Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial. Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIFEl CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó un plazo para la presentación de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y estableció como fecha tope el 15 de junio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario ultima detalles para hacer publica su justificación patrimonial, aunque aún no estableció el día en el que lo hará. Tras el anticipo del presidente Javier Milei, luego de que la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich presionara al ministro coordinador para que aclarara su situación, desde la Jefatura de Gabinete plantearon que ningún actor externo obligará a Adorni a adelantar sus planes. La postergación en las fechas coincide con el inicio del Mundial 2026, programado para el 11 del mes, evento que entusiasma al oficialismo con un cambio de agenda. Es que en Balcarce 50 aspiran a que la interna y la situación judicial del funcionario puedan correrse de escena por primera vez en casi tres meses.Mientras trabaja con su contador en la tarea, el exvocero, ratificado en su nuevo cargo por los hermanos Milei, empieza a pensar en su nuevo informe de gestión, el segundo de ellos, que estudia brindar durante el mes de agosto en la Cámara de Senadores.El primero de ellos fue particular: no solo dio asistencia el propio Presidente, sino que la invitación se extendió a la plana completa del Gabinete que debió seguir el detalle de gestión y la respuesta a las preguntas del bloque opositor. Con bastante tiempo aún, los equipos de la Jefatura de Gabinete comenzaron a activar los primeros pasos para la tarea que deberán hacer frente al igual que hicieron a finales de abril en Diputados.

El bloque de La Libertad Avanza, junto a sectores aliados, consiguió reunir 129 legisladores para alcanzar el quórum y abrir una sesión propia, neutralizando así la convocatoria impulsada por la oposición para debatir denuncias vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional.La estrategia oficialista se apoyó también en una jugada de tiempos: la convocatoria al recinto fue fijada para las 10 de la mañana, una hora antes de la sesión solicitada por bloques opositores. Esa decisión permitió al Gobierno quedarse con el control parlamentario de la jornada y avanzar con temas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Durante el debate, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, rechazó un pedido del bloque de Unión por la Patria para habilitar un cuarto intermedio que permitiera tratar la interpelación a Adorni. El oficialismo defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que no correspondía suspender una sesión ya iniciada.Desde la oposición cuestionaron duramente la maniobra y acusaron al Gobierno de intentar proteger políticamente al jefe de Gabinete. También advirtieron que detrás de proyectos como la denominada “Ley Hojarasca” existe una intención de profundizar la desregulación estatal y avanzar sobre organismos y estructuras vinculadas a áreas sensibles como salud, producción y controles públicos.Uno de los principales puntos de discusión fue precisamente la Ley Hojarasca, impulsada por el oficialismo para derogar decenas de normas consideradas obsoletas o burocráticas. El proyecto fue defendido por legisladores libertarios que sostienen que busca eliminar trabas administrativas y reducir regulaciones.

Otro tema sensible fue la reforma del esquema de Zonas Frías, que plantea cambios en subsidios al gas en regiones con bajas temperaturas. La iniciativa obligó al oficialismo a intensas negociaciones con gobernadores y bloques aliados para garantizar respaldo parlamentario.

Además de esos proyectos, el Gobierno intentó avanzar con acuerdos internacionales y tratados de cooperación judicial, en una sesión que terminó convirtiéndose en una nueva demostración de la fuerte confrontación política que atraviesa el Congreso nacional.

La primera fue que el Presidente volvió a ratificar delante de todos sus ministros a Manuel Adorni. Y la segunda fue que los miembros de la gestión libertaria conversaron y sobre el plan de gestión para lo que resta del año y el próximo.El encuentro del elenco de trabajo del jefe de Estado, sin ausencias, estuvo marcado, de acuerdo a fuentes oficiales en contacto con Agencia Noticias Argentinas, por el buen clima. En ese marco, Milei, ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. Una muestra más de que el ex vocero presidencial no se moverá de su cargo y que cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.

Su intervención duró media hora y luego partió para continuar con su agenda de trabajo en Olivos. Después, de la partida del economista, el ex vocero presidencial tomó el mando del conclave, quien agradeció a los equipos de cada ministerio por la asistencia para su informe de gestión del Congreso, que presentó el 29 de abril en la Cámara baja.Hubo tiempo para exponer y dar cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo, junto con detalles de la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo.

También, Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”, según informó Presidencia, y mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.Para finalizar, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario del Senado, hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria. Hablaron de la Ley Hojarasca, el súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas que el oficialismo conidera relevantes. NA 

En ese encuentro, según admiten distintas voces del espacio, surgirían planteos concretos sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta un escenario cada vez más complejo tras la difusión de información vinculada a su patrimonio y gastos personales, en el marco de una investigación judicial en curso.

Una de las posturas más firmes sería la de Patricia Bullrich, quien ya habría transmitido su posición al Presidente y volvería a insistir en la necesidad de tomar decisiones. En su entorno sostienen que mantiene autonomía política y una agenda propia, con contactos recientes tanto en el ámbito local como internacional.

El clima interno no se limita a una sola figura. Otros dirigentes del oficialismo, aunque con mayor cautela, también siguen de cerca la evolución del caso. Mientras algunos optan por la prudencia y evitan pronunciamientos contundentes, otros reconocen en privado que las explicaciones brindadas hasta ahora por Adorni no lograron disipar las dudas.

A pesar de las tensiones, en el núcleo más cercano al Presidente aseguran que no está en los planes inmediatos desplazar al jefe de Gabinete. La defensa se sostiene en la idea de no ceder ante presiones externas ni abrir un frente interno en un contexto político delicado.

El respaldo también llega desde figuras del oficialismo, que destacan la trayectoria y el rol del funcionario dentro del esquema de gobierno. Sin embargo, puertas adentro se admite preocupación por el impacto político del caso y su posible efecto en la imagen pública de la gestión.

En paralelo, el Gobierno intenta sostener la agenda económica y política, mientras crecen las especulaciones sobre eventuales cambios a futuro. Por ahora, todas las miradas apuntan a la reunión del viernes, donde podría comenzar a definirse el rumbo de una interna que ya dejó de ser silenciosa.

El vocero presidencial Manuel Adorni quedó nuevamente en el centro del debate público luego de trascender información sobre viajes personales realizados a la ciudad de Gualeguaychú. Las estadías, según se conoció, tuvieron lugar en noviembre de 2024 y se repitieron en el mismo mes de 2025.

En ambas oportunidades, el funcionario eligió alojarse junto a su familia en un hotel de campo con modalidad all inclusive, en escapadas de fin de semana que se extendieron de viernes a domingo. De acuerdo a los datos que circularon, el costo de cada estadía rondaría el millón y medio de pesos por el paquete familiar de tres días.

Las visitas se habrían realizado con un perfil discreto, con pedidos de reserva sobre su presencia en el lugar, en un intento por evitar exposición pública durante su permanencia en la provincia.La difusión de estos detalles se da en un contexto económico complejo, lo que reavivó cuestionamientos y volvió a poner el foco en los gastos personales de funcionarios nacionales.

(I: El Argentino)

“Venimos a plantear temas muy concretos que afectan a nuestra provincia y lo que recibimos son respuestas generales, sin datos verificables ni compromisos claros”, sostuvo Bordet, visiblemente crítico con el tono de la presentación oficial.El legislador entrerriano remarcó además el valor institucional del encuentro: “Esto es un acto previsto por la Constitución, no una puesta en escena. Las provincias necesitamos información seria, no formalidades vacías”. En esa línea, consideró que el informe presentado careció de desarrollo propio y se limitó a la lectura de respuestas sin profundidad ni posibilidad real de intercambio.Uno de los puntos centrales fue la posible instalación de una planta de hidrógeno verde en la ciudad de Paysandú. Desde el Gobierno Nacional se indicó que el tema está siendo seguido “con atención”, aunque sin detallar evaluaciones ni medidas concretas. “No alcanza con decir que se está mirando el tema. Estamos hablando de un posible impacto ambiental sobre el río Uruguay que requiere certezas y controles efectivos”, advirtió Bordet.En cuanto a la infraestructura vial, el diputado fue contundente al describir el estado de las rutas nacionales en la provincia. Señaló que las respuestas oficiales se apoyaron en generalidades, sin cronogramas ni previsiones presupuestarias. “No se puede responder con enunciados abstractos cuando lo que se necesita es planificación y ejecución”, afirmó.Otro eje crítico fue la deuda con la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Según se informó, los pagos quedarían sujetos a las “posibilidades fiscales”, sin montos ni plazos definidos. “No puede haber discrecionalidad cuando se trata de derechos previsionales. Las provincias necesitan previsibilidad”, remarcó.

