El Poder Ejecutivo provincial elevó a la Cámara de Senadores un proyecto de ley que propone modificar cinco artículos centrales de la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de Entre Ríos. La iniciativa apunta a actualizar el marco normativo vigente, con el objetivo de adaptarlo a las demandas actuales de gestión y mejorar la eficiencia en los procesos de contratación y ejecución.

Desde el mensaje enviado a los legisladores se remarcó que la propuesta busca modernizar el sistema, incorporando mecanismos que permitan respuestas más ágiles frente a necesidades crecientes, especialmente en áreas sensibles como infraestructura educativa, mantenimiento edilicio y conservación de obras existentes.

En los fundamentos, el Ejecutivo subraya que la reforma pretende fortalecer la actuación del Estado, manteniendo los principios rectores de legalidad, transparencia, concurrencia y control, pero sumando herramientas que ya han demostrado resultados positivos en otras jurisdicciones.

Cambios clave en la normativa

Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del artículo 1º, que habilita a que determinadas tareas de reparación o refacción, cuando no superen ciertos montos, puedan tramitarse bajo el régimen de contratación de bienes y servicios. Esta medida busca simplificar procedimientos en intervenciones menores y dotar de mayor rapidez a la gestión.

En la misma línea, se incorpora la posibilidad de aplicar el sistema de “coeficiente de impacto” en trabajos de mantenimiento y ampliación, especialmente cuando se utilicen modalidades como el Acuerdo Marco.

Por su parte, la reforma del artículo 4º amplía el alcance de la obra pública, permitiendo su ejecución no solo sobre bienes de dominio estatal, sino también en inmuebles donde el Estado tenga posesión, tenencia o derechos de uso. Esto facilitaría la implementación de políticas públicas en articulación con otros organismos o niveles de gobierno.El artículo 10º introduce herramientas orientadas a la conservación de la infraestructura, como los contratos de Recuperación y Mantenimiento (CReMa) y sistemas de contratación más flexibles.

En tanto, la modificación del artículo 12º actualiza los casos excepcionales en los que se puede prescindir de la licitación pública, contemplando situaciones como urgencias, especialización técnica, cooperación interadministrativa o financiamiento externo, siempre dentro de estándares modernos de control.

Finalmente, el artículo 57º incorpora un esquema más claro para el pago de certificados de obra, estableciendo plazos definidos, condiciones de mora automática y criterios precisos para la liquidación de intereses. También se prohíbe la capitalización de intereses y se fijan límites en los casos en que la demora sea atribuible al contratista.

Un marco adaptado a nuevas demandas

Con este paquete de cambios, el Ejecutivo busca adecuar la ley a un contexto donde la rapidez y la eficiencia en la obra pública se vuelven determinantes. La propuesta pone el foco en mejorar los tiempos de respuesta del Estado, sin resignar los controles ni la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Participaron además los intendentes de Diamante, Ezio Gieco; de Ramírez, Flavia Pamberger; de Federación, Ricardo Bravo; y de Federal, Alicia Oviedo.

Al término del encuentro, que se desarrolló este jueves, el ministro Hernán Jacob precisó que la reunión fue convocada por el mandatario junto a los intendentes y los ministros que “tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración del nuevo Fondo Fiduciario para inversiones municipales”.

En ese marco, explicó que ese fondo es “una herramienta creada en este contexto de estrechez financiera para ayudar a los municipios entrerrianos a la ejecución de algunas obras que si bien son de incumbencia municipal tienen repercusión por su importancia en cuanto al plan de obra pública de la provincia”.Precisó además que ese fondo tiene un sistema de “retroalimentación” con los repagos que hagan los municipios de estas asistencias. Asimismo, señaló que se trata del primer aporte y que “está abierto a futuros nuevos préstamos que se le entreguen a municipios para que puedan ir haciendo obras de mayor envergadura por etapas”.

El funcionario remarcó que se trata de “un esquema de esfuerzo conjunto y de responsabilidades compartidas, que puede dar respuesta a una demanda muy fuerte de la sociedad vinculada a la mejora de la infraestructura, tanto a nivel municipal como provincial”.Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó su satisfacción “por el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador”, y recordó que “el año pasado dialogamos sobre este proyecto y nos aseguró que íbamos a estar dentro del primer grupo, algo que hoy se está concretando”.

Las obrasLas resoluciones entregadas corresponden a intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento de las comunidades.En la ciudad de Diamante se ejecutará la obra de desagüe pluvial y pavimentación en barrio Belgrano, con un presupuesto de alrededor de 194 millones de pesos.En Federación se llevará adelante la remodelación y puesta en valor de la Plaza de los Constituyentes, con una inversión de casi 270 millones de pesos.En tanto en Federal se ejecutarán obras de cordón cuneta y badenes en distintas arterias, con un monto superior a los 174 millones de pesos.Finalmente, en General Ramírez se avanzará con la pavimentación del camino a las ferias, también conocido como acceso norte, con una inversión de 300 millones de pesos.

Los trabajos de reparación se realizarán en el sector de Guardia de Adultos del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde se desprendió una parte del cielorraso. El Ministerio de Salud de Entre Ríos desarrolla una serie de trabajos preliminares.

Luego, se prevé avanzar con el mantenimiento de las tejas de dicha área.

