Una resolución del Juzgado Federal de Concordia volvió a poner en primer plano las dificultades que atraviesan adultos mayores para acceder en tiempo y forma a prestaciones médicas indispensables.

La mujer, identificada en el expediente por sus iniciales L. A., padece una severa gonartrosis —artrosis de rodilla— que le provoca fuertes dolores, importantes dificultades para caminar, problemas de estabilidad y una progresiva pérdida de autonomía para desarrollar su vida cotidiana.

La cirugía estaba indicada, pero la prótesis no llegaba

La paciente contaba con indicación médica urgente para someterse a una cirugía de reemplazo con una prótesis total de revisión, con vástagos femorales y tibiales. Sin embargo, la prestación fue sufriendo sucesivas postergaciones vinculadas a trámites administrativos y dificultades entre la obra social y los proveedores de los insumos médicos.

Ante la falta de una solución y el agravamiento de su situación, la afiliada recurrió a la Justicia Federal para obtener la prestación.

La sentencia estableció un plazo concreto: PAMI deberá otorgar la cobertura integral del 100 por ciento y hacer efectiva la entrega de la prótesis específica dentro de los diez días, considerados perentorios e improrrogables.

Las diferencias administrativas no pueden recaer sobre el paciente

Uno de los puntos centrales del fallo es el criterio adoptado frente a las trabas burocráticas. La resolución sostiene que las tramitaciones, diferencias o desacuerdos entre la obra social y sus proveedores no pueden transformarse en un obstáculo para garantizar derechos vinculados con la salud, la vida y la integridad física.

La decisión adquiere especial relevancia por tratarse de una persona adulta mayor y por el deterioro que la demora podía provocar en su estado general.

En la presentación tuvieron intervención como abogados patrocinantes Alexis Edgardo Blitman y Horacio Marcelo Velazque Pens, quienes fundamentaron el reclamo, entre otras normas, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y en las 100 Reglas de Brasilia.

Una advertencia por la creciente judicialización de la salud

Pero el pronunciamiento va más allá del caso particular. La jueza Ramponi advirtió sobre la cantidad de prestaciones sanitarias que terminan judicializándose debido a demoras administrativas, generando una carga sobre los tribunales por cuestiones cuya resolución debería producirse dentro del propio sistema de salud.

En ese contexto, resolvió notificar formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, para que el organismo tome conocimiento de la situación y pueda ejercer sus facultades de control y fiscalización frente a demoras, retaceos o trabas en prestaciones esenciales.

El fallo de Concordia deja así un mensaje que excede a esta afiliada: las dificultades internas o administrativas de los organismos de salud no pueden trasladar al paciente cuando están en juego su salud, su autonomía y su calidad de vida, particularmente cuando se trata de adultos mayores.

La posición de uno de los abogados que obtuvo el fallo

El profesor y abogado Horacio Marcelo Velazque Pens, uno de los profesionales que intervino en el amparo que alcanzara repercusión nacional, sostuvo en El Heraldo que la resolución puso de manifiesto la importancia de contar con herramientas judiciales rápidas y efectivas para proteger derechos esenciales.

El letrado explicó que una norma reglamentaria no puede limitar ni neutralizar garantías reconocidas por la Constitución. En ese sentido, consideró que restringir el alcance del amparo obligaría a los ciudadanos a recorrer procesos más extensos, incluso cuando se encuentran comprometidos derechos urgentes vinculados con la salud, la alimentación o la seguridad social.

Para Velazque Pens, el caso de la afiliada de 68 años —a quien la Justicia Federal de Concordia ordenó entregar la prótesis de rodilla requerida— demostró de manera concreta la función protectora del amparo. Remarcó que las leyes deben asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y no transformarse en obstáculos que demoren o impidan su cumplimiento.

Tras la salida del Sanatorio Concordia como prestador del PAMI, quedó definido cómo continuará la atención de los jubilados y pensionados que tenían allí asignada su cápita.Para las consultas habituales y prestaciones de menor complejidad, los afiliados deberán concurrir al Hospital Felipe Heras. En aquellos casos que requieran mayor complejidad, la atención corresponderá al Hospital Delicia Concepción Masvernat.Cuando el paciente sea trasladado en ambulancia, el personal sanitario determinará el establecimiento al que será derivado de acuerdo con su cuadro. Quienes concurran por sus propios medios serán evaluados en la guardia del hospital para establecer la atención correspondiente.

¿Qué pasa con los turnos ya otorgados?Los jubilados que tenían turnos pendientes para análisis, estudios médicos o consultas en el Sanatorio Concordia deberán solicitar nuevos turnos dentro del esquema de atención dispuesto tras el cambio de prestador.Respecto de los pacientes oncológicos, la continuidad de los tratamientos deberá ser garantizada dentro de la reorganización de las prestaciones.De esta manera, la atención de los afiliados que dependían del Sanatorio Concordia pasa a concentrarse en los dos hospitales públicos de la ciudad, mientras se reorganiza la cobertura del PAMI en Concordia. Un grupo de afiliados y ATE ingresaron en la mañana del martes a los oficinas de PAMI, manifestando su disconformidad por los cambios. 