Finalmente, Bordet también expresó preocupación por la falta de avances en torno a la Hidrovía del río Paraná, considerada estratégica para la producción y exportación regional. “La ausencia de definiciones también es una forma de afectar el desarrollo”, señaló.“Cuando uno viene al Congreso tiene que poder explicar la gestión, no limitarse a un guion. Si no hay profundidad en las respuestas, el control parlamentario pierde sentido”, concluyó el legislador.

En medio de un clima tenso, el jefe de Gabinete reivindicó el principio de inocencia ante Diputados, mientras desde los palcos el presidente protagonizó una intervención encendida contra la oposición.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso ante la Cámara de Diputados y defendió la reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que invierte la carga de la prueba y establece que el Estado debe demostrar la culpabilidad del contribuyente.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que “todos los ciudadanos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario”, y cuestionó lo que definió como un esquema anterior “persecutorio”, donde —según planteó— se presumía la culpabilidad de quienes buscaban resguardar sus ahorros.

La exposición se dio en un contexto atravesado por las denuncias sobre su patrimonio y presuntas irregularidades. En ese marco, Adorni rechazó las acusaciones y aseguró que los gastos familiares señalados “fueron afrontados con recursos propios y corresponden a viajes personales”.

“No cometí ningún delito y lo voy a demostrar en la Justicia”, afirmó, al tiempo que pidió a los legisladores no transformar la sesión en un “juicio público” sobre su persona.El funcionario también advirtió que la evaluación de las denuncias corresponde exclusivamente al Poder Judicial y remarcó que ningún integrante del Ejecutivo debe arrogarse funciones que no le competen.

UN CLIMA CALDEADO EN LOS PALCOS

La sesión tuvo además un componente político marcado por la presencia del presidente en uno de los palcos del recinto. Desde allí, y en varios pasajes del debate, se lo vio reaccionar con gestos enfáticos, gritos y descalificaciones dirigidas hacia sectores de la oposición.

El mandatario acompañó con aplausos las intervenciones del oficialismo y respondió con expresiones airadas a los cuestionamientos que surgían desde las bancadas opositoras, elevando aún más la tensión en una jornada ya cargada de confrontación.

La escena reflejó el clima de polarización que atraviesa el Congreso en momentos en que el Gobierno impulsa reformas sensibles y enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales sobre algunos de sus principales funcionarios.

El encuentro también sirvió para ajustar detalles del primer informe de gestión que Manuel Adorni presentará ante la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril. La exposición se dará en un contexto sensible, atravesado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni, ante un test exigenteLa presentación del jefe de Gabinete será uno de los momentos políticos más relevantes de la semana. Deberá responder cerca de 2.100 preguntas formuladas por legisladores, de las cuales unas 66 están relacionadas con la causa que lo involucra.Será además su primera aparición pública de este tipo tras varias semanas sin exposiciones, lo que eleva la expectativa sobre su desempeño.Desde el oficialismo anticipan que contará con respaldo político y técnico para sostener la defensa de la gestión.La estrategia del Gobierno apunta a relativizar las acusaciones y poner el foco en cuestionamientos hacia dirigentes opositores, mientras que el presidente Javier Milei prevé acompañar de cerca la jornada como señal de respaldo.

Un frente legislativo complejoMás allá del informe, el Gobierno enfrenta otros desafíos sensibles en el Congreso. Entre ellos, la situación de las universidades y la ley de discapacidad, dos temas que generaron fuerte debate público y decisiones judiciales adversas.El Ejecutivo se resiste a aplicar plenamente las normas aprobadas el año pasado por su impacto presupuestario y decidió apelar ante la Corte Suprema, en busca de ganar tiempo y avanzar con iniciativas propias que modifiquen esos esquemas.Sin embargo, el panorama parlamentario no es sencillo. El oficialismo reconoce dificultades para reunir los votos necesarios y aún no tiene definido cuándo impulsará formalmente el tratamiento de estos proyectos, en un Congreso donde cada paso requiere negociación y equilibrio político.

