Este indicador consolida la tendencia de presencialidad y supera los valores registrados en las últimas medidas de fuerza del sector. El relevamiento técnico demuestra que la gran mayoría de los docentes y equipos directivos optaron por sostener la actividad institucional en los establecimientos, priorizando el derecho constitucional a la educación de los alumnos y garantizando la continuidad pedagógica en el territorio provincial.El compromiso del personal directivo y docente que concurrió a las aulas permitió que las familias entrerrianas puedan enviar a sus hijos a la escuela con total normalidad. Con este nivel de asistencia, el sistema educativo provincial ratifica su vocación de mantener las puertas abiertas y asegurar el aprendizaje diario de los estudiantes. 

La decisión fue establecida por el Congreso Extraordinario de delegados y delegadas, en el marco del Frente Salarial Docente, que resolvió realizar un paro de actividades durante ambas jornadas.Desde AMET ratificaron el reclamo por una recomposición salarial urgente, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido frente al proceso inflacionario.El gremio sostuvo que la medida responde a la necesidad de obtener una respuesta concreta a la situación salarial de los trabajadores de la educación. 

La medida de fuerza fue anunciada por el sindicato docente, que cuestionó el deterioro del poder adquisitivo y reclamó una discusión salarial real que permita recuperar los ingresos perdidos frente a la inflación.Desde el sector sostienen que la pérdida salarial alcanza el 16,1% si se compara la evolución de los haberes con la inflación entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Además, remarcaron que en julio el incremento fue del 3%, que no hubo otro aumento con los haberes de agosto y que en lo que va del año los salarios acumulan una suba del 6,6%, frente a una inflación del 22,7%.En ese marco, los docentes cuestionaron al Gobierno de Rogelio Frigerio por no priorizar la recuperación del salario y denunciaron también medidas que, según consideran, afectan a la salud, las jubilaciones, los comedores y la obra social.Otro de los puntos planteados es la necesidad de avanzar en el blanqueo de los montos en negro, al advertir que este esquema perjudica especialmente a los jubilados y afecta el financiamiento de la obra social y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. El gremio también expresó su respaldo a las comunidades universitarias del país, que llevan adelante medidas de fuerza ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.Con el paro de 48 horas, la docencia entrerriana busca visibilizar el reclamo y exigir una convocatoria urgente al ámbito paritario.“Necesitamos respuestas, no discursos”, señalaron desde el sector, al tiempo que reclamaron una discusión real y una convocatoria a paritaria salarial urgente.

La principal concentración de la jornada tuvo lugar frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde CTERA marchó junto a CONADU, CONADU Histórica y ATE para reclamar políticas que garanticen el derecho a la educación pública y mejoras para el sector docente.La delegación de CTERA estuvo encabezada por su secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, acompañados por integrantes de la conducción nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. También participó el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky.Desde la central sindical sostuvieron que la contundencia de la medida de fuerza refleja “el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina” frente a las políticas nacionales en materia educativa y la falta de respuestas a los reclamos del sector.

Entre las principales demandas, CTERA reiteró el pedido de una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, un incremento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de los fondos nacionales adeudados a las provincias, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la defensa de las jubilaciones docentes y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, además de cuestionar las políticas que, según el gremio, desfinancian la escuela pública.La organización destacó que la respuesta obtenida en todo el territorio nacional ratifica la unidad de la docencia en defensa de la educación pública y confirmó que continuará con su plan de acción hasta obtener respuestas concretas a sus reclamos.

Denuncia de AGMER ConcordiaEn el plano local, AGMER Seccional Concordia emitió un comunicado en el que denunció la presencia de personas que habrían estado realizando relevamientos sobre el nivel de adhesión al paro en distintos establecimientos educativos.Según informó el gremio, recibieron consultas de varias escuelas acerca de la presencia de supuestos “inspectores” que se presentaban para recabar información sobre el acatamiento a la medida de fuerza convocada por CTERA y a la que AGMER adhirió.