En este momento ya no quedan afiliados internados en el sanatorio local. El Sanatorio Concordia dejó de prestar servicios a los afiliados de PAMI a partir de hoy 1 de septiembre, luego de la decisión del establecimiento de rescindir unilateralmente el convenio que mantenía con el Instituto. Según informaron fuentes de PAMI, este lunes 31 de agosto fue el último día de atención del sanatorio dentro de la red. A partir de esta situación, la cápita correspondiente será reasignada entre otros prestadores y cada afiliado será informado oportunamente acerca del establecimiento que tendrá asignado para su atención. Desde el Instituto remarcaron que la salida del Sanatorio Concordia no implica que los jubilados y pensionados queden sin cobertura. Mientras se completa la reorganización, las prestaciones continuarán garantizadas a través del resto de la red disponible.Una situación particular es la de quienes actualmente permanecen internados en el Sanatorio Concordia. En estos casos, PAMI indicó que continuarán recibiendo atención y que, si eventualmente resultara necesario algún traslado, deberá ser coordinado entre el establecimiento y el Instituto para asegurar la continuidad asistencial.También se estableció un criterio específico para los pacientes oncológicos. Los tratamientos en curso tendrán continuidad hasta que se concrete la correspondiente reasignación a otro prestador, con el objetivo de evitar interrupciones durante el período de transición.“PAMI no deja a sus afiliados sin cobertura”, señalaron fuentes del Instituto, que explicaron que actualmente se trabaja en la reorganización de la red prestacional de Concordia para absorber la demanda que hasta ahora correspondía al sanatorio.Desde el organismo nacional también destacaron que se vienen actualizando los valores del nomenclador de prestaciones, como parte de una política destinada a mejorar las condiciones de pago a los establecimientos que integran la red.Con la finalización del convenio, la principal cuestión ahora estará centrada en a qué prestadores serán reasignados los afiliados que hasta este 31 de agosto tenían como referencia al Sanatorio Concordia, información que PAMI se comprometió a comunicar una vez concluida la reorganización.

La incertidumbre por la atención de 14.300 afiliados de PAMI en Concordia llegó a la Legislatura entrerriana. Los diputados Enrique Cresto, de Más para Entre Ríos; Marcelo López, de la Alianza Juntos por Entre Ríos; y Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular, presentaron este viernes un proyecto de resolución para reclamar una intervención inmediata ante la finalización, el próximo 1º de septiembre, del convenio entre el organismo nacional y Sanatorio Concordia.La preocupación central pasa por lo que ocurrirá con las internaciones, cirugías programadas —incluidas las oncológicas—, tratamientos cardiológicos, atención de alta complejidad, guardias, especialistas, diagnóstico y rehabilitación. Los legisladores solicitaron que PAMI garantice estas prestaciones dentro de Concordia y evite, siempre que sea posible, derivaciones hacia otras ciudades.El proyecto reclama además la implementación de un plan sanitario de contingencia, con información clara para afiliados y familiares sobre dónde deberán atenderse, qué establecimientos recibirán internaciones, cómo continuarán los tratamientos y cirugías, qué disponibilidad de camas y especialistas existirá y cuál será el mecanismo para eventuales derivaciones.

El impacto sobre los hospitales públicosOtro punto que genera preocupación es la posibilidad de que una parte importante de la demanda sea absorbida por los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras.Los diputados advierten que ambos establecimientos ya funcionan con una importante carga asistencial y que incorporar repentinamente a miles de afiliados de PAMI, sin sumar profesionales, camas, equipamiento y recursos económicos, podría generar una presión adicional sobre todo el sistema público de salud de Concordia.Por ese motivo, también solicitaron que, si la Provincia debe reforzar sus hospitales para enfrentar la contingencia, PAMI financie o reintegre esos gastos extraordinarios, evitando que una responsabilidad del organismo nacional termine trasladándose al presupuesto sanitario entrerriano.El costo de tener que atenderse fuera de ConcordiaLa eventual derivación de pacientes hacia otras ciudades abre otro problema para los jubilados y sus familias. Según los valores consignados en el proyecto, PAMI reconoce los pasajes, pero contempla $20.000 por noche para alojamiento, $10.000 diarios para alimentación y $1.500 por día para movilidad, con un máximo mensual de $15.000 para este último concepto.Para los legisladores, esos montos están lejos de cubrir los costos reales que implica permanecer fuera de la ciudad durante una internación o un tratamiento prolongado. Advirtieron que una familia no debería tener que endeudarse para acompañar a un jubilado como consecuencia de la falta de un prestador local.El planteo sostiene además que los recursos que PAMI destinaba a la cápita y los incentivos correspondientes a Sanatorio Concordia deberían continuar utilizándose para garantizar la atención de los afiliados de la ciudad.Finalmente, la iniciativa propone conformar una mesa de emergencia con legisladores nacionales por Entre Ríos, autoridades provinciales y municipales, representantes de jubilados, prestadores e instituciones sanitarias.A pocos días del vencimiento del convenio, el reclamo político apunta a una cuestión concreta: que los 14.300 afiliados sepan dónde y cómo serán atendidos desde el 1º de septiembre y que ninguna cirugía, internación o tratamiento esencial quede interrumpido por la falta de un acuerdo entre PAMI y sus prestadores.

Desde la institución aclararon que, hasta el momento, no recibieron una notificación fehaciente por parte de PAMI, aunque constataron que la finalización del convenio ya fue registrada administrativamente en el sistema oficial.Desde el Sanatorio Concordia señalaron que “en el día de ayer, 26/08/2026, hemos constatado en el sistema interactivo oficial de prestadores de PAMI (SII) que nuestro convenio figura con fecha de finalización el día 01/09/2026, dispuesto por el Instituto, sin haber recibido hasta el momento notificación fehaciente”.En ese marco, explicaron que vienen reclamando desde hace más de 10 meses una actualización de los aranceles, debido a que, según sostuvieron, existe un atraso del 130%, situación que genera un déficit operativo mensual que hace inviable la prestación.

El reclamo por los arancelesSegún detallaron desde el establecimiento, durante este período realizaron distintos planteos ante PAMI, mediante cartas documento, reuniones, restricciones y medidas de fuerza. Desde el sanatorio señalaron que todas estas acciones se llevaron adelante “sin llegar a tener una sola propuesta viable acorde a la problemática actual que afecta no solo a Concordia sino a todo el país”.Ante la falta de avances en las negociaciones, la institución indicó que el 26 de junio comunicó mediante una Carta Documento la rescisión del convenio, estableciendo como fecha de finalización el 1 de septiembre.En ese sentido, remarcaron que “dicha rescisión ha sido ejecutada administrativamente por PAMI en su sistema oficial (SII) el día 26/08/2026”. Posteriormente, según explicaron, mantuvieron reuniones a nivel local con el objetivo de abrir nuevas instancias de diálogo y negociación. Esto permitió conseguir una audiencia con autoridades de PAMI Central en Buenos Aires, prevista para el 6 de agosto.Sin embargo, desde el Sanatorio Concordia señalaron que esa reunión fue suspendida 24 horas antes y que hasta el momento no fue reprogramada.

