La eliminación de estos organismos claves, a manos de la motosierra de Milei, pone en serio riesgo la calidad de los insumos, la transferencia de conocimientos, la innovación productiva, la fiscalización y el acompañamiento técnico a los productores agropecuarios, en especial a los pequeños y medianos, que son el motor de las economías regionales.En el caso del INTA, su debilitamiento y pérdida de autonomía administrativa y financiera amenaza su capacidad de generar servicios de extensión, campos demostrativos y explotaciones piloto. El INTA no es una estructura burocrática: es un actor fundamental para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, con una mirada regional y adaptada a las realidades locales.Del mismo modo, la disolución del INASE, pone en jaque la calidad de las semillas, la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de la Ley de Semillas. Su red regional y cercanía con los productores ha sido una herramienta imprescindible para implementar políticas públicas eficaces. Su desmantelamiento implica un grave retroceso institucional, técnico y productivo.Las afirmaciones del gobierno sobre un ahorro de mil millones de pesos anuales son, a nuestro juicio, insuficientemente justificadas y carentes de un análisis serio de las consecuencias negativas a largo plazo. Las pérdidas en productividad y competitividad generadas por la falta de control de calidad y asistencia técnica superarán ampliamente cualquier supuesto ahorro económico.Este desmantelamiento y el cierre de instituciones vinculadas a la agricultura familiar, representan una política de abandono del desarrollo agropecuario y un atentado a la soberanía alimentaria. ¿Qué clase de modelo de país se impulsa si se recorta la inversión en ciencia, tecnología y asistencia a los productores?Los diputados y diputadas justicialistas nos ponemos al lado de los trabajadores del INTA, del INASE y de todos los productores que verán afectadas sus actividades. Rechazamos categóricamente este desguace y exigimos al gobierno nacional que reconsidere estas decisiones tan perjudiciales.Defenderemos la investigación agropecuaria, la asistencia técnica a los productores y el desarrollo sostenible del sector, pilares fundamentales para la economía de nuestra provincia y el bienestar de nuestro pueblo. Llamamos a la reflexión y a la defensa del INTA y del INASE fuertes, activos y al servicio del desarrollo del campo argentino. 

La senadora Gladys Domínguez anunció que se aparte del bloque Más por Entre Ríos. Fue luego de abstenerse ante la propuesta del Poder Ejecutivo de disolver el Iosper y crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Esa decisión fue un triunfo para el Gobierno, que impuso la iniciativa.  Con el apartamiento de la legisladora por Feliciano, el peronismo pierde la mayoría de 9 que tenía sobre los ocho del oficialismo. “He tomado la difícil pero necesaria decisión de apartarme”, dijo. Y explicó: “Es la consecuencia de un proceso prolongado, marcado por desencuentros reiterados, destratos institucionales y profundas contradicciones políticas que, desde la hora cero, se manifestaron en mi querido departamento Feliciano y que hoy hacen insostenible mi permanencia en ese espacio”. “El punto decisivo fue mi postura ante la votación por la creación de la nueva obra social de la provincia de Entre Ríos, OSER. Con responsabilidad y convicción entendí que debía abstenerme. Esa decisión desató una campaña de persecución política no solo hacia mi persona, sino también hacia mi familia y entorno, con escraches, amenazas, violencia física, repudios públicos y hostigamiento mediático en mi contra, especialmente en mi departamento, Feliciano. Gran parte de estas expresiones no fueron manifestaciones espontáneas ni reacciones aisladas. Por el contrario, fueron impulsadas y sostenidas por sectores con presencia y responsabilidad institucional en la ciudad y en el departamento”, dice la nota enviada a Página Política por la misma legisladora. Domínguez, apodada Meca, sostuvo que “lo más doloroso fue el silencio absoluto de mis compañeros y compañeras ante semejante situación. Nadie expresó solidaridad ni preocupación. A ese silencio se sumaron presiones, advertencias y versiones sobre una posible expulsión del Partido Justicialista, como si disentir fuese motivo de sanción. No se puede construir un proyecto colectivo desde la amenaza, la imposición o el aislamiento. Creo en una política democrática, que abrace, no que expulse; que escuche, no que silencie; que construya desde la diversidad, no que imponga uniformidad”, añadió la senadora que hasta hoy integraba la bancada presidida por Martín Oliva.  Más adelante, señaló: “Este malestar no es nuevo. Ya durante la contienda electoral de 2023, el Partido Justicialista me negó acompañamiento y me obligó a competir en las PASO con boleta corta, sin respaldo político ni estructura, incluso de quién en ese momento conducía el PJ. A pesar de ese intento de exclusión, fui elegida por la voluntad popular y me impuse en las urnas, siendo finalmente la candidata a senadora por el departamento Feliciano. “Lejos de corregirse, esa actitud de marginación se acentuó con el tiempo. Como senadora con origen y pertenencia bustista, siempre sostuve una forma de hacer política basada en la identidad territorial, la coherencia y el respeto. Por eso, también me genera rechazo la decisión unilateral e inconsulta de algunos dirigentes. Sin ningún tipo de debate interno ni consideración por las construcciones locales. Por respeto a la ciudadanía de Feliciano, a mis convicciones y a mi integridad personal, doy este paso. Seguiré trabajando con firmeza y responsabilidad desde una banca independiente, defendiendo los intereses de mi departamento y de toda Entre Ríos. No abandono mis responsabilidades ni mi camino político; simplemente me alejo de un espacio que ha dejado de representar los valores que alguna vez compartimos”, completó.Consultada por este medio, adelantó que lo más probable será la constitución de un bloque unipersonal. Sobre la posibilidad de que la senadora protagonizará este quiebre en el bloque peronista se viene hablando hace varios meses. Tras la sanción de la ley que crea OSER, aquellas versiones de principios de año se profundizaron, particularmente luego de que la senadora se mostrará en su departamento, Feliciano, con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el secretario de la Gobernación, Mauricio Colello. (Pagina Política) 

