En la oportunidad, la presidenta del STJ, Susana Medina destacó la trayectoria judicial de Carbonell y su gestión frente al Alto Cuerpo.

Por su parte, Carbonell al hacer uso de la palabra resaltó que durante su presidencia tuvo el gran desafío de enfrentar la Pandemia covid-19. �SEso fue muy difícil porque estábamos frente a lo desconocido y todos encerrados por la declaración de emergencia sanitaria. De igual manera, el excelente trabajo de los equipos técnicos y de todas y todos los agentes judiciales permitió que el Poder Judicial continuara prestando el servicio y siendo uno de los mejores del país⬝, dijo.

En ese sentido, señaló que todo fue posible porque el Poder Judicial de Entre Ríos ya venía trabajando e incorporando la tecnología adecuada para garantizar un funcionamiento más ágil y dinámico. También agradeció, a sus colegas y especialmente a su familia que lo acompaña desde sus inicios como empleado judicial.

La ceremonia, que se realizó en el tercer piso de los Tribunales de Paraná, fue encabezada por la presidenta del STJER, Susana Medina. Además participaron el vicepresidente, Daniel Carubia; el vocal Germán Carlomagno; la vocal Claudia Mizawak; el vocal Miguel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Leonardo Portela. También estuvieron presentes el defensor general, Maximiliano Benítez, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y familiares de Martín Carbonell.

 Al reseñar las actividades realizadas durante su presidencia - bienio 2020-2021- aseguró que las mismas tuvieron como eje fundamental garantizar la prestación del servicio de Justicia de manera óptima atendiendo las circunstancias que se fueron presentando diariamente. 

Carbonell recordó que  el Poder Judicial de Entre Ríos sufrió aislamientos preventivos, contagios y dolor por fallecimientos de algunos de sus integrantes. �SNadie estaba preparado para enfrentar esta situación. Es así que se debió recurrir rápidamente al desarrollo y aplicación de nuevas herramientas tecnológicas de trabajo para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial por fuera del esquema tradicional⬝, dijo. 

Desde el STJ, en todo momento, se promovieron medidas de protección sanitaria con el fin de impedir la propagación del virus, resguardar la salud de los/as agentes, operadores judiciales y de la ciudadanía; y a tal fin se elaboraron protocolos y se establecieron medidas de higiene y seguridad. 

Asimismo destacó que las actividades realizadas demuestran claramente que la calidad y eficiencia de la prestación del servicio de Justicia ha sido una preocupación permanente de cada uno de los vocales que forman parte del Superior Tribunal de Justicia y de todos los miembros del Poder Judicial, cuyo destinatario final es la sociedad, cuyos componentes son titulares del acceso a una tutela judicial efectiva.  

Carbonell manifestó que �Shoy podemos decir que el Poder Judicial se encuentra atravesando una crisis de confianza, de credibilidad, a la par de diversos cuestionamientos, que no siempre responden a datos de la realidad. Lo cierto es que la ciudadanía espera una Justicia expeditiva, comprometida y transparente, y en ocasiones, esto no sucede.

Por ello, debemos trabajar diariamente para fortalecer aún más a la Justicia entrerriana, buscando consolidar la eficiencia y que se comprometa con los intereses de nuestros ciudadanos, y brindar la respuesta más justa y rápida⬝. 

Por otra parte, agradeció a los integrantes de la magistratura y al personal judicial por el trabajo realizado y el compromiso asumido durante estos 2 años. 

Finalmente agregó que �Sa pesar de lo mucho que se ha hecho, siempre queda la posibilidad de mejorar.

Somos conscientes que con el compromiso de todos y todas vamos a seguir creciendo y velando por brindar un adecuado servicio de Justicia, que resuelva sus conflictos, construyendo una democracia con estricto apego a sus instituciones y a la ley, y compensando las desigualdades sociales⬝.

En primer lugar, Martín Carbonell le hace saber que la respuesta que se acompaña ha sido adoptada en reunión de Acuerdo Especial celebrado en el día de ayer lunes.

Al respecto, el Presidente del STJ, le informa que de las atribuciones generales de Superintendencia previstas en el artículo 204 de la Constitución Provincial no emerge potestad disciplinaria que pueda ejercer el Alto Cuerpo respecto de sus integrantes, estando solo prevista la misma respecto de empleados inferiores del Poder Judicial, conforme el propio texto constitucional.