Qué pasará con los afiliados de PAMIRespecto de la atención de los afiliados, el Sanatorio Concordia informó que continuará funcionando con normalidad para el resto de las obras sociales, empresas de medicina prepaga y pacientes particulares.En cuanto a los afiliados de PAMI, precisaron que se garantizará la atención hasta el 31 de agosto inclusive.Desde la institución aclararon que “a partir del 01/09/2026, y de confirmarse la baja dispuesta por PAMI, no se recibirán nuevos ingresos de dicha obra social”.De esta manera, la situación quedará supeditada a la confirmación de la finalización del convenio establecida actualmente en el sistema oficial de prestadores.En el caso de los pacientes que permanezcan internados al 1 de septiembre, desde el sanatorio señalaron que “se garantizará la continuidad de la atención, con la calidad y seguridad asistencial correspondientes, mientras se evalúa cada situación y se coordina con PAMI la derivación y continuidad de cuidados en la institución que el organismo determine, según la normativa vigente”.

Qué ocurrirá con los tratamientos oncológicos y las cirugíasUno de los puntos de mayor preocupación planteados por la institución está relacionado con los pacientes oncológicos que realizan tratamientos semanales.Desde el Sanatorio Concordia indicaron que estos pacientes deberán retirar su medicación oncológica antes del 1 de septiembre, con el objetivo de “coordinar con PAMI donde se brindará la continuidad del mismo”.En relación con las intervenciones quirúrgicas, la institución informó que a partir del 1 de septiembre todas las cirugías programadas, incluidas las oncológicas, quedarán suspendidas.La medida está vinculada con la eventual finalización de la cobertura establecida mediante el convenio entre el sanatorio y PAMI.Desde el establecimiento también remarcaron que la reasignación de los afiliados será responsabilidad del organismo.En ese sentido, señalaron que “la responsabilidad de asignar nuevos prestadores y garantizar la continuidad asistencial de sus 15.000 afiliados en Concordia recae exclusivamente en la UGL local de PAMI”.Para realizar consultas, los afiliados podrán comunicarse al 138 o dirigirse a la UGL local de PAMI.

Las críticas al funcionamiento de PAMIEn el comunicado, el Sanatorio Concordia también se refirió a las dificultades que, según sostuvo, atraviesa actualmente la red de prestaciones de PAMI.Desde la institución señalaron que “compartimos el deterioro total e histórico de la red PAMI” y mencionaron inconvenientes relacionados con pagos, prótesis, marcapasos, medicamentos oncológicos, autorizaciones y prácticas diagnósticas.También hicieron referencia a problemas vinculados con farmacias, ópticas, oxígeno, sillas de ruedas y pañales.Según expresaron, estas situaciones “produjeron demoras innecesarias en el alta y/o tratamientos de pacientes por no tener respuesta en tiempo y forma”.Finalmente, desde el Sanatorio Concordia manifestaron que continuarán abiertos al diálogo y expresaron su preocupación por el impacto que la situación pueda generar en el sistema sanitario de la ciudad.Además, convocaron a una conferencia de prensa para este viernes a las 18, en el salón de la Asociación Médica de Concordia, con ingreso por calle Entre Ríos 349, donde brindarán mayores precisiones sobre el conflicto, la finalización del convenio y la continuidad de la atención de los afiliados de PAMI.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) registra alrededor de 25.000 casos de accidente cerebrovascular (ACV) por año entre sus más de 5,4 millones de afiliados. Esa cifra, por sí sola, describe la magnitud del problema que el Estado nacional decidió abordar con una medida de alcance federal: la incorporación de PAMI a la red nacional de atención del ACV, a través de un Convenio Marco de Colaboración suscrito con el Ministerio de Salud de la Nación.El ACV es una emergencia tiempo-dependiente. Cada minuto que transcurre sin atención durante un episodio agudo puede determinar el grado de daño neurológico definitivo o la posibilidad de recuperación del paciente. Esta particularidad biológica fue la que impulsó al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, a crear el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV) el 26 de mayo de 2026, mediante la Resolución 609/2026. El programa quedó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Lugones precisó, al momento del anuncio, que el esquema incorpora cuatro centros coordinadores regionales, integra hospitales y servicios prehospitalarios, e incluye un sistema digital para reducir los tiempos de atención.La incorporación de PAMI a ese esquema no es un detalle menor. El organismo que agrupa a jubilados y pensionados del país concentra una porción significativa de la población en mayor riesgo de sufrir un ACV: las personas mayores. El 64% de ese universo de afiliados se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que también implica una responsabilidad territorial concreta. Al suscribir el Convenio Marco de Colaboración, PAMI se integra formalmente a los circuitos asistenciales del PRONAC-ACV y asume obligaciones precisas en materia de coordinación, derivación y seguimiento de los pacientes.El PRONAC-ACV se estructura en torno a cuatro herramientas. La primera es un protocolo nacional de ACV con criterios estandarizados de activación, derivación y tratamiento. La segunda es la conformación de centros coordinadores regionales, responsables de articular la derivación de los pacientes hacia los establecimientos con la complejidad adecuada. La tercera es tecnológica: la StrokeApp, una aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud que geolocaliza al paciente y lo referencia al centro de salud más cercano con las características que el caso requiere. La cuarta es un registro nacional de ACV para el seguimiento y la evaluación del sistema en su conjunto. Estos componentes se articulan mediante el Código ACV Nacional, un procedimiento estandarizado de activación inmediata ante la sospecha clínica de un episodio, que busca garantizar una respuesta oportuna, coordinada y basada en evidencia.Dentro del convenio, las responsabilidades de PAMI son concretas. El organismo deberá recibir las alertas generadas por la activación del Código ACV PAMI, coordinar las decisiones de derivación, asegurar el traslado de los pacientes y garantizar la continuidad asistencial dentro de la red. A eso se suma el establecimiento de acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias locales y otros financiadores para asegurar la aplicación territorial del programa. En ese marco, PAMI ya había dado pasos previos: entre mayo de 2025 y enero de 2026, el organismo ejecutó una prueba piloto del Protocolo Stroke en el AMBA y en Rosario, con una central de emergencias que opera las 24 horas, los 365 días del año, y que despliega 230 móviles diarios. Durante ese período, el sistema confirmó 1.076 casos de ACV en domicilio y detectó de forma precoz 435 casos adicionales que los propios usuarios o sus familiares no habían identificado como tales, según informó el organismo.La cartera sanitaria nacional, por su parte, tiene a su cargo la conducción técnica del PRONAC-ACV. Entre sus funciones dentro del convenio se encuentran el establecimiento de los lineamientos técnicos, operativos y organizacionales del programa, la evaluación de la acreditación de los Centros Coordinadores Regionales y los Centros Asociados, y la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los establecimientos incorporados. Los centros que integren la red deberán cumplir criterios técnicos obligatorios aprobados por el Ministerio y suscribir un Convenio Marco de participación. La adhesión de las instituciones al PRONAC-ACV no queda planteada como un trámite formal, sino como integración a un esquema con exigencias técnicas verificables y circuitos de funcionamiento estandarizados.La incorporación de PAMI se inscribe en un proceso de expansión federal del programa. En ese marco, la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) firmó recientemente un convenio con el Municipio de Tres de Febrero mediante el cual el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas funcionará como centro receptor de alta complejidad para esa localidad, con su Unidad de ACV y los servicios de Neurocirugía e Intervencionismo disponibles para la red. El PRONAC-ACV contempla también la adhesión de las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establece el artículo 7° de la Resolución 609/2026.A través de la incorporación progresiva de financiadores, municipios y establecimientos sanitarios, el programa avanza en la conformación de circuitos regionales coordinados en todo el país, con el objetivo de que, ante una emergencia tiempo-dependiente, los efectores puedan definir en tiempo real el establecimiento más adecuado según la complejidad del caso y la ubicación del paciente.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Blanzaco confirmó que la deuda de PAMI con los hospitales de la provincia “es aproximada de 1.800 millones, que es un dato que todos los meses en el Cofesa, que es la reunión de todos los ministros de salud de la Argentina con Nación y donde periódicamente están involucrados también los responsables del PAMI, y es una cifra que está blanqueada, no es nada oculto, ellos la han mostrado y por supuesto que estamos trabajando desde el Ministerio para tratar de destrabar esa deuda y también desde Gobernación a través del Ministerio del Interior”.Explicó asimismo que “hay un contexto económico no solamente provincial, sino a nivel nacional, donde la dificultad económica es clara y en esos casos, a veces, se traba un poco la rueda de pagos y se generan estas deudas.

