La decisión fue resuelta en las primeras horas de este 1° de febrero por mayoría por el máximo tribunal provincial, al filo de finalizar la feria judicial. La sentencia se subió al sistema judicial a la 1.34 de la madrugada de este sábado, lo que no es una determinación habitual y menos en horas de finalización de la feria e inicio de fin de semana largo. Durante toda la feria judicial, el recurso presentado por los abogados defensores se fue dilatando entre las distintas composiciones del STJ en feria, con excusaciones y recusaciones. Finalmente, el Tribunal que dictó la medida quedó integrado por los vocales Gisela Schumacher, Carlos Tepsich y Laura Mariana Soage.Báez fue encarcelado el 22 de noviembre, tres días después que el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Por resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Los tres compartieron una celda pequeña con un patio que les prepararon en el establecimiento penitenciario de calle Marcos Sastre.Urribarri y Aguilera fueron liberados el 7 de enero en un fallo exprés del STJ en feria, por mayoría. Báez reclamó tener el mismo trato, pero la decisión se demoró un poco más hasta este viernes. En el fallo, los tres vocales conicidieron en confirmar la prisión preventiva, pero no en la modalidad de su cumplimiento. El fallo que beneficia a Báez fue por mayoría: Schumacher y Soage votaron por la domiciliaria, mientras que Tepsich por prorrogar la prisión preventiva en la cárcel. De este modo, el condenado por delitos contra el Estado y la apropiación de fondos públicos computará pena en su lujosa propiedad. Fue condeado a seis años y medio de prisión y ahora, al menos un año y medio, lo cumplirá en esa condición.Según supo ANÁLISIS, Tepsich votó en primer lugar argumentando que debía confirmarse la medida cautelar en la cárcel por el plazo de 18 meses. “El recurrente ha sido condenado por un delito de gravedad institucional con una pena de cumplimiento efectivo y esa sentencia cuenta con doble conforme; lo que abona de modo suficiente representarse un escenario de fuga”, sostuvo el vocal.Luego, Soage votó por la domiciliaria con tobillera por ese mismo lapso. “El riesgo de fuga del Sr. Báez encuentra respaldo suficiente en las constancias de la causa, valoradas de acuerdo a las pautas legales que rigen el juicio de probabilidad que debe efectuarse al momento de evaluar la procedencia de una medida preventiva, restrictiva de la libertad, en cualquiera de sus modalidades”, arrgumentó la magistrada.Luego, cuestionó que ni el Tribunal de Juicio y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal respondieron al planteo de la defensa sobre “por qué la prisión domiciliaria no sería apta para neutralizar el riesgo de fuga”. Luego, se explayó sobre los fundamentos en la discusión que se dieron en ambas instancias sobre esta cuestión, y concluyó que debe otorgarse la domiciliaria a Báez, con tobillera electrónica.Finalmente, Schumacher (quien pretendía apartarse de este expediente) acompañó el voto de Soage. Sorprendió a propios y extraños que la decisión sobre Báez se diferenció de la adoptada respecto de la situación del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes tienen como única restricción no salir de Concordia o de Paraná, respectivamente. Pero mientras que a Báez se le irán computando estos días en su casa quinta, como prisión domiciliaria, no sucederá lo mismo con Urribarri y Aguilera.Al momento en que quede disponible una tobillera electrónica, el exministro será trasladado desde la cárcel hasta el lugar donde fijó domicilio: la enorme casa quinta de su propiedad ubicada en e calle Jozami casi Gobernador Crespo. La medida no sería inmediata, sino que, primero, debe quedar disponible una tobillera. Como la lista es larga, generalmente, al menos hasta el año pasado, había una espera de cinco o siete días. Luego, el personal del sistema de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos debe realizar un estudio del domicilio donde se cumplirá la medida cautelar, dónde se instalará la base de la tobillera y desde ahí cuántos metros se podría mover Báez. La quinta de la calle Jozami es un lugar rodeado de vegetación y pocas viviendas, calles angostas y nulo tránsito. La vivienda que aparece como propiedad de alquiler en sitios de internet como “la quinta del Chivato”, también tiene su historia: en enero de 2010, Báez y su pareja Sofía Riquelme compraron un amplio terreno en esa zona de la Toma Vieja de Paraná. Allí edificaron la lujosa propiedad a la que le fueron anexando terrenos linderos hasta superar los 4.000 metros cuadrados de superficie (tiene aproximadamente unos 65 metros de ancho y 70 metros de fondo) y construyeron dos casas más.Las tres unidades en un tiempo fueron alquiladas para turismo y eventos, y la promocionaban por sus características: “Se destaca por su diseño arquitectónico sofisticado y contemporáneo con sutiles terminaciones en un estilo minimalista, único en la ciudad, con una gran participación y protagonismo del verde y los espacios al aire libre”.“Desde cualquier punto de la casa puede observarse la vegetación, logrando una gran interacción entre el interior y el exterior”, se describe en los portales. También se detallan comodidades como el microcine, el hidromasaje, el centro de fitness, la cancha de fútbol con vestuarios e iluminación nocturna, el solárium y la pileta climatizada.Báez, ex empleado del Instituto de la Vivienda y luego del Senado provincial, fue funcionario municipal de Hernán Orduna en la comuna de Concordia (período 1999/2003) y luego director de Información Pública con la llegada de Sergio Urribarri a la Gobernación, en 2007. En el segundo mandato fue ascendido a ministro de Cultura y Comunicación (cargo creado por el entonces mandatario, en 2011) y cuando terminó tal administración pasó a ser diputado provincial del peronismo entrerriano. Fue condenado a 6 años de cárcel por delitos de corrupción, en el denominado Megajuicio donde Urribarri resultó sentenciado a 8 años de prisión y, a la vez, tiene una causa por enriquecimiento ilícito, cuya elevación a juicio se concretaría a principios de este 2025. (I: Analisis)

