En una primera etapa alcanzará al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.La medida forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sistema de salud de las Fuerzas, con el objetivo de contar con una cobertura “más eficiente, sostenible y adaptada a sus particularidades operativas y sanitarias. Nuestro compromiso es claro: cuidar a quienes nos cuidan”, dijo el ministerio. Y señaló que “todas las novedades del proceso serán informadas a través de los canales oficiales”.

La medida contra IOSFAEn un movimiento estratégico orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas, el Poder Ejecutivo oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).La medida, tal como lo anticipara la Agencia Noticias Argentinas, fue cristalizada mediante el decreto respectivo y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios. 

El juez del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, Leandro Ríos, resolvió “hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por JLB y ordenar al Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) brinde, la cobertura integral al 70%, sin pago de coseguros ni reintegros…”, de los medicamentos detallados en el amparo, “por día, previa confección de las recetas y formularios por médico de cabecera e inicio del pedido correspondiente por los canales establecidos a tal efecto, y por todo el tiempo que resulte necesario, conforme prescripción médica” y le impuso a la vencida las costas.

La sentencia es una ordenEn la parte resolutiva de la sentencia, el juez dispuso “hacer saber a las partes que constituyendo la sentencia dictada en las acciones de amparo relativas a la cobertura de salud una orden de ejecución en sí misma, en caso de no verificarse el cumplimiento en el plazo otorgado, esta Magistratura dispondrá las medidas conducentes al efectivo cumplimiento de la manda judicial”.

SentenciaRíos ponderó que “no se encuentra controvertido en autos ni la patología que sufre la amparista, ni la indicación de su médico tratante respecto a la prestación requerida a la obra social…” y sostuvo que “en el presente amparo, el problema surge en tanto la amparista solicitó la cobertura al 70% de los medicamentos indicados por su médicos tratantes y la obra social no contestó la solicitud ni la intimación efectuada, limitándose a invocar, al momento de responder, los porcentajes que su Vedemecum reconoce y que a la amparista no ha solicitado las medicaciones por la vía correspondiente”.Así, el juez señaló que “… es dable destacar que la actitud asumida por la demandada no se puede convalidar” y agregó que “la amparista solicitó la cobertura de los medicamentos, fundado en el criterio médico de los profesionales que lo asisten.

Razones burocráticasEl juez entendió que “ninguna duda cabe que la salud de las personas (y ciertamente con ella su vida) no puede ser objeto de menoscabo alguno fundado en razones burocráticas, y en esperas inapropiadas que impidan a la accionante peticionar una debida cobertura al tratamiento prescripto para su atención”.

Así, sostuvo que “en este contexto, la actitud asumida por la demandada, en su informe circunstanciado, exhibe la existencia de trabas burocráticas, lo cual implica, de manera inamisible, que las prestaciones que requiere su afiliada no se logren, no dándose en definitiva respuesta al reclamo impetrado en tiempo y forma (debiendo resguardarse al efecto la salud de la amparista), lo cual sin duda alguna altera, restringe, y lesiona, arbitraria o ilegalmente los derechos de la actora, máxime si se considera que luego de la reforma del año 1994, las disposiciones de nuestra Constitución Nacional se adecuan a las nuevas corrientes de solidaridad de alcance universal, tutelando elementales derechos y garantías, de los cuales la salud y la vida resultan ser supremos bienes protegidos, y con acento en la responsabilidad que le cabe al Estado como objetivo finalista de su acción”.

El amparistaRíos consideró que el amparista “es una persona adulta, de 69 años de edad y que desde el 2018 padece de colangitis biliar primaria” una “patología es crónica e incurable”. Refirió que “sus médicos tratantes indican la utilización de la medicación solicitada para tratar y controlar las patologías señaladas y disminuir la inflamación hepática” y precisó que se cuestionó que la “Obra Social demandada, sin mediar explicación, procedió a reducir de un 70% a un 40% la cobertura otorgada respecto a la medicación indicada, siendo que desde que el año 2018 hasta agosto del año 2025 IOSFA estaba brindando la cobertura del 70% de la medicación para su patología, y a partir del citado mes dejó de hacerlo”. 

