Las versiones difundidas generaron un fuerte impacto tanto en el escenario político como en la sociedad entrerriana, no solo por la gravedad de los señalamientos, sino también por la reiteración del tema en distintos espacios televisivos y plataformas digitales.Roncaglia, con una extensa trayectoria en fuerzas federales antes de asumir su actual cargo, sostuvo que este tipo de publicaciones “no son casuales” y las vinculó al avance de investigaciones contra el narcotráfico en la provincia. Desde el entorno del Ejecutivo provincial también expresaron respaldo al ministro y remarcaron que el trabajo en materia de seguridad continuará sin modificaciones.Más allá del rechazo oficial, la magnitud de las acusaciones encendió el debate público. En distintos sectores se plantea la necesidad de que la situación sea esclarecida en los ámbitos correspondientes, para evitar que hechos de semejante gravedad queden reducidos a una disputa mediática sin resolución concreta.El propio Roncaglia cuestionó la liviandad con la que se difundieron las versiones y pidió responsabilidad al momento de abordar información que afecta la credibilidad institucional. En ese sentido, insistió en que los señalamientos carecen de sustento y forman parte de maniobras destinadas a desacreditar la gestión.Desde El Heraldo ya nos hemos pronunciado con claridad sobre este episodio. Lo que se vio en algunos programas de televisión y en redes sociales no resiste el menor análisis serio: fue una infamia. De esas situaciones que obligan a preguntarse cómo pueden ocurrir bajo el ropaje del periodismo. Lo dijimos en una nota reciente y lo reiteramos: si el gobernador Rogelio Frigerio y su ministro de Seguridad tuvieran la más mínima vinculación con lo que allí se insinuó, sería momento de replantear una trayectoria de más de 50 años en esta profesión. Porque si algo así sucediera frente a nuestras narices, significaría que el olfato periodístico está definitivamente perdido.Quienes siguen estas páginas saben que no han faltado críticas firmes al ministro Roncaglia cuando así lo consideramos. Pero lo que aquí se planteó está muy lejos de cualquier cuestionamiento serio: es una acusación burda, repetida hasta el hartazgo en redes, con consignas simplificadas que buscaban instalar una etiqueta sin pruebas. Detenerse a escuchar el origen de esas versiones —basadas en los dichos de un condenado como el tristemente célebre “Tavi Celis”, hábil declarante— alcanza para advertir lo inverosímil de la construcción. Presentarlo como una fuente confiable es, directamente, un despropósito.Sostener en televisión que Entre Ríos tiene un gobernador y un ministro vinculados al narcotráfico, sin sustento sólido, no es periodismo de investigación: es una canallada.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que fue incluido en un presunto plan para atentar contra su vida, junto al fiscal José Ignacio Candioti y el juez federal Leandro Ríos. Según explicó, la maniobra habría sido organizada por un narcotraficante detenido en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, y se conoció a partir de declaraciones realizadas por un interno ante la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, el testimonio permitió activar medidas preventivas y reforzar la seguridad de los funcionarios mencionados. Roncaglia señaló que uno de los datos aportados por el  detenido hacía referencia a un movimiento personal suyo ocurrido en enero, lo que, a su entender, evidenciaría tareas de seguimiento previas.

El presunto instigador señalado es Leonardo Airaldi, empresario ganadero de la zona de Diamante con causas vinculadas al narcotráfico. El ministro recordó que, desde el inicio de la actual gestión provincial, se llevaron adelante investigaciones que derivaron en allanamientos y detenciones en 2024, además de causas conexas que agravaron la situación procesal del detenido, pero la principal causa es de la provincia de Santa Fe.

No obstante, en ámbitos locales el episodio es leído con mayor cautela. Celis —el interno que impulsó la denuncia— no es un desconocido en el ambiente delictivo. Se lo vincula con maniobras de presión y con intentos de influir en escenarios políticos en Paraná, donde ofrecía supuestos “contactos” para direccionar apoyos electorales, situación que derivó en el proceso judicial que involucró injustamente al ex intendente Sergio Varisco.También se recuerda que Celis mantuvo conflictos con Airaldi, a quien habría denunciado luego de desacuerdos personales vinculados —según comentarios de lugareños— a información fallida sobre una operación inmobiliaria familiar. Ambos se conocían y, de acuerdo con esas versiones, la ruptura se produjo tras un “dato” que no resultó como esperaba el denunciante.

