Este trámite puede realizarse en cualquiera de las sedes de OSER hasta el 30 de abril y resulta necesario para dar continuidad a la cobertura en aquellos casos previstos por la normativa vigente.Desde la obra social se indicó que, una vez cumplidos los 22 años, la presentación de esta documentación debe realizarse todos los años.

Se trata de un requisito obligatorio para extender la afiliación hasta los 26 años, sin excepción.

Con esta actualización, OSER busca ordenar el proceso administrativo y brindar previsibilidad tanto a los afiliados como a sus familias, garantizando que quienes continúan estudiando puedan sostener su cobertura de manera regular y sin inconveniente.

El convenio contempla una actualización de aranceles acorde a las posibilidades financieras de la obra social, resguardando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema y la cobertura integral para los afiliados.Desde OSER destacaron que este acuerdo se inscribe en el proceso de normalización y equilibrio financiero iniciado en 2024, que permitió ordenar las cuentas, transparentar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de pago de la institución. "Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado", señaló el presidente de OSER, Mariano Gallegos.El acuerdo fue comunicado formalmente a las autoridades de OSER el viernes 20, luego de la reunión de Comisión Directiva de Femer, a través de una nota en la que se notificó la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social. Además, lo convenido establece aranceles, plazos de pago y una vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de renovación.Ambas instituciones ratificaron su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta, priorizando la calidad de atención y un mejor acceso a la salud para los entrerrianos. 

Los datos oficiales informados a la Oficina Provincial de Presupuesto indican que, lejos de registrarse una reducción en las prestaciones, la cantidad de servicios brindados creció en casi todos los indicadores relevantes respecto de 2024.En el caso de las consultas médicas, durante 2025 se registraron 1.123.005 atenciones, frente a 1.046.482 del año anterior. Esto representa un incremento de 76.523 consultas, equivalente a un crecimiento del 7,31%.También se verificó un aumento en las internaciones. Durante 2025 se contabilizaron 43.036 internaciones de afiliados, mientras que en 2024 habían sido 41.775, lo que implica un incremento del 3,02%.Algo similar ocurrió con las prácticas médicas -incluye radiografías, ecografías, prácticas Bioquímicas, resonancias, etc.- La obra social cubrió 3.869.269 prestaciones en 2025, frente a 3.752.551 en 2024, lo que representa 116.718 prácticas adicionales, con una suba del 3,11%.En materia de medicamentos, los recetarios cubiertos por la obra social también registraron un crecimiento. Durante 2025 se contabilizaron 1.836.018 recetas, superando las 1.739.651 del año previo, lo que equivale a un incremento del 5,54%.En términos agregados, el conjunto de estas prestaciones representa 290.869 coberturas adicionales brindadas a afiliados durante 2025 en comparación con el año anterior.Desde la Obra Social señalaron que estos datos permiten poner en perspectiva algunos cuestionamientos que circularon en los últimos meses: "A pesar de que el sistema sanitario atraviesa una etapa de fuerte presión económica, la cobertura no solo se sostuvo sino que se amplió. Esto es gracias al orden, reducción del déficit y la gestión de nuevos convenios que beneficien a los afiliados", concluyeron. En ese contexto, desde OSER se entiende que el panorama dista de ser el ideal, pero señalan que el objetivo de la gestión continúa siendo ordenar el sistema, mejorar la eficiencia en la administración de los recursos y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados. 

A comienzos de año se abrió una controversia institucional en torno a la situación del síndico fiscalizador designado por el oficialismo en la Obra Social de Entre Ríos (OSER). El 6 de enero, el síndico fiscalizador por la oposición, Mariano Giampaolo, solicitó formalmente información a la presidencia del organismo para esclarecer distintos aspectos vinculados al cargo que ocupa Juan Carlos Paludi, también designado por el Poder Ejecutivo.

Ambos funcionarios fueron nombrados tras la entrada en vigencia de la Ley Nº 11.202, sancionada en junio de 2025, que creó el nuevo marco legal de la OSER y dejó sin efecto la normativa que regía al anterior Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Ante la falta de respuesta por parte de la obra social, el requerimiento fue reiterado un mes más tarde ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, con el objetivo de que ese organismo de control intervenga para aclarar la situación.El pedido de informes presentado por Giampaolo —designado a partir de una terna elevada por el bloque de senadores del peronismo— solicitó precisiones sobre cuatro cuestiones puntuales relacionadas con el ejercicio del cargo.

