Tal cual había trascendido este viernes al cabo de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresa por el Senado y propone una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.El texto modifica la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias, introduce cambios en la Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad) y reformula aspectos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. Precisamente este último punto es central en el envío de esta norma al Parlamento, ya que se trata de una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei, ratificadas por ambas cámaras.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el proyecto se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional—, pero subraya que el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales debe realizarse “de manera proporcional a los recursos disponibles”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese marco, el mensaje al Congreso pone el foco en la evolución del sistema de pensiones por invalidez: entre 2003 y 2023, la cantidad de beneficios pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000, un crecimiento que el Ejecutivo califica de “exponencial” y que, según afirma, no tiene antecedentes comparables a nivel internacional.

El diagnóstico oficial es contundente. El texto señala que investigaciones administrativas y judiciales detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, con irregularidades que incluyen domicilios inexistentes y la falta de acreditación médica suficiente. Para el Ejecutivo, esta situación generó un “injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y perjudicó especialmente a quienes sí se encuentran en una situación de invalidez real y comprobable.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto define como objetivo central “establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”. La iniciativa busca reordenar los criterios de acceso, fortalecer los controles y reintroducir un eje más restrictivo vinculado a la invalidez laboral.

Uno de los cambios estructurales es la redefinición del beneficio de pensión no contributiva por invalidez laboral. El texto reafirma su carácter de prestación mensual inembargable equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reintroduce con claridad el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. En esa línea, se establece de manera expresa la incompatibilidad de la pensión con la posesión de un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes generales o simplificados de trabajo, un punto que recorta el universo potencial de beneficiarios respecto de interpretaciones más amplias vigentes en los últimos años.El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones a personas sin suficientes recursos, no amparadas por un régimen previsional y mayores de 70 años, o bien a quienes se encuentren imposibilitados para trabajar, según los requisitos que determine la reglamentación. Con esta formulación, el Gobierno busca volver a una delimitación más acotada del universo elegible.

El capítulo más extenso y sensible de la iniciativa está dedicado al sistema de auditorías, control y reempadronamiento. La Secretaría Nacional de Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud, será la autoridad encargada de implementar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. Para ello, se habilita el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos, incluso exceptuando de manera específica las restricciones del secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esta verificación.

Cuando de esos cruces surjan incumplimientos objetivos, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio.

No obstante, el proyecto incorpora garantías procedimentales: el titular podrá solicitar la rehabilitación provisoria inmediata de la pensión hasta tanto se dicte una resolución definitiva, y tendrá derecho a ser informado de manera clara y a participar del proceso de auditoría médica.

Además, el texto instruye al Ejecutivo a realizar un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica dentro de un plazo no inferior a 90 días —prorrogable por única vez por 30 días— y constituir domicilio físico o electrónico para notificaciones. La reglamentación deberá prever modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. El incumplimiento del reempadronamiento habilitará una suspensión automática y, de persistir, la baja del beneficio mediante acto administrativo fundado, con garantía de debido proceso.

En paralelo al endurecimiento de los controles, el proyecto también incluye disposiciones orientadas al financiamiento y la continuidad de prestaciones en discapacidad. Se establece con mayor precisión cómo se afrontará el costo fiscal de las pensiones y de la atención médica asociada, asignando las partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias desde el Tesoro en caso de ser necesario.

El Ejecutivo remarca, en los fundamentos, que esta arquitectura busca evitar los desfasajes financieros introducidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que —según sostiene— amplió derechos sin contemplar adecuadamente los recursos disponibles.

En materia de prestaciones básicas, la iniciativa introduce ajustes al principio de universalidad del sistema. Se aclara que la universalidad no implica homogeneidad de aranceles ni de esquemas de financiamiento entre jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común, respetando la organización federal y las asimetrías regionales. Para el caso del Estado nacional como ente obligado, los valores de los aranceles deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, con referencia al Índice de Precios al Consumidor cuando no se efectúen actualizaciones en término.