La Justicia argentina resolvió levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y su esposa Bettina Angeletti, mediante una decisión firmada por el juez federal Ariel Lijo. La medida forma parte de la investigación en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito que involucra los movimientos financieros de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.Entre las acciones adoptadas, Lijo dispuso también el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.El objetivo de la resolución judicial es facilitar el acceso a información patrimonial y bancaria que permita esclarecer eventuales irregularidades detectadas en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito.El juez Lijo atendió el pedido presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de Adorni, Angeletti y la consultora AS Innovación Profesional. Este procedimiento implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos relacionadas con los implicados, sin limitaciones.Por ley, la información bancaria y fiscal está protegida como confidencialidad. El levantamiento –basado en los artículos 39 de la ley 21.526 (ley de entidades financieras) y artículo 101 de la ley 11.683 (régimen de procedimientos fiscales)– solo se permite con la autorización de un juez.En la resolución, el juzgado dispuso también la apertura de los datos contemplados por el artículo 22 de la ley 25.246, que refiere a información protegida bajo la ley de lavado de activos.El sector bancario y fiscal resguarda la información de sus clientes para proteger la privacidad y evitar filtraciones, lo que impide cualquier intromisión externa en los historiales bancarios o impositivos. Pero ante una causa penal en marcha, un juez puede habilitar el acceso total cuando hay elementos suficientes de sospecha, como los presentados en este expediente.El levantamiento del secreto permite rastrear el flujo de fondos, detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones no declaradas y refutar eventuales explicaciones de los investigados.La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros y verificar si se produjeron maniobras que configuren delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal.La resolución autoriza a la fiscalía y al juzgado a seguir la pista del dinero e intensificar el análisis patrimonial de los investigados.

Los detalles del pedido del fiscalPollicita solicitó el levantamiento del secreto sobre el jefe de Gabinete y Angeletti a partir del 1 de enero de 2022, para reconstruir el patrimonio de ambos antes del ingreso de Manuel Adorni a la función pública y analizar las variaciones patrimoniales de antes y después de ese momento.Luego de ese pedido, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas, como un pedido al Banco Central de la República Argentina de datos sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros vinculados a Adorni, Angeletti y la firma MasBe, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, incluyendo el detalle de todas las operaciones realizadas.También solicitó información sobre posibles vínculos de los involucrados con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y otros instrumentos o plataformas del Sistema Nacional de Pagos, así como la identificación de los proveedores de servicios de pago y cualquier otra firma interviniente.La lista de movimientos que el fiscal pidió que se informe abarca ingresos y egresos, transferencias emitidas y recibidas, depósitos en efectivo, constitución y cancelación de plazos fijos, préstamos tomados u otorgados, resúmenes de tarjetas y toda otra operación relevante para la investigación, con la identificación de cuentas de origen y destino, contraparte, fecha, monto y concepto. 

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma nuevos movimientos y se centra especialmente en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, además de sus viajes al exterior y otras operaciones vinculadas a bienes declarados.El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una serie de pedidos de información para reconstruir el mapa patrimonial del funcionario. Entre las medidas solicitadas se incluyen datos completos sobre propiedades a su nombre y al de su esposa, así como detalles de gastos, expensas, cuentas asociadas y posibles mejoras realizadas en los inmuebles.

En paralelo, se requirió a la Dirección Nacional de Migraciones el registro de ingresos y egresos del país, con el objetivo de verificar sus desplazamientos internacionales y contrastarlos con declaraciones públicas. En ese marco, uno de los puntos que despertó interés es un viaje al Caribe hacia fines de 2024, que podría no coincidir con lo manifestado previamente por el funcionario respecto a su actividad personal.También fue convocado como testigo el exfutbolista Hugo Morales, quien figura como anterior titular del departamento actualmente habitado por Adorni.

