El Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a los primeros manifestantes que llegaron a juicio tras ser detenidos mediante el protocolo antipiquetes. La jueza María Julia Correa declaró culpables a cuatro hombres por los incidentes que se produjeron en la noche del 2 de febrero de 2024, mientras el Congreso debatía la Ley Bases.Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. Dado el monto de la pena, no volverán a ser detenidos.Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 25 de marzo.

Un juicio herméticoLa investigación del caso fue llevada adelante por el fiscal Tomás Vacarezza, y en el juicio la acusación la asumió su par Alejandro Miguel Gargano.De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, los manifestantes se encontraban en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, donde durante la noche hubo un festival organizado por la agrupación “Unidos por la Cultura”.

Mientras la concentración era dispersada por las fuerzas de seguridad, efectivos de la Policía Federal Argentina capturaron a 14 personas, entre las que estuvieron los acusados en este debate.Para la acusación, los detenidos “no fueron a manifestarse pacíficamente”, sino que abonaron un contexto de tensión y violencia que derivó en los incidentes posteriores entre la policía y quienes participaban de la protesta.Según los agentes que declararon como testigos ante la jueza María Julia Correa, los ahora condenados arrojaron, al menos, una piedra u objeto contundente contra los uniformados. Así lo pudo saber Infobae de fuentes con acceso a las audiencias, pese al inusual hermetismo bajo el que se desarrolló todo el proceso.Este medio solicitó permiso para presenciar el juicio oral y público, pero la Justicia porteña no brindó la autorización. Infobae también se contactó con funcionarios judiciales con llegada al Tribunal, y recibió como respuesta que “va a ser todo cerrado, no se puede ingresar”.Según indicaron fuentes del caso, también se les negó la presencia a familiares de los acusados, integrantes de organismos de derechos humanos y al público interesado en general.El Juzgado N° 28 apenas habilitó a presenciar el juicio a la madre del más joven de los acusados y a un abogado de la Asociación Americana de Juristas.Estas personas, además, tuvieron que entregar sus celulares cuando prestaron declaración testimonial seis agentes de la Policía Federal Argentina. Uno de ellos es un comisario que ofició como nexo entre el operativo y el Ministerio Público Fiscal, y los restantes son agentes que trabajaron en las detenciones de los manifestantes.Antes de que empezaran las declaraciones de los uniformados, el público presente tuvo que entregar sus celulares, que quedaron bajo resguardo judicial. Así lo decidió la jueza Correa para que “no se afecte el normal desenvolvimiento de la audiencia”. En cambio, no pidió lo mismo cuando fue el turno de las indagatorias o del resto de los testigos.Las defensas de los condenados, entre las que están los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete, adelantaron que apelarán el fallo. En sus alegatos habían pedido la absolución de los acusados, a partir de la escasez de pruebas en su contra y las “contradicciones” en las que incurrió el personal policial, según su visión.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se constituyó como amicus curiae, también había pedido el sobreseimiento de los manifestantes y calificó la causa como “un proceso de criminalización de la protesta social caracterizado por un uso abusivo del derecho penal”. (Infobae) 

Corridas y personas heridas con gases lacrimógenos se registraban en la tarde de este miércoles durante la marcha de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y universitarios en las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara de Diputados debatía proyectos impulsados por la oposición.La Policía Federal hizo retroceder a los manifestantes, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los efectivos de la Policía de la Ciudad se apostaron fuera del anillo de la Plaza Congreso.La Policía Federal reprimió con un camión hidrante y gases lacrimógenos la movilización de jubilados, en una intervención que afectó a manifestantes y periodistas que cubrían la protesta. (Noticas Argentinas)

Con banderas argentinas y consignas a favor de Javier Milei se manifiestan en rechazo a las medidas del candidato oficial.

A dos semanas del balotaje, ciudadanos se reunieron en una marcha nacional por la República y la democracia en la Plaza de la República.

En redes sociales, se promueven hashtags como #FueraMassa y #5TodosALaCalle para sumar apoyo a la convocatoria.

