La Iglesia volvió a encender una señal de alerta por la situación social en el país y, en particular, por el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre los riesgos de una menor presencia estatal en los barrios y remarcó que ese vacío puede ser ocupado por distintas formas de violencia.

En declaraciones radiales, el prelado describió un contexto complejo y prolongado en el tiempo: “No estamos pasando un buen momento desde hace mucho”, sostuvo, al tiempo que recordó que la preocupación de la Iglesia por los sectores más afectados —como jubilados, personas con discapacidad y familias de menores recursos— ha sido constante y sostenida en distintos documentos episcopales.

En ese marco, evitó centrar la crítica en una gestión en particular y subrayó que la postura de la Iglesia trasciende a los gobiernos de turno. “Siempre se ha intentado acompañar a quienes más sufren”, indicó.

No obstante, dejó un mensaje claro sobre el rol del Estado. Señaló que su presencia resulta clave para garantizar el acceso a derechos básicos y advirtió que, cuando se debilita en los territorios más frágiles, se abren espacios para el crecimiento del narcotráfico, la violencia y otras problemáticas que afectan especialmente a los jóvenes.

“El desafío es contar con un Estado activo e inteligente, que trabaje en conjunto con organizaciones sociales y esté cerca de quienes más lo necesitan”, expresó.

Por otra parte, García Cuerva se refirió a la eventual visita del papa León XIV al país. Si bien evitó confirmaciones, reconoció que existe esa posibilidad y manifestó su deseo de que pueda concretarse como un hecho de unidad para la sociedad argentina.

El presidente Yamandú Orsi presentó una iniciativa que definió como una “estrategia nacional de seguridad”, cuyo funcionamiento aún deberá ser avalado por el Congreso.El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que el objetivo central es reforzar el rol de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y en la vigilancia de las zonas fronterizas. En ese sentido, señaló que se busca ampliar su ámbito de actuación para mejorar la prevención y el combate del delito.

Como parte del plan, se proyecta la creación de un centro de comando unificado para la seguridad en fronteras, donde se integrará la información obtenida por medios tecnológicos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía, permitiendo una respuesta más coordinada.El funcionario destacó además que, desde el inicio de la gestión de Orsi en marzo de 2025, se lograron importantes resultados: más de 9 toneladas de droga incautadas y bienes, dinero y sustancias valuados en más de 250 millones de dólares.Si bien Uruguay no es un país productor de cocaína, en los últimos años se detectaron cargamentos de gran escala en puertos europeos que habían pasado por Montevideo, lo que sugiere que el país funciona como punto de tránsito o almacenamiento.A este escenario se suma el aumento de hechos violentos vinculados al narcotráfico. En 2025, incluso, se registró un atentado contra la vivienda de la fiscal de Corte especializada en estupefacientes, que no dejó víctimas pero encendió nuevas alertas.Por este hecho hubo varias detenciones, y las investigaciones apuntaron como posible responsable intelectual al uruguayo Sebastián Marset, señalado como uno de los principales líderes del narcotráfico en la región. Marset fue recientemente detenido en Bolivia y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de activos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó al mandatario argentino Javier Milei como “un amigo” durante la cumbre internacional “Escudo de las Américas”, realizada este sábado en Miami, donde anunció la creación de una coalición militar regional destinada a combatir a los carteles del narcotráfico.El encuentro reunió a una docena de jefes de Estado y representantes de América Latina y el Caribe con el objetivo de coordinar políticas de seguridad frente al avance del crimen organizado transnacional. La iniciativa impulsada por Washington busca articular esfuerzos militares, de inteligencia y cooperación entre los países participantes para desmantelar las redes del narcotráfico que operan en el continente.Durante su discurso, Trump agradeció la presencia de los mandatarios y destacó el vínculo político con varios de ellos, entre ellos el presidente argentino. “Muchos de los que están aquí son amigos. A algunos los acabo de conocer, pero a otros los apoyé políticamente y lograron grandes victorias”, afirmó el líder estadounidense.En ese contexto, recordó el respaldo que brindó a Milei en las elecciones legislativas argentinas y comentó que el dirigente libertario “iba algunos puntos abajo y luego subió como un cohete”, lo que generó sonrisas entre los asistentes.La nueva alianza, denominada “Coalición Anticartel de las Américas”, prevé una coordinación más estrecha entre fuerzas militares y organismos de seguridad para localizar y desarticular las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras redes ilícitas. Trump sostuvo que el acuerdo contempla incluso el uso de fuerza militar para atacar la infraestructura y las rutas de los carteles.Según explicó la Casa Blanca, la estrategia también incluirá intercambio de información, capacitación de fuerzas de seguridad y operaciones conjuntas para frenar el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado.La cumbre se realizó en el complejo Trump National Doral de Florida y contó con la participación de líderes de países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, entre otros.Además del combate al narcotráfico, el encuentro abordó otros temas estratégicos para la región, como la migración irregular, el crimen transnacional y la creciente influencia económica y política de potencias extrarregionales en América Latina.La iniciativa representa un nuevo intento de Washington por reforzar su estrategia de seguridad en el hemisferio occidental mediante alianzas regionales y mayor coordinación militar frente al avance de las organizaciones criminales.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concordia y se realizó en el marco de una causa por actuaciones de oficio, identificada como IPP N° 12.806/25, en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastián, con intervención del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.Los allanamientos se concretaron entre las 18 y las 23 horas del 20 de diciembre, en domicilios ubicados sobre calle 58, entre Dr. Saure y Yamandú Rodríguez, jurisdicción de Comisaría Séptima. Como resultado, los efectivos secuestraron un trozo rectangular compacto de cocaína de máxima pureza junto a diez envoltorios de la misma sustancia, alcanzando un peso total de 828 gramos. Además, se incautó un envoltorio de marihuana con un peso de 1,5 gramos.Durante el operativo también se secuestraron una importante suma de dinero en efectivo, que asciende a $1.006.300, balanzas digitales de precisión, numerosos teléfonos celulares, bolsas de nylon, dispositivos de almacenamiento digital, una cámara de videovigilancia y documentación de interés para la causa. Entre los elementos incautados se destaca un boleto de compra-venta y un camión Mercedes Benz, dominio WIK-017, que también quedó a disposición de la Justicia.Como consecuencia de las actuaciones, fueron detenidos un hombre y una mujer identificados como Antonio Darío Enríquez, de 46 años, y María Verónica Iglesias, de 44, quienes quedaron alojados a disposición de la autoridad judicial interviniente.Desde la fuerza destacaron la magnitud del procedimiento y remarcaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia para combatir el narcotráfico en la ciudad de Concordia, con el objetivo de desarticular redes de comercialización de estupefacientes y reforzar la seguridad.