La seccional responsabilizó a funcionarios políticos de la Dirección Departamental de Escuelas y del Consejo General de Educación (CGE) por lo que calificó como un “atropello y persecución” hacia el ejercicio del derecho de huelga.Asimismo, recordó a los equipos directivos que ninguna persona ajena al establecimiento, que no pertenezca a la Provincia o al CGE, puede ingresar a una institución educativa sin una comunicación escrita y firmada por las autoridades competentes de la Dirección Departamental de Escuelas.

En este sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó que “el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa”.

“Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, se señaló en un comunicado.

Al respecto, se advirtió que “el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza”, finalizó el comunicado. Agencia NA.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el organismo educativo, esta amplia concurrencia (75 por ciento) del personal en los 17 departamentos entrerrianos consolidó el normal funcionamiento de los establecimientos, permitiendo que la gran mayoría de la matrícula escolar retome sus actividades pedagógicas habituales sin interrupciones.Los informes reflejan que las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas y sostuvieron el dictado de clases planificado para la jornada, resguardando de este modo la continuidad del servicio educativo y el derecho al aprendizaje de las y los estudiantes.Desde el gobierno provincial se remarcó la continuidad del esquema de negociaciones vigentes, con el objetivo de seguir evaluando las variables laborales y salariales del sector junto a las y los representantes gremiales.

Desde el gremio señalaron que la decisión responde a la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos del sector. En ese sentido, indicaron que uno de los principales ejes de la protesta es la defensa de los derechos previsionales de trabajadores activos y jubilados, al considerar que la iniciativa de reforma resulta perjudicial para el conjunto de la docencia.

Asimismo, AMET volvió a exigir la inmediata convocatoria a paritarias, ámbito que considera indispensable para discutir la recomposición salarial y las condiciones laborales del sector educativo. El sindicato recordó que el pasado 22 de junio presentó formalmente ante la Secretaría de Trabajo un nuevo pedido de apertura de la negociación paritaria, sin haber recibido hasta el momento una respuesta favorable.

Para la entidad sindical, la falta de convocatoria constituye un incumplimiento del diálogo institucional y profundiza la incertidumbre que atraviesan las y los trabajadores de la educación.

La jornada de protesta incluirá una movilización hacia la Caja de Jubilaciones y posteriormente a la Casa de Gobierno, donde los gremios buscarán visibilizar sus reclamos por un sistema previsional que consideran justo y por una urgente recomposición salarial.Finalmente, AMET ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública, del salario docente y de los derechos previsionales, convocando a toda la docencia a participar activamente de la medida de fuerza y de la movilización, al sostener que la unidad y la participación son fundamentales para obtener respuestas concretas a las demandas del sector.

De acuerdo a datos relevados por la Consejo General de Educación (CGE), en promedio el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió este jueves a sus lugares de trabajo, restando aún computar los establecimientos del turno tarde. Esto implica que la mayoría de los docentes concurrió, garantizando el desarrollo de clases en gran parte del territorio provincial. En este contexto, el gobierno provincial destacó que el nivel de presentismo registrado permitió que la mayoría de los establecimientos educativos permanecieran abiertos y con clases, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos. 

En realidad, la decisión oficial es no pagar ninguno de los tres días de huelga que se cumplirán a lo largo de marzo. Los días 2 y 3 de marzo hubo huelga en las escuelas. “Sí, se descuenta”, fue la respuesta de Educación ante la consulta de Entre Ríos Ahora respecto del nuevo paro anunciado por AGMER este lunes 23. A finales de febrero último, Educación dispuso prorrogar por un año, a partir del 1° de enero último, la vigencia de la resolución N° 2.771, emitida el 24 de septiembre de 2024 y que puso en vigencia las declaraciones juradas en el ámbito educativo, una herramienta que sirve para control de asistencia y para aplicar descuento por día no trabajado en días de paro gremial.A través de la resolución N° 86, dictada el lunes 23 de febrero, que lleva las firmas del presidente del CGE, Carlos Cuenca, y de las vocales políticas Elsa Chapuis y Carla Duré, el organismo dispuso “prorrogar por el término de un año calendario, a partir del 1° de enero de 2026, la vigencia del relevamiento mensual de la prestación de servicios docente y no docente aprobado mediante Resolución CGE N° 2771/24, en los mismos términos y condiciones allí establecidos”.