Hay un poco de todo, hay deuda que está de la gestión anterior, que, por ejemplo, se generó mucho en época de pandemia con el hospital ‘De La Baxada’ que en ese momento no tenía convenio, nosotros ahora logramos hace poquito firmar el convenio con una cápita para el hospital, que la idea es que vaya creciendo”.  “Los hospitales grandes, como por ejemplo el ‘San Martín’ de Paraná, el Masvernat, el hospital de Gualeguay, el de Concepción del Uruguay, ya tenían un convenio que nosotros llamamos convenio capitado, que hoy en realidad es el FU, que es Factura Única, y con esos no tenemos problema y los pagos vienen al día. En todos esos hospitales grandes vienen al día los pagos y se generó el problema con los nuevos convenios que no son capitados sino que son por prestación”. Agregó que “en el interior, en el 2024, logramos incluir el resto de los hospitales que en el convenio no podían facturar, porque antes esos hospitales facturaban a través de Superintendencia de Salud y cuando dejó existir esa figura de la Superintendencia de Salud, había que buscarle la vuelta y la vuelta fue que cada uno de esos hospitales tenga convenio. Eso implicó todo un proceso porque lo firmaron con estos 57 hospitales y también un poco el adiestramiento al sistema electrónico que tiene PAMI para facturar. Eso llevó su tiempo y creo que también en eso se fue generando mucho la deuda”.El PAMI le debe 1.704 millones de pesos a los hospitales públicos de Entre RíosDe todos modos, el ministro provincial consideró que “venimos con buen diálogo tanto con el Ministerio de Salud como con la gente de PAMI para tratar de destrabar ese problema” y reiteró que “hace poco, un par de meses, el último que agregamos fue el hospital ‘De La Baxada’ y la idea es que esto pueda tener la misma característica que los hospitales grandes, con los cuales no tenemos inconveniente de pago, que son los que tienen más volumen”.

En este marco, aseguró que esta deuda no resiente la atención de afiliados de PAMI en los hospitales entrerrianos: “Cualquier paciente que acude a un hospital público, paga sus impuestos y tiene todo el derecho de atenderse independientemente de que tenga o no tenga obra social. Ese paciente con el que no se puede hacer el recupero de costo, el paciente que no es mutualizado va por la parte pública, y con el que tiene una obra social o mutual, se hace lo que se llama el recupero de costo, y obviamente, la dificultad está ahí, en el recupero de ese costo”.En cuanto al cobro de la deuda, afirmó que “estamos en tratativas, estamos hablando por varios frentes, tanto del Ministerio de Salud por mi parte cuando estoy en estas reuniones, como de Gobernación a través del Ministerio del Interior, como para poder destrabar esa deuda”.