Asimismo, la potestad sancionadora prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial Nro. 6.902 encomienda al Superior Tribunal el contralor de la conducta de todos los miembros del Poder Judicial en cuanto a la misma estrictamente se refiere al desarrollo de la actividad judicial y al ejercicio de la función.

�SPor otra parte, es especifica atribución del Poder Legislativo la de juzgar en juicio político a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, no es de resorte de este Tribunal evaluar previamente, como Usted sugiere en sus líneas, si se está en una situación determinada frente a un caso que podría, o no, dar lugar a la remoción de un Vocal, para en este último caso someterlo a la pretendida potestad disciplinaria⬝, señala la misiva.

Finalmente, Carbonell le expresa a López Arango, que en el marco del Acuerdo General Nro. 08/21 este Superior Tribunal consideró los sucesos acontecidos en la ciudad de La Paz y que tuvieron como protagonista a un integrante de este Alto Cuerpo, decidiendo que debía estarse a las resultas de las respectivas investigaciones.

El encuentro sirvió para profundizar y coordinar políticas de intervención en materia de violencia familiar y contra la mujer, desde sus respectivas competencias, especialmente las referidas a la implementación de la protección a través del uso de tecnologías de monitoreo por medio del uso de botón de pánico y el sistema dual. 

Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, se planteó la necesidad de contar con mayores recursos para dar cumplimento a las necesidades en la materia. 

El sistema dual, que lo lleva el agresor y envía una alerta sobre su cercanía a la víctima, es suministrado a la provincia por un programa de la Secretaria de Acceso a Justicia de la Nación. En Entre Ríos, a través del Sistema 911, se implementa desde hace dos años en la ciudad de Paraná y sus alrededores. 

En ese sentido, desde la Secretaria de Justicia se realizarán las gestiones necesarias para reforzar el sistema. Para ello se solicitará el envío de más dispositivos a la provincia. 

Carbonell destacó la necesidad de profundizar la coordinación entre todas las áreas del Estado provincial para brindar una mayor seguridad y prestación de garantías para las personas que diariamente resultan ser víctimas de violencia. 

También se acordó que para un próximo encuentro se convocará al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, y a los equipos técnicos interdisciplinarios de los poderes Ejecutivo provincial y municipal. 

Asimismo, se destacó el profesionalismo y dedicación de los integrantes del Sistema 911 en esta capital, especialmente por la inmediatez con que acuden ante el quebrantamiento de las restricciones impuestas a los agresores que fueran denunciados. 

A partir de la declaración de la pandemia covid-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del decreto nacional Nº 260/20 estableciendo la cuarentena y del decreto N° 361/20 de la provincia de Entre Ríos fijando la emergencia sanitaria, el gran desafío para el Poder Judicial fue el de garantizar la prestación del servicio de Justicia; dando cumplimiento con el aislamiento social, preventivo y obligatorio requerido por las autoridades nacionales.

Primeras medidas

El 16 de marzo de 2020, el Superior Tribunal de Justicia dispuso el Receso Judicial Extraordinario por Razones Sanitarias y estableció nuevas formas y modalidades de trabajo, promoviendo medidas de protección a fin de impedir la propagación del virus, resguardando la salud de los agentes y operadores judiciales y de la ciudadanía.

Quedaron vigentes las actuaciones judiciales que, de no practicarse pudieran causar perjuicios irreparables; medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables como las medidas de protección de personas; los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y de cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y niños, niñas y adolescentes.

Nuevas herramientas

El covid-19 impactó y afectó al mundo entero en todas sus dimensiones. Nadie estaba preparado para enfrentar esta situación y se debió recurrir rápidamente a desarrollar nuevas herramientas de trabajo para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial de Entre Ríos.

En los últimos años se ha trabajado en los procesos de digitalización, informatización y utilización de las plataformas digitales con el objetivo de brindar mayor celeridad a los procesos judiciales, evitando además el uso del papel, y en pos de brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía. Este año, intempestivamente, ante la declaración de la pandemia covid-19, esos procesos en desarrollo debieron ser amplificados y acotados en el tiempo.

Es así que a partir de ese mismo día se adoptaron medidas, siempre bajo la premisa de asegurar el funcionamiento del servicio de Justicia en condiciones de seguridad sanitaria e informática.

Se elaboraron los protocolos estableciendo las medidas de higiene y seguridad destinados a magistradas/os, funcionarias/os, empleadas/os, personal médico y de maestranza del Poder Judicial de Entre Ríos, que se desempeñaron bajo la modalidad de trabajo presencial.