El proyecto también prevé la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice el programa de prestaciones de salud para titulares de pensiones no contributivas, definiendo responsabilidades de financiamiento para afiliados actuales y futuros.

Con el envío de esta iniciativa, el Gobierno abre un debate de alto impacto social y político. Mientras el Ejecutivo argumenta que la ley apunta a preservar recursos públicos y garantizar equidad en el acceso a las pensiones, el tratamiento parlamentario anticipa discusiones intensas sobre el equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

Los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reflejan el ajuste por inflación correspondiente a marzo de 2026El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. A partir de ese informe se determina el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales desde mayo. El sistema vigente dispone que los montos se ajustan cada mes, según la variación inflacionaria de dos meses atrás.El IPC del tercer mes del año registró una suba del 3,4 por ciento. Ese porcentaje se utilizará para la próxima actualización de los pagos gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y repercutirá en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales.El esquema de movilidad actual, implementado por el Decreto 274/2024, sustituyó el mecanismo de ajuste trimestral por actualizaciones mensuales basadas en la inflación, buscando reducir la diferencia entre los ingresos previsionales y el incremento de precios.Esto implica que los haberes de mayo tendrán un aumento del 3,38% respecto de abril. De este modo, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10 y, si continúa otorgándose el bono extraordinario, el total podría llegar a 460.044,10 pesos.En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.

Cómo queda los haberes de Anses en abril de 2026Jubilación mínima: $393.174,10Jubilación mínima con bono: $463.174,10PUAM: $314.539,28PUAM con bono: $384.539,28Pensiones no contributivas: $275.221,87Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10AUH: $141.285,31AUH con Discapacidad: $460.044,10

Desde abril de 2024, los ajustes se aplican de manera automática cada mes, tomando como referencia el IPC de dos meses antes. Esta medida apunta a reducir los atrasos que generaba el esquema previo y a reflejar con mayor precisión la evolución de la inflación.En los próximos días, la Anses dará a conocer el calendario de pagos para mayo. Por lo general, los pagos se distribuyen según el número final del DNI de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se paga en la tercera semana.Actualmente, el organismo está pagando los haberes correspondientes a abril, que ya contemplan el último ajuste basado en la variación del índice de precios de febrero. 

La inflación se aceleró en marzoEl IPC difundido por el Indec mostró en marzo una suba de 3,4%, lo que representa una aceleración de medio punto respecto al 2,9% de febrero. Es el registro mensual más elevado desde marzo de 2025, mes en el que la inflación fue de 3,7 por ciento.Este aumento llevó la variación interanual a 32,6% y acumuló en los primeros tres meses del año un avance de 9,4%, en línea con las proyecciones oficiales y privadas. Entre los factores que explican el alza se encuentran el encarecimiento internacional del petróleo, producto de la crisis en Medio Oriente, y los nuevos ajustes en los precios de los combustibles, sumados a la influencia de factores estacionales como el regreso a las aulas.Según el Indec, el IPC muestra incrementos desde julio de 2025, cuando marcaba 1,9 por ciento. Son ya diez meses consecutivos en los que el índice no desacelera. El Ejecutivo estima que, a partir de abril, el ritmo de suba de precios comience a moderarse y que la actividad económica muestre señales de recuperación.El relevamiento oficial indica que los precios regulados tuvieron el mayor incremento del mes, con una suba de 5,1%, debido a aumentos en servicios públicos, transporte y educación. El IPC núcleo, que no contempla ni regulados ni estacionales, presentó una variación de 3,2%, ligeramente inferior al promedio general. Los precios estacionales subieron 1%, impulsados por el turismo y los cambios de temporada en indumentaria, aunque las caídas en verduras y frutas compensaron parcialmente estas alzas.En detalle, el informe señala que Educación lideró los aumentos con un 12,1%, asociado a la estacionalidad del inicio del ciclo lectivo. Transporte se ubicó en segundo lugar con un 4,1%, por el impacto de los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La mayor incidencia regional correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por el alza de Carnes y derivados, que alcanzó 6,9% en el Gran Buenos Aires.

El juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente. La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a todo el territorio nacional los efectos de la cautelar dictada en septiembre, que en ese momento solo regía para la provincia.El nuevo fallo se inscribe en una serie de decisiones judiciales dictadas en distintas jurisdicciones del país. En Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro, jueces federales ya habían ordenado la restitución integral de las prestaciones suspendidas, el reintegro de los haberes no abonados y la aplicación de multas diarias por cada día de demora. También se registraron resoluciones de alcance individual en Mendoza, Córdoba, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, todas con resultado favorable a los beneficiarios y en rechazo de las suspensiones dispuestas por la ANDIS.En este caso, el juez Díaz Martínez sostuvo que las suspensiones aplicadas por la Agencia en base al Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo Nacional vulneraron derechos de incidencia colectiva y debían ser dejadas sin efecto. En sus términos, el magistrado dijo: “corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.El fallo recordó que el reclamo colectivo se originó en la “suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo”, derivada de la aplicación del decreto del Ejecutivo. En su análisis técnico, citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN Ley 25.837 y decreto 1564/04 s/ amparo”, en el que la Corte Suprema de Justicia estableció los criterios de legitimación en procesos colectivos y definió los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.Según el titular del juzgado catamarqueño, la causa se encuadra en esa categoría, ya que existe “un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea”. Esa homogeneidad -indicó- “lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.El magistrado también designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul como representantes del colectivo, al concluir que de acuerdo a “sus estatutos, fines de su conformación y trayectoria en la materia”, ambas reúnen las condiciones de idoneidad requeridas para ejercer una representación adecuada. “Por cierto que, ello no implica desconocer los atributos de otras personas también presentadas, sino tan solo un ejercicio de la potestad que me asiste a la hora de procurar un desenvolvimiento ordenado y no traumático del proceso”, añadió.La medida responde al mismo contexto que motivó el amparo anterior, presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo provincial, quienes reclamaron la nulidad de las suspensiones de pensiones y la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos de acceso a los beneficios. La norma, dictada en septiembre del año pasado, elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad.Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la Agencia en agosto de 2024 se llevó a cabo sin un marco normativo claro, sin criterios de evaluación públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas para las personas con discapacidad. Señalaron además que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían defectos formales que impidieron a los beneficiarios ejercer su derecho de defensa.Organizaciones de personas con discapacidad impulsaron el amparo colectivo que derivó en el fallo, en rechazo de las suspensiones dispuestas bajo el Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo (Fotografía: Maximiliano Luna)Según datos oficiales citados en las distintas presentaciones judiciales, la Jefatura de Gabinete informó que de las 997.654 cartas documento enviadas por la ANDIS, 504.802 -más de la mitad- no pudieron ser entregadas. En Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%.Antes de las primeras resoluciones en contra del decreto, la Agencia había suspendido el pago a 111.463 personas. En todos los casos en los que la Justicia ordenó la restitución, la ANDIS acató las decisiones y volvió a pagar los haberes.Con la decisión adoptada ahora por el Juzgado Federal de Catamarca N°2, la cautelar adquirió alcance nacional. El juez dispuso que la Agencia cumpla con la restitución total y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”. Infobae.

