Con la Casa de Gobierno como escenario de fondo y la presión de la calle en primer plano, el Ejecutivo entrerriano retomará esta semana las paritarias con estatales y docentes en un contexto marcado por diferencias profundas y un humor social que empieza a mostrar señales de desgaste.

Las reuniones, previstas en la Secretaría de Trabajo, pondrán nuevamente frente a frente a los gremios —UPCN, ATE, Agmer, AMET, Sadop y UDA— con funcionarios que llegan con un margen acotado. Los antecedentes recientes no ayudan: propuestas que no conformaron a todos, incrementos por decreto y sumas no remunerativas que no logran recomponer el poder adquisitivo.

En ese escenario, el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, comienza a consolidarse como una figura central dentro del esquema de negociación. El concordiense aparece como el encargado de amortiguar los impulsos y sostener canales de diálogo, en una tarea compleja: enfrentar reclamos que llegan con fundamentos sólidos desde los sectores sindicales, pero al mismo tiempo exponer con claridad las limitaciones concretas de una administración condicionada por el contexto nacional.

Troncoso se mueve así en una línea fina. Por un lado, intenta construir acuerdos que permitan proyectar cierta estabilidad hacia adelante; por otro, se ve obligado a poner el cuerpo ante demandas que exceden las posibilidades inmediatas de respuesta. Su rol no es menor: deberá convencer, explicar y, en muchos casos, contener.

Mientras tanto, el trasfondo económico pesa cada vez más. La pérdida de ingresos, el encarecimiento del costo de vida y la incertidumbre comienzan a trasladarse al ánimo colectivo. Lo que antes era un reclamo sectorial hoy empieza a adquirir un tono más amplio, con una sensación de angustia que atraviesa distintos niveles de la sociedad.

Así, la paritaria que se abre no será una negociación más. En juego no solo estarán los números, sino también la capacidad del Gobierno de sostener el equilibrio en un escenario que combina presión sindical, restricciones fiscales y un clima social que empieza a tensarse más allá de las mesas de discusión.

Al respecto, cabe destacar que las partes habían pactado un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75, a cuyo efecto se tomó como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.Asimismo, se pactó que la mencionada suba del 5% se abone de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026. Por otra parte, se acordó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará en su carácter.Además, y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente el sistema solidario de salud, en este caso la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), las partes signatarias de la paritaria convinieron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores incluidos en este acuerdo colectivo equivalente a $v28.000 mensuales por cada trabajador dependiente de los mismos y comprendido en el CCT N° 130/75.Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2026 y hasta el 31 de marzo de 2031.Seguidamente, las partes firmantes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, para analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento las variaciones económicas que podrían haber afectado las escalas pactadas en el acuerdo de referencia y desde la vigencia del mismo.Por último, se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación. 

El antecedente inmediato es el acuerdo alcanzado en febrero, que contó con el respaldo del Ejecutivo y de UPCN, pero que fue rechazado por ATE, al considerar insuficiente la propuesta en ese momento.

El último esquema salarialDesde febrero de 2026 se viene aplicando una suma fija de carácter no remunerativo y no bonificable para los trabajadores estatales, excluyendo a los sectores docentes y de seguridad.

El monto fue establecido en el equivalente al 15,8% del salario de junio de 2025, con un piso de $150.000 y un techo de $320.000, mientras que para el escalafón de enfermería el mínimo se fijó en $160.000.A esto se sumó una actualización del 50% en la ayuda escolar, uno de los puntos incorporados en ese acuerdo.

Jubilados y continuidad del diálogoEn el caso de jubilados y pensionados del sector, se definió una suma fija de $75.000, en reemplazo del adicional extraordinario que se venía abonando.

Más allá de lo salarial, el Gobierno y los gremios coincidieron en sostener instancias de diálogo abiertas para tratar otras demandas del sector público, en un contexto donde la discusión por los ingresos vuelve a instalarse como eje central de la agenda. 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha.La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026. Por otra parte, se pactó el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $ 20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa abonada a la fecha y que continuará manteniendo igual carácter.Asimismo, y con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento y las obligaciones a las que debe hacer frente del sistema solidario de salud, en este caso la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), las partes signatarias de la paritaria convinieron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores incluidos en este acuerdo colectivo.Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026. Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación. 

