Dios nos llama de la nada a la vida. Y por el bautismo nos convoca a ser parte de su familia, que es la Iglesia.Este cuarto domingo de Pascua, conocido como el del Buen Pastor, nos invita a contemplar a Jesús como guía y amigo que da la vida por sus ovejas. Es una jornada especial para detenernos y escuchar su voz, redescubriendo que Él es el camino a la vida bella, plena y verdadera. En este día, renovamos nuestro deseo de seguirlo, de afianzar nuestro vínculo personal con Él y de abrir el corazón a su llamado.Jesús no solo señala el camino, sino que se hace Camino. Su invitación es personal: “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen” (Jn 10,27). Seguir a Jesús es abrirse a la experiencia de una amistad viva, alegre y transformadora. Es Él quien nos conduce a la plenitud, quien nos ayuda a descubrir la belleza de la vida cuando se camina junto a Él, en confianza y libertad.En medio del ruido y las ocupaciones diarias, cuidar la interioridad es fundamental para cultivar una relación profunda con Jesús. Nos referimos a ese espacio silencioso y personal donde podemos encontrarnos con el Buen Pastor, escuchar su voz y dejar que su presencia ilumine nuestras decisiones. Allí, en lo más íntimo, se gesta la verdadera amistad y crece el deseo de responder a su amor.La vocación, en sus distintas formas, es ante todo un don que Dios nos regala por amor. Como expresó el Papa León XIV: “La vocación es un don del amor de Dios, que se manifiesta en el corazón de quien escucha y responde” (León XIV, Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones). Para acoger este don, es necesario crear un clima de escucha, oración y apertura en nuestras comunidades y familias. Sólo así podemos discernir y acoger la invitación de Dios con libertad y alegría.La oración es el medio privilegiado para fortalecer nuestra amistad con Jesús y dejar que su amor transforme nuestro corazón. Orar es dialogar, es detenerse para escuchar, es abrirse a la acción del Espíritu. Al crecer en la oración, experimentamos la alegría de sabernos amados y llamados personalmente por Dios. Esta experiencia nos sostiene en el camino y nos anima a responder con generosidad.En el proceso vocacional, es fundamental aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios que resuena en nuestro interior y en los acontecimientos de la vida. El discernimiento requiere tiempo, silencio y acompañamiento. Nos invita a dialogar con Jesús, a preguntar y a confiar en su amor infinito, sabiendo que quien llama nunca abandona ni defrauda. Descubrir la propia vocación es descubrir el proyecto de amor que Dios tiene para cada uno.En muchas diócesis, este domingo se realiza la colecta para la formación de los seminaristas, los futuros pastores. Es un gesto concreto de solidaridad y apoyo a quienes se preparan para servir según el corazón de Cristo. Animamos a todos a ser generosos, aportando no solo bienes materiales, sino también oración y cercanía espiritual para que surjan y crezcan nuevas vocaciones sacerdotales.Mañana, 27 de abril, recordamos a Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de América Latina, ejemplo de entrega, celo pastoral y amor a la Iglesia. Pidamos su intercesión para que acompañe y fortalezca a quienes hemos sido llamados a servir como pastores.El Domingo del Buen Pastor es una invitación a renovar nuestra amistad con Jesús, a cuidar nuestra interioridad y a reconocer la vocación como un regalo de Dios. 

Más allá de la exactitud histórica de la frase, la imagen conserva una potencia extraordinaria. Gobernar no consiste solamente en mandar, ni en administrar desde arriba, ni en mostrar resultados en una planilla prolija. Gobernar también exige sensibilidad para percibir lo que todavía no hace ruido, pero ya duele; lo que todavía no estalla, pero ya se está acumulando debajo de la superficie.Si traemos esa imagen a la Argentina actual, la pregunta es inevitable: ¿quién está escuchando crecer la hierba? Y la respuesta, por incómoda que resulte, es que hoy todo indica que el Gobierno nacional no lo está haciendo. O, al menos, no lo está haciendo con la profundidad que la hora exige.

Porque si algo define al presente argentino es precisamente esa distancia cada vez mayor entre los datos que el poder exhibe y la experiencia concreta que vive la sociedad. Una distancia que no es meramente técnica. Es política, social y, sobre todo, humana.

Desde el Gobierno se insiste en un relato de ordenamiento. Y es cierto que hay números que muestran una mejora en determinadas variables macroeconómicas. En marzo de 2026, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $484.789 millones y acumuló en el primer trimestre un superávit equivalente a alrededor de 0,2% del PBI. También es cierto que el IPC de marzo fue de 3,4% y que acumuló 9,4% en el año, muy lejos del vértigo inflacionario del inicio de la gestión. Esos datos existen, son relevantes y no deben ser negados. El problema empieza cuando se pretende que esos datos alcancen por sí solos para describir la realidad entera.

Porque mientras el Gobierno celebra la consistencia del programa fiscal y la desaceleración inflacionaria, abajo, en la economía real, la hierba sigue creciendo y crujiendo. En febrero de 2026, el EMAE cayó 2,1% interanual y 2,6% respecto del mes anterior en la serie desestacionalizada. Ese mismo mes, las ventas en supermercados a precios constantes bajaron 3,1% frente a febrero de 2025. Y los salarios, medidos por el índice oficial, acumularon 5,0% entre diciembre y febrero, contra una inflación acumulada de 9,4% hasta marzo. Es decir: la macro puede ofrecer señales de estabilización, pero la actividad, el consumo y los ingresos todavía muestran que para amplios sectores la vida diaria sigue retrocediendo.

Y ahí es donde aparece el verdadero sentido de la metáfora. Escuchar crecer la hierba no es mirar el Excel del Ministerio de Economía. Es advertir que el salario ya no alcanza con la misma holgura, que el comercio de barrio vende menos, que el jubilado vuelve a hacer cuentas frente al mostrador de la farmacia, que la familia posterga gastos básicos, que la clase media deja de proyectar y empieza simplemente a defenderse. No es una discusión abstracta sobre indicadores. Es la mesa que se achica, el consumo que se restringe, el miedo que vuelve a instalarse como método de organización de la vida cotidiana.

Eso se percibe, además, en la calidad del trabajo y en la estructura social que está quedando. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes. La informalidad laboral siguió en niveles altísimos y, según el informe del INDEC, 64,1% de la población asalariada informal no realiza aportes propios. En paralelo, la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas en el segundo semestre de 2025 y entre los menores de 18 años trepó al 42,3%.

Dicho de otra manera: aun cuando algunas variables macro se ordenan, la estructura social sigue siendo extraordinariamente frágil. Y cuando una economía convive con esa fragilidad, cualquier celebración prematura se vuelve peligrosa.Porque no alcanza.

Por eso, el punto de fondo no es si los números oficiales son verdaderos o falsos. El punto es si alcanzan. Y no alcanzan. No alcanzan porque una sociedad no vive adentro de una planilla. No alcanza con decir que hay superávit si para millones de personas la vida sigue en déficit. No alcanza con mostrar que la inflación bajó si el trabajo es cada vez más precario, si el consumo sigue sin reaccionar y si la sensación dominante en una parte muy amplia de la sociedad es la de estar haciendo un esfuerzo enorme para apenas no caerse. Las estadísticas sin lugar a dudas son herramientas valiosas; el problema empieza cuando se las convierte en un sustituto de la realidad.

Ahí es donde la crítica al Gobierno debe ser más clara. El oficialismo parece escuchar con mucha atención a los mercados, a los analistas financieros, a los organismos internacionales y a su propio relato de eficiencia.

Pero escucha poco el murmullo social que viene de abajo. Escucha poco la angustia de los sectores medios que se achican. Escucha poco a los jubilados que ya no pueden sostener gastos elementales. Escucha poco a los trabajadores formales que descubrieron que tener empleo dejó de ser garantía de tranquilidad. Escucha poco, en definitiva, a una sociedad que no necesariamente cuestiona la necesidad de ordenar la macroeconomía, pero que sí empieza a preguntarse para qué sirve ese orden si no mejora de manera visible su propia vida.Y ese déficit de escucha ya está dejando señales. Las protestas de jubilados frente al Congreso continuaron en abril de 2026, con reclamos centrados en medicamentos, prestaciones y pérdida del ingreso real. En febrero, miles de personas marcharon contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la protesta terminó con enfrentamientos y detenidos.

Es decir: la conflictividad no es una hipótesis académica ni una exageración opositora. Es una advertencia. Es la forma en que la hierba deja de crecer en silencio y empieza a hacerse oír cuando nadie la quiso escuchar a tiempo.Dicho de otro modo: no alcanza con que cierre la planilla si no cierra la vida.

Y eso no significa caer en un facilismo demagógico ni negar la importancia del equilibrio fiscal. Sería absurdo. Una economía desordenada no ofrece futuro a nadie. Pero una economía ordenada que no logra traducirse, en plazos razonables, en alivio social, recuperación de ingresos, mejora del trabajo y recomposición de expectativas, empieza a quedar atrapada en su propia lógica contable. Puede volverse técnicamente consistente y políticamente sorda.

Ese parece ser hoy el principal riesgo del Gobierno de Javier Milei. No sólo el de ajustar. No sólo el de sostener un programa duro. Sino el de convencerse de que escuchar a la sociedad es una debilidad, de que toda queja es resistencia corporativa, de que todo reclamo social es una amenaza al plan, de que todo malestar es una incomodidad transitoria que debe ser soportada en nombre de un futuro que siempre se promete, pero que para muchos todavía no llega.

La historia enseña que los gobiernos rara vez tropiezan sólo por un mal indicador. Muchas veces tropiezan por algo más elemental: por confundir estabilización con legitimidad, alivio técnico con bienestar real, y éxito contable con paz social.

Ese es el riesgo de la Argentina actual. No el de carecer de números, sino el de enamorarse de ellos. No el de no tener rumbo, sino el de creer que el rumbo es correcto sólo porque algunas variables lo confirman, aun cuando debajo de esas variables una parte creciente de la sociedad se siente afuera, sola o simplemente ignorada.

Escuchar crecer la hierba, en este contexto, no es una consigna poética. Es una obligación política. Porque cuando un gobierno deja de escuchar el temblor de la vida cotidiana, cuando sólo se oye a sí mismo, cuando se convence de que la sociedad debe adaptarse indefinidamente a su programa sin reclamar alivio, contención ni horizonte, entra en una zona de peligro.

La hierba siempre avisa antes. El problema es que, cuando finalmente todos la oyen, muchas veces ya es demasiado tarde.

¿Genera valor real o es relleno? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos antes de publicar cualquier cosa. Porque si no tiene una intención clara –vender, posicionar o influir–, entonces es ruido. Y el ruido, Alfredo, no genera negocio. No posiciona. No impacta en la política del sector.

He visto cómo destinos enteros, empresas y hasta marcas personales se suben al tren de la IA para producir textos, imágenes y videos que, a primera vista, parecen profesionales. Pero rascas un poco y te das cuenta: son genéricos, intercambiables, carentes de esa chispa humana, de esa autenticidad que conecta. Son el equivalente digital de un folleto de agencia de viajes de los 90: bonito, pero olvidable.

La IA es una herramienta poderosa, sí. Pero como cualquier herramienta, su valor reside en la mano que la usa y la mente que la dirige. Si la usamos para automatizar el "slop", lo único que logramos es amplificar la mediocridad. Estamos creando un océano de contenido indistinguible, donde la diferenciación se ahoga y el posicionamiento se vuelve una quimera.

¿Sirve para posicionar o solo para “estar”? Si tu contenido generado por IA no tiene una estrategia detrás, si no responde a un objetivo claro de negocio o de influencia, entonces solo estás “estando”. Y “estar” por “estar” es el camino más rápido a la irrelevancia. En el turismo, donde la experiencia es el corazón de todo, la autenticidad y la conexión emocional son innegociables. Un texto plano, una imagen predecible, un video sin narrativa, no van a mover la aguja.

Mi enfoque siempre ha sido claro: primero estrategia, después contenido. Primero entender el contexto, después ejecutar. La IA puede ser un aliado formidable en la ejecución, pero jamás debe dictar la estrategia. Debe ser el músculo que te ayuda a escalar tu visión, no el cerebro que la reemplaza.