Entre los aspectos bajo análisis aparecen la compra del inmueble en Caballito, una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires y distintos movimientos financieros asociados. La operación que encendió las alertas corresponde a la adquisición del departamento por 230 mil dólares en noviembre de 2025, con una estructura de financiamiento que ahora es objeto de revisión.Según los registros, gran parte del monto habría sido cubierto mediante un crédito hipotecario otorgado por dos jubiladas, lo que llevó a los investigadores a examinar si la operación se ajusta a la evolución patrimonial declarada.A esto se suma la compra de otra propiedad ese mismo mes, a nombre de su esposa, y la necesidad de verificar si todas las operaciones fueron debidamente informadas en las declaraciones correspondientes.Desde la fiscalía indicaron que las medidas buscan profundizar el análisis y completar el cuadro de situación, en una causa que continúa avanzando con nuevos elementos bajo revisión.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió contratar al abogado Guillermo Ledesma para asumir su defensa en las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y por un viaje al exterior bajo la lupa judicial. La decisión llega en un contexto de creciente presión política y cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

Aunque el Presidente ratificó su respaldo, el funcionario enfrenta un escenario cada vez más complejo, tras la difusión de datos vinculados a viajes en vuelos privados, propiedades y movimientos económicos que generaron dudas sobre la compatibilidad entre sus ingresos y su nivel de vida.

Las investigaciones que deberá afrontar incluyen el análisis de su patrimonio y la revisión de determinados desplazamientos al exterior. A esto se suman cuestionamientos indirectos por vínculos profesionales dentro de su entorno, lo que profundiza el clima de sospecha.Ledesma, con una extensa trayectoria en el ámbito judicial, será el encargado de encarar la estrategia defensiva en una etapa clave, donde se espera que el funcionario deba dar explicaciones tanto en sede judicial como en el ámbito legislativo.

En paralelo, desde distintos sectores políticos ya anticipan pedidos para que Adorni brinde detalles públicos sobre su situación, en un escenario donde la tensión política y judicial sigue en aumento.

El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de protección para Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de Agustín Issin Hansen, el piloto y broker aeronáutico que organizó el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este.

La decisión se adoptó tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la mujer denunciara haber recibido reiteradas llamadas y mensajes de Marcelo Grandio, periodista cercano al jefe de Gabinete y mencionado en la causa.

Entre las medidas, se ordenó que Grandio no pueda comunicarse con la testigo bajo ninguna modalidad, ya sea de forma directa, telefónica, digital o a través de terceros. Además, se fijó una restricción para que no se acerque a su domicilio, lugar de trabajo ni a otros espacios que frecuente habitualmente.

Según trascendió, durante su declaración testimonial realizada el viernes, Tossi recibió insistentes intentos de contacto por parte del periodista, mientras brindaba detalles ante el fiscal sobre el vuelo que trasladó a Adorni hacia Uruguay.

A esto se sumó, de acuerdo a su relato, el envío previo de una carta documento con un tono que consideró intimidatorio.La testigo señaló que estas acciones buscaban influir en su declaración.

También afirmó que Grandio habría sido quien abonó el vuelo y que, además, solicitó que no se emitiera la factura correspondiente por ese servicio.

A raíz de estos hechos, el fiscal Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar si existieron conductas que pudieran constituir delitos vinculados a amenazas o presiones indebidas.

En su análisis, el fiscal sostuvo que las acciones denunciadas no se limitan a una situación de incomodidad personal, sino que representan indicios concretos de presión sobre una testigo clave, lo que podría afectar la transparencia del proceso. 

