seguridad al presidente de los Estados Unidos (Joe Biden), antes, durante y después” de las actividades del APEC.Sostuvo que la autorización no afecta en forma alguna la soberanía e integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares extranjeras. Fuente: Xinhua 

El autobús de la empresa “Turismo Molina Unión SAC” se salió de la carretera a la altura del sector Ccarhuaccpampa, en el distrito de Paras, provincia de Cangallo, región Ayacucho, y cayó a un barranco de unos 200 metros de profundidad, señaló el jefe de la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional, Jhonny Rolando Valderrama, citado por la agencia estatal Andina de noticias.“De manera extraoficial serían 21 las personas fallecidas”, subrayó Valderrama, quien agregó que en el autobús viajaban unos 40 pasajeros.El accidente se registró alrededor de las 5 (hora local), muy cerca de la localidad de Rumichaca, en la vía nacional Los Libertadores que cruza por el límite de las regiones Huancavelica y Ayacucho, cuando el autobús con placa A7E957 cubría la ruta Lima-Ayacucho.El director regional de Salud de Ayacucho, John Tinco, informó a la privada Radio Programas del Perú que hasta el momento se habían contabilizado 15 heridos, algunos de ellos con traumatismo craneoencefálico y fracturas, por lo que fueron trasladados al hospital regional.Al lugar del accidente fueron movilizadas cinco ambulancias de establecimientos de salud locales, así como de la Compañía de Bomberos y la Sanidad Policial.En tanto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) verificó que el vehículo contaba con el Certificado de Inspección Vehicular vigente.En mayo pasado, la región de Ayacucho fue escenario de otro accidente de autobús en el que fallecieron 17 personas, entre ellas el excontralor General de la República y excongresista Edgar Alarcón Tejada. Fuente: Xinhua   

Aunque todavía resta definir el once que elegirá el técnico para el partido ante Perú, se sabe que en la defensa habrá varios cambios y solo uno de los cuatro que fueron titulares ante Chile repetirian en el partido del sábado. Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Nicolás Otamendi son los suplentes que más chances tienen de ocupar un lugar entre los defensores. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico será el titular, ya que Marcos Acuña se lesionó y no estará disponible como opción.

La otra alternativa es el ingreso de Nico González, ya que como el Huevo se perderá los cuartos, si el cuerpo técnico prefiere no arriesgar al ex-Banfield, el atacante ya ha ocupado ese lugar de la cancha, incluso jugó ahí frente a Guatemala en el amistoso previo.

En el mediocampo Giovani Lo Celso y Leandro Paredes tienen asegurado un lugar, mientras que Exequiel Palacios tiene chances de jugar. Si no lo hace, su reemplazante será Enzo Fernández, quien probablemente tenga minutos para continuar sumando rodaje tras la operación que tuvo hace unos meses de una hernia inguinal. 

En la delantera, Lautaro Martínez jugará su primer encuentro como titular en la Copa América 2024, certamen del cual es el goleador con dos tantos, pero la duda está entre Alejandro Garnacho y Valentín Carboni. La elección entre uno y otro dependerá de si juega Ángel Di María o no, ya que el ex-Rosario Central ocupa por lo general el rol de extremo por derecha, lo que dejaría al nacido en España con más chances de meterse en el once ante el jugador del Inter. Todo indica que tanto Fideo como el juvenil de Manchester United serán de la partida.

La formación de la Selección Argentina vs. Perú, por la Copa América:Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios o Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni. TyC.

La debutante selección canadiense celebró su primer triunfo en la Copa América, con gol de Jonathan David, el primero de la historia también, a un Perú que hipotecó su clasificación a los cuartos de final del torneo que se disputa en Estados Unidos y se jugará su última chance ante el equipo de Lionel Scaloni.

El partido tuvo un pasajero dominio inicial del combinado sudamericano en medio de un intenso calor que provocó el desmayo del segundo asistente arbitral. En el minuto 34 Gianluca Lapadula marcó de cabeza, en el arco de un inmenso Maxime Crépeau, tras un centro de Marcos López pero el asistente tenía el banderín levantado por fuera de juego. En los minutos finales del primer tiempo, acaso por el intenso calor que se registra en Kansas City, con una sensación térmica de 40 grados dentro de la cancha, el segundo asistente arbitral, el guatemalteco Humberto Panjoj se desplomó en la cancha.