Aquella está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe expedirse a partir de la concesión del Recurso Extraordinario Federal que ataca la sentencia que lo condenó en la llamada Causa Compleja en la que se ventilaron cinco hechos de corrupción contra las arcas públicas.La Cámara de Casación de Paraná, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, resolvió este viernes rechazar “el Recurso de Casación interpuesto por los Defensores Técnicos del encartado Pedro Ángel Báez, doctores Ignacio Díaz y José Velázquez, contra la resolución dictada el 22 de noviembre de 2024, por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, la que en consecuencia, se confirma”.Así, la Cámara confirmó la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado en la oportunidad por María Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón, que resolvió “ hacer lugar al pedido formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal”, y dispuso la prisión preventiva del imputado, Pedro Ángel Báez, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza” y ordenó inmediata detención y posterior traslado a la Unidad Penal N° 1 de ésta capital, a disposición de éste Tribunal y causa, del imputado, Pedro Ángel Báez”. Contra esta decisión interpusieron recurso de Casación los defensores.La cuestión a dirimir por la Casación consistió “en determinar si la resolución que dispuso hacer lugar al pedido de prisión preventiva requerida por la Fiscalía resulta arbitraria como lo sostiene la Defensa del condenado Báez, o bien se ajusta a derecho como lo afirma la Fiscalía”. La Defensa planteó dos agravios: “1) Ausencia de acuerdo genuino en los votos de la mayoría. 2) Ausencia de motivación de los votos de la mayoría”.La Cámara sostuvo que “a esta altura, cabe concluir que: los votos que conforman la mayoría de la resolución impugnada confluyen de manera armónica en sus argumentos, y que allí se analizó la razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar y se valoraron las constancias que determinaron la existencia de riesgos procesales”.Las vocales añadieron que “por eso, puede afirmarse que la resolución que dispuso la prisión preventiva de Báez fue producto de una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la incidencia, sin que se advierta ninguna arbitrariedad, toda vez que lo resuelto se encuentra debidamente motivado y cuenta, además, con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto judicial válido”.Las magistradas coincidieron en considerar que “en definitiva, la resolución de la mayoría luce equitativa y armónica con los precedentes de este Poder Judicial, que surgen de la ponderación comparativa con el dictado de las cautelares en otras causas, incluso, en causas en las que se condenaron hechos de menor gravedad que no tienen las características de los delitos por los que el imputado fuera condenado”.Asimismo señalaron que “por otra parte también han quedado comprobadas las facilidades con las que Báez cuenta para abandonar el país o permanecer oculto, en tanto cuenta con recursos económicos y tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro”. Agregaron que “de allí que no pueda resultar desproporcionado y menos irracional, pronosticar que, así como se sirvió de su cargo público y de la estructura creada para cometer los delitos, se servirá de esas mismas circunstancias, más la disponibilidad de los elevados montos de dinero (de los que sigue disponiendo, porque el Estado aún no los recuperó), para eludir el cumplimiento de la condena, fugándose”.

