El comunicado atribuye responsabilidades políticas, aunque no aporta elementos que vinculen al intendente con el episodio. 

Patria Grande informó que acudió a la Fiscalía para solicitar una investigación por un presunto hecho de hostigamiento policial contra su militante Ludmila Fernández Castellano.

Según la versión difundida por la organización, una patrulla se detuvo frente al domicilio de Fernández Castellano y sus ocupantes fotografiaron la fachada. La agrupación sostuvo que, cuando fueron consultados sobre su presencia y se les solicitó identificación, los efectivos no justificaron el procedimiento.

A partir de ese relato, el espacio responsabilizó políticamente al intendente Francisco Azcué y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. También reclamó explicaciones y garantías para evitar situaciones similares.

La organización consideró que las acciones denunciadas constituyen prácticas de vigilancia e intimidación que afectan la intimidad y las libertades democráticas. Esas afirmaciones forman parte de su presentación pública y deberán contrastarse con los elementos que reúna la investigación. La inclusión de Azcué en el señalamiento merece una explicación concreta: el comunicado no describe una orden, una intervención ni otro elemento que permita relacionarlo directamente con el accionar policial denunciado.

Sin ese respaldo, atribuirle responsabilidad puede interpretarse como una búsqueda de repercusión política y mediática antes que como una conclusión fundada. 

Patria Grande tiene como principal referente nacional a Juan Grabois.

El lider de este partido busca permanentemente protagonismo con bravuconadas e historias de persecución en la Camara de Diputados Nacionales; carece de peso politico y su partido en la provincia de Entre Rios es un sello y no tiene la mas minima posibilidad de ser una alternativa posible en la provincia de Entre Rios.