Entre ellas se plantearon posibles incompatibilidades derivadas de la condición de jubilado del funcionario, su desempeño como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la eventual percepción simultánea de haberes en ambas funciones. También se solicitó confirmar el cumplimiento de requisitos establecidos en la ley de creación de la obra social, como la condición de contador público matriculado y el ejercicio profesional acreditado durante al menos diez años en la provincia.

De los puntos planteados, el único aspecto mencionado públicamente fue el referido a la titulación profesional, aunque sin una respuesta formal. En ese caso circularon imágenes de títulos de contador y de licenciado en Administración, documentación que no formaba parte específica del pedido de informes original.

La ausencia de respuestas formales abrió interrogantes sobre el cumplimiento de la Ley Nº 7.060, que establece un plazo de 20 días hábiles para contestar pedidos de informes oficiales. También generó cuestionamientos respecto al silencio administrativo del Tribunal de Cuentas.Desde la sindicatura opositora se advirtió además que la falta de aclaraciones podría derivar en situaciones sensibles, ya que el funcionario involucrado tiene acceso a información estratégica de la obra social mientras no se definan los planteos presentados. A ello se suma la posibilidad de que existan incompatibilidades en la percepción de haberes, en caso de confirmarse los supuestos mencionados.Giampaolo señaló que su intervención se fundamenta en las facultades de control previstas en el artículo 25 inciso c) de la Ley 11.202, que establece las funciones de fiscalización del cargo.

Intervención del Tribunal de CuentasAnte la falta de respuestas por parte de la presidencia de la obra social, el 6 de febrero el síndico presentó el caso ante el Tribunal de Cuentas mediante el expediente Nº 338258-000. En esa presentación solicitó que se analice la situación laboral del síndico designado por el oficialismo y se determine si se cumplen los requisitos previstos por la normativa vigente.

La actuación se realizó en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 inciso f) de la misma ley, que obliga al síndico fiscalizador a dar intervención a los organismos de control cuando detecta posibles irregularidades.Hasta el momento, el pedido continúa sin respuestas oficiales en los puntos planteados, lo que mantiene abierta la discusión sobre el cumplimiento de las normas administrativas y de control previstas por la legislación provincial.

La presentación se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y fue encabezada por la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente de OSER, Mariano Gallegos.La propuesta se desarrollará mediante un circuito especialmente organizado en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde. Allí, las afiliadas podrán realizar en un mismo día los estudios anuales recomendados para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.El programa surge como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres al momento de realizar sus controles de salud: la falta de tiempo y los costos económicos. En ese sentido, la iniciativa busca acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos.Para optimizar la atención, el Cemener dispuso de un espacio específico con boxes equipados para completar el circuito de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y ecografías, permitiendo realizar todos los controles en una misma jornada.Además, estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.El programa también incorporó un sistema de turnos a través de whatsapp, al número +54 9 343 407 9900. Asimismo, se puede obtener información sobre el funcionamiento del circuito de atención en el sitio oficial del centro: https://www.cemener.org.ar/De la actividad participaron además el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; legisladores; la vocal de OSER, Flavia Maidana; por Cemener, la presidenta del Consejo de Administración, Jesuana Aizcorbe; la gerente general, Marianela Pacheco; y la responsable del programa, Tamara Zapata; junto a autoridades municipales y universitarias, equipos técnicos, especialistas y referentes del sector de la salud. 

La representante de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en el Centro de la Mujer del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), Tamara Zapata, brindó detalles del programa "Prevención Mujer: tu salud, tu fuerza, tu tiempo", propuesta que surge como una respuesta directa a las principales barreras que enfrentan las mujeres para cuidar su salud: la falta de tiempo y los costos económicos. “El objetivo central es acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos de patologías de cuello uterino y mama para todas las afiliadas de la provincia”, destacó la funcionaria.El programa funcionará dentro de un ala específica del Cemener, ubicado en Oro Verde. Allí, “las pacientes dispondrán de boxes equipados para realizar el circuito completo de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y densitometría ósea, en una misma jornada”, detalló la representante. Además, según informó Zapata, todas estas prácticas quedan eximidas del pago de coseguro para facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.Una de las innovaciones principales es la implementación de una “turnera” de autogestión a través del WhatsApp del Cemener, cuyo número es +54 9 343 407 9900. Las afiliadas deben cargar el pedido de su médico de cabecera y enviar la orden para obtener una fecha asignada de manera automática. Esta herramienta busca agilizar la respuesta ante las demoras y permite que las mujeres provenientes de distintas ciudades de la provincia organicen sus traslados con previsión para completar sus chequeos en poco tiempo. Para más información, se puede chequear el link oficial del Centro https://www.cemener.org.ar/ 

La iniciativa, firmada por los senadores Víctor Sanzberro (Victoria), Claudia Silva (Paraná) y Patricia Díaz (La Paz), solicita que el presidente de la obra social, Mariano Gallegos, concurra al recinto en un plazo de 15 días para brindar explicaciones sobre las observaciones planteadas en ese informe, especialmente en relación con el deterioro patrimonial del organismo, presuntos incumplimientos normativos y las medidas adoptadas para mejorar los controles.