Dentro del penal de Gualeguaychú, donde permanece detenido el empresario, la intervención judicial tomó por sorpresa incluso a internos que, según trascendidos, mantienen una cordial relación con el millonario acusado, quien hace compras masivas para los internos.Más allá de la gravedad de cualquier amenaza, algunos habitantes “de entre las rejas” consideran que el origen del caso no surge de una sofisticada red de inteligencia, sino de una denuncia formulada por un preso con experiencia en utilizar su situación procesal para obtener ventajas. La investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine el alcance real del supuesto plan.

La iniciativa busca dotar de herramientas fundamentales a los agentes municipales para optimizar los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el territorio provincial.

En total, se distribuyeron más de 50 cascos homologados, además de elementos de señalización y visibilidad.

El equipamiento, que incluye cascos, conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro, fue recibido por funcionarios municipales y comunales.

“La seguridad vial nos ocupa, sobre todo lo que respecta a la capacitación y prevención de siniestros. Con estos kits, los municipios cuentan con mejores recursos para proteger a sus agentes y a la comunidad”, expresó el ministro Roncaglia.

Durante su intervención, Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales. El ministro subrayó la importancia de la presencia territorial. “No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Estamos trabajando en una coordinación estrecha entre la Policía de Entre Ríos y las fuerzas federales, porque al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente”, afirmó Roncaglia. “Nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena, aunque es de suma importancia para esta tarea. Para eso, la capacitación y la actualización de los cuadros judiciales y policiales, como la que hoy nos convoca en Gualeguaychú, es fundamental”. La jornada contó con un bloque específico dedicado al Contrabando, donde se analizaron las particularidades del comercio ilegal en zonas fronterizas. Disertaron destacados referentes del ámbito jurídico y legislativo:  el diputado Nacional, Guillermo Michel;  los jueces Nacionales en lo Penal Económico Alejandro Catania y Pablo Yadarola; el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo y el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. 

La responsabilidad política y operativa recae de lleno en el Ministerio de Seguridad, conducido por Néstor Roncaglia, un funcionario que fue elevado a rango ministerial con la expectativa de profesionalizar el área, pero cuya gestión viene acumulando señales de desgaste dentro de las propias fuerzas. La presencia —o permanencia— de dispositivos de vigilancia en oficinas clave del poder provincial evidencia una alarmante falta de control interno y prevención básica, una omisión que habla muy mal tanto del ministro como de la conducción policial.

Desde hace tiempo circulaban versiones en ámbitos políticos sobre un posible final de ciclo de Roncaglia hacia fin de año. El episodio de las cámaras no solo refuerza esas versiones, sino que instala un interrogante mayor: ¿cómo es posible que no se haya revisado ni asegurado el despacho del gobernador, máxima autoridad institucional de la provincia?

La gravedad se amplifica si se considera el contexto. Frigerio no es un gobernador encapsulado: se mueve con su familia, practica actividades al aire libre y ha optado por un estilo personal sin grandes aparatos de custodia. Esa elección, legítima, lo deja aún más expuesto en una provincia donde el narcotráfico ya dejó de ser un fenómeno marginal y pasó a confrontar abiertamente con la Policía de Entre Ríos.

En las islas frente a Victoria se registraron episodios de tiroteos contra personal policial. Pescadores nocturnos relatan el paso de avionetas a baja altura y el movimiento silencioso de lanchas de escasa potencia que, en la madrugada, recogen “paquetes” en zonas donde el control estatal es casi inexistente. Tras esas alertas, no hubo un refuerzo sostenido ni una estrategia visible. El problema quedó diluido entre vacaciones, silencios oficiales y acciones de alto impacto mediático, pero baja eficacia real.

A esto se suma una dimensión aún más preocupante y menos atendida: los niños atrapados por el narcotráfico. En distintas ciudades entrerrianas ya se observan chicos de entre 6 y 12 años deambulando de noche en los barrios, hijos de dos generaciones expulsadas del sistema. Días atrás, en el hospital de Victoria, fue atendido un niño de siete años que sufrió un cuadro grave tras consumir marihuana facilitada por otros menores. No se trata de casos aislados: es el anticipo de una inseguridad futura mucho más violenta si no se actúa ahora.