Al respecto, Gallegos señaló que la diferencia con respecto al funcionamiento actual del Iosper es que el proyecto cuenta con la posibilidad de que el Gobierno tenga responsabilidad de gestión. Mientras que García hizo encapié en el cambio de cantidad en el Directorio. El próximo miércoles los senadores se reunirán con gremios que forman la Intersindical en defensa al Iosper.En una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Salud Pública y Drogadicción, se abordó la iniciativa que propicia la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) entidad que sucederá al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creado por la Ley Nº 5.480 y sus modificatorias.Primeramente, los presidentes de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Islas del Ibicuy -Juntos por Entre Ríos), de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos) y de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) recibieron de los gremios que conforman la Intersindical en Defensa del Iosper para convocarlos el próximo miércoles a un encuentro con el fin de escuchar sus posturas sobre el proyecto.Luego, los legisladores tuvieron la presencia del interventor del IOSPER, Mariano Gallegos, junto al subinterventor, Ricardo García. Al respecto, Gallego señaló que “el proyecto tiene una diferencia y es la posibilidad del Poder Ejecutivo de tener responsabilidad de gestión, que no ha tenido”, tras lo cual ejemplificó que “muchas provincias del país sí lo tienen”. El interventor manifestó que el fundamento del proyecto es que “la responsabilidad con la salud de los empleados del Estado es del gobernador”. Seguidamente habló de una obra social “verdaderamente en riesgo y el gobernador no puede ser ajeno a ese riesgo”.El abogado dejó en claro que “es una ley continuadora del Iosper”, tras lo cual entendió que las críticas escuchadas “no tienen sustento”. En este sentido apuntó a que el 65% de los trabajadores públicos no están sindicalizados en la provincia lo que “no es un dato menor”, en tanto dos gremios mayoritarios como UPCN y Agmer tendrían representación en el organismo. “La ley viene a modernizar la obra social, es un cambio de paradigma, algo nuevo que va a funcionar diferente y el afiliado va a estar mejor”.Por su parte García puso énfasis en el cambio estructural que contiene el proyecto de ley. “La estructura de siete directores llevó a este desmanejo” indicó, para apuntar a la experiencia y la idoneidad que se necesita para llevar adelante la obra social. Así también puso foco en la transparencia activa que se contempla en la iniciativa.Varios senadores presentes realizaron sus preguntas y se llevó adelante un intercambio de distintos artículos del texto. Asimismo se dialogó sobre los balances de años anteriores del Instituto, amparos, cuestiones de funcionamiento y gestión, y las denuncias realizadas.

Más sobre el proyectoEn los fundamentos se lee que “la iniciativa surge en virtud de las graves falencias detectadas en su funcionamiento y administración. La necesidad de transformación no responde a un capricho político, sino a una profunda y objetiva evaluación de la crítica situación que atraviesa el actual sistema de salud provincial en el ámbito de los trabajadores estatales”.A lo largo de ocho capítulos y 32 artículos se establece el régimen, objetivos y acciones, lo que concierne a patrimonio y recursos, dirección y administración, lo relativo a beneficiarios y fiscalización, un capítulo sobre transparencia activa y demás disposiciones. Se crea la “Obra Social de Entre Ríos” (OSER) como una entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera, con domicilio legal en la ciudad de Paraná, que será continuadora legal y patrimonial del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creado por la Ley Nº 5480 y sus modificatorias, sucediéndolo a título universal en todos sus derechos y obligaciones, incluyendo su patrimonio, personal, afiliados, contratos y fondos existentes. La Obra Social de Entre Ríos se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La OSER tendrá por objeto organizar y administrar un sistema de atención médica para sus afiliados y efectuar por sí o por intermedio de terceros, prestaciones asistenciales, de conformidad con las disposiciones de esta ley y reglamentaciones que se dicten.Del encuentro fueron parte los senadores Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná-Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador -Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos) Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos).

El gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso y el interventor del IOSPER, Mariano Gallego, brindaron una conferencia de prensa para denunciar sobreprecio en los medicamentos y realizar la presentación del proyecto de ley para reformar la obra social provincial.

“Cada baldosa que pisamos en el IOSPER enseña nuevas muestras de desidia y corrupción”, comenzó diciendo el mandatario y confirmó que “enviamos al Tribunal de Cuentas una nueva denuncia. La administración anterior pagaba grandes sobreprecios de los medicamentos de alto costo”.

