En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Blanzaco confirmó que la deuda de PAMI con los hospitales de la provincia “es aproximada de 1.800 millones, que es un dato que todos los meses en el Cofesa, que es la reunión de todos los ministros de salud de la Argentina con Nación y donde periódicamente están involucrados también los responsables del PAMI, y es una cifra que está blanqueada, no es nada oculto, ellos la han mostrado y por supuesto que estamos trabajando desde el Ministerio para tratar de destrabar esa deuda y también desde Gobernación a través del Ministerio del Interior”.Explicó asimismo que “hay un contexto económico no solamente provincial, sino a nivel nacional, donde la dificultad económica es clara y en esos casos, a veces, se traba un poco la rueda de pagos y se generan estas deudas.

Hay un poco de todo, hay deuda que está de la gestión anterior, que, por ejemplo, se generó mucho en época de pandemia con el hospital ‘De La Baxada’ que en ese momento no tenía convenio, nosotros ahora logramos hace poquito firmar el convenio con una cápita para el hospital, que la idea es que vaya creciendo”.  “Los hospitales grandes, como por ejemplo el ‘San Martín’ de Paraná, el Masvernat, el hospital de Gualeguay, el de Concepción del Uruguay, ya tenían un convenio que nosotros llamamos convenio capitado, que hoy en realidad es el FU, que es Factura Única, y con esos no tenemos problema y los pagos vienen al día. En todos esos hospitales grandes vienen al día los pagos y se generó el problema con los nuevos convenios que no son capitados sino que son por prestación”. Agregó que “en el interior, en el 2024, logramos incluir el resto de los hospitales que en el convenio no podían facturar, porque antes esos hospitales facturaban a través de Superintendencia de Salud y cuando dejó existir esa figura de la Superintendencia de Salud, había que buscarle la vuelta y la vuelta fue que cada uno de esos hospitales tenga convenio. Eso implicó todo un proceso porque lo firmaron con estos 57 hospitales y también un poco el adiestramiento al sistema electrónico que tiene PAMI para facturar. Eso llevó su tiempo y creo que también en eso se fue generando mucho la deuda”.El PAMI le debe 1.704 millones de pesos a los hospitales públicos de Entre RíosDe todos modos, el ministro provincial consideró que “venimos con buen diálogo tanto con el Ministerio de Salud como con la gente de PAMI para tratar de destrabar ese problema” y reiteró que “hace poco, un par de meses, el último que agregamos fue el hospital ‘De La Baxada’ y la idea es que esto pueda tener la misma característica que los hospitales grandes, con los cuales no tenemos inconveniente de pago, que son los que tienen más volumen”.

En este marco, aseguró que esta deuda no resiente la atención de afiliados de PAMI en los hospitales entrerrianos: “Cualquier paciente que acude a un hospital público, paga sus impuestos y tiene todo el derecho de atenderse independientemente de que tenga o no tenga obra social. Ese paciente con el que no se puede hacer el recupero de costo, el paciente que no es mutualizado va por la parte pública, y con el que tiene una obra social o mutual, se hace lo que se llama el recupero de costo, y obviamente, la dificultad está ahí, en el recupero de ese costo”.En cuanto al cobro de la deuda, afirmó que “estamos en tratativas, estamos hablando por varios frentes, tanto del Ministerio de Salud por mi parte cuando estoy en estas reuniones, como de Gobernación a través del Ministerio del Interior, como para poder destrabar esa deuda”.

En tanto, planteó que “financieramente no complica mucho a los hospitales porque nosotros mandamos la partida de funcionamiento mensual y, en caso de ser necesario, se mandan partidas extraordinarias, que en general es para hacer algún tipo de obra o alguna otra cosa, algún mantenimiento, no es para prestaciones, pero no lo reciente para nada”. (APFDigital) 

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar de manera total a la acción de amparo colectiva entablada contra el programa Incluir Salud y PAMI y ordenó la regularización del pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero desde la entidad señalaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que no hay deuda y que “el viernes se abonó el mes corriente”.Según un informe al que accedió la Agencia NA, la sentencia judicial ordena formalmente a ambas entidades regularizar y mantener al día la cadena de pagos de las prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que son titulares de pensiones no contributivas.Asimismo, señalo que el amparo fue promovido por la abogada y referente de Defendamos Córdoba para temas de discapacidad, Marta Lastra.

