Más de 30 millones de personas podrían caer nuevamente en la pobreza como consecuencia directa de la guerra en Irán, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que advierte sobre un impacto global que ya comienza a sentirse en distintos sectores clave.Entre los factores más críticos aparecen las interrupciones en el suministro de combustible y fertilizantes, en un momento sensible para la producción agrícola mundial. La situación se ve agravada por las restricciones en el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula una porción significativa del comercio internacional.El responsable de desarrollo de la ONU, Alexander De Croo, señaló que la escasez de fertilizantes ya está afectando la productividad y anticipó consecuencias en las próximas cosechas. “La inseguridad alimentaria alcanzará su punto más alto en los próximos meses”, advirtió.A esto se suman otros efectos en cadena, como la caída de las remesas y dificultades en el acceso a la energía. Según el funcionario, incluso un eventual cese inmediato del conflicto no evitaría el daño ya generado: “Los efectos están en marcha y empujarán a millones a la pobreza”.Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa Mundial de Alimentos coinciden en que el conflicto presionará al alza los precios de los alimentos, profundizando la vulnerabilidad de amplios sectores. Se estima que la crisis ya impactó entre el 0,5% y el 0,8% del Producto Bruto mundial.El escenario también tensiona la asistencia humanitaria, con menos recursos disponibles frente a necesidades crecientes en regiones ya golpeadas por conflictos, como Sudán, Gaza y Ucrania.En paralelo, la situación en el estrecho de Ormuz suma preocupación. En los últimos días se registraron ataques a embarcaciones y la incautación de buques, en un contexto de máxima tensión entre Irán y Estados Unidos. Según reportes internacionales, una nave comercial fue atacada sin previo aviso en el Golfo de Omán, lo que dejó daños materiales, aunque sin víctimas.La combinación de conflicto bélico, presión sobre rutas comerciales estratégicas y efectos económicos globales configura un escenario de alta incertidumbre, con consecuencias que trascienden la región y golpean especialmente a las poblaciones más vulnerables del mundo. 

 Los rebeldes hutíes de Yemen han confiscado equipos de telecomunicaciones y vehículos pertenecientes a oficinas desocupadas de las Naciones Unidas en Saná, según confirmó la organización este viernes. La acción, que se suma a una serie de restricciones impuestas por el grupo respaldado por Irán, amenaza con agravar el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, donde reside la mayor parte de la población yemení en situación precaria.El jueves, miembros de los hutíes ingresaron en al menos seis oficinas de la ONU en la capital y trasladaron la mayor parte del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos a un lugar no revelado. La ONU afirmó que no recibió explicación alguna sobre el retiro de estos activos esenciales, que habían sido introducidos en Yemen cumpliendo los protocolos locales y con el permiso correspondiente. Julien Harneis, coordinador residente y humanitario para Yemen, señaló que las medidas se realizaron sin diálogo previo, lo que impidió alcanzar acuerdos para garantizar la continuidad de la asistencia.Las restricciones no se limitan al decomiso de bienes. Desde hace más de un mes, los hutíes han impedido la operación de vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS) hacia Saná, y por más de cuatro meses hacia la provincia de Mareb, controlada por el gobierno reconocido internacionalmente. Estos vuelos constituyen el único medio para que organizaciones internacionales ingresen o salgan de las zonas hutíes y mantengan sus operaciones de ayuda.La situación se produce en un contexto de creciente represión: la ONU informó que los hutíes han intensificado sus acciones contra agencias humanitarias y han detenido a decenas de empleados, bajo acusaciones de espionaje para Israel, sin presentar pruebas. Setenta y tres miembros del personal de la ONU y trabajadores de otras organizaciones civiles han sido privados de libertad en los últimos años, limitando severamente la distribución de asistencia en áreas que concentran cerca del 70% de las necesidades humanitarias del país.Como consecuencia de las dificultades crecientes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció la terminación de los contratos de sus 365 empleados en las zonas bajo control hutí, alegando problemas de financiación y un entorno inseguro para su personal. El cierre de estas operaciones representa un golpe significativo en un país donde, según datos de la ONU, 19,5 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2025.En noviembre, el PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificaron a Yemen como uno de los países con riesgo inminente de hambruna catastrófica. La confiscación de activos y la suspensión de vuelos humanitarios ocurren en un momento en que las necesidades en las áreas controladas por los hutíes están en aumento, lo que, según la ONU, agravará aún más la situación humanitaria y dificultará la entrega de ayuda esencial a la población afectada. (Con información de AP y AFP)

 Por Facundo Chaves - El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldó de manera explícita la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano para extraer y poner a disposición de la Justicia al ex dictador Nicolás Maduro, detenido por cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. En la misma intervención, el diplomático argentino exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el ocho de diciembre de 2024 en un centro clandestino de detención controlado por la narcodictadura venezolana.La definición fue formulada durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada para analizar la situación en Venezuela tras la detención de Maduro. El Consejo, órgano central del sistema de Naciones Unidas junto con la Asamblea General, dedicó la sesión a evaluar el nuevo escenario político, institucional y de seguridad regional posterior a la captura del ex dictador, quien ya fue trasladado a Estados Unidos y compareció ante la Justicia federal de ese país.Desde el inicio de su exposición, Tropepi estableció el posicionamiento del Gobierno argentino. En un pasaje central de su discurso, afirmó: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”. Esta cita condensó la postura argentina: respaldo político a la operación militar, definición de Maduro como dictador y encuadre del régimen dentro de la lógica del narcoterrorismo.El embajador no presentó la detención de Maduro como un hecho aislado ni como un episodio exclusivamente venezolano. La inscribió en una caracterización histórica del poder en Venezuela, recordando que la narcodictadura se encuentra en el poder desde 1999, instaurada por Hugo Chávez y continuada por Maduro tras la muerte de Chávez. Según la posición argentina, se trata de un régimen que, durante más de veinticinco años, combinó el control autoritario del Estado con la consolidación de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito, utilizando recursos públicos y las instituciones estatales para garantizar impunidad y expansión.En ese marco, Tropepi definió a Maduro como el líder operativo de una estructura criminal. Al referirse al Cartel de los Soles, remarcó que la decisión argentina de declararlo organización terrorista en 2025 formó parte de una estrategia jurídica y política orientada a reconocer la naturaleza del régimen venezolano como narcodictadura. La mención al Tren de Aragua subrayó la articulación entre el poder político venezolano y organizaciones criminales con proyección transnacional.El embajador sostuvo que la narcodictadura venezolana no representó únicamente una amenaza para su propia población. Enumeró como rasgos centrales del régimen la violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción de las instituciones democráticas y la apropiación de los recursos nacionales, poniendo especial énfasis en la dimensión regional del problema. Según explicó, desde Caracas se impulsaron y protegieron redes de narcotráfico y crimen organizado que afectaron directamente la seguridad de otros Estados y contribuyeron a la inestabilidad regional.Tropepi vinculó ese diagnóstico con las consecuencias sociales y humanitarias acumuladas durante más de dos décadas de chavismo. Señaló que la narcodictadura iniciada en 1999 hundió al pueblo venezolano en la pobreza y provocó un éxodo masivo de millones de personas obligadas a abandonar su país. Ese desplazamiento fue presentado como consecuencia directa del colapso institucional generado por el régimen y como un indicador objetivo de su fracaso estructural.Un eje central de la exposición estuvo dedicado a explicar la posición argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese punto, Tropepi incorporó una segunda cita textual para dejar constancia de la continuidad y coherencia de la política exterior argentina: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.