Tras auditar el segundo semestre del año pasado y tomando las 30 principales drogas de mayor uso compradas, “se llegó a la conclusión que se habrían ahorrado más de 1.800 millones de pesos tomando el nuevo esquema de descuentos” desarrollado por la actual intervención.“Dicho de otra forma, comprobamos que se gastaban 1.800 millones de pesos de más y sólo se comparó una muestra representativa, por lo que estamos seguros que el ahorro sería mucho mayor si se toman otros períodos”, acotó.

Para dar una dimensión de la suma de dinero, Frigerio explicó que “esos 1800 millones equivalen a cinco meses del pago de cuidadores domiciliarios o a un mes del pago de todos los médicos”.“No sabemos si esto fue un acto de impericia a la hora de negociar o la voluntad consciente de unos vivos de llevarse lo que no les corresponde, lo dirá la justicia. Esos enormes sobreprecios en los medicamentos terminaban pagándose con los recursos de todos los entrerrianos y eso engrosaba el déficit enorme que encontró la intervención cuando llegó”, dijo el Gobernador.

Tras ello, remarcó que “sospechamos que no solamente es impericia lo que encontró la intervención porque durante todo el año pasado hasta el momento que se decidió la intervención, la comisión fiscalizadora le pidió al anterior directorio el contrato de medicamentos y nunca lo entregó”.

“Este hecho se suma a muchos hechos que viene encontrando la intervención del IOSPER, como el tema de las prótesis, y la sobrefacturación en muchos servicios para los afiliados, al igual que el plus que tenían que pagar y que por suerte dejo de existir”, mencionó. 

Creación de OSERPor otra parte, Frigerio anunció que enviará a la legislatura entrerriana un proyecto de ley que “permitirá cortar de raíz estos vicios y garantizar para siempre una administración responsable, transparente y eficiente de los recursos de nuestra obra social”.Se trata del proyecto de ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para reemplazar al IOSPER.“La intervención nos permitió empezar a desmalezar el instituto, ordenar las cuentas y frenar la corrupción y frenar el deterioro de un servicio esencial para 300.000 afiliados, pero es transitoria, es necesaria pero no definitiva y por eso proponemos la creación de una nueva entidad que se va a discutir por ley en la legislatura y esperamos contar con el apoyo de las cámaras”, afirmó el mandatario.Características de la nueva obra socialSegún adelantó el Gobernador, la nueva obra social de la provincia tendrá:-Un esquema de conducción profesional, “con gente idónea, ágil y moderno”-Un directorio reducido “que va a respetar la representación de los trabajadores”-Se van a fijar límites a las remuneraciones de las autoridades del directorio-Se deberán publicar los contratos y estados contables-Habrá un techo a los gastos operativos y auditorías reguilares- “Los afiliados serán el principal órgano de control de su obra social”, aseveró Frigerio.

Directorio y orgánicaConsultado sobre las personas que formaban parte del Directorio del Iosper, el gobernador sostuvo que “no sé, volverán a trabajar a sus respectivas áreas de gestión. Imagino que, si son representantes de un gremio, es porque trabajaban en algún área del Estado. Es notoria la preocupación por un directorio, que como dije, ganaban hasta 16 millones de pesos”, remarcó.Por otra parte, se preguntó al mandatario provincial sobre la representación que van a tener los trabajadores en la obra social y Frigerio sostuvo que “va a seguir habiendo representación de los trabajadores, porque nos parece importante que exista ese control por parte de los representantes de los afiliados”, anticipó y agregó que “va a haber una conducción colegiada, donde van a coexistir profesionales y representantes de los trabajadores. Esa es la esencia del proyecto y se propone un directorio mucho más reducido que el anterior, que sea de gestión profesional y con una transparencia que no existía”, sostuvo el Gobernador.“Durante todo el primer año de gestión, intenté de todas maneras que me enviaran información para tomar definiciones sobre el deterioro evidente en la prestación del servicio de salud para los afiliados y no me respondían. La decisión de la intervención, tenía que ver con eso: con en nulo acceso a la información que tiene que ser pública para todos los afiliados y todos los entrerrianos”, recordó Frigerio.En referencia a la reestructuración de la obra social, Frigerio adelantó que “va a haber un cambio en la carta orgánica de la obra social, pero no necesariamente, eso se relaciona con una reducción en los puestos de trabajo, ya que la intervención ya hizo ese análisis, se encontró trabajadores que no iban a trabajar, encontró trabajadores que ni siquiera vivían en la provincia o en el país, y por supuesto, ya se sacaron de la obra social”, afirmó.