El juez Miguel Vaca Narvaja, a cargo del mencionado Juzgado Federal, señaló en el fallo que “no puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario, para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado en varios casos constatados, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable como el de las personas con discapacidad. Perseverar en esa conducta omisiva generará sin duda alguna, responsabilidades civiles y/o penales a los ejecutores del desatino”.“El Estado de Derecho implica el sometimiento de los gobernantes a la ley. Esta resolución conmina al Ministerio de Salud a cumplir de manera inmediata con la legislación vigente y cesar con la demora injustificada que produce la desatención del colectivo de personas afectadas por discapacidad. (…) La demora injustificada constituye un acto arbitrario e ilegal contra el cual resulta procedente la acogida del amparo”, expresó el juez a través del fallo.El amparo, al que el magistrado hizo lugar tiempo atrás, fue promovido por Lastra con alcance colectivo, lo que significa que el reciente fallo protege a miles de beneficiarios en idéntica situación, resguardando la sustentabilidad de los hogares, centros de día y profesionales que los asisten.“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, explicitó el fallo, por lo que “los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud integrales no pueden ser meramente declarativos, porque su goce efectivo es lo que permite a una persona desplegar plenamente su valor eminente como agente moral autónomo, base de la dignidad humana que la Corte debe proteger”.La flamante resolución judicial dirime el grave conflicto suscitado por el corte e irregularidades en la cadena de pagos estatales que se venían arrastrando desde finales de 2025, derivados del incumplimiento del Gobierno de Javier Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad.El magistrado constató demoras de hasta cinco meses en la cancelación de los servicios ya brindados por las instituciones. Agencia NA.

La protesta pone nuevamente en evidencia las dificultades que enfrentan miles de jubilados para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos.Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para el PAMI iniciarán un paro de 72 horas en reclamo de una actualización de sus honorarios, una medida que busca visibilizar el creciente malestar del sector y las dificultades para sostener la atención de los afiliados.La situación, sin embargo, trasciende el reclamo profesional y vuelve a exponer una realidad que los jubilados vienen señalando desde hace tiempo: el deterioro progresivo en el acceso a la salud. Las demoras para obtener turnos, las esperas para autorizaciones médicas y las restricciones en determinadas prestaciones se han convertido en una constante para miles de beneficiarios.Entre las principales quejas aparecen los largos plazos para acceder a especialistas o estudios, situaciones que en muchos casos terminan resolviéndose por el simple paso del tiempo, cuando dolencias o afecciones leves se curan solas antes de que llegue la fecha de atención. En otros casos, las demoras agravan cuadros de salud que requerían una respuesta más rápida.A ello se suma la creciente preocupación por el acceso a los medicamentos. Los cambios en los sistemas de cobertura y una mayor participación económica de los afiliados en la compra de remedios han llevado a que numerosas personas mayores reduzcan dosis, posterguen tratamientos o directamente abandonen medicamentos considerados esenciales para controlar enfermedades crónicas.Profesionales y afiliados coinciden en que estas dificultades impactan directamente en la calidad de vida de los adultos mayores y generan situaciones que muchas veces resultan difíciles de disimular. La pérdida de autonomía, el deterioro físico y la imposibilidad de acceder oportunamente a tratamientos médicos son consecuencias que se observan con creciente frecuencia.Mientras tanto, el paro anunciado busca abrir una discusión sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores y garantizar la continuidad de un servicio que resulta fundamental para millones de jubilados y pensionados en todo el país.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, brindó explicaciones ante la Justicia y alegó un “reordenamiento estructural”.La versión del Ejecutivo indicó que las demoras en los pagos responden a los tiempos naturales del proceso que lleva corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.Por otro lado, está la transferencia administrativa: el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos.Por último, sostuvieron que las demoras no implicarían reducción de cobertura ni desatención, sino que estarían en “pleno proceso de regularización”. A esto se suma el argumento central que usó el Poder Ejecutivo Nacional desde el inicio del conflicto, y que la cautelar reseña en sus antecedentes. Tanto el Decreto 534/25 como el Decreto 681/2025 fundaron la observación primero y la suspensión después en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, condicionando la ejecución de la ley a que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento.Entre sus fundamentos para dictar la cautelar, el juez Vaca Narvaja contrastó los argumentos oficiales con una serie de hechos fácticos como facturas impagas, intereses millonarios pagados al fisco por los prestadores, tratamientos suspendidos y medicamentos sin entregar durante tres meses.Las explicaciones técnicas sobre reordenamientos y transferencias no resultaron válidas para el criterio del magistrado.La resolución judicial destacó que los atrasos en los pagos podrían generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, lo que pondría en riesgo la salud de las personas involucradas. El peligro en la demora se fundamentó en la naturaleza de los derechos en juego, ya que la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Las declaraciones surgieron luego de conocerse que un sanatorio de Concordia restringió la atención a afiliados del PAMI debido al contexto económico y operativo. Según explicó la dirigente, la problemática afecta a prestadores de todo el país. “Estamos en un momento de mucha incertidumbre en todo el contexto del convenio con PAMI”, afirmó D’Agostino. Sobre la clínica de Concordia en particular, expresó que “son decisiones individuales” y sostuvo que existía expectativa por un cambio de convenio impulsado por la obra social nacional, aunque “pedían adhesión, pero no nos decían exactamente a qué estábamos adhiriendo”.

