Según señalaron, el proyecto no deroga formalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, pero modifica o elimina varios de los instrumentos establecidos por esa normativa.Uno de los cambios planteados aparece en el artículo 36, que modifica nuevamente el régimen de pensiones. El proyecto establece la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en un 70% del haber mínimo jubilatorio y desplaza el esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social creado por la Ley 27.793.En tanto, el artículo 37 establece que la pensión será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado. De esta manera, se elimina la posibilidad de compatibilizar pensión y trabajo en los términos previstos por la Ley de Emergencia.Otro de los puntos señalados corresponde al artículo 38, que reemplaza el mecanismo referido al financiamiento de la Emergencia. Según el proyecto, los gastos serán afrontados mediante partidas específicas del Ministerio de Salud y, si resultaran insuficientes, a través de compensaciones presupuestarias del Tesoro.

Cambios en el NomencladorPara el sector prestacional, el Foro identificó como uno de los puntos de mayor impacto el artículo 39, que modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901.La propuesta establece expresamente que los valores del Nomenclador no tendrán carácter universal. Cada ente obligado podrá determinar los valores en su relación con los prestadores. Cuando el obligado sea el Estado Nacional, se prevé una determinación trimestral y, en caso de que esta no se realice, una actualización tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).Desde el Foro remarcaron que esto no implica la desaparición del Nomenclador de prestaciones, pero sí el fin del principio de un arancel único y obligatorio para todos los financiadores. En consecuencia, podría haber distintos valores para una misma prestación dependiendo de quién sea el obligado al pago.Por otra parte, el artículo 40 modifica nuevamente la Ley 13.478 y vuelve a vincular el acceso a la pensión con la condición de estar “imposibilitado para trabajar”, además de los requisitos que establezca la reglamentación.Finalmente, el artículo 41 dispone la derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia 27.793. Entre ellos se encuentra el artículo que había incorporado a la Ley 24.901 la igualdad de aranceles para todos los entes obligados y el mecanismo de actualización de esos valores.Desde el Foro consideraron fundamental que las y los legisladores conozcan el alcance de las modificaciones y las posibles consecuencias sobre las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y la continuidad de las prestaciones.Por ese motivo, solicitaron “especial atención” sobre los artículos mencionados durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) podía tramitarse o renovarse mediante un procedimiento personal y completamente gratuito. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) había difundido una guía con los pasos necesarios para iniciar la gestión, reunir la documentación y presentarse ante una Junta Evaluadora, organismo encargado de determinar si correspondía emitir el certificado.Para comenzar el procedimiento, los interesados debían ingresar al apartado correspondiente al CUD a través de Mi Argentina. Desde allí podían completar sus datos personales, consultar qué documentación necesitaban según cada situación y conocer el lugar donde debían presentar la solicitud.El procedimiento contemplaba diferentes etapas y requería reunir previamente los antecedentes médicos que respaldaran la condición de salud. Una vez completada esa instancia, el solicitante debía dirigirse al centro indicado y gestionar un turno para ser evaluado por profesionales.

Qué documentación se necesitaba para gestionar el CUDEntre los requisitos establecidos figuraba la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto en original como en fotocopia. También se debía llevar el formulario correspondiente completo, que podía descargarse desde los canales oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad.Además, era necesario presentar certificados médicos e informes que respaldaran la solicitud. Según la guía difundida, esa documentación debía tener una antigüedad máxima de un año. También podían incorporarse estudios complementarios vinculados con la condición de salud.Entre esos elementos se contemplaban radiografías, tomografías y otros exámenes que permitieran aportar información a los profesionales encargados de realizar la valoración. La documentación solicitada podía variar según las características particulares de cada persona y su situación.

Cómo intervenía la Junta EvaluadoraDespués de reunir todos los documentos exigidos, el solicitante debía presentarlos en el centro indicado y pedir un turno con la Junta Evaluadora. Esta instancia resultaba fundamental dentro del procedimiento porque era la encargada de analizar cada caso. Los profesionales evaluaban la documentación aportada y la situación de la persona para establecer si correspondía otorgar el Certificado Único de Discapacidad. Por ese motivo, la presentación de los informes médicos y estudios requeridos constituía una parte central del trámite.Si la Junta Evaluadora aprobaba la solicitud, el certificado podía visualizarse posteriormente en formato digital mediante la aplicación Mi Argentina. Asimismo, existía la posibilidad de solicitar el CUD en formato físico.