En tanto, planteó que “financieramente no complica mucho a los hospitales porque nosotros mandamos la partida de funcionamiento mensual y, en caso de ser necesario, se mandan partidas extraordinarias, que en general es para hacer algún tipo de obra o alguna otra cosa, algún mantenimiento, no es para prestaciones, pero no lo reciente para nada”. (APFDigital) 

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a la acción de amparo colectiva entablada contra el programa Incluir Salud y PAMI y ordenó la regularización del pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero desde la entidad señalaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que no hay deuda y que “el viernes se abonó el mes corriente”.Según un informe al que accedió la Agencia NA, la sentencia judicial ordena formalmente a ambas entidades regularizar y mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas.Asimismo, señalo que el amparo fue promovido por la abogada y referente de Defendamos Córdoba para temas de discapacidad, Marta Lastra.

El juez Miguel Vaca Narvaja, a cargo del mencionado Juzgado Federal, señaló en el fallo que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad. Perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.“El Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley. Esta resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y cesar con la demora injustificada que produce la desatención del colectivo de personas afectadas por discapacidad. (…) La demora injustificada constituye un acto arbitrario e ilegal contra el cual resulta procedente la acogida del amparo”, expresó el juez a través del fallo.El amparo, al que el magistrado hizo lugar tiempo atrás, fue promovido por Lastra con alcance colectivo, lo que significa que el reciente fallo protege a miles de beneficiarios en idéntica situación, resguardando la sustentabilidad de los hogares, centros de día y profesionales que los asisten.“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, explicitó el fallo, por lo que “los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales no pueden ser meramente declarativos, porque su goce efectivo es lo que permite a una persona desplegar plenamente su valor eminente como agente moral autónomo, base de la dignidad humana que la Corte debe proteger”.La flamante resolución judicial dirime el grave conflicto suscitado por el corte e irregularidades en la cadena de pagos estatales que se venían arrastrando desde finales de 2025, derivados del incumplimiento del Gobierno de Javier Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad.El magistrado constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de los servicios ya brindados por las instituciones. Agencia NA.

La protesta pone nuevamente en evidencia las dificultades que enfrentan miles de jubilados para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos.Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para el PAMI iniciarán un paro de 72 horas en reclamo de una actualización de sus honorarios, una medida que busca visibilizar el creciente malestar del sector y las dificultades para sostener la atención de los afiliados.La situación, sin embargo, trasciende el reclamo profesional y vuelve a exponer una realidad que los jubilados vienen señalando desde hace tiempo: el deterioro progresivo en el acceso a la salud. Las demoras para obtener turnos, las esperas para autorizaciones médicas y las restricciones en determinadas prestaciones se han convertido en una constante para miles de beneficiarios.Entre las principales quejas aparecen los largos plazos para acceder a especialistas o estudios, situaciones que en muchos casos terminan resolviéndose por el simple paso del tiempo, cuando dolencias o afecciones leves se curan solas antes de que llegue la fecha de atención. En otros casos, las demoras agravan cuadros de salud que requerían una respuesta más rápida.A ello se suma la creciente preocupación por el acceso a los medicamentos. Los cambios en los sistemas de cobertura y una mayor participación económica de los afiliados en la compra de remedios han llevado a que numerosas personas mayores reduzcan dosis, posterguen tratamientos o directamente abandonen medicamentos considerados esenciales para controlar enfermedades crónicas.Profesionales y afiliados coinciden en que estas dificultades impactan directamente en la calidad de vida de los adultos mayores y generan situaciones que muchas veces resultan difíciles de disimular. La pérdida de autonomía, el deterioro físico y la imposibilidad de acceder oportunamente a tratamientos médicos son consecuencias que se observan con creciente frecuencia.Mientras tanto, el paro anunciado busca abrir una discusión sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores y garantizar la continuidad de un servicio que resulta fundamental para millones de jubilados y pensionados en todo el país.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, brindó explicaciones ante la Justicia y alegó un “reordenamiento estructural”.La versión del Ejecutivo indicó que las demoras en los pagos responden a los tiempos naturales del proceso que lleva corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.Por otro lado, está la transferencia administrativa: el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos.Por último, sostuvieron que las demoras no implicarían reducción de cobertura ni desatención, sino que estarían en “pleno proceso de regularización”. A esto se suma el argumento central que usó el Poder Ejecutivo Nacional desde el inicio del conflicto, y que la cautelar reseña en sus antecedentes. Tanto el Decreto 534/25 como el Decreto 681/2025 fundaron la observación primero y la suspensión después en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, condicionando la ejecución de la ley a que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento.Entre sus fundamentos para dictar la cautelar, el juez Vaca Narvaja contrastó los argumentos oficiales con una serie de hechos fácticos como facturas impagas, intereses millonarios pagados al fisco por los prestadores, tratamientos suspendidos y medicamentos sin entregar durante tres meses.Las explicaciones técnicas sobre reordenamientos y transferencias no resultaron válidas para el criterio del magistrado.La resolución judicial destacó que los atrasos en los pagos podrían generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, lo que pondría en riesgo la salud de las personas involucradas. El peligro en la demora se fundamentó en la naturaleza de los derechos en juego, ya que la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Las declaraciones surgieron luego de conocerse que un sanatorio de Concordia restringió la atención a afiliados del PAMI debido al contexto económico y operativo. Según explicó la dirigente, la problemática afecta a prestadores de todo el país. “Estamos en un momento de mucha incertidumbre en todo el contexto del convenio con PAMI”, afirmó D’Agostino. Sobre la clínica de Concordia en particular, expresó que “son decisiones individuales” y sostuvo que existía expectativa por un cambio de convenio impulsado por la obra social nacional, aunque “pedían adhesión, pero no nos decían exactamente a qué estábamos adhiriendo”.

