Al menos 41 mujeres murieron y otras siete resultaron heridas en un enfrentamiento entre pandillas y un incendio registrados este martes en la cárcel conocida como Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cerca de Tegucigalpa, capital de Honduras. Tras la matanza, las autoridades de seguridad ordenaron la intervención inmediata de la prisión.

“Se reportan 41 fallecidas, preliminarmente” en una reyerta registrada en una penitenciaría de mujeres situada a 25 kilómetros al norte de la capital, informó a la AFP el vocero policial, Edgardo Barahona.

Según el diario local El Heraldo, imágenes que circulan en redes sociales muestran cadáveres apilados, otros carbonizados y algunos con heridas de bala. El diario La Prensa reportó que 25 mujeres murieron calcinadas y 16 acribilladas.

Cómo ocurrió la masacre en una cárcel de mujeres de Honduras

La presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, dijo a periodistas que la reyerta y el incendio ocurrieron supuestamente después de que las autoridades notificaron nuevas reglas al interior de la cárcel.

La matanza, según El Heraldo, se habría iniciado cuando las reclusas encerraron a varias mujeres rivales y prendieron fuego a los módulos. Desde muy temprano, testigos reportaron gritos de desesperación y disparos en el recinto carcelario.

La reyerta fue entre las reclusas de las pandillas conocidas como Mara Salvatrucha y Barrio 18, según La Prensa.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, ordenó una “intervención inmediata” en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña. “No vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades”, aseguró.

Para Villanueva, la reyerta es “producto de las acciones del crimen organizado” en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, en el occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe.

“Detenidas con armas y pasamontañas generaron quemas”

En el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) se ha “reactivado el vandalismo y mujeres, con armas y pasamontañas, generaron quemas”, dijo Villanueva, designada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, para liderar una intervención de las cárceles del país.

El Cuerpo de Bomberos anunció que el fuego ya fue controlado.

Las autoridades hondureñas anunciaron el 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de teléfonos celulares, el desarme de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Desde abril, según reportó EFE, una decena de tiroteos o enfrentamientos se registraron en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, y las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.

La cantidad de personas muertas a raíz del ataque armado y posterior motín ocurrido en una cárcel de Ciudad Juárez, en México, ascendía a 19, entre ellas 10 policías, en tanto los reclusos que lograron fugarse sumaban 25, informaron autoridades.

Un reporte previo daba cuenta de la muerte de 10 guardias penitenciarios y cuatro reos y de 24 internos fugados tras el asalto atribuido a una banda de narcotraficantes.

Pero el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, precisó en conferencia de prensa que en los hechos fallecieron diez guardias, siete presos y dos atacantes.

También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos, agregó el general, quien anunció además la captura de cinco agresores, según la agencia de noticias AFP.

Entre los prófugos se encuentra Ernesto Alfredo Piñón, el líder de El Neto, una banda aliada del cártel de Juárez en su guerra contra el cártel de Sinaloa, que fue liderado por Joaquín �SEl Chapo⬝ Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Piñón estaba preso desde 2009, y en 2010 fue condenando a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio, según la Fiscalía del estado norteño de Chihuahua.

Se trata del hecho ocurrido en el Centro de Reinserción Social Estatal (Cereso) número 3, en el estado mexicano de Chihuahua, limítrofe con Estados Unidos.

Cerca de las 6 hora local, un comando armado a bordo de �Sentre tres y seis camionetas, algunas blindadas⬝ -según informó la fiscalía- irrumpieron en la prisión y dispararon contra oficiales de seguridad, lo que generó caos en el interior del establecimiento.

La revuelta permitió inicialmente la fuga de 27 presos, �Squienes se valieron de lo ocurrido para ejecutar acciones en contra de grupos antagónicos⬝, aseguro más temprano la Fiscalía que investiga el ataque y posterior motín en un comunicado.

La actual gobernadora, María Eugenia Campos, pidió no politizar el suceso, que dejó también un saldo de 13 heridos, según informó el portal mexicano Milenio.

�SLo ocurrido es muy lamentable, y, ahora más que nunca, debemos reforzar el compromiso de trabajar juntos para dar un mensaje contundente a los generadores de violencia: hay Estado de Derecho, y nadie puede violar la ley y salir impune⬝, tuiteó Campos.