IrregularidadesAl mencionar sobre las irregularidades detectadas, el gobernador dijo a Elonce que “cuando encontramos un hecho de corrupción, lo elevamos, en el caso de la obra social, primero a la Comisión Fiscalizadora, quien lo envía al Tribunal de Cuentas y el órgano determina si hay un hecho que es necesario que sea investigado por el Ministerio Público Fiscal. Todo lo que se ha encontrado, ha seguido ese mecanismo, porque es la Justicia quien debe determinar hechos de corrupción, en los que si algunos vivos, se llevaban los recursos de la Salud”, remarcó el gobernador.“Esperamos que el proyecto se pueda aprobar cuanto antes y que los entrerrianos, dejemos atrás, una historia triste de la obra social, de falta de transparencia y de incapacidad en la gestión; para empezar una nueva historia”, afirmó Frigerio y agregó que “estamos convencidos en seguir este camino que es mejor”, subrayó el gobernador.

Entrega de prótesisEl interventor Mariano Gallegos explicó que “estimamos que el Iosper, va a entregar todas las prótesis que deba y será antes del 30 de junio, pero se debe coordinar con ACLER, ya que demanda un trabajo que implica las intervenciones, las internaciones, etc.”, dijo y afirmó: “la situación se va a regularizar en las próximas semanas”. 

Su historia comienza en 2020 con el diagnóstico de un cáncer en el intestino. En ese momento, tuvo que someterse a quimioterapia y radioterapia, pero ya entonces enfrentó los primeros obstáculos administrativos: la obra social se negaba a autorizar los rayos necesarios para su tratamiento. Fue solo gracias a un recurso de amparo y la intervención de un abogado que pudo acceder a la atención que necesitaba.En 2023, la enfermedad regresó, esta vez en el colon. Nuevamente, su obra social le negó la cobertura, obligándolo a iniciar otro proceso legal con la ayuda del abogado Joel Clapier, de Concepción del Uruguay. Finalmente, logró acceder a la atención médica, pero tuvo que ser sometido a una colostomía permanente.Ahora, en 2025, la historia se repite con una gravedad aún mayor. El pasado 20 de enero le diagnosticaron un pequeño tumor en la zona del presacro. Su cirujano en el Sanatorio Colegial de Buenos Aires le indicó que era necesario internarlo para realizar estudios y luego proceder con la cirugía. Sin embargo, la obra social retrasó la autorización, exigiendo que el médico especificara qué tipo de cirugía realizaría antes de los estudios previos. La solicitud fue rechazada tres veces, lo que lo obligó, una vez más, a acudir a la Justicia. Finalmente, tras una medida cautelar, obtuvo la autorización para realizarse los estudios.Lamentablemente, el tiempo perdido tuvo consecuencias devastadoras. El tumor creció considerablemente y ahora compromete la zona de la próstata, lo que ha obligado a los médicos a suspender la cirugía. Miguel está en Buenos Aires a la espera de una punción que permita determinar si es posible extirpar el tumor. Mientras tanto, su madre, quien dejó de trabajar para acompañarlo, es su único sostén en esta lucha.Ante esta situación crítica, Miguel ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad. Quienes deseen colaborar con los gastos que afronta pueden comunicarse al teléfono 3454114917.

El Gobierno inició un proceso de intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la tercera más grande del país. La “falta de documentación” presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud llevó a tomar la decisión, pero el tamaño de sus deudas, que superan los $40.000 millones, pese a los $26.000 millones que recibió del Estado, generó sospechas en el Ejecutivo sobre el uso de esos fondos públicos.

En paralelo, según informó La Nación, el 90% de los prestadores que la entidad informa aseguraron que no tienen convenio con ella, según confirmaron desde uno de los despachos oficiales.

Mediante la resolución 1612/2024 la Superintendencia de Servicios de Salud comunicó la intervención de Osprera y designó a una administradora provisoria. Pero lo más llamativo de esta medida se encuentra en los considerandos y en el modo en que el Gobierno justificó esta decisión que configura una jugada fuerte en el mundo de las obras sociales: “Que la Ley Nº 23.660 en su artículo 27 inciso 3° establece que para el cumplimiento de sus fines, esta Superintendencia tendrá -entre otras atribuciones- la de proponer al Poder Ejecutivo la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento”.

