La ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 17 de marzo a las 12:30 en el edificio de Tribunales local.Durante el acto prestarán juramento Ricardo Agustín Larocca, quien asumirá como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 2, y Roberto Elvio Masara, que ocupará el cargo de juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 4.La actividad se desarrollará en el hall de ingreso del edificio judicial ubicado en Bartolomé Mitre Nº 26, con la participación de autoridades del Poder Judicial, funcionarios y público invitado. 

Durante la audiencia, los representantes de los magistrados trasladaron al Ejecutivo diversas inquietudes y propuestas vinculadas a la dinámica institucional del Consejo, organismo encargado de la selección de los futuros jueces, fiscales y defensores de Entre Ríos. En este sentido, se acordó avanzar en una agenda común que permita agilizar y mejorar estos procesos fundamentales para el sistema judicial.

Al finalizar el encuentro, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, destacó la importancia de este primer acercamiento: “Recibimos a las autoridades de la Asociación de la Magistratura a los fines de generar un trabajo conjunto y trasladar algunas inquietudes en relación al funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. El funcionario subrayó que el objetivo primordial es que esta institución “avance en un trabajo conjunto y mancomunado para mejorar el servicio”.Respecto a los planteos realizados por la Asociación, Maneiro señaló que “la respuesta del gobernador fue positiva” y confirmó que desde la administración provincial “se van a analizar todas las propuestas y en breve vamos a tener las respuestas y los análisis pertinentes del tema”.

Finalmente, el secretario de Justicia resaltó la voluntad de diálogo de ambas partes para alcanzar soluciones institucionales: “Se apuesta justamente a un trabajo conjunto, agradeciendo la predisposición de los señores jueces para mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio de justicia”, remarcó.

También participaron del encuentro, realizado este jueves en Casa de Gobierno, el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, que estuvo acompañado por las doctoras Gabriela López Arango y Fabiola Bogado Ibarra y el doctor Alvaro Piérola.

Las magistradas y los magistrados accedieron a sus cargos tras participar de los concursos organizados por el Consejo de la Magistratura y lograr los correspondientes acuerdos por parte del Senado provincial. Todas y todos se comprometieron a desempeñar sus cargos “con lealtad y patriotismo”, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación y la de la provincia de Entre Ríos.

La presidenta del STJER, Susana Medina fue la encargada de tomar los juramentos a magistradas y magistrados. Lo hizo acompañada por sus pares del Alto Cuerpo: la vocal Claudia Mizawak; los vocales Miguel Ángel Giorgio y Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela y la vocal Laura Soaje, asistidos por la titular de la Secretaría de Superintendencia Nº 1, Elena Salomón.

El primero en prestar juramento fue Brugo, quien lo hizo “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Su designación fue dispuesta a través del decreto 4.526/23 del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ).

Luego fue el turno de Cánepa, quien juró “por la Patria”, al igual que Federik. Ambos fueron designados mediante los decretos 4.527/23 y 4.528/23 del MGyJ, respectivamente. En tanto Malvasio, cuyo nombramiento fue dispuesto por el decreto 4.529/23 del MGyJ, prestó juramento “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”.

Convocado al estrado, Garrera Allende -designado por decreto 4.530/23 del MGyJ- juró “por Dios, la Patria y las Constituciones Nacional y Provincial”. En tanto que Mondragón Pafundi y Dri, nombrados mediante los decretos 4.531 y 4.532/23 MGyJ, respectivamente, lo hicieron “por Dios y por la Patria”.

El último en jurar fue Larocca Rees, quien lo hizo “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Antes se leyó la parte resolutiva del decreto 4.565/23 MGyJ, que sirvió para designarlo en el cargo.

Palabras de Susana Medina

Tras los juramentos, la presidenta del STJER expresó: “Hoy la vida está reclamando una judicatura comprometida con su tiempo y con su gente. Tenemos que dedicarnos todo el tiempo a estudiar, a capacitarnos, a mirar al otro, a tener empatía con el semejante, a tener una sensibilidad especial”.

Esa es la senda, según Susana Medina, por la que transita el STJER. “Queremos, ante todo, una Justicia independiente, transversal, transparente, eficaz, eficiente, cercana a la gente y con perspectiva de género”, precisó.

Para la presidenta del Alto Cuerpo “esto significa tener una mirada inclusiva, no estereotipada, no sexista; una mirada generosa, que incluya y que no deje a nadie atrás”.

Por eso recordó a juezas y jueces que abrazaron “una función que requiere un compromiso extremo, la mayor dedicación, la mayor entrega, la mayor sensibilidad”.

Por último deseó suerte a las magistradas y a los magistrados que juraron “porque el éxito de ustedes será el éxito del Poder Judicial”. Y felicitó a las familias “que tanto aportan para que nosotros lleguemos a estos lugares, y también a los colaboradores y compañeros de trabajo, porque esta es una tarea colectiva”.