El Gobierno anunció la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público que se celebra el 27 de junio de cada año, según confirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni.En la habitual conferencia de prensa, el funcionario reveló que el presidente Javier Milei trabaja en el decreto que saldrá publicado en el Boletín Oficial durante las próximas horas, y argumentó que el Estado “no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el sector”.“El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, aseveró. Asimismo, remarcó que la jornada es abonada “con el sueldo de cada uno de los contribuyentes”, por lo que la administración tomó la tajante definición.“Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se fuerza para llevar un plato de comida a su familia y que, de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país”, planteó. Por último, remarcó que la medida va en consonancia con la concepción del Estado que la administración libertaria, que consiste en “allanar el camino de libertad a los argentinos” sin “entorpecerlo”. “La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado”, concluyó el vocero presidencial. NA.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron a Infobae que se modificará el artículo que otorga autarquía al Instituto Nacional de Teatro (INT), que pasa de descentralizado a centralizado. Además, se informó que se mantendrá el mecanismo de financiación actual y que se eliminarán el Consejo Directivo y los representantes provinciales, “resultando en un ahorro significativo que se destinará al teatro”. También se anunció que Federico Brunetti asumirá como director nacional.Además, se centralizarán estructuras como el Museo de Bellas Artes, Palacio Libertad, Tecnópolis y CONABIP. Y se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que abarcará el estudio de próceres y personalidades relevantes. Dentro de esta área, institutos como el Sanmartiniano y Evita serán transformados en museos nacionales.Otros institutos, como el Yrigoyeneano y el Instituto Rosas, se fusionarán, mientras que otros como el Browneano, Newberiano y Belgraniano serán disueltos, centralizando sus funciones en el nuevo organismo.“El objetivo declarado de estas medidas es maximizar la eficacia de la gestión pública y reducir los costos en administración, promoviendo la inversión directa en las líneas de gestión cultural. Además, se busca evitar la dispersión de decisiones políticas a través de la centralización y garantizar que los recursos públicos se asignen de manera más eficiente”, afirmaron desde el gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó este lunes una nueva medida del Gobierno nacional que impacta de lleno en la población carcelaria: las personas detenidas o condenadas ya no podrán percibir planes sociales ni utilizar teléfonos celulares durante su reclusión. La disposición forma parte del programa “Ocio Cero”, impulsado por los ministerios de Capital Humano y Justicia.

El objetivo del plan es erradicar la inactividad en las cárceles y reemplazarla por actividades productivas. Según detallaron desde el Gobierno, solo quienes trabajen recibirán un pago, y en tareas específicas. El resto deberá cumplir labores básicas de convivencia —como la limpieza de celdas y espacios comunes— sin retribución económica.

El programa “Ocio Cero” fue presentado originalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril, quien criticó que durante gestiones anteriores “se premiaba la inactividad con recursos del Estado”. En ese sentido, afirmó: “El que no trabaja, no cobra. El que hace una actividad productiva, cobra por lo que hace, no por estar preso”.Bullrich también recordó que esta iniciativa se articula con el programa “Manos a la Obra”, que busca transformar las cárceles en lugares de reinserción y autogestión, en línea con lo que establece el Código Penal argentino sobre el trabajo obligatorio de los internos.“El delincuente que no trabaja no puede seguir cobrando lo que un trabajador se gana día a día con esfuerzo”, concluyó la ministra. 

En el 49° aniversario del golpe cívico militar perpetrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la Dictadura, y la determinación de declarar delito de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola propiciado por el ERP. “El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde, y que se difundió a las 11 de este lunes.En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, remarcó el funcionario. Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”. “Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”. Si bien la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2010 por decreto la desclasificación de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, Adorni aclaró que “nunca fue implementado completamente”. Por su parte, especificó que declararán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crimen de lesa humanidad el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola. “En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional”, recordó el vocero.En una nueva crítica a la gestión del expresidente Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, planteó que “la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragalla, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán y su familia no constituía un delito de lesa humanidad. Bajo la presidencia de Javier Milei se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70”, contó, y concluyó: “Para el presidente del gobierno, Javier Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad”. Para operativizar la decisión, el mandatario instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería, a cargo de Nahuel Sotelo, para que establezca ante la CIDH que el crimen de la familia Viola debe ser considerado un delito de lesa humanidad, tras argumentar que se trató de “un conflicto armado interno”.Para eso, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer “la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”.Desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, la planta de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se redujo en un 60%, y según precisaron fuentes de la secretaría, de 1005 empleados quedaron tan solo 400 en pie. Asimismo, el Ministerio de Justicia avanzó con el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), encargada de investigar la desaparición de menores durante la dictadura militar.En paralelo al anuncio, la izquierda y el kirchnerismo alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo. Las palabras de Adorni complementan el video emitido por la Casa Rosada, que tiene al escritor de ultra derecha Agustín Laje, director de la Fundación el Faro, en el centro de la escena, luego de que cuestionara la cifra de 30.000 desaparecidos y narrara lo que expone como “la memoria y la verdad completa”. El intelectual conservador argumentó la pieza audiovisual producida por el cineasta libertario Santiago Oria con una clara crítica al kirchnerismo, al que responsabilizada de haber “hecho negocios con los derechos humanos”. “No podemos acomodar la historia a un relato que fue creado no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia. NA. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la decisión en conferencia de prensa y sostuvo que la medida busca terminar con los abusos del sistema actual."Si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no podrá pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal. Esto garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género", afirmó.En ese sentido, Adorni mencionó el caso de un preso en Córdoba que, tras ser trasladado a una cárcel de mujeres por autopercibirse como tal, abusó de otras internas."El sistema se convirtió en una herramienta para que condenados por violencia hacia las mujeres vuelvan a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres", advirtió. Además, el Ejecutivo modificó la Ley de Identidad de Género para prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años. Según el comunicado oficial, el Gobierno considera que estas intervenciones son "irreversibles y pueden ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias catastróficas en la salud mental"."Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar este tipo de decisiones. Por eso, países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han dado marcha atrás y han prohibido estas prácticas en menores", argumentó el comunicado de la Oficina del Presidente.Por último, el documento oficial indica que ningún hombre que haya solicitado la rectificación de género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres."Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección", concluyó el comunicado.Ciudad de Buenos Aires, 5 de febrero de 2025.- La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de prohibir los tratamientos y cirugías para cambio de género en menores de edad.La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil. Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental. Es por eso que países pioneros del cambio de género infantil como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y, recientemente, Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos.Por otro lado, en línea con el combate frontal al extremismo de género, el Presidente de la Nación también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra.Además, ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine.Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección. Oficina del Presidente de la República Argentina 

