La investigación, llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal Paraná, permitió detectar una finca en esa ciudad donde una mujer realizaba maniobras compatibles con el comercio de estupefacientes.La Unidad Fiscal Especializada de Paraná, a cargo del Dr. Santiago Alfieri, dispuso profundizar las pesquisas. Como resultado, los investigadores identificaron a dos mujeres y un hombre que, junto con la principal sospechosa, integraban una organización dedicada a la comercialización y distribución de cocaína y marihuana. También se estableció la existencia de un segundo domicilio lindero al primero, utilizado para el acopio de la droga.Con el material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías N° 7, a cargo del Dr. Mariano Budasoff, ordenó los allanamientos. En los procedimientos se logró la detención de los cuatro investigados y el secuestro de 460 dosis de marihuana, 52 dosis de cocaína, 34 plantas de cannabis sativa, 128.600 pesos obtenidos de la venta de droga, una balanza de precisión, siete teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas. 

“Los resultados obtenidos hasta la fecha reflejan un trabajo constante y coordinado, logrando importantes golpes contra el narcomenudeo y el tráfico de drogas a mayor escala”, mencionó el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, al tiempo que destacó el compromiso de la Fuerza Provincial en el combate contra el narcotráfico y subrayó: “Agradezco especialmente a aquellos fiscales y jueces de Garantía que están acompañando esta lucha contra el delito”.En este sentido, informó que, en lo que va de la gestión “se han llevado a cabo 1415 procedimientos por narcomenudeo y 15 operativos de narcotráfico. Estas acciones han permitido sacar de circulación una cantidad considerable de sustancias ilícitas, evitando su distribución y consumo en el territorio”.Como resultado de estos operativos, se incautaron 253,44 kilogramos de marihuana y 393,46 kilogramos de cocaína. Además, se logró la detención de 951 personas vinculadas a actividades de narcotráfico en sus diferentes modalidades. Asimismo, se han secuestrado 60 armas de fuego, 68 vehículos y 61 motocicletas, y se incautaron 135.176 dólares, lo que evidencia el impacto de estos procedimientos.Vale destacar que, dando cumplimiento con el artículo 30 de la Ley Federal de Drogas, en noviembre del 2024 el Ministerio de Seguridad realizó la destrucción de  un total de 53,505 kilos de marihuana, 7,260 kilos de cocaína, 209 semillas de cannabis sativa, 495 pastillas varias y 247 tabletas de LSD. La quema de estos estupefacientes se llevó adelante en un horno pirolítico, entregado por el Superior Tribunal de Justicia a la Policía de Entre Ríos.“La lucha permanente contra el narcotráfico y especialmente el narcomenudeo, contra la trata de personas, el cibercrimen, los delitos rurales, la pedofilia y delitos contra menores, contra el robo automotor, la piratería de asfalto, delitos en general; hurtos, robos simples y agravados, contra el tráfico y tenencia de armas, son nuestras prioridades. En definitiva, el cuidado de la vida, la libertad y el patrimonio de todos los entrerrianos”, remarcó Roncaglia.En este marco, los logros de operativos antidroga se suman a los alcanzados durante la gestión en materia de lucha  contra diferentes crímenes. En este sentido, se han realizado un total de 1900 allanamientos, donde se detuvieron y aprehendieron a 3364 personas, se incautaron 433 armas de fuego, y se secuestraron 478 vehículos y 556 motos. 

La mujer con tan solo 21 años de edad integraría una banda narcocriminal y sería hija de uno de los jefes de dicha banda en Bolivia, por este motivo se teme, que la intenten rescatar.

A través de  grupos especiales de la Policía de Entre Ríos (PER) se montó un operativo en torno al predio de la comisaría hasta tanto se dispongan los alojamientos definitivos de los detenidos.

Cuatro integrantes de la narcobanda “Los Monos”, entre ellos su jefe Ariel Máximo Guille Cantero, fueron condenados este viernes a penas de entre 17 y 29 años de prisión por el crimen de un contador, asesinado en enero de 2020 durante una balacera contra el Casino City Center de la ciudad santafesina de Rosario, informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada este viernes por el tribunal penal de primera instancia rosarino, integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez.