El hecho ocurrió en la esquina del ingreso a la guardia, donde cedió un sector del cielorraso de PVC. La situación está vinculada a problemas estructurales preexistentes, principalmente el ingreso de palomas a las antiguas cubiertas de tejas del edificio. Esto ha generado una acumulación de guano (excrementos acumulados de aves) que incrementa el peso sobre las estructuras, sumado a filtraciones de agua de lluvia que afectan el estado general del cielorraso.

Por tal motivo, un equipo técnico de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS del Ministerio de Salud de Entre Ríos efectuó un relevamiento de las condiciones edilicias. Asimismo, se dispuso la clausura preventiva del sector afectado y el inicio de trabajos preliminares a cargo del personal de mantenimiento del hospital, orientados al despeje y acondicionamiento de la zona.

Por otra parte, la semana próxima, un equipo de electricistas dependiente de la cartera sanitaria se dirigirá al nosocomio a fin de comenzar con la instalación de un nuevo sistema eléctrico en el área. 

En paralelo, se avanza con los procesos administrativos para ejecutar las obras necesarias de reparación de cubiertas y solución de filtraciones, con asesoramiento técnico conjunto entre profesionales contratados y equipos técnicos ministeriales, para lo cual el Ministerio de Salud autorizará una partida extraordinaria para la obra de reparación. 

Es preciso señalar que esta intervención constituye una primera etapa dentro de un plan más amplio de mejoramiento y mantenimiento de las cubiertas del edificio histórico.

Finalmente, se indicó que el hospital implementará medidas de seguridad adicionales para garantizar el normal funcionamiento de la Guardia de Adultos y la continuidad de la atención a la comunidad.

El fenómeno se repite con mayor crudeza en el norte del país. La llamada Cuesta del Ipán, un tramo de la Ruta Nacional 54, alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar y conecta el extremo noroeste argentino con Chile. Es, además, la principal vía de acceso a dos minas activas y a otros cuatro proyectos de litio en la provincia de Jujuy.Mientras el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, redujo en un 72% la inversión vial, por esta ruta circulan cada vez más camiones cargados con litio e insumos mineros. El tránsito pesado, constante y creciente, acelera un deterioro que ya resulta evidente y peligroso.

Los pobladores de las Salinas Grandes lo viven a diario. Denuncian desniveles pronunciados, curvas dañadas, sectores desbordados y falta total de mantenimiento. La situación afecta a residentes, turistas y transportistas, y se agrava por las condiciones geográficas extremas del lugar.

“La ruta está cada vez más rota. Hay desniveles en las curvas y el riesgo es permanente. Pasan equipos pesados todo el tiempo y estamos muy abandonados”, señalan desde la zona. A las dificultades físicas se suman impactos ambientales que generan preocupación en las comunidades locales.La paradoja es evidente y no se limita a Jujuy. Para captar inversiones en minerales e hidrocarburos, la Argentina reduce impuestos y ofrece condiciones favorables. Los proyectos avanzan, generan empleo y aumentan la actividad exportadora, pero al mismo tiempo deterioran la infraestructura que los sostiene. Luego, tanto las provincias como las empresas reclaman rutas en condiciones para poder operar.Desde el gobierno jujeño aseguran que mantuvieron conversaciones con las compañías mineras y que existe predisposición para que aporten fondos destinados a la reparación de los caminos. Sin embargo, mientras las definiciones se demoran, las rutas siguen rompiéndose.

La falta de obra pública no solo se traduce en viviendas que no se construyen o en rutas inseguras: también frena el desarrollo, pone en riesgo vidas y debilita la competitividad de sectores clave como el litio, una de las grandes apuestas productivas del país.Sin infraestructura, no hay inversión sostenible. Sin rutas seguras, no hay desarrollo posible.

En la 15 sesión especial del 146 período legislativo, el bloque oficialista juntó los votos necesarios para dar sanción definitiva al restablecimiento de la emergencia en obras y servicios públicos para Entre Ríos, más allá de las fuertes observaciones del peronismo y de algunos libertarios.La defensa por el oficialismo la realizó la diputada María Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos) quien afirmó que “esta adecuación resulta necesaria y es responsable, porque hay certificados de obras y servicios públicos reconocidos administrativos y judicialmente que requieren instrumentos ágiles y de aceleración”.En ese sentido aclaró que la modificación “no amplía facultades discrecionales, sino que, ratifica las herramientas ya autorizadas por la legislatura”.Además, la diputada dijo que la Ley generará “continuidad, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal, permitiendo honrar compromisos y cuidar el interés general de la provincia”.En ese sentido, Gabriela Lena (UCR), aclaró que la norma “para nada es una renuncia al Estado de Derecho. El artículo quinto de la Ley no viola derechos, sino que los protege, porque permite revisar, negociar y encausar todas las controversias en un marco legal y transparente. La verdadera inseguridad jurídica sería mirar para otro lado y dejar que los conflictos se acumulen y las obras se abandonen sin respuestas”.

Una gestión en emergencia que instala la inseguridad jurídica

El diputado Juan José Bahillo explicó que el bloque Mas para Entre Ríos- Unión por la Patria no acompañó la prórroga “porque en un tercer año de gestión se normaliza una cuestión excepcional”.

Al respecto, recordó que “cuando el gobierno provincial asumió en diciembre de 2023 requirió el acompañamiento para la declaración de emergencia en diferentes materias, en algunas consideramos que era racional y en otras no tanto, pero, no obstante, se votaron los proyectos de Leyes de las declaraciones de emergencia que impulsó el Poder Ejecutivo, porque entendíamos que teníamos que darles las herramientas para iniciar la gestión, aunque no estábamos tan de acuerdo pero tampoco íbamos a ser un obstáculo”.En ese marco, rememoró: “Después vinieron las prórrogas, que algunas las acompañamos; en educación, alimentaria, vial y en obra pública. Nadie puede decir que no somos una oposición razonable que le dio al Ejecutivo las herramientas que necesita, pero una emergencia que concluirá un 31 de diciembre en un tercer año de gestión representa un 75 por ciento de gestión en emergencia”.

