La medida fue dictada mediante la Resolución Ministerial Nº 4.480/24, luego de cumplimentar con los pasos administrativos pertinentes. La decisión se tomó a partir del sumario dispuesto mediante la Resolución Nº 4.369/24, y previa consulta y siguiendo las recomendaciones del Dictamen 432/24 de la Fiscalía de Estado del Gobierno de Entre Ríos, a partir de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 3.818, que rige el desempeño de los “profesionales del arte de curar”. Cabe señalar que el Ministerio de Salud actuó con la mayor celeridad posible, atendiendo a que la sanción de una medida excepcional de estas características requiere respetar un determinado procedimiento e implica una minuciosa evaluación de la situación. En este sentido, se aclaró que, en primer lugar, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera, la cual recomendó se disponga la instrucción de un sumario administrativo y se remitan las actuaciones a la Fiscalía de Estado para intervención consultiva. Siguiendo estas recomendaciones, y a través de la Resolución Nº 4.369/24 M.S., se dispuso la instrucción de un sumario debido a que Guillermo Riolo ha sido denunciado por la realización de una intervención quirúrgica de un menor -quien luego falleció-, y está siendo investigado en sede penal por haber incurrido en presunta mala praxis profesional, posible negligencia y/o impericia. En este marco, se planteó la posibilidad de disponer la suspensión de la matrícula profesional con carácter preventivo y precautorio, en forma inmediata al conocimiento de que al profesional se le inició una investigación penal por la eventual comisión de un delito de homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal), y se dio intervención consultiva a la Fiscalía de Estado. De este modo, se cumplimentó con lo establecido en el artículo 217 de la Ley 3.818 que prevé: “Cuando hayan de imponerse penas de inhabilitación a profesionales del arte de curar, el asunto será pasado previamente en consulta al fiscal de Estado”, a fin de que se expida respecto a la posibilidad de disponer con carácter preventivo, provisorio y cautelar, la suspensión de la matrícula profesional.

 Vale mencionar que una inhibición de estas características es una potestad inherente que se desprende de la potestad disciplinaria principal y que se justifica en la necesidad de adoptar medidas precautorias urgentes que permitan evitar el agravamiento del daño derivado de la eventual conducta que se está investigando en sede penal, minimizando de este modo posibles riesgos a la comunidad.

 Es así que, mediante el Dictamen 432/24, desde la Fiscalía de Estado se concluyó: “Por las razones precedentemente expuestas, esta Fiscalía de Estado opina que corresponde llevar adelante la sustanciación del sumario dispuesto mediante la Resolución Nº 4.369/24 M.S. en los términos de los artículos 203, siguientes y concordantes de la Ley 3.818 al médico Guillermo Gabriel Riolo y estima procedente disponer la suspensión de la matrícula al prenombrado, con carácter de medida precautoria y provisional, hasta tanto se concluya el respectivo sumario y se resuelva la aplicación de la medida que se estime corresponder y/o hasta las resultas de la investigación penal”. Por último, cabe citar que en el este jueves, a las 14 horas, el médico Guillermo Riolo fue informado por el notificador oficial del Ministerio de Salud, con las dos resoluciones vigentes. 

Los datos relevados indican que 51.527 corresponden a Educación Inicial, 142.480 son de Educación Primaria y 129.903 de Educación Secundaria.

El trabajo fue realizado por la Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento, a través de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del CGE y corresponden a los resultados generales del Relevamiento Anual. Este documento se realizó en el marco del trabajo que anualmente coordina el Ministerio de Educación de la Nación entre las 24 Unidades de Estadística Jurisdiccionales del país.

El contenido del Relevamiento Anual es seleccionado y regulado por criterios metodológicos consensuados entre las jurisdicciones y Nación para su captura, consistencia y procesamiento, garantizando su comparabilidad y calidad.

En referencia, el presidente del organismo educativo, Martín Müller, manifestó �Sen la provincia hemos impulsado, en esta gestión, políticas de uso de datos basadas en evidencias. Este informe que estamos presentando sienta un precedente donde la información pública se pone a disposición y genera dispositivos de accesibilidad a datos de calidad⬝.

Por su parte, la directora de Información, Evaluación y Planeamiento del CGE, Claudia Azcárate aseguró �Sel objetivo principal de este informe interactivo es la difusión de información educativa desde el CGE, posibilitando el acceso y transparencia para todos los actores educativos: supervisores, directivos, docentes y estudiantes, investigadores y público en general⬝.

�SLa información se actualizará periódicamente de manera más automatizada y el usuario podrá autogestionar la consulta e interactuar de manera ágil e intuitiva, pudiendo descargar lo que necesite en formato PDF⬝, sostuvo la funcionaria.