La Policía brasileña desplegó una operación de gran escala contra el denominado “corazón financiero” del Comando Vermelho (CV), una de las mayores organizaciones criminales del país, y logró bloquear bienes y cuentas por un valor estimado de 600 millones de reales, unos 100 millones de dólares, según informaron las autoridades del estado de Río de Janeiro.El operativo se desarrolló de manera simultánea en los estados de Río de Janeiro, sede histórica de la facción, Minas Gerais y Mato Grosso. De acuerdo con la Policía Civil fluminense, los agentes realizaron allanamientos en múltiples direcciones, incautaron dispositivos electrónicos y documentación, y embargaron bienes muebles e inmuebles vinculados a una compleja trama de lavado de dinero.La investigación permitió establecer que el Comando Vermelho no depende únicamente de los ingresos derivados del narcotráfico. Según los investigadores, la organización montó a lo largo de los años un sistema financiero paralelo destinado a recibir, ocultar y mover recursos ilícitos dentro del sistema bancario formal, con el objetivo de sostener su estructura criminal y reducir la exposición de sus principales líderes.Ese flujo de dinero es clave para financiar la compra de drogas, armas y vehículos, así como para adquirir propiedades y garantizar el control territorial en barrios y favelas bajo influencia del grupo. En esas zonas, el CV también obtiene ingresos mediante la extorsión sistemática de los residentes, a quienes impone el pago de servicios como internet, televisión por cable y transporte informal.El foco de la operación fue precisamente asfixiar ese circuito económico. Las autoridades señalaron que el objetivo es “provocar el colapso de la caja” de la facción, desmantelando el entramado financiero que permite su funcionamiento cotidiano y su capacidad de expansión.La Policía identificó como figuras centrales del esquema a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, señalado como uno de los máximos líderes del Comando Vermelho, y a Carlos da Costa Neves, conocido como Gardenal, considerado su principal operador financiero. Ambos habrían estructurado la red de blanqueo mediante el uso de testaferros y empresas fantasma.Según la investigación, personas vinculadas al tráfico de drogas realizaban depósitos en efectivo de forma fraccionada y en distintas sucursales bancarias para evitar alertas automáticas y controles antilavado. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas radicadas en otros estados, lejos de las zonas donde la actividad del narcotráfico resulta más visible.Ese desplazamiento geográfico del dinero buscaba, de acuerdo con la Policía, reducir la exposición directa de los líderes criminales y dificultar el rastreo de los recursos por parte de las autoridades financieras y judiciales.La acción forma parte de la Operación Contenção (Contención), una estrategia impulsada por el Gobierno del estado de Río de Janeiro, encabezado por el gobernador Cláudio Castro, para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho y otras facciones criminales en áreas urbanas y periurbanas.El operativo se inscribe en un contexto de creciente violencia asociada a las intervenciones policiales en favelas. El pasado 28 de octubre, una de las fases de esa misma operación terminó con la muerte de al menos 122 personas, en su mayoría presuntos integrantes del Comando Vermelho, en dos complejos de favelas de Río de Janeiro. Fue la acción policial más letal registrada hasta ahora en la historia del país.Ese antecedente ha reavivado el debate en Brasil sobre los límites del uso de la fuerza, la eficacia de las políticas de seguridad centradas en la confrontación armada y la necesidad de atacar las bases económicas del crimen organizado. Para las autoridades, el golpe al sistema financiero del CV representa un cambio de énfasis: menos énfasis en la ocupación armada del territorio y más en la desarticulación de los flujos de dinero que sostienen a las organizaciones criminales. Infobae.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó  a altos funcionarios de su gobierno para definir acciones urgentes frente al recrudecimiento del narcotráfico en el país, tras el asesinato la semana pasada del hermano menor de un conocido activista antidroga en la ciudad de Marsella.El crimen, que conmocionó a la opinión pública y que las autoridades atribuyen directamente a redes de tráfico, se produjo en un contexto de violencia creciente y disputas territoriales entre grupos rivales por la venta de cocaína y cannabis.El joven Mehdi Kessaci, de 20 años, fue ultimado a balazos por un desconocido el pasado jueves. Su hermano mayor, Amine Kessaci, de 22 años y miembro del partido ecologista Los Verdes, ha sido una de las voces más visibles en la denuncia del narcotráfico en los barrios desfavorecidos del sur de Francia.El propio Amine se convirtió en defensor público tras perder en 2020 a su medio hermano, víctima también de las redes del tráfico de drogas, y tras esa experiencia escribió el libro “Marsella, seca tus lágrimas”, publicado en octubre.Luego de una reunión de emergencia en el Palacio del Elíseo, el ministro del Interior, Laurent Nunez, calificó lo sucedido como un “punto de inflexión” y confirmó que el presidente ordenó “reforzar la lucha” contra el tráfico de estupefacientes.