El embajador detalló decisiones concretas adoptadas por el Estado argentino. Recordó que, en marzo de 2024, la Argentina otorgó asilo diplomático a seis dirigentes opositores venezolanos, en un contexto internacional marcado por la prudencia y, en varios casos, por la ambigüedad de otros gobiernos. Esa decisión implicó asumir riesgos políticos y operativos significativos para la representación diplomática argentina en Caracas.Tropepi señaló que, tras el desconocimiento argentino de los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 —calificadas como fraudulentas— y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, la Argentina fue expulsada de Venezuela. Añadió que la embajada argentina, donde permanecían los asilados, fue sometida a un asedio permanente por parte del régimen. Pese a ese escenario, Buenos Aires mantuvo su decisión de continuar denunciando la situación venezolana y de actuar en todos los foros internacionales disponibles.El embajador recordó también que la Argentina ya había llevado la cuestión venezolana al Consejo de Seguridad anteriormente. El 23 de diciembre pasado, el país expresó su profunda preocupación por el deterioro institucional y humanitario y advirtió que los efectos de la crisis venezolana trascendían el ámbito interno, repercutiendo negativamente en la estabilidad regional y constituyendo una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio.Con la detención de Maduro consumada, Tropepi se refirió al nuevo escenario judicial abierto en Estados Unidos. Señaló que el ex dictador venezolano ya compareció ante un tribunal federal de Nueva York, designó abogado defensor y se declaró inocente de los cargos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo transnacional. Esta referencia buscó contrastar el funcionamiento de un sistema judicial con garantías procesales con las prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos que caracterizaron a la narcodictadura venezolana durante más de veinticinco años.El diplomático argentino sostuvo que el nuevo escenario plantea dos desafíos centrales para la comunidad internacional: acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en la región. Frente a ese proceso, aseguró que la Argentina está lista para colaborar, reafirmando su compromiso con el retorno pleno de la institucionalidad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano.El tercer eje de la intervención estuvo dedicado de manera exclusiva al reclamo argentino por la situación de Nahuel Gallo. En ese tramo final, Tropepi incorporó la tercera cita textual que la delegación argentina dejó asentada en actas del Consejo de Seguridad: “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.El embajador recordó que Gallo se encuentra en situación de desaparición forzada desde el ocho de diciembre de 2024, tras haber sido secuestrado por el régimen narcoterrorista y trasladado a un centro clandestino de detención. El pedido fue formulado en términos precisos y apoyado en el derecho internacional de los derechos humanos, sin apelaciones genéricas ni formulaciones ambiguas.Al plantear el caso ante el Consejo de Seguridad, la Argentina inscribió la situación del gendarme en el nuevo contexto político abierto tras la caída del ex dictador y la estableció como una obligación inmediata para cualquier autoridad que administre la transición. La liberación de Gallo fue presentada como una señal concreta de ruptura con las prácticas de la narcodictadura instaurada en 1999 y sostenida durante más de dos décadas.La intervención de Tropepi avanzó de manera lineal, con un hilo argumental continuo. El embajador argentino respaldó la operación militar que permitió detener al ex dictador venezolano, reafirmó la caracterización del régimen como una narcodictadura asociada al narcotráfico y al terrorismo transnacional, destacó la coherencia de la política exterior argentina desde la asunción de Milei y trasladó al centro del debate internacional un reclamo concreto vinculado a un ciudadano argentino.En una sesión del Consejo de Seguridad convocada para analizar la situación de Venezuela, la Argentina dejó asentada una posición clara: el nuevo escenario abierto tras la detención de Nicolás Maduro exige responsabilidades judiciales, definiciones políticas precisas y decisiones inmediatas. Entre ellas, la exigencia de que la transición venezolana comience con un gesto concreto y verificable: la liberación inmediata de Nahuel Gallo y su retorno seguro a la Argentina.

 Naciones Unidas ha afirmado que la sentencia dictada contra la ex primera ministra bangladeshí Sheij Hasina por la muerte de 1.400 personas durante las manifestaciones antigubernamentales entre julio y agosto de 2024 supone “un momento importante para las víctimas”, si bien ha criticado que el tribunal haya dictado la pena de muerte contra ella por este caso.La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha indicado que la sentencia del Tribunal para Crímenes Internacionales contra Hasina y el exministro del Interior Asaduzaman Jan Kamal por crímenes contra la humanidad “es un momento importante para las víctimas de las graves violaciones durante la represión de las protestas del año pasado”.“Lamentamos la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias”, ha sostenido, antes de resaltar que la oficina ha pedido en varias ocasiones que los acusados “rindan cuentas en línea con los estándares internacionales” y que “las víctimas tengan acceso a medidas efectivas de remedio y reparación”.“Si bien no estuvimos presentes en el desarrollo de este juicio, hemos defendido sistemáticamente que todos los procesos de rendición de cuentas, en especial los relacionados con crímenes internacionales, cumplan sin excepción con las normas internacionales de debido proceso y juicio justo”, ha recalcado.Así, ha manifestado que “esto es particularmente importante cuando, como en este caso, los juicios se han celebrado en ausencia del acusado y han derivado en una condena a muerte”, al tiempo que ha afirmado que el jefe de la oficina, Volker Turk, “espera que Bangladesh avance en un proceso exhaustivo de verdad, reparación y justicia como camino hacia una reconciliación y sanación nacional”.“Esto debe incluir una reforma significativa y transformadora del aparato de seguridad, en respeto de las normas internacionales, para garantizar que estas violaciones y abusos no se repitan jamás”, ha señalado Shamdasani, quien ha expresado la disponibilidad de la oficina para apoyar a Bangladesh en estos esfuerzos y ha hecho un llamamiento a la “calma” y la “contención” tras las sentencias.Manifestantes contrarios a Hasina se enfrentaron con las fuerzas de seguridad tras el veredicto en los casos contra la derrocada primera ministra Sheikh Hasina, luego de que un tribunal bangladesí la condenara a muerte por ordenar la represión violenta de un levantamiento estudiantil el año anterior. El veredicto fue dictado por el juez Golam Mortuza Mozumder ante una sala repleta, mientras se transmitía en directo por la televisión nacional, y precede a las primeras elecciones previstas desde su destitución, programadas para febrero de 2026. Entre los elementos clave de la noticia figuran la gravedad de los cargos, el contexto político caótico actual y las repercusiones sociales inmediatas en el país surasiático de 170 millones de habitantes.Tras las condenas, el Gobierno de Bangladesh ha reclamado nuevamente a India este lunes la extradición de Hasina, huida al país vecino ante la creciente presión y las críticas a su gestión por la dura represión de las manifestaciones, que finalmente provocaron su caída, tras quince años de mandato.