Estuvieron presentes el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez la procuradora adjunta, Mónica Carmona; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos; representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; del Consejo de la Magistratura; del Colegio de la Abogacía; de Fuerzas Armadas y de Seguridad; invitados especiales y público en general.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le respondió este miércoles al presidente Alberto Fernández, que más temprano cuestionó duramente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y consideró que los dichos del mandatario fueron sobre �Scuestiones que no le son propias⬝ y �Sno hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país⬝. A través de un comunicado, el organismo que agrupa a jueces de todo el país manifestó �Ssu preocupación por las declaraciones efectuadas⬝ por el jefe de Estado durante una cadena nacional, tras el fallo del máximo tribunal que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan. Durante el mensaje que se emitió, Alberto Fernández apuntó contra dos de los miembros de la CSJ, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, al sostener que �Saceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri y siguen respondiendo a sus órdenes⬝. El mandatario nacional opinó, además, que la resolución del máximo tribunal respecto de los comicios en esas provincias �Sdeja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia.

�SSe trata del mismo Poder Judicial que persigue de forma sistemática a la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales⬝, agregó. Por su parte, la Asociación de Magistrados defendió el fallo al remarcar que �Sla función de la Corte Suprema es la de asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella.

����Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar por su peso a las instituciones de nuestro país y emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias. Se ha vuelto un constante el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones⬝, cuestionó la entidad. En este sentido, destacó que lo único que hizo el máximo tribunal fue �Sresolver sobre una cuestión federal que, según estima, es propia de su función y tiene la responsabilidad de garantizar que los comicios se lleven adelante conforme la normativa pertinente para asegurar que todos los habitantes de Argentina puedan emitir su voto libremente.

�SEs nuestra misión velar por lograr que se fortalezca el sistema republicano de gobierno en todos los ámbitos del Estado Nacional⬝, finaliza el comunicado, firmado por el presidente y el vicepresidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle y Mariano Llorens, respectivamente. El conflicto se originó a partir de un fallo que publicó el martes la Corte Suprema de Justicia, en el que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la oposición para frenar la postulación de los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur como candidatos para las elecciones del próximo domingo en San Juan y Tucumán, respectivamente, por entender que no estaban habilitados para presentarse. En Tucumán, el debate gira sobre la candidatura del exjefe de Gabinete, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la gobernación durante dos períodos consecutivos. En San Juan, la oposición cuestiona a Uñac, quien pretende ser Gobernador nuevamente después de haber ocupado ese cargo por dos períodos seguidos tras haber sido antes Vicegobernador de la provincia.

También sabemos que la paralización de la actividad económica ha afectado gravemente a  todos los sectores  de la sociedad, y cuyas consecuencias serán devastadoras para todos aquellos que dependen de su trabajo para poder subsistir. En este marco el Superior Tribunal de Justicia había dispuesto que se retomara la actividad judicial en una doble etapa, esto es a partir del día 13 de Abril se trabajaría �Sa puertas cerradas⬝ es decir sin atención a los profesionales y público en general y a partir de este Martes 21 de Abril, se retomaba en forma paulatina la actividad, pero cumpliendo un protocolo de seguridad, salubridad e higiene que garantizaba la adopción de las medidas de seguridad correspondientes. Pero, la Asociación de Magistrados y funcionarios consideró que �Sno estaban dadas las condiciones de seguridad y salubridad correspondientes que permitieran a brindar el servicio de justicia  poniendo en grave riesgo la salud de jueces y funcionarios⬝.- Por tal motivo se opuso firmemente al reinicio de la actividad judicial, y finalmente el lunes el Superior Tribunal de Justicia dispuso lo propio, es decir suspender el reinicio de actividades.-

La pregunta que debemos hacernos en estas circunstancias absolutamente excepcionales y sin precedente alguno, es: En qué actividad o servicio hoy en día se encuentran �Scumplidas las condiciones de salubridad⬝ que �Sgaranticen la salud⬝. Claramente que en ninguna y mucho menos en aquellos sectores que prestan un servicio esencial.

Por qué razón entonces los funcionarios de los restantes poderes del estado provincial deben cumplir sus funciones y los integrantes del poder judicial no?. En qué se diferencia el servicio que debe prestar el personal médico que lucha en la primera línea con la enfermedad y que seguramente no cuenta con las �Scondiciones de seguridad⬝ que pretenden los funcionarios judiciales. Acaso el agente de Seguridad, que debe permanecer en las calles y rutas controlando justamente el cumplimiento del aislamiento, que parece que algunos no entienden, tienen todas las garantías.

Si hay algo que esta pandemia ha generado es darnos cuenta de que todos somos iguales, y que todos estamos expuestos sin distinción alguna.

Es por eso que resulta censurable la actitud asumida por la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, evidenciando una postura mezquina y sectorial, carente de solidaridad alguna y compromiso con la función que debe cumplir y que además se retribuye de manera absolutamente diferente al resto de la administración pública.

No son diferentes, se consideran diferentes, y eso no es lo mismo.-

Dicen que el mundo no será igual luego de esta pandemia, y seguramente así será.- Ojalá comprendamos cuáles son las verdaderas prioridades de una sociedad y  direccionar los recursos públicos a reforzar el sistema de salud, y de todos aquellos servicios que realmente son esenciales  para la población.

Y ojalá los Jueces entiendan que NO SON DIFERENTES y que deben honrar la función para la cual se les paga y que si ello implica asumir el riesgo de contraer una enfermedad no es más que aquel que asumen día a día, miles de enfermeras, médicos, policías y todos aquellos que desde su función pública o privada deben salir a la calle a trabajar.