Pero fue en el segundo tiempo cuando se desplomó el conjunto dirigido por Jorge Fossati. Una tarjeta roja en el minuto 59 para Miguel Araujo por una entrada violenta que el árbitro revisó con ayuda del VAR y el gol de David en el minuto 74 sentenciaron a los peruanos y le dieron la primer victoria de su flamante historia en copas América a Canadá. TyC Sport.

El megapuerto, con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares comenzaría a operar a fines de año, según la empresa china que se está encargando de la construcción, Cosco Shipping Ports.

La ministra brasileña de Planificación, Simone Tebet, visitó el puerto a principios de esta semana y habló con Arista sobre la posibilidad de utilizarlo como ruta para la exportación de productos brasileños, informó la agencia de noticias Andina.

Los Ministerios de Agricultura y Planificación brasileños no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters.

Una delegación de empresarios brasileños visitó el año pasado el puerto de aguas profundas situado en el pueblo pesquero peruano de Chancay, en el Pacífico, que será el primero controlado por Pekín en América del sur.

Aunque el terminal dará principalmente una puerta clave a China a la región, también servirá como una ruta de comercio de otros países, como Brasil, que reduciría en dos semanas la puesta de sus productos al mercado de Asia.

Arista afirmó que Tebet planea conversar “directamente” con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para comentarle sobre las posibilidades de exportación de productos brasileños a través de este puerto del Pacífico.

Tebet quiere “organizar una visita del presidente Lula Da Silva a la mandataria Dina Boluarte con el fin de estrechar vínculos y hacer posible esta integración entre Brasil y Perú gracias al puerto de Chancay”, declaró, según Andina.

El funcionario peruano ratificó que el Gobierno busca crear una zona económica especial en el norte de Lima para desarrollar Chancay, además de crear una sede de Aduanas en el puerto. NA.

El Congreso de Perú rechazó este viernes admitir a trámite una propuesta de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, basada en que habría infringido la Constitución al viajar al extranjero y ejercer de manera remota.

La propuesta, que había sido presentada por varios congresistas del partido Perú Libre, contó con 28 votos a favor, 69 en contra y seis abstenciones.

De acuerdo con el partido, Boluarte habría infringido hasta cinco artículos de la Constitución al viajar al extranjero y no dejar a nadie a cargo del control del país.

Según el legislador Flavio Cruz, el viaje de Boluarte “constituyó abandono de cargo y del despacho presidencial”, una infracción a la Constitución que se sanciona con la destitución, consignó la agencia de noticias AFP.

El viaje fuera del país sin un vice incumple lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución nacional, alegan los parlamentarios, que remarcan que una ley no puede estar por encima de la carta magna.

Desde que Boluarte reemplazó en el cargo al destituido Pedro Castillo, no existe la figura del vicepresidente en Perú, a quien correspondería, según la legislación, remplazar al mandatario cuando se encuentre fuere del país.

Las salidas de la presidenta, avaladas por el Congreso, se dieron gracias a una ley que le permitía ejercer el cargo “a través de tecnologías digitales, de manera excepcional” en caso de viaje al extranjero.

En su primer viaje al exterior, Boluarte estuvo en agosto pasado en Brasil para asistir a la IV Reunión de presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), donde se abordaron temas sobre el medio ambiente.

Esta es la tercera moción de vacancia contra Boluarte en poco más un año de gestión. La primera proponía removerla por las muertes durante la represión a las protestas que siguieron a su asunción, y la segunda se presentó con argumentos similares a la actual.

En busca una de las dos plazas para los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en París este año, la Selección Argentina sub-23 venció a Perú por 2 a 0 por el Preolímpico que se disputa en Venezuela. El encuentro se disputó en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Carabobo.

El equipo dirigido por Javier Mascherano empató ante Paraguay en la primera fecha, en un partido que dejó más dudas que certezas pero que sirvió para arrancar sumando puntos en el torneo.

Para ganar los primeros tres puntos ante el conjunto incaico, Mascherano alineó a Brey; García, Di Césare, Valentini y Barco; Cristian Medina, Juan Sforza y Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Santiago Castro y Thiago Almada.