Detectar tendencias antes de que bajen a territorio, combatir el "slop turístico", pensar en productos, servicios y escalabilidad. Eso es lo que nos diferencia. Y la IA, bien utilizada, puede potenciar esa diferencia. Puede ayudarnos a analizar datos, a personalizar ofertas, a optimizar procesos. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser la excusa para el contenido vacío.

La próxima vez que pienses en usar IA para tu estrategia de comunicación en turismo, preguntate: ¿Esto genera valor real? ¿Tiene impacto en negocio o política? ¿Se puede mejorar o simplificar? Porque vos y yo, Alfredo, no jugamos a los “likes”. Jugamos a posicionar, a influir, a generar negocio real. Y para eso, la IA debe ser un escalpelo en manos de un cirujano, no una motosierra en manos de un aficionado.

Durante décadas, el mundo aprendió a mirar la economía a través de una cifra casi sagrada: el Producto Interno Bruto. Si sube, se celebra; si baja, se encienden las alarmas.

Gobiernos, bancos centrales, organismos internacionales y medios de comunicación lo siguen como si fuera el termómetro definitivo del progreso. Pero en medio de una revolución tecnológica sin precedentes, empieza a imponerse una pregunta tan incómoda como necesaria: ¿y si la economía no estuviera realmente estancada, sino que la estamos midiendo mal?

La pregunta no es antojadiza. Vivimos en una época en la que nunca hubo tanto acceso a información, conocimiento, conectividad y capacidad de procesamiento en manos de una sola persona como hoy. Un teléfono celular concentra funciones que hasta hace pocos años requerían decenas de bienes y servicios distintos: cámara, agenda, mapas, enciclopedia, calculadora, correo, música, noticias y acceso inmediato a casi cualquier dato del planeta. Sin embargo, buena parte de ese salto en bienestar no aparece reflejado con claridad en la métrica que seguimos usando para diagnosticar la salud económica de los países.

Ahí aparece el primer punto clave: el PIB mide actividad económica monetaria, no bienestar. Sirve para cuantificar producción, valor agregado y movimiento de mercado, pero no fue diseñado para medir felicidad, calidad de vida o progreso humano integral. Y esa diferencia, que durante mucho tiempo pasó relativamente desapercibida, hoy se vuelve central.

Durante buena parte del siglo XX, el PIB funcionó razonablemente bien como brújula general porque la economía estaba dominada por bienes físicos: acero, cemento, automóviles, rutas, energía, maquinaria, cosechas. Era un mundo donde crecer significaba producir más cosas materiales y venderlas a precios fácilmente observables.Pero el siglo XXI cambió las reglas de juego. Cada vez más valor económico proviene de software, plataformas, automatización, inteligencia artificial, datos, diseño, conocimiento y servicios digitales. Es decir, de activos que muchas veces mejoran la vida de las personas sin traducirse de manera proporcional en mayores precios de mercado.

Y ahí nace la gran paradoja de nuestro tiempo: cuando la tecnología hace algo más barato, más eficiente y más accesible, el bienestar puede aumentar mientras el valor monetario registrado crece menos o incluso cae. Dicho de otro modo: la sociedad puede estar mejor, aunque la estadística lo capte mal o de manera incompleta.

La historia ofrece un ejemplo brillante. Antes de la imprenta, los libros eran bienes caros, escasos y reservados a una minoría. Con la irrupción de Gutenberg, el costo de reproducción cayó de manera drástica. Si uno se quedara solamente con la lógica del mercado anterior, podría haber dicho que el “negocio del libro” se había desplomado. Pero lo que realmente ocurrió fue exactamente lo contrario: se multiplicó el acceso al conocimiento, se expandió la alfabetización y cambió la historia de la civilización. El precio bajó, pero el valor social se disparó.Ese mismo fenómeno, salvando las distancias, se repite hoy con internet y con la inteligencia artificial. Hace treinta años, acceder a una enciclopedia exigía comprar tomos costosos; hoy buena parte de esa información es gratuita. Antes, orientarse en una ciudad requería mapas de papel o guías especializadas; hoy basta con abrir una aplicación. Lo mismo ocurrió con la fotografía, la música, la comunicación, la banca cotidiana, los archivos y buena parte de la formación profesional.El consumidor ganó tiempo, capacidad de acción, acceso al conocimiento y comodidad. Pero una porción importante de ese beneficio no aparece del todo en las cuentas nacionales tradicionales.Esto no significa que el PIB no sirva. Para quienes trabajamos en finanzas públicas, sigue siendo una herramienta indispensable. Permite analizar el tamaño relativo de la economía, la presión tributaria, la sostenibilidad de la deuda, la capacidad fiscal del Estado y la dinámica general de la actividad.

El problema surge cuando se le pide que mida más de lo que puede medir. El PIB sirve para cuantificar producción; no alcanza para resumir bienestar. Y confundir esas dos dimensiones puede llevarnos a diagnósticos equivocados y, peor aún, a políticas públicas mal orientadas.La irrupción de la inteligencia artificial vuelve esta discusión todavía más urgente. Si una IA puede redactar informes, traducir textos, analizar contratos, programar o asistir en diagnósticos médicos en segundos y a costos mínimos, la consecuencia natural será una caída del costo de muchos servicios. Desde el punto de vista de la productividad social, eso es una gran noticia: significa hacer más con menos. Pero desde la lógica del valor monetario registrado, el fenómeno puede resultar ambiguo. Habrá tareas que seguirán generando enorme valor real, aunque ya no demanden el mismo nivel de gasto, de empleo o de facturación que antes.

Dicho más claramente: la tecnología puede destruir valor monetario medido mientras multiplica valor real para la sociedad. Y ese es uno de los principales límites del PIB en la economía digital.

Todo esto debería obligarnos a repensar qué significa crecer en el siglo XXI. Porque si la innovación seguirá empujando hacia abajo el precio de muchas cosas, mientras el verdadero valor diferencial se desplaza hacia la creatividad, la interpretación, el juicio humano, la empatía y la capacidad de innovar, entonces no sólo hay que revisar cómo medimos la economía: también hay que revisar cómo educamos.

Ese punto es decisivo. Durante décadas, buena parte del sistema educativo estuvo organizado para entrenar memoria, repetición y procesamiento rutinario. Pero ese mundo se está agotando. Las máquinas ya son extraordinariamente eficaces para almacenar información, buscar datos y ejecutar tareas repetitivas. El valor humano pasa, cada vez más, por otro lado: pensamiento crítico, creatividad, criterio, capacidad de formular buenas preguntas, trabajo colaborativo y formación ética. Si no entendemos eso, corremos el riesgo de seguir preparando a las nuevas generaciones para competir precisamente en el terreno en el que las máquinas las van a superar.

Aquí aparece una derivación política de enorme importancia. Si seguimos evaluando el éxito de una sociedad únicamente con indicadores centrados en gasto y producción monetaria, podemos terminar premiando lo equivocado y subestimando lo esencial.

Por eso, la discusión seria no debería ser reemplazar el PIB por una consigna vacía, sino dejar de tratarlo como si fuera la medida absoluta del progreso. El desafío es complementarlo. Medir no sólo cuánto se produce, sino cuánto valor real se crea, cómo se distribuye, qué calidad de vida genera y qué capacidades deja instaladas para el futuro.Hoy una porción creciente de la riqueza adopta formas menos visibles: ahorro de tiempo, reducción de costos, acceso masivo a servicios antes inaccesibles, automatización de tareas, inteligencia distribuida y creatividad potenciada por tecnología. Si no actualizamos las herramientas de medición, corremos el riesgo de interpretar como estancamiento lo que en parte podría ser una transformación profunda del modo en que se genera valor.

Tal vez el problema no sea sólo que la economía mundial crece poco. Tal vez el problema también sea que una parte de la nueva prosperidad no entra con facilidad en las viejas planillas. Y si eso es así, entonces la discusión sobre el PIB deja de ser un debate técnico reservado a especialistas. Pasa a ser una cuestión política, educativa y cultural.Porque cuando una sociedad sigue usando un mapa viejo para leer un territorio nuevo, el riesgo no es sólo equivocarse en la medición.El riesgo es equivocarse en el rumbo.

En materia de política internacional, desde Vietnam hasta nuestros días, la opinión pública juega un rol fundamental en Occidente para decidir la duración de una campaña militar, entendiendo que la viabilidad del conflicto está directamente relacionada con la legitimidad de su causa. Cuando esta se vuelve endeble, el poder se queda sin bases, la obediencia se vuelve resistencia y el proyecto termina colapsando por su propio peso.

Esta es la trampa en la que cayeron los errores estratégicos de Trump y de Netanyahu respecto a la escalada contra Irán. Ambos fallaron al intentar imponer una narrativa de fuerza sin una síntesis política clara, confundiendo la apertura de un frente bélico con la resolución de un conflicto. Al final, sus ataques no lograron consolidar un consenso internacional ni interno, demostrando que cuando la justificación de un ataque es percibida como arbitraria o puramente electoral, la campaña se vacía de contenido y termina, inevitablemente, desmoronándose.

¿Quién va ganando? No hay un ganador claro, ya que ambos bandos están logrando objetivos distintos, pero sufriendo grandes costos:Estados Unidos e Israel: han demostrado una superioridad tecnológica abrumadora. Según reportes recientes, han logrado neutralizar más del 60% de la red de radares y defensas antiaéreas de Irán. Su éxito es táctico, ya que han golpeado infraestructuras clave y eliminado figuras del liderazgo iraní.

Irán: resiste y desgasta. A pesar de los bombardeos, el régimen no ha colapsado.

Al contrario, utiliza el conflicto para generar unidad nacional.

Hasta el día de hoy, Irán mantiene una carta de triunfo, su capacidad de bloquear el Estrecho de Ormuz, lo que dispara los precios del petróleo y asfixia la economía global, algo que afecta directamente a la popularidad de Trump en EEUU.

Actualmente hay un alto al fuego frágil. Israel y EEUU. dominan el aire, pero Irán domina el flujo de energía mundial y la resistencia terrestre. Es un empate catastrófico donde la economía global es la principal víctima.

¿Qué puede pasar?La tecnología ha transformado la guerra, pero el control efectivo y permanente de un territorio solo se logra a través de la presencia física de tropas en el terreno.

Diferencias entre denegación y controlEs fundamental distinguir los conceptos de denegación y control de área.Denegación de área: se puede lograr mediante el poder aéreo, misiles o bloqueos navales. Se puede impedir que el enemigo use una carretera o una base bombardeándola, pero eso no significa que el territorio sea del atacante.

Control de área: implica la capacidad de decidir quién circula, quién gobierna y qué leyes se aplican. De manera sucinta, esto requiere de tropas desplegadas en el terreno, puestos de control y la interacción directa con la población y la geografía.

El control terrestre permite la interacción entre el ocupante y el ocupado. Sin esta interacción (aunque sea coercitiva), no se puede reconstruir el tejido social ni establecer una administración que sustituya a la anterior.

Boots on the Ground. Las “botas en el terreno” El poder aéreo y tecnológico es excelente para la destrucción, pero es ineficaz para el efectivo control de un territorio. Las fuerzas terrestres son las únicas capaces de:Identificar y separar a combatientes de civiles.Asegurar infraestructuras críticas (plantas eléctricas, puentes, centros de datos) sin destruirlas.

Realizar tareas de inteligencia humana (HUMINT) que los drones o satélites no pueden captar.

Efectuar un control efectivo y eficiente de territorios.Terminar con un conflicto de manera efectiva.

La permanencia y la señal políticaUn avión vuela sobre un territorio, descarga sus bombas y se retira; un misil impacta y su efecto termina.

La presencia de la infantería o unidades blindadas comunica una voluntad de permanencia, explicitándolo como el compromiso político más alto de una nación, ya que implica exponer la vida de sus soldados de forma constante para sostener la soberanía.

La adaptación al terreno y la poblaciónEn conflictos modernos, donde el campo de batalla suele ser urbano o de alta densidad demográfica, la fuerza terrestre es indispensable para el ejercicio de la soberanía.