Además, los legisladores pidieron invitar al síndico Giampaolo para que exponga ante el Senado los detalles de su informe y las derivaciones que se habrían realizado al Tribunal de Cuentas.

En paralelo, los senadores presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo y al directorio de OSER, al que también se sumó el senador Martín Oliva (Uruguay).

Allí solicitan documentación vinculada a los expedientes mencionados en el informe, los estados contables auditados al cierre del último ejercicio, los convenios firmados por la obra social durante 2025 y la información sobre compras de prótesis y medicamentos.

También requirieron detalles sobre el traspaso patrimonial del IOSPER a la actual OSER, el organigrama del organismo, la conformación del Consejo Consultivo y el estado de reglamentación de la Ley 11.202, cuyo plazo de implementación venció a fines de febrero.

El presidente de la entidad médica, Fernando Vázquez Vuelta, confirmó que no habrá corte de servicios mientras continúen las mesas de trabajo.  Representantes de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), junto a presidentes de los círculos médicos departamentales, mantuvieron una reunión con autoridades de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER) con el objetivo de avanzar en la definición de un nuevo esquema de prestación de servicios. Tras el encuentro, las partes resolvieron extender el plazo de las negociaciones hasta el 20 de marzo, con el propósito de seguir analizando los puntos pendientes y lograr un entendimiento definitivo. Inicialmente, la fecha límite estaba prevista para el 6 de marzo. Durante la reunión se discutieron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema, entre ellos los plazos de pago y las reglas operativas que regirán la relación entre la obra social y los profesionales médicos. Según explicaron desde el sector médico, aún quedan detalles por resolver, particularmente en lo referido a los nomencladores y a las condiciones de facturación. El presidente de la Femer, Rodolfo Vázquez Vuelta, señaló que la decisión de ampliar el plazo busca priorizar la continuidad del servicio y evitar inconvenientes para los afiliados de la obra social provincial. En ese marco, indicó que el objetivo es definir en las próximas semanas las normas de funcionamiento que permitan consolidar un acuerdo. Desde la entidad médica remarcaron que la intención es avanzar en un entendimiento que establezca reglas claras de trabajo para los profesionales y garantice la atención a los beneficiarios del sistema de salud provincial. Mientras continúan las conversaciones, se confirmó que la atención médica para los afiliados de OSER seguirá desarrollándose con normalidad durante el período de negociación. Por otra parte, al ser consultado sobre la situación de los prestadores vinculados al PAMI, el dirigente aclaró que la federación no mantiene relación directa con la obra social nacional desde hace varios años, aunque algunos círculos médicos departamentales sí tienen convenios propios. En ese contexto, consideró que las decisiones centralizadas del organismo suelen generar dificultades para su aplicación en el interior del país. 

Desde la OSER consideraron “imprescindible ordenar la discusión sobre la base de datos objetivos” y, en ese marco, afirmaron que “durante el 2025, OSER destinó en pagos a Femer más del doble de recursos que en 2024, quienes facturaron un 106% más durante el año pasado”.La obra social ratificó su voluntad de diálogo, pero subrayó que cualquier discusión debe basarse en datos justos y en la responsabilidad de preservar la sustentabilidad del sistema.

“Los números son claros: la Femer recibe un 106% más de recursos comparando al año anterior”, señalaron desde la institución, y agregaron que “eso representa unos 14.000 millones de pesos extra, equivalente a los aportes totales de 3 meses de la totalidad de jubilados y pensionados provinciales”.

“Por ejemplo, si se compara diciembre de 2024 con diciembre de 2025, ese incremento representa $1.360 millones adicionales. En algunas prestaciones, como las de segundo nivel, los aumentos alcanzaron hasta un 272%”.

“De esta manera, si consideramos que la inflación del año pasado fue del 31.5% anual, implica que, en términos generales, Femer tuvo incrementos por parte de OSER que superaron en más de 75 puntos a la inflación, un aumento que no tiene comparación alguna con otra actividad en el país”.“Asimismo, gracias a la ampliación de cobertura impulsada por OSER, la cantidad de prestaciones médicas realizadas creció un 30% respecto de 2024. Es decir, no solo se pagó más, sino que también se atendió a más afiliados en todo Entre Ríos”, enfatizaron desde OSER.“La prioridad es garantizar la atención de los afiliados y sostener un esquema financieramente responsable. En 2025 se pagó mucho más y se atendió más gente. Necesitamos que FEMER sea consciente y responsable, no podemos cuidar a los afiliados, cuidar las cuentas y pagarles más aún a ellos, más rápido”, concluyeron.