Para el Gobierno existen “serias dudas” sobre el manejo de los fondos millonarios que habría realizado Osprera, una obra social con casi 700.000 afiliados. Describen a la entidad como una organización “quebrada” pese a las transferencias que recibió del Estado. En total recibió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, tal como describe la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Desde el área de salud indicaron que Osprera “nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances”. Eso fue lo que dio inicio a las auditorías que derivaron en la intervención. De acuerdo a la información relevada, una parte de la deuda prestacional de la obra social, unos $1500 millones, tiene como contraparte a hospitales públicos descentralizados.

El resto del dinero, más de $40.000 millones, son pagos que aún aguardan recibir prestadores privados. Vinculado a esto, las auditorías impulsadas por el Gobierno detectaron que, de todos los prestadores que la obra social informó tener, “el 90% dijo que no tenían convenio” con ella.

La resolución publicada en el Boletín Oficial incluyó un indicio sobre este dato: “Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica”.

A propósito de los $26.090 millones que recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que Osprera había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social. A su vez, entre mayo de 2020 y mayo de 2024 Osprera percibió $22.740 millones del Fondo Solidario de Redistribución.

“Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en Osprera ha sido la falta de satisfacción de los afiliados”, señala la resolución del Gobierno. En ese sentido, existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, “referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”.

De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud intenta transmitir una señal al mundo de la salud privada con la intervención de la tercera obra social más importante del país. “Que compitan entre sí por brindar mejores prestaciones y no por cajas millonarias de la política”, concluyeron.

En la audiencia con el vicepresidente del Directorio Obrero participaron la presidenta del Centro, Juana Ávalos, y la secretaria de prensa, María Isabel Tissera.

En el encuentro, �Sse abordaron distintos temas referidos al funcionamiento de la obra social y que preocupan a los jubilados: el conflicto con los odontólogos, la situación con los anatomopatólogos y qué ocurre con prestaciones neurológicas⬝, contó Ávalos a esta Agencia.⬨⬨

Sobre las prestaciones odontológicas, �Sel director explicó el conflicto que existe con el Colegio de Odontólogos y el Circulo Odontológico, que no aceptan firmar un convenio por un valor menor al que ellos solicitan para las prestaciones⬝, apuntó Ávalos.

Ante ese conflicto, el funcionario aclaró que �Shay un listado de alrededor de 90 prestadores odontólogos que sí atienden, pero se comentó que en la práctica, cuando el afiliado se comunica para solicitar un turno con esos prestadores dicen que no están atendiendo⬝.

Al respecto, �SBertonchini aclaró que de no llegar a un acuerdo seguramente la obra social acudirá a la justica⬝, precisó Ávalos.⬨

⬨En relación a los prestadores anomatopatólogos �Sel vicepresidente informó que se firmó convenio con una prestadora de Córdoba⬝.

Por otro lado, �Sse consultó en relación a las prestaciones neurológicas cortadas hace varios años y que constituyen una de las prestaciones más requeridas por el adulto mayor⬝.⬨⬨

Además, Bertonchini �Shabló de la creación de agencias en pueblos pequeños de la provincia, de la apertura de una mini agencia próximamente en la Federación de Jubilados y de la extensión del expendio de órdenes de consulta de 6 a 12 para los jubilados , del recetario para crónicos⬝.

A lo largo y ancho del país, mamás, papás, niños y especialistas debieron familiarizarse con un nuevo concepto: la pubertad precoz. ¿Qué significa esto? Que comienzan a aparecer caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años de edad en las niñas y de los 9 años en los niños. Es decir que sin buscarlo, las infancias se introducen a la adolescencia. Con todo lo que eso significa corporal, hormonal y psicológicamente.

Los síntomas son visibles. Suele presentarse el botón mamario en las nenas, crecer el volumen testicular en los varones, olor sudoral, vello en sus genitales y un crecimiento abrupto en poco tiempo; el famoso "estirón". Pero eso no es todo; también cambia el humor, aparecen nuevos dolores e incluso se modifican los gustos y preferencias.

Los factores van desde razones medioambientales como la alimentación, el sedentarismo hasta la exposición a la luz de las pantallas y el uso de elementos que contengan químicos y agrotóxicos.

