La liberación se llevó adelante en el marco de un proyecto de recomposición de fauna íctica del Ministerio de Desarrollo Económico, que articula esfuerzos de distintas áreas provinciales para la protección de la biodiversidad. El mismo surge atendiendo a la situación crítica de varias especies ícticas, impulsando una propuesta que no solo busca conservar la fauna típica, sino fundamentalmente fortalecer su repoblamiento y reforzamiento poblacional.Cabe destacar que la suelta de los 300 ejemplares de pacú se realizó como medida de compensación ambiental requerida a una empresa responsable de un daño ecológico, garantizando así que la remediación se oriente a la recuperación de la fauna local, con un impacto territorial concreto. El pacú, especie nativa de la cuenca del Paraná, presenta actualmente un tamaño poblacional muy bajo en la provincia: por ello, este tipo de acciones constituye un aporte significativo a su recuperación progresiva en ambientes adecuados.Un aspecto clave de esta acción es el monitoreo poblacional. Según explicaron, los peces fueron debidamente etiquetados: En caso de re-captura, la gente debe comunicarse con el número que figura en la marca para brindar información sobre su tamaño, talla y ubicación. Esto nos permitirá tener datos sobre migraciones y crecimiento, información inexistente al momento y fundamental para el seguimiento de la especie.

Este proyecto colaborativo incluye el trabajo articulado con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos (PER). Participaron de la actividad el director de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza, junto a su equipo técnico, Germán Rivero y Joaquín Sallevane; representantes de la Dirección de Recursos Naturales; Francisco Fernández y personal de la Policía de Abigeato, encabezados por el Comisario General César Primo, y el presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida.

Les Amis fue incorporada al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas bajo la categoría Reserva de Usos Múltiples, con una superficie total de 129 hectáreas. Es la primera reserva provincial en la que la actividad productiva, la cría bovina de la raza Wagyu, forma parte explícita de los objetivos de conservación.

El establecimiento cuenta con el sello verde Raíz Nativa, creado por resolución Nº 1.149 de la Secretaría de Ambiente, que certifica buenas prácticas productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad. Su incorporación al sistema provincial formaliza un esquema de manejo que integra producción sustentable y protección ambiental.

El Senado aprobó también la declaración de la Palmera Yatay (Butia yatay) como Monumento Natural, figura prevista en la Ley 10.479.

La medida otorga a la especie un estatus de resguardo prioritario, especialmente relevante ante amenazas de origen antrópico y sanitario que afectan a los palmares de yatay en la región. Asimismo, se instituye el 13 de marzo como Día Provincial de la Palmera Yatay, para promover su valoración y cuidado.

Los diputados Carlos Alberto Damasco, bloque La Libertad Entre Ríos, y Sergio Castrillón, bloque justicialista, autor y coautor respectivamente, presentaron este martes un proyecto de ley que propone que la provincia adhiera a la Ley nacional 27.592, conocida como Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada en 1973.

El proyecto recordó que la Ley Yolanda “establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado” y propone crear el “Programa Provincial de Formación en Educación Ambiental, que tendrá como objetivo principal capacitar en desarrollo sostenible, cambio climático, economía circular, protección de la biodiversidad, gestión de residuos, recursos naturales y demás temáticas ambientales, a todos los agentes públicos provinciales”.

Damasco precisó que la Ley Nacional Nº 27.592 “reconoce la necesidad de formar a quienes diseñan, ejecutan o controlan políticas públicas en materia de desarrollo sostenible, cambio climático, gestión ambiental y preservación de los recursos naturales, entre otros ejes”.También destacó que “la ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1973, y pionera en la incorporación de la perspectiva ambiental en la gestión pública”.El legislador expresó que “en el contexto actual, donde los desafíos ambientales se intensifican a nivel global y local, resulta imprescindible que la Provincia de Entre Ríos —con su extensa riqueza hídrica, biodiversidad y actividad agroindustrial— cuente con agentes públicos capacitados y conscientes de la importancia de actuar en armonía con el ambiente”.

Así, entendió que “la adhesión y creación del Programa Provincial de Educación Ambiental Obligatoria garantiza que este proceso de formación se realice de forma sistemática, planificada y adaptada a la realidad de la provincia. Además, promueve una cultura ambiental institucional que fortalece la transparencia, la prevención de daños, el cumplimiento de la normativa ambiental y el compromiso intergeneracional”.La nueva ley, de ser aprobada “invita a municipios y comunas a sumarse, ampliando así su alcance territorial y generando sinergia entre los distintos niveles del Estado. Existe en esta Legislatura un expediente promovido por el diputado Sergio Castrillon, enumerado Expediente 24.768, el cual ha sido enviado a archivo”.

YolandaYolanda Ortiz nació en Tucumán, Argentina, en 1925. Desde joven, desarrolló un profundo interés por mejorar situaciones de contaminación ambiental que afectaban la salud de las personas. Por ello, estudió Química y se especializó en Toxicología en la Universidad de Buenos Aires, y luego profundizó sus saberes y estudios en Francia y Estados Unidos.Tras más de 15 años de trabajo relacionado a la vinculación entre la salud humana y la cuestión ambiental, fue designada como primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, entre 1973 y 1975. Esto la convirtió, además, en la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina.Yolanda Ortiz trabajó con una mirada holística de lo ambiental, ya que entendía que solo era posible comprender los temas ambientales a partir de la interacción entre sociedad y naturaleza. Con su gran sensibilidad social e inquietud intelectual, inspiró con su accionar cotidiano y su lucha dentro y fuera de la función pública.