“Desafortunadamente, se trata de un acto de intimidación muy vinculado al tráfico”, explicó Nunez al referirse al homicidio de Mehdi Kessaci, quien no tenía antecedentes y aspiraba a ingresar en la policía.Como medida inmediata, Nunez anunció que tanto él como el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, viajarán a Marsella este jueves para coordinar con las autoridades locales y evaluar nuevas estrategias de intervención. Macron tiene planeado realizar una visita oficial a la ciudad en diciembre.El ministro detalló que el gobierno intensificará la vigilancia en puertos y aeropuertos, “mejorando los sistemas de detección para interceptar flujos de drogas” y profundizando la cooperación judicial con socios extranjeros para frenar el ingreso de sustancias ilícitas.El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reveló que presentará ante Bruselas una propuesta de sanciones, dirigida tanto a los traficantes como a quienes faciliten sus operaciones, incluyendo a quienes participen en el contrabando de armas y la trata de personas.“Estas sanciones serán diferentes de las medidas punitivas estadounidenses, que apuntan sobre todo a cárteles latinoamericanos”, destacó Barrot. La nueva iniciativa pretende que la Unión Europea pueda castigar a organizaciones criminales y sus aliados logísticos con medidas restrictivas aún no especificadas.La familia Kessaci, tras haber sido objeto de amenazas y vivir bajo protección policial desde que Amine publicó su libro, realizó este martes el entierro privado de Mehdi. Para el sábado está programada una marcha en su memoria. Nunez afirmó que las fuerzas de seguridad resguardarán tanto la ceremonia como el evento público de protesta.“Moriste porque creíste en un sueño podrido, vendido por partes en las escaleras. Y si hoy alzo la voz es para que eso se termine”, escribió Amine Kessaci a su hermano en su ensayo autobiográfico, convertida en una referencia entre colectivos juveniles y familias víctimas de la violencia narco en Marsella.La escalada de violencia por el control de rutas y puntos de venta ha convertido a Marsella en uno de los principales focos de alarma para las autoridades francesas. Según cifras oficiales, catorce personas han perdido la vida en la región este año en incidentes relacionados con drogas. Sin embargo, los hechos no se circunscriben a la ciudad portuaria. El pasado fin de semana en Grenoble, un adolescente resultó gravemente herido por disparos cerca de una zona conocida por la venta de drogas y permanecía en coma este martes. (Con información de AFP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparecerá este miércoles ante el Congreso para informar, en una sesión a puerta cerrada, sobre los recientes operativos militares estadounidenses que han tenido como objetivo embarcaciones de narcotráfico en el Caribe, cerca de Venezuela, y en el Pacífico, en las proximidades de Colombia.La decisión de Rubio de presentarse ante el llamado Grupo de los 12, que reúne a los líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata de ambas cámaras, así como a miembros de los comités de inteligencia, responde a la presión política y a las acusaciones de falta de transparencia por parte de los demócratas.La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este martes que Rubio mantendrá la reunión con el Grupo de los 12, en la que se abordarán los detalles de los operativos militares recientes.“La Administración ha informado al Congreso sobre estos asuntos en ocho ocasiones distintas y los demócratas han participado en dichas reuniones. De hecho, sé que el secretario Rubio estará mañana en el Capitolio para informar al Grupo de los 12, entre los que también se encuentran demócratas”, declaró la portavoz.Las operaciones militares estadounidenses han resultado en la destrucción de al menos una decena de embarcaciones y la muerte de más de cincuenta personas, según datos oficiales.Los demócratas han criticado al Gobierno de Donald Trump por lo que consideran una comunicación insuficiente sobre la naturaleza y el alcance de estos ataques, que se han intensificado en las últimas semanas.La portavoz Leavitt defendió la postura de la Casa Blanca y subrayó la disposición del Ejecutivo a mantener el diálogo con los legisladores.“Estamos encantados de hablar con ellos al respecto y seguiremos haciéndolo, pero hemos sido sumamente transparentes”, insistió.El presidente Trump, en una entrevista emitida el domingo por la cadena CBS, abordó directamente la cuestión de una posible guerra con Venezuela. Al ser consultado sobre si consideraba inminente un conflicto armado, Trump respondió: “Lo dudo. No lo creo”, según recogió el programa 60 Minutes.No obstante, al preguntársele si los días de Nicolás Maduro estaban contados, el mandatario fue categórico: “Diría que sí. Creo que sí”.Mientras tanto, Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, sostiene que Washington utiliza la lucha contra el tráfico de drogas como pretexto para buscar un cambio de régimen en Caracas y controlar los recursos petroleros venezolanos.Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de quince ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos sesenta y cinco personas muertas en las últimas semanas, siendo el incidente más reciente el pasado sábado.Estos operativos han sido calificados por expertos como ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando los objetivos sean presuntos traficantes de drogas. La falta de pruebas públicas por parte de Washington sobre la implicación de las embarcaciones atacadas en actividades de narcotráfico o sobre la existencia de una amenaza directa para Estados Unidos ha generado inquietud tanto en el ámbito político como en el internacional.La administración Trump ha reiterado que los senadores tienen acceso a la información sobre las operaciones contra el narcotráfico.“Trump ha dejado muy claro que si los senadores desean conocer las operaciones de la Administración contra los narcotraficantes, pueden hacerlo”, afirmó Leavitt, quien recalcó la voluntad del Ejecutivo de mantener la transparencia ante el Congreso. (Con información de EFE)