Durante el año 2023, se ampliarán los datos disponibles para la consulta donde también se publicarán otros indicadores educativos, mapas e infografías sobre todos los niveles educativos de la provincia. Toda la información estará disponible con acceso directo desde la web del organismo central.

�SDe más está decir que el Magno siempre cumplió y cumple con todas las leyes y es una característica del colegio tomar decisiones luego de un estudio profundo, con fundamento ético y siempre con andamiaje jurídico⬝, sostiene el texto emitido por la institución que no le llegó a las ocho familias damnificadas pero sí al resto de la comunidad educativa del Magno College.

Y añade: "Es por ello que aun bajo todas las presiones que se están llevando a cabo, y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá⬝.

Asimismo, el colegio manifiesta que �SMagno siempre se caracterizó por poner a TODOS los alumnos en el centro y todas las decisiones siempre estuvieron alineadas a procurar lo mejor para ellos⬝ y que �Ses posible que en ciertas ocasiones esto sea más visible y en otras, como la actual, no lo sea tanto (cuando nos referimos a todos incluye a las ocho familias)⬝.

No obstante ello, agrega, �Sestamos orgullosos de haber conformado una Comunidad que entiende que puede constituirse en agente de cambio⬝.

El testimonio de los padres

Pablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, señaló: "Ayer el Colegio emitió un comunicado en el que confirman la decisión de no rematricular a los 8 alumnos, pese a la intimación de la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia⬝.

Y tildó de �Slamentable⬝ el texto emitido por la institución, que al ser consultada por Télam se negó a brindar información.

�SEn principio estoy sorprendida, porque nunca hubiese imaginado que esto podría pasar en el Magno, estamos como familia en el colegio desde el 2013, tengo dos hijos, en primaria y secundaria, ambos hicieron el jardín ahí⬝, dijo a Télam una mamá del colegio que tiene a dos de sus hijos cursando en la institución.

Al respecto, la mujer, que prefirió mantener en resguardo su identidad para preservar a sus hijos de algún tipo de represalia, sostuvo que siempre valoraron del colegio �Sla calidad humana de sus docentes y personal en general y fuimos viendo cómo se convertía en un colegio referente en temas de inclusión⬝.

En tanto, manifestó que el dueño nunca estuvo presente y que nota un cambio desde la nueva dirección general.

�SEste correo logra su cometido, porque genera miedo y eso generó que un grupo grande de padres que apoyaban, empezaron a pensar mucho más en la situación particular de cada familia. El temor a quedarse sin colegio es muy fuerte⬝, concluyó la mujer.

En su momento la justicia Federal de Paraná, condenó el médico Hugo Moyano, por delitos de lesa humanidad a través de una condena que fija una pena de 10 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena.

Deriva de ello como consecuencia, que tampoco podrá ejercer la medicina en ningún rincón del territorio provincial, y naturalmente deberá cerrar su consultorio.

Moyano, fue condenado por crímenes de lesa humanidad en siete casos tipificados como privación ilegítima de la libertad y torturas en su función de médico de las unidades penales Unidad Penal 1 y 6 y también como médico de la Base Aérea guarnición Paraná.

En ese marco y habiendo tomado conocimiento de la situación, Velázquez inmediatamente denunció dicha situación e impuso una serie de medidas tendientes a realizar las investigaciones preliminares del caso sin perjuicio de las medidas preventivas o de fondo que el Ministerio pudiese tomar ajustadas a derecho en el marco de sus atribuciones.

Fue así que luego de efectuadas las tramitaciones de rigor, el Ministerio llegó a la conclusión de suspender la matrícula de dicho profesional tal como lo dejó establecido por resolución 1369 puesta en vigencia en el día de ayer.

Los considerandos de la resolución enfatizan, (en el contexto de la medida dispuesta) que �Sla Administración Pública siempre tiene que actuar teniendo en cuenta las exigencia y las necesidades del interés público⬝ ya que caso contrario, �Ssi este principio fuera transgredido, los actos dictados con violación del mismo aparecerían como viciados e injustificados como resultado de un sustancial desviación del poder⬝.

La inhabilitación -junto a la condena de prisión- advierte la resolución, tiene por objeto de privar al inculpado de evitar que ponga su profesión al servicio de ulteriores actividades criminales. De ahí, que la sanción recaiga comúnmente en cargos profesionales susceptibles de un riesgo general como los de carácter público, sanitario o de transporte.

El artículo 2° de la resolución rubricada por la titular del Ministerio de Salud, hace referencia a la necesidad de oficiar ante el Tribunal Oral Federal, información sobre la situación procesal de Moyano.

El artículo siguiente establece finalmente que, además de notificar tanto al profesional como al Círculo Médico de Paraná y a la justicia Federal de Paraná, de lo resuelto por el Ministerio de Salud, Moyano deberá cerrar su consultorio médico y abstenerse de ejercer la medicina en el ámbito provincial.