Se puso a disposición de la población un listado público con todos los teléfonos de los organismos para realizar consultas, la atención personalizada previo pedido de turnos y el uso de las redes sociales como Facebook para cualquier requisitoria.

Plataformas digitales e informatización

En las 17 jurisdicciones de la provincia se relevaron las necesidades concretas de herramientas tecnológicas para poder cumplir con los requerimientos del trabajo habitual de los distintos organismos en forma remota. Se pusieron a disposición las licencias e infraestructura para las conexiones simultaneas de VPN (red privada virtual) y computadoras personales especialmente preparadas, lo que permitió el trabajo remoto en forma segura y eficiente para todos aquellos que lo requirieron.

Se estableció el sistema de videoconferencia lo que permitió la integración de teletrabajadores para formar verdaderos equipos de trabajo.

También se reglamentó la presentación electrónica de documentos a través de la Mesa Virtual por parte de los operadores judiciales, a través del sistema de gestión de expedientes y con las correspondientes garantías de seguridad digital.

Luego se aprobó el Reglamento de Presentaciones Electrónicas, con la entrega de los escritos en formato digital a los distintos organismos de los fueros Civil, Laboral y Familiar. Y además se estableció el pago electrónico de honorarios y todo crédito originado del servicio de justicia.

Se avanzó en la gestión de documentos a distancia escáners de alta velocidad para la digitalización de documentos y se afianzó la Firma Digital.

Videoconferencias

Entre otras medidas, desde el Superior Tribunal de Justicia se implementó la metodología de trabajo a distancia para el Área Mediación Penal, para lo cual el mediador penal utiliza distintas herramientas tecnológicas según el protocolo de actuación, respetando las características de confidencialidad, voluntariedad e imparcialidad.

Se instrumentó el protocolo para la realización de audiencias en procesos vinculados con el Fuero del Trabajo, permitiendo así la participación de las partes en cualquier tipo de actuación.

El Fuero Laboral también aplicó el sistema de videoconferencias para audiencias de conciliación laboral. Para ello las partes y los letrados intervinientes informan, dentro del plazo que establece el Juzgado, con qué medios tecnológicos cuentan y brindan copias de sus documentos de identidad. En el caso de los peritos es por vía electrónica y al momento de aceptar la designación.

Se aprobó el reglamento de Mediación a Distancia para los juzgados Civiles y Comerciales, dando la posibilidad de utilizar los métodos electrónicos para la realización de audiencias �Son line⬝ o a distancia.

Esta metodología, en la Justicia entrerriana ya era utilizada para dar respuesta a los supuestos en que las partes en conflictos tenían su residencia habitual en diferentes provincias argentinas, o se encontraban domiciliadas en diferentes jurisdicciones de Entre Ríos. Ante la declaración de la pandemia (covid-19), el método fue ampliado para que pueda ser utilizado por personas domiciliadas en la misma jurisdicción, y de esa manera evitar la concurrencia a los tribunales y resguardar la salud de todos los ciudadanos.

Por primera vez, las subastas judiciales en la provincia pudieron realizarse en forma virtual. El STJ resolvió aprobar los protocolos para que, en los fueros Civil-Comercial y Laboral se puedan desarrollar de esa manera, garantizando la prestación del servicio y seguridad en la salud a los ciudadanos.

En el fuero penal, se implementó la utilización del sistema de videoconferencias lo que permitió garantizar el principio de publicidad de los actos jurisdiccionales, al tiempo que posibilitó la participación en las audiencias de personas que integran grupos de riesgo (magistradas/os, fiscales, abogadas/os) y evitó el traslado de detenidos desde las unidades penales.

A través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación (SIC) se transmitieron juicios de interés público registrándose hasta 270.000 visitas y posibilitando que medios de todo el país pudieran seguir las audiencias y también transmitirlas en directo.

El sistema de videoconferencias fue utilizado en todas las jurisdicciones, garantizando los derechos de todos los ciudadanos a acceder al servicio de justicia.

Otro de los temas transcendentales que se implementó en el año fue el Juicio por Jurados, a partir de su aprobación por ley, dando real participación ciudadana en la Justicia. Para su concreción se debió recurrir a protocolos especiales y a herramientas tecnológicas para garantizar su funcionamiento.

Es así, que a la fecha se han realizado tres juicios por jurados en la provincia (Paraná, Concordia y La Paz) cuyas audiencias se transmitieron en vivo y en directo.