Según las fuentes, Guille Cantero (35) fue condenado a 17 años de prisión como “instigador” de la balacera que terminó con el crimen de Enrique Encino (64), considerado “víctima circunstancial”, ya que el ataque tenía el objetivo de extorsionar a las autoridades del Casino para obtener dinero.

Detalles de las condenas

El sindicado jefe de “Los Monos”, quien está en el penal de Marcos Paz, acumuló con esta pena un total de 113 años y 8 meses de prisión por múltiples delitos como amenazas, homicidios, secuestro extorsivo, atentados, asociación ilícita y narcotráfico.

Por su parte, el lugarteniente de Cantero y presunto regente de la barrabrava de Newell’s, Maximiliano “Cachete” Díaz (35) fue condenado a 29 años cárcel por reclutar al sicario y conseguir vehículos para perpetrar el ataque extorsivo.

A su vez, el tribunal impuso a Carlos Damián “Toro” Escobar (36) una pena de 17 años de cárcel por ser uno de los estrategas del ataque y de 18 al ciudadano dominicano encargado de efectuar los disparos mortales, Otniel De León Almonte (34).

Además del crimen del contador Encino, estos imputados afrontaron cargos por una serie de extorsiones a sindicatos y comercios junto a Rodrigo Ortigala (45), a quien los jueces condenaron a un año y seis meses de prisión por haberle indicado a la banda que extorsionen a un empresario local.

Encino, quien se desempeñaba como gerente en la sucursal del Banco Nación de la ciudad santafesina de Las Parejas -unos 100 kilómetros al oeste de Rosario- , fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras fumaba en un balcón del Casino City Center la noche del 11 de enero de 2020.

Durante el juicio iniciado el 3 de agosto último se ventiló que la víctima recibió un disparo al quedar en medio de una balacera que buscaba intimidar a las autoridades del casino como parte de una mecánica de extorsiones de bandas delictivas vinculadas al narcomenudeo a cambio de altos montos de dinero.

Al término de la lectura del veredicto, el fiscal, Luis Schiappa Pietra, señaló: “Para nosotros Díaz fue el organizador de este ataque y el señor Cantero fue el instigador del asesinato en Encino.”

“A Cantero solamente le hemos imputado el homicidio, en cambio, a Díaz le hemos imputado una serie de cinco extorsiones (una consumada y cuatro intentos) más la organización de la sociedad ilícita y el homicidio, por eso obtuvo una condena tan alta”, indicó.

Detalles del caso y el juicio

Durante el juicio, los investigadores demostraron mediante la prueba basada fundamentalmente en escuchas telefónicas, que fue Cantero quien el 11 de enero de 2020, alrededor de las 22.30, ordenó desde un teléfono fijo de la cárcel que dos personas a bordo de una moto dispararan contra un lateral del casino que da a la calle Moreno al 6400.

En tanto que Escobar, preso por un homicidio desde 2018 en la cárcel santafesina de Piñero, fue el encargado de planear junto a Cantero la estrategia del ataque, para lo que mantuvo conversaciones con “Cachete” Díaz, quien asumió la tarea de reclutar gatilleros y vehículos para perpetrar el hecho.

Por último, De León Almonte, apodado “El dominicano”, cumpliendo las órdenes de “Cachete” Díaz, fue quien pasó en moto con un acompañante aún no identificado por detrás del casino y disparó seis veces, entre ellas contra Encino.

En el caso de Ortigala, no tiene relación con el crimen del contador Encino, pero sí fue considerado el instigador de una extorsión que llevaron a cabo integrantes de “Los Monos” en perjuicio de Pablo F., un empresario gastronómico del centro de Rosario.