Hasina, para quien la Fiscalía había reclamado la pena de muerte por este caso, ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra. (con información de EP)

Estados Unidos y un grupo de naciones de mayoría árabe y musulmana, entre ellas Egipto, Arabia Saudita y Turquía, solicitaron este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU la pronta aprobación de una resolución presentada por Washington para respaldar el plan de paz impulsado por Donald Trump en la Franja de Gaza.En una declaración conjunta, los países instaron al organismo a proceder “con celeridad” en la adopción del texto, resaltando el apoyo internacional al “Plan Integral para el Fin del Conflicto de Gaza”.Los firmantes —que incluyen a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán y Jordania— subrayaron que el proyecto en discusión ofrece “un camino viable hacia la paz y estabilidad regional”, tanto para israelíes como para palestinos. El comunicado conjunto fue leído en paralelo a los encuentros de alto nivel celebrados durante la semana en Nueva York, en medio de las deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre la crisis prolongada en Gaza.Washington inició la semana anterior las negociaciones entre los quince miembros del Consejo para que respalden formalmente la iniciativa estadounidense. El borrador de resolución, al que accedió la agencia AFP el jueves, prevé la creación de la denominada Junta de Paz, un organismo de gobierno transitorio para Gaza que estaría encabezado en teoría por Trump y que asumiría el mandato hasta finales de 2027.El texto también propone la formación de una “Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés)”, integrada por Estados miembros, en colaboración con Israel, Egipto y efectivos policiales palestinos previamente capacitados, para asegurar la vigilancia de fronteras y la desmilitarización del enclave.A diferencia de borradores anteriores, el nuevo texto menciona la posibilidad de un futuro “Estado palestino”. El comunicado subraya que la iniciativa estadounidense representa un “esfuerzo sincero” por poner fin al conflicto y sentar las bases para la “autodeterminación” del pueblo palestino en el marco de un acuerdo regional.Simultáneamente, Rusia presentó un borrador alternativo de resolución ante los miembros del Consejo. Este documento no contempla la creación inmediata de la Junta de Paz ni la entrada de una fuerza internacional en Gaza. En su propuesta, Rusia da la bienvenida a “la iniciativa que condujo al alto el fuego” y solicita al secretario general de la ONU que identifique y reporte posibles mecanismos de implementación del plan, incluyendo la opción de desplegar fuerzas de estabilización en la franja devastada por el conflicto.La delegación estadounidense en Naciones Unidas advirtió sobre la “fragilidad” del alto el fuego en curso y señaló el jueves “los riesgos de no aprobar el borrador actual”. En una declaración, un portavoz estadounidense sostuvo que “los intentos de sembrar discordia ahora —cuando el acuerdo para esta resolución se está negociando activamente— tienen consecuencias graves, tangibles y completamente evitables para los palestinos en Gaza”, según recogió AFP.Fuentes diplomáticas expresaron que, aun cuando existe consenso sobre los principios generales del plan de paz, persisten interrogantes sobre elementos clave del proyecto de Washington, especialmente en torno a la ausencia de un mecanismo de seguimiento por parte del Consejo de Seguridad, el papel de la Autoridad Palestina y los detalles sobre el mandato de la fuerza de estabilización internacional. (Con información de AFP y EP)

El Gobierno de Javier Milei decidió este miércoles votar en contra de la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que pedía el fin del embargo de Estados Unidos por sobre Cuba. La medida fue votada a favor de 165 países y solo fue rechazado por siete naciones, entre los que está Argentina.De esta manera, el Poder Ejecutivo se alineó nuevamente con el Gobierno de Donald Trump, en una nueva muestra de Javier Milei de respaldo a la potencia occidental. Además, los países que se sumaron al rechazo a esta votación fueron Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.La votación fue celebrada en la sede de Naciones Unidas y allí la gran mayoría de los Estados Miembros reafirmó su respaldo a la demanda histórica presentada por el gobierno cubano para que concluya el embargo económico y comercial que Estados Unidos sostiene desde hace más de seis décadas.Por otro lado, doce países se abstuvieron, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Marruecos y varios Estados europeos del este. La resolución fue defendida como un llamado a poner fin a restricciones comerciales y financieras, que según sus promotores violan principios esenciales del derecho internacional.La resolución bajo el título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” se somete anualmente a consideración de la Asamblea General desde 1992. El texto, presentado por la delegación cubana, reafirma la “igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos” y la observancia de la “libertad de comercio y navegación internacionales”, argumentos reconocidos en instrumentos legales internacionales. Asimismo, expresa inquietud ante legislaciones estadounidenses como la “Ley Helms-Burton”, por su efecto extraterritorial sobre terceros países y su incidencia en las relaciones económicas globales.La resolución insta a todos los Estados miembros a que se abstengan de promulgar y aplicar normativas que contravengan estos principios y exhorta a los gobiernos que aún mantengan esas políticas restrictivas a derogarlas. Además, solicita que el Secretario General de la ONU elabore un informe sobre el cumplimiento de estas medidas y lo presente en el siguiente periodo de sesiones de la Asamblea.El voto contrario de Argentina —hasta 2022 un aliado de Cuba en el rechazo al embargo— marca un giro dentro del escenario diplomático latinoamericano. La modificación en la postura oficial se dio en un contexto donde la casi totalidad del resto de los Estados latinoamericanos mantuvo su respaldo a la resolución presentada por La Habana. Desde la llegada de Javier Milei al poder, se puso en sintonía con la Casa Blanca y comparte las posiciones en política internacional.En ese sentido, hace un año exactamente, el Presidente argentino le pedía la renuncia a la por entonces canciller Diana Mondio luego de que votara a favor de esta resolución, por lo que se opuso a EEUU e Israel, los dos aliados estratégicos que suele mencionar el mandatario. En aquel momento, la votación se realizó con 187 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 1 abstención (Moldavia).Justamente, antes de la salida de Mondino, otro de los funcionarios que había dejado su cargo fue el embajador ante la ONU, Ricardo Lagorio. El diplomático había tenido cortocircuitos con la Casa Rosada cuando Milei viajó a exponer a la Asamblea General y entendió que el diplomático no estaba alineado con la visión geopolítica oficial y fue quien votó a favor de la resolución el año anterior.La versión de los hechos cambiaba según quién la cuente. De un lado explican que Lagorio no tiene potestad de decidir cómo votar y que lo hizo a favor de Cuba por orden de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería, a cargo en ese entonces de Eduardo Bustamente.Por su parte, desde la Casa Rosada sostenían que ni Mondino ni Lagorio preguntaron cómo debía votar la Argentina y una decisión que no vaya en línea con Estados Unidos e Israel es imperdonable para la postura geopolítica que viene cultivando -muy cuidadosa y estratégicamente- el gobierno libertario.Todo terminó con la expulsión de la economista del cargo casi de forma inmediata y fue reemplazada por Gerardo Werthein, quien a su vez renunció la semana pasada tras las elecciones legislativas y el acuerdo con Estados Unidos por el swap de 20.000 millones de dólares. Ahora, la Cancillería está a cargo de Pablo Quirno. Infobae.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que la ONU y sus socios trabajan para atender las necesidades de las personas desplazadas en toda la Franja de Gaza.La OCHA indicó que un equipo realizó evaluaciones de necesidades el miércoles en dos centros colectivos en el barrio de Az Zaitoun, en la Ciudad de Gaza, que albergan a más de 200 familias que regresaron recientemente.“El equipo observó que las condiciones de higiene en estos lugares son extremadamente deficientes, con enfermedades cutáneas generalizadas relacionadas con la falta de agua potable y los sistemas de saneamiento dañados”, indicó la oficina.El comunicado continúa: “En uno de los lugares, los residentes informaron que tuvieron que caminar repetidamente dos kilómetros hasta el punto de agua más cercano debido a la escasez de contenedores”.La OCHA indicó que existe una necesidad urgente de reparar las letrinas y las redes de alcantarillado para evitar fugas y contaminación.Los servicios son casi inexistentes, sin punto médico, equipo de salud móvil ni evaluaciones nutricionales disponibles.Así lo señala otro punto del alarmante mensaje, de acuerdo con la crónica de la agencia de noticias Xinhua. Además, la oficina comunicó que las familias desplazadas en estos sitios reportaron que necesitan urgentemente alimentos, agua potable, artículos de higiene, materiales para reparar la infraestructura de agua y saneamiento, y asistencia en efectivo para comprar ropa de invierno, zapatos, lonas impermeables y utensilios de cocina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el miércoles que su equipo lideró la evacuación médica de 41 pacientes críticos y 145 acompañantes fuera de Gaza, la primera evacuación de este tipo desde el alto el fuego del 10 de octubre.La OMS indicó que todavía hay alrededor de 15.000 pacientes esperando aprobación para recibir atención médica fuera de la franja.Los socios humanitarios informaron que brindaron apoyo de protección entre el sábado y el martes a unas 21.000 personas en comunidades desplazadas y retornadas.Por ejemplo, aproximadamente 3.000 niños y cuidadores en toda Gaza se beneficiaron de primeros auxilios y apoyo psicosocial.Los socios también distribuyeron kits de higiene a más de 30 espacios de aprendizaje temporales en Deir al-Balah y Khan Younis, con 6.800 niños en edad escolar alcanzados hasta el momento.El Programa Mundial de Alimentos informó que el lunes comenzó a distribuir galletas energéticas y barras de dátiles fortificadas a niños en edad escolar en 18 espacios de aprendizaje temporales en Gaza.La OCHA indicó que el martes se descargaron 147 camiones de la ONU y sus socios en los cruces de Kerem Shalom/Karem Abu Salem y Kissufim, y que aproximadamente dos tercios de la carga consistía en ayuda alimentaria.Otros suministros incluían pañales, kits de higiene y lonas para asistencia en refugios de emergencia.También el martes, se recogieron al menos 80 camiones de ayuda coordinados por la ONU en los cruces para su distribución dentro de Gaza.La Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos informó que el miércoles recogió 159.000 litros de diésel de Kerem Shalom/Karem Abu Salem y distribuyó más de 118.000 litros de diésel y más de 1.200 litros de gasolina para operaciones humanitarias críticas.