La actividad se enmarca en una línea de trabajo sostenida desde el programa Entre Ríos desde Adentro, articulando con distintas áreas del Estado provincial como Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, Registros Civiles,  la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la propia OSER, con el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y acompañar a los equipos que tienen contacto directo con la ciudadanía.La capacitación, que tuvo su lanzamiento en Paraná, forma parte de una serie de instancias formativas que también se desarrollan en las ciudades de Gualeguaychú y Concordia lo que amplía el alcance territorial de la propuesta y permite llegar a trabajadores de distintas localidades de la provincia.Durante la jornada, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó: "Durante el año pasado formamos a más de 1.500 agentes que están a cargo de la atención ciudadana diaria, porque para nosotros es un aspecto absolutamente imprescindible. Podemos pensar en transformaciones, impulsar cambios y mejorar la gestión; pero al final del día, la verdadera cara del Gobierno frente al vecino son quienes cumplen esa función todos los días. Por eso lanzamos esta tercera cohorte para seguir fortaleciendo la atención ciudadana, sumando cerca de 400 agentes de la OSER y mejorando la experiencia de más de 300 mil afiliados".Por su parte, el presidente de la obra social, Mariano Gallegos, destacó: "En OSER entendemos que la calidad del servicio empieza por nuestra gente. Trabajamos con cuestiones de salud, donde muchas veces el afiliado llega con urgencia o preocupación, y por eso la capacitación es clave. Esta formación fortalece las herramientas técnicas y la calidad humana de nuestros equipos, para seguir mejorando, paso a paso, la atención a nuestros afiliados".En tanto, el vicepresidente, Ricardo García, señaló: "Asumimos el compromiso de seguir profesionalizando a nuestros equipos de atención, para que cada afiliado encuentre no solo una solución administrativa, sino también un acompañamiento adecuado en un momento sensible".Estas instancias de formación se inscriben en el proceso de profesionalización de los agentes públicos que impulsa el Gobierno provincial, reconociendo el esfuerzo y el desarrollo de quienes integran el Estado, y aportando antecedentes para los procesos de recategorización.Al respecto la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte resaltó: "Con este programa estamos recorriendo distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado y acercar herramientas concretas a los trabajadores, para mejorar la experiencia ciudadana en las oficinas públicas. Esta capacitación en particular tiene una mirada integral, ya que aborda habilidades blandas, habilidades técnicas y también la atención inclusiva. Para nosotros es muy importante trabajar de manera conjunta con un organismo como OSER, que mantiene un contacto permanente y cercano con la ciudadanía".De este modo, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana continúa fortaleciendo políticas de capacitación que buscan mejorar la atención ciudadana, acompañar a los equipos de trabajo y consolidar un Estado más cercano, accesible y presente en todo el territorio provincial. 

El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) resolvió por unanimidad rechazar el acuerdo prestacional propuesto por la Obra Social de Entre Ríos (OSER), debido a varios puntos que consideran injustos e improcedentes. En una nota dirigida al presidente de OSER, Mariano Gallegos, la entidad médica expuso sus reclamos y estableció una fecha límite para recibir una respuesta satisfactoria. De no obtener una solución adecuada, los médicos advierten que suspenderán la atención médica a los afiliados de la obra social.El principal motivo de la negativa de Femer se centra en las condiciones de pago y en ciertos aspectos del convenio que consideran no cumplen con los estándares necesarios. “Los pagos deben realizarse dentro de los 30 días de presentada la factura. No podemos seguir operando bajo un régimen que no garantiza la estabilidad económica de los profesionales”, explicó el presidente de la federación. Además, se solicita la eliminación de una retención del 2 por ciento sobre los montos facturados, un cargo que consideran improcedente y sin fundamento claro.

Reclamos sobre condiciones de trabajo y arancelesEntre los otros puntos destacados en la misiva, Femer solicitó que se modifiquen los nomencladores de prácticas para asegurar que se apliquen correctamente, dado que consideran que no se están utilizando de manera adecuada. Además, pidieron suprimir una cláusula del convenio que otorga a OSER funciones de control que no le corresponden, lo que fue calificado como imposible de cumplir y una fuente de incertidumbre para los profesionales médicos.Otro reclamo importante fue que los incrementos arancelarios se acuerden de manera trimestral entre las partes, sin quedar sujetos a negociaciones externas que afecten directamente a la estabilidad económica de los prestadores. La federación también exige una revisión de los débitos mal aplicados, los cuales afectan directamente los pagos que reciben los médicos por los servicios prestados.