El entrenador movió el banco de suplentes desde temprano, ya que en el primer tiempo reemplazó a Di Césare por Gonzalo Luján. Ya en el inicio de la segunda etapa, Mascherano sacó al leproso Juan Sforza para que ingrese Juan Ignacio Nardoni, aunque no fue el único movimiento en el mediocampo: también salió Medina para que ingrese Baltasar Rodríguez.

Si bien a la selección argentina le anularon un insólito gol en el primer tiempo por un offside mal cobrado, a los 8 minutos de la segunda etapa llegó la primera anotación del partido gracias a Thiago Almada, que salió campeón del mundo en Qatar 2022 y es capitán del equipo. El gol fue de penal, cobrado tras una falta a Valentín Barco en la puerta del área.

Hacia el final del partido, Argentina aumentó la ventaja gracias a una buena jugada colectiva que terminó capitalizando el delantero Luciano Gondou, quien previamente había ingresado en lugar de Santiago Castro.

Con este resultado, el equipo argentino comparte la punta del grupo B con Paraguay. Los tres seleccionados, contando a Perú, comparten la zona con Chile y Uruguay, que tiene la base campeona del mundo sub-20, que se consagró el año pasado en el Mundial de la categoría disputado en Argentina, y cuenta con Marcelo Bielsa en la dirección técnica del equipo.

Los dos primeros de cada grupo pasan a semifinales y quienes puedan disputar la final, además, conseguirán las dos plazas que otorga el torneo para disputar los Juegos Olímpicos París 2024.

El encuentro se jugará en el Polideportivo Misael Delgado, en la ciudad de Valencia, desde las 20 (hora de Argentina) y será televisado por DSports y TyC Sports. Previamente, a las 17, debutará Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, ante Paraguay, en el mismo escenario, y se podrá ver por la señal DSports.

La Argentina rescató una agónica igualdad ante Paraguay en el debut –con un gol de Luciano Gondou– en un partido que fue sufrido por el equipo de Mascherano, que recién mostró su mejor versión cuando el DT se decidió por realizar significativos cambios.

Fueron fundamentales los ingresos de Claudio “Diablito” Echeverri –quien logró desnivelar a la dura defensa guaraní en base a velocidad y habilidad–; de Federico Redondo en el mediocampo; y el aporte goleador de Gondou. Antes de esas variantes, Argentina fue un equipo sin sorpresa en el medio juego, con escasa presión ante la salida del adversario y con una defensa que nunca dio una sólida imagen, en especial cuando sus marcadores de punta, Joaquín García y Valentín Barco, pasaron al ataque y no hubo relevos.

La zona media no contó con el juego que se esperaba por parte del campeón mundial Thiago Almada, ni tampoco aportó Cristian Medina, siendo uno de los puntos más altos el arquero boquense Leandro Brey.

Este certamen no permite resbalones: solo los dos primeros de cada zona avanzarán al cuadrangular final en donde se decidirán los dos pases para París 2024. Argentina resignó dos puntos en el debut, le restan nueve por jugar y tres de ellos ante Uruguay, el adversario más fuerte, por lo tanto un triunfo ante Perú será imprescindible.

Perú, dirigido por José Guillermo Del Solar, ganó 1-0 un partido muy duro ante Chile con gol de Franchesco Flores. Su figura fue el arquero de Universitario de Lima, Diego Romero, y terminó con un hombre menos por la expulsión del defensor Mathias Llontop.

El desarrollo del partido de Perú fue muy similar al de Argentina si se toma en cuenta que el juego de los incaicos mejoró con los ingresos en el segundo tiempo de los delanteros Flores, Guillermo Larios y Juan Pablo Goicochea.

En el historial en Preolímpicos, jugaron en siete ocasiones con cuatro triunfos de Argentina y tres empates, 12 goles albicelestes y cinco peruanos.

Posibles formaciones

ARGENTINA: Brey; J. García, Di Césare, Valentini, Barco; E. Fernández, Redondo, Medina; Echeverri; Gondou, Almada. DT: Javier Mascherano.

PERÚ: Romero; Villacorta, Noriega, Lutiger, Pósito; Burlamaqui, Soyer, Rojas; Acues, Vásquez, Guzmán. DT: José Del Solar.

Estadio: Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Venezuela). Hora: 20:00. TV: TyC Sports y DSports.