El control no es solo militar, sino también psicológico y social. El contacto cara a cara es lo que permite establecer una estructura de autoridad legítima o de ocupación.

El poder aéreo puede ganar batallas y destruir la capacidad de resistencia del enemigo, pero la infantería es la que firma la paz (o sostiene la ocupación) al ocupar el espacio físico en disputa. No se puede “gobernar” un territorio desde 30,000 pies de altura.

Por ello, sin la intervención de fuerzas terrestres de los EEUU en Irán, su régimen teocrático (vapuleado por la virulencia de los ataques recibidos) sobrevivirá. En aguantar, yace su victoria. Si resiste, gana. Para los EEUU, si el conflicto se prolonga en el tiempo, pierde la administración de Trump, el juicio político podrá ser una realidad, por lo que el final de su mandato será una quimera.

En este tablero de ajedrez entre Irán, Estados Unidos e Israel, nadie se permite perder y ninguna de las partes puede ceder.

Para sus líderes, retroceder no es una opción diplomática, sino un suicidio político: un billete directo a un cementerio mucho más implacable que el que ellos mismos han sembrado con miles de bombas y misiles.

En este escenario, la negociación es un concepto muerto; especialmente para Irán, que carga con el peso de haber visto caer a sus máximos referentes religiosos, políticos y militares en el camino hacia el aniquilamiento mutuo.

Abogado y apasionado por la historia, el Teniente de Fragata Alejandro Pacheco Roth combina el rigor técnico legal con una profunda vocación operativa. El auditor naval formó parte de la dotación complementaria del rompehielos ARA “Almirante Irízar” (RHAI), que se encontraba operando en el continente blanco en el marco de la CAV hasta su término el pasado 7 de abril.

Oriundo del barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Alejandro egresó de la carrera de Abogacía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y está finalizando su formación de grado como Licenciado en Historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nació en CABA y menciona también con mucho cariño sus raíces entrerrianas, ya que recuerda con pasión las innumerables vacaciones vividas en familia, recorriendo los lagos del sur así como los arroyos de las Islas del Ibicuy que frecuenta, por ser el lugar donde vivieron sus abuelos.Sus padres, Alejandra y Francisco, y su hermana Carolina son todos abogados como él, y constituyen su permanente soporte en la vida. Su camino parecía marcado por las leyes, sin embargo, en su esencia emergía una herencia marinera y militar que no tardaría en manifestarse.

“Creo que mi vocación y amor por el mar es una herencia de honor: mi bisabuelo materno fue un oficial condecorado con la Cruz de Hierro en la Primera Guerra Mundial, y mi abuelo paterno fue marino mercante. Crecí fascinado por las historias que me contaban sobre ellos y fueron la razón por las que me interesó ingresar a la Armada Argentina y tener la posibilidad de navegar”, relata el Teniente Pacheco Roth.Concluidos sus estudios en Abogacía, decidió inscribirse en la carrera de Historia. “Desde chico siempre leí mucho y me interesaba la historia medieval y antigua, de Grecia y Roma. Cuando terminé el colegio me decanté por abogacía, pero siempre tuve el deseo de ser historiador”, relata.A finales de 2022, ingresó a la Armada realizando el Curso de Integración Naval (CUINA) y egresó como Oficial de Marina Auditor del Cuerpo Profesional, resultando el primer promedio de la Promoción Nº 73: obtuvo los premios Escuela Naval Militar y Claustro de Profesores al mejor promedio general y académico, respectivamente. “Haber sido premiado en la Escuela Naval fue un gran orgullo para mí, pero mi verdadero sueño es ser un referente en el asesoramiento jurídico de operaciones navales complejas. Me apasiona el despliegue operativo y aspiro a tener un rol significativo en la aplicación del Derecho del Mar en nuestras aguas jurisdiccionales y en la defensa de nuestra soberanía”, asegura.

Vivencias antárticas“Esta experiencia en el continente blanco es una oportunidad única que culmina un ciclo de aprendizaje operativo intenso”, detalla. “Viví un contraste profesional muy enriquecedor. En este último tiempo, primero navegué en el patrullero ARA ‘Piedrabuena’ participando en el control del mar en la milla 200 durante la Operación Grifón XVI, luego en el destructor ARA “La Argentina”, y también fui parte de una regata a bordo del yate ARA “Fortuna III”.Cuenta que antes de partir a su experiencia antártica se encontraba destinado en la Dirección General de Personal y Bienestar de la Armada (DGPN) desempeñándose como Ayudante en Jefe de la División Asuntos Militares del Departamento Asesoría Jurídica, donde retornó al finalizar la campaña.

Mientras cumplía con sus labores cotidianas, surgió esta oportunidad de realizar la segunda y tercera etapa de la CAV 2025/26.

A bordo del “Irízar”, y con el propósito de obtener recursos académicos para realizar su tesis de grado, llevó a cabo una recopilación de material fotográfico, audiovisual e información sobre la Antártida, sus bases y la CAV.  

“Mi intención es escribir sobre la inserción de Argentina, desde un enfoque histórico y geopolítico, en el continente blanco tras la firma del Tratado Antártico, contextualizando la importancia de la cooperación científica, el despliegue logístico militar y la administración del territorio”, destaca.

Y agrega: “Desde mi rol de auditor, también busco encuadrar las nociones legales surgidas del Sistema del Tratado Antártico, inherentes al reclamo de soberanía de nuestro país sobre el territorio”.

Sobre su experiencia, en la que conoció las bases antárticas conjuntas permanentes Orcadas, San Martín, Belgrano II y Carlini, explica: “Es muy buena desde el punto de vista profesional, ya que me dio la posibilidad de conocer el entorno geográfico sobre el que realizo mi trabajo académico. Y desde lo personal, es un honor y una gratificación representar a nuestro país y a la Armada navegando en aguas antárticas, cumpliendo con mi servicio a la Patria”.

Fuera del ámbito naval, Alejandro es un apasionado por los deportes e idiomas: es patrón de yate, practica tenis y ajedrez en forma competitiva y se formó como buzo deportivo especializado en naufragios y Nitrox. Del mismo modo, estudió inglés y actualmente se encuentra aprendiendo alemán: “Hoy en día combino todas mis actividades para darle forma a mi gran interés en las temáticas de historia antártica, naval argentina y todo lo relacionado con naufragios históricos”, narra.Para el Teniente Pacheco Roth, la Armada Argentina es la “conciencia vigilante” del Mar Argentino.

“Somos los custodios de nuestra identidad en el mar. Servir a la Patria es para mí un compromiso absoluto; es honrar el legado familiar aportando mi profesionalismo jurídico para proteger los intereses de la Nación, ya sea velando por el bienestar del personal o defendiendo nuestra soberanía en el mar argentino, nuestras islas en el Atlántico Sur y la Antártida”, concluye.

El déficit de la Caja de Jubilaciones es real y es serio. No lo minimizo. Pero tampoco acepto que se use como excusa para que el ajuste recaiga exclusivamente sobre los jubilados y los trabajadores.Discutir una reforma no es un trámite técnico. Es definir qué tipo de provincia queremos: una que protege a quienes ya aportaron toda su vida o una que les pasa la factura del ajuste.

Por eso insisto: no puede haber reforma seria sin información seria y transparente. Al día de hoy no contamos con estudios actuariales actualizados, proyecciones de impacto ni una auditoría clara por escalafón. Sin datos sobre la mesa, el diálogo es una formalidad vacía.

Los “vectores” que trascendieron muestran que se busca modificar la base de cálculo del 82% móvil: pasar de los últimos 10 años a 30 años de aportes. Eso no es modernizar el sistema. Es licuar el haber jubilatorio. Es un ajuste encubierto.

Mi posición es clara y la sostengo públicamente.

Estoy dispuesto a dar el debate, pero bajo tres ejes que no son negociables:* Proteger el haber real de los jubilados actuales y el cálculo del haber inicial para los futuros beneficiarios.* Garantizar una movilidad justa y no empobrecedora con el paso del tiempo.* Generar ingresos genuinos para fortalecer la sostenibilidad del sistema.

Si la reforma termina siendo solo un ajuste sobre el bolsillo de los jubilados y trabajadores entrerrianos mientras se sigue cediendo ante Nación, no la voy a acompañar.

La política no consiste en administrar la escasez ajena. Consiste en defender los recursos propios y distribuir el esfuerzo con justicia.

Si el gobierno busca una reforma sostenible, debe empezar por defender la sostenibilidad de Entre Ríos frente al Gobierno Nacional.

No era un acto aislado. Era sistemático. Violento. Creían que el grito —ese alarido desgarrador— tenía poder. Que si el dolor era suficiente, si el ruido era lo bastante intenso, el cielo finalmente iba a ceder.

Pero la lluvia seguía. Entonces hacían lo único que su creencia les permitía: azotar más fuerte. Más tiempo. Más animales. Más gritos.Y en ese estruendo, en ese sufrimiento inútil, esperaban encontrar la señal de que todo iba a cambiar. Nunca cambiaba.

Ese relato no habla solamente del pasado. Habla, en realidad, de una forma de pensar. Del pensamiento mágico. De esa lógica según la cual, cuando la realidad contradice una idea, el problema no es la idea sino la realidad. Entonces, en lugar de revisar el rumbo, se profundiza. En lugar de corregir, se insiste. En lugar de preguntarse si el camino sigue siendo el correcto, se redobla la apuesta con la esperanza de que esta vez, sí, ahora sí, el resultado finalmente aparezca.La metáfora resulta inquietante porque describe con demasiada precisión ciertos momentos de la política económica argentina. Momentos en los que un gobierno deja de leer los hechos como señales de advertencia y empieza a tratarlos como obstáculos pasajeros en el camino hacia una promesa superior. Momentos en los que toda evidencia adversa se vuelve justificable, todo costo se convierte en sacrificio necesario y todo deterioro pasa a interpretarse como parte del precio inevitable del orden futuro.

La Argentina ya conoce demasiado bien ese mecanismo. Lo conoció antes de la crisis de 2001-2002 y vuelve a asomarse hoy, en medio de un programa económico que todavía conserva respaldo político y capacidad discursiva, pero que empieza a exhibir fisuras cada vez más visibles en la economía real.

Porque más allá de los números oficiales que el Gobierno presenta como prueba de éxito, hay datos que tienen una materialidad imposible de ocultar. Puede discutirse una metodología, una canasta, una proyección o el modo en que se construyen ciertos indicadores.

Pero hay realidades que no se dejan domesticar fácilmente. La caída del consumo. El enfriamiento de la actividad. El deterioro del empleo y de su calidad. La recesión persistente en sectores clave como la industria y la construcción. El mayor endeudamiento de las familias. El aumento de la morosidad. La pérdida de dinamismo de la recaudación en términos reales. La fragilidad de un crecimiento sostenido en pocos sectores, mientras gran parte del entramado productivo continúa resentido. Ese conjunto de alertas ya está planteado en tu borrador como una señal de fondo que empieza a gritar.

Y ahí es donde el paralelismo con el pasado deja de ser una exageración para convertirse en una advertencia seria.

La convertibilidad también comenzó envuelta en expectativas positivas. También ofreció orden, previsibilidad y una caída drástica de la inflación después del caos. También permitió instalar la idea de que, por fin, la Argentina había encontrado una arquitectura económica estable. Durante un tiempo, los resultados parecían darle la razón al modelo. El problema fue que, debajo de esa superficie de estabilidad, comenzaron a acumularse desequilibrios que no eran secundarios ni circunstanciales.Primero aparecieron como síntomas dispersos. Sectores productivos que perdían competitividad. Economías regionales que se apagaban. Empresas que dejaban de resistir. Un desempleo que dejaba de ser transitorio para volverse estructural. Un Estado crecientemente condicionado por la necesidad de sostener un esquema que empezaba a depender más de la deuda que de la vitalidad genuina de la economía.

Después, esos síntomas dejaron de ser aislados. Se volvieron frecuentes, visibles, imposibles de ignorar. Y, sin embargo, la respuesta no fue revisar el rumbo. Fue insistir.