Topes en estudios y prácticas médicasLa presidenta de la Acler explicó que comenzaron a detectarse restricciones automáticas al momento de cargar prestaciones médicas en el sistema. “No son restricciones de los sanatorios, son restricciones que nos aparecen por sistema”, aclaró. En ese sentido, relató una situación ocurrida en su propio establecimiento: “El día 5 del mes pasado viene un afiliado de PAMI a hacerse una placa radiográfica y cuando queremos cargar la orden nos sale que el cupo ya está completo, cupo completo el día 5 del mes”.Según detalló, el problema se repite en distintas prácticas y servicios médicos. “Nos ponen topes, pero no sabemos a qué obedecen. Supongo que la ecuación es a menor gasto”, manifestó. La dirigente indicó que, ante esas limitaciones, muchos afiliados deben ser derivados a las oficinas regionales de PAMI para intentar conseguir autorizaciones especiales. “Hay que mandar los afiliados a la UGL para ver si pueden habilitarle prácticas por fuera de lo que nosotros no podemos cargar”, explicó.

“Los débitos son rarísimos”,  sostuvo D’AgostinoOtro de los puntos señalados por la representante de los sanatorios fueron los descuentos aplicados en las liquidaciones de prestaciones ya realizadas. “En las facturas de este mes del pago llegan débitos que no entendemos de qué se trata. Lo único que dice es ‘fuera de rango’”, afirmó.D’Agostino remarcó que incluso fueron descontadas prácticas de alta complejidad previamente autorizadas por PAMI. “Es rarísimo y no tenemos respuesta. Ese es el problema: incertidumbre”, expresó. Además, aseguró que la situación se replica en diferentes provincias. “Tenemos grupos de WhatsApp de todas las asociaciones de clínicas del país y todos estos débitos se dieron igual en todos lados, sin explicación alguna”, sostuvo.

Alertaron por la crisis de la seguridad socialLa presidenta de Acler también advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales nacionales y el impacto sobre el sistema de salud privado.“La seguridad social hoy está en riesgo”, afirmó a El Once. Y agregó: “La medicina es cara y se encarece”.Según señaló, algunas obras sociales presentan importantes atrasos en los pagos. “Tenemos la UTA, camioneros, los viales; hay varias con serias dificultades”, indicó.Finalmente, D’Agostino confirmó que cámaras y entidades vinculadas al sector sanitario elevaron reclamos formales al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y PAMI para solicitar soluciones. “No hay respuesta todavía”, concluyó. 

Una auditoría interna del PAMI detectó un esquema extendido de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas en distintas provincias, con fuerte impacto en Entre Ríos y especialmente en la ciudad de Concordia, donde se registró una alta concentración de casos bajo análisis.

El relevamiento, realizado a partir del cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, identificó patrones repetidos que evidencian un funcionamiento sistemático y no hechos aislados.

Las principales modalidades detectadas:Sobrefacturación de anteojos: se indicaban lentes de baja graduación pero se facturaban como de alta complejidad, con diferencias de hasta cinco veces en los valores.Prestaciones inexistentes: consultas, estudios y prácticas sin respaldo clínico o directamente no realizadas. En algunos casos, hasta la mitad de las órdenes carecían de historia médica.Manipulación de consultas: se registraban primeras atenciones como controles posteriores para incrementar el valor facturado.Circuitos cerrados: derivaciones sistemáticas a una misma óptica, en ocasiones con vínculos directos entre profesionales y comercios.Cobros indebidos a afiliados: se ofrecían supuestas mejoras fuera de cobertura, cobrando al paciente mientras se facturaba al sistema, generando doble ingreso.

Concordia bajo la lupaDentro del mapa nacional de irregularidades, Concordia aparece como uno de los puntos más relevantes: la auditoría detectó más de 800 prestaciones concentradas en un solo profesional, una cifra muy por encima de los parámetros habituales.

En paralelo, otro de los casos detectados en Entre Ríos involucra a una óptica vinculada a una mutual sindical, donde un mismo profesional —identificado por su apellido con la inicial S— concentra un volumen significativo de inconsistencias: se relevaron 613 prácticas con sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo en historia clínica y al menos 16 recetas emitidas sin dioptrías, una irregularidad que desde el punto de vista médico invalida la prescripción.