Los legisladores opositores destacaron el profesionalismo del funcionario, su trayectoria académica y acompañaron a la familia en su pesar. Las condolencias se sumaron a las que realizaron otros dirigentes opositores.“Los diputados del bloque Más Para Entre Ríos lamentamos profundamente el fallecimiento del Contador Público Julio Panceri, quien se desempeñaba al frente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos”. Así, los legisladores opositores encabezaron el comunicado de prensa en el que expresaron su pesar por el deceso del ministro.También manifestaron que “este bloque quiere hacer llegar sus condolencias a familiares y amigos, del mismo modo que acompañar el pesar que esta noticia causó en el seno del gabinete provincial. Deseamos para su familia una pronta resignación”.El bloque de Más Para Entre Ríos sumó su pesar por el fallecimiento al de otras personalidades del quehacer político provincial. Así, acompañó las condolencias que entre otros manifestaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; la diputada provincial y futura senadora nacional, Stefanía Cora; y el senador provincial, Juan Diego Conti, desde la oposición provincial.

Los diputados peronistas manifestaron que “Panceri fue un profesional comprometido y de dilatada trayectoria en amplios aspectos de la actividad relacionada con la economía y las finanzas. Fue docente universitario en la UTN sede Paraná y en la Universidad Nacional de La Plata; estuvo al frente de la Dirección del Centro de Estudios Sociales y Económicos para el Desarrollo; fue consultor y analista económico especializado en temas ambientales, energéticos y presupuestarios, y en ese ámbito también fue autor de varios libros”. 