Más ajuste. Más endeudamiento. Más presión sobre la economía real. Más confianza en que el mismo programa, llevado un poco más lejos, iba finalmente a corregirse a sí mismo. Como si el problema no estuviera en la naturaleza del esquema, sino en la falta de intensidad para aplicarlo. Como si todo lo que hacía ruido en la realidad no fuera una advertencia, sino apenas una incomodidad transitoria.

Ese fue, precisamente, uno de los errores más graves de los años previos al colapso de 2001. Confundir la resistencia social con fortaleza del programa. Confundir la prolongación del sufrimiento con prueba de seriedad. Confundir la persistencia del ajuste con la cercanía de la solución.

No fue un derrumbe repentino ni una fatalidad imprevisible. Fue el desenlace de un proceso largo de señales ignoradas, advertencias desoídas y una negativa persistente a aceptar que el problema no era cuánto más se insistía, sino en qué se estaba insistiendo.

Hoy vuelve a aparecer esa misma lógica de impermeabilidad frente a la evidencia. Si cae el consumo, se responde que todavía falta ajustar. Si sube el desempleo, se lo presenta como parte del sinceramiento. Si una pyme cierra, se la describe como una víctima necesaria de la depuración. Si la industria se retrae, se la relativiza con el desempeño de otro sector menos intensivo en empleo. Si las familias pierden poder adquisitivo, se les pide paciencia. Si se endeudan para sostener gastos corrientes, se promete que se trata apenas de una transición dolorosa hacia un futuro mejor.

Todo encuentra justificación dentro del mismo dogma. Nada parece suficiente para poner verdaderamente en duda el rumbo. Y ese es el núcleo del problema. Porque cuando una política económica se vuelve inmune a la evidencia, deja de ser un programa técnico para transformarse en un acto de fe. Ya no importa demasiado lo que pasa en la calle, en el comercio, en la fábrica, en la pyme, en el salario o en el bolsillo. Lo central pasa a ser sostener la narrativa del éxito próximo, aun cuando la economía real empiece a enviar señales en dirección contraria.

Más todavía: aun cuando algunos indicadores muestren mejoras parciales, el problema puede seguir agravándose. Porque no todo crecimiento significa recuperación sana. No toda desaceleración inflacionaria implica alivio social duradero. No todo equilibrio fiscal es sostenible si se obtiene al precio de debilitar el consumo, erosionar la producción, resentir la recaudación futura y volver más frágil el tejido económico que debe sostener, en definitiva, cualquier estabilización seria.Ese fue también uno de los grandes errores de lectura en los años previos a 2001: creer que mientras algunos números cerraran, el resto podía esperar. Pero la economía no se rompe solo cuando saltan las variables financieras. Muchas veces se rompe antes, lentamente, cuando se deterioran las bases productivas, laborales y sociales sobre las que descansa cualquier programa de estabilización.

La historia argentina enseña, además, que las crisis no siempre explotan de golpe. Antes de estallar, se naturalizan. Primero sorprende el deterioro; después se tolera. Primero alarma la caída de la actividad; después se vuelve paisaje. Primero preocupa el cierre de una empresa; después deja de ser noticia. Primero conmueve la pérdida del empleo; después se la transforma en estadística. Primero inquieta el retroceso del salario; después se lo acepta como un costo inevitable del orden.Ese proceso de naturalización es quizá el momento más delicado de todos. Porque cuando el deterioro deja de interpelar, también se debilita la reacción política y social. Y cuando eso ocurre, la capacidad de corregir a tiempo empieza a desaparecer.

La lección de 2001 no debería leerse solo como un recuerdo traumático ni como una comparación automática. Debería leerse, sobre todo, como una advertencia metodológica. No fue por falta de señales. Fue por falta de decisión para cambiar.Y esa es la discusión de fondo que hoy la Argentina debería animarse a dar: si este modelo, tal como está planteado, tiene capacidad de sostenerse sin seguir deteriorando el empleo, el consumo, la producción y la cohesión social.

La Argentina no está condenada a repetir 2001. Pero sí puede volver a acercarse peligrosamente a esa lógica si insiste en ignorar las señales.

La tormenta no se detuvo entonces por los gritos. Y tampoco se va a detener ahora por el relato.

Cuando un plan empieza a fallar, insistir no siempre es valentía. A veces es apenas una forma más sofisticada de no querer ver. Y cuando la política decide no ver, la realidad termina corrigiendo de la manera más cruel.

La experiencia argentina ya enseñó cuánto cuesta llegar tarde. Por eso, corregir a tiempo no es una señal de debilidad. Es, muchas veces, la última oportunidad de evitar que el final vuelva a escribirse como ya lo vimos una vez: con el modelo agotado, la sociedad exhausta y la crisis imponiendo por la fuerza las decisiones que la política no quiso tomar a tiempo.

Lo que este informe internacional intenta capturar es algo mucho más profundo: cómo evalúan las personas su propia vida en un contexto determinado y qué condiciones económicas, institucionales y sociales ayudan a explicar esa valoración.

En la edición 2025, Argentina volvió a quedar rezagada en la comparación internacional y se ubicó en el puesto 42 del mundo, con un puntaje de 6,397, detrás de varios países de América Latina y el Caribe que hoy muestran un mejor desempeño relativo.

El dato, en sí mismo, ya merece atención. Pero lo más relevante aparece cuando se lo observa en perspectiva regional. En América Latina y el Caribe, Costa Rica quedó 6° en el mundo, México 10°, Belice 25°, Uruguay 28°, Brasil 36°, El Salvador 37% y Panamá 41°, todos por delante de la Argentina.

Apenas por debajo aparece Chile, en el puesto 45. Es decir: Argentina no solo perdió centralidad en la comparación global, sino que además quedó superada por varios países de la región, incluso por algunos que históricamente no figuraban por encima suyo en este tipo de indicadores.

Ese contraste regional obliga a hacer una lectura menos superficial. Porque el informe no mide “felicidad” en el sentido liviano del término, ni releva un estado emocional pasajero. La base del ranking es la llamada Cantril Ladder, una pregunta que realiza Gallup World Poll en más de 140 países y que pide a las personas evaluar su vida actual en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la peor vida posible y 10 la mejor. El ranking se construye con promedios de tres años, lo que reduce el ruido coyuntural y permite captar tendencias más estructurales. En el caso del reporte 2025, la medición toma el promedio del período 2022-2024.

Además, el informe no se limita a ordenar países. También trabaja con una serie de variables explicativas que ayudan a entender por qué algunas sociedades evalúan mejor su vida que otras.

Entre esos factores aparecen el PBI per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de corrupción.

No se trata, por supuesto, de una fórmula mágica ni de una relación causal lineal, pero sí de una aproximación muy útil para pensar el vínculo entre economía, instituciones y bienestar.

Desde la óptica de las finanzas públicas, esto vuelve al índice particularmente interesante. Un Estado puede exhibir orden en ciertas variables fiscales y, aun así, estar fracasando en la generación de bienestar si no logra traducir estabilidad en calidad de vida.

A la inversa, una economía puede no ser la más grande de su región y, sin embargo, construir mejores condiciones de satisfacción social si combina ingresos razonables, instituciones más confiables, vínculos comunitarios sólidos y servicios públicos que funcionen.

Justamente por eso el ranking de felicidad no debería leerse como un adorno blando del debate económico, sino como una señal complementaria sobre la calidad del desarrollo.

En ese punto, el caso latinoamericano resulta especialmente revelador. El propio World Happiness Report subraya que las sociedades de América Latina suelen exhibir fortalezas vinculadas a los lazos familiares, los hogares más amplios y las redes de apoyo, elementos que muchas veces permiten explicar niveles de bienestar superiores a los que sugeriría el ingreso por sí solo.

El informe 2025 vuelve a remarcar que esas tramas relacionales ofrecen lecciones valiosas para otros países, porque muestran que el bienestar no depende exclusivamente del consumo o del tamaño de la economía, sino también de la calidad de los vínculos sociales.

Y allí aparece, justamente, una de las preguntas más incómodas para la Argentina. Si la región tiene una base social y cultural que suele empujar sus indicadores de bienestar por encima de lo que explicaría la renta, ¿por qué nuestro país no logra aprovechar ese activo relativo?

La respuesta no puede buscarse en una sola causa, pero sí en una combinación bastante conocida: inestabilidad macroeconómica persistente, deterioro del poder adquisitivo, incertidumbre normativa, desconfianza en las instituciones y fatiga social acumulada. Cuando una sociedad transita durante años entre crisis recurrentes, reglas cambiantes y expectativas volátiles, la evaluación de vida también se resiente.

Ese deterioro no debe interpretarse solo en clave anímica. También tiene consecuencias económicas concretas. Una sociedad que se siente más insegura respecto de su presente y de su futuro tiende a reducir horizontes de planificación, debilitar sus expectativas de movilidad y aumentar su demanda de protección.

Eso termina presionando sobre la política fiscal, sobre el gasto social, sobre la legitimidad tributaria y sobre la capacidad del Estado para sostener consensos básicos. En otras palabras, cuando cae el bienestar, no solo se resiente el clima social: también se complica la sustentabilidad económica.

Por eso el ranking mundial de felicidad merece ser leído con más seriedad de la que suele concedérsele. No reemplaza a los indicadores clásicos, pero los complementa. No sustituye al análisis de inflación, actividad o empleo, pero ayuda a entender si esos números están logrando traducirse en una mejora tangible en la experiencia cotidiana de la población. Y eso, para cualquier especialista en políticas públicas, debería ser central. Porque una economía puede estabilizar algunas planillas y, al mismo tiempo, empeorar la forma en que la sociedad percibe su vida, sus oportunidades y su futuro.

El mensaje que deja el informe 2025 para la Argentina es claro. El país no solo necesita ordenar variables macroeconómicas: necesita reconstruir condiciones de bienestar más estables y más creíbles. Necesita que la mejora económica, cuando exista, sea percibida como durable; que las reglas sean previsibles; que el esfuerzo social tenga algún horizonte reconocible; y que el Estado vuelva a ofrecer un marco de confianza mínima.

En ese sentido, la caída argentina en el ranking no debería ser leída como una anécdota de temporada. Debería ser tomada como una advertencia.

Porque cuando un país pierde posiciones en bienestar relativo frente a sus vecinos, lo que está en juego no es solo una imagen internacional: también es la evidencia de que algo importante no está funcionando del todo bien dentro de sus fronteras.

El interbloque Frente Peronista que integraba contaba con 23 diputados. De todos ellos, sólo cuatro votamos a favor de la estatización: Alfredo Atanasof, Ramona Pucheta, Alberto Roberti —secretario general de los petroleros— y yo.No fueron momentos sencillos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una parte del peronismo entrerriano teníamos diferencias que no eran menores. Votar a favor de aquella ley no era un acto de disciplina kirchnerista. Era, sencillamente, una posición nacional. YPF era y es un activo estratégico irrenunciable, y entregársela indefinidamente a una empresa extranjera que la vaciaba de inversiones era una forma de hipotecar el futuro energético argentino. Lo dije entonces y lo sostengo ahora, cuando han pasado catorce años de aquella votación. Y los hechos lo confirman: tener la principal petrolera en manos del Estado no es una cuestión ideológica sino estratégica. Es lo que hoy hace posible el superávit energético que la Argentina está alcanzando, con exportaciones que generan divisas genuinas y alivian una restricción externa que durante décadas fue un lastre estructural para la economía nacional. Sin YPF en manos argentinas, ese horizonte sería impensable.También quiero destacar algo de lo que me siento especialmente orgullosa: de los nueve diputados nacionales que representábamos a Entre Ríos en aquella sesión, ocho votamos a favor. Sólo hubo una abstención.Durante años, quienes apoyamos esa decisión soberana debimos soportar un relato que la presentaba como un manotazo populista, una expropiación “mal hecha”, un capricho que tarde o temprano nos iba a costar caro. Los fondos buitre construyeron una arquitectura judicial en Nueva York destinada a confirmar esa narrativa y, de paso, a llevarse más de dieciséis mil millones de dólares del patrimonio de los argentinos. Durante más de una década, esa espada estuvo suspendida sobre la Argentina.El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la sacó de escena. Por dos votos contra uno, los jueces Chin y Robinson revocaron la condena que había dictado la jueza Preska y concluyeron que los reclamos de los fondos demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino. La expropiación, determinaron, fue un acto de derecho público soberano, regido por la legislación nacional y avalado por el Congreso. Lo que hicimos en 2012 estaba dentro de la ley. Lo que hicimos fue correcto.Noto, con cierta perplejidad, que hoy varios se disputan la paternidad del triunfo. El presidente Milei salió en cadena nacional a celebrar lo que él mismo —y su coalición, y sus aliados ideológicos, como la entonces diputada Patricia Bullrich— cuestionaron durante años. El mismo espacio político que calificó la estatización como un “impuesto Kicillof”, que la presentó como un símbolo del desquicio intervencionista, hoy la defiende ante los tribunales extranjeros y la celebra como un logro propio. No hay que escandalizarse: la política tiene esa capacidad de apropiar victorias ajenas. Pero los registros están, y la historia tiene memoria.Pero lo que importa subrayar, más allá del ruido circunstancial, es el fondo del asunto. La Argentina actuó conforme a derecho. El Congreso votó una ley. Los gobiernos que siguieron —de distintos signos— sostuvieron la misma posición jurídica ante los tribunales norteamericanos. Y esa continuidad institucional fue, precisamente, la que permitió este resultado. Cuando un país defiende sus decisiones soberanas con argumentos sólidos, más allá de la politiquería de cotillón, con abogados capaces y con coherencia en el tiempo, los resultados llegan. Aunque tarden.