Un sistema bajo investigaciónLas irregularidades se inscriben en un proceso más amplio de control sobre el sistema OME, donde ya se detectaron maniobras como recetas falsas, uso indebido de datos de afiliados y facturación de prácticas inexistentes.Actualmente hay varias causas judiciales en curso por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública, con investigaciones que avanzan en distintas jurisdicciones del país.

Desde el organismo se reforzaron los controles con auditorías permanentes, trazabilidad digital y sanciones ante desvíos, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados y desarticular los mecanismos irregulares detectados. (I: Datos Andrés Klipphan-Infobae-El Heraldo)

La situación del PAMI en Entre Ríos muestra un deterioro sostenido que ya impacta con fuerza en ciudades como Paraná y Concordia. La falta de actualización en los honorarios médicos generó un creciente malestar entre los profesionales, con paros y renuncias que reducen la disponibilidad de médicos de cabecera y dejan a miles de afiliados con dificultades para acceder a la atención básica.

Este escenario deriva en un problema concreto: menos cobertura, turnos más espaciados y mayor presión sobre el sistema. A eso se suma una caída en la calidad del servicio, con recortes en prestaciones, reintegros más limitados y un vademécum de medicamentos cada vez más restringido.

En la práctica, el impacto es directo sobre los jubilados y pensionados, que deben afrontar mayores gastos de su bolsillo en un contexto económico ya complejo. En muchos casos, la atención médica y la compra de medicamentos comienzan a competir con necesidades básicas, generando situaciones límite.

El conflicto no es aislado. Forma parte de un cuadro nacional donde el sistema enfrenta tensiones por financiamiento, actualización de aranceles y sostenibilidad de las prestaciones. Mientras tanto, en el territorio, la consecuencia es visible: menos médicos, más costos y un acceso a la salud cada vez más condicionado.

 El planteo fue formalizado mediante una nota presentada ante la obra social, en la que se advierte sobre atrasos en anticipos y saldos correspondientes a los últimos meses de 2025, además de vencimientos de enero que, en algunos casos, acumulan demoras cercanas a un mes. Desde el sector farmacéutico señalan que esta situación tensiona una cadena ya exigida por el aumento de costos, la inflación en insumos y una demanda sostenida de medicamentos, especialmente de tratamientos crónicos y de alto costo.Desde el PAMI, en tanto, respondieron que los pagos se encuentran dentro de los cronogramas previstos y que existe diálogo permanente con las entidades. También indicaron que en las últimas semanas se efectuaron desembolsos, en particular para la provisión de medicamentos de alto costo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos.Sin embargo, las organizaciones farmacéuticas remarcan que la regularidad en los pagos no es un detalle administrativo menor: de ella depende la capacidad de reposición de medicamentos, el cumplimiento de compromisos comerciales y la sostenibilidad operativa de miles de farmacias que atienden diariamente a afiliados del PAMI en todo el país. La incertidumbre financiera, advierten, pone en riesgo el normal abastecimiento, sobre todo en localidades pequeñas donde una farmacia cumple un rol sanitario clave.En ese marco, crece la preocupación por el impacto real que estas demoras pueden tener en pacientes que no pueden esperar, como quienes atraviesan tratamientos oncológicos u otras terapias críticas.Desde el sector señalan que el ajuste del gasto público y la lógica de “ahorro” aplicada desde el gobierno nacional no puede trasladarse a la salud, y menos aún a los adultos mayores. Cuando los pagos se retrasan y los medicamentos no llegan a tiempo, el costo no es fiscal: es humano, y se paga con la salud de quienes dependen de una provisión continua para seguir viviendo. 

El hecho, ocurrido alrededor de las 11 de la mañana, provocó sorpresa y malestar entre los empleados, quienes calificaron el episodio como un “acto de intimidación grave”. De inmediato, el personal se reunió para deliberar y definir los pasos legales a seguir.

“Vamos a labrar un acta y presentarla ante el juzgado que corresponda. ‘‘La Policía de Entre Ríos no tiene ámbito de intervención en una institución nacional como la UGL-34. Además, nuestra medida es totalmente pacífica, comunicada formalmente y en el marco de lo dispuesto por las entidades gremiales”, señalaron los trabajadores.Desde el sector gremial remarcaron que no hubo incidentes ni comportamientos violentos, y que la protesta se desarrolla en paz, como en el resto del país.

La presencia armada dentro de una dependencia pública nacional genera inquietud y cuestionamientos políticos.

En ese sentido, se espera que el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, brinde explicaciones sobre lo ocurrido.