Plazo límite y advertencia de corte de atenciónLa fecha límite fijada por Femer es el 6 de marzo, fecha en la que esperan recibir una respuesta satisfactoria por parte de OSER. De no obtener una solución, la federación no dudó en advertir que procederán a suspender la atención médica a los afiliados de la obra social a partir de esa fecha. 

El legislador sostuvo que el debate no gira en torno a interpretaciones políticas sino a cifras concretas. “Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos”, expresó.

Según detalló, el informe exhibe un panorama delicado: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo que asciende a 56,8 mil millones, demoras en la entrega de documentación y falta de claridad en convenios y compras. A su entender, la respuesta oficial, que alude a supuestas inconsistencias técnicas o temporales, no alcanza para despejar dudas. “No es una refutación con respaldo documental, es una forma de eludir el fondo del problema”, planteó.

Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la creación de la OSER fueron impulsadas con el argumento de ordenar las cuentas y garantizar mayor transparencia. Sin embargo, advirtió que el informe presentado ante el Senado —en cumplimiento de la normativa vigente— expone resistencia al control institucional y un deterioro patrimonial que impacta en la calidad de las prestaciones.

El senador también calificó de “preocupante” que se haya anunciado la posibilidad de iniciar investigaciones o sumarios contra el síndico que presentó el reporte. “Cuando se intenta desacreditar al órgano de control en lugar de responder con información verificable, se envía un mensaje institucional equivocado”, señaló.

Por último, remarcó que el debate excede lo administrativo y repercute en la vida cotidiana de miles de afiliados. Empleados públicos, jubilados, docentes, policías y trabajadores de la salud —indicó— son quienes enfrentan demoras y dificultades en el acceso a prestaciones, en un contexto económico ya complejo que vuelve más sensible cualquier falencia en el sistema sanitario provincial.

El senador provincial Martín Oliva recibió del síndico fiscalizador, Pablo Giampaolo, un documento detallado sobre el estado económico, financiero, administrativo y prestacional del organismo. El reporte fue remitido formalmente este martes al Senado para su análisis.Tras el encuentro, el legislador manifestó inquietud por el panorama descripto en el informe, que refleja un marcado deterioro en las cuentas de la entidad, con pérdidas acumuladas, crecimiento sostenido del pasivo y dificultades para sostener el sistema en el tiempo.Oliva señaló que el documento expone un cambio brusco en la situación contable, pasando de un esquema equilibrado a un escenario de números en rojo, sin que hasta el momento se hayan brindado explicaciones completas sobre ese proceso.

Además, advirtió que el impacto no es solamente financiero. Según indicó, las complicaciones económicas se traducen en demoras, reclamos y falencias en la atención que reciben afiliados en distintas delegaciones. “Cuando falta orden y control, quienes primero lo sienten son los trabajadores, jubilados y familias que dependen del servicio”, sostuvo.

El senador también marcó como preocupante la ausencia de documentación respaldatoria en cuestiones sensibles como contratos, compras, licitaciones y patrimonio inicial, así como demoras en la entrega de información a los organismos de control.

En ese marco, afirmó que el ingreso del informe al Senado debe interpretarse como una advertencia que exige análisis y respuestas. Señaló que la Cámara tiene la responsabilidad de estudiar el contenido, solicitar aclaraciones y asegurar que la obra social cumpla adecuadamente su función esencial.

Finalmente, destacó el compromiso del personal de la entidad, al tiempo que expresó preocupación por trabajadores que fueron desplazados de sus funciones. Remarcó que se trata de empleados con trayectoria y experiencia, y consideró necesario actuar con diálogo y respeto, reconociendo el papel clave que cumplen en la atención diaria de los afiliados.

La iniciativa fue promovida desde UPCN y canalizada ante la obra social por la vocal en representación del sindicato, Flavia Maidana, quien explicó que el objetivo es ampliar la cobertura y facilitar el acceso a prácticas de alta complejidad.Según detalló, el equipamiento del hospital es de alta gama y permitirá que los afiliados puedan realizarse resonancias sin abonar coseguro, en condiciones similares a las que ya se ofrecen en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener).Además del beneficio directo para los trabajadores públicos y sus familias, el acuerdo apunta a optimizar los recursos económicos de la obra social, fortaleciendo la prestación de servicios sin generar costos adicionales para los afiliados.Desde UPCN señalaron que la propuesta se enmarca en una línea de trabajo orientada a mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los trabajadores estatales entrerrianos. 