El abecé del sistemaDe acuerdo a lo que establece la normativa que ahora pone en vigencia el CGE el mecanismo funcionará de la siguiente forma:1.-Se propone realizar un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente y/o bajo contralor de este Consejo General de Educación que cumple funciones en establecimientos educativos de la Provincia de Entre Ríos, sea en instituciones públicas o de gestión privada.2.-Destinatarios: Quedarán comprendidos dentro del presente relevamiento, en primera instancia, todo el personal docente de la Provincia de Entre Ríos que se encuentre cumpliendo funciones activas en los Establecimientos Educativos públicos y de gestión privada de la Provincia, pudiendo ampliarse a los demás agentes dependientes de este organismo con posterioridad.3.-Tiempo: La propuesta de relevamiento mensual se llevará a cabo durante un plazo de un año calendario, susceptible de prórroga, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal.4.-Objeto: El propósito de este relevamiento es obtener datos precisos sobre la prestación efectiva de servicio de los agentes dependientes del organismo, en primera instancia docentes, con el fin de facilitar una gestión más efectiva de los recursos existentes y permitir la implementación de propuestas orientadas a la mejora de los procesos de aprendizaje y la continuidad de las trayectorias pedagógicas de los alumnos. Al contrastar esta información con los datos existentes en el sistema SAGE, se podrá optimizar la gestión de los Recursos Humanos.5.-Frecuencia del Relevamiento: Los relevamientos se llevarán a cabo en principio de manera mensual, siendo su frecuencia de acuerdo a las necesidades existentes, a consideración de la superioridad conforme la política educativa y las facultades delegadas normativamente. Las fechas específicas de cada relevamiento, como así el plazo para cumplimentar con el mismo, serán comunicadas con un mínimo de 24 horas de antelación a la realización del mismo por SAGE.6.-Procedimiento del Relevamiento: El relevamiento consistirá en la cumplimentación de un formulario individual y personal a través del sistema SAGE (Sistema de Administración General de Educación). Este formulario tendrá carácter de declaración jurada, y su presentación será obligatoria en las fechas establecidas para el relevamiento. Los agentes deberán completar el formulario en el tiempo previsto para su presentación.7.-Consecuencias por Incumplimiento: En caso de que un agente no complete el formulario en el plazo estipulado, se presumirá que éste no prestó servicios en el establecimiento educativo durante el día y en la oportunidad correspondiente. Esta presunción se considerará para todos los efectos administrativos relacionados con la prestación de servicios en los establecimientos educativos. En caso de que el docente tuviere inconvenientes para completar con los datos requeridos en el relevamiento, como así también advirtiese errores y/u omisiones que impidieren la realización del mismo o, en su defecto, incurriere en algún error u omisión, deberá informar por vía jerárquica, de manera escrita, a través del establecimiento educativo en el que presta servicios, las circunstancias que impidieron que pudiera cumplimentar con el mismo, acompañando toda la documentación y prueba que estime pertinente para hacer valer su posición dentro de las 48 hs de finalizado el plazo de relevamiento.8.-Prevalencia: En caso de disparidad entre la información obrante en Sistema SAGE y en la Declaración Jurada, habrá de estarse a lo señalado por la Declaración Jurada completada por el docente con las consecuencias legales que ello acarreará en caso de falsedad. 