Desde Entre Ríos, desde el federalismo que siempre defendió el espacio político en el que milito, quiero decirlo sin eufemismos: aquellos que en 2012 votamos a favor de recuperar YPF no nos equivocamos. Lo hicimos pensando en el interés nacional, en la soberanía energética, en el derecho de la Argentina a decidir sobre sus propios recursos. Eso no tiene bandera partidaria. Tiene, simplemente, el nombre de una convicción. 

Un enfrentamiento armado en Medio Oriente puede terminar impactando, meses después, en los precios de los alimentos, los combustibles o los productos importados en cualquier ciudad del planeta.

En ese contexto, la actual escalada de tensiones en la región vuelve a poner en evidencia el llamado “efecto mariposa” del comercio global: pequeñas alteraciones en puntos estratégicos del planeta pueden desencadenar consecuencias económicas de gran magnitud en lugares muy distantes.

El sistema de comercio internacional depende en gran medida de rutas marítimas altamente concentradas. Buques cargados de petróleo, gas, granos, insumos industriales y productos manufacturados atraviesan diariamente corredores logísticos que conectan Asia, Europa y América. Cuando alguno de esos corredores se vuelve inseguro o directamente queda bloqueado por un conflicto, toda la red logística mundial comienza a tensionarse.

En Medio Oriente existen varios de estos puntos críticos del comercio global, conocidos como “cuellos de botella”. Uno de los más importantes es el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Otro paso estratégico es el Estrecho de Malaca, fundamental para el transporte entre Asia y Europa. Si la seguridad en alguno de estos pasos se deteriora, el impacto es inmediato en los mercados energéticos. El temor a interrupciones en el suministro suele disparar el precio del petróleo en cuestión de horas.

Cuando el precio del crudo sube, la reacción en cadena es casi automática. El combustible es uno de los insumos centrales de la economía mundial: mueve barcos, camiones, aviones y maquinaria industrial. Un aumento del petróleo encarece el transporte global, y ese aumento se traslada gradualmente a cada eslabón de la cadena productiva.

El primer impacto suele sentirse en la logística marítima. Las grandes navieras deben modificar sus rutas para evitar zonas consideradas de riesgo, lo que implica más días de navegación y mayor consumo de combustible.

A esto se suma el incremento de las primas de seguro para las cargas, que se disparan cuando los barcos deben atravesar áreas potencialmente expuestas a ataques o incidentes militares. En algunos casos, las aseguradoras directamente dejan de cubrir determinados trayectos, obligando a los buques a rodear regiones enteras.

Estos cambios generan demoras, congestión en puertos alternativos y encarecimiento de los fletes. Lo que comienza como una medida de seguridad termina alterando la eficiencia de todo el sistema logístico internacional. El resultado es un aumento del costo del transporte de mercancías que termina repercutiendo en los precios finales de miles de productos.

Aunque parezca lejano, este tipo de situaciones tiene efectos concretos en países como Argentina. La economía local depende en gran medida del comercio exterior, tanto para exportar su producción agroindustrial como para importar insumos esenciales para la industria. Cuando las rutas marítimas se vuelven más costosas o más lentas, las empresas comienzan a enfrentar demoras en la llegada de componentes, materias primas y bienes intermedios necesarios para la producción.

La consecuencia más visible es el aumento de costos para las empresas, que deben pagar fletes más caros y esperar más tiempo para recibir mercancías. En sectores industriales que funcionan con cadenas de suministro ajustadas, una demora en la llegada de piezas puede paralizar líneas de producción completas. Este fenómeno ya se observó durante la pandemia, cuando la crisis logística mundial provocó escasez de insumos en múltiples industrias.

El aumento del precio del combustible se convierte en uno de los principales motores de inflación global. El transporte es un componente presente en prácticamente todos los productos de la economía. Cuando ese costo aumenta, termina filtrándose gradualmente en toda la estructura de precios.

Los alimentos son uno de los sectores más sensibles a este fenómeno. Desde la producción agrícola hasta la llegada a las góndolas, los productos recorren largas distancias que dependen del combustible. Un aumento sostenido del petróleo encarece la maquinaria agrícola, los fertilizantes —muchos de ellos derivados del gas— y el transporte de la producción.En el plano internacional, un encarecimiento de la energía también afecta los costos de producción industrial, desde la fabricación de plásticos hasta la producción de acero o productos químicos. Esto genera un nuevo impulso inflacionario que se traslada al comercio global.

Para países con economías frágiles o con historiales inflacionarios persistentes, como Argentina, este tipo de shocks externos pueden amplificar los problemas internos. Los aumentos en los costos logísticos internacionales se reflejan en precios de importación más altos, presionando sobre la inflación local.Además, el aumento del petróleo suele fortalecer el dólar a nivel global y generar mayor volatilidad financiera, lo que complica aún más a las economías emergentes que dependen del acceso al comercio y al crédito internacional.

En definitiva, el escenario muestra hasta qué punto la economía mundial funciona como un sistema interdependiente. Un conflicto en una región estratégica puede alterar rutas comerciales, modificar precios energéticos y desencadenar presiones inflacionarias que terminan afectando la vida cotidiana en países situados a miles de kilómetros.

Por eso, cada vez que aumenta la tensión en Medio Oriente, los mercados no solo miran el desarrollo militar del conflicto. También observan con atención el comportamiento del petróleo, las rutas marítimas y el comercio global. Porque en ese delicado equilibrio se juega buena parte de la estabilidad económica mundial.

Qué debería hacer el GobiernoFrente a este escenario, el peor error sería la pasividad. O peor todavía: el relato tranquilizador sin preparación real. El Gobierno debería hacer varias cosas al mismo tiempo.La primera es reconocer el riesgo. No minimizarlo, no actuar como si se tratara de una noticia internacional sin efectos domésticos, no descansar en slogans. Un gobierno serio no espera que el problema le explote encima para empezar a diagnosticarlo.

La segunda es anticiparse en materia energética. Garantizar abastecimiento, revisar escenarios de invierno, monitorear costos de importación, asegurar logística y prever mecanismos de contingencia. En contextos de guerra, la improvisación cuesta carísima.

La tercera es construir un esquema de protección inteligente para los sectores más sensibles. No se trata de volver al desorden macroeconómico ni de abrir la canilla sin criterio. Se trata de entender que, si hay un shock externo que encarece costos básicos, los sectores vulnerables, las pymes y ciertas actividades estratégicas no pueden quedar librados a la intemperie.

La cuarta es fortalecer reservas y prudencia fiscal. Justamente porque el mundo se puede volver más hostil, la política económica debería extremar el cuidado de divisas, evitar errores que aumenten la vulnerabilidad y priorizar decisiones que reduzcan exposición externa.

La quinta, y quizás más importante, es pensar más allá de la coyuntura. La Argentina necesita usar este tipo de episodios como recordatorio brutal de una deuda pendiente: construir una economía menos vulnerable a los shocks internacionales. Eso exige infraestructura, diversificación, previsibilidad y una estrategia de desarrollo. Ningún país se vuelve fuerte solo por tener recursos. Se vuelve fuerte cuando organiza políticamente esos recursos en un proyecto de estabilidad y crecimiento.

La guerra podrá estar lejos en el mapa. Pero si la Argentina no se prepara, sus consecuencias pueden sentirse demasiado cerca.

Hoy, en nuestras instituciones escolares, la gestión sufre el desafío diario de sostener un comedor escolar. Las partidas recortadas, las deudas que se acumulan, las promesas incumplidas, las respuestas que nunca aparecen. La falta de empatía de las autoridades, que por ley deberían garantizar este derecho, se traduce en platos vacíos y en la vulneración de adolescentes y adultos que confían en la escuela como su espacio de cuidado.

Nuestra institución alimenta cada día a cientos de estudiantes en los tres turnos. No es un número: son rostros, historias, jóvenes que necesitan desayunar, almorzar, merendar y cenar para poder sostener su proyecto educativo. Cuando las políticas de desarrollo social se ausentan, la escuela queda sola, sosteniendo lo que debería ser prioridad absoluta del Estado.

Un comedor escolar no es un servicio accesorio: es un derecho consagrado en la Ley Nacional 26.061 y en tratados internacionales que nuestra Constitución reconoce. Sin embargo, en la práctica, ese derecho se vulnera cada vez que se reduce una partida sin explicación, cada vez que se promete un reconocimiento de deuda que nunca llega, cada vez que el silencio oficial se prolonga durante meses.

El plato de comida es también un símbolo. Representa el compromiso de la escuela pública con su comunidad, el esfuerzo de la cooperadora, la dedicación de los ordenanzas y cocineras, la paciencia de los docentes que sostienen la tarea en condiciones adversas. Pero también refleja la ausencia de políticas claras y la falta de sensibilidad de quienes deberían garantizar lo básico.

Hoy quiero visibilizar esta realidad. Porque detrás de cada partida reducida hay un estudiante que espera su plato de comida. Y porque el silencio frente a esta problemática también es una forma de vulneración.El plato de comida no puede ser un privilegio ni una promesa incumplida. Debe ser un derecho garantizado, todos los días, para todos los estudiantes.

Prof. Eduardo Ibarrola.Rector Titular de la Esc. Sec. N°4 “Damián Pedro Garat” - Villa Adela, Concordia.

Junto con la curación física, este acto simboliza una transformación interior: el ciego comienza a ver con los ojos del alma, descubriendo quién es Jesús. Se da un proceso semejante al de la Samaritana. Primero dice “ese hombre”, luego “es un profeta” hasta que finalmente confiesa con plena fe: “Creo, Señor”, y se postra ante Él.

En el proceso de catecumenado, la historia del ciego de nacimiento es central. Nos recuerda que la fe no es un destino al que se llega de golpe, sino un proceso de descubrimiento. Como el ciego, muchas veces estamos inmersos en nuestras propias oscuridades, nuestras preguntas y dudas. Sin embargo, la luz de Cristo nos alcanza, a veces incluso cuando no lo buscamos conscientemente. Esa luz es la que nos permite mirar la vida con esperanza, descubrir el sentido profundo de nuestra existencia y, sobre todo, reconocer a Jesús como la fuente de esa luz (el domingo pasado lo veíamos como la “fuente de agua viva”).

