Bajo la consigna “¡Qué arda!”, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y personas no binarias de Concordia convocó a una concentración, la lectura de un documento y una posterior marcha por las calles de la ciudad. La actividad reunió a organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas que volvieron a reclamar por el fin de la violencia machista, la implementación de políticas públicas de protección y justicia para las víctimas.La movilización local se desarrolló en simultáneo con manifestaciones en distintos puntos del país. A nivel nacional, los reclamos estuvieron atravesados por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, casos que volvieron a conmover a la sociedad y reforzaron el pedido de medidas urgentes para prevenir la violencia de género. La consigna nacional fue “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.Durante la lectura del documento en Concordia, las organizaciones expresaron su preocupación por la persistencia de los femicidios y las múltiples formas de violencia que afectan a mujeres, niñas, adolescentes y diversidades. “Ni Una Menos, así cansadas, así consternadas, así hartas. Acá estamos. Ni Una Menos. Qué arda”, fue una de las frases que abrió el mensaje leído frente a los presentes.

Las referentes señalaron que la violencia de género no puede entenderse como una sucesión de hechos aislados, sino como el resultado de un entramado de desigualdades estructurales que continúan poniendo en riesgo la vida de miles de personas. “No es un loco suelto, no es una tragedia. Es un sistema”, afirmaron.En ese contexto, se difundieron cifras que reflejan la magnitud del problema. Según los datos citados durante la jornada, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron en Argentina 3.205 víctimas letales de violencia de género, de las cuales 3.144 fueron femicidios, 46 trans-travesticidios y transfemicidios, además de 15 casos investigados como suicidios vinculados a situaciones de violencia. Las organizaciones señalaron que actualmente se registra un femicidio cada 31 horas en el país.El documento también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas. Las manifestantes denunciaron el desmantelamiento de programas específicos, la reducción de recursos destinados a refugios y espacios de contención, y la eliminación de herramientas oficiales de registro de casos de violencia de género.Asimismo, las organizaciones expresaron fuertes críticas al Gobierno nacional por los recortes presupuestarios y por lo que consideran un debilitamiento de las políticas de género y diversidad. En ese sentido, señalaron que las medidas de ajuste impactan especialmente sobre mujeres y sectores vulnerables, profundizando situaciones de desigualdad y exclusión.Otro de los ejes del documento estuvo centrado en el rol del Estado y la Justicia frente a las denuncias de violencia. Las manifestantes reclamaron respuestas más rápidas y efectivas ante desapariciones, amenazas y situaciones de riesgo, y denunciaron la falta de acompañamiento institucional en numerosos casos.

Durante la lectura también se establecieron vínculos entre la lucha feminista y otros reclamos sociales. Las organizaciones hicieron referencia a la situación de jubilados, trabajadores, estudiantes y sectores populares, al tiempo que llamaron a fortalecer la organización comunitaria frente al avance de políticas que, según expresaron, afectan derechos conquistados.En el tramo final del documento, las participantes reivindicaron la historia de las luchas feministas y de derechos humanos en Argentina, destacando el legado de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el protagonismo que tuvo la denominada “ola verde” en la conquista de nuevos derechos.

“Las conquistas que nacieron en las calles se defienden en las calles”, señalaron, al convocar a profundizar la unidad entre organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y espacios políticos.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la OM, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025 se registraron en Entre Ríos dos víctimas de femicidio directo y una víctima de femicidio vinculado, categoría que comprende otras muertes violentas asociadas a contextos de violencia de género.

Las víctimas tenían entre 22 y 42 años de edad. Los hechos sucedieron en distintos puntos de la provincia: en las ciudades de Victoria, Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Tala). En cuanto al lugar de ocurrencia, uno tuvo lugar en un espacio público, otro en la vivienda de la víctima y el tercero en una zona rural.

Los registros indican además que dos niñas y/o niños quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. En relación con los medios empleados para cometer los hechos, se identificó un caso con arma de fuego, otro con arma blanca y un tercero mediante el uso de fuerza física.

El análisis de la información permite advertir que el 100 por ciento de las víctimas conocía a su agresor, mientras que en el 80 por ciento de los casos existía o había existido una relación afectiva o sentimental entre la víctima y el femicida. Estos datos reflejan una característica recurrente de las violencias extremas por motivos de género: su ocurrencia en ámbitos de cercanía y confianza.

Asimismo, se observó que en dos de los casos no existían medidas judiciales de protección previas. En el restante, el agresor registraba una condena condicional dictada en el marco de un juicio abreviado. Uno de los femicidas se suicidó luego de cometer el hecho y los otros dos permanecen privados de libertad en una unidad penal.