El Megajuicio que se lleva adelante ante el Tribunal de Juicio integrado por José María Chemez; Elvio Garzón y Mónica Castagno tuvo una nueva jornada de alegatos a cargo de Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores técnicos de ex ministro Báez.

Ambos dividieron en dos sus exposiciones. Por un lado explicaciones con base en el derecho administrativo sobre cómo son los procedimientos de contratación de publicidad, a fin de demostrar que el ex funcionario no cometió ningún delito. Y por otro cuestionaron con fuerza al Ministerio Público Fiscal, en particular a su vértice: el Procurador General Jorge García y su Adjunta, Cecilia Goyeneche, suspendida en su cargo debido a que se le realizará un jury por mal desempeño en la causa �SContratos⬝.

Díaz estribó su planteo contra Fiscalía en la utilización de los bioingenieros Fritz y Ferrari para la realización de informes técnicos sobre computadoras y celulares, marcando la falta de incumbencia material y el incumplimiento de la ley que creó a comienzos de siglo el Colegio de profesionales de la informática (Coprocier).

Sugirió que podría haber habido por parte de García y Goyeneche violación a los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos al haberlos contratado y encomendado que realizan un informe técnico para el cual no tenían la competencia profesional ni tampoco el requisito legal de matriculación en el Coprocier.

Díaz marcó que la incumbencia, el alcance del título �Sno es una cuestión de hechos sino de legalidad⬝ y son determinadas en función de la ley por Coneau (Comisión nacional de acreditación universitaria), Consejo Universitario nacional y la norma provincial que creó el Coprocier.

�SLos bioingenieros sólo tienen incumbencia en materia vida. Los que tienen injerencia (para peritar equipos informáticos y celulares) son los ingenieros informáticos o analistas de sistemas⬝, destacó el letrado

Ni Fritz ni Ferrari �Spueden realizar ninguna pericia que no sea de su incumbencia⬝, remarcó. Luego, citó un caso reciente de Gualeguay donde se anuló la prueba por falta de incumbencia de quienes realizaron el informe.

También señaló que son los colegios los que realizan el control de la matrícula. �SLos profesionales no solo tienen que tener la incumbencia, sino también estar matriculados⬝, postuló. Luego citó la nota de esta Agencia donde la presidenta del Coprocier indicó que ni Fritz ni Ferrari estaban matriculados ni tenían incumbencia profesional.

Ambos técnicos de Fiscalía �Shan realizado tareas por fuera de su incumbencia. Hay una violación con consecuencias. No hay que darles validez probatoria alguna a estos informes realizados por ellos, usurpando incumbencias⬝, razonó el abogado. También pidió que se los investigue por el delito de usurpación de título y que se produzca su  remisión al organismo pertinente.

En el mismo sentido, su colega de defensa Velázquez apuntó a la actuación de la Fiscalía. Personalizó el ataque a esta estructura señalando su marcada verticalidad piramidal y enfocó en concreto al vértice, donde se ubican García y Goyeneche. El letrado salvó expresamente de estas críticas a los fiscales del caso: Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

Según entendió, la política criminal del MPF es �Sarbitrario y sesgada⬝, y actúa con funcionalidad a �Ssectores políticos, que tienen como fin criminalizar lo que ellos quieren⬝. �SEstán erosionando la conciencia democrática judicializando acciones surgidas del voto popular⬝, sentenció.

El MPF �Sse constituye en una suerte de supermoral para reprobar proyectos políticos, gestiones de gobierno y metodologías de trabajo. Estos excesos son posibles por la distorsión que impone el principio de jerarquía de la ley de ministerio público fiscal que  ha avasallado el criterio de fiscales que actúan en el más absoluto respeto de la normativa vigente, como pueden⬝, abundó.

En línea con esto aseveró que Goyeneche �Spolitizó las causas⬝ y le endilgó haber trabajado �Ssobre la proyección de prejuicios y el chisme: si es político, está sospechado de corrupto; si es peronista lo es y si es «K» se agrava⬝, relató.