Qué certificados no debían renovarse durante 2025La Agencia Nacional de Discapacidad también había informado modificaciones relacionadas con los vencimientos. A través de la Resolución 2520/2024, se había dispuesto una prórroga de un año para determinados Certificados Únicos de Discapacidad.La medida  alcanzaba a los CUD cuyo vencimiento se producía entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025. En esos casos, los titulares no tenían que realizar la renovación durante ese año debido a la extensión establecida oficialmente. La situación era diferente para los certificados cuyo vencimiento original correspondía a 2022, 2023 y 2024. Esos documentos debían atravesar el proceso de renovación durante 2025, de acuerdo con el esquema informado por el organismo.

Para qué sirve el Certificado Único de DiscapacidadEl CUD es un documento público que acredita la discapacidad de una persona y permite acceder a los derechos y prestaciones establecidos por la normativa vigente. Su otorgamiento depende de una evaluación interdisciplinaria realizada por una Junta Evaluadora.El trámite es voluntario y gratuito, y la certificación tiene validez en todo el territorio nacional. La evaluación no se limita a la presentación de un diagnóstico médico, sino que contempla distintos aspectos de la situación de la persona solicitante. Por ello, antes de comenzar la gestión resultaba importante consultar los requisitos correspondientes a cada caso y reunir los informes solicitados. La información disponible en Mi Argentina permitía conocer los pasos necesarios y determinar cuál era el centro asignado para efectuar la presentación y continuar con la evaluación. 

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a la acción de amparo colectiva entablada contra el programa Incluir Salud y PAMI y ordenó la regularización del pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero desde la entidad señalaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que no hay deuda y que “el viernes se abonó el mes corriente”.Según un informe al que accedió la Agencia NA, la sentencia judicial ordena formalmente a ambas entidades regularizar y mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas.Asimismo, señalo que el amparo fue promovido por la abogada y referente de Defendamos Córdoba para temas de discapacidad, Marta Lastra.

El juez Miguel Vaca Narvaja, a cargo del mencionado Juzgado Federal, señaló en el fallo que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad. Perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.“El Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley. Esta resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y cesar con la demora injustificada que produce la desatención del colectivo de personas afectadas por discapacidad. (…) La demora injustificada constituye un acto arbitrario e ilegal contra el cual resulta procedente la acogida del amparo”, expresó el juez a través del fallo.El amparo, al que el magistrado hizo lugar tiempo atrás, fue promovido por Lastra con alcance colectivo, lo que significa que el reciente fallo protege a miles de beneficiarios en idéntica situación, resguardando la sustentabilidad de los hogares, centros de día y profesionales que los asisten.“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, explicitó el fallo, por lo que “los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales no pueden ser meramente declarativos, porque su goce efectivo es lo que permite a una persona desplegar plenamente su valor eminente como agente moral autónomo, base de la dignidad humana que la Corte debe proteger”.La flamante resolución judicial dirime el grave conflicto suscitado por el corte e irregularidades en la cadena de pagos estatales que se venían arrastrando desde finales de 2025, derivados del incumplimiento del Gobierno de Javier Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad.El magistrado constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de los servicios ya brindados por las instituciones. Agencia NA.

Según el comunicado de Adorni en su cuenta de X al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, a partir del próximo viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con el plástico a través de la plataforma web oficial de SUBE, permitiendo que los validadores de los accesos reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.De acuerdo a la explicación del jefe de Gabinete en su cuenta de X, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual que tiene el transporte público.Además, en una primera instancia, la digitalización comenzará a implementarse de forma estricta en las líneas de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo de la administración de Javier Milei es extender el despliegue progresivamente hacia el resto de las provincias y localidades del país.

El Ministerio de Salud dio detalles de la medidaLa cartera sanitaria informó que el objetivo de la medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional, fue desarrollada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y SUBE, mientras que su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

Cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBELas personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBERegistrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Tras la sesión en el Senado en la que la oposición logró aprobar un aumento para los jubilados y otros proyectos que van a contramano del superávit fiscal que impulsa el Gobierno —y que llevó al presidente Javier Milei a calificar a Victoria Villarruel de “traidora”—, la vicepresidenta respondió con dureza a través de sus redes sociales.“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió la funcionaria, en respuesta a un comentario que la acusaba de querer romper el equilibrio fiscal.En otro comentario en su posteo por el Día de la Independencia, en donde un ciudadano le reclama que su trabajo es al lado del presidente, respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca”.“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, agregó en la misma línea, en otra interacción, publicó InfoBae.Además, deslizó otro cuestionamiento a Milei al responder a una crítica que la acusaba de haber traicionado las convicciones del Ejecutivo: “El presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”, sostuvo la vicepresidenta.Durante el intercambio con los usuarios de Instagram, que se dio durante esta madrugada, Villarruel también ironizó sobre por qué el presidente no eligió a Karina Milei o a la diputada Lilia Lemoine para ocupar su lugar: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.En relación con la derrota en el Senado de este jueves, cuando se aprobaron leyes que mejoran las jubilaciones, reactivan la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados.“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció. Desde el oficialismo, se cuestionó la validez del mencionado debate, por entender que se necesitan dos tercios de la cámara para tratar las iniciativas. Sin embargo, la oposición logró avanzar con el voto de una mayoría simple.

Jubilaciones y moratoria

La ley implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.En tanto, la restitución por dos años de la moratoria implica la reactivación del sistema que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.Emergencia en discapacidadLa iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

Votaciones de ambas leyes

Primero fue el turno de la iniciativa jubilatoria, que en la votación en general obtuvo 52 adhesiones, ningún rechazo y cuatro abstenciones. Luego, se procedió a la particular, que se dividió en bloques de artículos y, pese a diferentes resultados, igual tuvo luz verde y, por lo tanto, la ley quedó sancionada.Como los senadores se dieron cuenta de que la moratoria también contaba con los votos necesarios, se realizó una sola -general y particular: 39 avales, 14 negativos y una abstención. Todas estas resoluciones fueron a viva voz, ya que el sistema de pantallas y transmisión de datos falló y no logró restablecerse, de manera llamativa, por un largo tiempo.El último turno fue el de la emergencia en discapacidad, que sí pudo realizarse por medios electrónicos: 56 afirmativos.

“Fue un hermoso cierre con mucha diversión, compañerismo, juegos y recreación que estuvieron a cargo del staff de profesores de nuestra Subsecretaría” indicó Ivana Pérez, Subsecretaria de Deportes, añadiendo que fueron alrededor de 50 las personas que estuvieron participando de este recreativo.El objetivo “es poder brindarles a la comunidad un espacio para que puedan realizar diferentes actividades, como viene sucediendo en cada uno de los Recreativos. Ver el entusiasmo con el que las personas, tanto grandes como chicos, se fueron sumando, es gratificante para nosotros” remarcó Pérez.El recreativo de verano se llevó a cabo en pileta ubicada en Monseñor Tavella, en el marco del programa deportivo que impulsa la Municipalidad. El cierre tuvo lugar en las Termas Vertientes de la Concordia.

�SEstas acciones se enmarcan en las gestiones que el intendente Cresto nos solicita que realicemos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En este caso junto a la Cámara de Transporte de la ciudad y con familiares de estas personas, escuchando a ambas partes, trabajando en cómo mejorar la accesibilidad y el cumplimiento de los derechos y los deberes de cada uno de los actores de la comunidad⬝, destacó Primitivo.

�SEn este sentido apuntamos siempre al diálogo, a la empatía y al buen trato hacia las personas con discapacidad⬝, dijo el funcionario. �SEntendemos también que quienes son poseedores del Certificado �anico de Discapacidad (CUD) pueden viajar gratuitamente con un acompañante si así lo desean. Pero siempre se determinó que el acompañante de la persona con discapacidad tiene también pase libre solamente si cumple esa función. Si sube con el acompañante debe hacer con él todo el trayecto, porque para esto fue creada la norma. Como hubo incumplimientos por parte de algunos beneficiarios en este aspecto, hay reclamos tanto de las empresas como de las personas que se ven afectadas por un mal accionar y estamos tratando de resolver este tema para que no se repitan esta situaciones⬝, reconoció Primitivo. Asimismo, el funcionario se refirió a los viajes en remises. Sobre este punto indicó que se realizará una campaña de relevamiento, tanto para usuarios como para empresas de remises, para corroborar si la unidad de traslado requiere características específicas (contar con espacio para silla de ruedas, por ejemplo). �SEso debe aclararse antes para evitar inconvenientes⬝, dijo el titular de Discapacidad. �SCreemos que haciendo esta �Scomún unión⬝ entre usuarios y empresas, podemos mejorar evitar estos malestares que luego se manifiestan como quejas y reclamos⬝, concluyó.