En la Argentina de hoy, hace años que se terminaron los aprietes con armas en mano. Este tipo de actitudes, más propias de otros tiempos, resultan sorprendentes e injustificables, especialmente en un contexto de reclamo laboral legítimo y pacífico.

Con este nuevo esquema, se espera que las controversias entre pacientes y prestadores puedan resolverse de forma más directa, evitando procesos largos y costosos, y mejorando así la calidad y la eficiencia del servicio de salud brindado a las personas afiliadas.La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la incorporación del PAMI al Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), a través de la Resolución 1861/2025, publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida, más de 5 millones de afiliados tendrán ahora la posibilidad de resolver sus reclamos y conflictos con prestadores de salud de forma más rápida, económica y sin judicialización. PROMESA, vigente desde el 2 de septiembre, es un mecanismo impulsado por los ministerios de Salud y Justicia junto a la Superintendencia, que busca reducir la gran cantidad de amparos judiciales derivados de incumplimientos en tratamientos, medicamentos, internaciones o prestaciones. El sistema funciona como una instancia voluntaria y extrajudicial de conciliación que permite acuerdos en plazos más breves: el primer caso registrado se resolvió en apenas cuatro días, permitiendo que el paciente continúe con su tratamiento sin interrupciones.La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y transparencia del sistema sanitario impulsado por el Gobierno Nacional. El decreto que regula el programa (379/2025) también habilita a otras obras sociales y entidades fuera del marco de las leyes 23.660, 23.661 y 26.682 a adherirse de manera voluntaria, como ya lo hizo IOSFA.El trasfondo del problema La creación de PROMESA responde a una situación estructural: el excesivo uso de medidas cautelares en el ámbito judicial, muchas veces dictadas sin un conocimiento profundo de la complejidad del sistema sanitario. Según especialistas, estas resoluciones “por las dudas” suelen favorecer al paciente, pero generan demoras, sobrecostos y litigios innecesarios.El abogado especializado en derechos de la  tercera edad Eugenio Semino destacó que la herramienta “puede agilizar tiempos y reducir gastos”, aunque cuestionó su origen, al considerarla un “parche” ante la “industria del amparo” generada por las deficiencias en la cobertura de los prestadores, incluido el propio PAMI. “El amparo debería ser para casos excepcionales, no para resolver problemas de gestión. El Estado es el primer responsable de los incumplimientos”, sostuvo.Con la incorporación de PAMI, PROMESA apunta a ser un paso importante para descomprimir el sistema judicial, mejorar el acceso a la salud y acortar los tiempos de respuesta en conflictos frecuentes como la entrega de medicamentos, tratamientos prolongados, internaciones o servicios geriátricos. Resta ver si el mecanismo se consolida como una herramienta eficaz para los jubilados y pensionados o si requerirá ajustes en su implementación. 

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los adultos mayores en Argentina, ofrece un importante beneficio para el cuidado de la salud visual: la entrega de anteojos gratis a sus afiliados que cumplan con los requisitos establecidos.¿Quiénes pueden recibir anteojos gratis de PAMI?El beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI que presenten la documentación solicitada y cuenten con la indicación médica correspondiente emitida por un oftalmólogo del programa.Este plan de la obra social cubre hasta dos pares de lentes sin costo por año prestacional, uno para visión cercana y otro para visión lejana, o bien un par de bifocales.¿Qué documentación se necesita para tener los lentes gratis de PAMI?Para acceder a los anteojos gratis de PAMI, el afiliado debe presentar:-DNI vigente.-Credencial de afiliación a PAMI.-Orden médica electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, con prescripción de lentes, firma, sello aclaratorio, matrícula y vigencia de 150 días desde su emisión.Paso a paso: cómo tramitar los anteojos gratis de PAMIPara poder obtener los lentes gratuitos de la obra social es necesario seguir estos pasos:-Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI para obtener la prescripción médica de los lentes.-Reunir la documentación: DNI, credencial de PAMI y orden médica electrónica.-Ir a una óptica autorizada por PAMI y presentar los documentos. No es necesario pedir turno previo en la óptica.-Elegir el modelo de anteojos que se ajuste a la prescripción.-Recibir el comprobante de gestión para hacer seguimiento del pedido.¿Dónde hacer el trámite para tener los lentes PAMI?La gestión se realiza exclusivamente en ópticas asociadas a PAMI. Para conocer el listado, se puede consultar la cartilla de prestadores en la página oficial o comunicarse mediante el canal de Atención Virtual del organismo. (El Cronista) 