A través de un documento público, la organización señaló que el sistema atraviesa un momento de fragilidad que impacta directamente en la vida cotidiana de sus beneficiarios. Entre los puntos más sensibles destacados por los afiliados se encuentra la extensión en los plazos para la obtención de turnos médicos.Según describe la asociación, las esperas para consultas de especialidades podrían alcanzar tiempos que superan lo habitual, lo que genera incertidumbre en quienes requieren atención inmediata. Asimismo, advierten sobre la persistencia del cobro de "plus" médico, una práctica que, pese a los controles vigentes, continúa representando una carga económica extra para las familias.

Desafíos en la atención y medicamentos Uno de los ejes centrales del reclamo se vincula con la implementación de las recetas electrónicas y los cambios en los vademécums para pacientes crónicos. ADDA señala que, si bien la digitalización busca la modernización, en la práctica ha generado obstáculos para personas con tratamientos oncológicos, diabetes o esclerosis múltiple, quienes han reportado demoras en la entrega de su medicación y modificaciones en los porcentajes de cobertura."No aparecen soluciones definitivas y la situación se vuelve difícil de sostener para muchos afiliados del interior, que no siempre cuentan con las herramientas para gestionar sus reclamos en la sede central", explicaron desde la asociación.

La búsqueda de previsibilidadEn el plano administrativo, la asociación manifestó su inquietud por la falta de reglamentación de la Ley Provincial Nº 11.202, cuyo plazo —según indican— venció en diciembre de 2025. Para los referentes de ADDA, este paso es fundamental para dotar de transparencia a la gestión y asegurar que los procedimientos internos, desde las auditorías hasta los pagos a proveedores en departamentos como Uruguay, se realicen con criterios claros y previsibles.Finalmente, el comunicado hace un llamado a las autoridades del Directorio y al Gobierno Provincial para revisar las decisiones de gestión y fortalecer la empatía hacia el usuario. La meta de los afiliados, según concluyen, no es otra que garantizar que los aportes realizados mensualmente se traduzcan en una cobertura de salud efectiva, digna y oportuna para todos los entrerrianos. 

El encuentro tuvo lugar el pasado jueves en la sede central de la Obra Social y estuvo encabezado por el presidente de OSER, Mariano Gallego y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Con la firma del convenio se busca fortalecer toda la red sanitaria provincial, asegurar un mayor acceso a prestaciones, mejorar la previsibilidad y gestión del sistema de salud entrerriano.En relación al convenio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco indicó: “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que nos permite actualizar y fortalecer el vínculo desde la red pública de salud”.“Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en algunos centros de atención primaria de la salud, incorporando prácticas que no estaban contempladas hasta ahora”, agregó Blanzaco, al tiempo que destacó: “Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir fortaleciendo el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención”.Este convenio establece un sistema de reciprocidad y colaboración mutua, permitiendo prestación de servicios de salud sin coseguro para los afiliados de OSER, un marco claro de derechos y obligaciones entre las partes, organización y actualización del padrón de establecimientos y profesionales y reglas transparentes para la facturación, pagos y actualización de valores, garantizando previsibilidad.

La decisión judicial ratificó un fallo de primera instancia y rechazó la apelación presentada por la obra social, que hasta el momento sólo autorizaba una cobertura parcial del anticoagulante Rivaroxabán, prescripto como parte central del tratamiento médico.

La acción judicial se originó ante la negativa de OSER a cubrir el fármaco en su totalidad, pese a que la medicación resulta indispensable para prevenir episodios de trombosis asociados a la enfermedad onco-hematológica que padece la paciente. Según se argumentó en la causa, la falta de acceso pleno al medicamento implicaba un riesgo concreto para su salud y su vida.

En su resolución, el Superior Tribunal dio especial relevancia al dictamen del médico forense, quien confirmó que el Rivaroxabán no constituye un tratamiento accesorio sino un componente esencial e inseparable del abordaje integral de la enfermedad. En ese marco, los jueces consideraron aplicable la normativa que otorga protección especial a pacientes oncológicos.

Con el fallo, OSER quedó obligada a suministrar el medicamento de manera gratuita e inmediata, con una cobertura inicial de seis meses, reafirmando el derecho a la salud y a la continuidad terapéutica de la afiliada.