El Ejército de Perú patrullaba la frontera con Ecuador con el apoyo de drones, vehículos y armamento, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de un plan dispuesto por el Ministerio de Defensa para prevenir hechos de violencia que pudieran originarse en el país vecino, agobiado por una espiral de violencia que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar una guerra frontal contra el narcotráfico.

Como parte de esta misión, la Primera Brigada de Infantería movilizó dos patrullas equipadas con drones, vehículos y armamento para realizar labores de vigilancia de la frontera de 1.400 kilómetros de largo, refirió el medio peruano Gestión.

Una patrulla integrada por personal del Batallón de Infantería Motorizado 5 se desplazó desde el Fuerte Zarumilla hacia el sector Pesqueros, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en el departamento norteño de Tumbes, precisó la cartera de Defensa.

A su vez, una segunda patrulla del Batallón de Infantería Motorizado 11 se movilizó desde el Fuerte Papayal hacia el sector Dos Bocas y La Pampa, en el distrito de Papayal, en la provincia de Zarumilla.

Por otra parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, informó que su Gobierno está coordinando con la Cancillería y la Policía de Ecuador la extradición de presos peruanos que se encuentran en cárceles ecuatorianas.

El anuncio se produjo luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara que va a deportar a 1.500 delincuentes.

“Estamos en plena coordinación. Hay un primer acercamiento a nivel Policía Nacional de Perú (PNP) y Cancillería. Este tipo de acciones deben efectuarse bajo procedimiento de extradición, no es sencillo. Hemos brindando todo el apoyo legal y a nivel de la PNP a Ecuador”, detalló el Ministro tras un acto oficial en Lima, reportó el diario ecuatoriano Primicias.

El 10 de este mes Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador, luego de la crisis originada por ataques del narcotráfico en el país vecino.

“Se va a declarar la emergencia en todos los departamentos (regiones) fronterizos con Ecuador”, dijo entonces el primer ministro Alberto Otárola en declaraciones a periodistas.

La fiscalía de Perú pidió este viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y “perpetrar un golpe de estado” en diciembre de 2022.

“Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública”, informó la fiscalía a través de la red social X.

El juez Juan Carlos Checkley deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación, según consigna la agencia de noticias AFP, sobre el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios.

De la misma forma, la Fiscalía también pidió por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, informó la agencia de noticias Europa Press.

La fiscalía reclamó también 15 años de cárcel para el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres, por el delito de rebelión.

Los hechos por los que se acusa a Castillo

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un “gobierno de excepción”.

Este hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno del cuerpo lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia, según consigna la agencia de noticias Sputnik.

Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención.

Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, que es conocida como cárcel de los expresidentes, porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori.

Castillo también cumple una pena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, ya que la Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú.

Incapaz de dar rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori.

El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuya presidencia cumplió en diciembre pasado un año en medio de una marcada tensión social, una relación tirante con el fragmentado Parlamento y una fuerte recesión económica.

El expresidente de Perú Alberto Fujimori seguirá en prisión, según resolvió este viernes el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación.

El magistrado dispuso "declarar improcedente la ejecución de la sentencia de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori y devuelve todos los actuados al Tribunal Constitucional (TC)".

Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la justicia revocó el beneficio.

Además, fue condenado por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y permanece recluido actualmente en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, en Lima.

En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario. Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.

El martes pasado se publicó una resolución del TC en la que se rechazaban dos pedidos de aclaración y, según indicó después ante los medios el propio presidente del tribunal, Francisco Morales, con ello se "despejaba el camino" para que recuperara la libertad.

"La voz del tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla", dijo Morales, citado por el diario local El Comercio. Con su resolución del martes, además de rechazar los pedidos de aclaración, el TC también remitía todo lo actuado al juez de ejecución del habeas corpus "a fin de que proceda conforme a sus atribuciones".

En sí misma, la resolución de apenas cinco páginas no era explícita respecto a la excarcelación, lo que lejos de aclarar la situación generó toda una polarización y debate jurídico respecto a si debía proceder o no. Sobre todo porque en abril del 2022, luego de la emisión de la sentencia del TC a favor de Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como parte de un proceso de supervisión de cumplimiento, dispuso al Estado peruano "abstenerse" de ejecutarla debido a que se no habían cumplido con las "condiciones" establecidas previamente por la corte. Para algunos especialistas, ello se encuentra a la fecha vigente, pues no hay otra disposición en la que se señale lo contrario. Sin embargo, el propio Morales indicó que, si bien los integrantes del máximo intérprete de la Constitución valoran mucho "las opiniones de la corte, corresponde al tribunal determinar la libertad de los peruanos en territorio nacional".