El Ministerio de Seguridad no está para un esquema de gestión a distancia ni para viajes constantes a Buenos Aires. Está para poner horas, territorio y decisión política en una transformación profunda. El escándalo institucional de las últimas horas no es solo un papelón nacional: es una advertencia. Todo indicaría que el gobernador ya estaría poniendo situaciones en la balanza y el dibujo tendría otro destino.

Porque cuando fallan los controles básicos, cuando el narcotráfico avanza y cuando la infancia queda librada a su suerte, la seguridad deja de ser marketing y pasa a ser una deuda urgente. 

La obra consistió en una reestructuración edilicia completa, diseñada para brindar condiciones dignas de trabajo al personal policial y una atención de calidad a los vecinos y turistas que transitan la zona portuaria. Dada la importancia estratégica de Puerto Ruiz, se ejecutó un plan de obras que incluyó la fabricación de zapatas y columnas estructurales con refuerzos de hierro, garantizando la estabilidad a largo plazo del edificio. Además, se realizó el cambio total del techo con perfilería y chapas nuevas, además de la nivelación del terreno con maquinaria pesada y relleno en sectores desnivelados Se demolieron paredes obsoletas para crear oficinas funcionales, se instalaron cielorrasos de placas de yeso con perfilería de aluminio y se colocaron cerámicos nuevos en toda la superficie tras la ejecución de contrapisos y carpetasA esto se suma la incorporación de mobiliario y equipamiento que permitirá un mejor servicio a la comunidad de Puerto Ruiz. 

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, encabezaron el acto de apertura de las jornadas sobre ciberseguridad.

Las actividades se llevan adelante a través de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. Las mismas se desarrollarán durante cuatro jornadas consecutivas, en la Dirección General de Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná.“Nuestra Policía tiene una gran posibilidad que es aprender este conocimiento. Si no sabemos, no podemos contextualizar la ciberseguridad. Somos unos privilegiados en la Provincia por tener esta capacitación. ‘‘El cibercrimen es un delito muy actual, porque en esta sociedad todo está digitalizado, y es una gran posibilidad, pero también, una gran amenaza. Por eso, desde las fuerzas de seguridad debemos formarnos para poder seguir brindando investigaciones de calidad”, sostuvo Roncaglia.

La formación está destinada a funcionarios y agentes vinculados a la seguridad, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en materia de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdelito y delito complejo, abordando la temática desde una perspectiva integral, técnica, jurídica y estratégica.Contenidos y ejes temáticosA lo largo de los distintos módulos se abordarán temas vinculados a, ciberseguridad y geopolítica, ciberinteligencia y ciberinvestigación, libertad, privacidad y rol del Estado en la era digital, investigación judicial en entornos digitales, delito complejo transnacional, terrorismo y uso de internet con fines de radicalización, criptoactivos, lavado de activos y estafas digitales.

Las exposiciones estarán a cargo de especialistas y docentes de reconocida trayectoria, combinando instancias teóricas con actividades prácticas.

El acto de colación se realizó en las instalaciones de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en la institución educativa que tiene su asiento dentro del establecimiento penitenciario.El evento contó con la presencia, además, del subdirector del Servicio Penitenciario Santiago García; de la jueza de Ejecución de Pena, Cecilia Bértora; del director de educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger; y de autoridades educativas y familiares, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la educación como pilar fundamental para la resocialización.En esta oportunidad, un total de 16 estudiantes -seis mujeres y 10 varones- finalizaron exitosamente su educación primaria. La obtención de este título no solo representa un cierre de ciclo académico, sino que habilita a los egresados a continuar su formación en el nivel secundario, desafío que los graduados ya han confirmado que emprenderán."Hoy es un día muy importante, no solo para la institución penitenciaria sino para los 16 internos que terminaron el ciclo primario de educación. Este acto es muestra del compromiso por la reinserción y la educación como pilar fundamental para mejorar las condiciones de vida de quienes hoy están privados de su libertad. Estoy orgulloso del compromiso de los internos y de la hermosa familia que es la Escuela de Jóvenes y Adultos Vicente López", sostuvo Roncaglia.Durante el acto, se destacó el esfuerzo y la perseverancia de los alumnos para sostener sus estudios en contexto de encierro, así como la labor indispensable del equipo docente de la escuela, quienes garantizan el derecho a la educación dentro de la unidad penal.La jornada concluyó con la entrega de diplomas y un reconocimiento al valor de la educación como herramienta transformadora para la futura reinserción social de las personas privadas de su libertad."Renovamos el compromiso de garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos, jerarquizando la modalidad, capacitando a los docentes y ampliando permanentemente la oferta educativa en las unidades penales", indicó por su parte el director de educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger.

