En un contexto como el que estamos viviendo, con la pandemia global del coronavirus, trabar o impedir la circulación de los medios es atentar contra el derecho ciudadano a estar informado, y por ende afectar el acceso a información vital sobre la salud de la población y sobre los cuidados que hay que tener para combatir al virus.

Este derecho no sólo está amparado por la Constitución Nacional, sino por lo determinado expresamente por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, que reconoce a los medios de comunicación como actividad esencial en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta norma incluye a todas las actividades relacionadas con la función de los medios: la impresión, la distribución y la venta en kioscos o por canillitas en la calle.

Cualquier medida restrictiva que afecte la circulación o distribución y venta de ejemplares impresos o su ingreso en una localidad o provincia no solo vulnera lo establecido por la normativa específica de la pandemia, sino que además desconoce los principios elementales de libertad de prensa expresados por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

En las últimas semanas, se conocieron medidas restrictivas a la circulación y/o venta de medios locales y nacionales en algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Y el fin de semana pasado se impidió el ingreso de ejemplares de medios nacionales a la Provincia de San Luis a través de los pasos terrestres habilitados.

En el caso de San Luis, de acuerdo a lo denunciado por distribuidores y vendedores, en días pasados se les impidió el ingreso de diarios y revistas en los tres pasos fronterizos: La Punilla, Justo Daract y Vizcacheras. Situaciones similares se vivieron en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Algunas de estas situaciones fueron corregidas pero otras subsisten, lo que nos lleva a alertar a las autoridades sobre esta grave anomalía.

Estas decisiones arbitrarias vulneran, además de la letra constitucional, la de los tratados internacionales de Derechos Humanos de los que la Argentina es parte, al imposibilitar a los ciudadanos el acceso a la información provista por los medios impresos.