Capacitación y obras

Otro de los temas a los que se les prestó una detenida atención fue a los cursos de capacitación, considerando las nuevas políticas a nivel global. Desde el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial �SJuan Bautista Alberdi⬝, se realizaron 11 ediciones de cursos virtuales, 26 cohortes de cápsulas educativas y 84 conferencias web, capacitaciones destinadas a agentes, operadores judiciales y a integrantes de la magistratura. Participaron de estas actividades 9035 personas y 96 capacitadores.

La declaración de pandemia no impidió poder avanzar en la continuidad de las obras públicas que se concretan en el nuevo edifico anexo a Tribunales en Paraná, como al destinado a efectos secuestrados, y a las edificaciones en San Salvador, Feliciano y Federación. También se dio inicio a las trabajos en Gualeguaychú y en el edifico de Ciencias Forenses en Oro Verde. Se inauguraron las nuevas sedes de los juzgados de Paz de Santa Elena, Viale y Bovril.

En este sentido se destaca la aprobación por parte de la Legislatura provincial del proyecto de ley, por el cual el STJ puede disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos expedientes concluidos o paralizados y que no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres años. Los mismos serán destinados a la obra pública en el ámbito judicial, adquisición de bienes de uso, aplicación de nuevas tecnologías y a la ejecución de políticas sobre cuestiones de género.

Además, se continuó recibiendo el juramento a los abogados, y se aplicó la forma remota para aquellos graduados que no residen en Paraná y de manera presencial cumpliendo los protocolos respectivos.

En la emergencia, también se conformó un fondo solidario ente los integrantes de la magistratura, trabajadoras/es, jubiladas/os y pensionadas/os, recaudándose casi 20 millones de pesos, los que fueron destinados a la compra de dos ambulancias y equipamiento médico destinado a hospitales y centros de salud de la provincia.

El programa �SLa Justicia va a los Barrios⬝, continuó con su trabajo vía remoto, estableciendo contacto con los vecinos de distintas ciudades.

El magistrado deberá permanecer aislado al menos hasta el próximo miércoles 18 en prevención, debido a que fue contacto directo de pacientes positivos, pero hasta el momento no habría presentado síntomas de la enfermedad.

Carbonell, de 58 años, es integrante de la Sala Civil y Comercial del máximo tribunal provincial desde fines del año 2019. A poco de asumir, sus pares lo eligieron para presidir el cuerpo.

�SEstamos dando un paso más en este camino por incorporar el juicio por jurados⬝, señaló Carbonell, quien reconoció que �Snada de esto hubiera sido posible sin el fuerte acompañamiento de los restantes poderes del Estado⬝. El presidente del STJ aludió también a la sanción de la ley que reglamentó el instituto del juicio por jurados, al financiamiento otorgado por el Poder Ejecutivo para implementar el sistema y a la capacitación brindada a los operadores del fuero penal.

Carbonell precisó que �Sla pandemia dificultó las cosas, pero se trabajó mucho⬝. Y de inmediato sentenció: �SEn Entre Ríos las instituciones funcionan y el Poder Judicial está en movimiento, cumpliendo con lo que manda la Constitución⬝.

A su turno el gobernador Bordet aseguró que �Sestamos dando un avance muy importante porque este es un hecho histórico, ya que marca la apertura de nuestras instituciones a la sociedad⬝. Tras resaltar la importancia de la participación ciudadana, el control de los actos de gobierno y la transparencia, el titular del Poder Ejecutivo manifestó: �SEntre Ríos va a contar con un sistema de vanguardia y sin duda la provincia gana así en calidad institucional⬝.

Por su parte el coordinador general de Juicio por Jurados, Elvio Garzón, explicó el procedimiento que permitió seleccionar a los potenciales integrantes del primer jurado popular de la provincia. �SAl ser un sistema azaroso impide que se pueda manipular la elección de los jurados⬝, indicó.

También detalló que con acuerdo de las partes que intervendrán en el primer debate oral �Sse desafectaron a las personas con factores de riesgo⬝ ante la epidemia del COVID-19. Y añadió que de los 60 jurados seleccionados (30 varones y 30 mujeres), los primeros 40 participarán de la audiencia preliminar (denominada voi dire) y que los 20 restantes quedarán afectados para ser convocados en caso de necesidad.

La lista de jurados para el juicio se integrará con los primeros 16 surgidos del sorteo de ayer: los 12 primeros como titulares y los restantes como suplente, siempre respetando la igualdad por género. El resto de los seleccionados permanecerá afectado al proceso hasta que termine la etapa de excusaciones y recusaciones.