La misma está ubicada en el edificio de la Comisaría 4° de la ciudad de Paraná. Las nuevas instalaciones permitirán fortalecer el trabajo de investigación y la coordinación operativa en la provincia.Con la presencia del jefe de Policía, Claudio González e integrantes de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia, destacó la importancia de contar con un espacio propio para la dirección. “Este edificio, junto a la reparación y obra que se realizó, es producto del esfuerzo de nuestra fuerza y redundará en beneficios y condiciones de trabajo para el personal”, sostuvo.El proyecto contempló la reforma integral de un espacio existente, que originalmente contaba con dos oficinas y un sanitario, con una superficie cubierta total de 170 metros cuadrados. Tras los trabajos realizados, el edificio alcanzó una superficie total de 230 metros cuadrados, incorporando mejoras estructurales y funcionales.En la planta baja se construyeron cinco oficinas, un dormitorio, un comedor y un área de servicios con dos baños y cocina, destinados al personal de la División Homicidios. En la planta alta se ubicaron tres oficinas, además de un espacio para dormitorio y comedor, que serán utilizados por la División de Delitos Económicos.Las obras incluyeron la instalación de mampostería de yeso prensado, cielorrasos de PVC y aberturas de aluminio, garantizando espacios modernos, luminosos y funcionales, con iluminación natural en todas las áreas de trabajo.“Venimos realizando este tipo de acciones en diferentes comisarías de nuestra provincia. Es una forma de destinar los recursos donde tienen que estar. En brindar mayor seguridad a la comunidad y mejores espacios de trabajo para nuestros policías”, finalizó Roncaglia.

Se trata del primer parque de entrenamiento para perros del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, un espacio destinado al entrenamiento, la recreación y el bienestar de los canes.“Estamos muy contentos de ver a nuestros perros felices. Ellos colaboran activamente en la tarea de seguridad y merecen un lugar adecuado para su entrenamiento y recreación”, explicó el ministro Roncaglia durante la presentación del parque en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

En cuanto a los canes, Roncaglia mencionó: “Ellos colaboran activamente en los operativos de control y requisas de la Unidad y la forma de aprender es mediante el juego y la recreación”.Por su parte, el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, destacó la importancia para la institución de incorporar un nuevo espacio de formación y capacitación para canes. “Los perros son parte esencial del trabajo penitenciario que permite reforzar la seguridad”, subrayó.Estuvieron presentes, además, la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora; el jefe de Policía, Claudio González; e integrantes de la plana mayor del Servicio Penitenciario.

Esta medida forma parte de una política de equipamiento y defensa ante el aumento de ataques violentos contra efectivos, incluyendo un reciente incidente registrado en la zona de islas.El FAL, un arma de probada eficacia utilizada por Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad a nivel nacional, será incorporado de manera estratégica para reforzar la capacidad de respuesta y disuasión de los agentes.Roncaglia enfatizó la necesidad de dotar a la policía de los medios adecuados para hacer frente a amenazas de alto poder de fuego, especialmente en áreas de difícil acceso. “El FAL es un elemento disuasorio clave. Su presencia en patrullajes fluviales, en la zona de islas y en grandes extensiones rurales, donde la logística y la asistencia rápida se complican, es fundamental”, explicó el ministro.Señaló que no se puede “enviar a nuestros policías a patrullar zonas calientes desprotegidos. Tras los ataques que sufrimos la semana pasada por vándalos y grupos armados en el perímetro policial, el mensaje es claro: la vida de un policía no es negociable. El Estado los respalda plenamente. Capacitamos, equipamos y estamos listos para defender a quienes nos defienden”.

“Aquellos que agredan a un efectivo en cumplimiento de su deber deben saber que la respuesta será contundente y con toda la fuerza que la ley nos permite utilizar para repeler el ataque. Se terminó la impunidad. La Policía de Entre Ríos está en un proceso de reequipamiento y endurecimiento de su política operativa. Quien pretenda amedrentar a la fuerza o cometer actos vandálicos y criminales en nuestra provincia se encontrará con una fuerza de seguridad que está lista para neutralizar cualquier amenaza”, concluyó Roncaglia. 