En conferencia de prensa, representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato de Docentes Privados (Sadop) explicaron que rechazaron la propuesta salarial del gobierno por considerarla insuficiente.“Cerrada la paritaria y con el aumento por decreto que anunció el gobernador, con el argumento de la baja recaudación, justificando el ajuste sobre la educación, el conflicto se agudiza mucho más y algunas puertas comienzan a cerrarse”, afirmó el secretario general de Agmer, Abel Antivero. En ese sentido, sostuvo que los sindicatos mantuvieron “la absoluta vocación de diálogo, apertura y predisposición con el gobierno a quien se instó desde el año pasado a discutir salario para no llegar a esta instancia, donde convocaron con propuestas que se rechazaron lo que llevó al paro de hoy en los 17 departamentos -que tuvo un acatamiento del 70 por ciento- que fortalece la medida, donde el descontento generalizado de la docencia se expresó a lo largo y ancho del territorio entrerriano”. Por su parte, el secretario general de Amet, Andrés Besel, indicó que los gremios esperan “encontrar, prontamente, ya sea en paritaria, una mesa política o un camino para llegar a un acuerdo de una pauta que realmente impacte en nuestros bolsillos, de los jubilados, la obra social y el sistema previsional”.                    Pasos a seguir                                                                        Ante ese escenario, Antivero adelantó que “nuestra tarea es pensar actividades y estrategias de cara a este conflicto que comienza a agudizarse, aclarando que hay un solo responsable: el gobierno de Rogelio Frigerio, porque nosotros queríamos que los chicos estén desde ayer en las escuelas”.El dirigente aclaró que no se adelantarán las acciones que podría ejecutar el frente sindical docente, pero subrayó que toda medida se hará de forma articulada y no descartó la posibilidad de instalar una carpa blanca frente a Casa de Gobierno: “Nos preparamos para diferentes estrategias, con otras instituciones también, para poder resistir a esta posibilidad de llevar a cabo un avasallamiento sobre nuestros derechos”.

Frank: “Nuestra tarea no es reconocida dignamente”La secretaria general de Sadop, Alejandra Frank, comentó: “Nos encontramos en un segundo día de lucha porque venimos perdiendo derechos a nivel nacional y provincial. Apostamos al diálogo, a sentarnos y ser escuchados, pero, lamentablemente, no tuvimos respuestas y nos estamos sintiendo cansados, porque vemos que nuestra tarea no es reconocida dignamente. No puede ser que ya vemos docentes agotados iniciando el ciclo lectivo”.Al respecto, aseguró que “hay que sentarse a dialogar, ser escuchados y tener una respuesta que dignifique nuestra labor: necesitamos un salario justo”. 

Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas.

Asimismo, reafirmaron que este criterio responde a una decisión sostenida por la actual gestión.

La jornada de paro docente volvió a dejar cifras contrapuestas entre el Ejecutivo provincial y el principal gremio del sector. Desde el Consejo General de Educación señalaron que el nivel de acatamiento rondó el 46%, destacando que la mayoría de las escuelas pudo desarrollar clases con normalidad.En cambio, desde AGMER aseguraron que la medida tuvo un respaldo superior al 80% en todo el territorio entrerriano, calificándola como una señal contundente del malestar existente frente a la propuesta salarial y la situación del sector.La diferencia en los números expone no solo la disputa por la negociación paritaria, sino también la batalla por la interpretación del impacto real del conflicto en el sistema educativo provincial.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –Agmer– realizará la medida de fuerza en consonancia con lo dispuesto por la Central de Trabajadores de la República Argentina –Ctera-. Por su lado AMET –docentes técnicos– y Sadop –de escuelas privadas– harán lo propio en función de decisiones adoptadas por sus respectivos sindicatos a nivel país.En todos los casos el reclamo es unánime: un pedido de una reapertura urgente de la paritaria nacional de los maestros, que establecía un piso salarial que luego era complementado con los incrementos acordados en las provincias. En otro orden, también la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y un rechazo categórico a la drástica baja del porcentaje del PBI que será destinado a la educación.En el caso particular de AMET, también se rechaza la derogación del Artículo 52 de la Ley de Educación Técnico-Profesional, que establecía fondos específicos para financiar actividades propias de este tipo de establecimientos.En cuanto a la paritaria provincial, la primera oferta de la Casa Gris fue rechazada por los gremios, que la consideraron insuficiente. En las últimas horas, el gobierno convocó a una audiencia de conciliación obligatoria que tendrá lugar en la Secretaría de Trabajo el lunes próximo a las 15. (Ahora) 

El congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió implementar un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo.Entre los ejes de este plan se encuentra la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. Además, impulsarán acciones durante todo el mes de marzo para esclarecer sobre el significado del proyecto y las consecuencias que tendrá en la educación pública.Se trata de una medida que podría tener fuerte impacto en Entre Ríos, ya que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) es entidad base de Ctera y, por lo tanto, los docentes de la provincia nucleados en el sindicato serán convocados a plegarse a la huelga.Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.En el caso de Ctera, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.Además, durante el congreso de Ctera se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”. 

 Durante el Plenario -del que la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó como gremio de base- las Secretarias y los Secretarios Generales evaluaron que “la situación de la docencia universitaria es insostenible, con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento”.Ante esta situación se decidió exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue lograda y reafirmada en el Congreso con movilizaciones de toda la comunidad universitaria.También se decidió reclamar “el urgente restablecimiento de la Paritaria, ámbito institucional en el que se debe dar la recomposición salarial que tanto necesita la docencia de las universidades”. Y, en ese contexto, se dparoefinió “impulsar un Plan de Lucha contundente en unidad con los actores universitarios que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo”.Por unanimidad, el Plenario definió llevar como propuesta al Frente Sindical las siguientes medidas:-Participar del PARO Y MOVILIZACIÓN del 11 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral-Realizar consultas y/o asambleas en los sindicatos de base para impulsar JORNADAS DE PARO EN LA SEMANA DEL 16 DE MARZO y evaluar la continuidad de medidas a lo largo del cuatrimestre-Organizar una CARPA ITINERANTE articulación con otros actores sociales-Avanzar en la construcción de una MARCHA FEDERAL en defensa de la Universidad PúblicaA finales de febrero se realizará un nuevo Plenario para poner en común los resultados de las consultas efectuadas en cada asociación de base.Durante el análisis de la coyuntura, los y las secretarias generales expresaron también una fuerte preocupación por la dificultad de acceso a una cobertura de salud digna por parte de la docencia universitaria. 

Con los resultados de la consulta nacional a la comunidad universitaria, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió por amplia mayoría la realización de una jornada de lucha con paro de 72 horas el miércoles 12, el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre.

Fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias.

Por otro lado, el Plenario manifestó solidaridad con los docentes de la Agremiación de Docentes Universitarios de Formosa (Adufor) por la persecución que vienen sufriendo por parte de la conducción de la Universidad Nacional de Formosa, que “sanciona por razones políticas a quienes tienen un pensamiento crítico y diferente a su gestión”.

Participaron de la consulta Coad, Sidiunt, Codiunne, Adulp, Adoi, Adai, Aduna, Feduba, Adum, Adeiunaj, Agd-Río Cuarto, Adiunq, Adiungs, Sidiuncaus, Adunce, Adufor, Adunipe, Sidiu, Adiunpaz, Sudhur, Sidiunlar, Siduncu, AGDU, Afudi, Adunsada, Sidunsj, Adunoba, Aduntref, Adunse, Adiuc, Aduc, Adunm.

Cabe destacar que Conadu es la Federación Nacional de Docentes Universitarixs más grande y representativa del sector.

Cabe destacar que días atrás los docentes universitarios nucleados en la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) había anunciado la realización de un paro de 72 horas en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro salarial del sector.

De este modo, las dos Federaciones que nuclean a la docencia universitario realizarán medidas de fuerza la semana próxima.