Un proyecto de resolución que ingresó el miércoles 10 a la Cámara de Diputados instó al Poder Ejecutivo de la provincia que “ante la crueldad y la inhumanidad que caracterizan este Gobierno Nacional que se hace evidente no sólo en sus políticas, sino también en las irregularidades que rodean su accionar administrativo, nuestro Gobierno Provincial debe marcar un rumbo claro y exigir la transparencia, legalidad y compromiso con los derechos humanos, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y la acción positiva de reclamar la restitución del beneficio a los entrerrianos y entrerrianas a quienes se les ha arrebatado su pensión por invalidez de forma irregular, tal como hicieron los Gobernadores en otras Provincias”.El pedido instó al Poder Ejecutivo a que “realice las gestiones necesarias para reclamar la restitución de las pensiones a personas con discapacidad suspendidas en la Provincia de Entre Rios, a través de los recursos administrativos y/o judiciales que estime pertinentes”. En la previa, el Congreso de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley que aprobó el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

FundamentosLa diputada sostuvo que “el presente proyecto se inscribe en el marco de la emergencia en discapacidad que atraviesan nuestro país y la provincia de Entre Ríos, situación que ha motivado la presentación de iniciativas tanto en el Congreso Nacional como en esta Legislatura provincial. Cabe recordar que, en Entre Ríos, se encuentra pendiente de tratamiento en comisión un proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio provincial, lo cual demuestra la magnitud y urgencia del tema que hoy vuelve a requerir nuestra atención”.Arrozogaray expresó que “las Pensiones No Contributivas por invalidez han sido concebidas como una herramienta de protección social destinada a personas que, además de atravesar una situación de discapacidad, se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad económica y social. De este modo, el Estado reconoce la necesidad de compensar las barreras que estas personas enfrentan para ejercer sus derechos y alcanzar una vida digna. La efectiva implementación de estas pensiones se ha sostenido históricamente en una red de contención local compuesta por municipios, instituciones y organizaciones que brindan acompañamiento en materia de vivienda, traslados, alimentación, vestimenta y cuidados”.Finalmente sostuvo que “recientemente, sin embargo, se han constatado graves irregularidades en el procedimiento de revisión y control de las PNC por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Diversas denuncias periodísticas y presentaciones judiciales han puesto en duda la transparencia y legalidad de las actuaciones del organismo. Y, en el caso puntual de las auditorías, se han señalado errores administrativos tales como la falta de notificación adecuada a los beneficiarios, la fijación de auditorías en lugares inaccesibles para personas con movilidad reducida y la ausencia de criterios claros que garanticen el respeto al debido proceso y a los derechos adquiridos”. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno dio de baja más de 100.000 Pensiones No Contributiva por Discapacidad Laboral. Hasta ahora, el 60 % de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan. Son 20 mil más que las reveladas por Infobae el mes pasado. La novedad se conoce tras el rechazo en Diputados del veto de Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario sostuvo: “En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión“.

El cálculo del Ejecutivo del “ahorro” para las arcas del Estado que representan estas bajas en Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral representa unos 35 mil millones de pesos mensuales.

Entre las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”, justificó el funcionario desde la Casa Rosada.

“Este mecanismo no es novedoso, como ya mencioné en otra conferencia, en el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”, afirmó el funcionario.La ANDIS, a cargo del abogado Diego Spagnuolo ya había descubierto “una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”, tal como anticipó este medio.

Para más datos, y a modo ilustrativo, Adorni recordó que: “Entre 2003 y 2015 (los tres gobiernos kirchneristas) la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a 1.045.000”.

Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019 -durante el gobierno de Mauricio Macri- “para volver a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después de los cuatro años de gestión del profesor Alberto Fernández”.El portavoz oficial también expresó que: “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales”.

Para más datos, en su denuncia, Adorni aclaró: “Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina la recibe el 4,6%. Israel es un país que sufrió decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Sólo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas”.

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificación. Estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas al finalizar el proceso.

En diálogo con Infobae, las autoridades de la ANDIS explicaron que las auditorías que llevó a estas bajas “es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada”, y esperan que “este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios”.

La investigación interna alcanza a todas las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, y sus modificaciones. Según se recordó a este medio, la medida “no incluye a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024”.

Las auditorías son realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.El vocero presidencial también se refirió a la posición que la mayoría de los diputados nacionales mantuvieron en el recinto sobre el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad: “El Congreso, esta semana, defendió este sistema corrupto. Un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política”.