Durante su exposición, Roncaglia detalló cómo se desarrolló la investigación policial y remarcó que el menor Pedro, oriundo de Córdoba, fue rápidamente contenido y puesto bajo resguardo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), para luego ser trasladado a su provincia de origen.El funcionario subrayó que cuando Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú tenía su arma con munición en recámara, lista para disparar. “Se trata de una mentalidad criminal”, afirmó el ministro, y señaló que el detenido “planificó cada paso con absoluta conciencia de lo que hacía”.Según adelantó, Laurta permanecerá detenido por el momento en Gualeguaychú y luego será trasladado a Concordia para responder por la desaparición de Martín Palacio. Posteriormente deberá enfrentar la Justicia de Córdoba, donde se lo acusa del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y del secuestro de un niño de seis años.

“Queremos explicar el derrotero de la Policía en el esclarecimiento y detención de esta persona autora de tres homicidios: dos femicidios en Córdoba y un homicidio en Entre Ríos”, sostuvo Roncaglia, al repasar el trabajo coordinado entre las fuerzas provinciales.El ministro explicó que el primer contacto en Entre Ríos se produjo el 9 de octubre, cuando la familia de Palacio radicó la denuncia en Concordia. El remisero había sido contratado el 7 de octubre para trasladar a Laurta hacia Rafaela (Santa Fe), y dejó de comunicarse esa misma noche. Posteriormente, la Policía de Córdoba informó el hallazgo del vehículo Toyota Corolla incendiado, lo que llevó a los investigadores a vincular ambos hechos.A partir del intercambio de información entre provincias, se logró determinar que Laurta se encontraba en Gualeguaychú, donde fue detenido el domingo en un operativo que también permitió rescatar al niño. En paralelo, la Policía de Concordia continuó con los rastrillajes y el análisis de cámaras de seguridad, lo que finalmente condujo al hallazgo de un cuerpo mutilado en una zona rural entre Concordia y San Salvador, lugar donde se habían apagado los teléfonos de Palacio.Roncaglia indicó que se realizarán estudios genéticos para confirmar la identidad de la víctima y agregó que “todos los indicios apuntan a que se trata de una acción planificada desde el inicio”. También precisó que el detenido había dejado su auto en Uruguay y cruzado en kayak hacia la costa entrerriana, trayendo consigo el arma utilizada en los crímenes.

El ministro destacó la actuación del personal policial y el trabajo conjunto entre las fuerzas de Córdoba, Entre Ríos y Uruguay. “Fue un accionar metódico, pero la respuesta de las instituciones fue inmediata y coordinada”, afirmó.

El testimonio de RosatelliAl finalizar la conferencia, el jefe departamental de Concordia, José María Rosatelli, brindó detalles sobre la investigación local y la articulación con otras jurisdicciones. Explicó que todo comenzó el jueves 9 al mediodía, cuando los familiares de Palacio se presentaron en la Jefatura para pedir su localización, lo que dio origen inmediato a una causa judicial.Rosatelli destacó la intervención de la fiscal a cargo “que acompañó en todo momento el trabajo de la Policía”, y subrayó que desde ese día se inició un operativo que incluyó la triangulación de teléfonos, el análisis de cámaras y la búsqueda en caminos rurales.‘‘Fue un trabajo muy intenso que, contado, parece haber durado semanas, pero en realidad se desarrolló en cuestión de días. Desde el primer momento hubo coordinación con las policías de Córdoba, Santa Fe y Uruguay”, relató.El jefe policial señaló que el seguimiento del vehículo y las antenas telefónicas permitió ubicar la zona de General Campos, donde finalmente fue hallado el cuerpo. “Se trató de una investigación minuciosa, con participación de distintas jefaturas y apoyo de todas las áreas”, precisó.

Finalmente, Rosatelli valoró la cooperación internacional y el uso de tecnología aplicada a la investigación: “Contamos con un sistema de lectoras de patentes recientemente inaugurado en Concordia, que fue clave para determinar el ingreso y salida del vehículo. Cada elemento aportó a reconstruir lo ocurrido”.

No es la primera vez que el funcionario viaja: ya estuvo en abril de este año y también en 2024, cuando fue designado consejero del Foro. Ahora vuelve a presentarse como figura destacada gracias a su trayectoria en la Policía Federal y su paso por Interpol.