Tras la explicación del Presupuesto 2025 a cargo del presidente Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó algunos detalles del programa de gobierno y precisó los pasos a seguir para bajar la inflación al 18 % durante el 2025. “La política monetaria y todo lo que venimos haciendo, en materia monetaria, es consistente con la inflación cero. No estamos modificando la cantidad de dinero que hay en la economía. Todo el problema inflacionario deviene de un tema estrictamente monetario, cuando solucionás el problema monetario solucionás el problema de la inflación”, explicó al respecto. En la habitual conferencia de prensa, remarcó: “Esperamos que los números se derrumben porque sabemos el rezago que tiene la política monetaria en impactar. Además, entendemos que los números se van a derrumbar a lo plasmado en el Presupuesto”.Por otra parte, cuestionó las predicciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que proyectó a un 38 % de inflación para el 2025, e insistió en los números expuestos por el mandatario. “Desde al menos el 10 de diciembre, el REM viene corrigiendo expectativas todos los meses a la baja; así que tengo fe en que el REM siga corrigiendo esas expectativas y convenga lo que nosotros estamos planteando; no dejan de ser, por supuesto, estimaciones”, planteó.

Asimismo, Adorni desestimó la ausencia de legisladores opositores durante la explicación del jefe de Estado en el Congreso. “Cada uno es libre de ir o no ir a una invitación que hace el presidente. Quien no quiso ir habrá tenido sus motivos personales, políticos, ideológicos o no importa, de otra índole, y está muy bien porque nosotros apelamos a que cada uno se exprese en libertad”, remarcó.

“Sería extraño que se rechace el Presupuesto. Lo único que hace es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Entra en debate y se podrá debatir un montón de puntos, pero rechazar…”, puntualizó, y concluyó: “No nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas, y en el caso ese no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no aprueban el Presupuesto deberemos seguir con el Presupuesto del año pasado”. NA. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que quedará a cargo de las empresas públicas de comunicación e insistió en la privatización y cierre de las mismas. “Pasarán a depender de Comunicación, área de la que soy responsable”, puntualizó.En la habitual conferencia de prensa, el funcionario explicó: “La jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse”.En la misma aclaró que “todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien corresponda por una cuestión de competencias”, y detalló que Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos pasarán a depender de Comunicación, área que encabeza el experiodista libertario.“El plan es el mismo: el de Télam su cierre y de los medios públicos dependemos de la decisión del Congreso, pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, insistió. La decisión responde a la intención de reorganizar la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, y descentralizar el área con la intención de dotar a los distintos ministerios de las facultades que les correspondan. En Gobierno consideran que “está mal diseñada desde la reforma de la Constitución de 1994”. NA.