Doce miembros del personal internacional de Naciones Unidas que estaban retenidos por los rebeldes hutíes en Yemen fueron liberados este miércoles y evacuados por vía aérea desde la capital, Saná, según confirmó el organismo en un comunicado. Otros tres empleados que permanecían bajo arresto dentro del complejo de la ONU recuperaron su libertad de movimiento, aunque sin abandonar aún el país.Pese al avance, Naciones Unidas denunció que 53 de sus trabajadores nacionales siguen “arbitrariamente detenidos” por los insurgentes, que controlan buena parte del norte del país y mantienen un férreo dominio sobre la capital. Los hutíes, un movimiento chií alineado con Irán, acusan a algunos empleados del organismo de “espionaje a favor de Estados Unidos e Israel”, según fuentes de su administración citadas por medios locales.La liberación ocurre tras semanas de negociaciones discretas entre representantes de la ONU y autoridades de facto hutíes. El portavoz del secretario general, António Guterres, señaló que los liberados fueron trasladados en un vuelo humanitario, sin revelar su destino por motivos de seguridad. Entre los detenidos figuraba Peter Hawkins, representante de Unicef en Yemen y uno de los más altos funcionarios de la ONU en el país.El asalto al complejo de Naciones Unidas en Saná, a finales de agosto, marcó una escalada en la tensión entre los hutíes y la comunidad internacional. Ese día, los rebeldes irrumpieron en varias oficinas de agencias humanitarias y arrestaron a una decena de empleados. Días después, amplió su ofensiva con nuevas redadas y detenciones, en una maniobra interpretada por diplomáticos como una muestra de fuerza frente a las presiones occidentales.Desde que los hutíes tomaron Saná en 2014, el conflicto en Yemen se ha convertido en una guerra de múltiples frentes que enfrenta a la facción insurgente, apoyada por Irán, con el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita. La intervención saudí, iniciada en 2015, no logró restaurar el poder del Ejecutivo yemení y derivó en una prolongada catástrofe humanitaria.La ONU estima que el conflicto ha dejado más de 370.000 muertos —en su mayoría por hambre, enfermedades y falta de atención médica— y ha desplazado a millones de personas. La crisis humanitaria sigue siendo una de las más graves del planeta: más del 70% de la población depende de ayuda externa para sobrevivir, y el país sufre brotes recurrentes de cólera y desnutrición infantil.En los últimos meses, los hutíes han intensificado sus acciones militares más allá de Yemen. Desde el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, han lanzado misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo en apoyo declarado al grupo terrorista Hamas, lo que ha motivado represalias de Estados Unidos y el Reino Unido. Washington considera al movimiento una organización terrorista y acusa a Teherán de suministrarle tecnología balística.Las tensiones con la ONU se inscriben en esa dinámica de aislamiento y desafío. En junio, los rebeldes expulsaron a varios trabajadores humanitarios y restringieron severamente las operaciones de ayuda en zonas bajo su control, alegando “injerencia política”. Desde entonces, las agencias internacionales han operado con cautela, temiendo nuevas detenciones o confiscaciones de material.El Gobierno yemení, con sede provisional en Adén, condenó la detención del personal de Naciones Unidas y acusó a los hutíes de “usar a los trabajadores humanitarios como rehenes para obtener concesiones políticas”. La coalición saudí también criticó la pasividad de la comunidad internacional ante lo que calificó de “chantaje sistemático”.En paralelo, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, continúa los esfuerzos diplomáticos para reactivar un proceso de paz que lleva estancado más de un año. Las conversaciones previas entre los hutíes y representantes saudíes, mediadas por Omán, lograron un alto el fuego parcial en 2022, pero no un acuerdo definitivo. La reciente liberación podría abrir una ventana limitada de diálogo, aunque analistas advierten que los hutíes solo ceden bajo presión o cuando buscan mejorar su posición negociadora. “Liberar a parte del personal de la ONU no cambia el hecho de que siguen violando el derecho internacional humanitario”, declaró a Reuters un diplomático occidental con base en Amán.Mientras tanto, la población yemení continúa atrapada en un país fragmentado, con una economía devastada y servicios básicos colapsados. Las agencias de la ONU advierten que, sin un acuerdo político sostenible y garantías de acceso humanitario, la crisis corre el riesgo de enquistarse una década más. Infobae.