Acerca de la estadística

Fernanda Baima, directora de la OM destacó que la información estadística constituye una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia y permiten conocer la magnitud de la problemática, identificar patrones de riesgo y mejorar las respuestas institucionales destinadas a la defensa de los derechos de las víctimas.

Y, en el marco de la consigna “Vivas nos queremos. Ni una muerta más”, la OM reafirma su deber con la construcción de una justicia cada vez más cercana, sensible y eficaz en la prevención, detección temprana y abordaje de las violencias por motivos de género. A través de la capacitación permanente, la producción de información estratégica, la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de herramientas de protección para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, el Poder Judicial trabaja de manera sostenida para contribuir a una sociedad libre de violencias, donde cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad.

Acciones y políticas públicas

Por su parte, la directora de la Oficina de Violencia de Género (OVG), Sofía Uranga, sostuvo que el organismo ratifica su compromiso con el acceso a la justicia, la transparencia y la protección de las mujeres, sus hijas e hijos y precisa que la producción de información propia y la difusión de estadísticas no solo cumple con un deber institucional: busca visibilizar la urgencia de continuar trabajando en la prevención y erradicación de la violencia de género en nuestra provincia.

El sostenimiento del Centro Judicial de Género —desde una perspectiva de transversalización y de intervención concreta— es una decisión estratégica del Poder Judicial para profundizar las políticas necesarias que garanticen una vida libre de violencias. Tras más de una década de trabajo sostenido, esa política ha tomado nuevo impulso con la creación del Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV) herramienta que fortalecerá la capacidad de respuesta de los operadores judiciales en todo el territorio provincial e igualará el acceso a la justicia en materia de violencia de género.

“Identificar riesgos e intervenir a tiempo es condición indispensable para prevenir la violencia extrema. El Estado actúa; la sociedad también es convocada a hacerlo, y fechas como la de hoy son expresión de ese compromiso colectivo”, concluyó Uranga, quien recientemente asumió en el cargo tras atravesar las instancias de una convocatoria para tal función en el Poder Judicial.

La convocatoria será en la Plaza 25 de Mayo, con una concentración prevista para las 18 horas y una marcha que comenzará a las 19. Bajo las consignas "¡Que arda!", "Ante la violencia planificada" y "Rebelión feminista", la actividad es organizada por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y NB+ de Concordia, en reclamo contra las violencias de género y en defensa de los derechos conquistados.

Esta subsecretaría, la única área específica del Ejecutivo dedicada a combatir la violencia de género, había sido recientemente transferida de la cartera de Capital Humano al Ministerio de Justicia, donde algunas de sus funciones serían absorbidas. Sin embargo, este jueves se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien encabezaba la subsecretaría desde febrero. En su carta de renuncia, Barcia relató que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le informó la noche anterior por WhatsApp que la subsecretaría “dejará de existir”.La renuncia de Barcia y la confirmación oficial del Ministerio de Justicia han generado indignación y preocupación entre las trabajadoras del área. “Las 650 trabajadoras que quedan se encuentran en estado de asamblea, ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas podrían ser transferidas a otras secretarías, pero se teme que hasta un 80 % sean despedidas, en línea con el recorte de empleos públicos anunciado por el presidente Javier Milei”, afirmó Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, en una radio abierta frente a la sede de Paseo Colón 181.La disolución de la subsecretaría es percibida como un desprecio brutal por lo público y por las obligaciones del Estado en materia de género. La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), destacó: “El artículo 8 de la Ley 26.485 establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas. Esta medida no solo ignora esas obligaciones, sino que también muestra una total falta de respeto por el marco normativo nacional e internacional”.Desde el inicio de la gestión de Milei, las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia han sufrido un desfinanciamiento y desarticulación sistemáticos. El presupuesto de la subsecretaría ya era un 62 % más bajo que el de 2023, según datos de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre el impacto de estas medidas a nivel nacional y provincial. “La disolución de la subsecretaría implica un retroceso en las políticas integrales para proteger a las mujeres y diversidades de la violencia machista. En Buenos Aires, seguiremos construyendo con un Estado presente y profundizando la perspectiva de género, pero a nivel nacional, el panorama es muy grave”.La médica epidemióloga Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), también expresó su preocupación. “Están desmembrando funciones cruciales como la Línea 144, el Registro Único de casos y el Programa Acompañar. Este es un retroceso enorme”, señaló Bianco.La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, acompañó a las trabajadoras en su protesta y criticó duramente la medida. “El gobierno de Milei promueve discursos de odio, habilita la violencia y niega la desigualdad de género. La disolución de esta área no solo afecta las políticas públicas, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: la violencia contra las mujeres no importa”.En un país donde casi cada día una mujer o una persona de la diversidad es asesinada por motivos de género, la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género representa un paso atrás en la lucha por la igualdad y la justicia. La comunidad de derechos humanos y género continuará organizándose y denunciando esta medida, tanto a nivel nacional como internacional.