"Me acuerdo que el pediatra me dijo que me quede tranquila y observe, porque a veces los síntomas pueden frenar. Pero en la pandemia aumentaron y enseguida nos derivó a un endocrinólogo", cuenta Renata Lucatti, mamá de una nena de 8 años que en pandemia comenzó con síntomas de pubertad precoz.

Después de descartar tiroides o tumores, el diagnóstico estaba sobre la mesa. Su nena de 8 años debía comenzar con el tratamiento hormonal, el cual es transitorio y reversible. Es decir, inyecciones trimestrales, de 120 mil pesos que pondrían en pausa la progresión de la maduración ósea. Y ahí comenzó la lucha porque no solo el costo es altísimo sino que además las inyecciones de triptorelina suelen estar en falta.

Con el dolor de los hijos a cuestas

"Me encontré con un agujero legal. Las obras sociales y prepagas te dan la espalda. Todo es burocracia", cuenta la mamá de Zoe. Y agrega, "tenás que explicar todo, todo el tiempo y nosotros vamos contrarreloj, nos demoramos y aparece un síntoma nuevo". Incluso su nena estuvo internada varios meses porque no podía moverse del dolor de huesos que padece: un cuerpo de 8 años con un crecimiento de 11.

Renata, debió presentar un amparo legal porque no podía costear el tratamiento. Es decir que debió contratar abogados para que defendieran los derechos de Zoe. La odisea judicial no es algo que se resuelva de un día para el otro, pero era la única alternativa que los padres tenían hasta este martes cuando la triptorelina tenía cobertura total solo para quienes comenzaban un tratamiento integral de cambio de género dejando afuera a la pubertad precoz.

Este lunes volvió a sonar el celular, Renata hablaba desde la emoción de una lucha que comenzó a dar frutos: "A partir de hoy a la hora cero rige la incorporación en el PMO del tratamiento para Pubertad Precoz Central. Lo logramos. Estamos súper felices", puede leerse en el mensaje. Y no es para menos.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó al Programa Médico Obligatorio el tratamiento para que sus hijos puedan frenar tantos padecimientos.

De ahora en adelante, las obras sociales, prepagas y también el sistema público de salud, estarán obligados a brindar una cobertura total del tratamiento.

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial.

Es importante dejar en claro que las más de 900 familias que sus hijos conviven con esta condición, seguirán exigiendo la ley integral. Investigar las causas, hasta el momento desconocidas, es esencial para evitar que sigan existiendo infancias con pubertad precoz.

El valor del control pediátrico

Diego Colabianchi, Especialista Endocrinólogo Pediatra, cuenta a Rosario3 que esto existe desde hace más de 20 años pero en la pandemia los casos aumentaron notablemente.

Y deja un mensaje claro, preciso y simple: "Lo primordial es el control médico. Los niños deben ir a sus pediatras una o dos veces al año".

Detrás de la lucha burocrática y económica se encuentra también aquella que se da en las escuelas, en los espacios públicos, en la sala de espera de la consulta médica, en lo social.

La desinformación no contribuye a la empatía y muchos niños que atraviesan la pubertad precoz se sienten vulnerados, discriminados y sin herramientas que los acompañen en el transcurso.

Cuidar las infancias se vuelve imprescindible y se logra conociendo las causas que pueden dañarlas.

Entre ellas, la pubertad precoz que desde ahora en adelante podrá ser tratada en todo niño que la padece a lo largo y ancho de Argentina de forma gratuita.

El caso se inició en Entre Ríos donde la justicia local rechazó el pedido de los padres del joven quienes habían demandado al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y en subsidio contra esa provincia con la finalidad de obtener la cobertura médica y farmacológica integral, ininterrumpida y en un 100 por ciento del tratamiento. Esta alternativa terapéutica consiste en el uso del aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria que padece el menor según las indicaciones de su neurólogo.

En el fallo -que lleva las firmas de los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz- el Máximo Tribunal se refirió en primer lugar al dictado del decreto 883 del año 2020 por el que se aprobó la reglamentación de la ley para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Teniendo en consideración esa circunstancia y marco normativo, los jueces concluyeron que las obras sociales deben brindar la cobertura para la adquisición de los derechos de la planta de cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica según la propia letra del citado decreto reglamentario. En ese sentido, la Corte remarcó que, con los alcances definidos por las disposiciones vigentes, no caben dudas de que la demandada debe brindar al hijo de los actores la cobertura de la prestación requerida.