Las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán vuelven a entrar en vigor este sábado, tras la decisión del Consejo de Seguridad de rechazar una propuesta de Rusia y China que buscaba prorrogar el plazo para que Teherán cumpliera con sus compromisos nucleares. La propuesta, presentada en la sesión del viernes, fue desestimada por cuatro votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, sin alcanzar así la mayoría necesaria para su aprobación, según informó el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric.Las sanciones —conocidas como mecanismo snapback— han sido impulsadas por Francia, Alemania y Reino Unido (el grupo E3), quienes consideran que Irán ha incumplido los límites sobre su programa nuclear establecidos en el acuerdo firmado en 2015. Este acuerdo había sido abandonado unilateralmente por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán acusa al grupo E3 de no cumplir su parte de los compromisos. Las medidas restrictivas incluyen la limitación en el enriquecimiento de uranio, el control sobre el desarrollo de misiles, la autorización de inspecciones a aviones y barcos iraníes, el congelamiento de activos económicos y prohibiciones de viaje para individuos y entidades del país persa.Las sanciones serán reestablecidas a partir de las 8:01 hora local de Nueva York (12:00 GMT), como detalló Dujarric, en una acción que busca presionar al gobierno iraní para que permita el acceso completo de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reanude las negociaciones nucleares. Barbara Woodward, embajadora británica ante Naciones Unidas, declaró que “estamos listos para continuar las negociaciones con Irán en busca de una solución diplomática que responda a las inquietudes internacionales sobre su programa nuclear”, sugiriendo que, de retomarse el diálogo, se podría revisar la aplicación de las sanciones.La propuesta de Rusia y China aspiraba a extender el régimen del acuerdo nuclear iraní hasta el 18 de abril de 2026, prorrogando así los términos del llamado PAIC, que expira oficialmente el 18 de octubre. Tanto Moscú como Pekín han considerado ilegal la activación del mecanismo snapback y han calificado el proceso impulsado por el grupo E3 de precipitado y contrario a la legalidad internacional.El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Dmitri Poliansky, declaró ante el Consejo de Seguridad que Irán ha actuado “de manera constructiva” con el OIEA, pero denunció lo que calificó como “la política hipócrita de los países occidentales”, priorizando el “torpe chantaje” sobre la diplomacia. Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, catalogó la decisión como “legalmente nula, políticamente imprudente y débil desde el punto de vista del procedimiento”, añadiendo que los inspectores del OIEA permanecen actualmente en el país.Desde Teherán, el gobierno insiste en que las sanciones deberían estar enfocadas en la no proliferación nuclear y militar, no en sanciones económicas, y mantiene que nunca ha buscado desarrollar armamento nuclear. El presidente iraní, en su intervención ante la ONU, afirmó que “Irán nunca ha buscado ni buscará jamás fabricar una bomba atómica. No queremos armas nucleares”.Según datos del informe de junio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Irán produce actualmente 4,8 millones de barriles diarios de crudo, condensados y gas natural, y exporta 2,6 millones de barriles al día, principalmente con destino a China, pese a las restricciones económicas estadounidenses ya vigentes.Francia, Alemania y Reino Unido condicionan el levantamiento futuro de sanciones a tres exigencias: la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos, dar acceso total a los inspectores del OIEA a instalaciones nucleares clave —incluyendo Natanz, Fordo e Isfahán— y establecer un mecanismo verificable sobre las reservas de uranio enriquecido. Según expertos europeos, Irán dispone en la actualidad de unos 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para fabricar entre ocho y diez bombas nucleares.La administración estadounidense solicita que Irán renuncie completamente al enriquecimiento de uranio, cuando el acuerdo de 2015 limitaba este proceso al 3,67%. Estados Unidos e Israel mantienen que el programa nuclear iraní tiene potenciales fines militares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigió en su discurso ante la ONU la reimposición de las sanciones e instó a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante” respecto a las actividades nucleares de Teherán. (Con información de EFE y AFP)

El presidente Javier Milei expuso fuertes críticas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la Asamblea General que celebra de manera anual en Nueva York, y exigió la libertad del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. El mandatario recordó su discurso del año pasado, con cuestionamientos hacia la organización, y pese a que remarcó que cree en el fin original del organismo, pidió rechazar “las extralimitaciones que acompañan a las agendas nobles”. Además, dedicó una parte de su exposición a criticar al gobierno de Nicolás Maduro, al que le exigió la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. No solo cuestionó la situación de Gallo al asegurar que fue víctima de una “desaparición forzosa” sino que pidió “su inmediata liberación”, y lanzó un llamado a la comunidad internacional para que respalde el reclamo “en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”. En el marco de su doceava visita a Estados Unidos, y con motivos de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, el libertario reafirmó que su gestión no acompañará “nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los estados miembro”. “El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de ‘paz sin victoria’, y que se fundaba en la cooperación de los estados nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado”, criticó. Según expuso Milei, “los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el statu quo heredado aunque sea a costa de las consecuencias futuras”. “Incendian el futuro, para mantener caliente el presente”, ponderó al tiempo que subrayó que las condiciones de crecimiento las determina el derecho a la propiedad y el libre mercado.Asimismo, el mandatario rechazó la violación del principio de “la igualdad ante la ley” y la apertura “a la inmigración indiscriminada por razones políticas”, la que calificó de invasión, y responsabilizó a los organismos de cooperación internacional, a la ONU entre ellos, por las problemáticas mencionadas. “Con el correr de los años, esta organización ha ido adquiriendo funciones ajenas a su espíritu fundacional. Ha ido creando una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas”, denunció el libertario, y enumeró: “Así se engrosan las responsabilidades de la ONU y los aportes recibidos por parte de las naciones miembros, y se redujeron los resultados”.Ante la mirada atenta de los jefes de Estado, Milei denunció que “en las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema”, y expuso los “malos resultados” de la agenda 2030. “Es mi deber advertir contra este mal porque en la Argentina lo vivimos hasta su consecuencia natural. Llegamos al final del cómodo camino al que conduce desentenderse del futuro. Venimos de un futuro que, para ustedes, aún no ha terminado de llegar. Y quiero decirles que están a tiempo de evitarlo”, alertó.En otro pasaje de su exposición que duró poco más de 15 minutos, el jefe de Estado destacó su alineamiento con Estados Unidos, específicamente con la administración de Donald Trump, a quien destacó por combatir la inmigración ilegal e impulsar “una limpieza de la captura institucional del Estado americano”.“Este tipo de desafíos que tanto el presidente Trump como yo estamos abordando, tienen un denominador común que todos los países del mundo, e incluso las organizaciones supranacionales, deben enfrentar. Deben encontrar la manera de recuperar un interés por el futuro, y no sucumbir a la tentación de solo atender el presente”, aseveró. Para Milei, “hace falta volver a las bases”, y recuperar la noción de lo prioritario para “hacer lo difícil y correcto, por sobre lo fácil y cómodo”. “Creo que hablo por todos al decir que nos gustaría que la ONU lidere este cambio de paradigma, regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser”, pidió. Luego de hacer públicas sus profundas diferencias, el mandatario contrapropuso cuatro principios que aseguró que permitirán “encauzar” la organización. En primer término pidió que “la misión central de la ONU” sea preservar la paz y la seguridad internacionales, por lo que planteó “lo demás debe concebirse como complementario a ese fin”. “La gestión estratégica de los recursos de esta institución requiere, por lo tanto, apegarse a esas prioridades, no a otras”, especificó.En segundo lugar, planteó que “la ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede, de manera demostrable, las capacidades de acción nacional”, y en los demás casos “devolver” la iniciativa a los Estados.El tercer principio que mencionó el Presidente fue el de “eficiencia institucional” en el que exigió la realización de auditorías, el cierre de programas que definió como “ineficaces”, la consolidación en agencias únicas, y un financiamiento sometido a “resultados verificables”.En último lugar, propuesto el principio de “simplificación y racionalización normativa” que incentive a la cooperación internacional y de lugar al apoyo de iniciativas que “no restrinjan la capacidad de los estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza”.En el tramo final de su disertación, reiteró el reclamo “legítimo e irrenunciable” sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente, e instó a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales. Por su parte, repudió a las expresiones de “violencia fundamentalista”, y pidió a la comunidad internacional la necesidad de fortalecer la cooperación jurídica para condenar a los responsables.Además, denunció que el mundo transita “una escalada inadmisible en la violencia política por parte de la izquierda”. “Es inadmisible recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan, por eso repudiamos enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática”, afirmó. Por último, reiteró su exigencia por la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en la franja de Gaza en manos del grupo Hamas. NA.