También le endosó a la Procuradora Adjunta y a su superior haber �Sdestruido la credibilidad de las instituciones. Quien encabezó eso fue una alta funcionaria que le faltó el respeto al Jurado de Enjuiciamiento y la Justicia⬝, agregó, sindicando sin nombrar a Goyeneche.

Y desafió a ambos: �SArmen un partido, preséntense  y ganen las elecciones⬝.

Cuestión de derecho

Díaz, en el tramo inicial de su exposición, centró la defensa de Baez en el criterio de que en las causas analizadas durante el juicio no hubo violación a la ley de contrataciones del Estado, ni del procedimiento ni de los controles.

Repasó que en informes y testimoniales, los organismos de control del Estado provincial confirmaron la validez y legalidad del proceso de contratación directa por vía de excepción con libre elección del proveedor de la publicidad oficial.

Hizo un recorrido por toda la documentación obrante en las causas referida a cómo se produjo una �Smejora⬝ según indicó, de los controles públicos sobre la contratación de espacios publicitarios. En el desandar de los distintos escritos, fue marcando las actuaciones del Tribunal de Cuentas y otros organismos de control y las respuestas que fueron produciéndose por parte de la administración pública, en particular su pupilo. También se apoyó en los testimonios que dieron integrantes del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General y que fueron en el mismo sentido.

Remarcó que su defendido expresó en la declaración que estaba contento porque alguien le decía cómo hacer bien el procedimiento, como mejorarlo. �SLas recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno y fueron inmediatamente llevadas a la práctica⬝, remarcó.

Además, puso en conflicto la teoría del caso de Fiscalía señalando que si las irregularidades de los procesos se habrían transformado en delitos, los organismos que intervinieron en el control de legalidad tendrían que haber llamado la atención. O de lo contrario sus responsables haber sido comprometidos también en la acusación.

�SConstitucionalmente la Contaduría general es el órgano principal de aplicación de la ley 5140⬝, de Contrataciones del Estado, afirmó, subrayando que esa responsabilidad es �Sexclusiva y excluyente. Ni siquiera los tribunales judiciales podrían ejercer la competencia de control de la 5140. Salvo una cuestión: sí podría ser observada la aplicación de la ley por el Poder Judicial si encontráramos algún delito que estos órganos cometieran en el cumplimiento del mandato constitucional. Pero no se abrió por culpa o dolo proceso contra estos organismos. Si no hay imputación a los órganos de control no podemos decir que la ley ha sido incumplida o violada, en función de que estamos admitiendo que actuaron con corrección en su cumplimiento funcional⬝, argumentó.

Estoy recordando que en el mediodía del 25 de noviembre de 2020 estaba por hacer una publicación en mis redes cuando me sorprende la noticia de la muerte de aquel que no podía morir. Nunca más publiqué nada. El duelo por el más grande no terminará nunca. El silencio se interrumpe hoy porque frente a la gran cantidad de amigos/as y compañeras/os sorprendidos y angustiados por el pedido de penas formulado hoy por los representantes del Ministerio Público Fiscal, me veo en la obligación de expresarme. A mi hace 6 años que nada me sorprende.

Y contaré por qué. No voy a detenerme a pensar si conviene o no a mi defensa. Más bien creo que será una verdad molesta. No lo dije antes porque fui respetuoso del proceso judicial y mientras algunos operaban la publicación de mentiras yo me las aguanté calladito. 

Recuerdo como si fuese hoy que en la tarde del 31 de diciembre de 2015 me llama el compañero Juancho Huss, actual diputado provincial y en aquel entonces flamante Diputado Nacional. Me dijo que recién llegaba de Buenos Aires y necesitaba hablar conmigo. Eran las primeras semanas del nuevo gobierno de Macri y se empezaba a configurar un contexto político que serviría de plataforma para disparar una cacería sobre Cristina, miembros de su gobierno y muchos que adherimos a ese proyecto. �0ramos casi vecinos de manera que pocos minutos después estaba en mi casa para contarme que la Diputada Nacional del PRO, Yanina Gayol, le había contado, en una actitud que yo concibo inocente, típica de quien viene de afuera de la política, que, �Sellos, en Entre Ríos iban a venir por el Gobernador y su Ministro de Cultura⬝. Le confió además que, �Stenían todo acordado y que sólo era cuestión de tiempo⬝. Punto. Literal, palabra por palabra tal como me lo contaron esa tarde del 31 de diciembre del 2015. Me contó además que la charla se había dado en el despacho de la Diputada y que le había llamado la atención un cuadro con una foto del avión en el que había regresado Perón y enterarse que el abuelo de la legisladora había acompañado ese vuelo. 