La Corte IDH había emplazado ayer a Perú para que en el término de una semana informe el estado de cumplimiento de la sentencia que le ordenó no indultar a Fujimori, un día después de que la justicia dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo. El pedido se conoció un día después de que el TC rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo. A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.

Amenazas de muerte lanzadas públicamente por delincuentes venezolanos y ultimátum dados en respuesta por organizaciones peruanas configuran un cuadro explosivo en Lima, ciudad azotada por el fantasma de la inseguridad.

"Comenzaremos a matar a todos los motorizados (mototaxistas) peruanos que estén en los paraderos de (el distrito limeño) La Victoria", advirtieron hombres armados que se identificaron como miembros de la banda venezolana Los Gallegos, en un video difundido por las redes sociales.

"Si no hay pan para los venezolanos trabajadores, no habrá pan para los peruanos que apoyan la xenofobia", agregó el vocero del grupo, formado ante las cámaras por unos 15 encapuchados vestidos de negro que exhibían fusiles y otras armas sofisticadas. Los Gallegos, grupo que al igual que Hermanos Sicarios, Hijos de Dios, Dinastía Alayón y Cota 95 actúa bajo el paraguas del Tren de Aragua, una gran organización criminal venezolana que actúa en varios países latinoamericanos, respondía así a amenazas "xenófobas". Esas amenazas, lanzadas por organizaciones clandestinas de peruanos que se dicen hartas de la delincuencia llegada desde Venezuela, son a la vez una respuesta al margen de la ley frente a la explosión de delitos como la extorsión, el secuestro y el robo, atribuidos en buena parte a los inmigrantes.

A Perú llegaron en los últimos años cerca de 1,6 millones de venezolanos que escapan de la crisis de su país.

Aunque la mayoría se dedica a actividades lícitas, unos 150.000, según calcula el exministro del Interior y actual congresista Fernando Rospigliosi, son delincuentes.

Una de sus actividades más lucrativas es la extorsión. Las víctimas van desde empresarios medianos que tienen que pagar más de 10.000 dólares para evitar atentados contra sus vidas o propiedades, hasta mototaxistas o vendedores ambulantes a los que se aplica una cuota diaria de cinco soles (1,3 dólares).

La extorsión está desbordada en Lima y, en especial en zonas periféricas, abundan testimonios de personas obligadas a pagar por lo que las bandas llaman "protección". Asesinatos y atentados con explosivos se producen a diario como represalia a quienes no cumplen con su cuota.

Cerca de la mitad de los 33 millones de habitantes del Perú no tienen asegurada su alimentación, reveló la ONU, un fenómeno que convive con el estancamiento económico, el rechazo a la clase política, el aumento de la delincuencia y la amenaza de nuevos desastres naturales.

"Las familias en inseguridad alimentaria no están comiendo lo suficiente porque no tienen más recursos. Están comprometiendo seriamente su salud y sus medios de vida", dijo la representante local del Programa Mundial de Alimentos (PM), Sarah Laughton, en una entrevista con el diario limeño La República, en la que resaltó que la situación es especialmente crítica para alrededor de 3,5 % de la población.

"La desnutrición crónica está en aumento por primera vez en 17 años y afecta a 11,7 % de los niños.

Toda esa situación afecta las capacidades de las personas y las del país. Impacta también en lo económico", señaló esta semana la funcionaria.

La economía peruana, que durante los primeros años de este siglo se convirtió en una de las de mayor crecimiento en América Latina e incluso en el mundo, al punto que algunos funcionarios presumían de un "milagro", perdió su impulso en los últimos meses en medio de factores que también afectan a los demás países, como la pandemia de covid y la guerra en Ucrania.

Para este año hay alarma frente a un posible decrecimiento. El Producto Bruto Interno bajó en agosto 0,63%, según datos entregados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con lo que completó cuatro meses consecutivos en caída.