El Evangelio muestra que el camino del ciego no fue sencillo. Tras recibir la vista, enfrenta la incredulidad y el rechazo de quienes lo rodean. Cuestionan su testimonio, dudan de la autenticidad de su experiencia. El evangelio nos muestra que mientras se va “iluminando” de modo creciente la fe del ciego, se profundiza la ceguera espiritual de los fariseos. Esto nos habla de un aspecto fundamental del catecumenado y la vida cristiana: la fe suele ser puesta a prueba, no solo por nuestras propias debilidades, sino también por la incomprensión o el rechazo del entorno.

El gesto de hacer barro nos remite al momento primigenio en que Dios crea a Adán con tierra y agua. Así, se nos presenta al Señor realizando una nueva creación.

El lavado en la piscina es más que un gesto higiénico; es el símbolo del bautismo: en el agua, dejamos atrás las tinieblas y recibimos la luz de la fe. Es allí donde somos iluminados, donde comenzamos una vida nueva como hijos de la luz. El ciego de nacimiento, lavado en Siloé, nos llama a dejar que Jesús nos transforme y a vivir en la luz, testimoniando con valentía haber sido sanados por Él.

Este segundo hito del camino del catecumenado, en el clima cuaresmal, es una invitación a contemplar nuestro propio proceso de fe. ¿En qué momentos hemos experimentado la oscuridad? ¿Cómo hemos recibido la luz de Cristo? ¿Qué dificultades enfrentamos al testimoniar esa luz? El relato nos anima a perseverar, confiando en que la luz de Jesús es más fuerte que cualquier tiniebla. Ser bautizados implica ser iluminados y llamados a testimoniar, aun cuando otros no comprendan. Hoy, renovemos la alegría de nuestro bautismo y recordemos que, como el ciego, fuimos hechos hijos de la luz para caminar y vivir en ella.

Pidamos a Jesús: que nos conceda la humildad y la apertura para reconocer nuestras cegueras y dejarnos iluminar. Renovemos la confianza: en la fuerza de la luz de Cristo, aun en tiempos de dificultad y persecución. Comprometámonos: a testimoniar con alegría y valentía la fe recibida en nuestro bautismo.

Mañana celebramos la memoria del Cura Brochero. Él fue un apasionado apóstol de Jesús predicando los Ejercicios Espirituales a muchos, y promoviendo el desarrollo de sus comunidades. Pidamos la gracia de así amar a Jesús y a su Pueblo.

Que este domingo sea un paso más en nuestro camino cuaresmal, acercándonos a la Pascua como verdaderos hijos de la luz. Dejemos las tinieblas.

Jesús es la Luz.

En la Argentina, la discusión económica suele girar siempre alrededor de las mismas variables: inflación, dólar, ajuste, actividad, tasas de interés. Pero mientras el debate público sigue atrapado en esa coyuntura, debajo de la superficie se está desarrollando un problema mucho más profundo, más silencioso y probablemente más decisivo para el futuro del Estado: la crisis de adecuación entre los sistemas tributarios vigentes y la nueva estructura de la economía.

No es un problema ideológico. Tampoco es una discusión entre más impuestos o menos impuestos. Es un problema estructural de capacidad estatal. En otras palabras: el mundo cambió más rápido que las administraciones tributarias. Y cuando la economía cambia de naturaleza, también cambia la posibilidad real del Estado de identificar, medir y gravar aquello que genera ingresos, valor y acumulación.Ese diagnóstico ya no surge solamente de la academia. En la reunión de administradores tributarios organizada por el CIAT en Montevideo en 2025 se identificaron 120 desafíos y oportunidades para las administraciones fiscales, agrupados en cinco grandes bloques: recursos humanos, tecnología, gestión de riesgos, gestión institucional y sistema tributario. Es decir: los propios organismos recaudadores del mundo ya están admitiendo que el problema excede la evasión tradicional y que compromete el funcionamiento futuro de la recaudación.

Uno de los datos más reveladores aparece en el plano de los recursos humanos. En el bloque específico sobre capital institucional, la principal preocupación fue la pérdida de talento por jubilaciones, salarios poco competitivos, condiciones laborales menos atractivas y cambio generacional. El CIAT la ubicó al tope de ese bloque con una valoración promedio de 8,2. La OECD, por su parte, agregó otro dato igual de elocuente: en promedio, 28% del personal de las administraciones tributarias relevadas ya tiene 55 años o más, lo que anticipa una pérdida adicional de conocimiento acumulado en los próximos años.Esto obliga a reinterpretar algo que muchas veces se presenta como simple “modernización”. La automatización del control tributario no es solo una mejora tecnológica: en buena medida es una respuesta defensiva frente al deterioro del capital humano especializado. A escala internacional, la OECD registra que 72% de las administraciones tributarias ya utiliza inteligencia artificial; sus usos más frecuentes son la detección de evasión y fraude, la evaluación de riesgos y la asistencia virtual al contribuyente. Al mismo tiempo, el organismo aclara que ninguna administración reportó utilizar IA para adoptar decisiones administrativas finales. En paralelo, alrededor de 85% ya dispone de sistemas que detectan automáticamente errores o inconsistencias en los datos provistos por los contribuyentes.Pero la tecnología no resuelve por sí sola el problema central. El verdadero desajuste está en la base económica sobre la cual fue construido el sistema tributario moderno. Durante décadas, los tributos se diseñaron para gravar hechos relativamente visibles y localizables: producción fabril, comercio físico, trabajo asalariado registrado, consumo presencial, patrimonio identificable territorialmente.

Hoy, en cambio, una parte creciente del valor se genera a través de servicios digitales, plataformas, activos intangibles, comercio transfronterizo, trabajo remoto, criptoactivos y esquemas empresariales con localización difusa.Ese corrimiento ya aparece explícitamente en la agenda internacional. En el bloque “sistema tributario” del trabajo del CIAT, los desafíos más relevantes fueron la legislación y gestión de criptoactivos (8,8 puntos), la legislación y supervisión de servicios digitales prestados por no residentes (7,9), las nuevas reglas tributarias internacionales vinculadas a intangibles y planificación global (7,9) y, además, la informalidad y la administración de regímenes simplificados (7,3). La señal es inequívoca: las dificultades centrales ya no están solo en la vieja evasión, sino en la creciente distancia entre normas tributarias pensadas para economías territoriales y una economía que se desmaterializa.Por eso, del lado de las oportunidades, el mismo estudio ubica en el primer lugar la simplificación y modernización de la normativa tributaria y de la comunicación con el contribuyente, con una valoración promedio de 8,4. En paralelo, también aparece como prioridad institucional la confianza de contribuyentes y ciudadanos en la administración tributaria. Esto es clave: cuando la economía se vuelve más compleja y menos observable, la sustentabilidad recaudatoria depende no solo de fiscalizar mejor, sino también de reducir costos de cumplimiento, dar previsibilidad y reconstruir legitimidad.La OECD viene formulando este mismo diagnóstico desde otra perspectiva. Su enfoque de Tax Administration 3.0 parte de una idea sencilla pero disruptiva: la administración tributaria del futuro ya no puede descansar únicamente en controles ex post y declaraciones juradas tradicionales, sino que debe integrarse a los “sistemas naturales” en los que operan empresas y contribuyentes. En otras palabras, la tributación tiende a desplazarse desde el expediente y la inspección hacia el dato, la interoperabilidad y la trazabilidad en tiempo real.Argentina no está fuera de este proceso. Al contrario: ya exhibe varios síntomas de esta transición. La actual ARCA mantiene y actualiza regímenes informativos sobre operaciones financieras, aplica percepciones de IVA sobre servicios digitales, prevé regímenes especiales para operaciones concertadas a través de plataformas digitales, desarrolla esquemas de presentaciones digitales y participa en mecanismos de intercambio internacional de información financiera bajo estándares CRS/FATCA.Todo eso muestra un Estado que intenta ampliar su capacidad de observación a través de datos, interfaces y trazabilidad porque la economía real se le escapa cada vez más por los canales tradicionales.Sin embargo, esa expansión de información no equivale, por sí sola, a una solución estructural. De hecho, en la Argentina convive una mayor densidad de controles digitales con niveles todavía muy elevados de informalidad. En la medición específica difundida por INDEC para el cuarto trimestre de 2024, la tasa de empleo informal alcanzó el 42,0%. Eso sugiere que el problema no pasa solamente por recolectar más datos, sino por la dificultad de gravar de manera consistente una economía crecientemente fragmentada, precarizada y desplazada hacia formas de inserción más difíciles de capturar.Por eso, seguir discutiendo el sistema tributario solo en términos de presión fiscal, alícuotas o incentivos aislados es mirar una parte muy limitada del problema. El interrogante de fondo es otro: si el Estado del siglo XXI puede seguir financiándose con instrumentos diseñados para la economía del siglo XX. Y la respuesta, al menos hoy, no es obvia.La cuestión decisiva no será únicamente cuánto se paga, sino qué se puede gravar, dónde se lo puede gravar y con qué capacidades institucionales se lo puede administrar.Si el valor económico se vuelve más intangible, más móvil y menos territorial; si el empleo se informaliza o se fragmenta; si el conocimiento técnico escasea dentro del propio Estado; y si la legitimidad fiscal se deteriora, entonces la crisis ya no es meramente tributaria: es una crisis de sustentabilidad del financiamiento público.El mundo ya lo está viendo: recaudar dejó de ser sólo un tema de voluntad y pasó a ser un problema de capacidad. Cuando el valor se mueve por lo intangible, lo digital y lo transfronterizo, el Estado no pierde sólo ingresos: pierde trazabilidad y control. Y cuando eso ocurre, el financiamiento público entra en crisis no por una decisión política, sino porque el sistema quedó viejo para la economía real.

Era el corazón del contrato social implícito: podía haber inflación, turbulencia cambiaria o inestabilidad política, pero cuando la producción repuntaba, también lo hacía el empleo.En 2025 esa lógica empezó a fallar de manera visible. La economía mostró señales de crecimiento, pero el mercado laboral no mejoró en la misma dirección. La consecuencia es más que estadística: la macro puede “ordenarse” en algunos indicadores, mientras la vida cotidiana —consumo, ingresos, expectativas— no recupera estabilidad. Y esto no parece un bache de ciclo: tiene rasgos de cambio estructural.

La mejor forma de ver la anomalía es mirar qué está creciendo y qué empleo genera ese crecimiento. El gráfico de “sectores ganadores” (SIPA para empleo formal e INDEC–EMAE para actividad, comparando promedio 2023 vs promedio 2025) deja una conclusión contundente: de los tres sectores que más crecieron, dos incluso redujeron el empleo formal.

El agro aparece como el gran ganador en actividad (+40,9%), pero el empleo formal apenas se mueve (+1,9%). Hasta ahí, podría decirse: “crece, pero contrata poco”. Lo verdaderamente disruptivo está en los otros dos ganadores. Minas y canteras muestran un avance de actividad (+15,0%) y, sin embargo, el empleo formal cae (-3,3%). La intermediación financiera también crece fuerte (+18,7%) y al mismo tiempo reduce empleo formal (-2,0%).

Dicho sin vueltas: dos de los tres motores del crecimiento terminan expulsando trabajadores en lugar de incorporarlos, lo que empuja desempleo abierto y/o desplazamiento hacia informalidad y cuentapropismo precario.Esto no es un “error de medición”. Es una característica del tipo de crecimiento vigente. Los sectores que lideran el repunte son, en general, altamente capitalizados, intensivos en tecnología, con mayor automatización y escalas productivas grandes. Pueden producir más valor agregado con menos mano de obra. En términos simples: la economía puede exportar más, facturar más, acumular divisas e incluso mostrar mejoras macro… sin que eso se traduzca en más empleo formal.La contracara es igual de relevante: los sectores históricamente más “empleadores” —industria, construcción, comercio y servicios asociados al mercado interno— enfrentan un contexto mucho más adverso. Y ahí aparece la asimetría social: los sectores que ganan no necesitan trabajadores; los sectores que emplean masivamente no están ganando. Por eso el crecimiento no “derrama” en empleo, y por eso el bienestar no mejora, aunque la macro muestre alivio.