La medida responde a la creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el “desfinanciamiento estructural” que, según denuncian, afecta gravemente el funcionamiento de las casas de altos estudios. La situación se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias, ya que el año 2025 comenzó con un presupuesto prorrogado, lo que anticipa un panorama conflictivo para el sistema universitario.La decisión fue tomada durante la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales, como la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).En conferencia de prensa, ratificaron las medidas de fuerza lanzadas para el próximo 17 y 18 de marzo. “Acá está en juego algo más que el salario de los docentes universitarios, acá está en juego la república”, manifestó en la conferencia de prensa el secretario general de FAGDUT, Norberto Heyaca.Según detallaron, “la situación de los trabajadores universitarios es compleja: los aumentos otorgados de 1,5 por ciento para enero y 1,2 por ciento para febrero no lograron siquiera recuperar la inflación de dichos meses. Esto sin mencionar lo perdido el año anterior”. “Durante el gobierno libertario hemos perdido, sumado las pérdidas que tuvimos mes a mes, un total de cuatro sueldos”, pormenorizó Heyaca, y habló del impacto de dicha pérdida en las obras sociales universitarias.

El titular de la FAGDUT -docentes de la UTN- señaló también la falta de diálogo del Gobierno, y contó que los trabajadores universitarios todavía no han sido citados en lo que va del año a la mesa de negociación salarial. “Se está arriesgando el futuro de nuestra juventud, porque muchos docentes han dejado la universidad porque no les alcanza para llegar a fin de mes”, señaló Heyaca, y remató: “Es muy difícil conseguir jóvenes egresados que quieran sumarse a la carrera docente universitaria”.Por otro lado, desde FAGDUT anunciaron que se verán afectadas actividades académicas y de investigación en las 30 Facultades Regionales que posee la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Colegio Siemens; la medida comprende a los 15.000 docentes que nuclea la entidad sindical.Durante el 2024 las universidades públicas advirtieron sobre la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. La recomposición del salario fue uno de los puntos centrales de aquella marcha.Tras el fracaso de una nueva negociación con el Gobierno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales realizó otra huelga: ocurrió el martes 4 y miércoles 5 de junio. Denunciaron una pérdida de poder adquisitivo del 42 por ciento desde diciembre.El anuncio de la medida de fuerza llegó al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270 por ciento en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.Sin avances en la paritaria, a la semana siguiente hubo una nueva medida de fuerza por dos días. Fue el martes 11 y miércoles 12 de junio, que afectó a las universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país. La medida de fuerza fue decidida por los gremios docentes y no docentes luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera la promesa de acercar una propuesta de mejora salarial en el marco de la paritaria el jueves 6 de junio.

Luego, una nueva medida por 72 horas tuvo lugar desde el 12 hasta el 14 de agosto: otro paro docente tras la última propuesta del Gobierno nacional respecto al aumento salarial. La situación se repitió durante el 20 y 21 de agosto. 

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas en Argentina, ratificó el paro nacional de 48 horas anunciado para los días 17 y 18 de marzo.

La medida responde a la creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el “desfinanciamiento estructural” que, según denuncian, afecta gravemente el funcionamiento de las casas de altos estudios. La situación se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias, ya que el año 2025 comenzó con un presupuesto prorrogado, lo que anticipa un panorama conflictivo para el sistema universitario.

La decisión fue tomada durante la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales, como la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).Este jueves brindaron una conferencia de prensa en la sede de CONADU ubicada en Capital Federal, donde ratificaron las medidas de fuerza lanzadas para el próximo 17 y 18 de marzo. “Acá está en juego algo más que el salario de los docentes universitarios, acá está en juego la república”, manifestó en la conferencia de prensa el secretario general de FAGDUT, Norberto Heyaca.Según detallaron, “la situación de los trabajadores universitarios es compleja: los aumentos otorgados de 1,5% para enero y 1,2% para febrero no lograron siquiera recuperar la inflación de dichos meses. Esto sin mencionar lo perdido el año anterior. Durante el gobierno libertario hemos perdido, sumado las pérdidas que tuvimos mes a mes, un total de cuatro sueldos”, pormenorizó Heyaca, y habló del impacto de dicha pérdida en las obras sociales universitarias.