El ministro de Economía, Alex Contreras, ya anticipó que las cifras de septiembre también pueden ser negativas, con lo que se completarían tres trimestres consecutivos a la baja. Los expertos confían en que la campaña navideña permita reflotar un poco en el último trimestre del año.

Por ahora, el Ministerio de Economía mantiene una expectativa de crecimiento de 1,1% para 2023, pero ese relativo optimismo, en un país que hasta hace poco marcaba alzas anuales de dos dígitos, no es compartido por el think-tank Instituto Peruano de Economía o la consultora Macroconsult, que temen un índice negativo de 0,2 a 0,3 %.

La situación es especialmente complicada en la agricultura familiar, lo que repercute directamente en la inseguridad alimentaria.

Según un estudio de la ONG internacional Oxfam, la pobreza en los hogares rurales peruanos llega al 41 %, casi el doble del índice general.

"Es un sector que no ha recibido una adecuada atención en la política pública en los últimos 30 años. Si se continúa con el abandono de la agricultura familiar, este sector, en el que vive uno de cada cinco peruanos, se seguirá empobreciendo", dijo el economista Eduardo Zegarra, uno de los autores del estudio.

Eso conducirá, indicó Zegarra, a que cada vez haya menos producción de alimentos claves para superar la inseguridad alimentaria, como tubérculos, hortalizas, frutos, granos andinos y leche. Para los autores del estudio, el 3,5 % del presupuesto público que se destina actualmente a la agricultura es insuficiente, lo que se agrava por el hecho de que la mayor parte de esos fondos van a la agricultura de exportación y eso reduce la participación de los pequeños productores.

“Es vital diseñar instrumentos de política ágiles y eficientes para atender a la población productora en tiempos de crisis”, advirtió la representante de Oxfam en el Perú, Alejandra Alayza. La ONG advirtió además que es importante diseñar políticas con perspectivas de género en el sector campesino, pues las mujeres, que representan cerca de 30 % de ese universo, están aun en peores condiciones que los hombres.

Ese enfoque, en opinión de Alayza, “permitirá destinar recursos al empoderamiento de las mujeres en el sector, evitando depender exclusivamente de un fondo en particular”, como el Fondo de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena, creado en 2021.

El crecimiento económico, basado fundamentalmente en los precios de productos mineros con fuerte demanda en el exterior, permitió una mejoría para todos los sectores de la población, pero, según coinciden los analistas, sin que se lograran mayores avances en el cierre de las brechas de desigualdad.

El impulso comenzó a caer en la primera mitad de la década pasada y se diluyó con la pandemia y la falta de fertilizantes derivada del conflicto ruso-ucraniano, situaciones ante las cuales, según Oxfam, el Estado peruano respondió con medidas “insuficientes, poco eficaces y cortoplacistas”.

En medio del caos político, con un Ejecutivo frágil y rechazado en las encuestas por más de 80 % y con el protagonismo de un Legislativo repudiado por más de 90 % y acusado de interesarse solo en la retención del poder, el gobierno y sus aliados, según la oposición, carecen de respuestas para enfrentar la crisis ya instalada y la que se puede venir.

El impacto de la crisis

climática

Las perspectivas se complican más con el anuncio de un nuevo episodio del fenómeno El Niño -calentamiento de las aguas del Pacífico- y de otros posibles desastres naturales, como los que periódicamente causan graves inundaciones y a los que este año se sumó un huracán.

Para Laughton, el país debe echar mano de su experiencia para enfrentar la crisis alimentaria: “No hace muchos años, el Perú fue una historia de éxito global en la reducción de la desnutrición crónica. El Perú tiene recursos y hay voluntad, inclusive del sector privado y de los gobiernos regionales, para luchar contra el hambre”, dijo.

“Hay momentos en los que la ayuda directa de la protección social se tiene que expandir. No se tiene que ver como un costo o asistencialismo, sino como inversión”, dijo Laughton, al sugerir los aportes económicos directos y la compra por parte del Estado de la producción de los pequeños agricultores como herramientas para enfrentar la crisis. (Télam).

Los servicios nacionales de meteorología e hidrología de Bolivia y Perú anunciaron que la intensa sequía que afecta a ambos países andinos provocó que el nivel de agua del lago Titicaca, el más grande de Suramérica, descienda drásticamente a sus niveles históricos más bajos.

