Diputados opositores que integran la Comisión de Libertad de Expresión convocaron a periodistas y representantes de organizaciones profesionales para analizar las agresiones dirigidas contra la prensa y reclamar respuestas institucionales.La reunión tuvo carácter informal debido a que la comisión no fue convocada oficialmente. Trotta cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y señaló que existen más de 100 proyectos vinculados con la libertad de expresión que no pueden tratarse por la falta de funcionamiento de ese cuerpo.El legislador sostuvo que los ataques del presidente Javier Milei no constituyen episodios aislados, sino que forman parte de una estrategia de intimidación contra las voces críticas. También advirtió que la violencia expresada en las redes sociales puede trasladarse a situaciones concretas contra trabajadores de prensa.Lourdes Arrieta, vicepresidenta segunda de la comisión, reclamó debatir los agravios dirigidos contra periodistas, dirigentes y ciudadanos que cuestionan decisiones oficiales. “Estar en contra de una medida no significa convertirse en enemigo”, expresó.

Preocupación de las entidades periodísticasEl vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, Claudio Jacquelin, describió una situación de “extrema fragilidad” para la libertad de expresión. Señaló que el ataque a voces críticas coincide con una profunda crisis de la industria de medios y una creciente precarización laboral.De acuerdo con el monitoreo realizado por Fopea, durante el último año se alcanzó un récord de agresiones contra periodistas y más del 60% fueron atribuidas al Poder Ejecutivo nacional. La secretaria de la entidad, Paula Moreno Román, advirtió que esas conductas comenzaron a reproducirse en las provincias y reclamó mayor transparencia en la distribución de publicidad oficial y acceso a los funcionarios.

Pauta estatal bajo sospechaRodrigo Lloret, director de Perfil, sostuvo que, aunque la Secretaría de Comunicación dejó de repartir publicidad con el sistema utilizado por administraciones anteriores, continúa existiendo pauta estatal canalizada mediante empresas públicas, principalmente YPF.Según afirmó, esos recursos serían distribuidos discrecionalmente y sin información pública suficiente. Algunos participantes pidieron que el Congreso investigue los montos, los medios beneficiados y los criterios utilizados.Mónica Gutiérrez alertó sobre el riesgo de naturalizar los insultos y consideró que el descrédito del periodismo profesional debilita el derecho de la sociedad a recibir información contrastada.Fernando Ramírez, presidente de APeRA, cuestionó las restricciones impuestas a los acreditados en la Casa Rosada y la falta de conferencias presidenciales abiertas a preguntas. Otros expositores denunciaron limitaciones para repreguntar y obstáculos para acceder a información oficial.Nancy Pazos reclamó protección para cronistas y reporteros gráficos que cubren manifestaciones frente al Congreso. Aseguró que más de 250 trabajadores de prensa resultaron lesionados durante procedimientos de seguridad en los últimos dos años y pidió incorporar garantías específicas en una futura actualización del Estatuto del Periodista.También expusieron Gabriel Sanfilippo, Natasha Niebieskikwiat, José Ángel Di Mauro, Malena Winer, Stella Hernández, Sebastián Lacunza y Mariano Obarrio.El encuentro concluyó con un pedido común: reactivar formalmente la Comisión de Libertad de Expresión, investigar el destino de los recursos publicitarios estatales y evitar que los ataques contra periodistas se conviertan en una práctica naturalizada dentro de la discusión pública.