Al respecto, apuntó que “se pueden entender que con los cambios de gobierno nacional y provincial se pudo generar algún tipo de controversia o situación crítica para seguir adelante con la obra pública hasta que se acomodara algunas cuestiones. Pero nadie debe sorprenderse por esto, porque el actual presidente Javier Milei dijo claramente que no iba a financiar obra pública de ningún tipo”.Para el diputado “después de dos años el gobierno, la gestión provincial debería haber encontrado el mecanismo y, además, no hay una magnitud excepcional de obra pública para justificar la emergencia. Indudablemente, hay una desorganización en cuanto a lo administrativo que no logra resolverse a dos años de experiencia; se puede entender en los primeros seis meses pero a dos años ya no corresponde”.

Además, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio “dijo el 17 de septiembre, ante la Cámara Argentina de la Construcción, que no iba a haber prórroga de la emergencia en obra pública y anunció un plan de infraestructura y, ninguna de las dos cosas, se están cumpliendo. Seguramente tenía esa intención, pero ninguna de las dos cosas se dio”.

Los argumentos no justifican la emergencia

Las modificaciones introducidas por el Senado “son correctas, ya que no se puede prorrogar algo que venció”, dijo la diputada Silvina Deccó, quien precisó: “Espero que esto sirva como un ejemplo para visibilizar la que la celeridad o el tratamiento exprés solo dilatan el debate y estudio de los proyectos, que permite analizar a conciencia y con claridad el significado que se quiere dar a cada Ley”. Sin embargo, la legisladora aclaró que lo que se trató en el hemiciclo “no es una cuestión de redacción, sino que hay algo mucho más profundo, ya que no se indica el fundamento para requerir una prórroga de una emergencia”.Deccó apuntó que uno de los argumentos es “el volumen extraordinario de trámites administrativos y ahí nos preguntamos si ‘un gran volumen’ habilita o no a una declaración de emergencia, que entiendo que no. Además, hay una cuestión que es meramente enunciativa, eso no es una fundamentación ni real ni efectiva”.

Por otro lado, la legisladora habló de los argumentos económicos: “Se refieren a una deuda de, aproximadamente, 4.000 millones de pesos, correspondientes a certificados emitidos y a emitir, pero si se analiza con el Presupuesto 2026 el impacto sería mínimo, porque no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto destinado a obras, es decir, el argumento es vago y con poco criterio en cuanto a la especificidad que se requiere para este tipo de normativas”.“Desde otro lugar al hablar de ‘extraordinario’ nos tenemos que centrar en esto, porque si se sigue prorrogando deja de ser algo excepcional para ser algo regular y ordinario, ya que la Ley 11.138 que estableció la emergencia en diciembre de 2024 y que fue prorrogada hasta diciembre de 2025 y esta norma la restablece hasta el 31 de diciembre de 2026”, dijo.

Además, rememoró que durante la pandemia “se ameritaba una emergencia y, en ese momento, quienes hoy son oficialismo y antes eran oposición no la acompañaron. Esa emergencia en un contexto más grave y determinante fue por, solamente, un año, por lo que no es un dato menor tratar este proyecto que de un gobierno de cuatro años tres esté en emergencia”.Por otro lado, cuestionó el artículo cinco: “Acá no hablamos simplemente de una emergencia, sino que hablamos de seguridad jurídica”.También, consideró que la emergencia “habilita la discrecionalidad con contrataciones directas y excepciones a procedimientos extraordinarios”. 

El miércoles pasado la Cámara de Senadores aprobó -con modificaciones técnicas- el proyecto que establece la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales.De este modo, la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados: la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento se reunirá a tal fin el martes a las 16.El anuncio sobre la realización de la reunión había sido adelantado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. 

A pesar de que el cuerpo legislativo fue convocado, como se realiza habitualmente en ordinarias cada dos semanas para sesionar, las sesiones no tendrían lugar esta semana ya que los legisladores no fueron llamados para hacerse presentes en el recinto de Diputados este lunes, martes y miércoles.

Cabe recordar que en la tercera sesión de prórroga del 146 período Legislativo en el Senado entrerriano, la semana pasada, el oficialismo había logrado sacar la Emergencia en Obras y Servicios Públicos del gobierno de Rogelio Frigerio por tercer año consecutivo.

Como al texto se le introdujeron modificaciones, porque no se podía prorrogar de hecho una Ley que estaba vencida, el oficialismo había planteado el “restablecimiento” de la emergencia y el texto fue remitido a Diputados en revisión para su sanción definitiva.

En el Senado, la defensa del proyecto por parte del oficialismo había estado a cargo del radical Rubén Dal Molín, quien solamente dio lectura al nuevo articulado propuesto.

Problemas de infraestructura están al tope de la agenda de reclamos que afronta la administración de Javier Milei. Desde la oposición hasta los aliados a la Casa Rosada o aquellos que suelen apoyar la gestión de La Libertad Avanza en las redes sociales piden respuestas sobre el deterioro de las rutas.