Las imágenes en redes sociales muestran a los manifestantes caminando por Diagonal Norte con banderas argentinas en mano. Los carteles exhibidos expresan mensajes como ''Massa fraude'', ''No jodan con mi voto'', y ''No al fraude. El pueblo grita libertad''.

La candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villaruel, destacó la importancia de que la ciudadanía se exprese, aunque aclaró que La Libertad Avanza no avala la protesta. La manifestación coincidió con la Marcha del Orgullo, que también incluyó reclamos políticos y rechazo a Milei.

Activistas en la Marcha del Orgullo leyeron un comunicado en el que llamaron a votar por Massa y expresaron su rechazo a Milei, a quien acusaron de insultar y despreciar las instituciones democráticas, destacaron la importancia de votar en defensa de las libertades, la salud y la educación pública.

 Miles de partidarios de la reforma judicial impulsada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu -que hace varios meses cosecha también rechazos y medidas de fuerza-, cortaron este jueves la principal ruta de acceso a Tel Aviv.

Lanzando fuegos artificiales, los manifestantes bloquearon la carretera central del valle de Ayalon en ambas direcciones portando pancartas a favor de la reforma y banderas del Likud, el partido de Netanyahu, informó el diario Haaretz.

La manifestación, convocada por varias organizaciones de derecha, contó con la presencia del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, del Likud, así como con la ministra de Diplomacia, Galit Distel Atbaryan.

El titular de la cartera de Justicia,Yariv Levin, principal arquitecto de la reforma, también se mostró a favor de la manifestación aunque no acudió.

�SNo se dejen arrastrar por las provocaciones y absténganse de la violencia⬝, dijo Levin y agregó: �Sla justicia y la verdad son más fuertes que cualquier otra cosa⬝, informó el diario The Times of Israel.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también compartió la convocatoria en su perfil de Twitter.

El también líder del partido Otzma Yehudit (Poder Judío) ha cedido a posponer la reforma judicial -a través de un pacto tácito con Netanyahu- a cambio de la creación de una Guardia Nacional, un reclamo que llevaba sobre la mesa desde la firma del acuerdo de coalición.

La policía de Jujuy reprimió a las organizaciones sociales que se manifestaron en distintos puntos de la provincia para pedir asistencia social a comedores, ayuda económica de emergencia, y "contra el ajuste y el hambre".

Las agrupaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero realizaron cortes a los accesos a la capital jujeña, Perico, San Pedro, La Quiaca y Libertador, entre otros lugares, y denunciaron que hubo al menos 20 detenidos y varios heridos, entre ellos seis agentes.

Con policía montada y balas de goma, los uniformados buscaron impedir el corte de la ruta 34, hubo piedras que volaron de un lado y del otro, tras lo cual los piqueteros se replegaron. Fueron poco menos de 15 minutos, en los cuales los vehículos --entre ellos un camión de combustible-- aguardaron al costado del acceso sur a San Pedro.

Los manifestantes también denunciaron que antes del inicio de la jornada de lucha provincial el gobierno de Gerardo Morales prohibió a las empresas de transporte de pasajeros llevar a integrantes del Frente de Lucha Piquetero.

 "Las empresas de colectivos que viajan a San Salvador de Jujuy y transportan a miles de trabajadores todos los días, nos comunicaron que desde el gobierno de Gerardo Morales le prohibieron transportar a los trabajadores desocupados que salen a luchar contra el hambre y la miseria".

Esto sucede en el marco de contravenciones e intimidaciones que vienen recibiendo por realizar sus reclamos.

En un comunicado, las organizaciones acusaron a Morales de reprimir "como única respuesta la represión ante los reclamos sociales".

 Según expresaron, y tal como muestran las imágenes difundidas en sus redes sociales, "hay heridos, incluidos niños menores de edad y detenidos en varias localidades y se realiza una cacería de manifestantes en acciones del aparato represivo provincial, mientras no hay ninguna respuesta a los reclamos que hace meses se vienen realizando".