Además, no está claro cuál va a ser la función de la DIPE durante los cuatro años que median entre cada elección provincial. Se considera razonable mantener el mecanismo actual, que asigna tareas en materia electoral al Ministerio de Gobierno y Trabajo. Igualmente se mantiene el plazo actual de convocatoria de las elecciones provinciales cuando no son simultáneas con las nacionales. El régimen vigente señala que deben convocarse al menos 150 días antes de las elecciones generales, pero el proyecto del oficialismo reduce ese plazo a 110 días. Con este cambio, el oficialismo de turno dispondrá de 40 días más para decidir si la elección es simultánea con la nacional o separada, y las fuerzas opositoras tendrán 40 días menos para adaptarse a lo que decida. El justicialismo rechaza ese cambio porque significa menor previsibilidad y mayor discrecionalidad en favor de quien debe definir la fecha. En cuanto al sistema de “adhesiones” o pegados de candidaturas para las elecciones primarias, sostenemos un criterio amplio que solo depende del acuerdo de los apoderados de las listas, porque creemos que debe respetarse el principio general de máxima participación. El oficialismo impulsa un esquema que restringe las adhesiones de manera desigual, ya que todos los candidatos (intendente, senador) pueden realizar un solo pegado por categoría, excepto el postulante a Gobernador que puede pegar con todos los candidatos que quiera. De esta forma garantizamos más participación frente a la intención de limitar los pegados, lo que significa una injerencia en la forma en que las agrupaciones políticas definen sus acuerdos. Respecto de la BUP, se impulsa que la boleta provincial tenga la misma orientación que la que se usará en las elecciones nacionales, con las categorías electorales de modo horizontal y las fuerzas políticas de modo vertical. Además, se propone modificar del diseño propuesto algunos aspectos poco claros, como por ejemplo que el casillero de voto por la lista completa tenga la foto del candidato a gobernador, cuando debe llevar logo de la alianza o partido político. Para hacer más sencilla y transparente la emisión del voto, se impulsa el agregado de fotografías en categorías que el oficialismo no incluye, ya que su proyecto solo prevé la foto del postulante a gobernador. Se agregan las fotos de las y los postulantes a senador provincial y presidente municipal. En el caso de la lista de diputados se eleva a un mínimo de diez los nombres que deben figurar en la BUP. El mismo criterio se aplica para las listas de candidatos a concejales, y en las listas de los consejos comunales se incluye la fotografía del primer postulante, porque en general es luego quien preside la comuna. El oficialismo propone que las campañas electorales locales tengan siempre plazos diferentes de las nacionales, pero el justicialismo sostiene que, si las elecciones son simultáneas, los plazos deben unificarse adoptando el esquema nacional. Y si las elecciones son separadas, se plantean plazos de campaña más breves. Igualmente el dictamen de minoría propone regular la publicidad electoral en redes sociales y plataformas digitales, para lo que debe crearse un registro de redes y sitios de internet de los candidatos y de los partidos políticos, además de ordenar la rendición de los gastos de campañas en esas plataformas. Así se moderniza el control de la publicidad electoral. El oficialismo propone el financiamiento público de campañas electorales a través del otorgamiento de espacios de publicidad, cuyos criterios de asignación no están explícitos en la iniciativa, que además no prevé la situación de los partidos locales. Por eso se sostiene que el financiamiento debe realizarse a través de aportes dinerarios, adoptando el mismo criterio del sistema nacional. De este modo se reduce la discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno y su injerencia vida interna de los partidos políticos. En términos generales, se sostiene que deben sacarse de esta reforma electoral los cambios que afectan a los partidos políticos, como son la elevación del cuatro por mil al uno por ciento del padrón en el mínimo de los avales para armar un partido, o la imposición de la BUP para las elecciones internas. Para discutir esta legislación debe hacerse una convocatoria amplia a todas las fuerzas políticas de la provincia.  En cuanto al artículo que establece la forma de llevar a cabo los reemplazos de integrantes de un cuerpo deliberativo o institución colegiada (Diputados, Concejos Deliberantes o Concejos Comunales, excepto el Senado), el justicialismo sostiene el criterio actual de la Ley de Paridad Integral (N.º 10.844) que establece que el miembro saliente será sustituido por el candidato o candidata del mismo partido político y del mismo género de acuerdo al orden de lista, siempre que de esa manera se respete la paridad en la integración del cuerpo.

Si no fuera así, deberá asumir aquel candidato/a del género que corresponda hasta alcanzar el 50 % de cada lista y también en el cuerpo. En cambio, el proyecto del oficialismo propone que el reemplazo se realizará siempre de acuerdo al criterio de misma lista y mismo género, son considerar si se mantiene la paridad. (A modo de ejemplo, de acuerdo a la redacción que propone el oficialismo, en reemplazo de la diputada Alicia Fregonese hubiera ingresado otra mujer; y no el diputado Juan Rossi, que ingresó para mantener la paridad en el cuerpo cuando Fregonese renunció para ocupar un cargo en el CGE). 

La convocatoria a la presentación del presupuesto supone hablar de proyecciones de ingresos y egresos para el próximo año, pero en una actitud al menos contradictoria, solo escuchamos argumentos referidos al pasado. Su discurso se pareció mucho al de asunción, o al de apertura de sesiones legislativas, sobrevalorando un supuesto ordenamiento del gasto y abundando en autoelogios de su accionar. Fue un discurso donde habló poco del presupuesto y menos todavía de los recortes de fondos nacionales que lleva adelante el presidente Milei, del cual Frigerio es un gobernador aliado. Un discurso cargado de imprecisiones en los datos y simplificaciones que apuntan a ubicar los problemas actuales en la gestión anterior, pero que a todas luces no resiste mayor análisis. Frigerio afirmó que en estos diez meses dedicó su mayor esfuerzo a cuidar la salud, la educación, la asistencia alimentaria y el trabajo de los entrerrianos; pero la realidad muestra una fuerte pérdida de puestos de trabajo en la actividad privada, una dramática caída de la actividad económica y también que no se atiende adecuadamente la demanda alimentaria, la que recae fundamentalmente en los municipios de la provincia o en organizaciones solidarias. Incluso su vocabulario lo deja en evidencia, se refierió a los “gastos” de estos rubros en vez de hablar de inversión. Del mismo modo, casi no se abordó las problemáticas más sensibles de los entrerrianos, agravadas por un tremendo ajuste económico. Hay que remarcar que no hay equilibrio fiscal posible si las necesidades básicas no están contenidas. Su frase: “No nos vamos a comprometer a pagar más de lo que podemos pagar” se parece demasiado al argumento del Presidente Milei, pero en este caso para desentenderse de obligaciones centrales de la provincia. No parece casualidad que haya imitado a Milei presentando el proyecto de Presupuesto en la Legislatura, algo inusual e innecesario, para aprovechar la oportunidad de justificar una gestión de gobierno que en diez meses tiene muy poco para mostrar. ¿O acaso alguien vio la reactivación de la obra pública de la que habló el gobernador? Hubiera sido interesante que se refiriera a las 150 obras públicas que “acordó” con el gobierno nacional pero que no están en el presupuesto que impulsa Milei para 2025. Poco dijo Frigerio del contenido del proyecto de presupuesto y de lo que planea hacer el gobierno. Pero lo cierto es que el discurso sobre la gestión anterior convence cada vez menos en la provincia, y que lo que los entrerrianos necesitan es un gobierno provincial que gestione y haga valer sus derechos ante el gobierno nacional. 