Los Gobernadores ratificaron sus pedidos en las reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Los datos del 2025 muestran que la inversión real directa (IRD) de la Nación en las provincias y la ciudad de Buenos Aires fue la segunda más baja de los últimos veinte años.Que los $890.291 millones pagados impliquen un alza real interanual de 19,3% se fundamenta en una base de comparación excepcionalmente baja: el 2024 registró la peor performance desde 2003. La IRD del año pasado quedó 65,1% por debajo del promedio anual 1995-2023, según un análisis realizado por Politikon Chaco en base a datos oficiales, según precisó Gabriela Origlia en La Nación.Caminos, diques, puentes, edificios, canales de riego y desagüesSi el foco se hace sobre Construcciones -el principal componente de la IRD con 57% de participación-, el crecimiento fue 10,3% interanual, pero sigue 73,3% debajo del promedio histórico. Las construcciones abarcan la realización “de obras que permanecen con carácter de adherencia al suelo formando parte de un todo indivisible, como así también las ampliaciones mejorativas de construcciones ya existentes”. Es decir, caminos, diques, puentes, edificios, canales de riego y desagües.Este ítem, por el que vienen reclamando los gobernadores, en 16 provincias representa más del 90% del total de la IRD, mientras que en otras seis supera el 50%. Los únicos dos casos en que es menos de la mitad de la IRD son Río Negro (41,9%) y la Capital (4,9%).Los distritos con mayor participación de este factor son Buenos Aires ($150.000 millones en pesos corrientes), Jujuy ($42.910 millones), Entre Ríos ($39.689 millones), Córdoba ($23.631 millones) y Santa Fe ($22.927 millones), que concentran 55% del total nacional, aunque solo las dos primeras representan el 38%. En el otro extremo, San Luis y La Pampa exhiben el menor volumen de ejecución de este concepto.En términos de desempeños, Santiago del Estero, Jujuy y Chubut encabezan las subas con 150% aunque sus niveles de ejecución llegan solo al 13,7%. En el extremo opuesto, hay cuatro provincias con caídas mayores a 80%, Tucumán, San Luis, Santa Cruz y La Pampa.Si la comparación es con 2023, solamente cuatro provincias marcan incrementos reales -Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y San Juan-, mientras que el resto sostiene caídas -desde 21,1% (Chaco) hasta 99,7% (La Pampa)-.

Otros componentesLa IRD también incluye la inversión en Maquinaria y Equipamiento (35% del total), que creció 69,7% real respecto al 2024, aunque está 35,1% debajo del promedio histórico. Es el segundo menor volumen de ejecución desde 2009. El resto de los conceptos cayeron 29% si se los compara con 2024 -54,8% por debajo del promedio histórico-.El año pasado, el nivel de ejecución total de la Inversión Real Directa (IRD) fue del 57,7%. Eso se explica, ante todo, por Buenos Aires y la Capital. Si se suman a Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, la cifra llega al 69,9%. La contracara son diez provincias en las que el nivel de ejecución no alcanza uno por ciento de participación en el total.El segmento “interprovincial” de la IRD, cuando el gasto está asociado a dos o más jurisdicciones, tuvo un peso de 4,75% en el global. Entre tanto, el segmento “nacional”, cuando el gasto se vincula a todas las jurisdicciones, como ocurrió con la construcción de diez radares meteorológicos, fue del 3,7% del total de la inversión.En la mirada general, se destacan las subas registradas en Santiago del Estero (215,3%), Jujuy (199,6%) y Chubut (154,1%), aunque hay que tener en cuenta que en el total de ejecución solo representan 7,9%. En otras trece jurisdicciones las brechas de desempeño van entre 141% a 18% y en 11 se registraron caídas reales fuertes, como San Luis (93%) y La Pampa (91,5%). Si la comparación es con 2023, solo hay mejoras en Jujuy (252,2%) y Santiago del Estero (53,9%). La reducción más fuerte se registró en La Rioja (99,1%).

El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido al 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras.

“La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva, al dejar en claro que los alcances de la norma se deben limitan a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró. Las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de litación pública determinados por la legislación vigente.

Se insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas.

El proyecto de la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138 y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.

En particular, Oliva señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales.

Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas (servicios esenciales) financiadas originalmente con fondos nacionales, entre otras obras fundamentales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria generada por la propia Nación.

“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial”, hizo saber el uruguayense.

Finalmente, solicitó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerar que se trata de un acto de responsabilidad política e institucional frente al retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, una decisión que impacta de manera directa en los municipios, en la infraestructura básica y en la vida cotidiana de los entrerrianos.

El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido al 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras.

“La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva, al dejar en claro que los alcances de la norma se deben limitan a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró.

Las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de litación pública determinados por la legislación vigente.

Se insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas.

El proyecto de la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138 y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.

En particular, Oliva señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales.

Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas (servicios esenciales) financiadas originalmente con fondos nacionales, entre otras obras fundamentales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria generada por la propia Nación.

“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial”, hizo saber el uruguayense.

Finalmente, solicitó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerar que se trata de un acto de responsabilidad política e institucional frente al retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, una decisión que impacta de manera directa en los municipios, en la infraestructura básica y en la vida cotidiana de los entrerrianos.

La propuesta fue remitida por el Poder Ejecutivo y se apoya en la complejidad administrativa que atraviesa el área. En los fundamentos se señala que la acumulación de expedientes, sumada a las distintas instancias de aprobación y a la posterior emisión de certificados de obra, genera demoras que superan los tiempos habituales establecidos por la normativa vigente.