Topes en estudios y prácticas médicasLa presidenta de la Acler explicó que comenzaron a detectarse restricciones automáticas al momento de cargar prestaciones médicas en el sistema. “No son restricciones de los sanatorios, son restricciones que nos aparecen por sistema”, aclaró. En ese sentido, relató una situación ocurrida en su propio establecimiento: “El día 5 del mes pasado viene un afiliado de PAMI a hacerse una placa radiográfica y cuando queremos cargar la orden nos sale que el cupo ya está completo, cupo completo el día 5 del mes”.Según detalló, el problema se repite en distintas prácticas y servicios médicos. “Nos ponen topes, pero no sabemos a qué obedecen. Supongo que la ecuación es a menor gasto”, manifestó. La dirigente indicó que, ante esas limitaciones, muchos afiliados deben ser derivados a las oficinas regionales de PAMI para intentar conseguir autorizaciones especiales. “Hay que mandar los afiliados a la UGL para ver si pueden habilitarle prácticas por fuera de lo que nosotros no podemos cargar”, explicó.

“Los débitos son rarísimos”,  sostuvo D’AgostinoOtro de los puntos señalados por la representante de los sanatorios fueron los descuentos aplicados en las liquidaciones de prestaciones ya realizadas. “En las facturas de este mes del pago llegan débitos que no entendemos de qué se trata. Lo único que dice es ‘fuera de rango’”, afirmó.D’Agostino remarcó que incluso fueron descontadas prácticas de alta complejidad previamente autorizadas por PAMI. “Es rarísimo y no tenemos respuesta. Ese es el problema: incertidumbre”, expresó. Además, aseguró que la situación se replica en diferentes provincias. “Tenemos grupos de WhatsApp de todas las asociaciones de clínicas del país y todos estos débitos se dieron igual en todos lados, sin explicación alguna”, sostuvo.

Alertaron por la crisis de la seguridad socialLa presidenta de Acler también advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales nacionales y el impacto sobre el sistema de salud privado.“La seguridad social hoy está en riesgo”, afirmó a El Once. Y agregó: “La medicina es cara y se encarece”.Según señaló, algunas obras sociales presentan importantes atrasos en los pagos. “Tenemos la UTA, camioneros, los viales; hay varias con serias dificultades”, indicó.Finalmente, D’Agostino confirmó que cámaras y entidades vinculadas al sector sanitario elevaron reclamos formales al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y PAMI para solicitar soluciones. “No hay respuesta todavía”, concluyó. 

Una auditoría interna del PAMI detectó un esquema extendido de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas en distintas provincias, con fuerte impacto en Entre Ríos y especialmente en la ciudad de Concordia, donde se registró una alta concentración de casos bajo análisis.

El relevamiento, realizado a partir del cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones repetidos que evidencian un funcionamiento sistemático y no hechos aislados.

Las principales modalidades detectadas:Sobrefacturación de anteojos: se indicaban lentes de baja graduación pero se facturaban como de alta complejidad, con diferencias de hasta cinco veces en los valores.Prestaciones inexistentes: consultas, estudios y prácticas sin respaldo clínico o directamente no realizadas. En algunos casos, hasta la mitad de las órdenes carecían de historia médica.Manipulación de consultas: se registraban primeras atenciones como controles posteriores para incrementar el valor facturado.Circuitos cerrados: derivaciones sistemáticas a una misma óptica, en ocasiones con vínculos directos entre profesionales y comercios.Cobros indebidos a afiliados: se ofrecían supuestas mejoras fuera de cobertura, cobrando al paciente mientras se facturaba al sistema, generando doble ingreso.

Concordia bajo la lupaDentro del mapa nacional de irregularidades, Concordia aparece como uno de los puntos más relevantes: la auditoría detectó más de 800 prestaciones concentradas en un solo profesional, una cifra muy por encima de los parámetros habituales.

En paralelo, otro de los casos detectados en Entre Ríos involucra a una óptica vinculada a una mutual sindical, donde un mismo profesional —identificado por su apellido con la inicial S— concentra un volumen significativo de inconsistencias: se relevaron 613 prácticas con sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo en historia clínica y al menos 16 recetas emitidas sin dioptrías, una irregularidad que desde el punto de vista médico invalida la prescripción.

Un sistema bajo investigaciónLas irregularidades se inscriben en un proceso más amplio de control sobre el sistema OME, donde ya se detectaron maniobras como recetas falsas, uso indebido de datos de afiliados y facturación de prácticas inexistentes.Actualmente hay varias causas judiciales en curso por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública, con investigaciones que avanzan en distintas jurisdicciones del país.

Desde el organismo se reforzaron los controles con auditorías permanentes, trazabilidad digital y sanciones ante desvíos, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados y desarticular los mecanismos irregulares detectados. (I: Datos Andrés Klipphan-Infobae-El Heraldo)

La situación del PAMI en Entre Ríos muestra un deterioro sostenido que ya impacta con fuerza en ciudades como Paraná y Concordia. La falta de actualización en los honorarios médicos generó un creciente malestar entre los profesionales, con paros y renuncias que reducen la disponibilidad de médicos de cabecera y dejan a miles de afiliados con dificultades para acceder a la atención básica.

Este escenario deriva en un problema concreto: menos cobertura, turnos más espaciados y mayor presión sobre el sistema. A eso se suma una caída en la calidad del servicio, con recortes en prestaciones, reintegros más limitados y un vademécum de medicamentos cada vez más restringido.

En la práctica, el impacto es directo sobre los jubilados y pensionados, que deben afrontar mayores gastos de su bolsillo en un contexto económico ya complejo. En muchos casos, la atención médica y la compra de medicamentos comienzan a competir con necesidades básicas, generando situaciones límite.

El conflicto no es aislado. Forma parte de un cuadro nacional donde el sistema enfrenta tensiones por financiamiento, actualización de aranceles y sostenibilidad de las prestaciones. Mientras tanto, en el territorio, la consecuencia es visible: menos médicos, más costos y un acceso a la salud cada vez más condicionado.