 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “no podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y esparciendo drogas y violencia por las ciudades”, y que es necesario un trabajo coordinado “que llegue a la columna vertebral del narcotráfico”.En su cuenta de microblog, el líder brasileño hizo referencia a la Operación Contención, realizada el martes por la policía de Río de Janeiro, que dejó un saldo de aproximadamente 120 muertos.“Me reuní con ministros de mi Gobierno y ordené al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal que fueran a Río para reunirse con el gobernador”, escribió el mandatario.“No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y esparciendo drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que llegue a la columna vertebral del narcotráfico sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes”, agregó.Asimismo, mencionó que en agosto “eso fue exactamente lo que hicimos en la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, que alcanzó el corazón financiero de una gran pandilla involucrada en la venta de drogas, adulteración de combustible y lavado de dinero”.“Con la aprobación de la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) de Seguridad, que enviamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen de manera conjunta para enfrentar a las facciones criminales”, concluyó. NA.

Por Rafael Blasi - Una operación especial contra el narcotráfico en los complejos de Penha y Alemão, dos de las favelas más populosas de Río de Janeiro, ha dejado al menos 64 fallecidos y 81 detenidos este martes, en lo que se considera la acción policial más letal jamás realizada en la ciudad, según informaron fuentes oficiales.El despliegue ha movilizado alrededor de 2.500 agentes y, de acuerdo con la Policía Civil, la intervención sigue en marcha, por lo que las cifras de víctimas y arrestos podrían aumentar en las próximas horas.La operación tiene como principal objetivo capturar a los líderes del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, y frenar la expansión territorial de esta facción. Según medios locales, miembros del CV han levantado barricadas en las favelas para obstaculizar el avance policial, lo que ha provocado el corte del tránsito en numerosas avenidas y la movilización de todos los cuerpos de seguridad de la ciudad.El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, aseguró este martes que no recibió ningún pedido de colaboración del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, respecto a la megaoperación realizada contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha. “No he recibido ninguna solicitud del gobernador de Río de Janeiro, como ministro de Justicia y Seguridad Pública, para esta operación, ni ayer ni hoy, absolutamente nada”, señaló Lewandowski durante una ceremonia en la Asamblea Legislativa de Ceará, donde recibió el título de Ciudadano Cearense.El ministro destacó que la responsabilidad constitucional sobre la seguridad pública en los estados corresponde a las autoridades locales, en particular al gobernador, y subrayó que la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal cuentan con competencias muy limitadas a nivel constitucional. Lewandowski aclaró: “Las fuerzas federales no son fuerzas coadyuvantes de las policías militares y civiles, nosotros auxiliamos a Río de Janeiro en lo que está dentro de nuestras posibilidades”.Además, recordó que a principios de este año, Castro solicitó formalmente al Ministerio de Justicia la transferencia de líderes de facciones criminales a penales federales de máxima seguridad, y que todas esas peticiones fueron atendidas sin excepción, según expresó Lewandowski en declaraciones recogidas en el marco del evento en Ceará.El gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL), afirmó este martes que el gobierno federal negó ayuda para operaciones policiales en Río de Janeiro, motivo por el cual el estado “estaba solo” durante la acción llevada a cabo en la mañana en los complejos de Alemão y Penha. “Tuvimos solicitudes denegadas en tres ocasiones: para prestarnos un vehículo blindado, era necesario contar con una Garantía de la Ley y el Orden (GLO), y el presidente [Lula da Silva] está en contra de la GLO. Cada día hay una razón diferente para no colaborar”, manifestó Castro durante sus declaraciones sobre la intervención policial.El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, difundió este martes por la tarde un video en sus redes sociales para referirse a la escalada de violencia por la megaoperación de las fuerzas de seguridad en los complejos de Alemão y Penha. En su mensaje, Paes subrayó que la ciudad “no puede y no va a quedarse rehén de grupos criminales que buscan sembrar miedo en las calles de la ciudad”. Paes, del Partido Social Democrático (PSD), indicó que todos los órganos municipales han recibido la instrucción de mantener el funcionamiento normal de sus actividades y de reforzar la atención y el soporte a la población en caso de necesidad. Aseguró que no existen motivos para detener la actividad de la ciudad: “No hay motivo para creer en el terror difundido por algunas noticias falsas”.“Hay una tentativa de grupos criminales de esparcir el terror en la ciudad”, declaró y consideró “inaceptable” que estos delincuentes mantengan parte del territorio de Río de Janeiro bajo su control. Afirmó que no permitirá que “la ciudad entera quede paralizada por la acción de estas facciones”.El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, afirmó en declaraciones a CNN Brasil que se trata de “la mayor operación realizada contra el Comando Vermelho”, y exhibió videos como prueba para ilustrar la resistencia armada de los criminales, que incluso han utilizado drones con explosivos para atacar a los agentes en distintos puntos de las favelas. Castro informó sobre la incautación de más de medio centenar de fusiles de asalto y “una cantidad enorme de drogas”.