El Gobierno provincial y los sindicatos docentes volverán a reunirse este lunes a las 15 en la Secretaría de Trabajo, en una audiencia de conciliación que aparece como el momento decisivo para destrabar el conflicto salarial que atraviesa al sector.El encuentro se produce luego de que los gremios rechazaran la primera oferta presentada por el Ejecutivo en la Mesa Paritaria 2026, al considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. La falta de acuerdo derivó en medidas de fuerza y en la intervención formal de la autoridad laboral para abrir una instancia de negociación obligatoria.

Participarán representantes de Agmer, AMET, Sadop y UDA, quienes mantienen una postura firme en reclamo de una propuesta que contemple una recuperación real del salario docente y garantice condiciones sostenibles para el sistema educativo.La audiencia de este lunes será determinante, ya que de su resultado dependerá la continuidad o no del plan de lucha gremial y el normal desarrollo de las clases en el inicio del ciclo lectivo. Tanto el Gobierno como los sindicatos llegan a la reunión con posiciones marcadas, en un contexto económico complejo que condiciona las negociaciones en todo el país. 

Dado que la UPCN tiene mayor representatividad, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría sindical, garantizando así llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que empezarán a percibirse la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron continuar dialogando permanente para abordar temas puntuales.

La propuesta convenida establece una recomposición salarial destinada a trabajadores activos y pasivos. Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad.El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos, mientras que para el Escalafón General de Enfermería el mínimo será de 160.000 pesos. Asimismo, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento.

Al destacar el resultado del encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, manifestó: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría.

‘‘La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.

Al explicar la modalidad de la propuesta oficial presentada, Troncoso dijo que, si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable, “el aumento habría sido considerablemente menor”. Al respecto, añadió: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.

Por último, el titular de la cartera de Gobierno y Trabajo remarcó la importancia del vínculo con los gremios, afirmando que “más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas, los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”, insistió.

La UDA es el principal sindicato docente de la CGT, aunque el mayoritario del sector es CTERA, que pertenece a la CTA de los Trabajadores, mientras que la CEA es una confederación sindical sectorial en la que están organizados los sindicatos de educadores.

“La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”, sostuvieron UDA y CEA en un comunicado.

“Se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”, se quejaron la UDA y la CEA.

Por eso, reclamaron que el Gobierno “debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos” y recordaron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Por otro lado, a partir del borrador conocido, “anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el Sistema Educativo argentino”. 

Luego de finalizar el primer encuentro paritario del año, el Secretario General de ATE, Oscar Muntes destacó que la presentación de una propuesta por parte del Gobierno pero consideró que lo ofrecido es insuficiente y la característica de las sumas genera “inconvenientes” a la Caja de Jubilaciones y a la OSER.Por ello, de cara a la reunión de este viernes Muntes fue contundente: “Le pedimos al Poder Ejecutivo no solamente que traiga una propuesta superadora, una propuesta diferenciada porque está muy lejos de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras para recuperar el salario”. Además, respecto a lo ofertado,  Muntes pidió que se aclare cuáles serán los montos que recibirá cada categoría. Debido a que la paritaria continuará mañana, el representante gremial anticipó que se modificará el día de reunión de los delegados. El encuentro se llevará a cabo el lunes a las 10, donde se analizará la nueva oferta que recibirán mañana en la Secretaria de Trabajo.

Los gremios solicitaron una contraoferta por lo que el encuentro continuará este viernes a las 12. En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial hizo una oferta salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo los gremios pidieron mejorar la propuesta y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.La propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero de 2026, se propuso una recomposición salarial para otorgar una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre $ 130.000 y $ 280.000.Tras finalizar el encuentro, el Director General de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman indicó que el diálogo con los representantes gremiales fue positivo ya que se hubo comprensión del contexto económico en el que es llevada la paritaria. 

En ese marco, fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial. Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales. 

Uno de los motivos de la protesta es la falta de convocatoria a paritarias salariales. “Hace ocho meses que no tenemos actualización salarial. Llegamos a febrero con un congelamiento del salario y una pérdida del poder adquisitivo de más del 31%”, afirmó el secretario gremial de ATE, Oscar Muntes. Advirtió que, sin una recomposición salarial, los estatales entrerrianos “seguiremos perdiendo poder adquisitivo”. También expresó preocupación por la falta de continuidad laboral de un centenar de empleados públicos. “Nos encontramos con una poda de prácticamente 100 trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, muchos de ellos sostén de familia”, señaló. Según indicó, se trata de empleados que cumplieron sus funciones de manera regular y sin objeciones. “Ningún trabajador tiene problemas de comportamiento ni de cumplimiento”, remarcó.