Cuando alguno de los jurados titulares fuera apartado durante la audiencia de voi dire, que servirá para definir la conformación del jurado popular, se designará sucesivamente a los restantes integrantes de la lista, siempre respetando el género y siguiendo el orden del sorteo.

Garzón destacó también la transparencia del sorteo, que estuvo a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), a partir de un programa desarrollado por el Área de Informática del STJ, cuyo código de aplicación fue publicado en un repositorio público y con posibilidad de ser auditado desde https://githu.com/stjerdev/sorteo-simple

Una vez realizado el sorteo el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, entregó un obsequio que quedó en manos del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, quien presidirá el primer juicio por jurados.

De la ceremonia también participaron por el STJ las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak, y los vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Emilio Castrillon y Miguel Ángel Giorgio; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; y la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango.

La causa

El primer juicio por jurados se iniciará en Paraná el próximo 11 de noviembre y se desarrollará hasta el día 13, en el marco del legajo �SCaminos, Carlos Ivan S/Homicidio Simple⬝. Será transmitido en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El juez que resultó sorteado para dirigir la audiencia fue el Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Pablo Vírgala. Por el Ministerio Público Fiscal participarán los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio; el abogado Javier Aiani patrocinará al acusado y como querellante estará el abogado Javier José Francisco Barbagelata Xavier. Todas las partes estuvieron presenten en el sorteo.

En la misma, el magistrado destacó que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos con la implementación del módulo de subida de escritos; como el aumento promedio de sentencias publicadas que aumentó de 12 a un promedio de 200 por semana, en igual período.

�SVemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos⬝, sostuvo Carbonell.

 En el marco de la cuarentena establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de la declaración de la pandemia COVID-19, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell, dio a conocer al Colegio de Abogados de Entre Ríos, las múltiples medidas que se han adoptado en el Poder Judicial para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía.

En la nota enviada al presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio, Carbonell señaló que a partir de las normas establecidas por el gobierno nacional y por la Ley 27.541 declarando la emergencia pública en materia sanitaria, por la cual luego se dispuso el aislamiento �Ssocial preventivo y obligatorio⬝; el Superior Tribunal de Justicia ha dictado numerosos acuerdos y resoluciones, y ha implementado un número importante de medidas -muchas de las cuales han sido previa deliberación, participación y consenso con el propio Colegio.

El presidente del STJ destacó que las mismas fueron en orden a asegurar la prestación efectiva del servicio de Justicia para toda la ciudadanía entrerriana.

En primer lugar, efectuó un repaso de la labor llevada a cabo por la administración judicial -en los términos del artículo 204 del CP- y, por la magistratura, el funcionariado, el personal técnico, administrativo y de maestranza que se ha adecuado, con rapidez y compromiso, a la realidad social y sanitaria que se impone de manera inexorable.

Carbonell recordó que el Superior Tribunal de Justicia ha dictado seis Acuerdos Especiales desde la declaración de emergencia y un número importante de resoluciones, pautas, anexos, protocolos y reglamentos -los que se encuentran compendiados y publicados en el Sitio Web del Poder Judicial- todo ello tendiente a adecuar paulatinamente la prestación del servicio a un escenario de pandemia que registra más de 6500 casos confirmados en nuestro país y más de 300 personas fallecidas.

También, hizo mención que implementar un proceso de gestión de apertura paulatina en un lapso inferior a los dos meses -que, además, ha implicado un cambio radical en las modalidades de trabajo con expresas pautas sanitarias de aislamiento, restricciones en la circulación y en el uso de papel- ha supuesto un desafío administrativo sin precedentes en la historia reciente del Poder Judicial de Entre Ríos, y cuyos detalles el Colegio de Abogados conoce.

En el documento enviado a Canavesio, se dieron a conocer datos concretos que demuestran categóricamente cómo se ha avanzado sin pausa hacia una apertura del servicio de justicia, manteniendo el delicado equilibrio que impone el respeto a las pautas sanitarias.

Es así que se consignaron los movimientos procesales, que surgen de la base de datos de los órganos judiciales de la provincia, extraídos por el Área de Informática, y procesados por el Área de Estadística al 12 de mayo de este año.

Carbonell, destacó que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 durante la modalidad de receso judicial extraordinario al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos bajo la modalidad de habilitación administrada con la implementación del módulo de subida de escritos.

Al hacerse una comparativa, los movimientos registrados en los meses equivalentes al 2019: en abril hubo 23.737 y en mayo 28.287.