De acuerdo con Andina, la cifra récord fue confirmada el lunes por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia.

Según el reporte citado por ese medio, la estación hídrica de Huatajata registró siete centímetros por debajo de su nivel histórico mínimo, con un valor de 2,92 metros.

Jhon Chura, funcionario del Senamhi boliviano citado por ABI, detalló que los bajos niveles de agua en el Titicaca se registran debido al comportamiento de descenso que perdió en promedio entre uno a tres centímetros por semana.

De acuerdo con este experto, la disminución de agua se observa principalmente en el "lago menor" del Titicaca, donde el líquido "se ha alejado considerablemente de la orilla", comportamiento detectado desde abril de 2023, cuando en esa zona del altiplano boliviano es temporada de lluvias.

"Este año, se esperaba un ascenso de las aguas en enero, pero lamentablemente por el efecto del fenómeno del Niño no se tuvo los aportes correspondientes, lo cual ha originado el descenso del lago hasta alcanzar los mínimos históricos registrados en 1996", indicó Chura, citado por el sitio Actualidad RT.

La misma situación fue alertada por los expertos peruanos del Senamhi, que advirtió la semana pasada que el nivel de agua del lago Titicaca, en la región Puno, descendió a valores similares a los registrados en diciembre de 1996.

La situación del Titicaca preocupa tanto a bolivianos como peruanos porque repercute en la vida de las comunidades y la actividad económica agrícola, ganadera, al afectar el insumo de ag ua para cultivos, el ganado y las reservas de este recurso necesario para la población en las ciudades.

En la región de Puno, Perú, la disminución del nivel del lago afecta las operaciones de los transportistas acuáticos del puerto lacustre Banchero Rossi, quienes se vieron obligados a construir puentes lineales de madera de hasta 50 metros de largo, para poder trabajar en sus embarcaderos debido al retiro de la masa de agua.

La misma situación se presenta en puerto Banchero, construido de concreto, cuyo embarcadero quedó en tierra seca tras el retroceso del agua del Titicaca, que se encuentra alejada hasta dos kilómetros lineales, según mediciones del Senamhi peruano

Los niveles de agua también podrían repercutir en la actividad económica relacionada con la pesca, debido a que se verían afectados los niveles de salinidad, oxígeno y producirse cambios químicos en el líquido que aún queda en el Titicaca, conocido como el lago navegable más alto del mundo.

En los últimos meses, ambos países llamaron a la población a hacer uso racional del agua y emitido alertas, debido a que las reservas hídricas se vieron afectadas por la sequía que está relacionada con el fenómeno climático 'El Niño' y el cambio climático que registra un alza de las temperaturas, lo que provoca el derretimiento de los glaciares en la cordillera de los Andes.

Por Gonzalo Ruiz Tovar desde Lima - Con estados de emergencia (sitio) y patrullaje militar arrancó en Perú un proceso de lucha contra la inseguridad, que, pese a ser un clamor popular, genera dudas por posibles riesgos para los derechos humanos.

“Se siente más tranquilidad, aunque no suficiente; toca colaborar porque los policías o los militares te pueden pedir documentos en cualquier momento”, dijo a Télam Stephany Dionisio, comunicadora de 32 años que ha pensado irse del distrito limeño San Juan de Lurigancho por la delincuencia.

Desde el jueves pasado, en los dos mayores distritos entre los 43 de Lima, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, se observa a militares en posiciones de vigilancia antes reservadas a la Policía.

Esos dos distritos y la provincia de Sullana, en el departamento norteño Piura, fueron declarados en emergencia por la inseguridad, medida anunciada el lunes por la presidenta Dina Boluarte desde Nueva York.

La emergencia, que incluye medidas que aún no se conocen en la totalidad, significa que durante al menos dos meses habrá restricciones en las libertades en esos tres lugares y que los militares dejarán los cuarteles para patrullar.

La decisión fue bien recibida por buena parte de la población. Incluso, la mayoría de alcaldes distritales del norte de Lima piden que la medida se extienda, entre otras cosas porque temen que delincuentes de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres emigren hacia sus zonas.

“Que se declare cada distrito de Lima norte en estado de emergencia para poder incorporar en la estrategia de la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas y poder restringir algunos derechos”, dijo el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo.