Vale recordar que se trata de una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia. A través de las distintas comisiones y del Equipo Consultivo se busca englobar a diversas instituciones como ANSeS, PAMI, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), la Justicia, la Policía de Entre Ríos y las diferentes áreas del municipio.Al respecto, el Secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Arístide, explicó que “es la primera reunión oficial de la mesa porque la vez pasada hicimos el lanzamiento pero había varias comisiones que todavía no habían iniciado y hoy ya están todas en funcionamiento”.“El rol de esta mesa es articular y debatir los problemas trascendentales para el ciudadano de Concordia, donde distintas instituciones nacionales, provinciales, municipales podamos dar respuestas en concreto a problemas que son sumamente complejos y que atraviesan a distintos ámbitos como consumo problemático, adicciones en general, violencia y otras cuestiones que hacen al funcionamiento general de las instituciones”, agregó.Por su parte la Diputada Provincial Carola Laner celebró la conformación del espacio. Aseguró que uno de los ejes que “me llevo es lo que se habló acá, de generar políticas públicas integrales y que den soluciones de fondo”.La legisladora además subrayó que “hoy quienes estaban en esta mesa se llevaron el compromiso de entender que tenemos que ser facilitadores, algo que debemos tener presente quienes tenemos responsabilidades institucionales”.En la oportunidad se contó con la participación del titular de Anses Zonal Concordia Guillermo Deymonnaz, la titular de la UGL XXXIV del PAMI Karina Bernardi, la directora del COPNAF en Concordia Constanza Ortíz, los concejales Verónica Del Boca y Emmanuel Godoy, referentes de Cáritas y de la Dirección Departamental de Escuelas; entre otros.

El Gobierno tomó distancia de las denuncias por sobreprecios en las compras y cobros indebidos de las prestaciones de PAMI y anunció una nueva modalidad de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores afiliados a la obra social. El vocero presidencial, Manuel Adorni, oficializó este lunes la eliminación de “intermediarios” en la entrega y detalló que el nuevo mecanismo se implementó por licitación pública para mejorar la calidad de los productos y abaratar los costos.“A raíz de alguna información errónea, maliciosa, que estuvo circulando este fin de semana, quiero contar PAMI estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de 5.000 millones de pesos por año”, anunció en la habitual conferencia de prensa.Además, aseveró que “va a proveer los pañales a domicilio para evitar que algún vivo quiera revender los productos en Marketplace” al tiempo que aclaró que supondrá un ahorro de $5 mil millones por año.“No solo robaban con la comida de los pobres, no solo robaban o extorsionaban a quien por bajos recursos tenía que seguir un plan social, sino que también se robaban los pañales de los adultos mayores; es increíble lo que pasaba en la Argentina”, detalló.En la misma línea, negó las acusaciones contra la administración libertaria, y pese a no hacer mención, deslizó la posibilidad de que las denuncias formen parte de la campaña electoral abierta. “Entiendo que estas cuestiones cuando varias campañas electorales suelen evidentemente recrudecerse la fake news y las malas intenciones y los atentados contra la buena gestión”, subrayó.El vocero apuntó contra las empresas proveedoras a las que responsabilizó por firmar un acuerdo “de manera coordinada” para “no participar del proceso”, y postuló: “En la Argentina, el lobby empresario atenta ahora contra los adultos mayores y contra sus propios privilegios porque de manera coordinada se comprometieron a no participar de este proceso”.“Esta conducta además de anticompetitiva atenta contra el derecho de los afiliados del PAMI a recibir un mejor servicio”, cuestionó, y agregó: “Servicio que va a ser de mejor calidad porque se revisaron las especificaciones técnicas y se adecuaron los parámetros de calidad establecidos por la ANMAT”. Por su parte, el funcionario advirtió: “A los empresarios prebendarios que hacían acuerdos con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente, sepan que eso se terminó”.Tras los señalamientos contra el Poder Ejecutivo, Adorni negó sobreprecios y aclaró: “Se cumplió con toda la normativa y, también esta licitación se intentó hacer sin éxito, 2017 y 2018, entiendo que fueron esos dos intentos y que ni siquiera hubo oferentes”.“Es un tema que si hay algo para decir lo tiene que decir la Justicia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, incluso, hemos incentivado que se realicen auditorías para despejar cualquier tipo de duda”, se escudó. Por último, acusó a los medios de comunicación de publicar “con mala intención” denuncias falsas contra el Gobierno, y acusó a las empresas involucradas de “querer que esto salga mal”.“Lamentamos enormemente que estas cosas sigan ocurriendo, en Argentina, porque no terminan de entender que hay cosas que cambiaron; que cambió la lógica de no permitirle a los vivos que hagan negocios, en este caso, con el PAMI o con los abuelos”, concluyó. NA.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud local, tanto público como privado. La familia del paciente expresó su malestar ante la falta de una atención oportuna, destacando que cada minuto es clave en cuadros de ACV para reducir secuelas y mejorar el pronóstico del paciente.