Hoy continuaban desplegadas las fuerzas de seguridad en busca de los fugados y de los otros integrantes del comando armado.

Los centros de detención de México, principalmente los estatales, padecen problemas crónicos de hacinamiento y violencia, que se agravaron en los últimos años por las pugnas entre grupos criminales.

El Cereso, con 3.901 reos pese a tener capacidad para 3.135, fue escenario de otros motines: el pasado 11 de agosto, murieron 11 personas, entre ellas un niño de 4 años; y en marzo de 2009, hubo 20 muertos.

Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, es estratégica en el tráfico de drogas y uno de los puntos donde estalló en 2006 la ola de violencia ligada al tráfico de drogas.

La pelea entre dos grupos criminales apoyados por los grandes cárteles, los Mexicles y los Chapos, fue el detonante del caos que posteriormente corrió por toda la ciudad.

Al menos 51 personas murieron este martes en un motín en la prisión colombiana de Tuluá, en la región del Valle de Cauca. El amotinamientro empezó a las 2 de la mañana hora local cuando los internos prendieron fuego colchones en un intento de fuga o para ocultar alguna situación, de acuerdo a las primeras hipótesis del propio director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Tito Castellanos. El hecho tiene como antecedente la revuelta de la cárcel La Modelo, de Bogotá, de marzo de 2020, en el que murieron 24 presos que pedían protección frente a la pandemia del coronavirus.

Según informó EFE, Castellanos detalló que el incendio se desató cerca de las 2 de la madrugada y que "la mayoría de los fallecidos es por inhalación de humo" y que se avanza en las labores de identificación, que están a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía.

Un primer informe dio cuenta de que los fallecidos eran todos prisioneros. Castellanos no dio información sobre los guardiacárceles afectados por el incendio.

Señaló que el motín comenzó con una riña en el cual algunos presos prendieron fuego colchones, lo que originó un incendio que se propagó por gran parte de la prisión de mediana seguridad.

La cárcel de Tuluá alberga a 1.267 reclusos y tiene una sobrepoblación del 17%.

El presidente colombiano, Iván Duque, que está de visita de trabajo en Portugal, lamentó la tragedia y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

Duque dijo en su cuenta de Twitter que está en contacto con el director del Inpec y dio "instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación".

Por su lado, el presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, dijo en redes sociales que "lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo (en marzo de 2020 en Bogotá), obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso".

Petro expresó sus condolencias a los familiares de los presos muertos y agregó que "el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación". (Rosario 3)

Al menos 12 presos murieron ayer domingo en enfrentamientos registrados en El Turi, una cárcel de Ecuador ubicada en la sureña provincia de Azuay, según confirmó el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo.

�SHasta el momento se han identificado en la parte exterior 12 víctimas y en las partes internas todavía se está trabajando y haciendo una evaluación⬝, indicó en una rueda de prensa.

El funcionario atribuyó los enfrentamientos en el centro penitenciario a que �Shay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han rebelado contra ellos⬝.

La nueva revuelta ocurrida en la madrugada de este domingo dejó un número aún no especificado de heridos y obligó a la movilización de 800 policías y militares para recuperar el control de la prisión.

Los violentos hechos comenzaron en torno a la 01.30 hora local (06.30 GMT).

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Pablo Ramírez, comentó en la rueda de prensa conjunta que se evacuó a 90 presos, 10 de ellos con heridas que fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud.

Añadió que en las afueras del centro de detención se han dispuesto cinco ambulancias para ofrecer la atención necesaria.

De su lado, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, señaló que han trasladado equipos especializados a la zona para atender a los familiares de los reclusos.

De igual manera, tan pronto se evacúen los cadáveres adoptarán los protocolos correspondientes para entregar los cuerpos a sus familiares.

Esta revuelta es parte de la crisis carcelaria que vive Ecuador desde el año pasado, cuando murieron 316 presos en violentos enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de los centros penitenciarios.

En la misma prisión de El Turi, a las afueras de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, fueron masacrados 33 presos el 23 de febrero de 2021, la mayoría decapitados y desmembrados en un ataque entre bandas rivales coordinado simultáneamente en varias cárceles que dejó 78 fallecidos en todo el país.