¿Por qué pasa?Primero, por la propia estructura productiva: el agro moderno no contrata al ritmo que crece su producción porque crece por productividad (tecnología, maquinaria, logística, genética, servicios especializados) más que por incorporación masiva de mano de obra. En minería y energía, la lógica es similar: mucha inversión, mucha escala, mucho capital fijo, pero poca densidad laboral. En finanzas, la digitalización hace el resto: aumenta el volumen de transacciones y la rentabilidad sin necesidad de expandir planteles; incluso puede reducirlos.Segundo, por el entorno macro y de costos. Si el programa económico estabiliza nominalidad, pero deja crédito carísimo, la empresa que duda no contrata: ajusta estructura, terceriza, estira tiempos, automatiza o directamente achica. Si además la competencia importada se vuelve más fuerte —por precios relativos, por apertura o por apreciación real— y la producción local enfrenta costos logísticos, tarifas, presión tributaria y costos laborales en dólares elevados, el resultado es conocido: cae la producción local en rubros sensibles, y cuando cae la producción… cae el empleo. La apertura no es el problema “en sí”; el problema es transitarla sin política productiva, sin financiamiento razonable y sin herramientas para que el entramado local compita y se reconvierta.Tercero, porque el mercado laboral se está reacomodando de forma defensiva. Cuando la economía crece sin empleo asalariado formal, el “ajuste” se manifiesta en una combinación de desempleo, subocupación e informalidad. Puede aumentar el trabajo independiente, pero no necesariamente como elección virtuosa: muchas veces es autoempleo de subsistencia. Eso sostiene una parte de la ocupación estadística, pero no construye estabilidad social ni base fiscal futura.

Este punto es central para entender el riesgo hacia adelante: un programa económico puede bajar la inflación, ordenar las cuentas públicas y mejorar reservas, pero si debilita el mercado laboral, la estabilidad será frágil. Porque el empleo no es una variable más: es el principal organizador social. Sin trabajo formal no hay consumo sostenible, no hay movilidad social, no hay previsibilidad en los hogares y tampoco hay una recaudación robusta a mediano plazo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en la Argentina: la pérdida de empleo asalariado privado y la dificultad para crear puestos formales están dejando como “salida” dominante un mercado laboral más frágil, y con mayor informalidad.En otras palabras: la Argentina puede estabilizar la macroeconomía, pero si no estabiliza el empleo, esa estabilidad no va a ser sostenible. La discusión económica de 2026 y 2027 debería dejar de obsesionarse sólo con “cuánto crece” y empezar a medir “cómo crece” y “a quién incluye”.La nueva vara no puede ser únicamente el promedio del PBI o del EMAE: tiene que ser la elasticidad empleo–producto, es decir, cuántos puestos formales se crean (o se destruyen) por cada punto de actividad y en qué sectores.

¿Dónde debería ponerse el foco?En tres frentes simultáneos. Primero, en una estrategia de inversión que convierta el impulso de los sectores dinámicos (agro, energía/minería, finanzas) en infraestructura, crédito productivo y tecnología aplicada al entramado urbano, que es el que más empleo genera. Segundo, en un esquema de competitividad realista: integración al mundo, sí, pero con condiciones de transición. Eso incluye financiamiento posible para pymes, reducción de costos no salariales que encarecen producir localmente, mejoras logísticas y reglas estables. Tercero, en una agenda laboral y de capital humano: capacitación, reconversión y productividad. La tecnología no va a retroceder; entonces el desafío no es “frenarla”, sino construir empleabilidad y facilitar el pasaje desde sectores que retroceden hacia sectores que crecen, con redes de protección que no condenen a la informalidad permanente.

El dato más inquietante de 2025 no es sólo que “faltó empleo”: es que el crecimiento puede convivir con destrucción de puestos formales en sectores ganadores, como muestra el gráfico (minería y finanzas creciendo con empleo formal en baja). Esa es la señal de época. Y es también el aviso político y económico: si no se corrige el modo en que crece la economía, podemos tener una macro más prolija, pero una sociedad más frágil.

Por eso, la pregunta decisiva ya no es si la Argentina crece. La pregunta es si puede volver a crecer con trabajo, y con trabajo formal. Ese debería ser el norte: no un crecimiento que “cierra” en los promedios, sino un crecimiento que se sostenga en el tiempo porque incluye, integra y reconstruye el tejido productivo que le da estabilidad a los hogares. Si esa brújula no se recupera, el país podrá mostrar números mejores… pero seguirá acumulando una deuda social que, tarde o temprano, vuelve a la economía.

El dólar, mientras tanto, se mantiene estable o sube por debajo de los precios internos. Pero después ocurre lo inevitable: faltan divisas, se deterioran las reservas, aparecen tensiones, se abre la brecha y, tarde o temprano, llega la devaluación. La estabilidad desaparece de golpe.Es tentador atribuir el fenómeno a “mala administración” o a “especulación” según la preferencia política de turno. Pero esa lectura suele fallar en lo más importante: no explica por qué la película se repite incluso cuando cambian gobiernos, ideologías y programas.Para entender el mecanismo hay que mirar una variable menos visible —pero determinante—: el tipo de cambio real, es decir, el precio relativo que define si el país está caro o barato frente al mundo.El concepto clave: el tipo de cambio real y el atraso que se acumulaCuando hablamos del “dólar” en la conversación cotidiana solemos pensar en el tipo de cambio nominal (pesos por dólar). Sin embargo, el dilema argentino no se juega solo ahí. Se juega en el tipo de cambio real (TCR): una medida que compara los precios internos con los precios externos ajustados por el tipo de cambio. En simple, el TCR responde a una pregunta práctica: ¿producir en Argentina resulta caro o barato comparado con el exterior?Cuando los precios internos suben más rápido que el dólar, el TCR se aprecia: el país se encarece en dólares. Importar se vuelve relativamente barato, exportar se vuelve relativamente difícil y la economía empieza a demandar más divisas de las que genera. Por eso, el problema no aparece cuando el dólar sube, sino cuando queda demasiado bajo durante demasiado tiempo. Eso es atraso cambiario: un dólar que no acompaña la inflación y que, por ende, erosiona la competitividad y prepara la próxima corrección.En la práctica, el atraso cambiario funciona como una ilusión de bienestar inmediato. Mejora la sensación de poder de compra internacional, abarata transitoriamente importados y viajes, pero lo hace a costa de debilitar la fuente de divisas que sostiene esa misma normalidad: exportaciones netas, inversión productiva orientada a transables y acumulación de reservas.

Lo que muestra un estudio regional de la CEPALUn trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó el tipo de cambio real de equilibrio para 17 países de la región y encontró un mecanismo recurrente: períodos de apreciación real (sobrevaluación del TCR) que tienden a finalizar en crisis cambiarias con depreciaciones abruptas y costos elevados para la actividad.El aporte del estudio es doble. Primero, pone en evidencia que la apreciación real no es un “capricho local”, sino un fenómeno regional asociado a economías dependientes de divisas (exportaciones concentradas, endeudamiento o capitales financieros) y expuestas a shocks externos. Segundo, muestra que la sobrevaluación del TCR altera incentivos: desplaza recursos desde sectores transables (exportables o sustitutos de importaciones) hacia sectores no transables. Ese corrimiento cambia la rentabilidad relativa, modifica la asignación de inversión y empleo, y reduce la capacidad de generar dólares genuinos cuando más se los necesita.En otras palabras: cuando el país se “abarata” en dólares para consumir, muchas veces se “encarece” para producir y exportar. Esa contradicción puede sostenerse mientras entren dólares; cuando dejan de entrar, el ajuste llega igual, pero suele ser más desordenado y más costoso.

La historia argentina: la misma lógica con distintos nombresLa tablita cambiaria de fines de los años 70, la convertibilidad en los 90, el atraso previo a la crisis de 2018 y otras etapas posteriores siguieron, con diferencias, una lógica similar: usar el tipo de cambio como herramienta de estabilización (o sostenerlo por debajo de la inflación) para moderar precios y expectativas. El efecto inicial fue positivo: inflación a la baja, crédito, consumo y “sensación de normalidad”. El problema apareció después: el país se volvió caro en dólares, la competitividad se deterioró, el déficit externo creció y la sostenibilidad quedó atada a que siguieran entrando dólares (por deuda o capitales). Cuando ese flujo se detuvo, el esquema colapsó y el ajuste llegó de forma traumática.Este repaso importa porque muestra que el atraso cambiario no es un accidente. Suele ser la consecuencia de intentar resolver un problema nominal (inflación) con un precio relativo (el dólar), sin atacar de manera consistente el núcleo fiscal-monetario y sin construir capacidad estructural de generación de divisas. El tipo de cambio puede ayudar a estabilizar, pero difícilmente pueda reemplazar un programa integral.

La singularidad argentina: cuatro rasgos que agravan el patrón regionalArgentina comparte el patrón regional, pero lo amplifica por cuatro rasgos estructurales.Primero, la inflación crónica. Con inflación alta, sostener un dólar “quieto” —o que suba menos que los precios— implica, casi mecánicamente, apreciación real. En este contexto, el atraso cambiario no es una decisión aislada: es el resultado natural de usar el tipo de cambio como ancla sin una desinflación creíble y sostenible.Segundo, el bimonetarismo social. El dólar funciona como reserva de valor y unidad de cuenta para ahorro, inmuebles y expectativas. Esa demanda estructural de divisas hace que la presión cambiaria exista incluso en fases de aparente normalidad. No se trata de una corrida ocasional: es una preferencia arraigada, producto de décadas de pérdida de poder adquisitivo del peso.Tercero, la respuesta institucional típica ante la escasez: controles, segmentación y brecha. En lugar de un ajuste con reglas claras, Argentina suele racionar divisas, multiplicar tipos de cambio y habilitar arbitrajes. Esa dinámica distorsiona precios relativos, castiga exportaciones, incentiva conductas defensivas y termina reduciendo la oferta genuina de dólares, que es lo que se necesita para estabilizar.Cuarto, la fragilidad financiera y el peso de pasivos en moneda dura (públicos y privados). Un ciclo de dólar atrasado suele convivir con endeudamiento externo o con instrumentos indexados. Cuando llega la corrección cambiaria, el servicio de esa deuda se encarece, sube el riesgo país y se estrecha el margen fiscal y financiero. Eso amplifica el carácter recesivo del ajuste.

El ángulo que suele faltar: el impacto fiscal del atraso cambiarioEl atraso cambiario no es solo un problema del sector externo: en Argentina también es un problema fiscal, porque termina afectando la recaudación, el gasto, la deuda y la gobernabilidad del presupuesto. Un tipo de cambio real apreciado puede sostener por un tiempo consumo y “sensación de estabilidad”, pero debilita inversión, producción y empleo formal, y con rezago erosiona bases tributarias como IVA, Ganancias y contribuciones. A la vez, vuelve más volátil la caja del Tesoro al distorsionar exportaciones, liquidación de divisas e ingresos vinculados al comercio exterior, mientras la brecha y los “parches” cambiarios agregan discrecionalidad e incertidumbre. Además, presiona sobre subsidios y tarifas (energía y transporte) y, cuando llega la corrección, el ajuste reaparece por tarifa, impuesto o deuda. En paralelo, una devaluación brusca encarece el financiamiento, empeora la dinámica de la deuda y fuerza decisiones difíciles entre licuar o recomponer ingresos públicos. Finalmente, el golpe se transmite a provincias y municipios vía coparticipación y costos dolarizados, desordenando licitaciones, contratos, redeterminaciones y planificación.En suma: el atraso cambiario no solo prepara una crisis de balanza de pagos; también prepara una crisis presupuestaria, porque erosiona la recaudación futura, agrava subsidios y vuelve más frágil la deuda.Conclusión: el problema no es que el dólar suba; es el dólar que se atrasaLa CEPAL muestra que América Latina atraviesa, con distintos matices, episodios de sobrevaluación del tipo de cambio real que terminan colapsando en crisis. Argentina comparte ese patrón, pero lo vuelve más virulento por una combinación singular: inflación crónica, bimonetarismo social, baja credibilidad y una respuesta institucional basada en segmentación y controles que suele profundizar el problema de fondo.Por eso, la estabilidad cambiaria no se logra con un dólar congelado ni con devaluaciones recurrentes. Se logra con un programa integral que reduzca la nominalidad, acumule reservas y, sobre todo, aumente la generación genuina de divisas.Hasta que esa base no cambie, cada período de calma puede ser apenas la antesala de la próxima corrección.

