El Ministerio de Justicia de la Nación anuló el acuerdo que la administración del ex presidente Alberto Fernández firmó con “grupos criminales autodenominados mapuches” y cuestionó la connivencia del gobierno anterior con los responsables de las usurpaciones.El anuncio se hizo público el día después de la condena a siete integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que en noviembre de 2017 usurpó siete hectáreas pertenecientes a Parques Nacionales y a quienes Fernández pretendía beneficiar con la entrega de esas tierras y la construcción de viviendas.Seis mujeres y un hombre, integrantes del grupo mapuche, fueron condenados con penas máximas de dos años y seis meses de prisión un suspenso por el ingreso intempestivo a las tierras que Parques Nacionales tiene en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Durante el proceso se confirmó que los intrusos utilizaron métodos violentos para ingresar e instalarse en el lugar. Y desde los predios usurpados avanzaron a otros linderos, pertenecientes a otros organismos públicos y a varios privados.El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, posteó en la red social X que “Argentina no negocia con terroristas”, en consonancia con el comunicado distribuido por la cartera que conduce. “Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras” dijo el funcionario, y remató: “eso se terminó, anulamos ese acuerdo”.El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, intercedió ante al juez Hugo Greca –el mismo que condenó ayer a los mapuches- para que detenga el proceso judicial que había iniciado Parques Nacionales como querella, a instancia de la creación de una mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuches. Greca aceptó el planteo. El objetivo de la gestión anterior era beneficiar a los usurpadores con la cesión de esas mismas tierras que habían usurpado y construirles viviendas para alojar allí a la líder espiritual de la comunidad, Betiana Colhuan, y a sus allegados.Para el resto de los integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu, algunos de los cuales permanecen prófugos desde octubre de 2022, también había beneficios como la cesión de un predio de 10 hectáreas en el lago Guillelmo – a pocos kilómetros de Villa Mascardi, para que ejerzan así sus actividades autosustentabilidad. A pesar de que los usurpadores, en primer término, se quejaron por las dimensiones del predio, luego lo aceptaron con el compromiso de seguir negociando más beneficios. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, había adelantado su rechazo a ese pacto y, en el mismo sentido, dio impulso a la querella para juzgar a los usurpadores.Sobre el convenio de la administración Fernández, Cúneo Libarona sostuvo que “hace años que grupos autodenominados mapuches vienen tomando a la fuerza tierras públicas y privadas, lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes, el gobierno anterior optó por regalarle dichas tierras del Estado a estos delincuentes”.

Además describió los atentados incendiarios y hechos vandálicos que protagonizó la agrupación Lafken Winkul Mapu en los últimos años. “En el año 2022, el grupo incendió deliberadamente la cabaña Los Radales y un puesto de Gendarmería Nacional” recordó y aseguró que “estas acciones criminales atentan no sólo contra el patrimonio nacional sino también contra los derechos de todos los argentinos”.“El gobierno de Javier Milei no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley” aseguró.La comunidad permaneció durante 5 años en Villa Mascardi, hasta octubre de 2022, momento en el que se produjo el desalojo integral de los terrenos usurpados, tanto públicos como privados. En ese tiempo avanzaron sistemáticamente, hasta ocupar una franja completa. Desde allí se movilizaron para cortar la circulación de vehículos en la ruta nacional 40 como método de reclamo ante distintas situaciones, agredieron con piedras a automovilistas y hostigaron a los turistas que intentaban disfrutar de la playa en el lago Mascardi.“El gobierno de Javier Milei no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley” aseguró. Infobae. 

Este jueves, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió a su par de Rio Negro, Betiana Minor, luego de una nueva avanzada de grupos mapuches en la zona de Villa Mascardi, localidad ubicada en el departamento de Bariloche. El último lunes, un puñado de encapuchados, pertenecientes a un grupo mapuche, incendió una casilla móvil de la Gendarmería Nacional que estaba instalada en Villa Mascardi custodiando un predio que había sido vandalizado en los primeros días de agosto. Los agresores avanzaron sobre la casilla en la que había cinco gendarmes y en pocos minutos la prendieron fuego. En los últimos meses, la comunidad Lafken Winkul Mapu avanzó en la ocupación de casas y profundizó la preocupación de los vecinos de la zona.

En ese contexto se dio la reunión en el ministerio de Seguridad, en la que también participó la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa.

Aníbal Fernández le comunicó a la funcionaria rionegrina que el Gobierno decidió armar un comando conjunto con las cuatro fuerzas de seguridad federales para concentrar y organizar el trabajo en la zona.

Lo conformarán integrantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un esquema similar al que se aplicó en Rosario para combatir el narcotráfico. La sede de ese comando estará en el Regimiento de Montaña de la Gendarmería.

La idea es que todas las fuerzas que están desplegadas en la zona de Bariloche se reorganicen y se refuerce la seguridad en el área de conflicto, que es Villa Mascardi. El comando entrará en vigencia en los próximos días. Aún no hay una fecha concreta, pero se resolverá en las próximas horas.

Durante la reunión, que duró cerca de una hora, Fernández también le planteó la necesidad de que las fuerzas federales trabajen en coordinación con los efectivos locales y el gobierno provincial, que conduce Arabela Carreras.

Durante esta semana el ministro de Seguridad mantuvo comunicación con la fiscal María Cándida Etchepare, quien investiga los ataques mapuches en la zona y con la jueza Silvina Domínguez, que tiene la causa, con el objetivo de conocer cómo avanza el proceso judicial.

Desde el gobierno rionegrino indicaron que la provincia puso a disposición de la unidad de Gendarmería en Villa Mascardi, la aplicación Río Negro Seguridad Activa, que se encuentra interconectada con importantes bases de datos de distintos organismos.

El objetivo es que pueda ser utilizada en los controles de identificación de vehículos y personas que se lleven a cabo, a partir del cruzamiento de datos con RENAPER y Seguridad Vial de Nación. Lo que están buscando es evitar que se sigan consolidando las tomas de propiedades.

Este mediodía hubo una reunión de representantes de las cuatro fuerzas federales para concretar el armado del comando en el menor tiempo posible y empezar a diseñar el operativo conjunto en la zona de Villa Mascardi. Allí estuvieron presentes el ministro Fernández; la secretaria de Seguridad, Mercedes La Gioiosa y el Jefe de Gabinete del ministerio, Lucas Gaincerain.

Aníbal Fernández mantiene contacto en forma permanente con el Presidente y en los últimos días le informó sobre el estado de situación en Río Negro, provincia que el Jefe de Estado visitará mañana, cuando llegue a Roca para inaugurar viviendas.

La avanzada de los grupos mapuches radicalizados es un problema que está enquistado en Bariloche y que preocupa mucho al gobierno provincial, ya que los ataques furtivos son incontrolables y cada vez más repetitivos. Por eso recurrieron al gobierno nacional para intentar, en conjunto, frenar la escalada de violencia.