Falta de explicaciones oficialesEl dirigente gremial sostuvo que no hubo explicaciones claras sobre los criterios utilizados para definir las no renovaciones de contratos laborales. “Fuimos organismo por organismo y nadie sabe por qué no se renuevan los contratos laborales. Los directores habían pedido la renovación del 100% porque son trabajadores necesarios”, aseguró.Muntes comparó la situación con otras medidas de ajuste. “Así como pasó con el recorte de horas extras, ahora pasa con los contratos. Es una situación que ya vivimos en otros gobiernos y que pensábamos que no iba a repetirse”, expresó. Cuestionó que las decisiones se tomen a fin de año. “No es la primera vez que los trabajadores del Estado atravesamos despidos o no renovaciones en diciembre, cuando se afectan proyectos de vida completos”, afirmó.En la previa a la asamblea frente a Casa de Gobierno, ATE ratificó la continuidad del plan de lucha. “Terminamos el año de esta forma, pero dejamos en claro que en 2026 los trabajadores nos vamos a movilizar, defendiendo nuestra fuente laboral, nuestro salario y el Estado”, concluyó Muntes.

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), acordaron un nuevo incremento salarial, que representa también una mayor recaudación para un instituto y un seguro que encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad a las empresas, promoviendo la informalidad laboral y hasta el consumidor, porque se trasladan a precios.

El ejemplo paradigmático es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), por el cual el empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada trabajador, que se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional. Es decir que, con cada aumento paritario, se "autobenefican" con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria.

Es por eso que por una medida impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, mediante el Decreto 149/2025, se estableció que "Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos.

La imposición en curso o la aceptación a que se refiere la última parte del párrafo anterior podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente".

Pero mediante una medida cautelar impulsada precisamente por el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) argumentaron que es un instituto "independiente" y que por ende no está alcanzada por dicha medida y sigue vigente. En el marco de esa causa, declararon que recaudan más de $30 mil millones al año.

Pero no es el único aporte que se beneficia con cada aumento paritario. También se incrementa el seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador.

Y eso no es todo, continúa la queja de los empresarios por la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021, en plena pandemia, pero que se sigue cobrando hasta hoy por empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social OSECAC y ya no esté vigente la pandemia.

Por todo esto, CADAM pide una urgente reforma laboral que proteja a los empleados y a las pymes de estos abusos. "Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta", exclamaron y sugieren que esos importes pasen a ser parte del salario del trabajador.

También insisten en que deben ser parte de la mesa paritaria. "No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte", expresaron los mayoristas y agregaron: "No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria"

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria de la actividad mercantil.

Se pactó otorgar una suma fija no remunerativa de $60.000 (Art. 6, Ley 24.241), en concepto de recomposición, a abonarse en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Cada pago se extinguirá con su liquidación mensual, con excepción de los últimos $60.000 —correspondientes a marzo de 2026— que se incorporarán a los salarios básicos en su valor nominal a partir de abril de 2026.

Asimismo, se acordó extender hasta marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 previamente convenida por las partes el 26 de junio de 2025, manteniendo los mismos términos y alcances.

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente en marzo de 2026 para analizar las variaciones económicas que pudieran registrarse.

Finalmente, se aclaró que los incrementos establecidos en este acuerdo no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran celebrarse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas resultantes de los incrementos constituirán el mínimo convencional vigente a partir de su homologación.

Este jueves se reunió la Comisión Directiva (CD) ampliada de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, con la participación de “todos los compañeros y compañeras de la provincia”. En la oportunidad se informó el estado de la paritaria, luego de la postergación solicitada por el gobierno a fin de concluir el Instructivo de Recategorizaciones 2026.

“Entiendo que el Instructivo tiene que salir entre hoy y mañana”, señaló el secretario general del sindicato, José Allende, al finalizar el encuentro y advirtió que “si no es así vamos a plantear que se estaría incumpliendo con un compromiso”. En el mismo sentido aseveró: “Sabemos que faltan detalles para darle prolijidad al tema, pero en estas horas se le tiene que dar un final a esto” .Apuntó que “hay encuentros permanentes” por este tema con las autoridades de gobierno. “Quien diga que no hay reuniones entre sectores del trabajo y el gobierno, no está representando a los trabajadores. Las mesas de negociación son permanentes”, reiteró.