El caso del acero es  paradigmáticoEn el mercado interno, el kilo de acero producido por Techint, empresa líder en Sudamérica, se comercializa a valores que superan el dólar con treinta centavos en zonas cercanas a los grandes centros de distribución. Pero esa cifra se multiplica cuando la compra se realiza en el interior profundo del país: en ciudades del centro bonaerense, ese mismo kilo puede alcanzar los tres dólares. El contraste es elocuente. *En el mercado internacional, el acero cotiza por debajo de un dólar el kilo.                  *En China, ronda los treinta centavos.La pregunta no es ideológica, es económica y productiva: ¿cómo puede competir una pequeña o mediana empresa argentina cuando su insumo básico cuesta entre cuatro y diez veces más que en los principales países industriales del mundo?Más aún: ¿cómo se explica que un producto terminado, fabricado y mecanizado en China, transportado miles de kilómetros, descargado en un puerto argentino y gravado con impuestos locales, llegue al mercado a un precio inferior al de un producto nacional?

La respuesta no está en la productividad.El trabajador argentino no es menos eficiente ni menos capacitado que el alemán, el norteamericano, el japonés o el chino. Por el contrario, la mano de obra argentina es reconocida y demandada a nivel internacional por su versatilidad, capacidad técnica y adaptación. El problema es estructural y también, geopolítico.Cuando los insumos estratégicos se venden en el mercado interno a valores divorciados del contexto global, la industria nacional queda fuera de competencia antes de comenzar. No hay esfuerzo individual que alcance cuando la ecuación económica está desequilibrada desde el origen.La discusión superficial —reducida a consignas, eslóganes o debates estériles— suele tapar la verdadera cuestión: sin energía accesible, sin acero a precios razonables y sin reglas previsibles, no hay desarrollo posible, no hay entramado pyme sostenible y no hay país federal que resista.El gasoducto no es solo una obra de infraestructura, es una decisión estratégica.Como lo es el modo en que se fijan los precios de los insumos clave para producir.La Argentina enfrenta una disyuntiva clara: seguir exportando materias primas con bajo valor agregado o construir una economía que transforme, industrialice y genere empleo genuino.Para eso, el debate debe correrse del ruido ideológico y concentrarse en lo esencial: producir en la Argentina no puede ser más caro que importar desde el otro lado del mundo.

Desde presentaciones multitudinarias hasta intervenciones cargadas de épica, la imagen construida se apoya en la idea de un dirigente convencido de su propio rumbo. Sin embargo, mientras el relato político se fortalece en el escenario, la economía cotidiana ofrece un contraste más sobrio: comercios que bajan sus persianas, actividad industrial que pierde ritmo y trabajadores que enfrentan un horizonte incierto.

Gobernar exige algo más que convicciones. Supone equilibrar tensiones sociales, sostener el entramado productivo y evitar que la apertura o la presión de los mercados termine debilitando la estructura económica nacional. Allí es donde la teoría se enfrenta con la práctica, y donde los resultados comienzan a ser la medida más concreta de cualquier proyecto.

Algunos observadores interpretan que el mandatario busca demostrar fortaleza y autonomía en cada paso. Otros advierten que esa construcción puede derivar en una narrativa excesivamente personalista, donde la política se acerca al espectáculo y se aleja de la gestión silenciosa que demandan los problemas estructurales.

La historia enseña que el poder no se legitima sólo con discursos ni con gestos simbólicos, sino con realidades palpables en la vida de la sociedad. En definitiva, más allá de las interpretaciones psicológicas o políticas, el desafío sigue siendo el mismo para cualquier administración: transformar expectativas en resultados y épica en bienestar concreto.

En términos de finanzas públicas (y de economía cotidiana), el diagnóstico es claro: Argentina se encareció en dólares para consumir y se encareció en pesos para habitar. No es una frase efectista. Es la fotografía que surge cuando se ponen en diálogo dos datos simples: el precio local de un bien masivo medido en dólares y el peso creciente de la vivienda sobre el salario.

Lo que emerge de esa comparación es incómodo: nos parecemos a un país rico en precios, pero seguimos siendo un país latinoamericano en ingresos. Y esa brecha no es neutra: se traduce en caída de bienestar, frustración, endeudamiento doméstico y un retroceso social silencioso.

Argentina “cara en dólares”: el Big Mac como termómetro del costo de vidaUn ranking internacional difundido en redes ubica a Argentina como el segundo país del mundo con el Big Mac más caro en dólares, a US$ 7,37, apenas por debajo de Suiza (US$ 7,99). En la lista aparecen también economías como Uruguay, Noruega, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

El dato puede parecer anecdótico, pero funciona como un termómetro brutal del costo de vida: si un producto masivo, simple y estandarizado cuesta como en países desarrollados, entonces no estamos frente a un “problema de nicho”, sino frente a un fenómeno general: los precios internos están altos en comparación internacional.

Dicho en criollo: Argentina se volvió un país caro medido en dólares para el consumo cotidiano.Y cuando los precios se “europeizan” pero los salarios no, el efecto no tarda en aparecer: la clase media queda atrapada en un estándar de costos que no puede sostener.

El verdadero derrumbe no está en el promedio: está en el hogarEl segundo dato es todavía más revelador porque mide la angustia real: cuánto del salario se va en vivir.Un gráfico sobre el “Impacto del costo de vivienda en los salarios” entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 muestra una dinámica clave: Salarios registrados: suben a 347 (base 100) y la Inflación general (IPC): sube a 341.Es decir: en promedio, el salario registrado acompaña la inflación general. No la “gana”, pero tampoco queda destruido por el IPC. Sin embargo, el problema —como suele ocurrir en economía real— no está en el promedio. Está en los rubros que determinan el bienestar.Porque, en el mismo período: los alquileres: subieron un 556 y los servicios (luz/gas) un 633.

No es una corrección leve. Es un salto de precios relativos. Mientras el ingreso corre al ritmo del índice general, el costo de sostener el hogar corre casi al doble.Y el dato final es el que explica por qué “no alcanza” aun cuando algunos números macro parezcan ordenarse:La vivienda (alquiler + servicios) pasó de representar 39,9% del salario a 58,6%.En menos de dos años, la clase media pasó de destinar cuatro de cada diez pesos a sostener el hogar, a destinar casi seis de cada diez. Lo que queda para el resto —alimentos, salud, transporte, educación, vestimenta, recreación— empieza a pelear por migajas.

La pinza: consumo caro + vivienda impagableAquí aparece la relación entre ambos datos. El Big Mac caro sugiere un país con precios elevados incluso en bienes masivos.

El costo de vivienda confirma que el gasto fijo más importante del presupuesto familiar se disparó.

Es una pinza perfecta sobre la clase media: precios cotidianos altos, gasto fijo desbordado, y poco margen para absorber shocks.

Cuando la vivienda se lleva cerca del 60% del salario, el resto de la economía doméstica se reorganiza de manera automática: cae el consumo no esencial, desaparece el ahorro, la tarjeta se convierte en “puente” permanente, crecen las cuotas para gastos básicos, se ajusta en salud, educación y movilidad, se posterga mantenimiento de la vivienda y del auto, se vende el “colchón” (ahorros, dólares, activos).La clase media deja de planificar. Empieza a resistir.

Finanzas públicas: cuando el ajuste de los hogares reemplaza al EstadoEsta dinámica tiene una lectura inevitable desde las finanzas públicas. Cuando se encarecen fuerte los componentes esenciales del bienestar (vivienda y servicios), los hogares hacen lo que haría un Estado en crisis: recomponen su presupuesto recortando gasto discrecional, agotando reservas y financiándose con deuda.

Es decir: la clase media vive una suerte de “programa de estabilización” doméstico. Y eso erosiona su rol histórico: el de ser columna vertebral de la economía formal, contribuyente neto, sostén del consumo y base de estabilidad social.

En términos políticos, es una fábrica de malestar. Porque el “orden macro” puede mostrar números consistentes, pero la legitimidad económica no se gana en una planilla: se gana cuando la gente llega a fin de mes.

La nueva pobreza silenciosaEl fenómeno más grave es que no se presenta necesariamente como indigencia, ni siempre aparece de inmediato en las estadísticas. Es una pobreza distinta: pobreza silenciosa por retroceso social.

Es la clase media que: sigue trabajando, sigue pagando impuestos, sigue en blanco, pero ya no sostiene su estándar de vida, pierde previsibilidad, pierde movilidad, y vive bajo la lógica del ajuste permanente.

No es solo menos consumo. Es pérdida de estatus económico y social.

Conclusión: un país inviable para su clase mediaLos dos datos, combinados, muestran una verdad incómoda: Argentina se volvió “Suiza en precios” para el consumo cotidiano y “América Latina en ingresos” para los salarios.

Esa brecha es el núcleo del problema. Y si no se corrige, no hay relato que aguante.

Porque la clase media fue históricamente el estabilizador social: la que ahorra, invierte, estudia, trabaja, paga y empuja.Pero cuando el hogar se vuelve impagable y los precios cotidianos se dolarizan a niveles europeos, esa clase media deja de ser motor y pasa a ser víctima.

Argentina puede ordenar números. Pero si no vuelve viable la vida cotidiana, el ajuste no será una solución: será apenas una forma elegante de empobrecer sin estallar.

La decisión se apoya en una ventana de oportunidad que no pasa desapercibida en los despachos oficiales. La fuerte caída del riesgo país —que perforó el umbral de los 500 puntos— reconfiguró el escenario financiero y volvió a habilitar a provincias y ciudades a tomar deuda en condiciones sensiblemente más favorables que en años anteriores. Menores tasas, plazos más largos y mayor apetito inversor conforman un contexto que el Ejecutivo provincial busca aprovechar.

En ese marco, el gobernador y su ministro de Economía iniciaron gestiones para evaluar líneas de financiamiento externo, con la premisa de que los recursos corrientes no alcanzarán para sostener, al mismo tiempo, el funcionamiento del Estado y un plan de obra pública de impacto estructural. La apuesta es clara: sin financiamiento, la gestión corre el riesgo de atravesar su mandato sin dejar un hecho transformador visible.

Un mapa provincial tensionado por los vencimientosEl movimiento de Entre Ríos se inscribe en una dinámica más amplia. Trece provincias argentinas arrastran deuda internacional y deberán afrontar vencimientos significativos en 2026. En conjunto, los estados provinciales acumulan depósitos en dólares por unos 1.500 millones, frente a compromisos que superan los 2.400 millones, lo que revela una cobertura promedio cercana al 60%. El resto deberá buscar dólares por otras vías.En los últimos meses, varias jurisdicciones ya salieron al mercado internacional: Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe concretaron emisiones durante 2025, mientras que Chubut y Entre Ríos analizan hacerlo en el corto plazo. El patrón se repite: aprovechar el descenso del riesgo país para refinanciar pasivos o conseguir fondos frescos antes de que el ciclo vuelva a endurecerse.

No todas las provincias parten del mismo lugar. Algunas cuentan con depósitos que cubren holgadamente sus vencimientos, mientras que otras presentan ratios muy bajos y dependen casi por completo de nuevas emisiones o de ingresos futuros. En ciertos casos, la garantía de regalías hidrocarburíferas amortigua el riesgo; en otros, la presión financiera es más directa.

Una estrategia con mirada de futuroPara Entre Ríos, el debate excede la contabilidad. El acceso al crédito aparece como una herramienta política y de gestión: sin obras relevantes, el paso por la gobernación corre el riesgo de diluirse en la administración de la escasez. Con financiamiento, en cambio, se abre la posibilidad de infraestructura que impacte en agua, rutas, energía o desarrollo productivo.

El desafío no es menor. Endeudarse implica asumir compromisos a largo plazo en un contexto económico todavía frágil. Pero también supone una decisión estratégica: usar el momento financiero para invertir hoy, cuando las condiciones lo permiten, y no resignarse a una gestión atada exclusivamente a ingresos que no alcanzan.