 En un sombrío diagnóstico sobre el estado del mundo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró este martes ante la comunidad internacional que en la actualidad “no es el derecho internacional, ni la cooperación, sino las armas las que deciden quién sobrevive”. La afirmación, hecha durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que urgió a actuar contra la agresión rusa, sirvió como un recordatorio del fracaso de los mecanismos multilaterales para garantizar la seguridad global.“El siglo XXI no es muy diferente del pasado. Si una nación quiere la paz, todavía tiene que trabajar en las armas”, dijo Zelensky, comenzando su intervención con un tono que combinaba la advertencia con la frustración. El mandatario, cuyo país sufre una invasión a gran escala desde febrero de 2022, argumentó que la realidad ha obligado a Ucrania y al mundo a aceptar una verdad incómoda: “Nadie más que nosotros mismos puede garantizar la seguridad. Solo alianzas sólidas, solo socios fuertes y solo nuestras propias armas”.La premisa de que la fuerza bruta ha suplantado a la ley internacional fue el hilo conductor de todo su discurso. Zelensky atribuyó esta peligrosa dinámica al “colapso del derecho internacional y la debilidad de las instituciones internacionales”. Para sostener su argumento, presentó un panorama de creciente inseguridad global que va más allá del conflicto en su país.Citó desde el intento de asesinato del presidente estadounidense Donald Trump —a quien, dijo, “solo Dios lo salvó”— hasta el reciente cierre del aeropuerto de Copenhague por drones no identificados, un incidente que, según él, demostró que “las autoridades ni siquiera pudieron decir qué tipo de drones eran, quién los envió o desde dónde”. Esta proliferación de amenazas, acelerada por tecnologías como la inteligencia artificial, ha sumido al mundo en lo que calificó como “la carrera armamentística más destructiva en la historia humana”.“La tecnología de guerra ya no se preocupa por la geografía”, advirtió, subrayando la impotencia de los sistemas de defensa tradicionales. “El mundo se mueve demasiado lento para protegerse a sí mismo, y las armas se mueven rápido”.Zelensky criticó duramente la ineficacia de los organismos internacionales, afirmando que “no existe una sola institución internacional que pueda realmente detener” un acto de agresión. Señaló los conflictos en Palestina, Somalia y Sudán como ejemplos de cómo los pueblos solo reciben “declaraciones y más declaraciones” en lugar de acciones concretas.En este contexto de lo que parece un regreso a la ley del más fuerte, el presidente ucraniano denunció que la guerra en su país continúa porque “Rusia se niega” a un alto el fuego. Alertó sobre los riesgos de una catástrofe en la planta nuclear de Zaporizhzhya, controlada por fuerzas rusas, y condenó el secuestro de miles de niños ucranianos. Frente a esta “locura”, como la calificó, la respuesta internacional ha sido, a su juicio, insuficiente.Si las armas son el lenguaje que decide la supervivencia, Zelensky instó a Occidente a hablar con más contundencia. Argumentó con pragmatismo que “detener a Putin ahora es más barato que tratar de proteger cada puerto, cada barco, cada ciudad” de los drones en el futuro.Advirtió sobre el riesgo de que armas simples, como drones, puedan llegar a portar ojivas nucleares, una posibilidad que haría imposible la seguridad en cualquier lugar.“Si se necesitan armas para hacerlo, si se necesita presión sobre Rusia, entonces debe hacerse, y debe hacerse ahora”, exigió. Su llamado fue un reconocimiento tácito de que, en el escenario que describió, la disuasión militar es la única herramienta viable ante un agresor que no responde a la diplomacia. “Putin seguirá impulsando la guerra hacia adelante, más amplia y más profunda”, pronosticó. “Ucrania es solo la primera”.

Un llamado final a la responsabilidadDirigiéndose específicamente a las naciones que mantienen relaciones comerciales con Moscú, Zelensky les recordó que su inacción tiene consecuencias. “La guerra ya ha alcanzado a demasiada gente como para pretender que no tiene nada que ver contigo”, dijo, colocando a cada país ante una elección binaria: “si ayudas a la paz o continúas comerciando con Rusia y ayudando a Rusia a financiar esta guerra”.Al final, su mensaje resonó como una alerta sobre las implicaciones de vivir en un mundo donde las armas han tomado la delantera. Su conclusión fue un llamado directo a no aceptar pasivamente esta realidad: “Así que no permanezcan en silencio… Por favor, únanse a nosotros en la defensa del derecho y orden internacional. La gente está esperando acción”. Infobae.

Javier Milei y Donald Trump se reunieron en la ONU para cerrar un voluminoso préstamo que permita a la Argentina cancelar su deuda soberana que vence en los próximos quince meses y a su vez fortalecer las reservas del Banco Central.Trump le manifestó su apoyo condicional a Milei durante una reunión de 20 minutos en la ONU.

Y ahora se espera -hoy mismo- un anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, con detalles de la ayuda financiera que se desplegara a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.Antes de llegar a la cita, que inició a las 12.35 hora de Manhattan, Trump posteó una fuerte declaración política a favor de Milei.“El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, sostuvo el presidente de Estados Unidos.

Y remató en su cuenta de Truth Social: “Hemos tenido una relación extraordinaria con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar por su increíble camino hacia el éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!“.

Al concluir el encuentro, que excedió las expectativas del presidente y los integrantes de su Gabinete Nacional, Milei publicó en su cuenta oficial: “Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