En relación a las expectativas de estas discusiones, Allende sostuvo: “Respecto a la recategorización, entendemos que va a haber un acuerdo. Podrá ser con mayor o menor satisfacción, pero siempre va a ser positivo para los trabajadores”.

Sobre salarios, en tanto, expresó: “Vamos a escuchar la oferta del gobierno, que seguramente no va a ser suficiente y, en ese caso, daremos la discusión y las medidas que tengamos que dar”.

Caja de JubilacionesDurante la reunión de la comisión directiva también se analizó el futuro de la Caja de Jubilaciones de la provincia. “Entendemos que, para defender a nuestro sector, tenemos que dar la discusión. Eso no quiere decir, como dicen algunos pícaros, entregar a los trabajadores. Entregás a los trabajadores cuando se defiende a los dirigentes sacando los bombos a la calle y cuando no los representás en la mesa”, expuso.

“Nosotros en la mesa vamos a estar porque no vamos a permitir que se hagan algunas cosas que perjudican al trabajador mientras otros gozan de beneficios excesivos. Primero apuntaremos a lo que genera mayor déficit. Y después iremos arreglando la Caja, que algún día tiene que arreglarse”, subrayó el Secretario General de UPCN.

Por último, el dirigente sindical comentó que también se abordaron otros temas, entre ellos “la situación económica tanto provincial como del país” y también “lo que se debatió en el Congreso de la CGT”.

El encuentro se dará luego de que la propuesta oficial -una suma fija de 50 mil pesos para activos y 25 mil para pasivos- fuera rechazada por las organizaciones sindicales, que reclamaron una oferta superadora.En la última reunión, el Poder Ejecutivo planteó el pago de una suma no remunerativa ni bonificable que comenzó a abonarse con los haberes de octubre.Sin embargo, tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestaron su desacuerdo, al considerar que la medida “no recompone el salario” frente a la pérdida de poder adquisitivo.Desde el Gobierno indicaron que la propuesta buscó dar una respuesta inmediata a los sectores de menores ingresos, mientras se avanza en una revisión integral de los haberes. De todos modos, las negociaciones continuarán esta semana con la expectativa de alcanzar un entendimiento antes de fin de mes.El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, indicó que “la postura gubernamental implica un claro retroceso y un congelamiento salarial de hasta seis meses, considerando que la suma fija no constituye un aumento real”.

Por su parte, la secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, remarcó que "No hay propuesta. No se puede hablar de una propuesta en estos términos", sentenció, aclarando que la liquidación de la suma fija en octubre es solo una "decisión del Gobierno" para evitar que los trabajadores cobren menos, pero "no es un acuerdo paritario”. 

Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida representa "aproximadamente un 6 por ciento de aumento inmediato en el salario de bolsillo para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial".El gobierno mejoró la oferta que hizo en la mañana de este lunes. La propuesta aceptada por los gremios UPCN y ATE incluye otorgar al personal comprendido en la presente paritaria una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales para los activos y 25.000 pesos para los pasivos, durante los próximos tres meses, a pagar con los haberes de julio, agosto y septiembre."La propuesta implica un incremento del 6 por ciento para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial. Es una medida que impacta de inmediato y de forma más significativa en los sectores con menores ingresos", destacó la representante paritaria del Gobierno, Fanny Maidana.El Ejecutivo también destacó que ha habido una escucha activa de los pedidos gremiales. "Hemos recibido y considerado con atención los planteos de los representantes sindicales, entendiendo la preocupación legítima de los trabajadores ante la coyuntura actual y hemos actuado en ese sentido, haciendo un ofrecimiento responsable que también cuida las arcas públicas", agregaron.Las partes acordaron volver a encontrarse en mesa paritaria a fines del mes de septiembre. 

Pese a las declaraciones oficiales que intentaron maquillar la situación como un diálogo abierto, la propuesta fue considerada “insuficiente” y ni siquiera quedó asentada en el acta. El gobierno, representado por funcionarios del Ministerio de Hacienda, justificó el número alegando que sigue el índice de inflación de junio, y que el objetivo es mantener el “orden de las cuentas públicas”.