La actividad fue supervisada por integrantes de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, quienes realizaron el traslado y posterior incineración de los siguientes elementos: 279 kilogramos de marihuana, 23 kilogramos de cocaína, cantidades menores de MDMA y semillas de cannabis sativa.

Estas sustancias habían sido incautadas durante diversos procedimientos realizados en la región.

El acto contó con la presencia de la Jueza Federal Dra. Analía Ramponi, el Secretario del Juzgado Federal Dr. Alan Bergdolt, el Fiscal Federal Dr. Francisco Bernhart, la Dra. Cinthia Cibulska, así como representantes de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.Este procedimiento forma parte de las acciones destinadas a combatir el narcotráfico y garantizar la correcta disposición de los elementos secuestrados en operativos judiciales.

Las inspecciones se realizaron en cinco viviendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un inmueble de General Rodríguez.

Allí, los uniformados descubrieron un búnker subterráneo oculto bajo un cúmulo de tierra, donde se almacenaban 22 paquetes de cocaína. Además, en un departamento de la zona de Congreso se incautaron 30 ladrillos del mismo estupefaciente.

En total, fueron secuestrados 49,6 kilos de cocaína, junto con dinero en efectivo (15.500 dólares y 2.140.000 pesos), balanzas de precisión, un vehículo y distintos dispositivos electrónicos.

Los detenidos –cuatro de nacionalidad peruana y un argentino– cumplían el rol de recepcionistas de la droga en el esquema criminal.

El caso se inició el 22 de enero de este año, cuando en la localidad entrerriana de Ibicuy se decomisaron 358 kilos de cocaína transportados en una aeronave Cessna 210. En ese operativo fueron arrestados un piloto brasileño y una mujer de nacionalidad peruana.

Con la intervención del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el fiscal Pedro Rebollo y la Procuraduría de Narcocriminalidad, se determinó que la organización tenía ramificaciones en Brasil, Bolivia, Perú y Argentina, operando bajo un esquema transnacional de tráfico aéreo de estupefacientes.

Ya en junio, los investigadores habían detenido en la Ciudad de Buenos Aires y en Carlos Cazares a un piloto peruano vinculado a la red, en cuyo poder encontraron un simulador de vuelo utilizado para la planificación logística de los traslados aéreos.