El proyecto advierte además que la no prórroga del régimen excepcional podría afectar el interés público, al poner en riesgo los mecanismos legales previstos para regularizar compromisos asumidos y al dificultar la continuidad administrativa de las obras en ejecución.

Federico Storani, quien fue ministro del Interior durante la gestión de Fernando De La Rúa y exdiputado nacional por la UCR, analizó el cierre del año político y económico, advirtiendo que el gobierno de Javier Milei está realizando un “mal diagnóstico de la realidad nacional”.Señaló que el breve período positivo posterior a las elecciones ya concluyó y que las carencias estructurales han reaparecido.

Los costos reales del ajusteLa principal crítica de Storani se centró en quién asume verdaderamente el costo de las medidas oficiales. Contrario al discurso del Gobierno, el exministro sostuvo que el ajuste “no lo paga la casta”, sino los sectores de ingresos fijos, especialmente los asalariados y, en una “situación desastrosa”, los jubilados.A esto se suma la paralización total de la obra pública y el diezmo del financiamiento destinado a la educación superior, la ciencia y la técnica.

La preocupación por el modelo económicoEl exlegislador radical calificó el proyecto gubernamental como uno que se insinúa a convertirse en una “economía primaria”. Expresó su profunda preocupación, ya que, incluso si los “números macroeconómicos cierran”, van a “sobrar más de 20 millones de habitantes en Argentina, lamentablemente”.El dirigente enfatizó que esta dirección no es nueva, sino que es la aplicación de históricas recetas neoliberales que, incluso con más poder político, fracasaron: desde las intentadas por Martínez de Hoz, hasta la Convertibilidad de Menem-Cavallo o el gobierno de Mauricio Macri.Storani también cuestionó el marco institucional, calificando al DNU 70/23 de “manifiestamente inconstitucional”. Además, observa en las reformas a debatir en el Congreso (Laboral, Previsional, Tributaria) una marcada tendencia a generar “restricciones cada vez más ostensibles” en áreas de excelencia como el INTI o el INTA.

Reconstrucción del Radicalismo AuténticoFrente a este escenario, Storani anunció el lanzamiento nacional del movimiento “Radicalismo Auténtico”, que busca recuperar la identidad histórica del partido, vinculada a la defensa del patrimonio nacional, la soberanía y una fuerte sensibilidad social.

Storani fue muy crítico con los legisladores y dirigentes radicales que se han apartado de estos principios, señalando que “han claudicado”.En este sentido, aseguró que “aquellos que, por ejemplo, avalaron el veto presidencial que bloqueó el financiamiento a las universidades fueron expulsados”, y sugirió que “muchos más ya no tienen nada que ver con el radicalismo”.

El exministro rechazó de plano la posibilidad de conformar frentes electorales con La Libertad Avanza, ya que, a su criterio, este “anarcocapitalismo no tiene nada de liberalismo” y aplica la “doctrina del shock mediante el miedo”.

El objetivo de su sector es construir una alternativa que retome el camino de la socialdemocracia moderna planteada por Raúl Alfonsín, a quien consideró un prócer y el último gran estadista.Storani concluyó que la posición del radicalismo debe ser de “fuerte y firme oposición”.

Participaron del encuentro, el coordinador general del ministerio, Hernán Jacob, el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel, y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Manuel Schonals.A partir de la convocatoria ampliada a todos los legisladores provinciales, participaron de la reunión, los senadores Cielo Espejo, Gladys Dominguez, Gustavo Vergara, Ramiro Favre y Jaime Benedetti.

Es importante destacar que, dentro del proyecto de ley de Presupuesto General para el ejercicio 2026, la inversión en obra pública e infraestructura es central.Jacob, a cargo de presentar el Plan de Inversión Pública consideró que “la agenda que apunta al desarrollo económico es una estrategia clara del gobernador Rogelio Frigerio”. Y destacó que “resulta estratégico que pensemos la provincia inserta en la Región Centro. Tenemos expectativas de generar condiciones para dar ese salto de inversión que nos acerque en condiciones de competitividad a las otras provincias”.

Además, el coordinador del ministerio puntualizó algunas obras de envergadura que debería encarar la provincia. “Entre Ríos requiere de inversión privada, pero también de inversión pública en infraestructura. Se hace evidente la brecha existente respecto de Santa Fe y Córdoba. En este sentido, la noticia del dragado del Paraná-Guazú para mejorar la navegabilidad del río Paraná, en el marco de la Hidrovía, y el impacto positivo que tendrá sobre el sistema portuario genera expectativas acerca de un clima favorable a las inversiones privadas, sobre todo en logística y en condiciones de inversión industrial y agropecuaria”, precisó.En ese sentido, el funcionario enmarca el tratamiento del proyecto de Presupuesto: “Las directivas que nos dio el gobernador son las de dar todas las explicaciones con el mayor detalle y transparencia. Esto no significa ningún esfuerzo, por el contrario. Es cumplir con nuestra obligación en el sentido de rendir cuentas y de dar las explicaciones que nos requieran los legisladores. También nos llevamos el aporte de los diputados que son agentes públicos en cercanía del territorio”, concluyó. 

El panorama de la obra pública en Argentina viene siendo un tema complejo, atravesando períodos de auge y contracción, siempre entrelazado con la política, la economía, el desarrollo territorial y la relación con los mandatarios provinciales.Desde sus inicios, se pensó como un motor clave para la generación de empleo y el progreso de las localidades, pero también se ve casi siempre teñido de controversias sobre su manejo, financiación y el impacto de las decisiones políticas al otorgarlas.Históricamente, la infraestructura pública en Argentina se ha diseñado como un instrumento esencial para el desarrollo de caminos, puentes, escuelas, hospitales, redes de saneamiento, represas y tantas otras que fomentara el desarrollo económico y elevara el nivel de distribución y la vida de los habitantes.En este contexto, ha desempeñado un papel de creador directo de empleos en los estados provinciales, impulsando las economías de las regiones y promoviendo la actividad de muchas empresas de construcción y de suministros.La falta de un control riguroso de las obras, la ineficaz ejecución de proyectos y un manejo del presupuesto muchas veces discrecional, han derivado en sobrecostos, demoras y, en ocasiones, en la paralización de proyectos. La ley de coparticipación federal de impuestos, si bien busca equilibrar la distribución de recursos entre Nación y provincias, no siempre ha garantizado una asignación equitativa o eficiente de fondos para la obra pública, generando tensiones y dependencias políticas; tema de quejas permanentes de los gobernadores de turno.La instauración del gobierno del Presidente Javier Milei, ha representado un cambio radical en la planificación y realización de la obra pública. En medio de un reordenamiento financiero - reconfiguración económica - y una política de “motosierra” fiscal, el gobierno ha dado prioridad a la disminución profunda del desembolso público, lo que ha resultado en una paralización o intensa ralentización de múltiples proyectos de infraestructura a nivel nacional que en estos días se están discutiendo con los mandatarios territoriales, para evaluar su factibilidad.

Esto trajo que gran parte de la oposición declare permanentemente que se viene evidenciando un claro “condicionamiento político a gobernadores”. Es por ello que critican fuertemente que la continuidad o reactivación de ciertas obras pareciera estar hoy, supeditada a la alineación política con el gobierno central, generando fricciones y acentuando las asimetrías en el acceso a los recursos. Se empieza a advertir que el manejo del presupuesto, bajo la óptica de la austeridad, se ha vuelto extremadamente centralizado, limitando la autonomía de las provincias para definir sus prioridades de infraestructura, lo que obliga a recalcular las prioridades locales y muchas veces a enfocarse en buscar el auxilio privado y la inversión externa para lograr avanzar.El futuro de la obra pública en Argentina bajo esta administración, por ahora es una incógnita, es incierto y plantea numerosos interrogantes. Si bien se ha manifestado la intención de impulsar obras a través de modelos de Participación Público/Privada (PPP) y de nuevas concesiones, la concreción de estos esquemas se ve desafiada por la desconfianza aún, del sector privado en un contexto de cierta inestabilidad económica y jurídica, que parece apuntar a estabilizarse según los números del INDEC y los resultados que muestra el gobierno, así como por la capacidad de financiamiento del propio Estado.La creación de empleo en las provincias, que tradicionalmente se sustentaba en gran parte en la obra pública se halla todavía, y luego de un año y medio del gobierno libertario, en una situación de cierto limbo, al menos, de cara a la sociedad. La esperanza radica en que la inversión privada pueda contrarrestar la aparente retracción gubernamental, pero este es un proceso gradual y selectivo que ya veremos si termina siendo justa y productiva, en la repartición del trabajo en todo el territorio argentino.Además, la Ley de Coparticipación Federal, en este escenario, debería ser revisada parlamentariamente, para garantizar una distribución de fondos que no condicione políticamente a los gobernadores y que promueva un desarrollo federal equitativo, más allá de la coyuntura económica.Como desafío, podemos concluir que la obra pública en Argentina se encuentra en un momento de profunda transformación. La tensión entre la necesidad de infraestructura para el desarrollo y la imperiosa realidad de austeridad, plantea un escenario complejo donde la búsqueda de equilibrio entre la eficiencia, la equidad territorial y la sostenibilidad financiera será el principal desafío para los años venideros. NA. 

Por Felipe Vitola - Durante el 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales que se registraron en el país ocurrieron en rutas nacionales, de acuerdo a las estadísticas que recabaron desde el Informe de siniestralidad vial que realiza el Gobierno Nacional. En ese sentido, el foco sobre el estado de los caminos ya elevó el reclamo de varios gobernadores, quienes piden por un esfuerzo del Ejecutivo para reactivar la obra pública.Sin embargo, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias oportunidades su búsqueda de implementar un sistema de obras privado para reemplazar al Estado en estas acciones. De hecho, en los últimos días, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma en el sistema de contratación, diseñada con el objetivo de eliminar antiguos mecanismos de “cartelización” y permitir una mayor competencia y transparencia entre las empresas nacionales y extranjeras.Justamente, según un informe de Chequeado, hasta el mes de mayo de 2025 el Ejecutivo inició solo 18 proyectos de obra pública. En tanto que no se avanzó en el 54% de las construcciones que se comenzaron en la gestión de Alberto Fernández.Esto generó que, desde varias provincias, pongan en el centro de discusión el estado de los caminos nacionales, no solo por la cantidad de accidentes viales, sino por el mal estado de rutas donde circulan automovilistas, camiones de carga y micros de larga distancia.Uno de los que alzó la voz en los últimos días fue Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro, quien criticó el estado de los caminos nacionales y aseguró: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”.“La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días. La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”, continuó en sus redes sociales.El gobernador rionegrino aclaró que los caminos nacionales “son competencia de Nación” y añadió: “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”.“Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, cerró.Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, Carlos Torres, se refirió al estado de las rutas en la provincia por los baches, la iluminación y la falta de desmalezado. “Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 taparon algunos pozos, pero fue muy precario”, señaló en declaraciones radiales.“Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, subrayó el funcionario en relación al trabajo que reclaman a Vialidad Nacional. Además, remarcó que “no es correcto desde lo legal”, pero justificó que la provincia debería accionar en los arreglos: “Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría”.En ese sentido, en los últimos días, se conoció que Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que mantiene una buena relación con el Presidente, firmó un convenio para que el gobierno de Mendoza se haga cargo de los vía nacionales que pasan por esa jurisdicción. Todo esto se dio luego del pedido de diputados nacionales al Gobierno para que declare el estado de emergencia de la Ruta Nacional 7, la principal vía de acceso terrestre a Chile.Cornejo señaló que se harán cargo de “235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva”. En total será un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia. Este acuerdo permite la construcción de infraestructuras clave previamente solicitadas por la provincia para mejorar la conectividad y seguridad en diversas rutas. Los trabajos, que ahora se transferirán al ámbito provincial, incluyen cláusulas que imponen a Mendoza la responsabilidad sobre posibles reclamos durante su desarrollo. La administración mendocina tendrá la oportunidad de recuperar las inversiones, ya sea a través de la implementación de peajes en las nuevas rutas o reclamando los costos al Estado nacional si no se autoriza el cobro.

El Gobierno avanza en el plan de privatización de las rutas nacionalesDesde la Casa Rosada, bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad, han puesto en marcha audiencias públicas para discutir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas que estaban bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Este movimiento busca traspasar rutas a concesionarios privados como parte del plan mayor de cerrar la empresa estatal, según anunciaron fuentes oficiales al adelantar el medio Infobae.La resolución 827/2025 establece audiencias para la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC) que incluye ocho tramos estratégicos, distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos representan una porción significativa del tránsito nacional, con la expectativa de concesionar un total de 9.342 kilómetros. En su fase inicial, el RFC discutió la concesión del Corredor 18, una ruta crucial para el Mercosur.Los futuros concesionarios podrían gestionar rutas de alto valor comercial como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. De aprobarse, la privatización se llevará a cabo sin subsidios estatales, rompiendo con el esquema anterior que era considerado deficitario. Las vías nacionales ya no recibirán apoyo fiscal, centrando la estructura de financiamiento en los operadores privados.Durante las audiencias, divididas en fechas a mediados de junio, se dará voz a usuarios y vecinos para expresar sus opiniones y propuestas. Estas participaciones ciudadanas son parte del esfuerzo por mantener la transparencia en la adjudicación, que se completará usando resultados de un Data Room donde los oferentes han podido evaluar y sugerir mejoras a los documentos preliminares.La consolidación de la fase inicial se anticipa para completarse entre septiembre y octubre, señalando un nuevo modelo de gestión vial que buscará redefinir el panorama de infraestructura en Argentina. Infobae.

“Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al club”, señaló el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.El funcionario remarcó que “ambas cosas terminan de caer hoy. Por un lado se derrumban las barreras de entrada a nuevos jugadores. Previamente, a los que hacían obra privada o en el exterior no se los dejaba competir. Ahora estarán en paridad con la patria contratista e incluso si no tuvieran obras previas también podrán competir reemplazando obras por patrimonio o garantías. Y, lo más importante, se termina el sistema de la capacidad constructiva que era el corazón del sistema anterior”.La reglamentación que se publicó se enmarca en los cambios normativos recientes que incluyen la eliminación de antiguos registros y la creación de un nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO).Este sistema exigirá la inscripción de todas las personas interesadas en participar en procedimientos de contratación de la Administración Nacional, abarcando categorías como Proveedores, Contratistas de Obra Pública y Concesionarios.Si bien la implementación plena del SICO implica un cambio estructural y aún está en proceso, la ONC, como Órgano Rector del sistema de contrataciones de obra pública, está realizando ajustes progresivos en la calificación de los Contratistas de Obra Pública.La nueva normativa flexibiliza los parámetros y simplifica el trámite de inscripción y calificación de las constructoras de obra pública.Bajo el reglamento anterior (Disposición N° 16/19), los constructores debían presentar antecedentes y documentación de hasta 10 años, lo que a menudo implicaba cientos de documentos, para ser evaluados en su Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial y su Capacidad Económico Financiera de Ejecución Referencial.La ejecución se basaba en balances y certificaciones de obra, priorizando obras públicas y considerando el capital social para empresas sin antecedentes locales.El Decreto Nº 206/25, y ahora la Disposición 24/2025 que lo complementa, buscan fomentar la competencia y el ingreso de nuevos participantes, tanto locales como extranjeros.Los nuevos criterios de calificación contemplarán por igual a empresas nacionales y extranjeras, y considerarán antecedentes de obra pública o privada para determinar la capacidad de ejecución.Un cambio fundamental es que no se ponderarán los compromisos de obras asumidos y se elimina la capacidad de contratación. NA. 

El decreto establece la “tramitación tendiente a la creación de un Programa de Emisión de Títulos de la Deuda Pública, denominado ‘Títulos de la Deuda Pública ER 2025’”. Además, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público “mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación, en pesos o su equivalente en moneda extranjera”.El documento también detalla el destino de los fondos: la realización de obras públicas de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de energía, productiva, turística, hospitalaria, carcelaria, de seguridad, educativa, de innovación tecnológica, de saneamiento, de cultura y recreación, de fortalecimiento de fronteras y de viviendas, y/o la adquisición de equipamiento. La suma a utilizar podrá ascender hasta los 450 mil millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera.Esta información fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 28.093.El programa de emisión se llevará a cabo “durante el 2025, pudiendo ser en series y, dentro de estas, en una o más clases”. Los plazos de los títulos oscilarán “entre 1 y 4 años”, con la posibilidad de extender su vencimiento más allá del ejercicio 2025. En cuanto a los intereses, podrán ser a “tasa fija, variable o una combinación de ambas”, referenciándose a tasas como la BADLAR y TAMAR para operaciones en pesos, con márgenes máximos establecidos, y una tasa máxima del 9% TNA para operaciones en moneda extranjera.Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la emisión de deuda, el decreto contempla la afectación de recursos provinciales y autoriza al Poder Ejecutivo a “afectar y/o ceder los derechos de la Provincia a percibir las sumas provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales Ley Nº 23.548, así como los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación Provincial, que integran la fuente del Tesoro Provincial”.El Banco de Entre Ríos S.A. (Nbersa), en su rol de Agente Financiero de la Provincia, será el encargado de organizar, estructurar y colocar los títulos de deuda, tal como se menciona en los considerandos al hacer referencia a la intervención de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero (Uocaf) y la Cláusula Tercera del Contrato de Vinculación vigente.El Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Hacienda estarán facultados para llevar adelante las negociaciones, modificaciones, celebración y suscripción de los contratos y documentación necesarios para la implementación del programa, incluyendo la determinación de las condiciones de colocación, la instrumentación de la garantía y el seguimiento de las emisiones. 

Se trabaja en la colocación de la última capa de pavimento entre las localidades de Seguí y Viale. "Estamos contentos por el avance de esta obra que es importante para el corredor de Paraná campaña, ya que comunica tres rutas nacionales (18, 12 y 127), con otra ruta nacional que nos vincula con dos puertos exportadores, y un aeropuerto cercano como el de Paraná. Une las distintas localidades del departamento Paraná, un sector tan productivo y con polos educativos", afirmó el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, y agregó que la obra incluye el acceso a la localidad por avenida Illia desde la ruta provincial 32.En cuanto a los beneficios, Donda aseguró que "la rehabilitación significará un avance importante para el sector agroindustrial del departamento Paraná, que generará inversión y empleo. Son obras importantes y necesarias". El plan se enfoca en un tramo de aproximadamente 40 kilómetros, dividiéndolo en dos subtramos con diferentes dimensiones de calzada y estructuras. Se contemplan mejoras como intersecciones canalizadas, una rotonda en el acceso a Seguí y sistemas de iluminación en puntos clave. Además, se proponen técnicas de reciclado de pavimento en ciertos sectores y reparaciones estructurales en otros, incluyendo la adición de carriles de aceleración y desaceleración. Finalmente, el proyecto incluye la reconstrucción de un tramo de acceso a la ciudad de Viale. 

Un informe de Éforo Data reveló que Entre Ríos recibió $16.398 millones en 2024, ubicándose como la cuarta provincia con mayor inversión nominal en obras públicas, superando incluso a Córdoba y Santa Fe. Esto contrasta con la caída promedio del 83% en términos reales de la obra pública nacional, que afectó especialmente a provincias como La Rioja y San Luis, con reducciones de hasta el 97%.El ajuste marcó disparidades significativas, mientras algunas provincias lograron sostener mejor los recursos. Además, el informe destacó que el Gobierno busca reconfigurar la inversión pública hacia un modelo de participación privada, lo que podría transformar el futuro de la infraestructura en el país.

Este primer censo digital de infraestructura escolar es el comienzo del relevamiento general que la Dirección de Estadísticas y Censo del Ministerio de Hacienda y Finanzas llevará a cabo con todos los edificios en los que funcionan dependencias del Estado para contar con un diagnóstico detallado de las necesidades edilicias. Para dar inicio al relevamiento de las escuelas, el Ministerio de Hacienda y Finanzas firmó un acuerdo con el Consejo General de Educación (CGE), que permitirá censar los 1.400 establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario. En una primera etapa se censarán 476 escuelas. Se espera concluir el total a fin de año. En ese marco, ya se concretó la convocatoria a los primeros censistas, y comenzaron las capacitaciones a coordinadores, directivos y censistas, que se realizan a través de la plataforma Atamá, del CGE.El último censo de infraestructura escolar se llevó a cabo hace 15 años. Esta es la primera vez en la historia que se hace de manera digital, lo que permite mejorar la calidad del dato y la velocidad de los resultados.Por tratarse de un censo de infraestructura, los censistas son personal técnico o idóneo. En la mayoría de los casos son trabajadores del Estado, pero también hay voluntarios idóneos que pertenecen a las comunidades educativas de cada escuela. Por este motivo, el costo del censo es prácticamente cero. En caso de ser docentes, el CGE les reconocerá puntaje. Quienes quieran participar del censo pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://forms.gle/S12ZEnacjqitbK7D8.

Cada censista estará identificado con una credencial con un código Qr, y producirán información escrita, a través de una aplicación móvil, que funciona aún sin conexión, y material audiovisual clasificado en categorías como, por ejemplo, el acceso a servicios, conectividad, si posee o no planimetría y la accesibilidad, entre otros. La información se volcará en una base de datos georreferenciada que estará alojada en el Data Center de la provincia, y los datos estarán resguardados según lo establece la Ley 8910.