Pero los sindicatos consideran que no hay voluntad real de recomposición. “No hubo propuesta formal”, subrayó el secretario general de ATE, Oscar Muntes, mientras que UPCN pidió que no se registre en actas el irrisorio porcentaje propuesto. Además, reclamaron mejoras en los pisos salariales más bajos del escalafón.

Lo cierto es que el escenario económico deja poco margen. La caída en la recaudación provincial es notoria, y el Gobierno de Entre Ríos parece actuar condicionado por la Casa Rosada. En los pasillos gremiales y políticos se repite una percepción cada vez más extendida: el gobernador parece haber sido “nominado” por el poder central para ser sometido a un desgaste constante, sin respaldo ni margen para una negociación política autónoma.

Con las cuentas al límite y los salarios por el piso, la posibilidad de un acuerdo parece hoy lejana. El lunes se reabre la discusión, pero con pocas expectativas de avances reales.

Será hoy viernes 18 a las 10 en sede de la Secretaría de Trabajo. Tras un impase de varios meses el Gobierno y los sindicatos retomarán la discusión salarial y sobre otros temas inherentes a las condiciones laborales de los estatales.

La reunión paritaria a la que se convocó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), será hoy viernes 18 de julio a las 10 en la Secretaría de Trabajo.

La cuestión salarial –habida cuenta la situación de los números de la provincia-, será el tema destacado. También se podría abordar las condiciones laborales del sector público, en un contexto de creciente inflación y demandas gremiales por mejoras en los haberes de los trabajadores.

Desde las organizaciones sindicales se venía manifestando la necesidad de abrir la discusión paritaria en la que el Gobierno presente una oferta acorde a la situación económica actual y garantice el poder adquisitivo de los empleados estatales.

Las negociaciones habían quedado en pausa tras la última reunión, por lo que se espera que en este nuevo encuentro se logren avances significativos en beneficio de los trabajadores del sector público entrerriano.

La Asociación Bancaria comunicó oficialmente la actualización salarial correspondiente al mes de junio de 2025, que representa un incremento del 15,1% sobre los salarios de diciembre de 2024 y eleva el salario inicial del sector a $ 1.872.937,28. El aumento se compone de dos elementos: el salario inicial base de $ 1.807.619,92 más una participación en ganancias (ROE) de $ 65.317,36, lo que totaliza el $ 1.872.937,28 mencionado. Según informó el sindicato que conduce Sergio Palazzo, la actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas. Esto incluye los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos seis meses del año un incremento del 15,1% sobre los salarios de diciembre de 2024.

La iniciativa busca garantizar una actualización acorde a la realidad económica del país y reconocer el esfuerzo de los trabajadores estatales. El miembro paritario, Abelardo Del Prado detalló: "Ningún trabajador estatal entrerriano va a perder contra la inflación, esa es una clave que no es menor que seguimos manteniendo. No es menor, existen muchas paritarias y jurisdicciones que están cerrando por debajo de esto.Respecto a la revisión del escalafón laboral, el paritario indicó que "se prevé un reconocimiento a distintos sectores con el objetivo de corregir el achatamiento producido por los incrementos en el piso salarial y garantizar una mejor estructura de remuneraciones. Puntualmente vamos a mejorar el pago por responsabilidad de función, con una mejora del 10% para los jefes de área y departamento". "Con esta paritaria demostramos el rumbo de nuestro gobierno, aparte de blindar a los trabajadores contra la inflación, nosotros premiamos el mérito. A mayor capacitación, mayor remuneración y a mayor responsabilidad, mayor remuneración" afirmó. Detalle de la propuestaBlindar el salario contra la inflación, cubriendo la variación del índice de precios al consumidor como referencia para la actualización mensual de los salarios, asegurando que los ingresos de los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Hacer una revisión del escalafón laboral, previendo un reconocimiento a distintos sectores con el objetivo de corregir el achatamiento producido por los incrementos en el piso salarial y garantizar una mejor estructura de remuneraciones. Efectuar un reconocimiento al escalafón enfermería y agentes sanitarios, valorando su rol fundamental dentro del sistema de salud pública. Participaron del acuerdo, los secretarios generales de la Unión del Personal Civil de la Nación, José Allende y de la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar Muntes.