Pero esa aceptación estuvo acompañada por alertas ante un eventual menoscabo de los derechos humanos y por críticas al gobierno por supuestamente echar mano a una medida efectista ante la falta de estrategias.

“Hay una razón (de alerta) que atañe a la vigencia misma de la democracia y el estado de derecho: se trata del riesgo que la figura del estado de emergencia supone para los derechos humanos –la vida, la integridad física, las libertades– de la población”, reaccionó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica.

“Este es un riesgo permanente frente al cual toda precaución y toda vigilancia son necesarias; pero hay que decir además que, en el Perú de hoy, cuando el Estado parece haber perdido la autocontención en el uso de la fuerza, como lo mostraron trágicamente las (77) muertes causadas durante las protestas de inicios de este año, la alarma es todavía más justificada”, agregó el Instituto en un comunicado.

En cuanto a la carencia de estrategia, el exministro del Interior y general retirado de la Policía Remigio Hernani comentó: “No existe ningún plan contra la inseguridad. ¿Qué saben la señora Boluarte o sus asesores de seguridad? No conocen y cuando se les da un punto de vista no les interesa”.

“El Plan Boluarte fue una criollada (viveza) del premier ante la pregunta de un periodista”, agregó otro exministro y general retirado, Cluber Aliaga, en referencia a conceptos generales que el primer ministro, Alberto Otárola, presentó como una estrategia global.

La criminalidad aumentó notablemente en Perú en los últimos años. En solo un delito, la extorsión, la cantidad de casos creció 50% este año en relación con 2022. Los robos en distintos niveles no dan tregua y los casos de sicariato, antes aislados, se registran ahora en promedio al menos uno cada dos días.

El vaso se desbordó la semana pasada en San Juan de Lurigancho, cuando 10 personas resultaron heridas en un ataque con granadas a una discoteca en la que se iba a presentar una orquesta que se negaba a pagar extorsiones.

San Juan de Lurigancho, el mayor distrito de Perú con más de 1,2 millones de habitantes, es uno de los más afectados. Igual sucede con San Martín de Porres, con unos 800.000 pobladores, y con Sullana, calurosa provincia con cerca de 300.000, cerca de la frontera con Ecuador.

Expertos coinciden en que el incremento de la delincuencia tiene mucho que ver la inmigración, concretamente la venezolana, que incluye al Tren de Aragua, poderosa banda cuya actividad se extiende por varios países.

Además operan en Perú, según la Policía, las bandas venezolanas Copa 905, Malditos del Cono, Dinastía Alayón, Gallegos e Hijos de Dios, la colombiana Bravos del Gota a Gota y la ecuatoriana Tiguerones, que muchas veces se trenzan en guerras entre sí o con las agrupaciones locales, en las que el Tren, por su tamaño, suele llevar ventaja.

Según el exministro del Interior Fernando Rospigliosi, unos 100.000 extranjeros están en actividades delictivas en Perú. En el país hay 1,3 millones de venezolanos, lo que para analistas demuestra que la mayoría están limpios y deben ser protegidos de eventuales políticas discriminatorias.

“Tienen que entender que los buenos somos más; la gente siempre nos mira mal, pero no todos somos malandros, es insoportable”, dijo a Télam la venezolana Yuleska, vendedora ambulante de golosinas en el centro de Lima.

El gobierno le pidió al Congreso facultades extraordinarias para legislar por tres meses en la materia y las obtuvo el viernes. Pero eso también genera temores por la posibilidad de que en la especificación de esas medidas se aproveche la coyuntura para introducir medidas de represión.

Eso saltó a la vista cuando un dictamen del Congreso aprobó aumentar castigos en el Código Penal para protestas que deriven en violencia, e incluso para los periodistas que informen sobre ellas, sin que se pongan matices entre movilización política y delincuencia.

También al amparo del tema avanza en el parlamento un proyecto de la ultraderechista Patricia Chirinos que impulsa la autorización del uso de la fuerza letal por parte de los ciudadanos, lo que para expertos aumenta riesgos para los derechos humanos.

Aquellos a los que no convence la emergencia se preguntan qué pasará cuando termine. Para ellos, el gobierno da pasos ciegos ante la que se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana y solo estaría pensando en medidas temporales con intención de generar alguna adhesión popular.