 El planteo fue formalizado mediante una nota presentada ante la obra social, en la que se advierte sobre atrasos en anticipos y saldos correspondientes a los últimos meses de 2025, además de vencimientos de enero que, en algunos casos, acumulan demoras cercanas a un mes. Desde el sector farmacéutico señalan que esta situación tensiona una cadena ya exigida por el aumento de costos, la inflación en insumos y una demanda sostenida de medicamentos, especialmente de tratamientos crónicos y de alto costo.Desde el PAMI, en tanto, respondieron que los pagos se encuentran dentro de los cronogramas previstos y que existe diálogo permanente con las entidades. También indicaron que en las últimas semanas se efectuaron desembolsos, en particular para la provisión de medicamentos de alto costo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos.Sin embargo, las organizaciones farmacéuticas remarcan que la regularidad en los pagos no es un detalle administrativo menor: de ella depende la capacidad de reposición de medicamentos, el cumplimiento de compromisos comerciales y la sostenibilidad operativa de miles de farmacias que atienden diariamente a afiliados del PAMI en todo el país. La incertidumbre financiera, advierten, pone en riesgo el normal abastecimiento, sobre todo en localidades pequeñas donde una farmacia cumple un rol sanitario clave.En ese marco, crece la preocupación por el impacto real que estas demoras pueden tener en pacientes que no pueden esperar, como quienes atraviesan tratamientos oncológicos u otras terapias críticas.Desde el sector señalan que el ajuste del gasto público y la lógica de “ahorro” aplicada desde el gobierno nacional no puede trasladarse a la salud, y menos aún a los adultos mayores. Cuando los pagos se retrasan y los medicamentos no llegan a tiempo, el costo no es fiscal: es humano, y se paga con la salud de quienes dependen de una provisión continua para seguir viviendo. 

El hecho, ocurrido alrededor de las 11 de la mañana, provocó sorpresa y malestar entre los empleados, quienes calificaron el episodio como un “acto de intimidación grave”. De inmediato, el personal se reunió para deliberar y definir los pasos legales a seguir.

“Vamos a labrar un acta y presentarla ante el juzgado que corresponda. ‘‘La Policía de Entre Ríos no tiene ámbito de intervención en una institución nacional como la UGL-34. Además, nuestra medida es totalmente pacífica, comunicada formalmente y en el marco de lo dispuesto por las entidades gremiales”, señalaron los trabajadores.Desde el sector gremial remarcaron que no hubo incidentes ni comportamientos violentos, y que la protesta se desarrolla en paz, como en el resto del país.

La presencia armada dentro de una dependencia pública nacional genera inquietud y cuestionamientos políticos.

En ese sentido, se espera que el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, brinde explicaciones sobre lo ocurrido.

En la Argentina de hoy, hace años que se terminaron los aprietes con armas en mano. Este tipo de actitudes, más propias de otros tiempos, resultan sorprendentes e injustificables, especialmente en un contexto de reclamo laboral legítimo y pacífico.

Con este nuevo esquema, se espera que las controversias entre pacientes y prestadores puedan resolverse de forma más directa, evitando procesos largos y costosos, y mejorando así la calidad y la eficiencia del servicio de salud brindado a las personas afiliadas.La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la incorporación del PAMI al Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), a través de la Resolución 1861/2025, publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida, más de 5 millones de afiliados tendrán ahora la posibilidad de resolver sus reclamos y conflictos con prestadores de salud de forma más rápida, económica y sin judicialización. PROMESA, vigente desde el 2 de septiembre, es un mecanismo impulsado por los ministerios de Salud y Justicia junto a la Superintendencia, que busca reducir la gran cantidad de amparos judiciales derivados de incumplimientos en tratamientos, medicamentos, internaciones o prestaciones. El sistema funciona como una instancia voluntaria y extrajudicial de conciliación que permite acuerdos en plazos más breves: el primer caso registrado se resolvió en apenas cuatro días, permitiendo que el paciente continúe con su tratamiento sin interrupciones.La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y transparencia del sistema sanitario impulsado por el Gobierno Nacional. El decreto que regula el programa (379/2025) también habilita a otras obras sociales y entidades fuera del marco de las leyes 23.660, 23.661 y 26.682 a adherirse de manera voluntaria, como ya lo hizo IOSFA.El trasfondo del problema La creación de PROMESA responde a una situación estructural: el excesivo uso de medidas cautelares en el ámbito judicial, muchas veces dictadas sin un conocimiento profundo de la complejidad del sistema sanitario. Según especialistas, estas resoluciones “por las dudas” suelen favorecer al paciente, pero generan demoras, sobrecostos y litigios innecesarios.El abogado especializado en derechos de la  tercera edad Eugenio Semino destacó que la herramienta “puede agilizar tiempos y reducir gastos”, aunque cuestionó su origen, al considerarla un “parche” ante la “industria del amparo” generada por las deficiencias en la cobertura de los prestadores, incluido el propio PAMI. “El amparo debería ser para casos excepcionales, no para resolver problemas de gestión. El Estado es el primer responsable de los incumplimientos”, sostuvo.Con la incorporación de PAMI, PROMESA apunta a ser un paso importante para descomprimir el sistema judicial, mejorar el acceso a la salud y acortar los tiempos de respuesta en conflictos frecuentes como la entrega de medicamentos, tratamientos prolongados, internaciones o servicios geriátricos. Resta ver si el mecanismo se consolida como una herramienta eficaz para los jubilados y pensionados o si requerirá ajustes en su implementación. 