Falleció en la Ciudad de Buenos Aires, el 22 de junio de 2019, a los 94 años. Como homenaje a su legado, se sancionó en 2020 la Ley Yolanda que establece que todos los funcionarios y empleados del Estado nacional deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental.

La Subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas mantuvo un encuentro con Martina Basgall Sequeira, la joven seleccionada junto a 50 estudiantes en todo el mundo para el premio Global Student Prize 2024.Durante la reunión, Lamas expresó su reconocimiento a Basgall Sequeira por el logro alcanzado, destacó la importancia de la participación de los jóvenes en temas ambientales y resaltó el compromiso de los que buscan tener un impacto significativo en la sensibilización de la sociedad.En ese sentido, dialogaron sobre la posibilidad de explorar posibles colaboraciones con el grupo de interés ambiental en la Escuela Carlos Pellegrini. Además, Martina compartió sus principales intereses en temas ambientales y resaltó algunos proyectos específicos en los que está involucrada.En tanto, la estudiante de la Escuela Nacional Carlos Pellegrini comentó que uno de sus principales objetivos es promover la conciencia ambiental.La plataforma Global Chegg premia con USD 100.000 a un estudiante excepcional por año de todo el mundo. La premisa es que su actividad académica genere un fuerte impacto social positivo en su comunidad. El premio está abierto a todos los estudiantes que tengan al menos 16 años y estén matriculados en una institución académica o en un programa de capacitación. Recién en septiembre se conocerán los 10 finalistas y, a fin de año, el gran ganador.Acompañaron a Lamas los directores nacionales Cristina Goyenechea, Federico Caeiro y Nicolás García Romero. También estuvo presente Juan Pablo Baliña, director de Comunicaciones de la Fundación Varkey, socia de Chegg. 

 El Gobierno apuesta a su desarrollo tras lograr el año pasado que se adoptara una ley que incluye mayores beneficios fiscales para las centrales eléctricas que utilicen estas técnicas.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este jueves un plan para reducir las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas, en particular de gas y carbón, a partir de 2030, medidas esperadas en el marco de los compromisos climáticos del país.

Esta nueva reglamentación incluye entre otras la obligación para ciertas centrales de carbón de captar sus emisiones de CO2, en lugar de liberarlas en la atmósfera.

Si entra en vigor, será la primera vez que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos imponga restricciones a las emisiones de CO2 de centrales ya existentes.

La producción de electricidad representa alrededor de un cuarto de las emisiones de gas de efecto invernadero del país.

Al igual que un anterior intento bajo el entonces presidente Barack Obama, del cual Biden era vicepresidente, estas normas serán probablemente impugnadas en los tribunales.

Tienen el potencial para impedir la emisión de �Smás de 600 millones de toneladas de carbono de aquí a 2042⬝, lo que equivale a las emisiones �Sde la mitad de los vehículos estadounidenses en un año⬝, declaró el jefe de la EPA, Michael Regan.

Advirtió que conllevarán un cierre de las centrales de carbón, pero aseguró que tendrán �Sun impacto insignificante en los precios de la electricidad⬝.

Las centrales que prevean mantenerse después de 2040 deberán instalar tecnologías que permitan captar 90% del CO2 emitido a partir de 2030.

En concreto, estas reglas propuestas varían en función del tipo de central, de su nivel de uso, o de su eventual fecha de cierre prevista.

La agencia confía sobre todo en las técnicas de captura y almacenamiento de CO2, aún poco extendidas y costosas, dijo Regan, informó la agencia de noticias AFP.

El Gobierno apuesta a su desarrollo tras lograr el año pasado que se adoptara una ley que incluye mayores beneficios fiscales para las centrales eléctricas que utilicen estas técnicas.

Una primera categoría se relaciona con las centrales térmicas que usan turbinas a vapor, en particular centrales de carbón, pero también de combustible.

Según las nuevas reglas, las centrales que prevean mantenerse después de 2040 deberán instalar tecnologías que permitan captar 90% del CO2 emitido a partir de 2030.

En cambio, ninguna restricción fue impuesta a las centrales de carbón cerradas de aquí a 2032, o incluso 2035, para las que operen a menos de 20% de su capacidad.

En 2022, alrededor del 60% de la producción eléctrica de Estados Unidos provenía de centrales de gas.

La EPA indica que la instalación de estas tecnologías tomará tiempo y será sobre todo rentable para las centrales que operen más tiempo.

Se proponen dos vías para las centrales a gas que usen turbinas de combustión: por un lado la captación de CO2, por otro el hidrógeno bajo en carbono.

Las nuevas centrales de gas usadas con fuerte capacidad deben captar 90% de su CO2 de aquí a 2035, o usar hidrógeno bajo en carbono a 30% de aquí a 2032, y 96% de aquí a 2039. Las mismas reglas aplicarán para las mayores centrales de gas ya existentes.

Captación de CO2

Por ahora, en el mundo solo existen unos 35 sitios de captación y almacenamiento de CO2 para procesos industriales o para la generación de electricidad, según la Agencia Internacional de la Energía.

Su capacidad anual total de captación es de alrededor de 45 millones de toneladas de CO2, cuando las emisiones totales ascienden a 37.000 millones de toneladas por año en el mundo.

En 2022, alrededor de 60% de la producción eléctrica de Estados Unidos provenía de centrales de gas (40%) o de carbón (20%), según la agencia estadounidense de información sobre la energía, seguidas por el nuclear (18%) y las energías renovables (21,5%).