La medida había sido definida inicialmente por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU por un período de entre 48 y 72 horas. Finalmente, la organización confirmó la extensión de la huelga por tres días y anunció que se realizará en conjunto con CONADU Histórica, que también convocó al paro para esas mismas fechas.El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y de la medida cautelar judicial vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes.La medida está condicionada al cumplimiento, por parte del Gobierno nacional, de la recomposición salarial del 33,4% reclamada por los gremios y vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El plazo establecido por la Justicia vence este martes 29 de septiembre.El juez federal Martín Cormick había intimado al Gobierno a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días. Según la información difundida, el Ejecutivo analiza apelar esa resolución, mientras que los gremios mantienen la convocatoria al paro.La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, señaló que la organización mantiene un plan de lucha de cara a la marcha del 15 de octubre y planteó la necesidad de fortalecer la acción colectiva del sector.Además del paro, CONADU anunció acciones de visibilización del conflicto y actividades destinadas a impulsar una nueva movilización universitaria de alcance nacional.La 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, tendrá entre sus ejes el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2027.En ese marco, la organización sindical también anticipó articulaciones con diputados y senadores de distintas provincias para plantear la situación del sistema universitario durante el tratamiento del presupuesto.

Tras la caída de la paritaria universitaria, los sindicatos definieron el jueves 15 de octubre como fecha de la quinta marcha federal educativa. A diferencia de las otras protestas, esta será frente al Palacio de Tribunales. La decisión llegó después de que el Gobierno y los gremios docentes volvieran a reunirse sin lograr un acuerdo.El Ejecutivo mantuvo la oferta que ya había presentado en el encuentro anterior y ratificó que solo cumple con el aumento del 3% ordenado por la Justicia, mientras los sindicatos la rechazan y sostienen que todavía falta una recomposición de alrededor del 35% para alcanzar el nivel de diciembre de 2023.Como antesala de la marcha, se resolvieron además un paro para este viernes y para el martes próximo, según supo TN de fuentes del sector. A esa medida se suma otro planteo de algunos gremios de la UBA, que impulsan un paro escalonado de 23 días como medida de fuerza adicional, en momentos en que la negociación paritaria sigue estancada.“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.Por su lado, los gremios de ADUBA y APUBA anunciaron en la Universidad de Buenos Aires una medida de fuerza escalonada de 23 días, que comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, con cese de actividades rotativo por facultad y dependencia. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien adelantó que “saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.

El fracaso de la paritariaLa reunión paritaria, que había comenzado el 1° de septiembre y se retomó este jueves, terminó sin nueva convocatoria y con los sindicatos enfocados en organizar la federal universitaria de octubre. La posición oficial se apoya en el acuerdo del 10 de junio, que el Gobierno toma como referencia de una recomposición del 35%, a la que suma el 3% ofrecido ahora, y argumenta que ya se cumplió con las actualizaciones salariales exigidas judicialmente.Los gremios rechazan ese cálculo: sostienen que el planteo no pasa por fijar un porcentaje aislado, sino por aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, y calculan que todavía resta cerca de un 23% de recomposición para empatar con diciembre de 2023.La discusión salarial universitaria corre además por un carril distinto al del debate del Presupuesto 2027, aunque ambos conflictos se superponen: el proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, una cifra que los rectores consideran insuficiente y que, según el propio Gobierno, implica una suba nominal del 20,6% frente a la transferencia estimada para 2026 y del 53,58% respecto del crédito original, aunque las entidades universitarias cuestionan esa comparación por no descontar la inflación acumulada. (Fuente: TN)

El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno tendrá un nuevo capítulo esta semana. Los docentes nucleados en CONADU convocaron a un paro nacional de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, medida a la que adhieren distintos sindicatos del sector.

El reclamo tiene dos ejes principales: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la situación presupuestaria de las universidades públicas.Los representantes universitarios sostienen que los incrementos salariales otorgados quedaron por debajo de la inflación y cuestionan que las actualizaciones hayan sido determinadas sin una negociación paritaria. Desde el sector estiman que los docentes acumulan una importante pérdida salarial desde diciembre de 2023.La protesta también vuelve a colocar en discusión la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. Desde las universidades aseguran que todavía no reciben la totalidad de los recursos contemplados por la norma y señalan que existen decisiones judiciales que ordenan su cumplimiento.Otro motivo de preocupación es la salida de docentes, investigadores y profesionales altamente calificados, atraídos por mejores remuneraciones en el sector privado o en instituciones del exterior, una situación que podría afectar tanto la enseñanza como la investigación científica.Los gremios anticiparon que el paro del 27 y 28 de agosto podría no ser la última medida. Si no aparecen respuestas sobre salarios, presupuesto y aplicación de la ley, analizan profundizar el plan de lucha, manteniendo nuevamente a las universidades nacionales en el centro de la discusión con el Gobierno.