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los adultos mayores en Argentina, ofrece un importante beneficio para el cuidado de la salud visual: la entrega de anteojos gratis a sus afiliados que cumplan con los requisitos establecidos.¿Quiénes pueden recibir anteojos gratis de PAMI?El beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI que presenten la documentación solicitada y cuenten con la indicación médica correspondiente emitida por un oftalmólogo del programa.Este plan de la obra social cubre hasta dos pares de lentes sin costo por año prestacional, uno para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un par de bifocales.¿Qué documentación se necesita para tener los lentes gratis de PAMI?Para acceder a los anteojos gratis de PAMI, el afiliado debe presentar:-DNI vigente.-Credencial de afiliación a PAMI.-Orden médica electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, con prescripción de lentes, firma, sello aclaratorio, matrícula y vigencia de 150 días desde su emisión.Paso a paso: cómo tramitar los anteojos gratis de PAMIPara poder obtener los lentes gratuitos de la obra social es necesario seguir estos pasos:-Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI para obtener la prescripción médica de los lentes.-Reunir la documentación: DNI, credencial de PAMI y orden médica electrónica.-Ir a una óptica autorizada por PAMI y presentar los documentos. No es necesario pedir turno previo en la óptica.-Elegir el modelo de anteojos que se ajuste a la prescripción.-Recibir el comprobante de gestión para hacer seguimiento del pedido.¿Dónde hacer el trámite para tener los lentes PAMI?La gestión se realiza exclusivamente en ópticas asociadas a PAMI. Para conocer el listado, se puede consultar la cartilla de prestadores en la página oficial o comunicarse mediante el canal de Atención Virtual del organismo. (El Cronista) 

Vale recordar que se trata de una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia. A través de las distintas comisiones y del Equipo Consultivo se busca englobar a diversas instituciones como ANSeS, PAMI, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), la Justicia, la Policía de Entre Ríos y las diferentes áreas del municipio.Al respecto, el Secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, explicó que “es la primera reunión oficial de la mesa porque la vez pasada hicimos el lanzamiento pero había varias comisiones que todavía no habían iniciado y hoy ya están todas en funcionamiento”.“El rol de esta mesa es articular y debatir los problemas trascendentales para el ciudadano de Concordia, donde distintas instituciones nacionales, provinciales, municipales podamos dar respuestas en concreto a problemas que son sumamente complejos y que atraviesan a distintos ámbitos como consumo problemático, adicciones en general, violencia y otras cuestiones que hacen al funcionamiento general de las instituciones”, agregó.Por su parte la Diputada Provincial Carola Laner celebró la conformación del espacio. Aseguró que uno de los ejes que “me llevo es lo que se habló acá, de generar políticas públicas integrales y que den soluciones de fondo”.La legisladora además subrayó que “hoy quienes estaban en esta mesa se llevaron el compromiso de entender que tenemos que ser facilitadores, algo que debemos tener presente quienes tenemos responsabilidades institucionales”.En la oportunidad se contó con la participación del titular de Anses Zonal Concordia Guillermo Deymonnaz, la titular de la UGL XXXIV del PAMI Karina Bernardi, la directora del COPNAF en Concordia Constanza Ortíz, los concejales Verónica Del Boca y Emmanuel Godoy, referentes de Cáritas y de la Dirección Departamental de Escuelas; entre otros.

El Gobierno tomó distancia de las denuncias por sobreprecios en las compras y cobros indebidos de las prestaciones de PAMI y anunció una nueva modalidad de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores afiliados a la obra social. El vocero presidencial, Manuel Adorni, oficializó este lunes la eliminación de “intermediarios” en la entrega y detalló que el nuevo mecanismo se implementó por licitación pública para mejorar la calidad de los productos y abaratar los costos.“A raíz de alguna información errónea, maliciosa, que estuvo circulando este fin de semana, quiero contar PAMI estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de 5.000 millones de pesos por año”, anunció en la habitual conferencia de prensa.Además, aseveró que “va a proveer los pañales a domicilio para evitar que algún vivo quiera revender los productos en Marketplace” al tiempo que aclaró que supondrá un ahorro de $5 mil millones por año.“No solo robaban con la comida de los pobres, no solo robaban o extorsionaban a quien por bajos recursos tenía que seguir un plan social, sino que también se robaban los pañales de los adultos mayores; es increíble lo que pasaba en la Argentina”, detalló.En la misma línea, negó las acusaciones contra la administración libertaria, y pese a no hacer mención, deslizó la posibilidad de que las denuncias formen parte de la campaña electoral abierta. “Entiendo que estas cuestiones cuando varias campañas electorales suelen evidentemente recrudecerse la fake news y las malas intenciones y los atentados contra la buena gestión”, subrayó.El vocero apuntó contra las empresas proveedoras a las que responsabilizó por firmar un acuerdo “de manera coordinada” para “no participar del proceso”, y postuló: “En la Argentina, el lobby empresario atenta ahora contra los adultos mayores y contra sus propios privilegios porque de manera coordinada se comprometieron a no participar de este proceso”.“Esta conducta además de anticompetitiva atenta contra el derecho de los afiliados del PAMI a recibir un mejor servicio”, cuestionó, y agregó: “Servicio que va a ser de mejor calidad porque se revisaron las especificaciones técnicas y se adecuaron los parámetros de calidad establecidos por la ANMAT”. Por su parte, el funcionario advirtió: “A los empresarios prebendarios que hacían acuerdos con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente, sepan que eso se terminó”.Tras los señalamientos contra el Poder Ejecutivo, Adorni negó sobreprecios y aclaró: “Se cumplió con toda la normativa y, también esta licitación se intentó hacer sin éxito, 2017 y 2018, entiendo que fueron esos dos intentos y que ni siquiera hubo oferentes”.“Es un tema que si hay algo para decir lo tiene que decir la Justicia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, incluso, hemos incentivado que se realicen auditorías para despejar cualquier tipo de duda”, se escudó. Por último, acusó a los medios de comunicación de publicar “con mala intención” denuncias falsas contra el Gobierno, y acusó a las empresas involucradas de “querer que esto salga mal”.“Lamentamos enormemente que estas cosas sigan ocurriendo, en Argentina, porque no terminan de entender que hay cosas que cambiaron; que cambió la lógica de no permitirle a los vivos que hagan negocios, en este caso, con el PAMI o con los abuelos”, concluyó. NA.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud local, tanto público como privado. La familia del paciente expresó su malestar ante la falta de una atención oportuna, destacando que cada minuto es clave en cuadros de ACV para reducir secuelas y mejorar el pronóstico del paciente.

La situación del Sanatorio Concordia no es un hecho aislado. En los últimos meses, usuarios de PAMI han manifestado dificultades para acceder a turnos, demoras en la atención en guardias y problemas en la disponibilidad de camas.