Israel lanzó un ataque en Doha, la capital qatarí, el martes, en flagrante violación de la integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional de Qatar, así como del derecho internacional y la Carta de la ONU, socavando flagrantemente los esfuerzos por lograr la paz.China se opone firmemente y condena enérgicamente tal acto, declaró Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas.Qatar, un importante mediador en las negociaciones del alto el fuego en Gaza, ha realizado grandes esfuerzos para promover un alto el fuego y restablecer la paz.La comunidad internacional aprecia enormemente sus esfuerzos, declaró ante el Consejo de Seguridad, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.Estados Unidos presentó una nueva propuesta de alto el fuego y afirmó que Israel la había aceptado.Sin embargo, apenas dos días después, la delegación de Hamás, que estaba discutiendo la propuesta de alto el fuego, fue atacada por Israel, señaló Fu.“Tal acto de mala fe, irresponsabilidad y sabotaje deliberado de las negociaciones es verdaderamente despreciable. China está profundamente preocupada por la posibilidad de que el ataque provoque una mayor escalada de tensiones en la región”, enfatizó el enviado.Este incidente está estrechamente relacionado con la persistente postura sesgada de cierta gran potencia respecto a la cuestión de Oriente Medio. “China desea aconsejar a esta gran potencia que, en aras de la paz y la estabilidad regionales, adopte una postura justa y responsable y desempeñe un papel constructivo junto con la comunidad internacional para promover un alto el fuego y el cese deas hostilidades, así como para aliviar las tensiones en la región”, afirmó.Recurrir a medios militares y al uso indiscriminado de la fuerza no es la solución. Un alto el fuego inmediato es la vía correcta para salvar vidas y traer a los rehenes a casa, afirmó Fu.“China insta enérgicamente a todas las partes implicadas, y en particular a Israel, a que se esfuercen más por aliviar los combates y reanudar las negociaciones, en lugar de lo contrario”, continuó Fu.Israel debe cesar de inmediato todas las operaciones militares en Gaza, cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario como potencia ocupante, restablecer plenamente el acceso humanitario y apoyar las operaciones de socorro de las Naciones Unidas y otras agencias humanitarias, afirmó.El conflicto de Gaza se prolongó durante casi dos años, resultando en una catástrofe humanitaria atroz y sin precedentes.Durante este período, el mundo presenció, una y otra vez, la violación del derecho internacional y el debilitamiento de las normas básicas de las relaciones internacionales.El mundo no puede volver a la ley de la selva y Oriente Medio no puede permanecer en un estado de guerra perpetua, añadió Fu.Como órgano principal para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de salvaguardar el orden internacional y el estado de derecho internacional, así como de promover la paz y la estabilidad regionales. El Consejo está debatiendo actualmente un proyecto de resolución sobre la cuestión humanitaria de Gaza.China apoya al Consejo en la adopción de medidas inmediatas para poner fin a los combates en Gaza y mitigar la catástrofe humanitaria, e insta a los miembros del Consejo y a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para lograrlo, afirmó. NA.

Ambos países presentaron un borrador de resolución en el que proponen transformar la actual misión multinacional en una operación mucho más robusta. Conocida como Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) y dirigida por Kenia, la fuerza ha enfrentado escasez de personal y financiación, avanzando poco en la recuperación de territorios tomados por las bandas y en el control de las principales rutas de tránsito. La misión keniana comenzó en Haití en junio de 2024 con un plan inicial de 2.500 efectivos; sin embargo, la falta de financiamiento ha reducido su despliegue real a menos de 1.000.Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, las pandillas han incrementado su poder: Hoy controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y han expandido sus actividades criminales —saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia las zonas rurales. El país no ha tenido presidente desde aquel magnicidio.El borrador de seis páginas le dio las gracias a Kenia por liderar la misión, pero coincide con la evaluación del secretario general António Guterres, quien en febrero reconoció que la fuerza actual no ha logrado contener la expansión dramática de las pandillas y debe reforzarse de manera urgente.El 28 de agosto, la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, ya había anunciado la intención de Washington de obtener la autorización de la ONU para crear una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas.La propuesta establece que la misión tenga una duración inicial de 12 meses, operando en cooperación con el gobierno haitiano, y que cuente con 5.500 uniformados y 50 civiles, financiados mediante contribuciones voluntarias. El documento, no obstante, no precisa qué países aportarían tropas o policías, ni si Kenia continuaría al frente.El mandato permitiría a los participantes realizar operaciones de inteligencia y acciones dirigidas contra las pandillas, con el objetivo de neutralizarlas, aislarlas y disuadirlas, además de proteger infraestructuras críticas como aeropuertos, puertos, escuelas y hospitales, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití. También respaldarían los esfuerzos contra el tráfico ilícito y desvío de armas.El mandato actual de la fuerza multinacional dirigida por Kenia vence el 2 de octubre, y se prevé que el Consejo de Seguridad someta a votación el proyecto impulsado por Estados Unidos y Panamá hacia finales de mes.Los líderes haitianos han pedido en repetidas ocasiones más apoyo para enfrentar a las bandas que han matado a miles de personas y desplazado a 1,3 millones, incluso solicitando que la fuerza se convierta en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. (Con información de AP)

La decisión responde a la política oficial de reducir la presencia del país en las distintas agencias de Naciones Unidas, como sucedió con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero.

El país no presentará este año su candidatura para integrar el organismo, donde la Argentina tuvo una actuación dilatada tras la recuperación de la democracia.

El Consejo de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en Ginebra, está formado por 47 Estados miembros elegidos directa e individualmente por la mayoría de los 193 Estados de la Asamblea General de Naciones Unidas.Los comicios se celebran todos los años a través de una elección en la que los escaños se distribuyen entre los cinco grupos regionales del organismo. Cada año se renueva un tercio de sus integrantes. La duración de cada mandato es de tres años y solo pueden tener dos consecutivos.

En febrero pasado, el gobierno de Milei había anunciado el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras una medida similar adoptada por Estados Unidos.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió al Consejo de Seguridad autorizar una fuerza internacional para Haití.“Insto al consejo a actuar sin demora ya autorizar una fuerza internacional, apoyada por Naciones Unidas a través de respaldo logístico y operativo, y financiamiento predecible”, afirmó Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Haití.Las medidas de seguridad deben ir acompañadas de una creciente presión contra los que alimentan la violencia en Haití.Esto incluye un embargo de armas en efectivo, así como el aumento de sanciones específicas contra líderes de pandillas, financiadores, traficantes de armas y otras personas conectadas con ellos, dijo Guterres.Dorothy Shea, representante interna de Estados Unidos ante la ONU, indicó que Panamá y su país presentarán un borrador de resolución del Consejo de Seguridad sobre el establecimiento de una “Fuerza de Eliminación de Pandillas” y una Oficina de Apoyo de la ONU.Shea explicó que la Oficina de Apoyo de la ONU garantizaría que la misión tenga a su disposición las herramientas para combatir las pandillas y aseguraría que el Estado haitiano atienda las necesidades básicas de su población.La siguiente fuerza internacional debe ser dotada de territorio, infraestructura segura y complementaria a la policía nacional de Haití.Al mismo tiempo, se requiere un enfoque integral para interrumpir el financiamiento de las pandillas, el tráfico de armas y otros flujos ilícitos que alimentan la inestabilidad, agregó.Actualmente, hay desplegada en Haití una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad dirigida por Kenia, informa la agencia de noticias Xinhua.Aunque la misión es apoyada por el Consejo de Seguridad, no se trata de una operación de la ONU.Aún se desconoce si la Fuerza de Eliminación de Pandillas propuesta reemplazaría a la misión o estaría integrada a partir de ella. NA.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes la “escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de Estados Unidos”, que incluye el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, y exigió el cese de las maniobras.En un comunicado, alertaron sobre el despliegue en el Caribe del “USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana”.“Constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, advirtió, al tiempo que sostuvo que “la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias”.De esta manera, la Misión argumentó que el ingreso de un submarino nuclear a la región vulnera el Tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, en el que se declara a la región como Zonas Libres de Armas Nucleares.Asimismo, resaltó que representa un acto de intimidación que contradice la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de las amenazas y el uso de la fuerza contra la integridad o la independencia, y reiteró su compromiso “con la consecución de un mundo libre de armas nucleares”.Finalmente, llamó al cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el respeto, por parte de los países de la ONU, a los acuerdos y en defensa de la región como Zona de Paz.La Internacional Antifascista, red que reúne a más de 1.500 movimientos sociales, partidos políticos y personalidades de 77 países, denunció el traslado del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y del submarino nuclear USS Newport News a aguas cercanas a Venezuela, calificando la acción como una amenaza contra la paz regional.Según el comunicado difundido en las últimas horas, la operación constituye “una provocación criminal” que expone a América Latina y el Caribe a un riesgo de escalada militar.La organización sostiene que no se trata de una medida de defensa ni de seguridad, sino de una maniobra de intimidación impulsada por Washington.El pronunciamiento asegura que estas acciones buscan distraer la atención internacional de los problemas internos que atraviesa Estados Unidos, aludiendo a casos de corrupción y escándalos judiciales que comprometen a sectores de sus élites políticas y militares.La Internacional Antifascista afirmó que “ningún chantaje nuclear ni despliegue bélico podrá doblegar la dignidad de Venezuela ni de los pueblos latinoamericanos”, y consideró la operación un signo de debilidad estratégica de un imperio en retroceso.En su declaración, la red convocó a movimientos sociales, sindicatos, partidos y organizaciones de todos los continentes a rechazar lo que definió como “un crimen en ciernes”, advirtiendo que una amenaza contra Venezuela constituye también una amenaza para la humanidad.El comunicado concluye que el Caribe no debe convertirse en plataforma de guerra ni territorio de sumisión, sino en espacio de resistencia y dignidad.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura en contra de cualquier forma de intervención de un gobierno extranjero en los asuntos internos de países soberanos, en referencia a las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.“Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, sostuvo la mandataria mexicana durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional.La tensión en el mar Caribe escaló después de que Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, como parte de su estrategia contra los carteles internacionales de la droga, acción que fue rechazada por el Gobierno venezolano, que la califica de “ilegal” y “provocadora”.Al respecto, la presidenta subrayó que México mantendrá una política exterior basada en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, en línea con los principios constitucionales que rigen la diplomacia mexicana.“La política exterior de México dice claramente: no al intervencionismo y (sí) a la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición (…) Puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no”, concluyó Sheinbaum. NA.