Finalmente, todo lo que la diputada Gayol le dijo a Huss se cumplió. Juancho me lo comunicó el 31 de diciembre de 2015 y a mí la primera imputación se me comunica, por supuesto que a través de los medios, recién 10 meses después. El largo camino de más de 6 años empezó de esa manera. Nada nos sorprende y nada nos quitará la tranquilidad de tener la absoluta certeza de porqué estamos donde estamos. A mí me investigaron todo. Nunca se ha visto en la historia institucional de la provincia la revisión judicial completa de una gestión. No sólo investigaron en estas causas, investigaron todo, lo que hicimos y lo que no hicimos.

Recuerdo que hasta revisaron el apoyo publicitario que nuestra gestión tenía para con los entrerrianos que participaban de distintas categorías en el automovilismo nacional. Marianito Werner quizás se entere ahora que además de ser famoso como un gran Campeón estuvo a punto de estar en los medios por otras cosas. Revisaron todo de mi gestión, todo. Y finalmente lo que encontraron fue nada. Al decir de un prestigioso periodista de un matutino local, �SOrfandad probatoria⬝. No estoy en desacuerdo con que se investigue, y además creo que el gobernante debe ponerse a disposición y colaborar. Es lo que yo hice. Lo que digo es que si de las investigaciones no se obtienen elementos para continuar el proceso judicial, éste no se debe forzar. La orfandad probatoria no es de ahora, fue desde el mismo inicio de las causas. 

El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho Indiano, que consistía en que al término del desempeño del mandato todos los funcionarios y gobernantes se sometían a una revisión Integral de su actuación institucional y política. A este juicio debían someterse toda clase de funcionarios, desde virreyes hasta gobernadores, alcaldes y alguaciles. Si eso es lo que se quiere entonces bien, que presenten un proyecto de ley en la legislatura que reinstaure el juicio de residencia al que tengamos que someternos todos, pero todos y no sólo algunos que casualmente tuvimos una fuerte identificación con el gobierno y el proyecto político que mejoró notablemente las condiciones de vida de nuestro pueblo. 

Nunca tuve nada que no constara en mis declaraciones juradas, las revisaron hasta de canto. Sin embargo, en el edificio en el que junto a mis hermanos alquilábamos un departamento para mis viejos circulaban pedidos de informes para hacer daño. 

Mi viejo falleció en agosto de 2018, tenía el cuero duro, había sido dirigente gremial en tiempos bastante más difíciles que estos, pero escuchar y leer por todos lados las graves acusaciones que le hacían al hijo del cual se sentía muy orgulloso nunca es gratis para un padre.

Si la cuestión era política bastaba con agarrárselas con Urribarri y conmigo, para qué joderles la vida a tanta gente. Pienso en Hugo Céspedes, un señor con todas las letras. Peleaba contra el cáncer. Pero no lo mató el cáncer.

Los que le dedicamos la vida a la política tenemos convicciones, pero nuestras familias y amigos son dañadas profundamente sintiéndose observados y señalados por vecinos y amigos a los que la condena mediática le taladra los oídos todos los días. Eso es injusto, perverso y deteriora a las personas. 

En términos individuales me la banqué con la mayor dignidad posible y con la tranquilidad que da la convicción más profunda y absoluta de que no estábamos en esta situación por haber cometido delitos, porque no los cometimos. 

Lo que sí tenemos y que nunca nos podrán quitar es el orgullo de haber protagonizado un tiempo excepcional, de haber trabajado incansablemente en la gestión para dar todo tipo de respuestas y ser parte de ese tiempo que fue mucho mejor para todos.

Que arreglen ellos con sus psicólogos el trauma que Lacan lucidamente señalaba como el fantasma neurótico por el goce del otro. La mentira circula rápido y es ostentosa. La verdad nunca llega a tiempo, pero permite reparar injusticias y el honor. Tengo plena confianza en que este juicio será una muestra contundente de ello y tengo también la esperanza que la disputa política no se judicialice nunca más.