El Gobierno provincial formalizó una importante inversión en materia de seguridad social para los ex combatientes. A través del Decreto N° 3676/25 MS, el Poder Ejecutivo autorizó la emisión de una orden de pago millonaria a favor de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).En este sentido, el Ministerio de Salud gestionó los fondos para cancelar deudas de aportes esenciales para el sector. El monto total de la operación asciende exactamente a $346.550.000,00. Según la información publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos el pasado 13 de enero de 2026, la partida ya cuenta con la firma del gobernador Rogelio Frigerio.

Detalle de los montos autorizadosLa suma total se divide en dos tramos financieros bien diferenciados según el período de cobertura. El primero corresponde al ejercicio 2024, ya ejecutado, por un valor de $72.916.665,66.Por otro lado, el remanente de $273.633.334,34 se asignó como proyección para el ejercicio 2025. De esta manera, la Tesorería General de la Provincia procederá a realizar el pago para asegurar la continuidad de las prestaciones médicas. El gasto se imputó a las partidas correspondientes de la Dirección de Administración del Ministerio de Salud.Esta medida se enmarca en el cumplimiento del Convenio Decreto Nº 752/85 MS, vigente desde hace décadas en la provincia. La normativa establece el compromiso del Estado de cubrir los beneficios de salud de quienes defendieron la soberanía nacional.Adicionalmente, las autoridades de la OSER mantienen la responsabilidad exclusiva sobre las altas y bajas de los afiliados beneficiarios. El ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco, refrendó el documento legal que permite esta transferencia de recursos. Con esta acción, Entre Ríos refuerza su política de asistencia y reconocimiento permanente hacia sus héroes de guerra. (Salto Grande Extra)

El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) afirmó que el organismo mantiene su funcionamiento regular y negó una crisis institucional, al tiempo que respondió a los reclamos de distintos prestadores por supuestos atrasos en los pagos. Señaló que el sistema de facturación y liquidación se rige por plazos técnicos habituales y que, en la mayoría de los casos, los servicios se abonan a los 60 días de prestados.En relación con los cuidadores domiciliarios, explicó que no existe vínculo laboral con la obra social, sino una relación de prestación de servicios, y remarcó que, a diferencia del resto de los prestadores, se avanzó en un esquema especial para reducir los tiempos de pago. Indicó que más del 70% de los cuidadores ya cobraron las prestaciones correspondientes y que se implementará una plataforma digital para agilizar la carga de documentación.Sobre las advertencias de posibles suspensiones de cirugías, aseguró que no existe riesgo en la atención, ya que los convenios vigentes con clínicas y federaciones médicas continúan operativos. En cuanto a los kinesiólogos, reconoció demoras puntuales en los últimos meses de 2025, pero sostuvo que los pagos ya fueron regularizados.Respecto de la atención odontológica y de salud mental, admitió dificultades para ampliar prestaciones debido a los altos costos y a la fuerte demanda, aunque adelantó la instalación de consultorios odontológicos propios en distintas localidades y la posible firma de convenios con el sistema público de salud para optimizar recursos existentes.En el plano financiero, remarcó que OSER depende exclusivamente de los aportes salariales y patronales del sector público y que, sin incrementos remunerativos, resulta necesario actuar con cautela para evitar desequilibrios. Destacó además una reducción del gasto administrativo y una fuerte baja en los amparos judiciales durante el último año.Finalmente, subrayó que con el funcionamiento pleno del Directorio, integrado también por representantes gremiales, la obra social dejó atrás la etapa de intervención y hoy trabaja de manera orgánica, con reuniones periódicas y decisiones consensuadas. “Desde el punto de vista institucional, OSER está funcionando de manera correcta”, concluyeron desde la conducción.

El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió el miércoles 31 de diciembre “hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por un afiliado…, y en consecuencia condenar a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), de conformidad a los considerandos precedentes, a que en el plazo de cinco días hábiles de notificada, provea o suministre de forma urgente, gratuita (100%) e integral al afiliado el medicamento dapagliflozina 10 mg., por el plazo de seis meses, a razón de un comprimido por día por los treinta días del mes” y le impuso “las costas a la OSER, accionada en la presente acción de amparo”. En cuanto a las costas del proceso, el juez las cargó “a la obra social (art. 20 de la Ley Nº 8.369), en tanto el afiliado se vio obligado a recurrir a la vía del amparo para hacer valer sus derechos, extremos que torna inoficioso tratar el pedido de gratuidad solicitado”. Al analizar el fondo de la cuestión el magistrado consideró que no se controvirtió que el amparista, de 58 años, que “padece “Diabetes Tipo II”; que “posee intolerancia a la droga metformina” y que “su médica tratante, la Endocrinóloga Elisa Tomasini, le ha prescripto la medicación dapagliflozina”. Así, definió que debía resolver si el rechazo “bajo exigencias” de la OSER a la “cobertura urgente”, fue legal y legítimo o si por el contrario vulneró el derecho de salud del afiliado ofreciéndole “como alternativa de cobertura por intolerancia a metformina otros medicamentos hipoglucemiantes” de los que el amparista dio cuenta ser intolerante.