El titular de la FAGDUT -docentes de la UTN- señaló también la falta de diálogo del Gobierno, y contó que los trabajadores universitarios todavía no han sido citados en lo que va del año a la mesa de negociación salarial. “Se está arriesgando el futuro de nuestra juventud, porque muchos docentes han dejado la universidad porque no les alcanza para llegar a fin de mes”, señaló Heyaca, y remató: “Es muy difícil conseguir jóvenes egresados que quieran sumarse a la carrera docente universitaria”.Por otro lado, desde FAGDUT anunciaron que se verán afectadas actividades académicas y de investigación en las 30 Facultades Regionales que posee la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Colegio Siemens; la medida comprende a los 15.000 docentes que nuclea la entidad sindical.Durante el 2024 las universidades públicas advirtieron sobre la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. La recomposición del salario fue uno de los puntos centrales de aquella marcha.Tras el fracaso de una nueva negociación con el Gobierno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales realizó otra huelga: ocurrió el martes 4 y miércoles 5 de junio. Denunciaron una pérdida de poder adquisitivo del 42% desde diciembre. El anuncio de la medida de fuerza llegó al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Sin avances en la paritaria, a la semana siguiente hubo una nueva medida de fuerza por dos días. Fue el martes 11 y miércoles 12 de junio, que afectó a las universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país. La medida de fuerza fue decidida por los gremios docentes y no docentes luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera la promesa de acercar una propuesta de mejora salarial en el marco de la paritaria el jueves 6 de junio.Luego, una nueva medida por 72 horas tuvo lugar desde el 12 hasta el 14 de agosto: otro paro docente tras la última propuesta del Gobierno nacional respecto al aumento salarial. La situación se repitió durante el 20 y 21 de agosto. (Infobae)

La falta de acuerdo en la paritaria y el reclamo por mayor financiamiento educativo mantienen el conflicto abierto de cara al inicio del ciclo lectivo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió suspender el paro docente previsto para el 5 de marzo, tras alcanzar avances en la negociación con el Gobierno. Sin embargo, CTERA mantiene la medida de fuerza para el lunes, lo que afectará el inicio de clases en Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El conflicto salarial surgió luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de elevar el salario docente de media jornada a $500.000 a partir de febrero. A pesar de esto, los sindicatos docentes que integran la CGT –AMET, CEA, SADOP y UDA– decidieron dar lugar al diálogo y trasladar la discusión a la Paritaria Nacional Docente, donde se abordarán temas como infraestructura escolar, movilidad docente y condiciones laborales.

Por su parte, CTERA mantiene su postura de paro, argumentando que el reclamo no es solo salarial, sino también por el presupuesto educativo nacional y el cumplimiento de las leyes de financiamiento. Su titular, Sonia Alessio, criticó la oferta del Gobierno y consideró que no se están garantizando los recursos necesarios para la educación pública.

Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que la propuesta es acorde a la realidad fiscal de las provincias y que el conflicto tiene un trasfondo político más que económico.Con este escenario, el inicio del ciclo lectivo será dispar en el país, con varias provincias afectadas por la medida de fuerza. 

"Ante la falta de una propuesta salarial por parte del Gobierno, los docentes seguimos en lucha", expresaron desde AMET.Por su parte, Sadop informó que, tras consultar a sus delegados, el Consejo Directivo Provincial se reunió este lunes para analizar las demandas del sector docente privado. En ese contexto, decidieron convocar a un paro de 72 horas a partir de este martes."Exigimos al gobierno provincial la reapertura de las negociaciones paritarias y rechazamos cualquier intento de reforma de la Ley N° 8732 de Jubilación Provincial", señalaron desde Sadop. "Consideramos urgente una nueva convocatoria al diálogo que permita trabajar en conjunto para lograr los consensos necesarios y restablecer los canales de negociación, atendiendo al reclamo gremial", concluyeron desde Sadop Entre Ríos.