Con el reciente operativo, la fuerza avanzó en la desarticulación de la estructura local de esta organización narcocriminal, consolidando uno de los golpes más significativos contra el tráfico de drogas en la región en lo que va del año.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles en Ciudad de México que los cárteles de la droga “no van a poder seguir actuando con impunidad”, durante un acto conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.Rubio enfatizó que la estrategia de interceptar cargamentos ilegales “ya no funciona” y alertó que Washington recurrirá de nuevo al uso de la fuerza contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, como la destruida por el Ejército estadounidense el martes en aguas del Caribe cerca de Venezuela.El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que, a pesar de los esfuerzos por interceptar cargamentos ilícitos en rutas marítimas, los grupos criminales han logrado adaptar su modelo de operaciones al riesgo de incautaciones. “Estos cárteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Nosotros tenemos inteligencia, sabemos que vienen y lo interceptamos, pero eso no funciona, porque estos cárteles saben: ‘Bueno, vamos a perder un 2%, vamos a perder 1% de lo que estamos vendiendo de droga’. Eso es parte de la pérdida que ellos ya tienen como parte de su economía”, sostuvo Rubio.Describió cómo las organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles -señalada como dirigida por el dictador venezolano Nicolás Maduro-, obtienen miles de millones de dólares y asumen las incautaciones como un costo calculado.El funcionario estadounidense recalcó la determinación del Gobierno de Donald Trump para cambiar el enfoque de la lucha antidrogas y endurecer la respuesta frente a la criminalidad organizada. “A ellos no les importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera pare un barco, eso no funciona. El presidente ha declarado estas organizaciones: Tren de Aragua, Cártel de los Soles y todos los demás, como grupos narcoterroristas, designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos”, enfatizó Rubio. Añadió que el presidente Trump ha usado el poder del Estado para impedir que dichos grupos operen libremente y recordó que las fuerzas estadounidenses han destruido embarcaciones en alta mar presuntamente pertenecientes a estas redes.Durante la rueda de prensa, Rubio insistió: “No van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Este presidente no lo va a permitir. Él ha sido claro. Es una promesa que le hizo al pueblo norteamericano, lo eligieron por esa promesa y va a cumplir con esa promesa”. Según el secretario de Estado, esta política busca evitar que las organizaciones perciban las pérdidas por incautación como un riesgo menor e impulsa una respuesta militar directa si es necesario para desmantelar sus capacidades logísticas.Rubio afirmó que la coordinación entre EEUU y México ha alcanzado un “nivel de cooperación histórico” en materia de seguridad, enfocado especialmente en frenar el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. El gobierno mexicano intensificó su participación tras la presión de la administración Trump, un contexto en el que México y EEUU anunciaron este miércoles la creación de un “grupo de alto nivel” para coordinar acciones contra el narcotráfico y el movimiento ilegal de personas.El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente explicó que dicho grupo supervisará de forma periódica los compromisos bilaterales e impulsará medidas como la eliminación de túneles clandestinos, la mejora de la seguridad fronteriza, la investigación sobre flujos financieros ilícitos y el incremento de acciones judiciales.La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue mencionada por Rubio como pieza central en esta colaboración, mientras que las autoridades mexicanas reiteraron que toda la coordinación se lleva a cabo bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. (Con información de AFP y EFE)

El operativo se desarrolló en el marco de los controles impulsados por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Al inspeccionar el rodado, un remís con tres ocupantes, la perra detectora de narcóticos "Jana" marcó la presencia de estupefacientes dentro de una mochila. La intervención derivó en el secuestro de más de dos kilos de marihuana, además de equipos de comunicación que serían utilizados por los involucrados.

Tras el hallazgo, se convocó a la Delegación Chajarí de la División de Drogas Peligrosas, que asumió el procedimiento bajo las directivas del Juzgado Federal competente. La droga tenía como presunto destino final la ciudad de Federación, donde también se realizaron dos allanamientos y se incautaron otros elementos relevantes para la causa.

Dos de los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos por infracción a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la Justicia Federal para ser indagados.

Durante los operativos se incautaron: 1808 plantas de Cannabis Sativa (78,669 kg de hojas); 7,309 kg de cogollos y hojas de Cannabis Sativa; 182 gramos de marihuana; Semillas de Cannabis Sativa; 0,6 gramos de cocaína; 1,9 gramos de MD; 4,2 gramos de éxtasis fraccionado; 6 pastillas de éxtasis; 1 troquel de LSD.

Además, se secuestraron elementos para cultivo y producción, y se decomisaron 21.044.280 pesos argentinos; 49.725 dólares, 14 reales y vehículos que quedaron sujetos a la causa judicial.