Estos datos son significativos porque da cuenta no sólo de que la apertura se concreta efectivamente, sino porque además demuestra que los organismos se encuentran atendiendo un volumen similar a los de un período normal, pero con equipos de trabajo afectados por pautas sanitarias, lo que sólo resulta posible por las inversiones realizadas en infraestructura tecnológica, adecuación edilicia, capacitación del personal, en claro compromiso con la abogacía y la ciudadanía entrerriana.

Carbonell, afirmó así que �Sen ese orden, resulta demostrativo de la no paralización de la justicia en nuestra provincia�"�".

A modo de ejemplo, señaló que al inicio de la cuarentena (receso judicial extraordinario), el promedio de sentencias publicadas fue de 12 y en las etapas posteriores, debido a la apertura establecida por el STJ, se llegó a un promedio de 200 por semana.

Asimismo, Carbonell señaló que sin perjuicio de lo contundente que resulta la información aludida, no es la única fuente de datos con la que cuenta el Poder Judicial para referirse a parámetros de actividad, sobre todo frente a una afirmación de tal gravedad, realizadas por autoridades del Colegio, como que las decisiones del Alto Cuerpo afectan a la ciudadanía entrerriana, cuestión que por responsabilidad institucional los operadores del derecho no se pueden permitir.

Dio cuenta que los organismos judiciales que integran el Poder Judicial, han librado más de ciento siete millones de Pesos ($ 107.000.000) en �rdenes de Pago Electrónicas, correspondiendo un gran porcentaje a honorarios profesionales, y el restante, a capital para los justiciables que han percibido lo que por derecho les corresponde.

Carbonell también hizo mención, al funcionamiento del módulo de presentaciones electrónicas aprobado por Acuerdo Especial del 27.04.20; recordando que se trata de un desarrollo propio de este Superior Tribunal de Justicia.

En este contexto, y frente a los datos brindados, el presidente del STJ sostuvo que la decisión de prórroga, que el Colegio cuestionó, luce no sólo razonable, sino responsable y necesaria.

Determinar una mayor apertura sin considerar qué supone en términos de funcionamiento de los sistemas implementados, capacidad de equipos de trabajo y respeto de medidas sanitarias es, como se dijo en el Acuerdo que se discute, prematuro e innecesariamente riesgoso.

�SVemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos⬝, sostuvo.

El presidente saliente, Emilio Castrillón, indicó que ahora se avocará al fortalecimiento del fuero civil.

Dr. Martín Carbonell, nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La elección de Carbonell y Carlomagno se produjo en el acuerdo del martes 3 de diciembre de 2019, pero la asunción de las nuevas autoridades se postergó para el 1º de febrero. Ambos permanecerán en esos cargos hasta el 31 de diciembre de 2021. Pese a esta situación, Castrillón dejó la presidencia del Superior el último día del año pasado.

 �SA partir del 2 de febrero me veo igual que el 31 de diciembre de 2017⬝, dijo Castrillón ante la consulta sobre cuál será su rol en el STJ cuando Carbonell ocupe la presidencia. El 31 de diciembre de 2017 había asumido por dos años la titularidad del Superior, luego de más de una década como vocal de la Sala Civil, una de las tres en las que se divide el cuerpo.

Asimismo, Castrillón expresó que seguirá formando parte del cuerpo �Sparticipando de las decisiones y fortaleciendo el fuero civil, que ya venía postergado⬝. En esta materia, una de sus preocupaciones fue impulsar el proceso oral, para dotarlo de una mayor dinámica, algo que ya ocurrió en el penal.

El recambio traerá aparejado un nuevo perfil en la conducción del máximo órgano judicial de la provincia.

Castrillón mantuvo una exposición alta y con definiciones fuertes y contundentes, como las que arrojó hacia fines del año pasado contra el Ministerio Público Fiscal y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, con la intromisión del poder político en causas penales, principalmente vinculadas a la corrupción. Estas aseveraciones no fueron respondidas ni por el Ministerio Público Fiscal ni por la cartera política.

Carbonell, en cambio, ha mantenido un perfil más bajo desde que llegó a ocupar un lugar en el STJ por impulso del gobernador Gustavo Bordet hace un año.

Es un hombre con amplia trayectoria en el fuero penal y en desarrollo de la oralidad en los procedimientos judiciales. Por su experiencia y hasta su nominación al Superior, era nombre puesto para ocupar uno de los tres lugares de la Cámara de Casación Penal de nuestra ciudad.