La medida fue solicitada el martes pasado por los fiscales federales Claudio Kishimoto y el titular de la Procuraduría contra el Narcotráfico, Diego Iglesias, días después de que Verdún (43) amenazó a un fiscal de la Justicia ordinaria santafesina que la imputó por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Ahora, tras la revocación de la libertad en la causa por comercio de estupefacientes, Verdún será trasladada a la cárcel federal de Ezeiza, informaron fuentes judiciales.

La mujer ya estaba detenida desde la semana pasada por tenencia de armas en una causa en la que también fue arrestado su hijo, Luciano "Lucho" Cantero (19), con un arsenal de 25 pistolas y fusiles.

Además, la viuda del "Pájaro" Cantero -asesinado en mayo de 2013- tiene una causa elevada a juicio por presunto lavado de activos y una condena por resistencia a la autoridad de 2016, es decir, posterior a la sentencia de 2019 por comercio de estupefacientes.

El juez del TOF 2 de Rosario, Ricardo Vázquez, tuvo en cuenta esos elementos a la hora de revocar la libertad de Verdún, cuya sentencia condenatoria a 5 años de prisión aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

"No está de más aclarar que es distinta la forma en que influye la perspectiva de pena en el ánimo de una persona al inicio del proceso, que es donde se ha tratado la excarcelación en esta causa, a como lo hace al momento de una condena a cinco años y, por último, algo totalmente distinto si a esa condena inicial se le suman tres nuevas causas, una con condena firme", sostuvo el magistrado. En su planteo ante el TOF2, Kishimoto e Iglesias habían señalado que existía riesgo de fuga por parte de Verdún por las causas acumuladas en su contra y porque una de ellas es por presunto lavado de activos, lo cual configura un "serio indicio" de que cuenta con los medios económicos y logísticos como para intentar evadir la acción judicial.

Resolución judicial

En su resolución, el juez Vázquez indicó que "puede afirmarse sobre base objetiva que Verdún ha dado muestras claras de mantener su desapego al cumplimiento de la ley con posterioridad al dictado de su excarcelación y de su sentencia condenatoria a una pena sensiblemente alta (5 años de prisión)".

Para el juez, su desapego al cumplimiento de las normas también se evidencia en el hecho de que a la primera sentencia, por comercio de drogas, le siguieron otras presuntas infracciones.

"Vemos que la primera condena no le sirvió de contramotivación hacia el delito, sino que fue claramente ignorada. Y esta negación la ha reiterado con dos nuevas conductas delictivas", señaló en el fallo.

El magistrado también valoró para revocar la excarcelación "la falta de arraigo o de domicilio fijo, asociado a su integración a una organización delictiva compleja y con manejo de recursos económicos ilícitos, como otra circunstancia objetiva que potencia la posibilidad de fugarse u ocultarse".

Vázquez remarcó que el último domicilio que declaró Verdún en los tribunales, al presentarse a firmar por su condición de excarcelada, fue el de Arrieta 1820 de Rosario, de cuya terraza la noche de la última Navidad un grupo de jóvenes realizó disparos "con el fin de infundir temor público", según se ventiló en la audiencia por la tenencia de armas a Verdún, su hijo "Lucho" y otros dos acusados.

Finalmente, el juez tuvo en cuenta también en su decisión "la actitud hostil hacia los magistrados provinciales al momento de concretarse la audiencia imputativa (por las armas) que tuvieron una importante trascendencia pública".

Se refirió así a las amenazas de Verdún al fiscal Matías Edery, a quien acusó de "agarrárselas" con la familia Cantero y a quien le advirtió en plena audiencia de imputación: "Esto no va a quedar así".

Verdún había sido sometida a juicio en 2018 cuando la Justicia rosarina condenó a buena parte de los cabecillas de la narcobanda "Los Monos" por asociación ilícita y homicidios, aunque en esa oportunidad resultó absuelta.

Sin embargo, en 2016 fue condenada en la Justicia santafesina por resistencia a la autoridad y este año irá a juicio en el fuero federal por presunto lavado de activo, al ser titular de tres automóviles y tres motocicletas que, para los fiscales del caso, no puede justificar con sus ingresos.