El decreto 883 -que reglamenta la ley- se dictó mientras el caso estaba en trámite ante el Máximo Tribunal y en uno de sus artículos se establecen los objetivos del Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales. Entre ellos menciona expresamente �SImplementar medidas para proveer en forma gratuita por parte del Estado, derivados de la planta de Cannabis para aquellas y aquellos pacientes que cuenten con indicación médica con cobertura pública exclusiva. En caso contrario, la cobertura deberán brindarla las Obras Sociales y Agentes del Seguro de Salud del Sistema Nacional, las demás obras sociales y organismos que hagan sus veces creados o regidos por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, todo conforme la normativa vigente.⬝

Además prevé que �Slos y las pacientes que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de Cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan. Aquellas personas que, además, no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita, conforme la presente Reglamentación.⬝

En el fallo, la Corte aclaró también que la solución propuesta por la normativa vigente respeta el mandato constitucional de un particular deber de cuidado respecto de las personas con discapacidad, especialmente desde la reforma de 1994, con la incorporación con jerarquía constitucional de la �SConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad⬝. En ese sentido, recordaron los ministros que en ese instrumento internacional los Estados se comprometen a asegurar �Sa las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas...⬝ y proporcionar �Sservicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad⬝.

Asimismo, la Corte Suprema destacó los progresos del paciente los que resultan consistentes con los estudios científicos realizados sobre la efectividad del aceite de cannabis en el tratamiento de la epilepsia refractaria, reconocida incluso por la auditora de la obra social demandada. En este caso concreto -señala el fallo- en ninguna instancia estuvo discutido que, luego de un año de tratamiento, el uso del aceite de cannabis por parte del joven, produjo mejoras sustanciales en su estado de salud y en su calidad de vida. En efecto, �Sno solo redujo notablemente sus convulsiones, sino que -además- mejoró su alimentación, movilidad, control de esfínteres, postura, atención, interacción e incluso comunicación con el entorno, lo que implica una adquisición y restauración de aptitudes e intereses para lograr su integración social.⬝

Por su parte, Horacio Rosatti -en voto concurrente- llegó a la misma solución con similares fundamentos. De esta manera, con este antecedente jurisprudencial del Máximo Tribunal, sumada la normativa que surge del decreto reglamentario de la ley para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, tanto las obras sociales como el Estado deberán dar cobertura para este tipo de tratamientos en aquellos pacientes que cuenten con esa indicación médica.

�SHace más de un año fui diagnosticada con Artritis Reumatoide Seronegativa, enfermedad autoinmune la cual deteriora mi organismo⬝ explicaba a El Heraldo Ofelia, para luego señalar: �Sla medicación que me indicaron tres reumatólogos (presente recetas oficiales con firma y sellos de los profesionales de la salud pertinentes) es GOLIMUMAB un remedio biológico de alto costo y que me es imposible comprar⬝.

En ese orden detalló, �Sla obra social me tapó de papeles y cartas documentos, realicé los reclamos pertinentes a los que me ampara la ley en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay donde hoy hay un amparo, ya que este juzgado hizo lugar a la medida cautelar para que me lo den, el cual fue apelado por la obra social.

 A este remedio ya me lo otorgaron en el pasado y hoy en forma perversa usan chicanas legales para retardar la autorización para que me lo sea entregado⬝, reclamó.

�SHoy los dolores que padezco son insoportables -dijo- por eso pido por favor a toda persona de buena voluntad, especialmente a los que atraviesan por esta horrible experiencia de vida que se hagan eco de mi justo reclamo y repliquen lo que me está pasando porque está en juego nada más y nada menos que mi salud⬝ concluyó.

Desde el 4 de febrero sumó otro frente de conflicto: el corte de prestaciones por parte de la Federació0n Médica de Entre Ríos (Femer), que ya rechazó dos propuestas de recomposición de aranceles.