Sin embargo, mientras Roncaglia se prepara para mostrarse en un escenario internacional, la realidad entrerriana lo desmiente cada semana. La provincia arrastra una preocupante crisis de seguridad que golpea al corazón de la fuerza policial.

A las denuncias por corrupción y manejos discrecionales, se suman los episodios de autodeterminación de agentes que se repiten con una frecuencia alarmante, dejando a la sociedad entrerriana con “tristes novedades” cada pocos días.

Difícilmente un foro en China, con discursos sobre amenazas globales, pueda dar respuestas a este drama cotidiano que atraviesa a la Policía de Entre Ríos. Mucho menos lo harán las fotos con ministros extranjeros o las exposiciones en subforos sobre cooperación. La sangría interna de la fuerza provincial exige medidas urgentes y concretas aquí, no en el otro extremo del mundo.

En este contexto, la pregunta que surge es inevitable: ¿qué puede ser más prioritario para el ministro? ¿El prestigio internacional que le ofrecen estos encuentros o enfrentar de una vez la crisis estructural de la seguridad entrerriana?

Mientras se suceden los viajes y las exposiciones globales, en las calles de la provincia sigue creciendo la desconfianza, la desprotección y el dolor que genera una policía desbordada, con agentes que no encuentran salida. Y lo que es peor, con un Estado que parece mirar hacia afuera cuando debería ocuparse de lo que pasa puertas adentro.

En un importante golpe al narcotráfico, el gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia llevaron adelante la quema de más de 23 kilos de drogas en La Paz, lo que equivale a más de 100 millones de pesos.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, estuvo presente junto a integrantes de la Policía de Entre Ríos, el municipio y la Justicia. La cantidad total de sustancia incinerada incluyó aproximadamente 19 kilogramos de marihuana y más de 4 kilogramos de cocaína, provenientes de diversas causas y organismos.“Tenemos una premisa y es que drogas que se encuentran, drogas que se analizan y se queman. Hoy acá vemos la última etapa, pero hay un proceso anterior, que es una investigación, que la hace la Policía de la provincia y de fuerzas federales también; allanamiento y secuestro con la colaboración siempre de la Justicia”, subrayó el ministro Roncaglia.En este sentido, el titular de la cartera de Seguridad remarcó que esto es el resultado del trabajo de la Policía y la Justicia, y explicó: “El artículo 30 de la Ley Federal de Drogas dispone que, una vez estudiada su naturaleza, la cantidad y la calidad de la sustancia, el juez, en este caso, el Superior Tribunal dispone la destrucción de esa droga y es justamente eso lo que hicimo hoy, con la presencia de los tres poderes del Estado”.

A través del Superior Tribunal de Justicia, se quemaron un total de 255 elementos contenidos en ocho cajas. Esto incluyó 17,4 kilogramos de marihuana, 3,942 kilogramos de cocaína, 142 semillas de Cannabis sativa y 237 pastillas de diferentes tipos. De la Dirección de Drogas Peligrosas se incineraron dos kilos de marihuana y sustancias correspondientes a 150 oficios de la Justicia Provincial (cocaína, marihuana y plantas) y un oficio de la Justicia Federal (plantas de marihuana).

Estuvieron presentes, junto al ministro Roncaglia, el Fiscal coordinador, Facundo Barboza; el intendente Walter Martin; el jefe de Policía, Claudio González; la vicenteintendenta Stella Wensel; el diputado provincial, Bruno Sarubi; representante de Fuerzas Federales e integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Entre Ríos.

El pedido está muy bien. De hecho, nos ocupamos. Me imagino que van a pedir un informe para ver qué hacemos con la gran cantidad de policías heridos en actos de servicio por la agresividad de cierta gente, la falta de respeto a la autoridad, las amenazas y los entorpecimientos a la acción policial. Los policías tienen también derechos humanos”, indicó Roncaglia en sus redes sociales.

Recordemos que la solicitud fue impulsada por el senador Martín Oliva, acompañado por sus pares Juan Pablo Cosso, Víctor Sanzberro, Patricia Díaz, Claudia Silva, Nancy Miranda, Gladys Domínguez y Marcelo Berthet, quienes que se indique “si existen informes internos por denuncias realizadas contra agentes de la Policía y/o del Servicio Penitenciario por violencia institucional y/o violación de derechos humanos”. 

El Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia Néstor Roncaglia, junto al Intendente Francisco Azcué, el Jefe de la Policía de Entre Ríos Claudio González y el titular de la Departamental Concordia Comisario José María Rosatelli, encabezó el Operativo “Barrio Seguro”.

Además, estuvieron en uno de los ingresos de la ciudad donde se proyecta la instalación de lectores de patentes que recibió recientemente la Municipalidad de Concordia de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y visitaron el galpón que luego de ser recuperado en la lucha contra el narcotráfico, comenzará a funcionar como taller para reparación de vehículos de la institución, reforzando la seguridad en el barrio Sapito.

“Estamos trabajando todos juntos, por el bien de la ciudadanía, llevando tranquilidad y bienestar a la comunidad. Este operativo se suma a otros que ya hemos comenzado en otros puntos de la provincia como ser Campo Seguro y Plazas Seguras, estando al lado de nuestra gente” afirmó Roncaglia.

MIL ALLANAMIENTOS

En ese sentido el Ministro remarcó que “la Departamental Concordia viene haciendo un fabuloso trabajo, realizando mil allanamientos con alrededor de 700 detenciones en estos casi cuatro meses del 2025, rompiendo todas las estadísticas de años anteriores”.

Esto es resultado y forma parte de un trabajo conjunto “con los intendentes y en este caso, acompañando y visitando un galpón que antes era un búnker narco y hoy pasa a ser un espacio para la Policía, donde va a funcionar un taller para reparar nuestros móviles y que se suma a un destacamento, trayendo más seguridad a un sector de la ciudad que era complicado”.

En el mencionado inmueble, la Municipalidad de Concordia está colaborando con las mejoras y puesta a punto del lugar.

“LA SEGUIRDAD ES UNA PRIORIDAD”

El Intendente Azcué por su parte sostuvo que “la instrucción del gobernador Frigerio es trabajar de forma articulada y en este caso con el Ministerio de Seguridad y Justicia, algo que venimos desarrollando desde el primer día. La seguridad es una prioridad porque queremos una ciudad ordenada y vivir en paz”.

Más allá de las competencias, “esto se alcanza si se hace de forma conjunta. Respetamos las competencias pero no nos corremos del problema porque cuando hay un delito en Concordia, lo sufre un concordiense. Somos un solo equipo para tener una ciudad más segura y hoy las estadísticas muestran la realización de 1000 allanamientos en estos meses del año y tenemos que seguir por este camino”.

Por último Azcué indicó que parte de la actividad tuvo lugar en uno de los ingresos a Concordia donde próximamente se van a instalar cámaras de seguridad y lectores de patentes, que fueron recibidos por la Municipalidad por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Lo vamos a trabajar junto a la Policía de Entre Ríos” subrayó.

LLEVAR TRANQUILIDAD

En cuanto al Operativo “Barrio Seguro”, el Jefe de la Policía de Entre Ríos Claudio González explicó que se lleva adelante en distintas ciudades de la provincia con el objetivo “de ganar el espacio público y llevarles tranquilidad a los entrerrianos”.

El Jefe de la Departamental Comisario Rosatelli agradeció el constante acompañamiento que reciben de parte de la Municipalidad “a través de sus distintas áreas lo que nos permite llegar a todos los barrios y hoy en particular, de nuestros superiores, que es algo importante contar con su apoyo, no sólo para los que conducimos sino también para el personal que trabaja día a día, haciendo un gran esfuerzo”.

Estuvieron acompañando el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana Claudio Purgart y la Subjefe de la Departamental Comisario Inspector Liliana Miño.

En esta línea, explicó: “Esta medida fue dispuesta en el marco de la Instrucción General 004/2025 (IG 004). Como lo vengo sosteniendo reiteradamente, la lucha contra la delincuencia debe ser articulada entre los tres poderes del Estado, resaltando la importancia en el sistema del Poder Judicial nuestro, el rol de los Fiscales, quienes son protagonistas de direccionar y reunir las pruebas en las investigaciones criminales’’.

Precisó luego que ¨la Policía, que como bien sabemos, depende del Poder Ejecutivo, es legalmente auxiliar de la Justicia y en este sentido, la Institución está disponible las 24 horas para cumplir aquellas medidas que dispongan los Fiscales y Jueces de Garantías. Más allá de llevar a cabo aquellas detenciones infraganti, en el ejercicio del poder propio de policía, en el marco general de la prevención del delito”.