Criterios propiosEl juez entendió que “… en lo que aquí importa, que si bien los medicamentos ofrecidos por la obra social son útiles para controlar diabetes tipo 2, la dapagliflozina es medicamento autorizado a nivel nacional para la patología pero la OSER fija criterios propios para autorizar su provisión, ajenos a la norma ministerial que incluye a esta droga en el Programa Médico Obligatorio (PMO), a saber, la Resolución 2091/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que la discrecionalidad de la OSER en el caso concreto difiere de la norma ministerial”. También analizó que “el galeno señala además, y ello es verificable, que la Resolución 2091/2025 no hace referencia a ninguna condición extra de padecer diabetes, para la cobertura de la droga requerida, lo cual claramente contrasta con lo solicitado por la auditoria de la OSER” y agregó que “al respecto, es de señalar que el Ministerio de Salud de la Nación es el encargado por ley 23.753, de coordinar, junto a las autoridades sanitarias de todo el país, la planificación de acciones tendientes a asegurar a las personas con diabetes los medios terapéuticos que requieran para su tratamiento”. En aquella línea consideró que “en primer lugar, que la obra social le exige al afiliado requisitos ajenos a la Resolución 2091/2025, para brindarle la cobertura de dapagliflozina” y consideró que “esas exigencias serían válidas si y solo si no desnaturalizaran el derecho del afiliado a recibir la cobertura del medicamento hipoglucemiante, sin embargo, ello no es lo que sucede en el caso, porque, por fuera de la normativa nacional aplicable, le están indicando que si no cuenta con patologías conjuntas de enfermedad cardiovascular (infarto agudo de miocardio, angina crónica estable e inestable o angioplastia) o bien nefropatía diabética en tratamiento, no le darán la cobertura solicitada; de modo que el derecho a la salud en el caso se torna ilusorio y la actitud de la obra social se da de bruces con la ley 23.753, a la cual nuestra provincia adhirió mediante ley 10.401”.

SustitutaBudasoff analizó la propuesta de la OSER de ofrecer otra droga que la solicitada por prescripción médica. En este sentido expresó que “otra cuestión que tengo en cuenta es que la Endocrinóloga tratante es quien ha prescripto especialmente para el caso del afiliado la dapagliflozina y no otra droga hipoglucemiante que podría considerarse sustituta. Al respecto, debo decir que, sin perjuicio de las facultades de auditoría y control que tiene reconocidas por ley la OSER, lo cierto es que las prescripciones de los y las profesionales tratantes tienen una relevancia preponderante en cuanto al deber de la obra social de atenerse a ellas, dado que son aquellos quienes conocen las circunstancias particularísimas del caso, realizan el control y seguimiento de sus pacientes, saben los antecedentes y su evolución y, en base a ello, determinan -según su pericia los pasos a seguir para la continuidad del tratamiento y el logro de una mejor calidad de la persona que asisten”.El magistrado sostuvo que “como puede verse entonces, el Estado Provincial se encuentra constitucionalmente obligado a asegurar la gratuidad, integralidad y oportuna cobertura de las prestaciones que requiera una persona afiliada a la obra social provincial que padece diabetes tipo 2, y en tal supuesto, debe la OSER, dado su carácter de ente autárquico estatal y agente de salud provincial, proveer lo necesario para garantizar al beneficiario dichas prestaciones, máxime teniendo en consideración que se trata de un afiliado cautivo de la obra social”.Tras sostener que “se encuentra acreditada suficientemente la situación que amerita la provisión total del medicamento interesado por el amparista” expresó que “la solución que propicio está en sintonía con lo resuelto por el STJER ante supuestos análogos al presente…”, consideró que “en suma, considerando los elementos de mérito reseñados y fundamentalmente la conclusión médica antes valorada, evidentemente la conducta de la obra social que omite el afiliado dar cobertura urgente, integral y gratuita de la droga prescripta por la Endocrinóloga tratante, bajo la imposición de requisitos ajenos a la normativa nacional y provincial aplicable se erige en un acto de autoridad que en forma actual lesiona de manera manifiesta e ilegítima derechos constitucionales del afiliado…”.