La convocatoria se hizo luego de que se hiciera público otro caso de violencia machista con la violación grupal de una joven en Palermo. 

"La deuda es con nosotres y nosotras. ¡Que la paguen los que la fugaron!", exige Ni Una Menos en reclamo de políticas públicas más activas por parte del Estado. 

La concentración será a partir de las 16 en la avenida 9 de Julio, para movilizarse desde allí hacia el Congreso, escenario de la histórica movilización del 3 de Junio de 2015 por el femicidio de Chiara Páez, cuyo agresor fue recientemente beneficiado por la Corte Suprema de Santa Fe.   

"Vamos a marcar cuáles son las deudas que el Estado y el Gobierno tienen con las mujeres y las disidencias, que deben ser prioridad frente al pago de la deuda externa", señaló Luci Cavallero, integrante del colectivo y doctora en Ciencias Sociales. 

Cavallero consideró que con la vuelta a las calles se proponen "empezar a tejer una agenda de reivindicaciones" tras la conquista que significó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020.  

Entre los puntos a incorporar en la agenda de debate público, la integrante de Ni Una Menos subrayó:  el reconocimiento de las trabajadoras de la economía popular, salarios por encima de la inflación y la aplicación de la ley del cupo laboral trans.   

"Esperamos que en las calles no estén solamente las mujeres organizadas, sino que también se pueda convocar a otras compañeras y jóvenes de la educación secundaria, que son quizás con quienes perdimos más contacto durante la pandemia", reflexionó Cavallero.

 Junto a compañeras militantes, organizaciones, instituciones, movimiento y espacios de participación, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, para compartir las experiencias y el trabajo en la prevención, asistencia, visibilización y lucha contra la trata y la explotación sexual y laboral de mujeres.

Estarán exponiendo María Amelia Chiofalio Legisladora Provincial MC (Córdoba), Silvina Sierra Convocatoria Abolicionista Federal (Santa Fe) Bernardita Zalisñak IIEG CAER Secc. Concordia (Entre Ríos).

La presentación estará a cargo de Nicolás Del Maestro Delegado de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la lucha contra La Trata- Región Centro

#NiUnaMenosPorExplotacionSexualyLaboral #NiUnaMenosPorElSistemaProstituyente #NiUnaMenosPorTrata

Inscripciones por formulario: https://forms.gle/cdeNqa5NQ5BxkwtDA

Del total de los femicidios, 290 mujeres habían realizado denuncias previas y 163 tenían medidas judiciales. Las movilizaciones comenzaron con el brutal asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años y cursaba un embarazo de ocho semanas. Fue asesinada por su expareja y el caso sigue sin condena firme.

El crimen desató una ola de indignación y hartazgo que se extendió por todo el territorio y dio lugar a la primera marcha en reclamo de Ni Una Menos, dando inicio a la expansión de la organización feminista en el país.

En lo que va del año, 103 mujeres fueron asesinadas, lo que da como resultado un femicidio cada 35 horas. El 39,8% de los crímenes fueron cometidos por la pareja y 80 niños y niñas se quedaron sin madre. Del total de los casos, veinte mujeres habían realizado denuncias previas y 13 tenían medidas judiciales. En el 61% las víctimas tenían vínculo con el agresor. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en la Provincia de Buenos Aires es donde se dieron la mayor cantidad de asesinatos.

Hoy, debido a la pandemia por coronavirus, desde el Colectivo Ni Una Menos convocan a una actividad de visibilización en el espacio público en distintos puntos del país con varias consignas. �SAnte la crisis profundizada por la pandemia mundial, frente a una feroz disputa geopolítica por cómo enfrentarla, las mujeres cis, trans, travestis, lesbianas, no binaries y varones trans, sostenemos en las casas, las calles y cada territorio la resistencia, la salud y la vida. Seguimos diciendo ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!, porque sabemos que las violencias por razones de género expresan violencias estructurales⬝ dice el documento emitido por el Colectivo y diversas organizaciones sociales y sindicales. En el pliego de demandas, se incluyen el pedido de legalización del Cupo Trans; la reforma judicial feminista, más salarios y subsidios para trabajadoras sociocomunitarias y esenciales; reclamo por la soberanía alimentaria y efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

�SDesde hace seis años el grito de Ni Una Menos nos convoca para seguir escribiendo la historia y transformar el presente. En las calles y también desde el Estado, con políticas públicas para construir una Argentina sin violencias, para todas, todes y todos. En el difícil contexto de pandemia, redoblamos el compromiso para dar respuesta a reclamos históricos de los movimientos de mujeres y LGBTI+⬝ dice el comunicado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia , llamá al 144, línea telefónica disponible las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.