Además, concluyó: “Con esta decisión se articulan las partes que accionan en beneficio de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, es un reclamo que recibimos en cada lugar de la provincia que visitamos con los operativos policiales, tanto en el campo como en las ciudades. Es un avance muy importante, debemos trabajar todos juntos, de una manera coordinada”.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, rubricó un convenio de comodato con la directora de Educación Especial, Alexia Mors. El acuerdo, facilitará el uso de la cocina de la escuela de Suboficiales de Tala, para los estudiantes de la escuela de Educación Integral N°4, que realizan prácticas educativas vocacionales-ocupacionales y de formación laboral.

“Firmamos este convenio como conclusión de un trabajo que venimos realizando desde el año pasado con el Consejo General de Educación (CGE), para brindar una solución a la falta de espacio físico que tiene la escuela Integral N°4 de Tala, destinada a la educación de niños con discapacidad. Esto permitirá que sigan desarrollando sus actividades y recibiendo formación de oficio”, detalló el ministro Roncaglia.Los alumnos, acompañados por sus docentes, desarrollarán habilidades en el área de cocina y pastelería, utilizando sus propios utensilios y elementos de higiene. Las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes, por la tarde.“Es la primera vez que realizamos un convenio de estas características con el Ministerio. Empezamos a trabajarlo a finales de noviembre del año pasado, junto al Secretario General del CGE. Conversamos respecto a esta importancia de que los chicos de la modalidad de Educación Integral tengan la oportunidad de trabajar y sobre todo, darles y brindarles el espacio físico para su formación”, explicó Mors.En este sentido, sostuvo: “Este va a ser todo un desafío también porque, conseguimos otra institución para que los aloje hasta que su edificio esté terminado. Así que va a ser un año de muchos aprendizajes para todos”.El jefe de Policía, Claudio González, también estuvo presente en la firma del convenio, junto a la subdirectora de Jurídico del Ministerio, Erika Saavedra. 

Al referirse a distintos actos masivos a lo largo y ancho de la provincia, tanto en fiestas locales como en los carnavales, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia expresó: "Específicamente quiero hacer mención al gran trabajo que realizaron en Paraná, donde se llevó a cabo la Fiesta del Mate, con una concurrencia de 60.000 personas el día viernes (7) y más de 90.000 este sábado (8)," destacó Roncaglia.Cabe destacar que dicha festividad se desarrolló con total normalidad, sin incidentes ni accidentes. "El esfuerzo prácticamente sobrehumano del personal policial es digno de destacar, como así la buena predisposición y una actitud ejemplar. Los entrerrianos debemos estar orgullosos de nuestra Policía: profesional, respetuosa y respetada, leal, firme, disciplinada y recta", remarcó el ministro de Seguridad y Justicia. 

“El innovador prototipo de seguridad, diseñado por el área técnica de la Policía de Entre Ríos, funcionó como esperábamos y demostró su eficacia en la prevención del delito.

‘‘A días de su instalación, el tótem fue activado y permitió la rápida detención del autor de un ilícito”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

El mismo está ubicado en la ciudad de Paraná, calle Gral. Galán y José María Paz. “El éxito de este prototipo nos impulsa a seguir trabajando en la elaboración y puesta en funcionamiento de nuevos tótems estratégicamente ubicados en distintos puntos de la ciudad y la provincia.

‘‘La elección de los lugares se basa en un análisis exhaustivo de los datos sobre circulación de personas y zonas con mayor incidencia delictiva”, detalló Roncaglia.En esta línea, agregó: “Recordemos que además, desde que asumimos esta gestión, destinamos más policías al patrullaje, buscando estar más cerca de la comunidad y con más presencia policial.

‘‘A esto lo pueden ver todos los entrerrianos porque lo estamos haciendo en todo el territorio, reforzando las medidas de prevención del delito”.

Este proyecto representa un avance significativo en las políticas de seguridad de la provincia.

Al fomentar la cercanía entre la policía y los ciudadanos, se busca construir una comunidad más segura. “Desde su implementación, el prototipo ha generado gran curiosidad y expectativa entre los ciudadanos.

Su presencia en espacios públicos ha fomentado una interacción positiva entre la Policía y la comunidad, creando un ambiente de confianza y seguridad”, explicó a su momento el jefe de Policía, Claudio González.