La situación del Sanatorio Concordia no es un hecho aislado. En los últimos meses, usuarios de PAMI han manifestado dificultades para acceder a turnos, demoras en la atención en guardias y problemas en la disponibilidad de camas. 

El PAMI implementará a partir de 2025 un nuevo esquema de cobertura para medicamentos gratuitos, que priorizará a los afiliados en situación de mayor vulnerabilidad. Los beneficiarios deberán cumplir requisitos socioeconómicos y realizar un trámite obligatorio para acceder al subsidio social que garantiza el 100% de cobertura.

Requisitos clave para acceder al subsidio socialIngresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (aproximadamente $390.000 mensuales).No tener afiliación simultánea a medicina prepaga.Poseer como máximo un inmueble.No tener vehículos con menos de 10 años de antigüedad, salvo casos con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD).No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que evidencien solvencia económica.Excepcionalmente, los afiliados cuyos gastos en medicamentos superen el 15% de sus ingresos podrán solicitar el beneficio, sujeto a una evaluación socioeconómica personalizada.

Medicamentos con cobertura reducidaEl listado de medicamentos con cobertura total se verá reducido. Algunos de los productos que ya no contarán con subsidio del 100% incluyen:Antibióticos: ceftriaxona, ciprofloxacina, claritromicina.Corticoides: betametasona, prednisona, dexametasona.Suplementos: carbonato de calcio, hierro y polimaltosato.Otros: fluoxetina (antidepresivo), metotrexato (artritis reumatoidea), morfina (tratamiento del dolor).Se mantendrá la cobertura completa para tratamientos de alta complejidad como trasplantes, oncología y obesidad severa.

Cómo tramitar el subsidio socialLos afiliados deberán presentar:DNI del titular.Receta médica firmada por su médico de cabecera.Declaración jurada que certifique el cumplimiento de los requisitos.Un formulario adicional en caso de requerir más de cuatro medicamentos.El trámite podrá iniciarse de forma presencial tras solicitar un turno en la web de PAMI.Combate contra el uso indebidoEl nuevo esquema busca erradicar irregularidades detectadas en el uso de medicamentos gratuitos. Según PAMI, más de 600.000 afiliados con cobertura de medicina prepaga retiraron medicamentos gratuitos, y se descubrieron redes que comercializaban estos medicamentos a través de plataformas digitales.Se han reforzado los controles en las recetas electrónicas y credenciales para evitar fraudes y duplicaciones de identidad.

Impacto en los afiliadosEl rediseño del programa incluye descuentos de entre el 50% y 80% en medicamentos, con precios 30% inferiores al promedio del mercado. PAMI continuará financiando tratamientos de alta complejidad, con un trasplante realizado cada 11 horas y la cobertura de la mitad de los tratamientos oncológicos del país.Si bien el nuevo sistema promete mayor sostenibilidad y eficiencia, presenta desafíos logísticos para los adultos mayores, quienes deberán adaptarse al trámite del subsidio. Las autoridades trabajan en medidas para simplificar el proceso y garantizar que los sectores más vulnerables accedan al beneficio sin complicaciones.

El convenio entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) establece la cooperación entre ambos organismos para la obtención y dispensa de medicamentos vinculados al tratamiento de enfermedades oncológicas o tratamientos especiales y de alto precio.Desde el PAMI indicaron que “esta decisión responde a la necesidad de hacer más eficiente el acceso a estos costosos tratamientos debido no solo a la probada experiencia que tiene PAMI en la materia, sino también a la existencia de mecanismos institucionalizados a través de convenios con la industria farmacéutica que generan una mayor provisión logística en menos tiempo y a un menor valor”.Asimismo, precisaron que “la implementación de esta medida significa un ahorro en promedio del 50% en compra de medicamentos y va en línea con la política que está llevando adelante el Estado Nacional en materia de administración inteligente de los recursos públicos”.La cartera sanitaria, por su parte, informó que el convenio busca “ordenar el desmanejo por el cual en los últimos años se llegó a pagar el doble en medicamentos oncológicos y de alto costo”, por lo que “permitirá ahorrar hasta un 50% del gasto, acelerar la entrega de medicamentos, recluir la burocracia y mejorar el control de las inversiones”.El acuerdo fue rubricado por el ministro de Salud, Mario Lugones y el Director Ejecutivo del INSSJP, Esteban Leguízamo. Además, también estuvieron presentes la secretaria de Gestión Administrativa del ministerio, Cecilia Loccisano, el subdirector ejecutivo del Instituto, Carlos Zamparolo y otras autoridades de los organismos.La obra social recordó que hasta el día de hoy, los medicamentos de alto costo eran gestionados a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que funciona bajo la órbita de Salud. Al respecto, desde PAMI precisaron que “este organismo tiene como objetivo facilitar el acceso al tratamiento de enfermedades terminales o patologías graves en personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con ningún tipo de cobertura de salud u obra social, y que tampoco pueden acceder a sus medicamentos por medio de ministerios provinciales, secretarías de salud municipales o por programas específicos del Ministerio”.A partir de este convenio, destacaron que “PAMI se convierte en un actor estratégico en la provisión de medicamentos de alto precio, no solo para sus afiliados sino también para todas las personas en situación de vulnerabilidad que lo necesiten”. NA. 