“Rechazamos absolutamente estas afirmaciones del Presidente, hechas al momento de presentar el proyecto de presupuesto nacional, porque implican profundizar el modelo de recesión, pobreza y represión que viene llevando adelante. Pero además nos generan una gran incertidumbre porque revelan un enorme desconocimiento de lo que sucede en las provincias, en las cuales el ajuste de Milei se siente con más dureza que en la Ciudad de Buenos Aires.Si el recorte en las provincias se calcula de acuerdo a los índices de coparticipación, para Entre Ríos representaría una suma absolutamente irracional. “En un discurso pretendidamente fundacional, con pocas precisiones y citas históricas incorrectas, el presidente les envió un mensaje a los gobernadores para que lleven adelante ese desmesurado ajuste: ‘Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte. Ahora faltan ustedes’”.Milei presentó el Presupuesto y condicionó el crecimiento del país a que los gobernadores hagan un ajuste adicional de USD 60 mil millones.Para el ministro de Economía de Santa Fe, el ajuste que pidió Javier Milei no es “justo”.“Esperamos que el gobernador Rogelio Frigerio revise su postura de apoyo a esta gestión nacional porque está muy claro que el ajuste permanente no es ‘el norte del país’ como ha dicho en otras oportunidades. Creemos que debe defender con entereza los recursos que la Nación le quita a la Provincia y estamos dispuestos a acompañar esa postura en defensa de los entrerrianos”.“Milei convocó a los gobernadores a participar de ‘una guerra contra el gasto público y el costo argentino’ que básicamente consiste en que el Estado se desentienda de todas sus funciones y se limite a recaudar para atender el endeudamiento externo. Debemos insistir en señalar que en esa guerra que imagina el Presidente, la víctima es el pueblo argentino, y especialmente los más vulnerables”, afirmaron los diputados justicialistas. 

Los gremios también manifestaron su preocupación por el impacto de la reforma en los derechos laborales, especialmente en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y dificultades económicas. Ante esta situación, el bloque justicialista reafirmó su compromiso de no apoyar cambios que no sean producto de un diálogo amplio con todos los actores del sistema previsional.

La presidenta del bloque, Laura Stratta, solicitó que los gremios sean convocados a las reuniones de comisión para discutir el proyecto. El encuentro finalizó con el compromiso de los diputados de mantener un canal abierto de comunicación y consulta con los representantes sindicales. 

Desde el Bloque de Más para Entre Ríos manifestaron que su posición política sigue siendo la de colaborar con el oficialismo en el desarrollo de políticas públicas, aunque no compartan necesariamente todas ellas. Sin embargo, enfatizaron que la responsabilidad de incrementar los impuestos recae en el Poder Ejecutivo, que no ha reclamado al gobierno nacional por los recortes en las transferencias a la provincia, trasladando parte del ajuste a los contribuyentes entrerrianos.

Ante la necesidad de mejorar la recaudación de tributos coparticipables a los municipios afectados por las medidas de reducción del gobierno nacional, los senadores opositores decidieron respaldar con ciertas limitaciones el proyecto de reforma fiscal del gobernador Rogelio Frigerio. En este sentido, optaron por eliminar la facultad del Ejecutivo para seleccionar cualquier índice de actualización de impuestos, imponiendo en su lugar el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), vinculado a la evolución salarial de trabajadores públicos y privados.

Asimismo, buscaron simplificar la política tributaria para evitar una mayor burocracia, con el objetivo de beneficiar a las Pymes, que actualmente están más preocupadas por el pago de sueldos y la sostenibilidad económica que por enfrentar nuevos impuestos. Consideraron que ya existen mecanismos de control para combatir la evasión sin necesidad de generar más burocracia, por lo que eliminaron el Código de Operación de Transporte (COT).

En última instancia, los senadores peronistas expresaron su intención de mitigar el impacto del aumento de los tributos propuesto por el oficialismo para hacer frente a la disminución de los recursos provinciales, dejando en claro que la decisión de incrementar los impuestos es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo provincial.