Y remató: “No es casualidad: gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema corrupto”.

El gobierno de La Libertad Avanza criticó fuertemente la decisión parlamentaria. De hecho se afirmó: “La creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para la Protección Social aumentará el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el ejercicio de 2025, lo que equivale a un 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI); y un gasto adicional de más de cuatro billones y medio de pesos para 2026, lo que representa un 0,47 % del Producto Bruto Interno”.

Dicho impacto, según se publicó en el Boletín Oficial, “no tiene en cuenta el efecto del aumento de beneficiarios en el ‘Programa Incluir Salud’ que otorga cobertura de atención médica a los titulares de pensiones no contributivas”.

El gobierno nacional anunció que “en un esfuerzo por optimizar recursos y garantizar que las pensiones no contributivas por invalidez laboral lleguen a quienes realmente las necesitan”, se han suspendido hasta la fecha un total de 65.789 pensiones a quienes no cumplieron con los requisitos establecidos. Este proceso forma parte de las auditorías que se están llevando a cabo para asegurar una distribución justa y eficiente de los beneficios.

Las principales razones detrás de estas suspensiones incluyen el no cumplimiento de requisitos mínimos establecidos para acceder a la pensión, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificativos, lo que ha derivado en la suspensión.

Además, se han registrado 6.643 bajas por fallecimientos de beneficiarios. Por otro lado, 8.207 personas han renunciado a sus beneficios, contribuyendo a la reducción del total de pensiones activas.

Las autoridades han enfatizado la importancia de estas auditorías como un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada. Se espera que este proceso continúe, permitiendo una mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios.

A medida que avanzan las auditorías, se insta a los beneficiarios a cumplir con los requisitos y asistir a las convocatorias para evitar la suspensión de sus pensiones. Las autoridades se comprometen a mantener una comunicación clara y abierta para garantizar que todos los involucrados comprendan el proceso y sus implicancias.

El gobierno nacional auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras haber detectado que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos. La medida será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI. En la última auditoria, realizada en diciembre de 2024, se detectó que la gran mayoría de los beneficiarios no padecía la afección que declaraba tener. Por ese motivo, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.Esta nueva auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral.Según el Boletín Oficial, en los argumentos el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.En el baremo se presentó una serie de apartados que evalúan “cualitativamente” el grado de deterioro psicofísico según la condición. “La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno. En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI. Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio y, finalmente, se emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión. NA. 

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha iniciado la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, tal como lo había anunciado el Gobierno el mes pasado, tras descubrir irregularidades en una muestra de más de 2.500 beneficios otorgados en los últimos años. Según las estimaciones preliminares, entre el 30% y el 40% de más de un millón de pensiones podrían haber sido concedidas de manera incorrecta.La auditoría comenzó en la ciudad de Buenos Aires, donde existen aproximadamente 27.000 pensiones activas, y se extenderá a la provincia de Buenos Aires, con 300.000 pensiones, y a Chaco, con casi 99.000 beneficiarios. Estas tres regiones representan un tercio de los beneficiarios a nivel nacional.La primera fase de la auditoría, que se desarrollará en las próximas semanas, ha revelado “anomalías graves” en el proceso de concesión y gestión de las pensiones durante la gestión anterior. Diego Spagnuolo, director ejecutivo de Andis, enfatizó la importancia de transparentar el sistema de pensiones no contributivas para asegurar que solo quienes realmente lo necesiten reciban estos beneficios.De la auditoría médica realizada sobre 2.559 casos, se determinó que solo un 7% cumplía con los requisitos de invalidez. En Chaco, por ejemplo, se descubrió que una misma radiografía de hombro fue utilizada para justificar 150 pensiones. En los casos restantes, se anuló la pensión debido a la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos, y solo una persona presentó un reclamo tras la anulación.Andis describió el sistema de pensiones como “poco transparente, complejo de auditar y altamente susceptible al fraude”, afirmando que durante gestiones anteriores, las pensiones se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos. Se detectaron dos circuitos para obtener una pensión: uno para personas con necesidades reales, que podía tardar hasta dos años, y otro “exprés” que resolvía en solo dos meses.Las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires fueron señaladas como las más afectadas por irregularidades. Durante la presidencia de Alberto Fernández, estas provincias registraron la mayor cantidad de pensiones otorgadas en relación con su población, con casos de personas que recibían beneficios a pesar de no tener invalidez laboral o discapacidad, e incluso poseer bienes de alto valor.Según el análisis inicial, en 2023 se habrían desviado fondos de la Andis por unos 3.400 millones de dólares debido a estas irregularidades. 