En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos (30 % de sobrepoblación). Del total, 15.000 están sin sentencia.

La nación andina, además, tiene un déficit de 2.500 guías penitenciarios. Actualmente hay apenas 1.646 para todo el país.

Para reducir el hacinamiento en las penitenciarías, el presidente Guillermo Lasso firmó en febrero un decreto que estableció las condiciones para que unos 5.000 presos sean indultados.

De acuerdo con las autoridades, la violencia dentro de las cárceles responde a la disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico internacional que luchan por el dominio dentro y fuera de las prisiones.

En un reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado ecuatoriano a recuperar el control de sus prisiones y no abusar de la prisión provisional, pues el 40 % de los más de 36.000 presos que tenía Ecuador a finales de 2021 no contaba con una sentencia.

Al menos 45 internos alojados en una comisaría de la localidad bonaerense de Florencio Varela mantenían esta noche de rehén a un efectivo policial en reclamo para que sean trasladados a una cárcel debido a la gran superpoblación del lugar.

El motín de los presos del penal de Villa Devoto llegó a su fin tras la firma de un acta en la mesa de diálogo conformada con las autoridades de diversas áreas del Gobierno nacional y los delegados de los privados de la libertad de cada uno de los pabellones.

La medida fue confirmada por fuentes del Servicio Penitenciario Federal. �SSin heridos ni incidentes⬝, remarcaron. Aunque se reportaron 11 agentes del SPB con quemaduras leves.

De momento, lo único que se sabe del acta firmada es que �Sse permitirá efectuar recorridas por los pabellones para comprobar el estado de los mismos⬝. Sin embargo, un grupo presos se mantuvo por ahora en los techos de un sector del penal.

El acuerdo fue rubricado por los jueces de la Cámara de Casación Gustavo Hornos y Daniel Morín, además de representantes del Ministerio de Justicia, Procuración Penitenciaria y el SPF, más los representantes de los internos.

�SEl acta es para que termine todo hoy, se presenten jueces federales y no haya traslados ni represión⬝, confirmó una fuente. La idea es que este sábado se avance en una revisión de los casos que podrían obtener la prisión domiciliaria mientras dure la pandemia. Se trata de los internos que tienen prisión preventiva, los que gozan de salidas transitorias o libertad asistida, o personas con problemas de salud preexistentes al Covid-19 y los que están muy próximos a obtener la libertad.

El motín estalló dentro del penal de Devoto durante la mañana de este viernes, aunque los ánimos estaban tensos ya de madrugada.

�SPedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando. No pedimos escaparnos, no queremos que nos maten, pedimos salud y el derecho a la vida. No queremos que nos encierren para morir como ratas, no queremos morir⬝, remarcó Carlos Ojeda, uno de los detenidos.

Una alta fuente penitenciaria reconoció: �STomaron la planta uno del penal, el nivel reservado para narcos y detenidos que cursan estudios universitarios⬝. Los disturbios suelen comenzar en los sectores poblados por detenidos acusados de delitos violentos como robo y homicidio. (Diario 26)

Al menos una persona murió y otras 10 resultaron heridas este martes durante el motín que se produjo en la Unidad Penal I de la ciudad de Corrientes tras el intento de fuga de un grupo de presos del pabellón 10.

El episodio comenzó cuando los guardiacárceles encontraron a un grupo de detenidos intentando escalar un muro. Vecinos de la zona afirmaron que se escucharon disparos, informó el sitio El Litoral de Corrientes.

Fuentes del sistema de salud le confirmaron a ese portal que una persona murió y que 10 más quedaron heridas: ocho presos y dos miembros del Servicio Penitenciario.

Uno de los guardiacárceles ya fue dado de alta del Hospital Escuela, mientras el otro fue intervenido por una lesión en el brazo.

Muchos de los presos y detenidos alojados en la Unidad Penal I de Corrientes iniciaron el lunes pasado una huelga de hambre en reclamo del beneficio de la prisión domiciliaria y de libertades anticipadas para los que estén en grupos de riesgo frente a la pandemia de coronavirus Covid-19.

Debido a la emergencia sanitaria en todo el país por la pandemia de coronavirus Covid-19, la Cámara Federal de Casación ordenó a todos los tribunales la "urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes". (Minuto Uno)