En 2020, Iosper tuvo presupuestado un gasto de $7.266.947.173, pero de esa cifra, $3.889.665.849 (el 53,53%) lo absorbieron tres rubros: la cobertura de la atención de 8.855 pacientes con diabetes; 1.955 afiliados que demandaron medicación de alto costo (oncológica y especialidades importadas); y 6.795 personas con certificados de discapacidad. Es decir, «17.645 afiliados que representan el 5,88% del padrón total recibieron en el año 2020 por parte de la obra social con los recursos provenientes de los aportes de los 300.000 una inversión del 53,53% del Presupuesto Prestacional Anual, totalizando $3.889.665.849,81, quedando para los 282.355 afiliados restantes solo el 46,47% del Presupuesto Prestacional del año», dice parte del informe que presentó el directorio de Iosper a los gremios que escucharon la exposición de la situación financiera y prestacional de la obra social durante un encuentro que se realizó en la Escuela de Policía Salvador Maciá.

Otro indicar de cómo se ocupan los recursos de Iosper está dado por lo que insume la cobertura de las denominadas «leyes especiales». El informe que Iosper entregó a los gremios señala «la problemática del dictado o adhesión a leyes especiales, con la obligación de coberturas del 100% a cargo de las obras sociales provinciales, sin indicar de donde saldrán los recursos para afrontar estos gastos».

Así, los números indican que un total de 7.246 afiliados, que representa el 2,41% del total del padrón, «consumieron el 20,58% del Presupuesto Prestacional Anual de 2020, totalizando la suma de $1.495.842.383,82. Si desagregamos estos 7.246 afiliados y estos $1.495.842.383,82, podemos observar que 6.795 afiliados son correspondientes a prestaciones de la Ley de Discapacidad con un gasto anual del año 2020 de $1.420.893.286,12; 230 afiliados son correspondientes a prestaciones de la Ley de Obesidad, con un gasto anual del año 2020 de $59.216.197,70; y 121 afiliados son correspondientes a prestaciones de la Ley de Salud Reproductiva con un gasto anual del año 2020 de $15.732.900».

Pero quizá el apartado más llamativo está dado por lo que revelaron las autoridades del Iosper respecto de los números de la obra social: 5 afiliados reciben una inversión de U$S2.593.000.

Las otras variables que utilizan en Iosper para dar cuenta del desfase de los números es el dólar: el valor oficial al 31 de diciembre de 2019 era de $63,35; y al 31 de diciembre de 2020, de $89,71.

Otro imponderable, la inflación, fue en 2020 del 36,1%

En tanto, el aporte mensual promedio por afiliado en 2020 fue de $1.944, sin ningún incremento durante el último año por cuanto los salarios de los trabajadores del Estado no registraron mejora.

De ese modo, mientras el dólar y la inflación aumentaron en 2020, dos variables que inciden en el costo de la salud, los ingresos de Iosper, vía salarios, se mantuvieron sin cambios.

Informe de Gestión Iosper by Entre Ríos Ahora

Iosper se financia con el aporte de los empleados públicos y del Estado como patronal.

En ese escenario, Iosper no ha podido cerrar la negociación por actualización de aranceles con 2.246 médicos, que facturan al mes a la obra social un promedio de $52 millones. Y por eso los servicios para los 300 mil afiliados están cortados desde el 4 del actual.

Iosper ya hizo dos ofertas de recomposición de aranceles que han sido sistemáticamente rechazadas por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer).

La primera, el 5 de este mes, propuso un incremento del 31,5% en el valor de la consulta, que al 31 de enero quedaría en $593; a partir del 1° de febrero, en $652; desde el 1° de marzo en $722; y a partir del 1° de mayo, $780. También, un aumento del 25% en las prácticas.

La respuesta fue una contrapropuesta de la Federación Médica: el 9 de febrero pidieron un aumento del 25% a partir del 1° de marzo; y otro 17% a partir del 1° de mayo. A eso se agregaba el 10% ya otorgado en enero.

La respuesta de Iosper fue la ratificación de la propuesta presentada el 5 de este mes.

No obstante, ante el nuevo rechazo, Iosper vuelve a presentar una nueva oferta: al 31 de enero, el valor de la consulta quedaría en $593; a partir del 1° de febrero, $652; desde el 1° de marzo, $769; y a partir del 1° de mayo, $810. Ante un nuevo rechazo de la Federación Médica, comunicada al Iosper este miércoles 17, el presidente de la obra social anunció que los convocará a un nuevo encuentro para este viernes 19. ( Entre Ríos Ahora)