“Es un día importante para la provincia. Viene en representación del Poder Ejecutivo específicamente a felicitar a nuestra Policía de Entre Ríos y específicamente a la Dirección de Drogas Peligrosas. ‘‘Desde hace un año y medio vienen investigando a una organización narco-criminal que viene actuando principalmente en la zona de Paraná y Oro Verde. ‘‘Se hicieron más de 15 diligencias judiciales: 13 allanamientos y dos requisas de vehículos. Se detuvieron siete personas y se secuestró una gran cantidad de plantas de marihuana”, explicó el ministro Roncaglia.En este sentido, agregó: “Agradecemos el apoyo de la Justicia Federal en este caso, que dirigió la investigación. Ustedes saben que la Policía, sin el apoyo judicial, no puede avanzar en ninguna investigación y esta es la demostración, cuando se puede hacer un trabajo estratégico y coordinado se dan buenos resultados”.

El operativo, que incluyó 15 procedimientos -13 allanamientos y 2 requisas vehiculares- fue realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de divisiones de drogas peligrosas de diversas jefaturas departamentales y grupos especiales.Finalmente, subrayó: “Acá no hablamos de sustancias para consumo personal, sino que era un verdadero montaje de comercio y venta de sustancias ilegales, en este caso marihuana. 1.800 plantas de marihuana iban a ser comercializadas y vendidas a nuestros jóvenes en Paraná. Desde mi punto de vista, es un error banalizar el consumo, sobre todo de la marihuana. La sustancia activa se ha redoblado. El THG de estas plantas es muy elevado y produce mucho daño”.

La investigación, llevada a cabo por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, a cargo del fiscal Federal Leandro Ardoy y el juez Federal, Leandro Ríos, culminó con la detención de siete personas y la identificación de otras 13.

Durante el encuentro, del que participó además el jefe de Policía, Claudio González, y el subjefe, Juan Marcelo Clausich, dialogaron sobre las investigaciones complejas e intervenciones policiales llevadas adelante de forma conjunta con la Justicia Federal.“Este tipo de encuentros con los funcionarios que llevan adelante la tarea en territorio, nos permite continuar trabajando para tener una Policía más profesional, auxiliar de la Justicia, dinámica, organizada y activa”, subrayó Roncaglia.

Este taller, que comenzó este miércoles, es organizado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) para la Región Andina y el Cono Sur, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría General de la Gobernación.

En la oportunidad, el gobernador valoró el apoyo de Naciones Unidas para facilitar “una capacitación de este calibre y calidad” y señaló la importancia de que la lucha contra la narcocriminalidad se realice con “trabajo en equipo, entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y por supuesto la colaboración y el trabajo con la justicia, tanto nacional como provincial. Queremos ganarles a los narcotraficantes, ganar esta batalla contra las sustancias que toman de rehenes a nuestros hijos y los condicionan para toda la vida”, subrayó.

También puso de relieve el desafío que representa dar esta batalla en una provincia surcada por cursos de agua y con tantos pasos fronterizos. “Eso nos obliga a estar preparados, para darle a la gente, a nuestros vecinos, lo que más esperan, tranquilidad, paz. Vivir tranquilos y sostener un activo que tenemos los entrerrianos, que es precisamente la posibilidad de ser una provincia en la cual se viva con cierta tranquilidad”.

Finalmente, Frigerio mencionó las inversiones en equipamiento por parte del gobierno provincial para “darle a nuestra policía los instrumentos para que cumplan con su tarea”. Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, consideró que “está bien que estemos preparados para la lucha contra el tráfico de marihuana y cocaína; pero también, en estos tiempos, debemos estar preparados para la lucha contra las nuevas sustancias psicotrópicas que son de fácil producción. En el mundo hay más de 1000 sustancias activas diferentes que se utilizan para fabricar estas drogas psicoactivas. Entonces, es importante estar preparado y conocer estas sustancias para poder identificar y evitar que eso llegue a los consumidores”.

En tanto, la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unudd), Lucía Gómez Consoli, señaló que, “al haberse acelerado la producción de las drogas sintéticas y de nuevas sustancias psicoactivas, sumado a la transnacionalidad del crimen, en especial el narcotráfico, nos obliga a estar preparados. Es por eso que estamos brindando durante estas dos jornadas este taller y venimos acompañando también a la provincia con otras actividades”.La jornada, destinada a funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario tiene por objetivo potenciar las capacidades institucionales para restringir la oferta ilícita de drogas, con énfasis en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, incluyendo los opioides sintéticos; y para identificar, investigar, perseguir penalmente y desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, incluyendo los grupos delictivos involucrados con la comercialización minorista de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

También estuvieron presentes, el secretario de Justicia, Martin Acevedo Miño; el jefe de la división Unidad Operativa Federal Paraná de la Policía Federal, Gonzalo Mendoza; y el director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti. 

“El problema del narcotráfico es competencia federal, más allá de lo que ha asumido ahora la provincia aprobando la ‘ley de menudeo’, haciéndose cargo de esos casos”, sostuvo el magistrado.

En declaraciones radiales, señaló que “la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se declaró competente en las causas en las que hay lavado de dinero y que tienen conexión con delitos ordinarios”.

“Normalmente el lavado también tiene competencia federal, pero nosotros lo hemos extendido y hemos condenado”, agregó.