PAMI aclaró que mantiene la cobertura del 100% para garantizar que más de 5,3 millones de afiliados puedan continuar con sus tratamientos médicos aunque retiró del listado de cobertura algunas unidades.Desde el organismo explicaron que los programas de PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y aseguran la cobertura completa de tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas prevalentes, y otros tratamientos especiales que requieren atención continua, como los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis.“Lo que se ha modificado (y en realidad ampliado) es el requisito para solicitar el subsidio social, el cual cubre el 100% del costo de los medicamentos para un grupo reducido de personas en situación de vulnerabilidad económica que no puede afrontar el costo del tratamiento, incluso con copago”, se explicó desde el PAMI.La mayoría de los afiliados utiliza el programa que ofrece cobertura total para cinco medicamentos y el resto con copagos entre el 40% y el 80%. Además, los medicamentos de PAMI tienen un precio promedio un 30% más bajo que el precio de venta al público. NA. 

Hasta la fecha, los hospitales de la Costa del Uruguay que tenían acuerdo como prestadores eran el Delicia Concepción Masvernat de Concordia, el Centenario de Gualeguaychú y el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. A partir de la firma de este convenio, se suman otros 25 establecimientos. De esta manera, se trata del primer acuerdo establecido directamente entre estos efectores y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami). No obstante, este mismo acuerdo se había firmado en julio con nosocomios de la costa del Paraná.En la oportunidad, el ministro Guillermo Grieve indicó que "esto permite el recupero y pago de las prestaciones brindadas a las personas afiliadas de manera más ágil y directa" al tiempo que celebró que más nosocomios de la provincia puedan sumarse.  En tanto, Bernardi mencionó: "Este convenio es sumamente importante porque si bien antiguamente los hospitales podían denunciar sus prestaciones para después cobrarlas, el circuito era más largo y en el medio se podía perder documentación o no llegaba el pago por diferentes motivos".Además, detalló que a partir de ahora se deben transmitir a Pami de manera electrónica las prestaciones realizadas, las cuales se instrumentan a través de la emisión por parte de los nosocomios de órdenes médicas electrónicas, órdenes de prestación o el instrumento/modalidad que se determine según cada tipo de prestación."Queremos agregar a más prestadores para que el afiliado pueda elegir dónde atenderse. Esto permite que haya un mayor control y favorece tanto al sector público como al privado, porque evita que se saturen y todos reciben un ingreso económico" finalizó. 

Cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMIEl vademecum de PAMI incluye medicamentos para el tratamiento adecuado de patologías frecuentes entre los adultos mayores. Para solicitarlos de forma completamente gratuita, los afiliados de PAMI deben presentar su documento de identidad y la credencial digital en la farmacia.

El organismo explicó que el requisito para acceder a los medicamentos con cobertura al 100% es que la persona afiliada le pida a su médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia. Luego, el mismo afiliado o alguien autorizado podrá retirarlos con el DNI del beneficiario y su credencial de PAMI. Este programa fue lanzado en marzo y tiene vigencia hasta noviembre de este año, puntualizó el PAMI.En un comunicado, el organismo recordó cómo está conformado el programa de descuentos en medicamentos para sus afiliados:-- Medicamentos PAMI: hasta cinco con cobertura al 100%.-- 100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales como la hemofilia, la fibrosis quística,  hepatitis B y C.-- 100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas. -- 100% de descuento en medicamentos para afiliados con discapacidad.-- 100% de descuento en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales.-- 50% al 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas.-- 50% al 60% de descuento para patologías agudas.Además, aclaró que si por razones clínicas o económicas un afiliado necesitase un medicamento que esté por fuera del vademécum de cobertura al 100%, o requiriese más de cinco medicamentos para su tratamiento, “también lo otorgamos”. Para poder acceder a este beneficio, se puede ingresar en el siguiente link: https://www.pami.org.ar/tramite/medicamentos-razones-sociales. NA.