Amnistía Internacional se pronunció en contra de que Argentina decline su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y “lamentó” que el presidente Javier Milei “no tenga interés en tener un lugar en esa mesa”.La entidad manifestó en un comunicado que la ONU es una institución central para “promover y proteger” los derechos humanos en el mundo y que la falta de representación de nuestro país implicará “no votar ni presentar resoluciones”, además de no tener poder de decisión, aunque siga igualmente “obligada” por los mecanismos internacionales.

“El Consejo de Derechos Humanos es un foro global para que los gobiernos examinen violaciones de los mismos, creen misiones de investigación y revisen periódicamente la situación de todos los países. Aunque no es perfecto, es clave para exigir a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluso hacia su propia población. Ser parte implica asumir compromisos concretos y someterse al escrutinio internacional”, indicó Amnistía.Asimismo, expresó que la participación de Argentina “es parte de su integración internacional y compromiso con el multilateralismo” dado que fue miembro fundador e integró el Consejo en varios períodos, donde “impulsó resoluciones sobre diversidad y justicia climática” y apoyó misiones de “verificación e investigación como la de Venezuela y Myanmar”.“Su retiro debilita esa tradición y su renuncia a ese rol envía una señal preocupante sobre su voluntad de sostener un compromiso con los derechos de las y los argentinos en el mundo. Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin Argentina, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés en tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”, concluyó la ONG. NA.

La Oficina del Primer Ministro israelí rechazó este viernes un informe respaldado por la ONU que confirma la hambruna en Gaza, calificándolo de “una mentira descarada”.“Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna”, declaró la oficina de Benjamin Netanyahu en un comunicado.Añadió que, desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, Israel permitió la entrada de aproximadamente dos millones de toneladas de ayuda a Gaza, aproximadamente una tonelada por persona.El comunicado añadió que muchos camiones de ayuda fueron saqueados antes de llegar a los puntos de distribución.También acusó a Hamás de robar ayuda humanitaria para financiar su actividad militar.El comunicado indicó que la escasez temporal se resolvió con lanzamientos aéreos, entregas marítimas, rutas de transporte seguras y puntos de distribución operados por empresas estadounidenses.La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una iniciativa multipartita integrada por agencias de la ONU y ONG internacionales, informó el viernes que se confirmó la hambruna en la Gobernación de Gaza, que incluye la Ciudad de Gaza.Además, reveló que más de medio millón de personas en Gaza enfrentan condiciones de hambruna caracterizadas por la inanición, la miseria y la muerte.Añadió que la hambruna identificada inicialmente en la Ciudad de Gaza se está extendiendo hacia el sur, a Deir al-Balah y Khan Younis, según informó la agencia de noticias Xinhua.La evaluación de la CIF proyectó que, para finales de septiembre, más de 640.000 personas, o casi un tercio de la población de Gaza, se enfrentarán a condiciones catastróficas, y otros 1,14 millones de personas se enfrentarán a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria. Según las autoridades sanitarias de Gaza el viernes, 273 personas murieron de hambre y desnutrición en el enclave desde el comienzo de la guerra, incluidos 112 niños. (Noticias Argentinas)

Los Estados miembros de las Naciones Unidas participaron en la Conferencia Internacional de Alto Nivel, del 28 al 30 de julio, en la sede de la ONU en Nueva York. El tema central: la solución pacífica de la cuestión de Palestina y el establecimiento de la solución de dos Estados. En ese contexto, el Observador Permanente de la Santa Sede, monseñor Gabriele Caccia, explicó que "a la luz de la profunda angustia y el terrible sufrimiento humano que azota a la región", la Santa Sede reitera "inequívocamente" su condena al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y al mismo tiempo manifestó estar "profundamente preocupada por el deterioro de la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza"."El terrorismo nunca puede justificarse", argumentó el Observador Permanente. Pero también enfatizó que la legítima defensa debe limitarse a los "límites tradicionales de necesidad y proporcionalidad".Sobre la crisis humanitaria que afecta a la población de la Franja de Gaza, el arzobispo Caccia destacó las atrocidades que siguen afectando a una comunidad ya de por sí angustiada: decenas de niños asesinados y hogares, hospitales y lugares de culto destruidos.Esta situación es "profundamente preocupante dado que los cristianos en la región han desempeñado durante mucho tiempo un papel vital como presencia moderadora y estabilizadora, promoviendo el diálogo y la paz", destacó el Observador Permanente de la Santa Sede.

El único camino hacia una paz duraderaAnte el desplazamiento generalizado de familias, el colapso de servicios críticos, el aumento del hambre y las penurias, el Santo Padre pide urgentemente "un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes, la restitución de los cuerpos de los fallecidos, la protección de todos los civiles palestinos de conformidad con el derecho internacional humanitario y el acceso sin trabas a la asistencia humanitaria".El arzobispo Caccia expresó la firme creencia de la Santa Sede de que la solución de dos Estados, "basada en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, es el único camino viable y equitativo hacia una paz justa y duradera".(AICA)