“Quiero dejar bien en claro que la provincia ha tratado con sus posibilidades de combatir el problema, pero hay que tener en cuenta que esto es un delito federal y la provincia siempre ha asumido su responsabilidad, a veces de forma solitaria”, subrayó.

Gutiérrez se expresó de esta forma luego de que se generara una polémica por los dichos del Papa Francisco sobre la “complicidad con el poder político, judicial y económico”.

En ese sentido, el magistrado destacó que los jueces de Santa fe fueron los que condenaron a perpetua a líderes narcos como Esteban Alvarado o Guille Cantero.

“Hablo de Alvarado, Cantero y de otros integrantes más que han tenido perpetua o penas por causas acumuladas de hasta 70 años de prisión”, indicó Gutiérrez. NA.

Mientras continúan los operativos en Santa Fe para disminuir los crímenes en torno al narcotráfico, el temor en Córdoba se acrecienta y se harán operativos especiales en la frontera con la provincia.

Durante el lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó hasta Córdoba para firmar un acuerdo con la provincia para crear una fuerza conjunta que controle la frontera con Santa Fe.

El operativo se llevará a cabo en tres localidades que se unen en la ruta 19 y que son conocidas como “la triple frontera de la droga”. Para que se realice adecuadamente, se creará creación una nueva fuerza conjunta especializada para los controles y operativos.

“Venimos a poner en marcha mecanismos que nos permitan mejorar la seguridad en Córdoba, trabajando en narcotráfico, en rutas, controles, investigaciones”, dijo Bullrich.

La funcionaria también remarcó: “Trabajarán fuertemente para llevarle tranquilidad al pueblo de Córdoba con convicción y cuidando a quienes nos cuidan”.

Esto se debe, no solo a que el narcotráfico comenzó a expandirse, sino que también ya hubo dos denuncias anónimas de que la banda Los Monos había ingresado a la provincia y que iba a matar a policías. NA.

La reunión se desarrolló en el salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Victoria donde el titular de la cartera de Seguridad y Justicia evaluó acciones conjuntas con la intendente Isa Castagnino, el juez federal Federico Martín, el fiscal federal Claudio Kishimoto, el jefe de Policía Claudio González, el senador provincial Víctor Sanzberro y la diputada provincial Laura Stratta, entre otras autoridades.

“Tenemos el desafío y la obligación de trabajar por la seguridad de los entrerrianos. Desde que nos hicimos cargo de la gestión estamos trabajando para eso. Creemos que no hay que estigmatizar a Rosario, sino trabajar todos en conjunto con las autoridades de Santa Fe para prevenir los delitos en nuestro territorio. Ya estamos intercambiando información con el ministro de Seguridad y decidimos incrementar los controles, tanto en el enlace Rosario-Victoria como en el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe”, sostuvo Roncaglia.

“La Provincia tiene 10 vías de acceso en las que estamos trabajando. Se van a incrementar todos los operativos en los puestos camineros para prevenir el acceso de drogas peligrosas en nuestro territorio. Se está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos delitos en la provincia. Nuestro territorio es muy propicio pero estamos atentos, tenemos una Policía que trabaja mucho y está en cada punto de Entre Ríos. Vamos a sumar más tecnología y canes para continuar dando esta lucha”, puntualizó.

Por su parte, la presidente municipal de Victoria, Isa Castagnino, mencionó: “Para mí es sumamente valorable, a menos de tres meses de gestión, estar trabajando en forma articulada, sin ningún tipo de distinción política. Vamos a contar con el apoyo de una embarcación para hacer controles en zona de islas y contaremos también con más patrullaje para la ciudad de Victoria”.

Más de 70 policías retirados se inscribieron para reintegrarse a las fuerzas en Santa Fe y así ayudar a paliar la situación crítica que atraviesa la ciudad de Rosario con el narcotráfico. Esta medida es en base a la Ley de Emergencia en Seguridad que permite la reincorporación en funciones operativas en la Unidad Regional II de Rosario para quienes se hayan retirado.

En menos de 24 horas se logró que más de 70 efectivos se reincorporen a las fuerzas para custodiar escuelas, hospitales y edificios públicos en la ciudad.

Para inscribirse hay que completar un formulario o presentarse en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Avellaneda.

"Esta solicitud es para desempeñar tareas únicamente en la ciudad de Rosario que permitirá al gobierno provincial contar con un nuevo recurso para tareas operativas en edificios públicos y que el personal que hoy está abocado a esas tareas pueda ser volcado a las operativas en calle", indicó Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La funcionaria también destacó que los seleccionados recibirán una remuneración que duplicará lo que percibían como personal retirado ya que serán catalogados como integrantes activos del Ministerio.

Para solicitar este nuevo ingreso se deberá presentar: fotocopia del DNI, foja de servicio que indique el año del retiro, constancia de CUIL, último recibo de haberes y el formulario completo de solicitud.

NA.