En una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el trabajo de auditoría fue  encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo y reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045.En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni y, entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.Por otra parte, Adorni puso de relieve el dato publicado por el INDEC que da cuenta de la recuperación de la actividad económica en mayo con un crecimiento interanual de 2,3% respecto del mismo mes del año anterior, y de 1,3% respecto de abril último. Asimismo, destacó la cancelación de los contratos por opciones de liquidez, también llamados PUTs, por 13.17 billones de pesos, “otra de las grandes bombas que había dejado la administración del profesor Fernández y del abogado Sergio Massa”.

Las declaraciones de Adorni

“Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando”, indicó.Además, dijo: “Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el gobierno nacional de 1.5 millón de pesos por afiliado”.“Las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja”, indicó y agregó: “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente. La Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei”. NA. 

Este mes los jubilados recibirán el aumento del 15,62 % establecido en diciembre pasado por Ley de Movilidad Jubilatoria y la segunda cuota del Refuerzo de Ingreso de $ 10.000 para los que perciben un haber mínmo y $ 7.000 para los que cobran dos jubilaciones mínimas.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 tendrán hoy disponible el monto establecido en ese programa. Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 0 hoy accederán a la prestación.

A su vez, las mujeres beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 2 y 3 hoy percibirán el dinero fijado en ese plan asistencial.

Las diferentes Asignaciones también son alcanzadas por el incremento del 15,62% por Ley de Movilidad.

 Los jóvenes inscriptos en las Becas Progresar que les permite culminar sus estudios en distintos niveles con DNI terminado en 0 y 1 hoy cobrarán el monto establecido en ese programa.

Las personas y entidades de bien público suscriptas al Programa Hogar que les facilita el acceso a la garrafa por residir en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural, con DNI finalizado en 1 hoy tendrán depositado el importe dispuesto para tal fin.

Por otra parte, continúa el pago de la Asignación de Pago �anico: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de diciembre 2022 para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de enero próximo.

También sigue el abono de las Asignaciones de Pago �anico de la primera quincena de enero para todas las terminaciones de DNI, cuyo pago proseguirá hasta el 10 de febrero 2023.

Asimismo, pagan Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas sin importar la terminación del documento, y sus pagos seguiran hasta el 10 de febrero.

 Los titulares del Prestación por Desempleo Plan 2 y 3 para todas las terminaciones de DNI recibirán hoy y hasta el 12 de enero próximo la prestación.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 2 y 3 cobrarán este lunes por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $ 42.178 comenzarán a abonarse el viernes 8 de julio a titulares con DNI terminado en 0, según el cronograma difundido por la Anses.

También el viernes 8 de julio se depositará el dinero asignado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo a los beneficiarios con documento concluido en 0.

El organismo previsional detalló que las Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento de la primera quincena de este mes se pagan entre el 11 de julio y el 11 de agosto de 2022, en tanto, las de la segunda quincena se abonan entre el 21 de julio y el 11 de agosto de 2022.

Cabe destacar que, si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas; asimismo, los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.

En este sentido, desde el 1ero de marzo, la ANSES dispuso la suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo.