La decisión judicial establece un criterio concreto: un aumento otorgado a los empleados públicos como consecuencia de su trabajo es salario, independientemente del nombre que le coloque la administración. Por lo tanto, no puede ser considerado “no remunerativo” para evitar aportes y contribuciones.

La Cámara consideró que los decretos 537/26 del Poder Ejecutivo y 017/26 del Senado contradicen el artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos, que dispone expresamente que todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones.

La falta de esos aportes no solamente repercutió sobre el sistema previsional provincial, sino también sobre los ingresos de jubilados y pensionados, ya que el aumento otorgado a los trabajadores activos no se reflejó íntegramente en sus haberes.

Por ese motivo, el Tribunal ordenó a la Provincia calcular y transferir a la Caja de Jubilaciones, dentro de los 30 días hábiles, los aportes y contribuciones correspondientes. También dispuso que la Caja abone a los demandantes las diferencias necesarias para alcanzar el 82% o el 75% del incremento, según se trate de jubilados o pensionados.

El fallo representa así un límite judicial a la utilización de sumas “no remunerativas” dentro del Estado provincial: para la Justicia, cambiarle el nombre a un aumento no modifica su naturaleza salarial ni permite excluirlo de los aportes establecidos por la Constitución entrerriana.